El Congreso aprueba los impuestos a las energéticas, la banca y las grandes fortunas

El único borrón en la cuenta del Ejecutivo fue la abstención del PNV, también su habitual socio pero que es muy próximo a algunas grandes empresas energéticas: de hecho, su exlíder Josu Jon Imaz es consejero delegado de Repsol. La parlamentaria nacionalista Idoia Sagastizabal aseguró que las “deficiencias técnicas” de los gravámenes impedían al PNV apoyar una norma de la que comparte el fondo. Sagastizabal, de hecho, aseguró que las empresas con beneficios extraordinarios deben “el hombro” y repartirse los esfuerzos derivados de la crisis para que “no recaigan exclusivamente sobre la ciudadanía, mucho menos sobre los colectivos más vulnerables”, si bien finalmente el PNV se abstuvo.

“Hay que actuar sobre aquellos que disponen de más riqueza, porque es a ellos a quienes podemos pedirles una parte de su riqueza para redistribuirla y conseguir que la libertad sea real para todos”, planteó por su parte Oskar Matute, diputado de EH Bildu, que puso el foco en los “sectores han multiplicado sus beneficios” y, especialmente, en “un sector bancario que no ha tenido empacho en seguir despidiendo gente, en cobrar comisiones deshonestas o en cerrar sucursales”. “Y tampoco se les está pidiendo algo tan doloroso para sus márgenes de beneficio”, espetó.

PP y Vox alertan de la posible fuga de capital

“Estos impuestos atacan al ahorro y a la inversión, disuaden a cualquiera de invertir en España” y “crean un problema reputacional de primer orden”, espetó Elorriaga para definir los gravámenes. Para el PP, las tasas “atentan contra la seguridad jurídica de la inversión” y, además, en el caso del impuesto a las grandes fortunas, “atacan la autonomía financiera de las comunidades autónomas”, que hasta ahora podían bonificar al 100% -y eliminar, en la práctica- el impuesto de patrimonio para sus ciudadanos más acaudalados.

Vox, por su parte, compartió el argumento del PP de que los nuevos impuestos penalizarán “la inversión en España” porque “no tienen en cuenta el momento del ciclo económico”. El diputado Rubén Manso, además, pronosticó que la prohibición de trasladar el coste de la medida a los consumidores podría traducirse en el despido de trabajadores por parte de la banca para cuadrar sus balances, y vaticinó que los tribunales se pronunciarán contra los gravámenes si son recurridos. Además, Manso espetó a la bancada de la izquierda que “distribuyendo la pobreza no se vive mejor, lo que se pasa es menos envidia, eso es así”.