La declaración judicial de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), ha arrojado mucha luz sobre el modus operandi del Partido Popular, de la cúpula policial durante el espionaje a Luis Bárcenas y de las cloacas del Estado a mayor escala, con dos objetivos claros en el punto de mira más allá del extesorero del PP: el independentismo catalán y el ascenso de Podemos.
El testimonio de Morocho en el juicio de Kitchen ha revelado diferentes cosas, como por ejemplo, que el director operativo del Cuerpo, Eugenio Pino, le obligó a un traslado interno para dificultar su investigación del caso de la caja B del PP y que cuando estuvo en la brigada política, presenció escenas que ponían de manifiesto las dos obsesiones de Pino y de Interior bajo el mandato del PP.
Morocho es una de las figuras más interesantes y con más que aportar de cara a las investigaciones de las tramas Gürtel y Kitchen, pero no solamente para eso. Su declaración judicial ha incidido en el acoso que sufrió durante al menos cinco años y en el ambiente que tuvo que soportar ante episodios como el dossier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación ilegal de Podemos por Venezuela e Irán. Recibió recibió presiones para no incluir el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe principal y tuvo que meterlo en un anexo, soportaba que los atestados se demoraran en la mesa de sus jefes durante meses antes de llegar al juez Ruz y vivía a diario, según su testimonio, un clima de comentarios despectivos y advertencias de sus superiores para que no hurgara de más. Le ofrecieron, también, puestos en el extranjero, mejor retribuidos, para desincentivarle de su investigación, y mermaron la capacidad operativa de la unidad que dirigía.
La DAO y la BARC: «No sabían dónde ponerme»
Morocho pasó a estar destinado temporalmente en la Dirección Adjunta Operativa (DAO), que se había convertido en una unidad mixta que contenía unidades de inteligencia, coordinación de la Policía y un gupo de mando sin adscripción clara. Todas sus maniobras estaban destinadas a atacar a Podemos, a los líderes del procés y a poner en marcha la operación Kitchen para evitar que la justicia se hiciera con los documentos sensibles en poder de Luis Bárcenas.
«Me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trias y ha sido un error y le ha costado un disgusto al ministro Fernández Díaz. Ahí enmarcan mi entrada allí. Me dan alguna cosa de la familia Pujol, un inglés, un documento de garantía societaria, pero en fin… ahí no aguanto mucho, un día o dos», declaró Manuel Morocho el miércoles durante el turno de preguntas de la representación de Podemos. El 27 de octubre de 2012, con el éxito reciente de la Diada el mes anterior, El Mundo llevaba en su portada: «Investigan una cuenta de 12,9 millones del alcalde de Barcelona en Andorra«, cuya existencia fue desmentida por el propio banco suizo UBS al reparar en que el número de la cuenta que había sido publicado era incompatible con el sistema bancario suizo.
«No sabían dónde ponerme«. Esa fue la frase textual del inspector ante el tribunal, que a los dos días de llegar a la DAO fue trasladado a la sede de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), una brigada que supone, en sí misma, un episodio de las cloacas del Estado. Pino la creó con el presunto fin de analizar fracasos policiales anteriores, pero su operatividad estaba destinada, en realidad, a lanzar a Asuntos Internos a sus enemigos declarados. Una vez en la BARC, José Ángel Fuentes Gago, que también se sienta en el banquillo de Kitchen, entregó a Morocho el informe PISA sobre Podemos. Aún quedaba un año para que Interior lo filtrara a la prensa conservadora y aprovechando la coyuntura de las conversaciones entre el PSOE y Podemos para formar gobierno en 2016. En el juicio, el abogado de Podemos, Jaime Montero, preguntaba cuál fue el análisis de Morocho sobre el dosier PISA, y el abogado de Pino le interrumpía y pedía al tribunal que el testigo no contestara y se limitara a tratar hechos dentro del procedimiento de Kitchen.
Podemos y el independentismo catalán, los mayores enemigos
En la DAO duró dos días, pero en la BARC estuvo durante un año y medio, tiempo en el que fue reclamado para otro colaborador directo de Pino que el miércoles le escuchaba desde el banquillo de los acusados, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano. «Me citaron para reunirme con un periodista y contarle el resultado de la indagación del informe PISA. Díez Sevillano me presentó al periodista», explicó Morocho. La mañana del 12 de enero de 2016, OkDiario y El Confidencial publicaron el contenido del informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima que más tarde sería desacreditado por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La guerra sucia contra el partido progresista sigue investigándose en el juzgado de Santiago Pedraz a partir de la querella que interpuso la propia formación. Varios de los imputados en Kitchen están siendo investigados también en esa causa.
Cuando el PP nombró a Pino número dos de la Policía, el director adjunto operativo encargó a Morocho los trabajos policiales relacionados con la causa que se abría en el Tribunal Supremo contra José Blanco, ex secretario de Organización del PSOE. Morocho estaba entonces inmiscuido en los trabajos de la Gürtel, y ha reconocido que ese nuevo encargo entorpeció su labor en la primera tarea y que, a diferencia de las investigaciones contra el PP, con el caso de José Blanco la Dirección de la Policía puso a su disposición todos los medios que necesitara.
La cúpula policial del PP era consciente de que tenían que utilizar a Morocho para sus intereses y disuadirle de que remara en su contra. En su declaración en fase de instrucción del caso Kitchen, en 2021, el inspector jefe describió su traslado a la DAO como que «tenían la sensación de haber cazado a un animal salvaje y no sabían qué hacer con él«.
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Las dos últimas semanas han sido unas de las más ocupadas en la agenda de Sofía de Grecia. El lunes 20 de abril tuvo cuatro audiencias en Zarzuela y el viernes 24 asistió a una jura de bandera en El Pardo. Con 87 años, la reina, que conserva ese tratamiento a título vitalicio por un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy y que en 2014 también le fue asignado a Juan Carlos de Borbón, mantiene una actividad de representación de la Corona que parecería meramente testimonial si no se tuviera en cuenta su edad.
En los más de cuatro meses transcurridos desde que comenzó el año, Sofía sólo ha tenido tres actos en España fuera de Madrid: en Las Palmas, Palma de Mallorca y Burgos. Aunque también ha salido del país en varios viajes institucionales: a Miami (EEUU), a Lyon (Francia), a Suecia, a Londres y a Atenas (Grecia), este último para asistir al funeral por su hermana Irene de Grecia, fallecida el 15 de enero. Sumando los de la capital de España –incluido otro homenaje a Irene que no aparece en su agenda oficial–, son alrededor de una veintena de apariciones públicas en cuatro meses, es decir poco más de una a la semana, por eventos y recepciones de carácter familiar, protocolario, benéfico u honorífico.
Desde que Juan Carlos de Borbón abdicó en Felipe VI, Sofía de Grecia cobra un salario con cargo al presupuesto de la Casa Real que maneja y distribuye personalmente su hijo. Este año ascenderá a 131.000 euros, lo que la sitúa, según estimaciones basadas en datos de la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, en el top de las personas con sueldos públicos mejor pagadas del Estado.
Sólo un 1,37% de los trabajadores cobra más que Sofía
Los que ingresan por encima de 130.000 euros anuales, un núcleo muy reducido de miembros de la cúpula judicial y de la alta dirección de empresas públicas, representan entre un 0,2% y un 0,4% de los cerca de 3,5 millones de trabajadores a sueldo del Estado que cobran por encima de esa cantidad. Si se añaden los asalariados y autónomos del sector privado, sólo el 1,37% ganan más que Sofía.
La actividad institucional de la exreina consorte, que como el resto de la familia real –el propio Felipe VI, su padre, su mujer y sus hijas– disfruta además de su sueldo del presupuesto dedicado a sufragar los medios técnicos y humanos que el aparato del Estado pone a su servicio, no está regulada en ninguna normativa específica. Deriva del marco general establecido para la Corona en la Constitución y en un real decreto de 1988 sobre el funcionamiento y estructura de la Casa del Rey.
Sofía de Grecia, en un concierto benéfico el pasado 30 de marzo en la catedral de Palma de Mallorca.
Esas normas no contemplan la figura de la madre del rey ni dedican una sola palabra a su papel en representación del Estado y de su jefatura. Ni durante su etapa de consorte entre 1977 y 2014 ni después ha habido tampoco ninguna iniciativa legislativa o debate público relevante sobre cómo regular ambas figuras. Sólo la Carta Magna se refiere a la pareja del monarca, en su artículo 58, para prohibir expresamente que la reina asuma funciones constitucionales.
Público se ha dirigido a la Casa del Rey para interesarse sobre cómo se diseña y decide la agenda de Sofía de Grecia y quién lo hace, pero a la hora en la que se terminó de redactar este artículo no había recibido respuesta. La web de la Casa Real tampoco ofrece información sobre esas cuestiones, pero sí asegura que Sofía de Grecia ha participado en «cerca de 2.000 actividades oficiales durante su reinado, 21 viajes de cooperación Internacional y 180 viajes de Estado» junto a Juan Carlos, tras cuya abdicación «ha llevado a cabo más de 300 actividades oficiales».
Fundación
La misma institución destaca la actividad de la Fundación Reina Sofía, que constituyó en 1977 con «un pequeño capital» y que gestiona y promueve «numerosos proyectos educativos y sanitarios, así como de ayuda social y humanitaria de los que se han beneficiado niños, mayores, inmigrantes, discapacitados y afectados por catástrofes naturales».
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La agenda institucional de Sofía empezó este año un mes después de la muerte de su hermana Irene con una visita a Las Palmas de Gran Canaria el 19 de febrero, para recibir el premio Gorila 2024 de Loro Parque –un zoológico propiedad del multimillonario alemán Wolfgang Kiessling–, en reconocimiento «a su compromiso con la conservación de la biodiversidad».
Sofía de Grecia, el pasado 6 de marzo con frailes capuchinos en la basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinacelli en Madrid.
Según su currículo oficial, su formación académica son un bachillerato internacional obtenido en Alemania y una especialización en puericultura, música y arqueología en Atenas. Desde que es reina le han concedido, por este orden, diez doctorados honoris causa por las universidades de Rosario (Colombia), Valladolid, Cambridge y Oxford (Reino Unido), Georgetown (EEUU), Évora (Portugal), Nueva York (Portugal) y Seisen (Japón), San Pablo-CEU de Madrid y Las Palmas, cuyo rector se lo entregó al día siguiente de visitar el Loro Parque.
Su siguiente acto oficial fue diez días después, el 2 de marzo, cuando inauguró la exposición Picasso. Raíces Bíblicas organizada en la catedral de Burgos por la Iglesia católica. Ella era ortodoxa, pero se convirtió a esa religión en 1962 justo antes de casarse con el entonces príncipe Juan Carlos. Siete años después, el dictador nombró a su esposo heredero de su régimen. Volviendo a su agenda, el 4 de marzo abrió otra exposición sobre los orígenes de la bandera española en el Museo Naval de Madrid, y dos días después, acudió al besapié –un acto devoto de la fe católica– de la imagen de Jesús Nazareno Cristo de Medinacelli en la basílica del mismo nombre en Madrid.
Viaje a Miami
A la semana siguiente, Sofía presidió en la capital de España la reunión del patronato de la escuela de música que también lleva su nombre, y una semana después emprendió viaje a Miami, donde presidió varios actos y entregas de premios en instituciones que también la honran en sus denominaciones o galardones. Fue muy poco después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitara por sexta vez esa ciudad en viaje oficial.
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El último día de ese mes, la Casa Real informó de su asistencia en Palma de Mallorca a un concierto a beneficio de Projecte Home Balears en la catedral de Mallorca, donde durante sus veraneos en Marivent acostumbra a oír misa en compañía de su hijo, su nuera y sus nietas.
Sofía de Grecia y su hija Elena, el pasado 24 de febrero en el homenaje de la Iglesia ortodoxa en Madrid a su hermana Irene.
No volvió a aparecer en público hasta el 7 de abril, cuando visitó la Casa de la Radio de Radio Nacional de España, y luego el 14 de ese mes, para participar en Lyon (Francia) en una conferencia sobre el alzhéimer. Pasó una semana hasta que el lunes 20 de abril recibió en audiencia en el palacio de la Zarzuela a representantes de las asociaciones Visión y Vida, de Familiares de Personas con Alzhéimer y Otras Demencias de Extremadura; de Proyecto Hombre Granada y de la Fundación del Lesionado Medular. El viernes, en el palacio del Pardo, presidió el acto de juramento o promesa ante la bandera de España de personal civil en el Acuartelamiento El Rey de la Guardia Real.
El pasado jueves, el agitador de extrema derecha, Vito Quiles, publicaba un vídeo en sus redes sociales en el que afirmaba que iba a querellarse contra la mujer del presidente, Begoña Gómez y las mujeres que la acompañaban el día que Quiles la acosó. Además, aprovechaba ese vídeo para cargar contra el Gobierno, así como contra el resto de periodistas que ejercen su trabajo dignamente. Más allá del vídeo en sí mismo, lo que es inaceptable es que lo grabó dentro del Congreso de los Diputados, concretamente desde el despacho de la diputada del PP por valencia, Alma Alfonso, evidenciando así la connivencia (aunque sea por la puerta de atrás, pues el PP la niega) entre Quiles y el Partido Popular.
Al ver el vídeo, este medio, como es su obligación, se ha puesto en contacto con la diputada por Valencia del Partido Popular, Alma Alfonso, cuyo despacho utilizó el extremista para hacer el vídeo. Alfonso habló con una redactora durante poco más de un minuto y pidió que la llamaran 20 minutos más tarde porque, según dijo, estaba con un ‘tema familiar’. Este periódico la ha llamado varias veces sin éxito.
Además, este medio se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y lo ha intentado con el de la calle Génova 13. En una primera llamada, la persona responsable de comunicación de la Cámara Baja afirmó no saber nada sobre el hecho de que Alma Alfonso cediera su despacho a Vito Quiles para grabar un vídeo contra Gómez, Sánchez, el Gobierno y los periodistas, y pidió tiempo para averiguar lo sucedido.
Tras darles tiempo, más de 12 horas para ser exactos, a corroborar la información obtenida por este medio a través de diversas fuentes, así como por el hecho de que el despacho de la diputada del PP no solo tiene una banderita de la Comunitat Valenciana que aparece en el vídeo, sino una lámina que pertenece a Patrimonio Nacional y que está catalogada, por lo que ha sido relativamente sencillo saber a quién pertenecía el despacho, este periódico no ha obtenido ninguna respuesta pese a las tres llamadas a la diputada afectada, otros cinco intentos de hablar con la responsable de prensa del PP del Congreso, y tres más con el jefe de comunicación del Partido Popular en Génova 13.
El PP vuelve a la época Gürtel
Los responsables del gabinete de comunicación del PP en la Cámara Baja han decidido, con respecto a la cesión de un despacho pagado por todos los españoles para grabar un vídeo de autopropaganda del agitador de extrema derecha, que lo mejor es no contestar a las llamadas de este periódico, tal y como hacía el partido del charrán en las peores épocas de la Gürtel, cuando a lo máximo que podía aspirar la prensa era a ver a Mariano Rajoy a través de un plasma en la sede del partido.
Pero esconder la cabeza cual avestruz no implica que algo no haya pasado. El vídeo, grabado con la connivencia, como mínimo de una diputada del PP, está ahí, con el ataque al PSOE, Sánchez y Gómez y lo que es peor, las mentiras sobre los periodistas que sí trabajan con honestidad cada día ya sea en el Congreso o fuera de él, contrastan las informaciones, y engrandecen el oficio.
El Gobierno ha pasado una semana dura en lo parlamentario. La estabilidad aritmética en el Congreso, que desde que arrancó la legislatura es un dolor de cabeza para Pedro Sánchez, ha quedado más rota que nunca por la vivienda, que el presidente enarbola como bandera del Ejecutivo, pero que le ha valido esta semana uno de los momentos más críticos desde que llegó a La Moncloa. La caída del decreto con la prórroga de los alquileres el martes y la sesión de control el miércoles lo ejemplificaron en el Congreso, donde Sánchez, aún así, prometió resistir.
A sus tiranteces habituales con Junts, que volvió a bloquear una medida clave uniendo sus siete votos en contra a los de Partido Popular y Vox, se suma ahora una crisis inédita con el PNV. Los cinco escaños de los jeltzale eran una pieza del puzle parlamentario con la que el Gobierno siempre ha contado. Sin embargo, los nacionalistas han perdido la paciencia con la forma en la que se hacen las leyes, y ahora señalan directamente a Sánchez por ello.
Todo terminó de saltar por los aires el martes, unas horas después de su abstención al decreto de los alquileres, con el montaje del PSOE, que es socio de Gobierno del PNV en Euskadi, sobre el presidente de la formación, Aitor Esteban, con el que se rompieron unas relaciones que Sánchez tuvo que tratar de salvar en el Congreso al día siguiente.
Fue allí, en la sesión de control, donde el presidente aseguró que el Gobierno va a aguantar hasta 2027. Y más allá, porque el socialista llegó a decir que «lo que España necesita son otros ocho años de Gobierno progresista«. Esto fue en su respuesta al diputado Alberto Catalán, de UPN, pero unos minutos antes se había producido el choque con la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, en el que Sánchez trató de reatar los lazos rotos el día anterior. El presidente contó con la «buena compañía» de los jeltzale para llegar al final de la legislatura, a la que, como volvió a insistir, le queda un año: «Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027«, le dijo después a Catalán.
Junts pone más condiciones a su vuelta al ala del Gobierno
Pero hasta el momento de 2027 en el que está previsto que se celebren las próximas generales -a partir del mes de mayo- el problema seguirán siendo las matemáticas. La mayoría de investidura ya no es una realidad para Sánchez, un argumento en el que insiste cada vez más la oposición, y que refuerza Junts. La derecha catalana anunció en octubre la ruptura total de relaciones, y que votarían que ‘no’ a todo lo que saliera de La Moncloa.
Esto lo dijo su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, pero la historia tampoco cambió demasiado porque, en los meses siguientes, Junts votó a favor de algunas medidas -como la subida de las pensiones o las ayudas por la guerra de Irán- y tumbó otras, exactamente como venía ocurriendo desde 2023. Pero en lo discursivo, las tensiones sí que han ido a más. Nogueras le preguntó a Sánchez la semana anterior a la caída del decreto «qué argumento tiene para no convocar elecciones», y le acusó de legislar «de espaldas» al Congreso. Y los nacionalistas tuvieron también lo suyo con Sumar, después de que su líder, Yolanda Díaz, les acusara de ser un partido «clasista» y «racista».
La mayor brecha ideológica con los de Puigdemont está en materia de vivienda, en la que Junts se mantiene fiel a la burguesía catalanaque conforma su electorado. Sin embargo, antes de votar en contra que se puedan prorrogar los contratos de alquiler, los nacionalistas llevaron la negociación con Sumar hasta el último momento, poniendo sobre la mesa unas medidas sobre las que el PSOE no se pronunció. Se trataba, entre otras cosas, de bonificaciones a los caseros de aquellas casas en alquiler a las que se aplicara la prórroga, una medida contraria al espíritu progresista del decreto, pero que los de Yolanda Díaz veían viable aceptar.
Esto fue el lunes, pero se llegó al martes sin el ‘sí’ del ala socialista del Ejecutivo y, por tanto, el ‘no’ de Junts en la votación. Es decir, el partido más de izquierdas del Gobierno le presentó a su socio mayoritario, supuestamente más centrado, unas condiciones que, ideológicamente, están más cerca del PSOE que de Sumar. Sin embargo, fueron los socialistas los que no les dieron luz verde, favoreciendo así la caída del decreto.
Cuando Sumar asegura que volverán a llevar el decreto al Consejo de Ministros «las veces que haga falta», como dijo el ministro Pablo Bustinduy nada más decaer el texto, se agarran precisamente a que, si se hubieran aceptado las condiciones de Junts, habría sido posible salvarlo. Y ahora, cuando se plantea cómo volver a hacerlo realidad, los de Puigdemont han aprovechado para pedir todavía más cesiones. A las bonificaciones a propietarios suman ahora que se excluya de la prórroga a los inquilinos morosos, una medida que va en la línea de su argumento de que las políticas de vivienda de la izquierda favorecen la okupación, y que las hipotecas se puedan volver a desgravar en el IRPF.
El PNV resta cinco a los cálculos de Sánchez
El choque con Junts ha sido habitual en los casi tres años que lleva esta legislatura, pero a lo que no acostumbra el Gobierno es a que el PNV sea más beligerante casi que el PP en una sesión de control, como ocurrió el miércoles. Aquello llegó apenas horas después de la abstención de los jeltzale al decreto, y de que el PSE-EE hubiera puesto en peligro las relaciones con el que es su socio de Gobierno en la región.
Los socialistas vascos negocian con el PNV un nuevo estatuto para Euskadi, una negociación que lleva tiempo encallada. El martes, el presidente de la Comisión Ejecutiva jeltzale (el Euzkadi Buru Batzar), Aitor Esteban, se mostró repentinamente optimista con un acuerdo, después de que el PSOE hubiera tendido la mano a EH Bildu para negociarlo. De esto se mofaron en X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde publicaron un montaje con inteligencia artificial con Esteban lanzándose a una piscina, con la frase «¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto».
Esto cabreó enormemente a los nacionalistas, que ese mismo día ya había avanzado que se iban a abstener en la votación del decreto de los alquileres. Ni este pique, ni la cancelación de una reunión de Esteban con el Gobierno a raíz de él, aparecieron en el cara a cara entre Sánchez y Maribel Vaquero en el Congreso al día siguiente. La portavoz del PNV le preguntó al presidente «cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral«, de lo que se infiere que no sitúa el final de la legislatura en un futuro inmediato.
«Usted sabrá«, le dijo, «si quiere compañía o no». Aún así, Vaquero sí que fue muy dura con el Ejecutivo por abusar de la vía del Real Decreto-ley: «Además del fondo, hay que cuidar las formas», le advirtió. La potavoz aseguró que el Gobierno «va a encontrar» al PNV en «levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo», pero que este no será efectivo si no va acompañado de una legislación seria, y pasó a repasar «promesas incumplidas» con los vascos como la Ley de Secretos, y a señalar al presidente por la huelga de médicos.
El horizonte judicial acerca una moción de censura
El que también tiene la calculadora en la mano desde 2023 es Alberto Núñez Feijóo. Aunque Sánchez asegure que va a aguantar hasta el final, el líder del PP ve ahora cómo se le podrían abrir las puertas de La Moncloa antes de tiempo. La justificación para una moción de censura podría estar cerca. La primera sentencia del caso Koldo está a punto de salir del Tribunal Supremo, y si es condenatoria contra el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, podría ser la excusa perfecta para Feijóo. Fue precisamente la sentencia contra el PP por la Gürtel la que llevó a Sánchez a desalojar del Gobierno a Mariano Rajoy, cuya cúpula está señalada también ahora por el caso Kitchen.
Y Feijóo ya empieza a dar señas de que no soltará ese hueso si se lo lanzan desde el Supremo. «Si a esta hora Sánchez no se ha querellado, entonces de inventada nada«, dijo el líder de la oposición este miércoles. La frase señala al presidente ante el testimonio del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, en el Supremo unas horas antes. El empresario situó, sin pruebas, a Sánchez en el primer escalafón de la trama, algo que niegan desde Ferraz.
Y Feijóo no tardó en aprovecharlo con esa frase, con la que deja entrever que su discurso será el de que si el presidente no actúa frente a esas acusaciones, las está aceptando tácitamente. Este argumento le serviría de refuerzo en el supuesto de que Ábalos, exministro de Sánchez, sea condenado, que le abriría a Feijóo las puertas de una moción de censura para la que tiene, ahora más que nunca, posibilidad de reunir mayoría.
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El Congreso de los Diputados tumbaba esta semana la prórroga de los contratos de alquiler con la negativa del Partido Popular, Vox y Junts, sospechosos habituales de velar por los intereses de los caseros. Era previsible que la iniciativa no prosperase, especialmente después de las declaraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los neoconvergentes, de los que dijo que eran «un partido xenófobo y clasista» en el punto álgido de las negociaciones, lo que les alejó diametralmente de los magentas y provocó, entre otros factores externos, la caída en saco roto de la iniciativa que los progresistas le rascaron al PSOE en el Consejo de Ministros extraordinario, consiguiendo que fuese en solitario en lugar de estar enfrascada en el decreto anticrisis por la guerra de Irán. Ahora, los planes de Sumar vuelven a ser llevarlo al Consejo de Ministros y repetir la operación, pero desde el PSOE existen ciertas reticencias y piden, por ahora, prudencia.
Los magentas abogan por redoblar la presión con la prórroga de alquileres y dar pasos orientados a traerla de nuevo al Congreso para verificar si las señales que emite Junts, que se abre a apoyar un decreto corregido, son reales. Mientras, el ala socialista del Ejecutivo apuesta también por la medida, pero receta operar con más calma. Por tanto, aboga por explorar primero si existen apoyos suficientes en los grupos para sacarlo adelante. En el mismo sentido, fuentes del socio mayoritario del Ejecutivo explican que para cualquier ‘plan B’ hay que hablar primero con los socios de investidura y que siempre van a estar dispuestos a hablar con los grupos, en especial con Junts y PNV que el martes rehusaron votar a favor del decreto de vivienda, uno con voto en contra y el otro con la abstención.
En el ala gubernamental del PSOE replican a las críticas vertidas por Sumar al reivindicar su total implicación en las conversaciones para tratar de aprobar la prórroga, pero recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avisó que no se contaban con los votos necesarios con la actual aritmética parlamentaria. Mientras, en el lado de Sumar contraponen que no hay que enfriar las opciones de retomar el decreto de vivienda y llaman a la movilización social contra la decisión de PP, Vox y Junts, que han demostrado de nuevo su actitud antisocial al tumbar una medida que concita amplio apoyo social, concretamente, de casi 8 de cada 10 españoles.
Volver a acercarse a Junts
Minutos después de la votación que derogó el decreto, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ya manifestó que iba a insistir las veces que fueran necesarias para conseguir esta medida, que implica una limitación de subida de alquileres al 2% del IPC durante dos años. Un sector de la confluencia a la izquierda del PSOE recalca que los socialistas durante ese último mes apenas han remado en favor de las aprobación del decreto de vivienda y que dan señales de que no creen en la prórroga, que en todo caso es una medida paliativa ante el alza de precios. En Sumar se ubican entre el optimismo y la cautela, y ven de forma positiva que Junts aluda a la opción de evaluar un nuevo texto sobre la prórroga del alquiler.
Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, negó que su formación esté «en contra de una prórroga» de los alquileres, pero ha insistido en que sólo apoyarían un nuevo decreto si se trata de un texto «corregido». apuntando a la inclusión también de medida de desgravación de alquileres e hipotecas. Ante este discurso, hay voces en Sumar que perciben que pese a las tensiones con Junts ven a los postconvergentes con actitud negociadora y que existen cartas sobre la mesa para poder atraerles al voto a favor. «Hay agua», insisten varios dirigentes que se muestran partidarios de añadir propuestas que vengan de Junts o PNV para atar una mayoría suficiente.
Sumar ya ha apuntado a la opción de incluir contrapartidas para Junts en un nuevo decreto incluyendo bonificaciones fiscales a caseros, medida que no les agrada pero que aceptarían si eso garantiza la prórroga de contratos. Y sobre todo sitúan el IVA franquiciado a los autónomos (la opción de no repercutir el IVA si la facturación no excede cierto nivel de ingresos) como el verdadero anhelo. No obstante, también hay sectores en el socio minoritario que recelan más de Junts y quieren más garantías que la mera retórica para percibir un cambio de posición del partido de Carles Puigdemont respecto a la prórroga de alquileres. En cualquier caso, diversas fuentes consideran que Junts es consciente de que su voto en contra ha provocado malestar social y que han cometido un error, por lo que la clave es persistir en la presión para volver a retomar la medida. «No hay que dar pasos atrás«, ahondan en las filas de Sumar para incidir que la derecha ha quedado retratada en materia de vivienda.
Bustinduy, el «verdadero ministro de Vivienda»
Por otro lado, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha canalizado el malestar apuntando directamente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a la que acusa de no implicarse lo suficiente en una de las principales preocupaciones sociales del país, y ha ido un paso más allá al asegurar que quien está ejerciendo verdaderamente el rol de ministro de Vivienda está siendo el titular de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy.
«Aquí el que está ejerciendo de ministro de Vivienda, al menos con medidas efectivas que se notan en la calle y poniendo coto a los especuladores, es Pablo Bustinduy», ha afirmado Barbero en declaraciones a Parlamento, de RNE. Este mensaje es muy contundente en un plano político: Sumar no solo reprocha al ala socialista del Ejecutivo falta de ambición, sino que cuestiona de pleno el papel de la ministra que tiene formalmente las competencias en vivienda. La formación considera que Rodríguez se ha quedado atrás en la defensa de una regulación más dura del mercado del alquiler y que la iniciativa política está llegando desde otros ministerios.
Este encontronazo llega después de que PP, Vox y Junts tumbaran el pasado martes el decreto impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler en 2026 y 2027. Tras la derrota parlamentaria, la formación anunció que volvería a llevar el texto al Congreso «las veces que haga falta». El PSOE, sin embargo, enfrió esa posibilidad y advirtió de que no tendría sentido registrar de nuevo la iniciativa sin tener antes los apoyos asegurados. Un contraste que vuelve a escenificar las diferencias internas entre socialistas y magentas. Pese a todo, Barbero ha pedido al PSOE que «se ponga las pilas» y que pelee de verdad en las negociaciones para sacar adelante una medida que, según ha defendido, está reclamando la ciudadanía.
Para la portavoz de Sumar, el problema no se limita a este decreto. La dirigente ha enmarcado la fricción en una dinámica que, a su juicio, se repite en cada debate social de calado. «Se queda atrás, se queda tranquilo sin avanzar y para nosotras no es suficiente«, ha señalado sobre el ala socialista, ejemplificando las tensiones previas en torno a la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la reducción de la jornada laboral. «No deja de ser sorprendente que el socio pequeño siempre tenga que empujar», ha rematado.
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El 1 de enero de 2002 culminó la transferencia de la sanidad pública española a las comunidades autónomas, tras una durísima negociación del Ejecutivo de José María Aznar con 10 de ellas, la mitad gobernadas por el PSOE. Las otras siete –Catalunya, País Vasco, Navarra, Andalucía, Galicia, Canarias y País Valencià– habían empezado a asumir competencias sanitarias ya en 1981. Ese traspaso, que liquidó el Insalud, fue la mayor transferencia de recursos financieros –10.200 millones de euros– y materiales –139.564 empleados públicos– del Gobierno a las comunidades autónomas jamás ejecutada.
En el paquete se incluyeron también miles de inmuebles. Además de 83 hospitales, cientos de centros de salud y de especialidades, así como edificios administrativos, pasaron a manos de las comunidades autónomas. Un asunto en principio menor que, sin embargo, ha terminado convertido, 25 años después, en un auténtico absurdo entre administraciones. Porque los inmuebles no fueron ni regalados ni vendidos, sino «adscritos» a las comunidades autónomas: su dueño sigue siendo la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque los usan las comunidades, pero a modo de inquilinos que no pagan alquiler. Sí deben hacerse cargo de su mantenimiento, sufragar las reformas necesarias y abonar los impuestos a los que estén obligados. El proceso tuvo una irregularidad añadida: los edificios, imitando al gato de Schrödinger, figuran al mismo tiempo en el balance de la Seguridad Social y en los de las respectivas comunidades autónomas.
Los reales decretos de traspaso delInsaludno dejan lugar a dudas de que los inmuebles transferidos siguen siendo patrimonio de la Seguridad Social,porque han sido financiados mediante cotizaciones de los trabajadores, y deben mantenerse en su balance.Así lo ha repetido el Tribunal de Cuentas a lo largo de los años. También la Intervención General del Estado. Y, por ejemplo, la Intervención de la Comunidad de Madrid, que reprochaba al Hospital Universitario Fundación Alcorcónen 2023 que incluyera en su propio balance el valor del inmueble donde se ubica el centro sanitario, 65,58 millones de euros.Lo tachaba de«sobrevaloración»y recordaba que llevaba años advirtiendo a los gestores del hospital sobre ella.También criticaba que, en todo ese tiempo, Alcorcón no hubiera sido capaz de aportar documento alguno que acreditara la «adscripción oficial» del edificio al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En tanto el hospital y la Seguridad Social no firmen las «actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable», explicaba, no quedará «debidamente acreditada la efectividad del traspaso y debe considerarse que el inmueble aún pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social».
En sus alegaciones, el hospital contestóque esa documentación, «en caso de que exista», no está en su poder, «y dado el tiempo transcurrido, 20 años, es muy improbable que se pudiese localizar«.Además,como prueba de la adscripción,reproduceun justificante de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Alcorcón, por importe de 610.587,36 euros, abonados por la Comunidad de Madrid. Concluye el hospital invitando a la Intervención a solicitar «al órgano correspondiente», que evita mencionar, los documentos que acrediten «plenamente» la adscripción del inmueble al Sermas. Según ha podido saber Público, esa misma falta de actas y documentos la han sufrido otras comunidades autónomas donde surgió la controversia. Es decir, con el traspaso de las competencias sanitarias se produjo una descentralización de facto que, sin embargo, nunca se escrituró. Casi como si la sanidad autonómica viviera de okupa en edificios de la Seguridad Social.
Por ejemplo, en parecida situación al Hospital de Alcorcón quedaron, tras las transferencias, otras fundaciones públicas creadas por el Insalud, como las de los hospitales de Manacor y Son Llátzer (Balears) y el Hospital de Calahorra (La Rioja).
Administraciones que se pasan la pelota
Públicoha preguntado a las administraciones implicadas por este conflicto burocrático-contable, pero todas desvían el tiro. «La Tesorería General de la Seguridad Social no tiene capacidad ni competencia para ello [solucionar el problema], ya que, aunque sea la propietaria, nunca ha hecho uso de los inmuebles», justifica el ministerio de Elma Saiz. El Hospital de Alcorcón se ha limitado a responder que su actividad «se desarrolla cumpliendo la normativa vigente». Y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), sucesor del Insalud y dependiente del Ministerio de Sanidad, explica que ya ha pedido que se dé de baja en su balance el inmueble del Hospital de Alcorcón, por lo que traslada la responsabilidad a la Seguridad Social. El Ingesa rechaza que los inmuebles del difunto Insalud figuren en su balance, ya que sus competencias se reducen ahora a gestionar la sanidad de Ceuta y Melilla. También el Inserso y el Instituto Social de la Marina (ISM) transfirieron inmuebles a las comunidades autónomas siguiendo el mismo modelo de adscripción.
De hecho, más del 30% del patrimonio inmobiliario de la Tesorería de la Seguridad Social se encuentra «transferido o adscrito» a favor de otras administraciones, como revelasumás reciente informe estadístico y de gestión.Esas administraciones deben devolver los inmuebles si no los utilizan o cambian su uso.Así que en 2024 la Tesorería abrió 15 expedientes de reversión de edificios transferidos a las comunidades autónomas y tramitó otros 13 de depuración de situaciones jurídicas irregulares, que en algunos casos también han terminado en la reversión de los edificios a la Seguridad Social. Siete de ellos eran «inmuebles ocupados sin título».
En cualquier caso, el balance delIngesaincluye ahora inmuebles con un valor histórico–tasado en su fecha de construcción–de2.316millonesde euros, según figura en las Cuentas Consolidadas de la Seguridad Social de 2024. Su cartera se compone de más de un millar de edificios. No obstante, su valor real, actualizado, puede más que triplicar ese importe.
El consejero de Sanidad cuando se firmó el traspaso del Insalud, Manuel Lamela, a la izda., con Aguirre colocando la primera piedra del Hospital Infanta Leonor ante Gallardón.
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¿Pagar una compensación?
La soluciónal embrollo legalno es sencilla, porque ni la Seguridad Social puede permitirse hacersemejanterecorte en su patrimonio–que es negativo desde 2017 por los déficits acumulados entre 2010 y 2023–regalandolos edificiosa las comunidades autónomas,niéstas se los van a comprar. Además, el Tribunal de Cuentasse ha pasado añospidiendoque el Estadoaboneunacompensación a la Seguridad Socialporesos inmuebles que posee,pero de los que no ha podidodisponer –para alquilarlos o venderlos, por ejemplo–. Enun informe de fiscalización sobre la evolución del patrimonio y presupuestode la Seguridad Social en 2018, el Tribunal de Cuentasadvierte de queesa compensación tiene un importe difícil de cuantificar,por la antigüedad de los datos necesarios para calcularlo y por la imposibilidad dedeterminar el coste de oportunidad, los recursos adicionales que la Seguridad Social dejó de percibir al no poder disponer de los edificios. Pero en eseaño, sólo el valor contable de los inmuebles transferidos ascendía a 3.781 millones de euros, asegura.
En 2011, la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobada con el apoyo de CiU,que consiguió asíincluiren el textotodauna tanda de enmiendas. Una de ellas pedía el traspaso de la titularidad de los antiguos edificios del Insalud a las comunidades autónomas. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, hablaba entonces de unos 600 inmuebles, valorados en 9.300 millones de euros, cuya propiedad pasaría a aquellos gobiernos regionales que lo solicitaran. Antes, el Estado, cuyo patrimonio está separado del patrimonio de la Seguridad Social, debería haber recibido esos inmuebles como pago de la deuda que ésta arrastra por los préstamos que recibió entre 1992 y 1999. A continuación, el Estado debería traspasarlos definitivamente a las comunidades autónomas que así lo solicitaran. Según Granado, la Seguridad Social era propietaria entonces de una docena de hospitales vacíos.
Esa vía de solución no estuvo abierta mucho tiempo. En diciembre de 2013, el Gobierno del PP aprovechó la Ley de Presupuestos para derogar la disposición adicional con la que se había incluido la enmienda de CiU en la reforma de las pensiones de 2011. En ese corto espacio de tiempo ninguna comunidad autónoma solicitó la propiedad de los inmuebles de cuyo uso disfrutan. Tampoco se ha pagado ninguna compensación a la Seguridad Social.
Siete años después, el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de mejorar el sistema de las pensiones, pidió en una de sus últimas recomendaciones que se permitiera a las comunidades autónomas adquirir la «plena titularidad dominical» de estos inmuebles adscritos tras la transferencia del Insalud, pero «sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social».
El ex secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado.
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Separar el suelo del vuelo
Pero, de momento, el único movimiento para intentar legalizar este absurdo administrativo ha sido añadir un párrafo en una de las normas de reconocimiento y valoración (NRV) de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades de la Seguridad Social. En él se establece expresamente que los inmuebles adscritos a las comunidades autónomas tras el traspaso del Insalud deberán figurar sólo en el balance de la Seguridad Social, que sigue siendo su propietario.
Pero la controversia dista de estar cerrada.El Tribunal de Cuentas afea ahora a la Seguridad Social queno registreel valor de los terrenosseparadamente del valor de las construcciones que constituyenparte deese patrimonio inmobiliario que se reparte con las comunidades autónomas.Se trata desuelos y edificios porunimportetotalde 403 millones de euros, de los que 208,6 millones corresponden alIngesay otros 153,5 millones alImserso. Ambas cifras están infravaloradas, advierte el tribunal, porque en algunos casos el terreno no está contabilizado y en otros lo está junto con el edificio. Yeso supone un problema: mientraslos terrenos tienen una vida útil ilimitada y no se amortizan, los edificios sí pierden valor y son amortizables; hay que separar el suelo del vuelo y la Seguridad Social no lo hahechoenmuchoscasos.A partir de 2019,el Hospitalde Puerta de Hierrosí incluyólos 18 millones de euros en que valoró los terrenos–185.645 metros cuadrados–donde se construyó el centro, cedidos por el Ayuntamiento de Majadahonda. El edificio se incorporóal balance con un importe de 180 millones.Otro tanto hizo el Hospital Infanta Leonor. Aunque inaugurado en 2008,incluye entre sus edificios el Hospital Virgen de la Torre, transferido a la Comunidad de Madrid en 2002. Los terrenos,valorados en 6,7 millones de euros,fueron una cesión municipal gratuita. La construcción setasó en110,58 millones.
El Hospital de Alcorcóntambiénha registrado ambos conceptosde forma independiente.Los terrenos donde se levanta el edificio pertenecen a la Comunidad de Madrid, que los cedió en su día a la Tesorería General de la Seguridad Social para construir el hospital.Su valor de tasación –el de mercado en 1998, fecha de inicio de su actividad– es de 17,73 millones de euros, según consta en las cuentas de 2024. En ellas, el Hospital de Alcorcón pone negro sobre blanco que no paga «importe alguno» a la Seguridad Social por el uso del edificio.
Nuevo episodio en la serie de provocaciones que Vito Quiles lleva a cabo en las calles del país persiguiendo a políticos y figuras públicas. En esta última ocasión, el periodista de EDA TV ha vuelto a hacerse viral por un vídeo en el que era apartado de la mujer del presidente del Gobierno tras increparla de manera continuada a las puertas de un restaurante, así como incomodarla de forma constante y perseguirla por la calle.
El modus operandi de Quiles ha vuelto a provocar numerosas reacciones en redes sociales, estando, de nuevo, centradas las de sus partidarios en la manera en la que es apartado de la persona a la que persigue y las de sus detractores en reprochar la dinámica adquirida por este agitador que se torna cada vez más intensa y repetitiva.
La situación, que fue grabada por el agitador y publicada en las redes sociales, ha llegado hasta el debate político, donde se ha denunciado de forma enérgica tanto la provocación como el acoso de Vito Quiles a la mujer de Pedro Sánchez, además de cargar el PSOE contra el Partido Popular. En este sentido, los socialistas han reprochado que desde el PP se dé alas a este periodista y recriminan, por un lado, el respaldo que se le ha dado por esta formación política y, por otro, que le hayan contratado para participar en actos públicos de campañas electorales, como la de Jorge Azcón en Aragón.
Así lo expresaba José Zaragoza, diputado del PSOE en el Congreso y presidente de la Comisión Institucional, quien indica que la participación de Vito Quiles en los mítines del Partido Popular es una muestra de que el PP «comparte la estrategia política» del agitador. Así, Zaragoza subraya que se trata de un impulsar un día a día basado en insultos en las redes sociales, propiciar el acoso en las calles y «repartir odio».
Ante ello, el diputado socialista entiende que es necesario «responder con la Justicia y con los derechos de los ciudadanos», asegurando que se está alcanzando un clima «completamente inadmisible». De esta manera, José Zaragoza insistía en que «lo que no se entiende es cómo el Partido Popular, que contrató a esta persona para participar en sus actos de campaña, no ha salido diciendo nada, porque esto es un camino que están alimentando desde los diversos frentes en los que actúan.»
Unos reproches que el socialista hace al Partido Popular, sorprendido porque Vito Quiles haya encontrado el apoyo de esta formación política a pesar de su historial. Así, José Zaragoza criticaba que se está implementando «una estrategia política que lo único que busca es enrarecer la convivencia en este país, y frente a esto solamente hay un camino que es denunciarlo, que es lo que hacemos nosotros, y esperamos que las otras fuerzas políticas entren en razón y lo denuncien también». Es esto algo que dice buscando en el horizonte alguna crítica por parte de políticos del PP a este acontecimiento reciente y siendo incisivo con los actos de acoso que lleva a cabo el agitador.
Vito Quiles se dedica a acosar a personas que tienen su derecho a circular libremente por este país y por eso hemos de actuar judicialmente
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Cualquier día de estos, el presidente de los Estados Unidos de América le cambia el nombre al país por decreto para pasar a llamarlo Estados Unidos de Donald Trump, como hizo con el Golfo de México, que pretende que llamemos Golfo de América, o sea, según él, Golfo de los Estados Unidos. En marzo, no sabemos si como broma o desliz del subconsciente, se refirió al estrecho de Ormuz como el estrecho de Trump.
Estados Unidos de Donald Trump
Si el presidente diera ese paso, habría quien no se sorprendería a tenor de la obsesión manifiesta del mandatario por rebautizar tantas instituciones como puede con su nombre. Y más. Empecemos por el que más ha indignado porque tiene mucho de profanación.
Al poco de volver a la presidencia, Trump dio un golpe de Estado en el templo de la música y las artes de la capital, el Kennedy Center, una institución en cuyo consejo directivo históricamente han convivido progresistas y conservadores. Expulsó a los progresistas, nombró a afines que, a su vez, lo eligieron a él presidente de la institución. El republicano, cuya melomanía y refinamiento cultural están por descubrir, se convirtió de la noche a la mañana en el máximo ejecutivo de la temporada musical de Washington. Pero le debió de parecer poco y decidió algo que sonó a inocentada hasta que se materializó, el Kennedy Center pasó a llamarse oficialmente Donald Trump y John F. Kennedy Center. Trump por delante, por supuesto.
Conviene aclarar que el centro de artes escénicas no se llama John F. Kennedy porque así lo bautizara el presidente asesinado, sino porque lo aprobó el Congreso federal al año siguiente del magnicidio, y lo convirtió en un monumento a su memoria, la de Kennedy. El detalle convierte la medida de Trump en un sacrilegio y un acto de vandalismo para, por lo menos, la mitad del país. Un efecto inmediato del golpe de Estado y el vandalismo ha sido el boicot de muchos artistas y abonados al centro musical.
01.45 min
Transcripción completa
Pues Trump quiere que su rostro
aparezca
también en los pasaportes.
Son estos que se van a emitir por los
250 años de la
independencia de Estados Unidos.
Su cara en los pasaportes y también en
monedas conmemorativas.
Es el último ejemplo de la
megalomanía que ha llevado a Trump a
poner su nombre a instituciones
oficiales, a documentos y hasta una
flota de barcos militares
Su rostro donde antes había una bandera
y un águila.
Donald Trump se convertirá en el primer
presidente de Estados Unidos en
estampar su cara en los pasaportes del
país
Serán ediciones limitadas con motivo
del 250 aniversario de la independencia
estadounidense
Un gesto inaudito, pero no el único.
También aparecerá en varios tipos de
monedas conmemorativas y
su firma se estampará en los nuevos
billetes de dólar.
Nunca un presidente en ejercicio lo
había hecho
Decisiones que se unen al largo
catálogo de acciones con los que
intenta pasar a la historia.
Su cara ya aparece
en algunos pases anuales para
visitantes de los parques nacionales o
en la llamada tarjeta dorada
de visados, que permite a extranjeros
millonarios vivir y trabajar tras pagar
una gran suma de dinero
su nombre también parece omnipresente
figura en el edificio del Instituto de
la Paz de
Estados Unidos o en la página web que
vende medicamentos a precio reducido,
la TrumpRx.gov,
una página oficial del gobierno.
Habrá una llamada clase Trump dentro de
la nueva flota de buques de
guerra que se están construyendo.
Y en un supuesto despiste rebautizó el
estrecho de Hormuz como..
Estrecho de Trump.
Lo que sí ha cambiado es el nombre de
un histórico
templo de la cultura estadounidense, el
Kennedy Center.
Ahora se llama el Trump
sigue bloqueado en la guerra de Irán,
al que le pide literalmente..
El rostro de Donald Trump aparecerá en los pasaportes estadounidenses
Seguimos. Washington DC, la capital, tiene dos aeropuertos, el internacional, Dulles, y el nacional, al que en 1998, con Bill Clinton de presidente, se renombró Ronald Reagan. Hacía diez años que este había dejado el cargo. Trump no quiere ser menos que Reagan, sino más, así que desde que volvió a la Casa Blanca batalla para que el aeropuerto internacional se llame Donald Trump. Diligentemente, un congresista republicano presentó ¡al tercer día! de esta presidencia una propuesta de ley para el cambio de nombre. El mandatario también pretende que lleve su nombre la principal estación de trenes del país, la Penn Station de Nueva York.
En la capital y en Nueva York, Trump juega en terreno contrario, pero en Florida juega en casa, y ya ha conseguido que su correligionario, el gobernador Ron de Santis, rebautice el aeropuerto internacional de Palm Beach, municipio donde está la mansión de Mar-a-Lago del presidente magnate, como el aeropuerto internacional Presidente Donald Trump.
Más. Al Instituto para la Paz se le ha añadido el nombre de Donald J. Trump, lo mismo a una nueva flota de buques de guerra, y a un fondo de asistencia a la infancia. Obsesionado con borrar todo lo que lleve la huella de la presidencia Obama, entre ellos el programa de la pseudo sanidad pública, ha creado una web gubernamental para consultas sanitarias que ha denominado…TrumpRx. Él es decididamente partidario de los homenajes en vida, sin esperar a que lo decidan los demás.
El rey Donald
Día a día, en esta segunda presidencia Trump no esconde su voluntad de gobernar sin contrapesos, saltándose la división de poderes, sometiendo al legislativo y al judicial. Como populista que es, el presidente y su Gobierno, que más parece una corte real, blande su victoria electoral (ajustada, aunque según él abrumadora) para defender que tiene derecho a mandar sin cortapisas, sin que los jueces o los congresistas le lleven la contraria con argumentos como que viola la ley, incluso la propia la Constitución.
Él quiere ser un rey, pero no el de una monarquía parlamentaria como las europeas de este siglo, sino un monarca absolutista, un rey Sol (Luis XIV) en la Francia del siglo XVII-XVIII o un emperador como Napoleón. De hecho, en su presidencia asistimos a diario a una autocoronación al estilo del corso. Trump no lo esconde, admira al ruso Vladímir Putin y al chino Xi Jinping; el norcoreano Kim Jong Un le cae simpático, se jacta, por ejemplo, de haber recibido «cartas de amor» suyas en su primer mandato.
De esa concepción del ejercicio del poder viene que las protestas multitudinarias que ha habido por todo el país se han convocado bajo el lema No Kings, no queremos reyes.
¿Exagerado? No. Esta semana un rey de verdad, de una de las monarquías con más solera del planeta, la británica, ha estado de visita de Estado en EE.UU. Los anfitriones de los reyes Carlos y Camila han sido, claro, el presidente y su esposa, Melania, y a la Casa Blanca de Trump le faltó tiempo para publicitar en X una foto del presidente con Carlos III y el titular «Dos reyes».
En esos mismos jardines de la Casa Blanca, y como ya hiciera con la difunta reina Isabell II en Londres, el presidente se saltó el protocolo. Él se puso por delante del invitado real. Cuando tenía que presentar su equipo al rey para que éste los saludara, va Trump, intercepta el saludo del invitado, el monarca se queda con la mano tendida en el aire y es el estadounidense quien se pone a saludar a su propio equipo, y deja al margen al rey con la mano suspendida. Él tiene que ser el protagonista, el centro de atención, siempre. Da igual lo que diga el protocolo o la educación, él es la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro, y en una recepción, el anfitrión y el invitado.
250 años ¿de Trump?
Volvamos al rey Sol, encarnación de los excesos de un monarca absolutista y caprichoso. L’État c’est moi, «el Estado soy yo», es una frase que se atribuye a Luis XIV que ilustra a la perfección la concepción absoluta del poder. Un pensamiento parecido en Trump cabría deducir de todas su iniciativas con la excusa de que, este año, los Estados Unidos celebrarán los 250 años de su independencia del Imperio británico. 250 años de existencia como país. Ha sido esta conmemoración el pretexto para la visita de los reyes de la antigua metrópoli.
¿250 de los Estados Unidos o de Donald Trump? Con motivo de esta conmemoración se emitirá una edición limitada de «pasaportes patrióticos», pasaportes que incluirán en una de sus páginas el retrato de Donald Trump. Su rostro sobre el texto de la sacrosanta Declaración de Independencia, y al mismo nivel que la pintura de quienes la redactaron, los padres fundadores.
Los Parques Nacionales son una de las instituciones federales más respetadas y disfrutadas por los estadounidenses, una red de 63 parques naturales bien cuidados y atendidos. Yo misma he sido Proud Partner, orgullosa socia, denominación oficial, de la red. Por un módico precio puedes acceder gratis a cualquiera de esos parques durante un año. De renovar este año el pase me lo darían con el retrato de Trump estampado en lugar de la imagen de un parque. Su retrato, junto al de George Washington, el primer presidente, el general de la independencia, es lo más parecido a un santo laico que tienen en los Estados Unidos.
Tampoco se libra el papel moneda. Con la excusa de los 250 años, los billetes no llevarán solo la firma del secretario del Tesoro, que es lo habitual, sino la del presidente. Porque, dice el secretario del Tesoro, «bajo el liderazgo del presidente Trump estamos camino de un crecimiento económico sin precedentes, el dominio del dólar, y una fortaleza y estabilidad fiscal (…) No hay manera más potente de reconocer estos triunfos históricos de nuestro gran país y del presidente Donald J. Trump que los billetes de dólar lleven su nombre». Como todos los miembros de su Gobierno, unos halagos dignos de la corte del rey Sol. Todo gira a su alrededor. También habrá monedas conmemorativas con el rostro del presidente, una de un dólar y otra de oro. «Les États-Unis c’est moi», diría el republicano si supiera hablar francés.
Washington, de la austeridad neoclásica a los dorados de nuevo rico
Trump no se concibe a sí mismo como un servidor público que detenta un poder democrático, delegado vía votos, temporalmente, cuatro años. No, él se ve a sí mismo como un emperador con derecho a dejar su huella personal, física, reconocible durante décadas. Y ha puesto todo su empeño en hacerlo en la, tal vez, ciudad más hostil a él, la capital, Washington, donde ningún candidato republicano, Trump tampoco, alcanza siquiera un 20% de los votos. «¿No quieres caldo? ¡Tres tazas!», parece que le haya dicho este presidente a la ciudad de la que huye en avión, a costa del contribuyente, cada fin de semana.
Él quiere ser a Washington lo que Catalina la Grande a San Petersburgo; Napoleón, a París; o Carlos III, a Madrid. Cierto, el presidente François Mitterrand tuvo algo de eso con proyectos como el Gran Louvre y su pirámide de cristal. Un aprendiz modesto al lado del magnate.
El presidente ha empezado, sin pedir los permisos previos, la demolición de todo un ala de la Casa Blanca, residencia oficial y sede del gobierno, para reformarla a su gusto. No es el primer mandatario que modifica la arquitectura de la casa, pero sí el más estrambótico y megalómano, con ese famoso y desproporcionado salón de baile repleto de dorados, como el redecorado Despacho Oval, que ha pasado de la noche a la mañana de ser una sala sobria a un agobio de dorados falsos.
Más grandes construcciones, el proyectado Arco del Triumfo versión Trump para una de las entradas a la ciudad. También repleto de dorados. Como dorada es también una estatua de sí mismo, cual líder norcoreano, en uno de sus campos de golf en Miami (Florida). La transformación trumpiana de Washington destaca porque rompe con una ciudad planificada a base de equilibrios geométricos, simetrías, alturas reguladas y una predominación del neoclasicismo blanco. Blanco. Sin dorados.
Los métodos: presión e intercambio de favores
No todas las iniciativas anteriores han sido por decreto presidencial. En muchas ocasiones es vía intermediarios, a través del consejo ejecutivo de una institución en el que previamente se ha asegurado la mayoría; intentando ganar votos de congresistas o cargos públicos demócratas a cambio de aprobar o financiar proyectos que interesan a estos; o, algo de lo que se jacta en el caso de las construcciones, con financiación privada que levanta sospechas sobre los favores que recibirán los donantes a cambio.
Algunas de estas iniciativas mencionadas pueden ser ilegales y ya hay demandas interpuestas. Presumiblemente, si los republicanos pierden las mayorías en el Congreso en noviembre y si a Trump lo sucede un presidente del Partido Demócrata, algunas de las instituciones o lugares renombrados recuperaran su denominación original, y puede que algunas de las construcciones se aborten.
La acción política
La egolatría de Trump podría ser una cuestión relativamente superficial si se redujera a lo meramente formal, pero no. Su narcisismo es parte de su acción de gobierno. ¿Qué favores hace el Gobierno a cambio de que terceros cumplan con los caprichos del presidente? ¿Cuántas de sus decisiones políticas las guía su ego por encima del asesoramiento de los expertos?
En la emboscada que montó con su vicepresidente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el año pasado, en uno de los momentos de mayor enfrentamiento, lo que JD Vance le reprochó a Zelenski es que no era suficientemente agradecido con Trump, que tenía que empezar por dar las gracias.
La ambición frustrada del presidente por que le concedan el Premio Nobel de la Paz -de nuevo la sombra de Obama- le ha llevado a amenazar al Gobierno noruego, que no es quien otorga el galardón, que depende del Comité para el Premio Nobel de la Paz; y a decir que no se siente ya en la obligación de negociar paces. Esa rabieta llevó a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, la ganadora del año pasado, a regalarle la medalla del Nobel a Trump, para intentar ganar su favor político respecto a Venezuela.
Su ego herido, con intolerancia a cualquier crítica, está detrás de su guerra, judicial y económica, contra la prensa, con los medios que publican información que el considera desfavorable. Y trasciende la prensa, ha presionado a las principales cadenas de televisión para que despidan a humoristas que lo critican y ridiculizan. El último informe de Reporteros Sin Fronteras lo constata: Trump ha convertido los ataques contra la prensa en una práctica sistemática, lo que ha relegado al país al puesto 64, siete puestos menos que el año pasado (…) En Estados Unidos los periodistas, que ya se enfrentaban a dificultades económicas y a una crisis de confianza del público, entre otros retos, deben ahora lidiar también con el uso sistemático de las instituciones del Estado como arma arrojadiza por parte del presidente. Este abuso institucional se hace mediante recortes presupuestarios a emisoras públicas como NPR y PBS, injerencias políticas en la propiedad de los medios e investigaciones judiciales con motivaciones políticas contra periodistas y medios no afines a la administración».
El presidente y la psiquiatría
«Donald Trump no es un narcisista, sino un solipsista», «El imperio del ego», «Trump y la política del ego», son algunos de los titulares que aparecen cuando una pone en la búsqueda de internet «trump + ego», «trump + narcisismo». Son artículos de prensa escritos por periodistas, pero también hay muchos artículos de psiquiatras en webs de salud mental.
Psiquiatra clínica es Mary Trump, sobrina del republicanop, hija del difunto hermano mayor del presidente, quien tenía que haber sido el heredero de los negocios Trump. Hace seis años, al final de la primera presidencia de su tío, publicó un libro en el que puede leerse: «Nunca tiene bastante. (…) Es más que narcisista, Donald Trump es débil, tiene un ego frágil que tiene que alimentar continuamente porque, en el fondo, sabe que no es nada de lo que alardea ser». Ahí es nada el retrato de la sobrina psiquiatra.
Ningún presidente de los Estados Unidos, por el simple hecho de ser la cúpula del poder, escapa a la trampa del narcisismo, ni a los exámenes psicológicos, profesionales o aficionados. Por ejemplo, los ríos de tinta que se escribieron sobre el origen del apetito sexual al parecer irrefrenable de Bill Clinton; o sobre los complejos que tenía George W. Bush respecto a su padre, George H.W. Bush, como raíz de su empeño en invadir Irak y derrocar a Sadam Husein. Pero con Trump todo ha alcanzado un nivel estratosférico, sin precedentes. Tanto su egolatría como los estudios sobre ella.
El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, es una de las figuras más interesantes a la hora de estudiar las tramas Gürtel y Kitchen del Partido Popular. Su más reciente declaración en la Audiencia Nacional, en el marco del juicio de la segunda trama mencionada, ha dejado sendos titulares que ejemplifican los medios bajo los que operaba el Partido Popular en pleno apogeo de estos casos de corrupción.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal fue la encargada de investigar, en primera instancia, los papeles del extesorero del PP Luis Bárcenas en el marco de la trama Gürtel. Sin embargo, cuando el PP llegó al Gobierno, las capacidades y el alcance de esta unidad se vieron severamente mermados en el marco de la trama Kitchen, con el fin de que la investigación no siguiera adelante. «Cuando el PP entra en el Gobierno y toma la batuta de la policía, nombrando a sus responsables, hay un salto de calidad en las presiones. Desmembraron mi unidad«, declaraba Morocho ante la justicia.
«Aquello se dinamitó porque aparecían nombres de cargos del Partido Popular y ya hubo una involución pública notoria en contra de la investigación de toda la juez fiscal y unidad investigativa, que fue continuada en el tiempo», explicaba en el interrogatorio en la Audiencia Nacional. «Había un montón de comisiones rogatorias que analizar sobre flujos de dinero. Había mucha información que vino de cuentas bancarias en el exterior, que no hubo capacidad de analizar porque no teníamos el personal», reconocía sobre los recortes en su plantilla como parte de la mecánica de la cúpula policial del Gobierno de Mariano Rajoy para dinamitar esta investigación. En 2013, ese núcleo de trabajo sobre la Gürtel lo formaban 11 policías. Dos años después, Morocho ha denunciado que se redujo a solo cinco: «Se desmembró el grupo. ¿Cómo? Pues evidentemente fue una estrategia buscada. Te ofrecen un puesto de trabajo mejor, con una remuneración, un puesto más singularizado. Yo no podía retener a nadie y el grupo quedó absolutamente sin capacidad investigativa».
Presiones sobre su persona y espionajes
Ante las presiones, ofertas y otros mecanismos puestos en marcha desde la cúpula de la Policía y la falta de éxito de las mismas, optaron por otra estrategia: alejarle. Morocho ha declarado que le ofrecieron puestos en una embajada en Lisboa, un curso del FBI en Quántico, un puesto en la Comisión contra la Impunidad de la ONU, en Guatemala, con la intención de que no pudiese declarar en el juicio sobre sus informes.
«Me ofrecieron el puesto por orden de Eugenio Pino, me dice que no me puede garantizar que pueda venir a los juicios. Entonces ya le digo, pero ¿usted sabe quién soy yo? Le dije al inspector jefe, ¿me está diciendo que yo no voy a poder venir a los juicios? Hombre, por favor. Yo no me fui, evidentemente, a Guatemala», argumentaba ante el juez. Junto a esas presiones, también ha denunciado haber sido víctima de acoso, con vigilancias intensivas tanto en su despacho como en su coche cuando acudía a la Audiencia Nacional a rendir cuentas sobre sus informes en la UDEF.
Los ‘tres niveles’ de la Kitchen
Morocho, en sus informes, fue capaz de estratificar la operación del Partido Popular para sustraer documentos sensibles a Luis Bárcenas en hasta tres niveles. Si bien la expresión de los tres niveles nace de la boca de García Castaño en una de sus declaraciones, la tesis la acuña y la desarrolla en el informe Morocho, dotándola de un esquema analítico y pormenorizado. Según consta en el escrito, la estructura de actuación se cimentaba «indiciariamente» por tres entornos o estratos distintos, como si fueran círculos concéntricos.
El primero de ellos se sitúa en la capa más alta: la pata política. Sobre él pivota el entorno del Partido Popular, a quien el informe atribuye la capacidad de coadyuvar a la definición de los objetivos estratégicos y a la propia puesta en marcha del operativo. Es decir, el mero funcionamiento general de la trama.
En el segundo nivel actuaba el poder ejecutivo. Es decir, en las cañerías del Ministerio del Interior que entonces capitaneaba uno de los acusados, Jorge Fernández Díaz, junto al secretario de Estado del ramo, Francisco Martínez. Esta, según refleja Morocho en su informe, era la instancia encargada de transmitir órdenes y de activar recursos materiales y financieros. En este punto se sitúa a Andrés Gómez Gordo por su capacidad de influencia y su conexión con el entorno de María Dolores de Cospedal.
Y el tercer y último engranaje, más en las profundidades del Estado, corresponde al ámbito policial, que sería el ejecutor sobre el terreno de las actuaciones concretas para conseguir los objetivos marcados. El comisario jubilado José Manuel Villarejo encabezaría este engranaje, operando con una red propia de interlocución e incluso con un intermediario hacia Mariano Rajoy.
Esta esquematización no responde a una mera conjetura teórica, dado que Morocho recoge en el informe, citando palabras textuales de García Castaño, que este último percibía hasta «tres personas y que cada uno íbamos por un lado diferente». Ello conduce, así, a una de las claves sobre las que orbita el informe, que no presenta los estratos como compartimentos estanco, sino que la UDEF estimaba que estaban interrelacionados entre sí a través de canales formales e informales. Un doble circuito de información dentro del Ministerio del Interior y otro de carácter puramente político. Ahí es donde la trama se aleja de la concepción de una operación policial irregular. El botín y el objetivo último de todo: los documentos en poder de Bárcenas que afectaran a cargos públicos o responsables políticos del Partido Popular, para evitar que esa información llegara a la justicia.
En ese punto aparecen una y otra vez los discos duros, las grabaciones y la documentación ligada a la financiación opaca del partido. El informe recoge que a García Castaño se le trasladó desde Interior que lo importante era averiguar si Bárcenas se había llevado soportes de la sede del PP con información sobre donaciones, sobresueldos y pagos en B. Y también subraya el papel de Gómez Gordo, presentado como la persona que llega a la DAO ofreciendo dos cosas: la colaboración del chófer Sergio Ríos y la información de que los discos duros no se habían destruido y los tenía el extesorero.
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El Tribunal Supremo acaba de rechazar la suspensión del real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que pidió con carácter urgente la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), una agrupación que dice luchar contra el «expolio del patrimonio histórico español» y contra la «dañina y revanchista» Ley de Memoria Histórica. «Memoria democrática sin subvenciones, patrimonio histórico sin ideologías y verdad histórica sin censura» es el lema con que saluda a los lectores en su página web.
La asociaciónpresentóun recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para que ésta anuleelrealdecreto, en vigordesdeel pasado 23 de abril.Con la medida cautelarísima solicitada al mismo tiempo, su intención era paralizar de forma inmediata el proceso por el que medio millón de inmigrantes irregulares, según las previsiones del Gobierno, adquirirán derechos y obligaciones –cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos, recibir ayudas sociales–.
Aunquelosfinesy actividadesdeclarados de laARVHse centranen la «conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural español», la asociación es una más de lacuarentena de agrupaciones de la extrema derecha que en los últimos años han inundado de demandas los tribunales en una suerte de Brunete legalque Público describió enesta serie de reportajes.En un intento por trasladar la batalla política al campo judicial,estas asociaciones –desde Hazte Oír y Abogados Cristianos hastaLiberumo laAsociación para la Defensa del Valle de los Caídos–sehanquerelladocontra altos cargos, magistrados y dirigentes políticos por los más diversos motivos. En su momentofueron las medidas contra la covid, los independentistas catalanesylos líderes de Podemos.Pero también un programa de televisión, las banderas o el discurso de un diputado les empujabana los juzgados.
En el caso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica,la regularización de migrantes no ha sido su primer litigioextraurbanístico. En noviembre de 2023, ya había recurridoel anteproyecto de Ley de Amnistía, al tiempo que solicitaba como medidacautelarísima–al igual quehizocon la regularización de inmigrantes–que se suspendieracon carácter inmediatoel procedimiento de aprobación de lo que entonces era una proposición no de ley.También intentaba paralizarel nombramiento del letradomayordel Congreso,Fernando GalindoElola-Olaso, porhaber sido antes subsecretario del Ministerio de Política Territorial «y persona presuntamente muy cercana al presidente del Gobierno».
En una ampliación del recurso,pidióademásla recusación del magistrado ponente, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, apoyándose en la supuesta «enemistad ideológica»de éste y de su hermano Marcial, vocal progresista del CGPJ, con la asociación.Inclusoinstó al tribunal a suspender la sesión de investidura del presidente del Gobierno,celebradael 16 de noviembre de 2025.InclusosolicitóalSupremoque elevara una cuestión de legalidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque,a su juicio,la Ley de Amnistía vulnerabael Tratadode la UE y el principio del Estado de Derechode la UE.
La entrada de la basílica de Cuelgamuros.
Rechazo del Supremo y el Constitucional
ElAltoTribunalrechazó tanto la medida cautelar como el recurso porquelos tribunalescontencioso-administrativosno pueden «enjuiciar la iniciativa legislativa de las Cortes Generales»ni entra en su ámbito «imponer al Gobierno la presentaciónde proyectos de ley», razonaba la Sala en un auto de diciembre de 2023.También avaló el nombramiento del letrado mayor del Congreso en una decisión deenero de 2025.
Dos años despuésdel rechazo en el Supremo,laARVHpresentó un recurso de amparo contra la Ley de Amnistíaante el Tribunal Constitucional, al tiempo que recusaba a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a cuatro de sus magistrados, Ramón Sáez, Juan Carlos Campo, María Luis Balaguer y Laura Díez, todos ellos considerados del bloque progresista.Se apoyaba, de nuevo, en la «enemistad ideológica» de los magistrados.ElTCrechazóeste segundo intento derecusación.
Público ha preguntado a la ARVH por estos litigiosy por qué ha recurrido la regularización de migrantes,pero no ha obtenido respuesta alguna. El pasado diciembre también presentó un recurso administrativo contra el real decreto que concedió la nacionalidad a 54 hijos y 117 nietos de brigadistas internacionales.
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Presidida por el procurador Antonio Javier Campal Crespo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tiene como vicepresidente a Guillermo Rocafort, caballero legionario del Tercio Gran Capitán, abogado, historiador, profesor universitario y colaborador del programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio. Rocafort fue condenado en 2025 por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la periodista Ana Pastor, tras rechazar el Supremo un recurso del abogado e historiador y confirmar una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid. Rocafort había acusado, sin pruebas, a la periodista de LaSexta de tener una sicav –una sociedad de inversión colectiva que sólo paga un 1% en el impuesto de sociedades– y de «incumplir sus obligaciones fiscales y contables».
De Cuelgamuros a la Cadena Ser
Pero la asociaciónsehabía estrenado, poco después de fundarse en 2021,conun recurso contra Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,que buscaba la suspensión dela licencia urbanísticaotorgada poreste municipio madrileñoal organismo estatalpara rehabilitar los accesos a las criptas de la basílica del Valle deCuelgamuros, el Valledelos Caídosfranquista.Fue uno más de laquincena de recursoscon los que organizacionescomo la Fundación Francisco Franco, laAsociación para la Defensa del Valle de los Caídos y otros gruposfilofranquistasintentaronimpedir la exhumación de los restos de dos víctimas,los hermanosManuel y Antonio RamiroLapeña.Ambos, fusilados y enterrados en agosto de 1936 en Calatayud (Zaragoza), fueron trasladados a Cuelgamuros en 1959 sin el consentimiento de la familia, la primera que consiguió una sentencia judicial firme, en 2016, para recuperar sus restos.
Imagen de archivo del exterior de la Pirámide de los Italianos, en Burgos.
«Esto supone llevar la guerra a los cementerios. Con ello se genera discordia», declaró entonces Guillermo Rocafortal medio especializadoConfilegal.
Trasacumularse los recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Madridlos desestimó en marzo de 2025:determinóque las obras eran efectivamente de rehabilitación y estaban «justificadas por la necesidad de lograr el acceso a las criptas»para acometer lasexhumacionesy dar así cumplimiento a una sentencia judicial. En su recurso, la ARVH invocaba «el derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y sus familias, y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno, que se verá vulnerado si se accede a ejecutar las obras, manifiestamente ilegales». En cuanto a los argumentos puramente urbanísticos, la asociación alegaba que, al estar incluida la basílica en el catálogo de bienes protegidos de San Lorenzo de El Escorial, sólo se pueden hacer en ella obras de rehabilitación y mantenimiento. Por el contrario, los trabajos en los accesos a las criptas –con un presupuesto de 674.682 euros y una duración de tres meses– eran, a su juicio, «obras de consolidación, demolición y obra nueva» que sólo podían ser autorizadas previa elaboración de un Plan Especial.
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En 2022,la ARVHtuvo una segunda actuación: escribir una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López,donde le pedía al Gobierno que declarara a la Cadena Ser «emisora de radio colaboracionista con el franquismo» y la dividiera en «múltiples lotes» para entregárselos a las asociaciones memorialistas. Según argumentaba la asociación, la Ser es una cadena «fascista» que se benefició de su posición de «casi monopolio» en el franquismo. En una cáustica vuelta de tuerca a Ley de Memoria Histórica, la ARVH denunciaba que la cadena de Prisa la vulnera y, por tanto, debe ser «resignificada» y su sede central, «declarada lugar de Memoria». Tras ridiculizar el contenido de la ley –pide que la emisora cambie de nombre comercial para alejarla de su pasado fascista y que pida perdón por él–, la asociación regresa al presente y exige la eliminación del programa Hora 25 y el despido de Héctor de Miguel, Quequé, el humorista a quien denunció Abogados Cristianos por una broma sobre dinamitar el Valle de Cuelgamuros.
Gestiona un monumento a soldados de Mussolini
Su mayor éxito lo obtuvo la ARVH en marzo de 2025, cuando consiguió la cesión de las seis hectáreas donde se levanta la Pirámide de los Italianos, un monumento construido en 1939 por orden de Franco en honor de los soldados de Mussolini muertos en la batalla de Santander dos años antes. El túmulo funerario, situado en Valle de Valdebezana (Burgos), fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Castilla y León en febrero de 2024, cuando Vox aún formaba parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. La decisión la firmó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, nombrado por el partido ultra pero aún en el cargo tras la ruptura del pacto de gobierno con el PP.
A cambio de un canon de 500 euros al año, laHermandadde Ganaderosde la Rivera de Herbosa, propietaria de los terrenos, ha cedido los terrenos a la ARVH para que ésta rehabilite y conserve el monumento fascista. Incluso, según publicó La Razón, su intención no sólo es recuperar la pirámide, sino también construir allí «un centro de interpretación». Para ejecutar ese proyecto, la asociación necesita un presupuesto de medio millón de euros, que prevé obtener mediante una campaña de crowdfunding, ayudas de la Junta de Castilla y León e incluso de Roberto Menia, senador de Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni.
El Arco de la Victoria, en la salida noroeste de Madrid.
El monumento ya no alberga restos, que fueron trasladados en 1975 a Italia y al Mausoleo Militar Italiano de la iglesia de San Antonio de Padua en Zaragoza. Está vallado, pero sigue abandonado.
La asociación también promueve la declaración como Bienes de Interés Cultural de otros dos monumentos franquistas situados en la provincia de Burgos: el Monumento al general Mola en Alcocero de Mola y el Monumento a la columna de Sagardía en Alfoz de Bricia.
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Otro de sus objetivos, el Arco de la Victoria, levantado en una de las salidas de Madrid, ya tiene la categoría de Bien de Interés Cultural, pero la asociación denuncia su «lamentable estado» y ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid para instarle a protegerlo. El consistorio de José Luis Martínez-Almeida, por su parte, dice tener listo un proyecto de restauración que aún no ha licitado, pero cuyas obras deberían comenzar en 2027.
Aunque la asociación se define como«independiente y apolítica», casi todos los monumentoscuya protección exige son franquistas.Sólo hay dos excepciones, el Templo deDebod,en Madrid, y los cuarteles de Loyola, en San Sebastián.El motivo: son los que están en peligro de ser destruidos, según la ARVH. También quiere blindar el Monumento a los Caídos, en Pamplona, que considera el «más importante vestigio de la segunda mitad del siglo XX en Navarra», tal y como defendió en La Razón. «Su desaparición [que exigen las asociaciones de Memoria Histórica] supondría un menosprecio a aquellos que murieron en el frente«, sostiene.
«Sólo uno de los bandos tenía razón y es el que ganó»
Ayuda igualmente a definir el perfil de la ARVH su presentación en sociedad, en marzo de 2022, en el Casino Militar de Madrid. Al actoasistieron, además de Antonio Javier Campal, los historiadoresAntonio Nadaly Fernando Paz, miembrodel patronato de honor de laFundación Denaes,que presidió Santiago Abascal durante ocho años. Actuó como moderador Javier García Isac, hoy director general de EDATV, la televisión del agitador ultra Javier Negre. «Los que perdieron la Guerra Civil nos están diciendo cómo fue. Hubo dos bandos en nuestra Guerra Civil y hubo gente buena en los dos bandos, pero sólo uno tenía razón y, nos guste o no, es el que ganó. Lo demás es autoengañarnos», fue la introducción de este antiguo militante de Fuerza Nueva, habitual en tertulias como El gato al agua, de IntereconomíaTV, y candidato a las elecciones autonómicas y europeas por el Partido Demócrata (PADE) –una escisión a la derecha del PP– en 2003 y 2004.
También forman parte de la directiva de la asociaciónFrancisco Javier Zaragoza Ivars, hijo de un alcalde franquista de Benidorm (Alacant)y el abogado que interpuso la mayor parte de los recursoscontra la licencia de obras enCuelgamuros, así comoJosé Ismael de la Barba Palacio, arquitecto quefirmóno sólo uninformeque avala el valor patrimonial dela Pirámide de los Italianos,sinotambiénotrossobre larelevancia arquitectónica de labasílica de la sierra madrileña odel Monumento a los Caídos de Pamplona.
El programa de La Sexta Equipo de Investigación contactó con la ARVH cuando preparabaun reportaje sobreEl rastro de Franco,que emitió el 20 de noviembre de 2025. Su presidente, Antonio Javier Campal, respondió por escrito a las preguntas que le formularon los redactores del programa y después las colgó con las respuestas en su página web, denunciando que la asociación estaba siendo «objeto de un montaje televisivo». «El Valle de Cuelgamuros es, sin duda, la mejor obra y con más valor arquitectónico del siglo XX en España y es un monumento de reconciliación nacional a los dos bandos de nuestra contienda civil«, concluyó Campal cuando se le preguntó por su independencia ideológica.
Las preguntas que no contesta la ARVH
Público envió una serie de preguntas a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) sobre su actividad, recursos judiciales y fuentes de financiación. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. Su asociación fue registrada en el Ministerio del Interior en septiembre de 2021 pero, según aparece en su página web, ustedes dicen que sus miembros «llevan coordinándose de manera altruista desde hace más de 10 años en defensa del patrimonio histórico español». ¿Nos puede explicar a qué tipo de coordinación se refieren, cuál fue su actividad durante esos años?
2. ¿Cuántos miembros tiene su asociación? ¿Siguen siendo Javier Campal su presidente y Guillermo Rocafort su vicepresidente?
3. ¿Cuál es su presupuesto anual? ¿De dónde proceden sus fondos?
4. Según han explicado a los medios de comunicación, ustedes cifran en unos 500.000 euros el presupuesto para gestionar la Pirámide de los Italianos, cuya cesión disfrutan desde marzo de 2025. ¿Han conseguido esa cifra? ¿Cómo? ¿Han pedido/recibido alguna subvención de la Junta de Castilla y León, tal y como decían en la prensa que era una de las posibilidades que estudiaban para conseguir fondos? ¿Han recibido alguna ayuda de Italia, otra de las fuentes de financiación que mencionaban? ¿Han acometido ya algún trabajo de restauración o mantenimiento de la Pirámide?
5. Según puede leerse en su web, el objetivo de la asociación es defender el patrimonio histórico español, así como combatir la Ley de Memoria Histórica. No obstante, también han recurrido en los tribunales la Ley de Amnistía y el real decreto para la regularización de inmigrantes, que quedan fuera de ambos objetivos. ¿Por qué?
6. ¿Siguen adelante con el recurso contra la regularización de inmigrantes, pese a haber rechazado el Supremo la medida cautelarísima que habían solicitado para paralizar la entrada en vigor del real decreto?
7. ¿Qué acciones judiciales/administrativas tiene la asociación en marcha en estos momentos? En su web citan el Arco de la Victoria y el Monumento a los Caídos de Pamplona, pero quizás tienen alguna más activa en estos momentos.
8. ¿Qué respuesta les dio el secretario de Estado de Memoria Democrática a la carta en la que le pidieron que declarara a la Cadena Ser «emisora de radio colaboracionista con el franquismo» y la dividiera en lotes para entregárselos a asociaciones memorialistas?
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha encendido las alarmas sobre el estado de la libertad de prensa en España. En su informe de 2026, la entidad ha denunciado un preocupante aumento de las presiones políticas y judiciales contra periodistas, en un contexto marcado por la polarización y lo que ha calificado como un creciente “clima de lawfare”.
En su clasificación global, Reporteros Sin Fronteras ha reiterado el deterioro sin precedentes en la libertad de prensa: la puntuación media de los 180 países analizados ha caído a su nivel más bajo en los últimos 25 años. España no escapa a esta tendencia y, de hecho, empeora su puesto al descender seis posiciones en el ranking, pasando del puesto 23 al 29 respecto a 2025, según datos recogidos por elDiario.es.
Según ha recogido el informe y detalla la relatora Edith Rodríguez Cachera en declaraciones a elDiario.es, las “demandas judiciales intimidatorias” se han multiplicado en los últimos años. Entre los actores señalados figuran el “entorno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso”, y el “juez Juan Carlos Peinado”, cuyas actuaciones – según RSF – contribuyen a intensificar la presión sobre los medios.
Un entorno político beligerante
El informe ha puesto el foco en episodios concretos que ilustran esta deriva. Uno de los más graves se remonta a marzo de 2024, cuando el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, profirió amenazas directas contra periodistas de elDiario.es tras la publicación de una investigación sobre presunto fraude fiscal de la pareja de la presidenta. “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den”, escribió en mensajes que, lejos de ser anecdóticos, reflejan un patrón de hostilidad hacia medios críticos.
“¿Es una amenaza?”, preguntó la periodista. “Es un anuncio”, respondió Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. El intercambio se produjo el mismo día en que elDiario.es publicó en exclusiva que la pareja de la presidenta había defraudado 350.951 euros a Hacienda mediante un entramado de facturas falsas y empresas pantalla, además de haber percibido dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.
Lejos de rebajar el tono, Rodríguez reincidió meses después. Durante el juicio que acabó con la condena del exfiscal general del Estado por la supuesta filtración de la confesión de Alberto González Amador, el asesor volvió a cargar contra el medio. Preguntado por su negativa a responder sobre el caso, despachó a sus periodistas como “de línea izquierdista” y “escandalosos”, en declaraciones que refuerzan la percepción de una estrategia de descrédito hacia medios incómodos.
A estos episodios se suma la difusión de datos personales de dos periodistas de El País en un chat de WhatsApp por parte del propio Rodríguez, acompañada de acusaciones falsas, así como la propagación del bulo de que redactores de elDiario.es intentaron acceder encapuchados al domicilio de la presidenta. Estos hechos motivaron denuncias tanto del grupo Prisa como del PSOE. El caso se encuentra ahora en sede judicial: el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado a declarar a Rodríguez el próximo 6 de mayo.
La sombra del poder judicial
Más inquietante aún resulta, según RSF, la implicación de actores judiciales. El juez Peinado ha protagonizado varias acciones contra periodistas, incluyendo amenazas de querella y exigencias económicas por informaciones críticas. En otro episodio significativo, Peinado amenazó en octubre a el diario de Prisa con interponer una querella y le exigió una indemnización de 50.000 euros por la publicación de una entrevista al ministro de Transportes, Óscar Puente, en la que este criticaba con dureza la investigación del magistrado sobre la esposa del presidente del Gobierno.
Que estas iniciativas provengan del ámbito judicial añade un componente especialmente delicado. Como subraya RSF, el hecho de que jueces participen en este tipo de acciones “intimida aún más” a los periodistas, al trasladar el conflicto del terreno político al institucional.
El diagnóstico de Reporteros Sin Fronteras va más allá de los casos concretos y apunta a un patrón preocupante. Para la organización, las actuaciones contra la prensa —tanto las vinculadas al entorno político de Isabel Díaz Ayuso como las promovidas desde instancias judiciales por el juez Juan Carlos Peinado— no son hechos aislados, sino parte de una estrategia que “busca silenciar e intimidar” a los periodistas y generar una “pesadilla ideológica y económica” para los medios.
La relatora Edith Rodríguez Cachera ha introducido un matiz clave: estas presiones no se dirigen de forma indiscriminada. Al contrario, suelen concentrarse en “medios digitales de tamaño mediano”, más expuestos que los grandes grupos y, por tanto, más susceptibles de ver condicionada su línea editorial bajo la amenaza de procesos judiciales o campañas de descrédito.
En ese contexto, RSF ha descrito un desplazamiento inquietante del conflicto político hacia los tribunales. “Las tensiones políticas se trasladan al poder judicial: no solo hay políticos que denuncian a periodistas por revelación de secretos o atentados al honor; también hay jueces”, ha recogido el informe.
El análisis se completa con una radiografía del sistema mediático español. Según la organización, el mercado audiovisual está “altamente concentrado”, con Atresmedia y Mediaset España, junto a RTVE, acaparando gran parte del espacio. En el ámbito autonómico, los medios públicos agrupados en la FORTA (Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos) mantienen una presencia sólida, aunque con un “alto riesgo de injerencias políticas”. Frente a este panorama, la prensa —en papel y digital— conserva, según RSF, una mayor diversidad que permite sostener cierto pluralismo.
Pero el informe también ha situado el foco en el clima político general. “España es víctima de un clima de gran polarización política”, ha adviertido, una realidad que impacta directamente en los medios, donde “la opinión contamina cada vez más la información”. En paralelo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reiterado su compromiso con la aplicación del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA) y con medidas orientadas a reforzar la transparencia, el secreto profesional, el acceso a la información o la reforma del sistema de regulación y medición de audiencias. Sin embargo, RSF ha introducido una cautela significativa: “muchas de estas medidas pueden no materializarse porque el Gobierno depende de alianzas parlamentarias inestables”.
Polarización, precariedad y presión
El informe no se ha limitado a señalar presiones externas, sino que describe un deterioro interno del propio sector. “Peligrosamente concentrado y debilitado, el sistema mediático ha instalado a la profesión periodística española en una precariedad grave y ya cronificada”, ha adviertido Reporteros Sin Fronteras. La consecuencia es directa: “A muchos profesionales de la información les es difícil vivir dignamente de su trabajo”. En paralelo, añade el texto, la fragilidad económica de los medios los hace “cada vez más vulnerables a las presiones políticas y económicas”.
Ese contexto se ve agravado por el clima social. Según RSF, “la polarización y la radicalización de la opinión pública se traducen en un clima de hostilidad creciente hacia los periodistas”, hasta el punto de que la profesión se sitúa entre las peor valoradas por la ciudadanía española. La desconfianza no es solo reputacional: tiene efectos concretos en forma de acoso y agresiones.
En este sentido, la organización ha alertado de que “el crecimiento de la extrema derecha y su visibilización en redes sociales ha disparado el ciberacoso”, al tiempo que “los ataques a periodistas en coberturas exteriores son frecuentes”. El informe apunta directamente a Vox, al señalar que “utiliza agitadores para sabotear ruedas de prensa en el Parlamento y acosar a periodistas críticos incluso en su esfera privada”. Este hostigamiento, se produce “dentro y fuera de las redes” y cuenta con la “connivencia de políticos y medios digitales afines”, afectando de forma especialmente intensa a las mujeres periodistas, “víctimas de una violencia digital que cada vez salta más al espacio físico”.
Como ejemplo de esta deriva, RSF ha mencionado a agitadores ultras como Vito Quiles o Bertrand Ndongo, a quienes ha acusado de vulnerar principios básicos de la ética periodística y de intimidar de forma sistemática a profesionales de la información. Ambos se encuentran actualmente inmersos en un proceso en el Congreso, después de que varios periodistas y formaciones políticas solicitaran la retirada de sus acreditaciones.
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Reino Unido acaba de hacer algo que en España todavía suena a debate pendiente, cuando no directamente a tabú político: convertir el alquiler en una forma de vida estable y no en una cuenta atrás hacia la próxima renovación. La nueva legislación británica sobre los derechos de los inquilinos rompe con una de las lógicas más duras del mercado privado: los contratos con fecha fija de caducidad y la posibilidad de que el propietario ponga fin al alquiler sin tener que justificar una causa concreta. A partir de ahora, el inquilino podrá permanecer en su vivienda mientras cumpla sus obligaciones, y el casero solo podrá recuperar el inmueble en supuestos tasados por la ley.
La decisión no llega en el vacío. Reino Unido ha tomado esta medida en plena crisis de acceso a la vivienda, considerada la más grave desde la década de 1930, con precios disparados, alquileres cada vez más inasumibles, falta de vivienda asequible y una generación entera atrapada entre la imposibilidad de comprar y la inseguridad de alquilar. ¿Les suena? El diagnóstico británico tiene una potencia política evidente: cuando el mercado deja de garantizar un hogar, el Estado entra a corregir las reglas. No se trata solo de construir más, sino de impedir que vivir de alquiler sea sinónimo de provisionalidad permanente.
El corazón de la reforma (que entra en vigor este 1 de mayo) es claro: se acaban los contratos temporales como norma en el alquiler privado inglés. Las llamadas fixed-term tenancies serán sustituidas por arrendamientos periódicos o abiertos, de modo que el contrato ya no termina automáticamente porque llegue una fecha marcada en el calendario. Organizaciones especializadas en vivienda como Shelter explican que estos contratos no tendrán una fecha final establecida y funcionarán como alquileres mensuales o semanales de carácter continuado.
El otro gran cambio es la desaparición de los llamados desahucios sin causa, conocidos en Reino Unido como Section 21 evictions. Hasta ahora, un propietario podía recuperar la vivienda sin tener que alegar un incumplimiento del inquilino. Con la nueva ley, ese mecanismo queda abolido y el arrendador deberá acudir a causas legales específicas, como impago, necesidad de vender o recuperación del inmueble en determinados supuestos. El Gobierno británico subraya que el propietario seguirá teniendo vías para recuperar su vivienda, pero ya no podrá hacerlo mediante una expulsión arbitraria.
El fin del desahucio por calendario
La reforma británica tiene una lectura que va más allá del tecnicismo jurídico. El calendario deja de ser una herramienta de presión sobre el inquilino. En un mercado tensionado, la fecha de finalización del contrato se convierte muchas veces en una amenaza silenciosa: no hace falta un desahucio judicial, ni un impago, ni una sentencia. Basta con que el contrato venza, el propietario no renueve o imponga una subida imposible de asumir.
Ese fenómeno también existe en España. Muchos inquilinos no son expulsados de su casa por dejar de pagar, sino porque el contrato termina y el nuevo precio los echa fuera de facto. La salida no aparece en las estadísticas como un desahucio, pero sus efectos sociales son muy parecidos: mudanza forzosa, pérdida de barrio, cambio de colegio, ruptura de redes familiares, más tiempo de transporte, más gasto y más inseguridad vital.
Reino Unido ha decidido intervenir precisamente ahí: en el punto donde el contrato deja de ser un acuerdo entre partes y se convierte en una cuerda que se tensa periódicamente. La vivienda alquilada pasa a ser un hogar mientras el inquilino cumpla, no una estancia provisional sometida al vencimiento de cada seis, doce o veinticuatro meses. Esa es la gran diferencia política: la estabilidad deja de depender de la voluntad del propietario y se convierte en una garantía legal.
En España, la Ley de Arrendamientos Urbanos ofrece una protección temporal, pero no indefinida. Los contratos de vivienda habitual se prorrogan obligatoriamente hasta cinco años si el arrendador es persona física y hasta siete si es persona jurídica, siempre que el inquilino quiera continuar. Una vez pasado ese periodo, si ninguna de las partes comunica lo contrario, existe una prórroga tácita anual hasta un máximo de tres años más.
Ese sistema da cierta estabilidad, pero mantiene intacta la lógica de fondo: el alquiler tiene una fecha de revisión estructural. Cuando acaba el periodo protegido, el inquilino vuelve a quedar expuesto a la no renovación o a una subida que lo obligue a marcharse. En zonas tensionadas como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Baleares o Canarias, ese momento se vive como una auténtica cuenta atrás. No es solo cuánto se paga hoy, sino qué ocurrirá cuando el contrato llegue a su fin.
España regula como provisional lo que ya es permanente
La gran contradicción española es que la ley sigue tratando el alquiler como una etapa transitoria, cuando para millones de personas se ha convertido en una forma permanente de vida. Durante décadas, alquilar era presentado como un paso previo a la compra. Hoy, para jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias urbanas, comprar una vivienda es directamente inviable. Pero alquilar tampoco garantiza estabilidad.
Ahí aparece el drama habitacional español en toda su crudeza: ni comprar ni quedarse. La propiedad se aleja por precios prohibitivos, salarios insuficientes y falta de ahorro; el alquiler, mientras tanto, se encarece y caduca. La consecuencia es una generación que no puede construir un proyecto de vida sobre ningún suelo firme. Se vive con contrato, pero también con fecha de incertidumbre.
Por eso el espejo británico resulta incómodo. Un país con una tradición inmobiliaria mucho más liberalizada que la española ha asumido que la seguridad residencial no puede depender solo del mercado. Reino Unido no ha aprobado una “renta antigua” sin salida para el propietario ni ha eliminado el derecho del dueño a recuperar su vivienda en determinados casos. Lo que ha hecho es modificar el equilibrio: si el inquilino cumple, no puede ser expulsado simplemente porque toca renovar.
España, en cambio, continúa atrapada entre parches. El último ejemplo es la prórroga extraordinaria de alquileres que decayó en el Congreso tras no conseguir respaldo parlamentario. La medida pretendía permitir una extensión de hasta dos años, en las mismas condiciones, para contratos que vencieran antes del 31 de diciembre de 2027. Su caída dejó incertidumbre jurídica entre los inquilinos que ya la habían solicitado y volvió a mostrar la fragilidad de las soluciones temporales.
El problema es precisamente ese: España discute prórrogas mientras otros países discuten estabilidad estructural. Las prórrogas pueden aliviar situaciones concretas, pero no cambian el diseño del sistema. Alargan la cuenta atrás, pero no la eliminan. Ganan tiempo, pero no garantizan que alquilar pueda ser una forma segura de habitar.
El debate ya existe en España, pero no tiene mayoría
La idea del alquiler indefinido no es ajena al debate político español. Más Madrid registró en el Congreso una proposición de ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos y establecer contratos de alquiler residencial de duración indefinida. La iniciativa defendía que un contrato sin límite temporal permitiría estabilidad, seguridad residencial y certidumbre para vivir, formar familias y consolidar barrios. En su exposición de motivos, la propuesta resumía la filosofía de la medida con una frase especialmente clara: “El contrato indefinido permite hacer del alquiler un hogar”.
La propuesta no planteaba que el propietario perdiera para siempre el control sobre su vivienda. El modelo previsto admitía causas tasadas para recuperar el inmueble, como la necesidad de uso por parte del arrendador o de familiares en determinados supuestos. La clave era otra: impedir que el mero vencimiento del contrato se convierta en una puerta abierta a la expulsión o a una subida desproporcionada.
El debate conecta también con una evidencia de fondo: las grandes subidas de precio suelen producirse al firmar nuevos contratos, no necesariamente durante la vigencia de los contratos existentes. Si cada cinco o siete años se fuerza una nueva negociación desde cero, el mercado encuentra una vía perfecta para actualizar rentas al alza y expulsar a quienes no pueden seguir el ritmo.
Sin embargo, esta discusión sigue sin abrirse paso con fuerza en el Congreso. La derecha española ha presentado tradicionalmente este tipo de medidas como un ataque a la propiedad privada o como una amenaza para la oferta de alquiler, pero el bloqueo no puede explicarse solo por PP y Vox. También el PSOE, pese a gobernar desde hace años y pese a haber hecho bandera de la vivienda en el discurso público, ha avanzado poco o nada hacia una reforma estructural que elimine la caducidad automática de los contratos.
El Gobierno ha aprobado medidas relevantes, como la Ley de Vivienda, los límites a la actualización anual de rentas o intentos de prórroga extraordinaria de contratos, pero ha evitado tocar el núcleo del problema: la capacidad del vencimiento contractual para expulsar al inquilino aunque cumpla con sus obligaciones. En la práctica, el Ejecutivo socialista ha preferido moverse en el terreno de los parches, las prórrogas y los acuerdos parciales antes que asumir el debate de fondo sobre si el alquiler habitual debe tener o no fecha de caducidad.
Esa cautela tiene consecuencias. Millones de inquilinos siguen viviendo pendientes de una renovación, de una subida inasumible o de una no renovación que les obligue a abandonar su casa y su barrio. El PSOE ha denunciado la crisis habitacional, ha señalado la responsabilidad de los gobiernos autonómicos que no aplican la Ley de Vivienda y ha confrontado con la derecha por su negativa a regular el mercado, pero no ha convertido el alquiler indefinido en una prioridad legislativa propia.
La reforma británica deja esa contradicción más expuesta. Si Reino Unido, con una tradición mucho más liberal en materia de vivienda, ha decidido poner fin a la temporalidad estructural del alquiler, España ya no puede escudarse en que esa discusión sea inviable o radical. La pregunta apunta también a Moncloa: por qué un Gobierno progresista que reconoce la vivienda como una emergencia social no ha impulsado una fórmula que blinde la permanencia de quienes pagan y cumplen.
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Donald Trump ha vuelto a hacer saltar las alarmas en la comunidad científica estadounidense. La Administración republicana ha destituido de forma abrupta a los miembros del National Science Board, el Consejo Nacional de Ciencia, un órgano independiente creado en 1950 que supervisa la Fundación Nacional de Ciencia y asesora tanto al Gobierno como al Congreso en materia de investigación, innovación y política científica. La decisión, comunicada por correo electrónico y sin explicaciones detalladas, llega en un momento especialmente sensible: el organismo ultimaba un informe sobre el deterioro de la posición científica de Estados Unidos frente al avance de China.
La fulminación del consejo supone un golpe directo a una de las instituciones clave del ecosistema investigador norteamericano. Según la información adelantada por medios estadounidenses, los miembros recibieron un mensaje de la Oficina Presidencial de Personal en el que se les notificaba la “terminación inmediata” de sus cargos. El movimiento ha sido calificado por antiguos responsables del organismo y por representantes demócratas como un ataque político a la ciencia y a la innovación, precisamente cuando Washington afronta una competición estratégica cada vez más dura con Pekín.
El informe incómodo: China pisa el acelerador
El dato más revelador no está solo en los ceses, sino en el contexto en el que se producen. El Consejo Nacional de Ciencia trabajaba en un informe sobre el estado de la ciencia estadounidense que, según una de sus integrantes cesadas, Yolanda Gil, advertía de la creciente superioridad científica de China en áreas estratégicas. El documento apuntaba al avance sostenido de Pekín en inversión en I+D, producción científica y capacidades tecnológicas, al tiempo que Estados Unidos mostraba síntomas de retroceso por los recortes, la incertidumbre presupuestaria y la politización de sus agencias públicas.
La lectura política es difícil de evitar. Trump, que ha construido buena parte de su discurso internacional sobre la promesa de restaurar la supremacía estadounidense, se encuentra ahora con un diagnóstico que contradice esa narrativa: China no solo compite, sino que en determinados terrenos empieza a superar a Estados Unidos. En lugar de reforzar la independencia del organismo encargado de analizar ese desafío, la Casa Blanca ha optado por vaciarlo de golpe, abriendo la puerta a su sustitución por perfiles más afines a la agenda presidencial.
El Consejo Nacional de Ciencia no era un comité ornamental. Entre sus funciones figuraban aprobar grandes partidas de financiación, orientar la estrategia de la Fundación Nacional de Ciencia y ofrecer recomendaciones al Congreso y al Ejecutivo. La NSF, por su parte, es una de las grandes columnas vertebrales de la investigación básica en Estados Unidos, con un presupuesto cercano a los 9.000 millones de dólares y un papel decisivo en universidades, laboratorios y proyectos tecnológicos de largo alcance.
La decisión se produce además tras meses de presión sobre la propia Fundación Nacional de Ciencia. La Administración Trump ya había propuesto recortar más de la mitad de su presupuesto, aunque el Congreso bloqueó esos planes. Para sus críticos, la destitución del consejo allana el terreno para nuevos recortes y reduce los contrapesos internos frente a una Casa Blanca que pretende redibujar la política científica desde parámetros ideológicos y de lealtad política.
La dimensión institucional del golpe es profunda. El National Science Board fue concebido con mandatos escalonados de seis años para garantizar continuidad y autonomía frente a los vaivenes electorales. Esa arquitectura buscaba precisamente impedir que un presidente pudiera sustituir de una sola vez a todos sus integrantes y convertir el órgano en una extensión partidista del Ejecutivo. La purga de Trump rompe ese equilibrio y plantea dudas jurídicas y políticas sobre el alcance real del poder presidencial sobre organismos creados por ley.
La comunidad universitaria también ha reaccionado con preocupación. La Asociación de Universidades Americanas expresó su inquietud por el despido de los miembros del consejo, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Blanca y las instituciones académicas. Para buena parte del sector científico, el problema no es solo la salida de 22 expertos, sino el mensaje que se envía a investigadores, universidades y centros tecnológicos: los diagnósticos incómodos pueden tener consecuencias políticas.
La paradoja es evidente. Mientras China refuerza su planificación tecnológica, su inversión pública y su estrategia industrial, Trump desmantela uno de los órganos encargados de medir la competitividad científica estadounidense. La Casa Blanca defiende que las operaciones de la NSF no se verán afectadas y ha sugerido que las competencias del consejo podrían necesitar una actualización, pero no ha ofrecido una explicación convincente sobre la urgencia ni sobre el cese simultáneo de todos sus integrantes.
El episodio encaja en una ofensiva más amplia contra estructuras independientes de asesoramiento científico. Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado cambios drásticos en organismos federales, ha cuestionado a expertos técnicos y ha tratado de reforzar el control político sobre agencias que tradicionalmente habían funcionado con márgenes de autonomía. En este caso, el objetivo es especialmente sensible: la ciencia como palanca de poder nacional, crecimiento económico y seguridad estratégica.
El resultado inmediato es una incógnita institucional. Si el Consejo Nacional de Ciencia queda paralizado o es reconstruido con perfiles leales al presidente, Estados Unidos puede perder una herramienta esencial para evaluar con rigor su posición frente a China. Y eso ocurre justo cuando los datos apuntan a que la competición ya no se libra solo en aranceles, defensa o comercio, sino en laboratorios, patentes, universidades, semiconductores, inteligencia artificial y capacidad de atraer talento.
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El agitador ultraderechista Vito Quiles despachó con tres senadores del Partido Popular 24 horas antes del asalto a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según una exclusiva del programa «Mañaneros 360», de Radio Televisión Española (RTVE), Quiles comió con Benjamín Prieto, expresidete del Partido Popular de Cuenca, entre otros senadores, el pasado martes en la propia Cámara Alta.
Después de la comida, la senadora popular Marimar Blanco se incorporó a la sobremesa en la cafetería del Senado. «Quiles come y se fotografía en el Senado con el Partido Popular«, ha informado el presentador del formato, Javier Ruíz. Asimismo, varios de los senadores que se encontraban en la cafetería afearon al activista por tomar esa imagen.
El Partido Popular ha negado que la comida estuviese agendada. «Fue causal, no estaba preparada», confirman fuentes del partido a la reportera de Mañaneros 360, Marta Hita. «La información está tan contrastada que sabemos lo que comieron: ensalada de garbanzos con picante«, ha detallado.
«Quiles accedió al restaurante con el teléfono en mano, agarró del brazo a la mujer del presidente, le empujó e impidió su salida de una cafetería de Las Rozas«, ha avanzado el conductor del maagzine en exclusiva. «Esto no es periodismo, es escuadrismo«, ha sentenciado de forma contundente
Un equipo de Más Vale Tarde se desplazó rápidamente hasta el lugar donde ocurrió todo y su reportero, Javier Bastida, corroboró la información. «Nos confirman que Quiles ha esperado a la mujer del presidente en el interior del recinto«, decía el periodista, que aseguraba que, ante la multitud de preguntas, habrá «respuestas bastante concretas porque en el interior del establecimiento hay cámaras que han podido grabar lo ocurrido y ese relato de si le estaba impidiendo salir a la mujer del presidente del Gobierno».
La mujer del jefe del Ejecutivo anunció que va a presentar una denuncia contra el activista mediático por una presunta «agresión».
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Mariano de Paco Serrano consiguió un sobresaliente cum laude por parte del tribunal que evaluó su tesis doctoral. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid indagó en la obra de Adolfo Marsillach y puso el foco en sus montajes con la compañía nacional de Teatro Clásico. Lo llamativo es quién fue el director de la tesis: Mariano de Paco Moya, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Murcia (UMA) y padre del político del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los vacíos legales de la normativa estatal permitieron una actuación que todas las fuentes académicas consultadas por Público califican de «moralmente indefendible» e «indecoroso». Pero que en el caso de la familia De Paco es la norma, no la excepción.
Mariano de Paco Moyatambién dirigió la tesis de su propia esposa y madre del consejero, Virtudes Serrano. La filóloga defendió la compilación de sus investigaciones académicas en 1990, bajo el título: La obra dramática de Domingo Miras. El resultado se puede consultar en Teseo, repositorio público y oficial de todas las tesis doctorales presentadas en España. Lo que no viene especificado en esta plataforma es el nombre del director del doctorado, una información que sí comparte la Academia de Bellas Artes de Murcia en su perfil de Mariano de Paco Moya. «El [hecho de] no figurar el nombre del director en la ficha de la tesis en la base de datos de Teseo debe responder a algún error de época o [tal vez] porque entonces era un campo no exigido u opcional», señalan a Público desde la Universidad de Murcia. Virtudes Serrano obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Miguel Hernández de Investigación.
‘Público’ contactó con los diversos miembros de la familia De Paco para conocer su versión, pero ninguno respondió a las preguntas planteadas
La investigadora y dramaturga codirigió a su vez la tesis de Diana Marta de Paco Serrano, hija del matrimonio y hermana del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. El trabajo lo registró en la Universidad de Murcia en el año 2000. Y también está disponible en Teseo, bajo el siguiente enunciado: La saga de los Atridas en el teatro español contemporáneo.
En resumen: en la familia nuclear de los De Paco son cuatro miembros, todos son doctores, y tres de las tesis se las dirigieron unos a otros. Todo ello con el consentimiento de la Universidad de Murcia.
Público se ha puesto en contacto con los diversos miembros de la familia De Paco para conocer su versión, sin que ninguno de ellos haya respondido a las preguntas planteadas por este periódico.
El sistema universitario y los «vicios endogámicos»
Las fuentes consultadas por Público coinciden al denunciar que este tipo de «vicios endogámicos» son «absolutamente reprobables«, pero hasta hace unos años eran «perfectamente posibles» en todas las universidades españolas. El primer real decreto que reguló los estudios de doctorado en nuestro país data de 1985, un texto que se limita a precisar que «para ser director de tesis será necesario estar en posesión del título de doctor y pertenecer a uno de los cuerpos docentes universitarios». La norma solo dedica un subapartado a enumerar los requisitos que se necesitan para desarrollar las tareas de dirección, sin hacer referencia a las incompatibilidades o prohibiciones.
Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Esta es una máxima que se repite en el real decreto 778/1998, donde se incorpora un matiz a la anterior disposición y se exige «tener vinculación permanente o temporal con el departamento o instituto universitario que coordine el programa de doctorado». Virtudes Serrano, Diana Marta de Paco Serrano y Mariano de Paco Serrano presentaron sus respectivas tesis al amparo de esta normativa. «[Los trabajos] se regulaban por normativas nacionales de estudios de doctorado que designaban su gestión a los departamentos y facultades y que no establecían nada sobre el grado de parentesco en la dirección de tesis doctorales«, defienden en una conversación con Público desde la Universidad de Murcia. Las mismas fuentes califican sin embargo lo sucedido de «aparentemente impropio». Las escuelas de doctorado -tal y como las conocemos ahora mismo- no echaron a andar hasta el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello a raíz de una transposición de la Unión Europea.
«Las incompatibilidades no estaban específicamente reguladas, pero ni eran -ni son- demasiado éticas. Lo que sí había era unas comisiones de doctorado que se estructuraban en base a las cuatro grandes áreas de conocimiento y donde se podían presentar alegaciones», recalcan los profesores de distintas universidades españolas que han hablado con Público. Las propuestas de tesis tenían que pasar varios filtros antes de materializarse y por supuesto llegar a un tribunal. La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia ha confirmado a este medio que las tres tesis que implican a la familia del consejero popular tuvieron el «visto bueno» de sus respectivos departamentos, toda vez que no recibieron ningún tipo de «alegación».
La Universidad de Murcia afirma que tiene una «propuesta en trámite» para que nadie pueda dirigir la tesis de un pariente
El real decreto 99/2011 vino a actualizar la normativa vigente, pero no afectó a los doctorados de Mariano y Diana Marta de Paco Serrano -iniciados antes de su entrada en vigor-. Y tampoco regía cuando defendió su tesis la madre de ambos, Virtudes Serrano. Esta reforma puso en marcha las Escuelas de Doctorado, pero no entró a limitar nada de lo relativo a las incompatibilidades por vínculos matrimoniales o relaciones de parentesco: «Las universidades (…) podrán establecer requisitos adicionales para ser director o directora de tesis». Las cincuenta universidades públicas españolas mantuvieron intactas sus propias directrices con respecto a esta cuestión.
La última actualización de la norma -a nivel estatal- data del verano de 2023, pero tampoco especifica nada sobre los eventuales conflictos de intereses. «Estas designaciones eran perfectamente posibles en la universidad española, pese a lo aparentemente impropio. (…) La Universidad de Murcia (UMU) ahora procura evitar estas situaciones a través de los filtros colegiados de los que tiene control», indican desde el centro. Las mismas fuentes aseguran también que la universidad tiene «una propuesta en trámite» para impedir que un profesor pueda dirigir las tesis de doctorandos con los que tenga algún tipo de «parentesco». Esta es una prohibición que solo contemplan en sus reglamentos internos o mediante acuerdos específicos seis de las cincuenta universidades públicas españolas: la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), la Universitat de Barcelona (UB), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de Málaga (UMA), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidad de Valladolid (UVa).
La Universidad de Málaga fue la primera en introducirlo en su reglamento, antes incluso de la publicación del real decreto 576/2023. «No se admitirán propuestas en las que las personas directoras o tutoras tengan con el doctorando o la doctoranda un vínculo matrimonial, o situación de hecho asimilable, o parentesco de consanguinidad hasta un cuarto grado o segundo de afinidad», reza el artículo dedicado a la «asignación de tutores y directores de tesis» del reglamento 4/2022 de la UMA. Los planteamientos son similares en las normativas de las universidades de Córdoba, Santiago de Compostela y Valladolid. La Univesidad de Alcalá y la Universitat de Barcelona, por su parte, recogen esta incompatibilidad en el «compromiso documental» que tienen que firmar tanto quien dirige la tesis como quien la realiza, declarando que «no concurren en las situaciones de abstención por parentesco recogidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público».
La Ley 40/2015 es la que regula el funcionamiento del sector público en España. El artículo 23 establece que «las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», como una situación de «parentesco de consanguinidad», tendrán que abstenerse «de intervenir en el procedimiento». Las fuentes académicas consultadas por este diario, no obstante, matizan: «Este punto se refiere más bien a los procedimientos para la selección o evaluación del personal, pero no alude a la dirección de trabajos o tesis que luego son evaluadas por otras personas expertas tras superar los filtros colegiados y sus correspondientes periodos de exposición pública».
La composición de los tribunales, también sospechosa
Los tribunales encargados de evaluar las investigaciones de los doctorandos tendrán que estar compuestos por «una mayoría de miembros externos al programa» y al centro «donde se defienda la tesis». Además, tampoco podrán integrar estos equipos «la persona o personas directoras de la tesis doctoral y la tutora o tutor» de la misma, tal y como recoge el real decreto 576/2023. Lo que no aclara el texto es qué ocurre cuando quien integra el tribunal ha firmado previamente artículos o investigaciones con quien dirige la tesis, una máxima que queda en manos de cada universidad y que también se cumple en el caso del consejero de Cultura de Isabel Díaz Ayuso.
Francisco Javier Diez de Revenga Torres presidió el tribunal que se encargó de evaluar y otorgarle un sobresaliente cum laude al hijo de su compañero Mariano de Paco Moya, catedrático con el que había publicado previamente el ensayo Historia de la literatura murciana. Diez de Revenga dirigió además la tesis de su propia esposa, Elisa Albacete López Ferrer. Los dos son padres del también senador popular por la Región de Murcia,José Ramón Diez de Revenga Albacete. La Universidad de Murcia, preguntada por la adopción de posibles medidas tras destaparse esta trama de tesis familiares, sentencia: «No tenemos instrumentos legales para tomar ningún tipo de medida (…) y las que tenemos pendientes de desarrollar no podrían ser retroactivas».
La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, anuncia que va a presentar una denuncia contra el agitador ultra Vito Quiles después de haber sufrido una «agresión» en el interior de una cafetería de Madrid, según avanzan fuentes cercanas a Gómez.
En el momento de los hechos, la esposa de Pedro Sánchez se encontraba con dos acompañantes cuando Quiles le ha abordado impidiendo que pudiera salir al extrerior del local. Tras lo sucedido, el agitador ha compartido un vídeo en redes en el que únicamente sale la parte en la que persigue a Gómez en el exterior de la cafetería. Una de ellas ha agarrado a Quiles para impedir que la agresión fuera a más, espetándole «Quita esa mierda».
Con este nuevo episodio en el que el agitador suma una nueva denuncia, cabe recordar que el Congreso de los Diputados abrió a Quiles un expediente después de que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) lo denunciara por haber grabado con su móvil y sin permiso en las instalaciones parlamentarias, una decisión que contó con los votos de PSOE y Sumar y el rechazo del PP.
En líneas similares, en enero el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso atribuyó infracciones graves tanto a Quiles como a Bertrand Ndongo y elevó el caso a la Mesa de la Cámara, para que fuera esta la que decidiera si suspendía o no su acreditación.
Las tres faltas por las que Quiles podría perder la acreditación
El origen de los hechos se remonta al pasado mes de noviembre cuando la APP puso en conocimiento de la Secretaría General del Congreso que Quiles había grabado con su móvil a Sánchez sin tener autorización para ello. «En el momento en el que el presidente del Gobierno se dirigía a la sala, Vito Quiles comenzó a grabarle mientras le formulaba preguntas. Fue advertido por personal de la Dirección de Comunicación, que estaba presente en la zona, de que no podía realizar la grabación. Él ignoró esa advertencia y continuó grabando. Todo ello lo publicó posteriormente en su cuenta de X», reza el documento.
Tras ello, la Mesa del Congreso le abrió un expediente sancionador y fue el 23 de diciembre cuando el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria publicó un informe con el que confirmó que el agitador era conocedor de que no podía grabar al personal de la Cámara.
A razón de todo ello se le imputan tres infracciones graves: grabar sin permiso, desatender las indicaciones del personal y difundir las imágenes. Con motivo de todos estos hechos, el Congreso endureció las restricciones y prohibió los “seguimientos” cuando una autoridad haya comunicado que no va a contestar preguntas, impidiendo la grabación de imágenes de forma «engañosa». En este punto, el informe considera que Quiles inició una persecución al jefe del Ejecutivo, que ya le había comunicado que quería responder.
Por otra parte, las dos infracciones restantes hacen referencia a los hechos que datan del 11 de diciembre, cuando Quiles persiguió y grabó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de la presentación del último libro de Pérez Rubalcaba para su posterior difusión. El PSOE recordó a través de un escrito que era la segunda vez en un mes que el agitador llevaba a cabo este tipo de prácticas y el Consejo Consultivo, tras el traslado de la Mesa del Congreso, emitió un segundo informe en el que señalaba otras dos infracciones graves. Casi un mes después, el 15 de enero, el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, notificó al pseudoperiodista que la Mesa había decidido, bajo consenso, continuar con ambos procedimietos.
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Alcanza uno de sus momentos de mayor relevancia el juicio al ‘caso Kitchen’. Tras haberse ido sucediendo en estos últimos días las declaraciones de Mariajo Rajoy, María Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas, Soraya Saenz de Santamaría o Javier Arenas es turno ahora de comparecer ante el juez para el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que investigó la ‘Caja B’ del Partido Popular y la operación para espiar al extesorero y robarle documentos sensibles para la formación política.
Morocho fue uno de los agentes más participativos y que mayor protagonismo obtuvo en las investigaciones relacionadas con los casos de corrupción que han afectado al Partido Popular. El inspector jefe de la UDEF redactó informes que sirvieron como base en las condenas de la ‘Gürtel’, así como han sido decisivos a la hora de abordar distintas tramas de esta índole relacionadas con la formación política.
En los últimos años, Morocho ha denunciado en repetidas ocasiones que, supuestamente, ha sido presa de maniobras con las que se le ha apartado del ‘caso Kitchen’, aludiendo a órdenes de superiores que le llamaban a eliminar de sus informes sobre la contabilidad en B referencias a Cospedal, algo que ocurrió cuando todavía era secretaria general del partido; así como al marido de ésta, el empresario Ignacio López del Hierro, y a altos cargos de la formación.
Morocho ya declaró en la fase de Instrucción y denunció allí, precisamente, que se le reclamara llevar a cabo este tipo de acciones. Así, en 2021 recordó en los tribunales una indicación que habría recibido de sus superiores en 2013 cuando aparecieron los llamados papeles del extesorero del PP, Luis Bárcenas. En este punto, en el momento de hacer sus primeros informes, le habrían pedido quitar, según trasladaba, las menciones a López del Hierro alegando que era amigo de Villarejo. Con todo, se refirió a otros mandos policiales y enmarcaba las primeras tramas en 2008, es decir, antes incluso de que se produjeran las detenciones del caso.
Negaciones en bloque y falta de conocimiento: la línea común de los dirigentes del PP
En las últimas dos semanas de juicio por el caso Kitchen, las principales figuras políticas que han comparecido como testigos han mantenido un relato coincidente basado en el desconocimiento de la supuesta operación parapolicial y en la negación de cualquier implicación directa o indirecta.
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sostuvo una declaración marcada por respuestas medidas, en la que defendió que la actuación policial fue “legal” y negó tajantemente haber ordenado destruir pruebas relacionadas con la presunta contabilidad B del Partido Popular. Además, rechazó las afirmaciones del extesorero Luis Bárcenas sobre la existencia de documentación comprometedora o actuaciones irregulares desde el Ejecutivo. No solo eso, sino que, a pesar de evidencias como el famoso mensaje de «Luis, sé fuerte», aseguró que la relación que mantenía con el extesorero fue solo profesional y que no había ninguna cercanía o amistad entre ellos.
Por su parte, María Dolores de Cospedal admitió haber tenido contactos con el comisario Villarejo, pero los enmarcó en conversaciones informales, negando que le encargara actuación alguna vinculada a la operación Kitchen. También evitó reconocer conversaciones comprometedoras previamente conocidas, alegando falta de recuerdo sobre episodios clave .
En la misma línea, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aseguró no haber tenido conocimiento de la operación ni de investigaciones internas relacionadas con Bárcenas, subrayando que esas cuestiones no estaban dentro de sus competencias. Su comparecencia fue breve y basada en reiteradas respuestas de desconocimiento o falta de memoria .
El exdirigente popular Javier Arenas reforzó este patrón al afirmar que nunca tuvo constancia de la existencia de la operación Kitchen ni de una supuesta contabilidad paralela del partido hasta su publicación en prensa. Aunque reconoció reuniones con Bárcenas, restó relevancia a posibles grabaciones y aseguró que, de existir, se realizaron sin su consentimiento.
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El Congreso de los Diputados ha tumbado en la tarde de este martes el Decreto Ley impulsado por Sumar para la prórroga de dos años de los alquileres de 2,6 millones de personas que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 con 177votos en contra de PP, Vox y Junts y cinco abstenciones del PNV. A favor de la convalidación han votado tanto PSOE y Sumar como sus habituales socios, entre quienes figuran ERC, EH Bildu, Podemos, BNG o Coalición Canaria, reuniendo 168 votos favorables al decreto. Con este rechazo, derecha y extrema derecha impiden, por tanto, que, en mitad de la crisis provocada por la guerra en Irán, los inquilinos puedan solicitar la congelación del alquiler.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que este decreto «va en contra de los ciudadanos porque incrementa el precio de la vivienda de alquiler y en compra como consecuencia de que disminuye la oferta», a la vez que ha acusado al PSOE de “dejar solo” a Sumar en la defensa del decreto. «Ni siquiera el Partido Socialista está posicionándose a favor del fondo de este decreto, y quiere dejar a sus socios solos, como lo ha dejado en el Consejo se Ministros, donde a regañadientes el Partido Socialista lo aprueba», ha agregado el presidente de los populares.
Instantes antes de que se procediera a la votación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a los grupos políticos que dejen «la política del corto plazo y de la zancadilla» y protejan a la gente que vive de alquiler con el voto del real decreto-ley. «Ni bajamos los brazos ahora, a unas horas de la votación, ni lo vamos a bajar mañana cuando pase la votación«, ha subrayado la ministra. Asimismo, Rodríguez ha instado a los partidos a que «no piensen en el Gobierno, que no piensen en el PSOE y que no piensen en Sumar», sino en la gente que sufre y que no duerme porque le cumple el contrato del alquiler.
Con todo, el decreto decae también después de que en la mañana de este martes desde el PNV hayan anunciado que se abstendrían en la votación del Congreso, subrayando la “falta de seguridad jurídica” y al considerar que este ámbito se debe abordar con “medidas integrales” más allá de con fórmulas “bienintencionadas”. En esta línea, el presidente de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, se ha referido a una “necesidad para continuar con el Gobierno” por parte del PSOE a la hora de apoyar este decreto ley impulsado inicialmente por su socio. Asimismo, ha calificado de «muy arbitrario» el plazo de dos años de prórroga de los contratos de alquiler, así como la limitación al 2% las actualizaciones anuales de renta. «Llevamos seis ó siete años con medidas excepcionales en materia de vivienda, y así no podemos continuar, porque debemos dar seguridad, tanto a los propietarios de pisos como a los quieren un alquiler, y eso requiere de una normativa que se mantenga en el tiempo», ha añadido el líder del PNV poco después de anunciar la abstención de su formación.
Sumar llama a la movilización
Poco después de conocerse que el decreto iba a caer ante el rechazo anunciado por PP, Vox y Junts, desde Sumar, el socio del Gobierno que impulsó la prórroga, han llamado a movilizarse, vertiendo sobre quienes han votado en contra la responsabilidad de que el decreto haya caído. Así, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido que aunque «hay batallas que se pierden en las Cortes, están ganadas en la calle».
«El llamamiento es a la movilización social. Los derechos se ganan desde los Ejecutivos, desde los sindicatos, desde los colegios profesionales y desde la movilización. Por tanto, si deciden tumbar la norma, yo clamo a la ciudadanía a que se organice«, sostenía Díaz en la mañana de este martes previo a la votación en la Cámara Baja. En esta línea, la titular de la cartera de Trabajo ha asegurado que «no se van a rendir» y que estudiarán «todas las medidas posibles para continuar defendiendo a la gente». «Unos se colocarán del lado del daño, de la destrucción y del mal, y desde luego, el Gobierno de España sigue trabajando por el bien y por mejorar la vida de la gente», ha remarcado.
Entre otras cosas, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha recordado que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía y ha puesto de relieve que desde que este decreto entró en vigor hace un mes, son «miles y miles» de ciudadanos los que han instado a sus caseros a que les prorroguen los contratos de alquiler. Así, y preguntada por si Sumar se equivocó al empujar a su socio de Gobierno a aprobar esta norma pese a saber que no contaba con apoyos suficientes en las Cortes, Díaz ha defendido que la estrategia fue «acertada”. «Hicimos esa apuesta sabiendo lo que hacíamos. Dimos una oportunidad y hemos acertado«, ha indicado.
En ampliación…
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El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció las medidas para hacer frente a la crisis por la guerra de Irán. La crisis en el Consejo de Ministros se resolvió aquel viernes con dos reales decretos ley, uno de ellos el de la prórroga de los alquileres que forzó Sumar, y que este martes llega al Congreso de los Diputados.
Después de cuarenta días en vigor, está previsto que el texto decaiga en la Cámara Baja. A la espera de que se produzca una sorpresa de última hora a lo largo de la mañana, PP, Vox y Junts van a votar en contra de que siga vigente la posibilidad de solicitar la congelación del alquiler para 2,6 millones de personas, según el cálculo del Sindicato de Inquilinas. Esta organización es una de las que más ha presionado, tanto para que se aprobara la medida como para que los partidos que la van a tumbar, al menos, se enfrenten a sus propios votantes y les digan claramente que van a permitir que se les pueda dejar en la calle en uno de los momentos más tensos a nivel económico.
Este domingo lo hicieron frente a la sede del Partido Popular, pero llevan presionando desde que se aprobó el decreto, por ejemplo enviando 70.000 cartas a los diputados de la derecha que pretenden tumbar el decreto, recordándoles que también los inquilinos que hay entre los suyos se verán afectados, y que dos de cada tres votantes del PP apoyan la prórroga, según una encuesta del Ateneo del Dato.
El Sindicato ha estado animando a los inquilinos a beneficiarse del decreto antes de que llegue la cita de este martes en el Congreso, aunque desde el mismo 20 de marzo advierten de que su alcance no es suficiente. Ese día, celebraron su aprobación como un logro propio, aunque lamentaron que no era «una congelación real», además de que la medida «no aplicaría a contratos de habitación o contratos temporales«, como alertó su portavoz Valeria Racu. Entre sus exigencias para paliar la crisis de los alquileres estaba también recuperar la moratoria antidesahucios, la prohibición de echar a la calle y cortar suministros a vulnerables, que PP, Vox y Junts también tumbaron por considerar que fomenta la okupación.
Junts reafirma su ‘no’ a pesar del acercamiento de Sumar
A horas de que se produzca la votación, el PP sigue en un ‘no’ rotundo. Esto deja la pelota en el tejado de Junts, cuyo apoyo complicó la misma líder de Sumar, Yolanda Díaz, cuando calificó a los de Puigdemont como una organización «clasista» y «racista». Si ya eran tensas las relaciones con el Gobierno, los catalanes tienen ahora en su mano el destino de un decreto clave para la parte de Sumar, que dirige las negociaciones y se niega a darse por vencida.
En ese sentido, este lunes, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que las negociaciones con Junts seguían en marcha, y abrió la puerta a conceder algunas de las exigencias de la derecha catalana para convencerles. Lo hizo en una entrevista en La Hora de la 1, pero unas horas más tarde el titular de Cultura y también de Sumar, Ernest Urtasun se reafirmó en que las vías que Junts pone encima de la mesa, «no deben ser un obstáculo» para negociar el decreto.
Lo que habían puesto encima de la mesa es, por un lado, bonificar a los caseros a los que se les pida la prórroga del alquiler con deducciones fiscales, una medida que va en contra de las exigencias de los Sindicatos de Inquilinas, que rechazan de plano las ayudas a los propietarios como forma de atajar la crisis de la vivienda. El propio Urtasun admitía que esta concesión va en contra del propio ideario de Sumar: «No son nuestro modelo», decía, aunque «estamos dispuestos a transitarlas».
La otra exigencia de Junts es el «IVA franquiciado«, que parte de una moción de los de Puigdemont para librar de ese impuesto para los pequeños autónomos, que el Gobierno ya apoyó como moneda de cambio. Fue en marzo, cuando PSOE y Sumar votaron a favor en el Congreso de esa PNL (proposición no de ley) no vinculante de Junts para eliminar el IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año, que ahora abren la puerta a convertir en realidad. Urtasun se escudaba en que Sumar sí está «de acuerdo» con esa medida, y recordaba que no es más que la transposición de una directiva europea.
Pero mientras Bustinduy y Urtasun celebraban en público que «hay tiempo» de que los de Puigdemont se lo piensen, Junts reafirma que votarán en contra. Las fuentes del partido consultadas por este medio son claras: «El Gobierno sabe lo que planteamos. No debemos negociar nada ni estamos negociando nada«, aseguran. Sobre el acercamiento de Sumar, creen que «acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo», y pone la pelota en el tejado del PSOE: «¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas sólo por la puerta trasera?», se preguntan.
Dónde también han hablado es en el PP, «la única fuerza política que se ha negado» a negociar, según Urtasun. Fuentes populares aseguran que no desvelan su posición hasta los debates, aunque se refieren a las declaraciones de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que mantuvo este sábado que rechazan el Real Decreto-ley y pidieron al Gobierno «que reflexione» en una entrevista en RNE.
Sumar presiona al PSOE
Una vez pase la votación, sea cual sea el resultado, en sectores de Sumar habrá una reflexión sobre el apoyo del PSOE a sus iniciativas. Los de Yolanda Díaz han hecho extensiva su presión a PP y Junts a la parte socialista del Gobierno, a la que han pedido una y otra vez que colabore en las negociaciones. La última vez este lunes, cuando Urtasun les lanzó un nuevo «llamamiento». Fuentes de Ferraz aseguran que ellos también han participado en la negociación, y que no dan por perdido el decreto a pesar del ‘no’ que ha mantenido Junts.
Pero lo cierto es que, desde el mismo 20 de marzo, se notó el gusto del PSOE por este decreto. Empezando porque ese día los miembros de Sumar se negaron a sentarse en el Consejo de Ministros para forzar a que el texto, directamente, existiera. Lo consiguieron, pero Pedro Sánchez lo mencionó en apenas un minuto, después de dedicarle unos treinta a desgranar el otro decreto, el de las medidas anticrisis, que se aprobó unos días después en el Congreso. Desde entonces, el presidente dejó claro que si Sumar quería que su decreto saliera adelante, era cosa suya, dejandoles solos ante un ‘no’ anticipado el primer día por PP, Vox y Junts.
La caída del decreto abre el escenario judicial
La sesión en el Congreso de los Diputados comienza a las 15:00 horas, y tras varios debates se procederá a la votación, en la que está previsto que decaiga el decreto. Hasta ese momento, todavía pueden solicitar la prórroga aquellos inquilinos cuyo contrato expire antes del 31 de diciembre de 2027, mediante una petición por escrito a sus caseros. El texto, además, limita al 2% del precio actual la actualización anual de los contratos, en sustitución de lo que pueda subir el IPC (índice de precios al consumo) por la crisis derivada de la guerra en Irán.
Urtasun recordaba también que el decreto puede suponer para algunos inquilinos, entre los que hay muchos que votan al PP, un ahorro de hasta 2.000 euros cada año, partiendo de la base de que para muchos otros la medida supone directamente no perder la casa en la que están en alquiler al poder prorrogar su contrato dos años más. Además, en algunas ciudades con los precios tensionados, el ahorro puede aumentar a «entre 600 y 700 euros al mes«, según el ministro.
La posibilidad de acogerse a él existe para más de un millón de contratos, según los datos que ha ido aportando el Sindicato de Inquilinas en sus comunicados. Sin embargo, pasada la votación se abrirá un nuevo escenario: el judicial. Y es que, si el decreto decae, serán los tribunales los que tengan que decidir sobre aquellas solicitudes de prórroga que se hayan pedido durante estos cuarenta días, pero que no se hayan tramitado todavía.
Y aquí es donde está otro de los puntos de tensión entre el PSOE y Sumar, con la ministra de Vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, admitiendo que sería un escenario jurídico «inédito», y diciendo que espera que la Justicia se ponga «siempre del lado del derecho a la vivienda», pero no dando pie a que se vaya a tomar ninguna medida para dar garantías jurídicas a quienes se vean en esta situación.
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«No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco». Así vivió Donald Trump, según sus propias palabras, el momento en el que un hombre, Colle Allen, se saltó el pasado sábado el perímetro de seguridad y trató presuntamente de atentar contra él durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en el hotel Hilton de Washington. El tercer intento de asesinato del presidente estadounidense en menos de dos años.
Las imágenes de los periodistas y de los más destacados miembros del Gobierno norteamericano, vestidos de gala, tirados por el suelo, entre platos y copas desparramados, y del mandatario y su mujer siendo desalojados en medio del caos, han dado la vuelta al mundo. Como ya lo hicieron las que en julio de 2024 mostraron al republicano, aún candidato presidencial, con una oreja ensangrentada tras ser atacado en un mitin y, en septiembre de ese año, las del arresto de un hombre que había intentado dispararle, escondido entre unos arbustos, mientras el casi octogenario político jugaba al golf.
Pero, ¿qué ha ocurrido esta vez?. «Esperad un minuto, dejadme ver qué está pasando«, cuenta el otrora magnate que le dijo a su equipo después de que se oyeran varios disparos desde la sala del banquete. Quiso, según ha dicho en una entrevista en la CBS, ser testigo de lo que estaba sucediendo. Pocos segundos después, fue evacuado totalmente ileso. En torno a esos minutos de confusión, varias son las certezas pero muchas aún las dudas en medio de la investigación de los motivos del sospechoso y de la actuación de los servicios secretos.
El asalto al perímetro de seguridad
Profesor de 31 años, desarrollador de videojuegos y residente en Torrance, en el estado de California, Allen se había alojado en el hotel donde se celebraba la ceremonia, ubicado a solo siete minutos en coche de la Casa Blanca, según explicó el jefe del departamento de policía del Distrito de Columbia. Un hecho que facilitaba la planificación del atentado.
«Entrar aquí era bastante fácil, bastaba con que enseñases tu ticket de la cena o con que demostrases que estabas hospedado en el hotel. Es verdad que después, para entrar en el comedor donde se celebraba la cena, sí tenías que pasar un control de seguridad», explica la corresponsal de RNE en Washington, María Carou, presente en la cena.
El propio Trump fue el primero en difundir, en su red Truth Social, las imágenes de los instantes previos a que se desatara el pánico. En blanco y negro y muy mala calidad, el vídeo de las cámaras de seguridad muestra a un hombre corriendo y burlando un control en medio del estupor de los miembros del servicio secreto, que, al verle pasar, desenfundan sus armas y disparan.
«La primera sorpresa es cómo se ha podido meter alguien con una pistola, una escopeta y varios cuchillos en el Hilton, ¿no? Parece ser que había reservado una habitación y llevaba ahí dos días. Pero por otra parte se puede decir que las medidas de seguridad funcionaron, puesto que ni siquiera llegó al sótano donde estaba siendo la cena. O sea, no llegó al arco de seguridad«, ha afirmado este lunes en La Hora de la 1 la periodista de RTVE Anna Bosch, que fue corresponsal en Washington de 2004 a 2009.
Trump ya había remarcado en una rueda de prensa en la Casa Blanca poco después del accidente que el atacante era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad de acceso al salón de baile.
La primera dama, Melania Trump, y el presidente, Donald Trump, asisten a la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en el Washington Hilton, el sábado 25 de marzo de 2026, en Washington Tom Brenner AP/Tom Brenner
Pánico y caos entre los corresponsales
Habían pasado apenas unos minutos desde que el matrimonio presidencial había accedido al gran salón del Hilton. Los más de 2.000 invitados -la flor y nata del Ejecutivo y de la política de Washington, periodistas y diplomáticos y otros miembros de la élite— habían empezado a cenar, con el mandatario y la primera dama, Melania, en la mesa principal sobre un escenario.
La expectación era enorme, puesto que era la primera vez que Trump aceptaba acudir como presidente, tras años de boicot al evento, a esta cena que anualmente celebra la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. «Su discurso de esta noche será un clásico Donald Trump: será gracioso, entretenido y se dispararán algunos tiros«, llegó a soltar antes del evento la portavoz presidencial, Karoline Leavitt.
Ya con el primer plato, -una ensalada de burrata- servido, varios disparos secos resonaron cerca de una de las mesas. El pánico se apoderó del salón, en el que, para más inri, no había cobertura telefónica. Muchos de los asistentes se lanzaron bajo las mesas sin entender qué pasaba. Así lo cuenta la corresponsal de TVE Cristina Olea: «El presidente estaba ya sobre el escenario, pero todavía no había pronunciado su discurso. Y de repente oímos unos disparos muy cerca de nosotros. Algunos todavía nos estábamos preguntando si lo que acabábamos de oír era verdaderamente un tiroteo».
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ha pasado ha sido nuestra propia
corresponsal, Cristiana Olea
La cena no había hecho más que empezar,
estábamos sentados en las mesas, Donald
Trump estaba ya sobre el escenario pero
todavía no había pronunciado su
discurso
cuando de pronto hemos oído unos
disparos muy cerca, enseguida han
evacuado a Trump, a los miembros del
gobierno y a
los embajadores de varios países que
estaban en la sala y allí se han vivido
unos momentos de pánico con los
comensales tratando
de buscar refugio debajo de las mesas y
con mucha confusión sobre lo que estaba
ocurriendo.
Luego poco a poco lo
hemos ido reconstruyendo.
Resulta que un hombre armado estaba
dentro del hotel corriendo hacia la
sala donde estaba el presidente
y donde estábamos todos y ha sido allí
ya en el último control de seguridad
cuando los agentes han tratado
de detenerlo y se han producido esos
disparos.
Lo han detenido y ahora la
investigación está en marcha
En una rueda de prensa Donald Trump ya
en la Casa Blanca muy poco después ha
dicho que entiende que él era el
blanco del ataque y ha descrito al
hombre como un loco que actuaba solo.
No es la primera vez que Donald Trump
sufre
un ataque y ahora esto reabre muchas
preguntas sobre las medidas de
seguridad en un evento así que
reunía a tantas autoridades, pero
también sobre la violencia armada y la
violencia política
en este país
Cristina Olea, corresponsal de TVE, tras el nuevo ataque a Trump: «Había pánico, los comensales buscaban refugio bajo las mesas»
Ella estaba sentada con otros compañeros periodistas y varios diplomáticos europeos y alguien a su lado gritó: ‘¡al suelo, al suelo!‘. «Así que todos nos agachamos, nos refugiamos debajo de la mesa«, recuerda. Aunque no todos hicieron lo mismo. María Carou destaca que, algunos corresponsales como ella, no se echaron al suelo: «Pero no porque seamos especialmente valientes, sino simplemente por inconsciencia«, reconoce. «No tenemos automatizado ese mecanismo de ‘esto puede ser también un peligro para nosotros, deberíamos protegernos’, añade la periodista, que cree que «los estadounidenses tienen esa idea más interiorizada».
En su crónica de los hechos, el periodista de la Agencia EFEEduard Ribas i Admetlla relata cómo con los invitados resguardados bajo las mesas, decenas de agentes del servicio secreto con armas largas «brincaban sobre las sillas» para proteger al presidente, flanqueado por la primera dama, Melania, y la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Weijia Jiang. El republicano llegó a relatar sobre los disparos que pensó que había caído una bandeja.
María Carou, periodista de RNE en la cena de corresponsales con Trump: «Todo el mundo está en shock»
Protocolo de extracción de emergencia
Según las autoridades, Cole Tomas Allen había intentado acceder al evento armado con una escopeta de caza, una pistola y varios cuchillos y fue reducido y arrestado tras un tiroteo con la policía. En la rueda de prensa que Trump convocó minutos después del suceso, aseguró que el hombre también disparó a uno de los agentes, pero el chaleco antibalas evitó que las heridas fueran mortales.
Dentro del salón, esos disparos que parecían bandejas estrelladas, pillaron al presidente y a su esposa, a Leavitt y a Weijia Jiang atendiendo el número del ilusionista Oz Pearlman, contratado para amenizar la gala. «Yo estaba adivinando un nombre en el que Karoline pensaba y, justo cuando revelaba la respuesta en mi libreta, escuchamos el ruido», explicó Pearlman en una entrevista. Llegó a pensar que «estaba a punto de estallar una bomba«.
En cuestión de segundos, según se ve en algunos videos, los servicios de Inteligencia pusieron a resguardo al vicepresidente, JD Vance, y seguidamente, agentes fuertemente armados accedieron para blindar al presidente. A poca distancia de su asiento, el millonario político parece tropezar mientras es evacuado. «¡Tírese al suelo, tírese al suelo!», ha relatado Trump que le pedían los agentes.
Sobre que primero desalojaran al vicepresidente, Anna Bosch destaca: «No sabemos si tal y como dice Trump fue porque él lo pidió así o porque hubo allí una mini descoordinación de los servicios secretos, que se llevaron primero al sustituto antes de llevarse al titular».
«Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente«, ha asegurado el mandatario en una entrevista con el programa ’60 minutos’ de la cadena CBS.
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La esposa del Secretario de Estado
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El Secretario de Guerra Pifex y su
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¡Vamos!
Gracias
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¿Vale?
y
Nos vemos mañana
tal?
Así ha sido la evacuación de Trump y J.D. Vance tras el intento de atentado en la cena de corresponsales
Cristina Olea detalla cómo, en medio del estupor, una compañera le pidió el teléfono para enviar mensajes a su familia, mientras que otra lloraba y se le abrazó y otros «simplemente grababan con sus teléfonos móviles». Pero en general, todos querían averiguar qué ocurría. «Porque tardamos bastantes segundos, quizás varios minutos en darnos cuenta de que los disparos no se habían producido dentro de la sala, sino muy cerca, dentro del hotel», agrega.
Ya a resguardo y con el sospechoso detenido, Trump quiso que el show continuara aunque, según explicó, aceptó acatar la indicación de abandonar las instalaciones por cuestiones de seguridad: «El servicio secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía», aseveró a través de su red social. Minutos después, con los comensales evacuados -recuperándose del susto, con periodistas informando a sus medios en medio de la confusión e invitados con botellas de vino que habían cogido de las mesas o haciéndose fotos para el recuerdo- y todos de esmoquin, el mandatario ofreció una atípica rueda de prensa.
«Nunca me dijeron que esta era un profesión tan peligrosa«, ironizó el presidente.
El perfil del «lobo solitario» y su manifiesto
El propio Trump compartió imágenes del arrestado, entre ellas, una fotografía en la que se le ve esposado bocabajo en el suelo del hotel. Colle Allen -cuya identidad publicaron los medios estadounidenses- trabajaba como profesor en la escuela de preparación de exámenes C2 Education. En su Linkedin, el hombre detalla que entre 2013 y 2017 estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de California (CalTech) y un master en Ciencias Informáticas por la Universidad Estatal de California entre 2022 y 2025.
Desde 2018 es también desarrollador de videojuegos independiente.
Dylan Wakayama, presidente del Asian American Civic Trust, dijo a Los Angeles Times que Allen daba clases particulares a varios estudiantes de secundaria miembros de esa organización sin fines de lucro. “Pensaban que era muy inteligente, con gran dominio de la biología, las matemáticas y las ciencias. Creían que era una persona amable y tranquila. Se quedaron completamente atónitos cuando les conté todo lo que había sucedido”, dijo.
El hombre, que no resultó herido en su detención pero trasladado a un hospital, ha permanecido bajo custodia y este lunes ha sido acusado formalmente del intento de asesinar el presidente de EE.UU. por el tribunal federal de Washington ante el que ha comparecido. Y podría ser condenado a cadena perpetua. También ha sido acusado de otros delitos, como transportar armas de fuego entre estados y usarlas para cometer un crimen. La fiscal federal Jeanine Pirro ha dicho que la investigación sigue y ha avanzado que presentarán nuevos cargos.
El atacante de Trump viajó desde Los Ángeles para alojarse en el hotel del atentado uno o dos días antes y dejó un manifiesto
En un manifiesto dirigido a su familia poco antes del episodio del Hilton, al que ha tenido acceso The New York Post, Allen se marcaba como objetivo atacar a los cargos de la Administración Trump: «del más alto al más bajo«, y señalaba que utilizaría perdigones y no balas para evitar daños mayores.
«Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes», reza presuntamente esa nota en aparentemente referencia a Trump y a su supuesta implicación en la trama del pedófilo Jeffrey Epstein. En ese texto, el detenido reconoce que esta es «la primera oportunidad real para hacer algo al respecto».
En esa nota, firmada como ‘el asesino federal amistoso’, Allen rebate algunos dichos y hechos, como la frase cristiana de «hay que poner la otra mejilla». «Poner la otra mejilla cuando otra persona es oprimida no es cristiano, sino complicidad con los crímenes del opresor», alega. Y se refiere también a la supuesta vulnerabilidad del hotel, donde se hospedó el día anterior del evento tras haber viajado en tren desde Los Ángeles, haciendo escala en Chicago.
«Esperaba cámaras de seguridad en cada esquina, habitaciones de hotel con micrófonos ocultos, agentes armados cada tres metros, detectores de metales por todos lados. Lo que recibí (¡quién sabe, tal vez me están gastando una broma!) es nada. Ni una maldita seguridad. Ni en el transporte. Ni en el hotel. Ni en el evento», sentenciaba. «Cualquier agente iraní podría haber traído una ametralladora pesada y nadie se habría dado cuenta», agregaba.
El impacto político del tercer ataque en dos años
Este episodio -el tercer intento de magnicidio contra el líder republicano en los dos últimos años- se da en un momento de fuerte caída de su aprobación, tanto entre los votantes de la oposición demócrata como por parte de sus propios defensores republicanos, principalmente por la impopular gestión de la guerra en Irán iniciada junto a Israel pero también por escándalos como el de la antigua relación del presidente con Epstein.
Además, deja en evidencia los posibles fallos en la seguridad y el incremento de la polarización y la violencia política en un país donde cuatro presidentes han sido asesinados a lo largo de la historia. Según informó el domingo The Washington Post, el Gobierno estadounidense no implementó el máximo nivel de seguridad para la cena del sábado, a pesar de la presencia del presidente y muchos miembros de su gabinete, entre otros altos cargos.
Tercer atentado contra Trump en dos años
En una entrevista con Fox News, el inquilino de la Casa Blanca dijo que el detenido es un «tipo muy problemático» que actuó movido por un «odio» profundo hacia los cristianos.
«Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos. Eso es seguro. Es un odio fuerte, anticristiano», enfatizó Trump, y afirmó que la familia del agresor sabía de sus tendencias violentas: «Su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza. Probablemente es algo difícil de hacer, supongo, pero es una situación muy, muy mala».
En la entrevista con el programa ’60 minutos’, Trump se ha molestado con la periodista cuando le ha leído la parte del manifiesto de Allen en el que se refiere al «pedófilo, violador y traidor».
«Estaba esperando que leyeras eso, porque sabía que lo harías. Porque sois gente horrible», ha arremetido Trump. «Yo no soy un violador. No violé a nadie. Yo no soy un pedófilo. Leíste esa basura de una persona enferma. Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado», ha añadido.
«Que explique lo que hacía en el CNI«. Han sido las contundentes palabras con las que el excomisario policial José Manuel Villarejo ha retado, en el juicio del caso Kitchen, a la exvicepresidenta del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría. La cúpula de Interior bajo el mandato de Mariano Rajoy está ahora bajo la lupa de la Audiencia Nacional, con el exministro Jorge Fernández Díaz en el banquillo de los acusados y otros tantos nombres de la primera fila del PP como testigos, entre ellos, el propio Mariano Rajoy o la exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Con este reto se refería el comisario jubilado a la exdirigente ‘popular’, también declarante en el juicio por la trama para dirimir si Fernández Díaz comandó una operación para sustraer o destruir documentos custodiados por Luis Bárcenas relativos a la trama Gürtel que podían contener información sensible. Sáenz de Santamaría está retirada de la política desde 2018, cuando Pablo Casado le ganó las primarias del PP, pero en su etapa en el Gobierno de Mariano Rajoy, era una figura total. Controló el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de ahí la alusión del comisario, cuando las competencias pasaron a la vicepresidencia del Gobierno. Con el cambio de legislatura, Pedro Sánchez devolvió el control de los Servicios Secretos de Inteligencia al Ministerio de Defensa.
Es precisamente por su labor al frente del CNI por lo que su declaración en el juicio de Kitchen resulta interesante. La sombra de los servicios secretos españoles está muy presente en el sumario de Kitchen y son varios los acusados que explican que por encima del Ministerio del Interior y de la Policía operaba el CNI, en ese momento en poder de la propia Sáenz de Santamaría como vicepresidenta del Gobierno de España.
El proceso judicial y las condenas propuestas
El juicio a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno del PP de Mariano Rajoy por el ‘caso Kitchen’ durará aproximadamente unos tres meses. Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad; para Eugenio Pino, ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, y para Andrés Gómez Gordo, quien fuera jefe de seguridad de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal. Mientras tanto, para Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas presuntamente implicado, se reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía. Por otro lado, una condena mayor se ha solicitado para el comisario José Manuel Villarejo, de 19 años. «Yo declararé la verdad y confío en que la realidad sea la que prevalezca», decía a las puertas del juzgado. «Afortunadamente el Tribunal se ha dado cuenta de que todo era humo. Yo era un humilde agente de inteligencia«, argumentaba, señalando directamente al CNI y, por ende, a Soraya Sáenz de Santamaría como su máxima responsable.
En su escrito de acusación, la Fiscalía traza las líneas de la operación y remonta su origen a la primera mitad de 2013. «Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia con el objetivo de hacerse con los archivos que pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa», explica el texto, que también destaca que een «la ejecución de dicha ilícita operación de inteligencia dirigida a impedir la incorporación al procedimiento judicial de material incriminatorio habrían participado también los comisarios José Manuel Villarejo, entre otros, con la intervención además del que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos».
El plan comenzó a resquebrajarse cuando un falso sacerdote entró en casa de la familia Bárcenas para amenazarlos y amedrentarlos y Sergio Ríos se presentó allí fuera de horario laboral y sin haber sido avisado de lo que estaba ocurriendo para «salvarles». La familia Bárcenas sostuvo desde un primer momento que lo ocurrido «parecía ser un montaje», y el propio Bárcenas, en una entrevista reciente en la que rompió su silencio tras varios años, sostuvo que le pareció muy extraña la actitud de su conductor, presentándose en su vivienda sin previo aviso y sin que nadie le hubiera dicho lo que estaba pasando, lo que le puso bajo sospecha.
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De los 350 diputados que comparten hemiciclo en el Congreso, al menos 297 tienen alguna vivienda total o parcialmente en propiedad. Es el 84,85% del total. Son 10,98 puntos porcentuales más que la cantidad de ciudadanos españoles que viven en casas de su propiedad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si el arco parlamentario debería ser algo así como una maqueta a pequeña escala de la sociedad a la que representa, al menos en el caso español esa instantánea queda algo distorsionada. Además, dos de cada diez parlamentarios del Congreso tiene en su poder —de nuevo, total o parcialmente— tres o más viviendas.
Público ha realizado un análisis de todas las declaraciones de bienes que los diputados están obligados a presentar en la Cámara Baja al inicio de la legislatura. Hay una de ellas que no ha podido consultarse porque no figura en la base de datos del Congreso. Es la de la diputada del Partido Popular (PP) Ainhoa Molina. Según explican fuentes de Comunicación del grupo, la diputada presentó la documentación, pero se habría extraviado. Desde el Congreso aseguran que no cuentan con ella.
Hay que partir también de la base de que el término «multipropietario» no está recogido en la legislación. Este medio ha situado en tres el número de viviendas en posesión de los diputados para considerarlos como tales, siempre dejando al margen otras posesiones —fincas, solares, locales, naves, garajes o trasteros— que puedan tener también en su haber.
Los números a nivel general son los siguientes. Hay 52 diputados que no declaran tener una vivienda en propiedad (14,85% del total); 145 cuentan con una casa (41,42%); 81 disponen de dos inmuebles (23,13%); 32 poseen tres viviendas (9,14%); 22 son dueños de cuatro (6,28%); 7 tienen cinco (2,0%), y hay 10 que acumulan seis o más viviendas (3,1%). Dos de ellos son lo que laley de vivienda considera grandes tenedores, es decir, que tienen diez o más viviendas. Son las diputadas María de las Mercedes Cantalapiedra, del PP, que figura como propietaria de 19, y la socialista María Mercè Perea, que cuenta con 13.
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Es cierto que hay diferencias importantes entre los grupos parlamentarios. PP y Vox tienen ambos más de un 24% de diputados multipropietarios (con tres o más viviendas), mientras que el porcentaje cae a un 19% en el caso del PSOE. En cuanto al Grupo Plurinacional Sumar, tres de sus 26 parlamentarios son propietarios de tres o más viviendas. Y, en el caso de los grupos más pequeños, solo dos diputados de Junts per Catalunya; Néstor Rego, del BNG; y Alberto Catalán, de UPN, tienen tres o más inmuebles.
Hay que partir de la base, con todo, de que no existe un control preciso de las declaraciones de bienes ni un reglamento que especifique cómo han de realizarse. En algunos casos, los diputados tienen algunas de sus propiedades vinculadas a sociedades, que también figuran en la documentación que aportan a la cámara. No obstante, es imposible saber, a través de la mera declaración de bienes, si algunas de las sociedades que declaran los diputados tiene a su nombre inmuebles, salvo que ellos mismos lo especifiquen.
El decreto de alquileres
Este martes 28 de abril será un día en el que se hablará mucho en el Congreso de propietarios y de inquilinos. El Gobierno lleva a convalidación el Real Decreto-Ley para la congelación de alquileres que aprobó el Consejo de Ministros el 20 de marzo, una medida que puede favorecer potencialmente a 2,7 millones de personas y que lleva en vigor desde que lo aprobó el Ejecutivo. No obstante, para continuar activa tiene que ser convalidada por una mayoría de los diputados del hemiciclo. PP y Junts per Catalunya ya han confirmado que tumbarán el decreto, pese a la presión que ya ha ejercido —y ejercerá en las próximas horas— especialmente el ala de Sumar del Gobierno.
Es un tema sensible en un mercado de la vivienda tensionado como lo es el español. Tensionado y con las viviendas acaparadas en pocas manos. Tal y como reflejan unos datos de la Agencia Tributaria que ha recopilado y analizado el Ministerio de Vivienda —a los que ha tenido acceso Público—, el 50,15% de los inmuebles en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, es decir, que tienen una o dos viviendas. Son 1.163.504 inmuebles. Pero el 39,8% (913.484 inmuebles) está en manos de propietarios que tienen de tres a cinco viviendas. Y ya en un porcentaje menor, pero ni mucho menos desdeñable, el 8,81% (204.476) es de propietarios que poseen de 6 a 10 inmuebles, mientras que el 1,66% (38.454) son grandes tenedores con diez o más viviendas. Son datos de 2023.
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PP: el grupo con más multipropietarios
Hasta 35 diputados del PP tienen tres o más casas o pisos. Es un 25,54% de los diputados del PP. Además del caso de la diputada Cantalapiedra, destaca José Javier Folch, que tiene, según su declaración de bienes, ocho viviendas. También se sitúan entre los congresistas con más cartera inmobiliaria Manuel Cobo y Rosa María Quintana, que tienen seis viviendas cada uno.
Sin embargo, el PP comparte con el resto de grupos parlamentarios una misma dinámica: la mayoría de sus diputados (56) tienen declarada solo una vivienda total o parcialmente en propiedad, 34 tienen dos y 16, tres. En esos tres perfiles está el grueso del grupo: 106 de 137 parlamentarios del PP tienen una, dos o tres viviendas. Hay 13, en la otra cara de la moneda, que no declaran vivienda en propiedad. Los 18 restantes se distribuyen así: 9 tienen cuatro, 4 tienen cinco, 2 tienen seis, 1 dispone de ocho y la mencionada María de las Mercedes Cantalapiedra es dueña de 19. No hay datos de Ainhoa Molina.
PSOE: 19% de diputados multipropietarios
El porcentaje baja en el caso del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene 23 diputados multipropietarios (19% del total). Destaca muy por encima del resto Maria Mercè Perea, con 13. Otros diputados con una nutrida lista de propiedades son Vicent Sarrià (cinco viviendas y participaciones en una portería), María Luz Martínez (cinco viviendas y un pequeño porcentaje de otra en herencia) o Rafael Simancas (cuatro viviendas).
Entre los parlamentarios del PSOE, la gran mayoría tiene una o dos viviendas. 50 y 29, respectivamente. Once tienen tres, mientras ocho poseen cuatro. Como en el caso de los populares, también hay un grupo —19— que no declara ninguna.
Vox: ocho de sus diputados son multipropietarios
Vox tiene en sus filas a ocho parlamentarios con tres o más viviendas, aunque el que destaca por encima del resto es José María Sánchez García, el diputado que ha sido noticia en los últimos días por encararse con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis en el Congreso. El ultraderechista tiene siete inmuebles, la gran mayoría al 50%. Al margen de su caso, el grueso de los diputados de Vox (17) tiene una o dos viviendas y hasta ocho no poseen ninguna. Tres tienen cuatro.
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Sumar: dos diputados destacan sobre el resto
Sumar tiene 26 diputados en el Congreso. De ellos, 18 tienen una vivienda; cuatro tienen dos; uno, Manuel Lago, tiene tres; otro, Agustín Santos Maraver, el que fuera embajador de España en Naciones Unidas, cuatro, y otro, el diputado gallego Rafael Cofiño, cinco, aunque varias en un porcentaje reducido. Además, ocho diputados del grupo no tienen ninguna propiedad de este tipo. Por lo tanto, el porcentaje de propietarios baja en el grupo de Sumar, siempre según las declaraciones de bienes presentadas a principio de legislatura, hasta el 69,23%.
Las diferencias entre ERC y Junts
En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hay pleno de propietarios. Seis tienen una vivienda y uno, Jordi Salvador, dos, una de ellas en nuda propiedad. En el grupo de Junts per Catalunya hay más variedad. De los siete diputados, dos no adjuntan propiedad de inmuebles en su declaración de bienes; otros dos tienen una vivienda; uno posee una, y dos cuentan con tres. Son Josep Pagès y Marta Madrenas. La exalcaldesa de Girona tiene en su haber una vivienda habitual y, además, dos pisos vinculados a una sociedad.
EH Bildu y PNV, muy parecidos
Los dos partidos vascos se mueven en unos parámetros parecidos. Tres diputados de EH Bildu tienen una vivienda y otros tres poseen dos. En el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) los números son casi idénticos. Dos diputados tienen una y los tres restantes son dueños de tres inmuebles.
El variopinto Grupo Mixto
El partido con más representación de los que integran el Grupo Mixto es Podemos. De entre los cuatro diputados morados, solo Javier Sánchez Serna no tiene propiedades declaradas. Las otras tres parlamentarias poseen una. Cristina Valido, de Coalición Canaria, no tiene ninguna propiedad; Àgueda Micó, de Compromís, una. El salto se produce con los diputados Alberto Catalán (UPN) y Néstor Rego (BNG). Ambos cuentan total o parcialmente con cuatro viviendas.
Los primeros meses del año 2026 no han dejado grandes novedades a nivel demoscópico. El bloque formado por PP y Vox seguiría con capacidad suficiente para formar gobierno con una amplia mayoría absoluta. Las posiciones en la clasificación de los partidos más votados tampoco varía, siendo la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo la más votada. Le sigue el PSOE, que reduce su desventaja con los populares. El partido de Santiago Abascal sigue claramente consolidado en la tercera posición aunque se vislumbra un freno en su crecimiento.
Los datos recogidos en el estudio de Key Data para Público, elaborado el 23 de abril, destacan que el PP tendría un 32,4% de los votos y 139 escaños. Es un dato muy parecido al del último estudio publicado por este medio a finales del pasado mes de enero. Entonces los populares obtenían un 32,2% y 137 diputados en el Congreso. En las elecciones de 2023, la fuerza que lidera Feijóo tuvo 137 representantes en la Cámara Baja gracias a un 33,1% de los votos, por lo que sus expectativas se mantienen en unas cifras muy parecidas a las de la última cita con las urnas.
Los de Feijóo, en todo caso, frenan la tendencia descendente que venían manteniendo en las encuestas desde 2023. En el mes de enero el PP tuvo el porcentaje más bajo, ese 32,2%, en los sondeos según los estudios de Key Data desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales.
Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez tendría según este estudio 111 escaños gracias a un 27,5% de los votos. Los socialistas ganan un punto respecto al estudio de enero y suben 5 escaños, ya que el último Key Data les adjudicó 106 diputados y un 26,5% del total de los votos. Ese era además su peor dato en las encuestas desde los comicios de julio de 2023. En esas elecciones los de Sánchez tuvieron 121 diputados y un 31,7% de los votos. «El PSOE muestra una gran fortaleza», analiza Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, respecto a los datos obtenidos pese a «siete años duros de Gobierno».
Para Álvarez, el sistema de partidos en España «sigue siendo un bipartidismo muy imperfecto». La directora técnica de Key Data apunta a que los dos grandes partidos que han liderado los Gobiernos del sistema democrático nacido de la Constitución de 1978 siguen siendo las opciones preferidas por los electores. Siete de cada diez optan por el PP o el PSOE aunque para formar gobierno suelen necesitar del apoyo de otros partidos de ámbito estatal o nacionalistas.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
Mientras tanto, Vox tendría un total de 60 escaños gracias a un 17,7% de los votos. Es una cifra inferior a la obtenida el pasado mes de enero. El partido que lidera Santiago Abascal tenía entonces 63 escaños y un 17,9%. «Vox parece haber detenido su crecimiento, que parecía imparable tras las elecciones extremeñas y aragonesas pero que se ralentizó en las autonómicas de Castilla y León y en las encuestas publicadas recientemente», destaca Álvarez.
En 2023 el partido de extrema derecha obtuvo 33 escaños y un 12,4%, por lo que ahora estaría cerca de duplicar su representación parlamentaria. Su mejor resultado lo obtuvo en las segundas elecciones de noviembre de 2019, cuando superó el 15% de los votos y consiguió 52 escaños. «Actualmente sus resultados en elecciones autonómicas y en las previsiones de elecciones generales suelen estar entre el 17 y el 18% de los votos, lo que les otorga la llave para formar gobierno», apunta Álvarez.
PP y Vox sumarían mayoría absoluta de forma holgada, con 199 escaños que podrían dar la presidencia del Gobierno a Feijóo. Los dos partidos han sellado en las últimas semanas diferentes pactos autonómicos de coalición en Extremadura y Aragón.
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Tabla de evolución de voto por partidos según los estudios de Key Data.
Sumar y Podemos pierden más de medio punto
En cuarta posición continúa la coalición Sumar. En este estudio se quedan en los 10 escaños y un 6,5%. Los datos indican un ligero retroceso de los socios de coalición del PSOE, que en enero alcanzaron los 11 diputados y un 7,2% de los votos. Por su parte, Podemos tendría 2 escaños gracias a un 3,5%. La fuerza que lidera Ione Belarra retrocede también respecto a enero. En ese estudio las encuestas le daban 3 escaños y un 4,2%.
Son unos resultados muy alejados de lo obtenido en las elecciones generales de 2023. En esos comicios ambas formaciones se presentaron juntas y tuvieron un 12,3% y 31 diputados. «A pesar de perder poco más del 2% de los votos entre los dos, si concurren separados perderán dos tercios de los representantes que consiguieron en julio de 2023″, destaca Álvarez.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de enero
Respecto al resto de partidos, ERC mantendría los 7 diputados que obtuvo en 2023 y su mismo porcentaje, un 1,9%. La fuerza que lidera en el Congreso Gabriel Rufián pierde un diputado respecto al anterior estudio elaborado en enero.
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En Catalunya los sondeos reflejan un retroceso en Junts. El estudio de Key Data indica que el partido que lidera Carles Puigdemont perdería hasta dos escaños respecto a las elecciones de 2023. Se quedarían en 5 representantes en el Congreso y un 1,2%. En enero tenían 6 diputados y este descenso coincide con el alejamiento cada vez mayor del Gobierno de Sánchez.
Las fuerzas vascas, EH Bildu y PNV, mantendrían los mismos 6 diputados que obtuvieron cada uno en el anterior estudio de Key Data. En el caso del partido que ahora lidera Aitor Esteban supondría una subida respecto a los 5 escaños conseguidos en 2023. El BNG, como llevan señalando muchas encuestas en los últimos tiempos, llegaría a los 2 escaños, uno más de los que tiene actualmente en el Congreso. Se Acabó la Fiesta, la candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, se quedaría fuera del Congreso con su 1,9%, aunque mejora en casi medio punto los pronósticos del anterior estudio, en el que tenía un 1,5%.
Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría más de 426.000 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP. El trasvase entre socialistas y extrema derecha es mucho menor, con apenas 182.000 votos. El trasvase más importante, sin embargo, se sigue produciendo entre PP y Vox. Habría más de 817.000 antiguos votantes del PP que optarían ahora por la ultraderecha. Solo alrededor de 199.000 seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
España ha entrado por primera vez entre los 15 países del mundo con mayor gasto militar, según los nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI. El informe sitúa al Estado español en el puesto número 15 del ranking global tras elevar su gasto hasta los 40.200 millones de dólares en 2025, una cifra que supone un incremento del 50% respecto al año anterior y que coloca al país dos posiciones por encima de la que ocupaba en 2024.
El salto no es menor. En términos de Producto Interior Bruto, España habría alcanzado una carga militar del 2,1% del PIB, superando por primera vez en décadas la barrera del 2% que la OTAN venía reclamando a sus Estados miembros. El SIPRI vincula este crecimiento al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Gobierno en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese ejercicio.
La entrada de España en este grupo de países se produce en un contexto de rearme acelerado en Europa, marcado por la guerra en Ucrania, la presión de la OTAN y el giro estratégico de la Unión Europea hacia una mayor autonomía militar. A escala mundial, el gasto militar alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, un 2,9% más en términos reales que en 2024, encadenando así el undécimo año consecutivo de aumentos.
El rearme europeo empuja a España al club de los grandes gastadores
El ascenso español en la clasificación llega después de años en los que Madrid figuraba entre los socios de la OTAN con menor gasto militar en relación con su PIB. En 2025, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez aceleró los plazos y anunció que España cumpliría ese mismo año el objetivo del 2%, que inicialmente estaba previsto para 2029. La decisión supuso un aumento de 10.500 millones de euros destinado a telecomunicaciones, ciberseguridad, equipamiento militar, mejora salarial y ampliación de efectivos.
El cambio de ritmo coloca a España junto a potencias consolidadas del gasto militar. Según la clasificación recogida por el SIPRI, Estados Unidos continúa liderando el ranking mundial, seguido por China y Rusia. Alemania, India, Reino Unido, Ucrania, Arabia Saudí, Francia, Japón, Israel, Italia, Corea del Sur y Polonia completan la lista antes de España. En conjunto, los tres primeros países —Estados Unidos, China y Rusia— concentraron el 51% del gasto militar mundial en 2025.
Para España, el dato tiene una lectura política de primer orden. El Gobierno defiende que el aumento responde a un escenario internacional más inestable y a la necesidad de modernizar capacidades estratégicas. No obstante, el salto en gasto militar llega en plena discusión sobre las prioridades presupuestarias del país y abre un debate incómodo para el Ejecutivo de coalición: hasta qué punto el incremento en defensa puede convivir con el refuerzo del Estado del bienestar, la vivienda, la sanidad o la educación.
La cuestión no es solo contable. El gasto militar español ha aumentado un 122% en la última década, según los datos difundidos a partir del informe del SIPRI. Ese crecimiento refleja una tendencia sostenida, pero el dato de 2025 marca un punto de inflexión por la magnitud del incremento anual y por el impacto simbólico de entrar en el top 15 mundial.
El avance de España coincide, además, con una subida generalizada en Europa. El SIPRI señala que el gasto militar europeo creció un 14% en 2025, impulsado tanto por los países de la OTAN como por el esfuerzo bélico de Rusia y Ucrania. La invasión rusa de Ucrania sigue actuando como principal argumento político para justificar la escalada presupuestaria, pero también ha servido para consolidar un consenso cada vez más amplio en Bruselas sobre la necesidad de aumentar la inversión en defensa.
Ese consenso, sin embargo, no elimina las tensiones internas. En España, el aumento del gasto militar ha generado resistencias en sectores de la izquierda y del movimiento pacifista, que cuestionan que la seguridad se mida principalmente en términos de rearme. Frente al discurso gubernamental de la “autonomía estratégica” y la protección ante amenazas híbridas, estas voces advierten del riesgo de normalizar una carrera armamentística con consecuencias presupuestarias y geopolíticas de largo alcance.
La fotografía que deja el SIPRI es clara: España ya no aparece en la periferia del gasto militar global, sino dentro del grupo de los principales países inversores en defensa. Lo hace en un momento en el que la seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política europea y en el que la presión de la OTAN se traduce en compromisos presupuestarios cada vez más ambiciosos.
La entrada en el top 15 supone, por tanto, mucho más que una subida en una tabla internacional. Es la confirmación de un giro estratégico: España ha decidido acelerar su rearme y situarse entre los grandes actores del gasto militar mundial. La incógnita, a partir de ahora, será si ese nuevo papel se consolida como una política de Estado o si abre una brecha política y social en torno a una pregunta de fondo: qué entiende España por seguridad y cuánto está dispuesta a pagar por ella.
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Pakistán relaja la seguridad cuando se disipa la esperanza de una reunión EE.UU.-Irán
Las autoridades de Islamabad, la capital de Pakistán, han relajado las restricciones de seguridad tras desvanecerse, al menos por ahora, las esperanzas de una segunda ronda de conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán. «Las terminales de autobuses, excepto la de Faizabad, las rutas de transporte, los parques y las rutas de senderismo han reabierto hoy», ha dicho a Efe el portavoz de la policía de Islamabad, Taqi Jawad.
Pakistán acogió la primera ronda de negociaciones entre Washington y Teherán el 11 de abril en Islamabad, lo que supuso las primeras conversaciones directas de alto nivel entre ambos países en 47 años, con Pakistán actuando como mediador. Las delegaciones conversaron durante más de 20 horas en el hotel Serena. Se esperaba que la segunda ronda tuviera lugar en Islamabad durante este fin de semana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, visitó la capital el sábado.
Las autoridades habían impuesto un cierre de seguridad en la ciudad, con las principales carreteras cortadas, el transporte público suspendido y las vías de acceso al Serena completamente cerradas, donde ya se alojaba un equipo de seguridad de avanzada de EE.UU. La reapertura parcial supone un retorno a la normalidad en la capital, aunque siguen vigentes algunas restricciones en la Zona Roja de Islamabad y sus alrededores, donde se encuentran instalaciones gubernamentales clave y centros diplomáticos. El acceso al Hotel Serena sigue restringido al público en general.Foto: Aamir QURESHI/AFP
Foto: Aamir QURESHI/AFP