Los sondeos publicados después del verano reflejan una tendencia clara respecto a la disputa entre PP y Vox. El partido que lidera Santiago Abascal no deja de crecer y se afianza de manera estable en la tercera posición de las encuestas. Vox le roba prácticamente tres puntos a la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo. Los populares, en todo caso, continúan en la primera posición aunque con el peor resultado desde abril de 2023. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez frena su caída y se encontraría a cinco puntos del PP.
Así lo reflejan los datos del último estudio de Key Data para Público, elaborado el 16 de octubre. Como primera fuerza se mantiene el PP, con un 32,3% en intención de voto, lo que supondría 139 escaños. Supone una pérdida relevante respecto al último estudio, publicado en junio. Concretamente el partido de Feijóo pierde 2,8 puntos y 14 escaños en los últimos meses.
Estos datos indican la tendencia a la baja de Feijóo, ya que ese 32,3% es el porcentaje más bajo del PP en los sondeos desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ese mes la intención de voto de los populares era de un 31,1%. Hay que recordar que en las elecciones del 23 de julio de 2023 su resultado fue muy similar al que le otorgan los sondeos actuales. La candidatura de Feijóo consiguió un 33,1% y 137 escaños.
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«Los datos están por debajo de sus previsiones de antes del verano.
Parece que le cuesta transmitir un proyecto claro e ilusionante que impida la
fuga de votos hacia Vox, partido que no gobierna y que tiene un discurso más
radical en temas como la inmigración o el aborto», reflexiona Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
En paralelo, Vox sube con fuerza y llega al 17,1% con una proyección de 59 escaños. Supone una subida respecto al mes de junio de 2,4 puntos y 13 escaños. Se trata del quinto mes consecutivo en los que la fuerza que lidera Abascal aumenta de manera progresiva sus porcentajes de intención de voto. En mayo los sondeos le otorgaban un 13,7%.
«Las
democracias occidentales viven un momento de auge del populismo y desafección con los partidos sistémicos. Nuestro sistema de partidos, con algo
de retraso, no es ajeno a esta tendencia.
Vox
crece de forma importante», señala Álvarez.
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Para la directora técnica de Key Data, «la
polarización política, otra tendencia actual, dificulta el trasvase de votos
entre bloques». Álvarez argumenta que las personas que se situaban en el centro del espectro político
y votaban PSOE o PP, dependiendo de la gestión y las propuestas, son cada vez
menos. «Por ello el ascenso de Vox complica las expectativas del PP,
especialmente entre los votantes más jóvenes y los más receptivos a mensajes
antisistema», afirma.
Vox, recuerda Álvarez, estuvo un año sin apenas asegurar sus escaños de
julio del 2023. «Pero tras la victoria de Donald Trump ha ido ganando espacio
favorecido por el éxito global de las opciones de extrema derecha, la falta de
acierto en las propuestas del PP y la conveniencia que para determinados
sectores tiene el crecimiento de los de Abascal», añade al respecto. En este contexto, la suma de PP y Vox en una hipotética investidura alcanzaría una cifra más que suficiente con 198 escaños (la mayoría absoluta está en 176).
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Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data.
El PSOE resiste
En cuanto al PSOE, el partido que lidera Pedro Sánchez se recupera ligeramente respecto al anterior estudio. En julio, con las primeras encuestas publicadas tras el caso Cerdán, que desembocó en el encarcelamiento del ex secretario de Organización socialista, obtenían un 26,3% en estimación de voto y 108 escaños. Este mes de octubre suben un punto, hasta el 27,3%, lo que supondría 111 escaños.
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«El PSOE sigue haciendo gala de fortaleza«, destaca Álvarez. En todo caso mantiene una cifra insuficiente para formar gobierno con sus habituales aliados parlamentarios debido principalmente a la pujanza de Vox y al descenso de Sumar.
El espacio de Yolanda Díaz, socios de coalición de los socialistas, se queda en un 6,2% y tan solo 9 escaños. Unas cifras que reflejan un retroceso respecto al anterior estudio de Key Data. En julio las encuestas predecían un 6,6% y 10 diputados en el Congreso. En las elecciones de 2023, donde Podemos se presentó en la misma candidatura, Sumar llegó a 31 escaños gracias al 12,3% del voto.
La fuerza morada liderada por Ione Belarra, ya consolidada como ajena a Sumar, también muestra un ligero descenso. El estudio de Key Data señala que tendrían un 4,2% y 3 escaños. Son 0,4 puntos menos que en julio y un representante menos. En conjunto, la izquierda alternativa al PSOE se deja desde 2023 en estos momentos un total de 19 escaños pese a perder apenas dos puntos. Su división les penaliza en el reparto de escaños por el funcionamiento del sistema electoral.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de octubre.
Respecto al resto de partidos con representación parlamentaria, las encuestas apenas reflejan variaciones de relevancia. La sexta fuerza es ERC con 7 escaños, los mismos que tiene en la actualidad. El porcentaje de voto, 1,8, se mantiene estable desde el mes de julio.
El agitador y actual eurodiputado Alvise Pérez anunció hace unos días que se presentará a las próximas generales con su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF). Pese a que experimenta una ligera subida en intención de voto, pasando del 1,4% al 1,6%, los sondeos no le otorgan representación parlamentaria.
Junts per Catalunya tendría un 1,5% y 6 escaños, uno menos que los obtenidos en 2023. EH Bildu mantiene sus resultados electorales de hace dos años, con un 1,4% y otros 6 diputados. Por su parte, el PNV podría subir un escaño y pasar de los 5 actuales a los 6. Una situación similar a la del BNG, que podría alcanzar los 2 diputados en el Congreso.
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría 496.888 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP y más de
273.000 llegarían a los populares desde la abstención. Por su parte, habría más de 1.065.000 de antiguos votantes del PP que optarían ahora por Vox y solo alrededor de 203.000 que seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El
déficit de viviendas –más de 500.000, según el Banco de España– y la cada vez
mayor demanda de pisos para arrendar, con la consiguiente subida histórica de
las rentas, hacen del alquiler un suculento negocio. Tanto como para que Alquiler
Seguro, un grupo dedicado, en principio, a la gestión de los arrendamientos, decida convertirse en propietario. Lo hizo ya en 2016, cuando creó su primera
socimi, Quid Pro Quo Alquiler Seguro, que comenzó a cotizar en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) dos años después. Pero la empresa que ahora preside
Antonio Carroza ha llegado a tener hasta tres de estos vehículos de inversión
colectiva inmobiliaria, un sector vigoroso en España, el país europeo con más
socimis: 156 cotizan en los diferentes mercados –continuo, BME Growth y BME
Scaleup, Euronext y Portfolio–.
Una socimi es un tipo de sociedad que invierte en inmuebles urbanos para alquilarlos. No paga impuesto de sociedades, aunque sí debe tributar –un 19%– por sus dividendos. Y está obligada a salir a Bolsa.
El
negocio está atomizado –en Reino Unido cotizan sólo 42 de estas sociedades,
llamadas REIT, aunque su tamaño es mucho mayor–, pero ofrece una rentabilidad
lo bastante tentadora como para atraer a Luka Modric y Luis Enrique –Telco
Building– o a Leo Messi –Edificio Rostower–. Además, el sector se ha probado
inmune al anuncio –no cumplido– del Gobierno de cambiar su ventajoso régimen fiscal: en lo que va de año han empezado
a cotizar en España nueve socimis más. Pero se prevé que superen la veintena. El
conjunto de las españolas suma una capitalización cercana a los 25.000 millones
de euros, según las últimas cifras publicadas por la European Public
Real Estate
(EPRA), la asociación europea de empresas cotizadas del sector inmobiliario.
Por dar una idea de cómo está configurado el mercado español, las 42 socimis
cotizadas británicas suman una capitalización de 60 millones de euros, casi
tres veces más que las 156 españolas.
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Además,
el margen de mejora es amplio, si se tiene en cuenta que sólo el 4% de las
viviendas residenciales está en manos de socimis, según el Banco de España.
Estas sociedades son parte activa en la profesionalización de un mercado que
aún acaparan los particulares, pero donde han irrumpido con fuerza las inmobiliarias.
Con Alquiler Seguro en una posición más que destacada.
Ésta es la sexta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
Quid Pro Quo,
una rentabilidad bruta del 34,3%
La
apuesta de Alquiler Seguro por convertirse en casero se sustanció en junio de 2023,
cuando vendió Quid Pro Quo a otra socimi más grande, Ktesios, por 13 millones
de euros. Consiguió una plusvalía de 636.448 euros, según apuntó en sus cuentas
del pasado ejercicio. La empresa se desprendió de la propiedad, pero retuvo la
gestión operativa –lo que en la jerga del sector se llama property management–
de la cartera de 144 viviendas que le había vendido a Ktesios y que esta
socimi, propiedad del ejecutivo colombiano Henry Noel Gallego Grajales a través
de la sociedad luxemburguesa RKS Real Estate, había traspasado a una
filial, RKS Asset Management SLU. Ese
contrato tenía inicialmente una duración de 10 años, pero fue resuelto
de forma anticipada en julio de 2024.
Quid
Pro Quo había sido todo un éxito, con una rentabilidad bruta del 34,3%, tal y
como se ocupó de destacar la empresa cuando hizo pública la venta. La
operación, además, estaba lejos de ser una retirada. Al mismo tiempo, Alquiler
Seguro anunció que lanzaba otra socimi, Alquiler Seguro Asset Management, en
principio con sólo 16 viviendas. En diciembre de 2024 empezó a cotizar en BME
Scaleup, un mercado pensado para empresas en desarrollo temprano y con un
modelo de negocio escalable.
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Para
entonces, ya se había rebautizado como Alquiler Seguro Asset Market y su
cartera había crecido hasta las 38 viviendas, valoradas en 7,2 millones de
euros. A día de hoy, es propietaria y alquila un total de 54 inmuebles, por
importe de 8,8 millones de euros, según explica la empresa a preguntas de Público.
Entre junio y agosto de este año, ha comprado 12 viviendas, por las que ha
pagado 1,02 millones de euros. La operación la ha financiado con un préstamo de
3,5 millones de euros que le ha concedido Deutsche Bank y para el que han
servido como garantía otros 37 inmuebles de la socimi.
La
tercera socimi del grupo inmobiliario se llama Madrid Yield Rent Socimi SAU, creada
en el mismo año 2024 con un capital de 60.000 euros y que aún no ha empezado a
operar. La empresa no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado
qué va a distinguir la operativa de esta socimi de la que ejecuta Alquiler
Seguro Asset Market.
Un anuncio de alquiler de viviendas en Barcelona, una de las ciudades donde más inmuebles arrienda Alquiler Seguro.
Pequeña y centrada en viviendas asequibles
Alquiler Seguro Asset Market es una socimi pequeña. Con sus 6,9 millones de euros de
capitalización está lejos de Ktesios, que cuenta con una cartera de 1.200
viviendas y cuyo valor de mercado asciende a 55 millones de euros. Mucho más lejos
aún está de los 694,6 millones de Helios Re Socimi, la antigua Lar España, que
encabeza la clasificación de BME Scaleup y se especializa en gestionar centros comerciales.
La distancia ya es sideral con GMP Property Socimi, dueño del Parque
Empresarial Castellana Norte, en Madrid, y líder de BME Growth con una
capitalización de 1.233,5 millones de euros. Pero la socimi número uno de
España es Merlin Properties, uno de los grandes del Ibex 35, que tiene un valor
de mercado de 7.633 millones de euros.
A
diferencia de las anteriores, la socimi de Alquiler Seguro se centra en «viviendas
de alquiler accesible» en zonas de gran demanda de Madrid, Barcelona, Asturias
o Murcia, así como en áreas metropolitanas como Sabadell, Hospitalet, Aranjuez,
Alcalá de Henares… Su precio medio no supera los 184.460 euros, aunque tras
revalorizarse un 38% sobre el precio de compra en dos años. De los inmuebles que
aparecen en sus cuentas de 2024, el más caro es uno situado en la calle de
Alberto Alcocer de Madrid, valorado en 591.216 euros, y el más barato, uno en
la calle Mare de Deu del Corredor, en Mataró (Barcelona), tasado en sólo 63.900
euros. Tienen una media de dos dormitorios y sus inquilinos pagan una renta media
de alquiler de 749 euros al mes, «un 32% por debajo del promedio nacional»,
asegura la empresa. Los contratos duran de media 2,9 años. Estos datos proceden
de la presentación que la inmobiliaria hizo en el Foro Medcap, organizado por
Bolsas y Mercados Españoles (BME) y que reunió a inversores europeos el pasado
mes de mayo. La socimi estaba interesada en promocionarse ante posibles
inversores porque, dos semanas antes, el consejo de administración de Alquiler
Seguro, su accionista único, había aprobado una ampliación de capital por
importe de 23,72 millones de euros. En julio, la socimi ejecutó un aumento de
capital adicional, de 1,35 millones, suscrito íntegramente por Alquiler Seguro mediante
la compensación de un crédito que le había concedido en 2023.
La
inmobiliaria no sólo es, de momento, el dueño al 100% de la socimi, sino que
también gestiona el alquiler de sus 54 viviendas, su especialidad. Alquiler
Seguro Asset Market tiene suscrito un contrato con Orange Town Asset Management
SL como gestora de su cartera, por el que le paga 33.198 euros más IVA. Y ésta,
a su vez, firmó otro contrato de property management con Alquiler
Seguro, para que le gestione «el día a día» de los inmuebles arrendados. Le
hace un descuento del 50% en sus honorarios hasta que la socimi cuente entre
sus accionistas con capital externo. Los administradores de la gestora Orange
Town Asset Management también son Antonio Carroza y Sergi Gargallo, presidente
y vicepresidente de Alquiler Seguro. Desde el pasado mes de junio, Carroza preside
la socimi, en sustitución de Gargallo, que igualmente era su consejero
delegado. En el consejo entraron entonces dos directivos del fondo de inversión
Aurica, propietario del 49% de la matriz de Alquiler Seguro, Enacom: Martín
Vargas Beato y Pablo Pérez Caldaya. Los cuatro consejeros han renunciado a sus 24.000
euros de remuneración anual hasta que la socimi reparta dividendos por primera
vez.
En
junio, además, dimitió como consejero Ramón Gayol Pintado, al que la socimi
pagó 34.000 euros para que su asesoría, AllOut Advisory, diseñara el plan
estratégico de crecimiento de la sociedad y buscara tanto nuevos socios
capitalistas como nuevas viviendas para poner en alquiler. A la firma del
contrato de asesoría, el consejo de administración había concedido a Ramón Gayol una «dispensa» de las prohibiciones que establece la Ley de Sociedades, porque de otro modo
esa transacción podía suponer un conflicto de interés.
Un algoritmo para poner precio a los alquileres
En
un informe anexo a las cuentas de 2024, la socimi explica que busca crecer comprando
viviendas en distritos y barrios considerados como prime yield, «ubicaciones
consolidadas y bien comunicadas, propias de un estrato social medio», que le
aseguren «una alta y constante generación de rentas». Y que no rechaza los inmuebles procedentes de la reestructuración bancaria ofertados por la Sareb, el banco
malo. También mira fuera de España. En concreto, ha puesto los ojos en Portugal.
Allí Alquiler Seguro funciona con la marca Aluga Seguro.
En
general, su objetivo declarado es comprar viviendas que le garanticen un 5% de
rentabilidad anual y venderlas sólo cuando la operación le reporte un mínimo
de 10.000 euros de beneficio. Para optimizar la rentabilidad, Orange Town, la
gestora de Alquiler Seguro, recurre a diversas herramientas informáticas. En su presentación a futuros inversores presume de utilizar un algoritmo
que, cruzando «de forma automática» oferta y demanda, «detecta lo que un potencial
inquilino estaría dispuesto a pagar».
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid acaba de renovar este mismo mes el
convenio de colaboración que firmó hace un año con la Fundación Alquiler Seguro
para crear el Observatorio del
Alquiler, un centro de estudios sobre el mercado del arrendamiento de
viviendas. En virtud del acuerdo, tres profesores de la URJC han publicado a lo
largo de 2025 un Barómetro del
Alquiler trimestral, un informe anual detallado y análisis
basados en los datos que les proporciona la propia fundación, así como otras
instituciones y empresas que se han adherido al Observatorio, como la Sociedad de Tasación, la socimi social Tutechô o Residelia,
una empresa de software as a service que digitaliza procesos de gestión
inmobiliaria.
Para
el nuevo año, el equipo va a cambiar: se ha quedado sólo el investigador
principal de la URJC y profesor de Economía Aplicada Fernando Pinto Hernández, y
se ha añadido el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Emilio
Martínez Gutiérrez. El resto del grupo de investigación lo integran tres
directivos de Alquiler Seguro: Alberto Alonso Sánchez, también patrono de la
fundación y director de Estrategia de la inmobiliaria; Gerardo Neistat, su director
de Comunicación, y Sergio Cardona, jefe de estudios de la empresa y director de
su filial tecnológica, Anexia.
Ésta es la quinta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
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La
colaboración con las dos universidades es del tipo estándar que permite el artículo 60 de la Ley Orgánica
del Sistema Universitario (LOSU): los profesores pueden firmar contratos
con empresas para hacer trabajos de carácter científico. La empresa paga a la
universidad a cambio de esa dedicación. Según consta en el contrato firmado por la URJC –remitido por su Portal de Transparencia–, la Fundación Alquiler Seguro se comprometió a pagar 3.000 euros y 1.500 euros más cada trimestre, más el IVA correspondiente. Es decir, un total de 10.890 euros, incluido el 21% de IVA. La universidad retiene un porcentaje de esa cuantía en concepto de gastos generales. En el presupuesto de 2024, la URJC tenía previstos unos ingresos procedentes de los contratos firmados al amparo del artículo 60 de
5,2 millones de euros. En el plan de actuación de la fundación para 2025, la cantidad consignada se ha elevado a 17.332
euros.
El Barómetro trimestral del Observatorio que muestra la presión del alquiler, el número de personas interesadas en una vivienda en un plazo de 10 días.
La Ley de Vivienda «sobreprotege» al inquilino
Alquiler
Seguro resalta que el Observatorio es un centro de estudios «independiente»,
que pertenece a la fundación, no a la empresa. Su finalidad es «ofrecer
información rigurosa», para la toma de decisiones «tanto para la fundación como para los responsables políticos y los profesionales del sector», establece el contrato con la URJC. De hecho, en la memoria de la fundación se puede leer que
la vivienda «no es sólo un bien económico, sino también un componente
fundamental del bienestar social y la estabilidad financiera de las personas y
las familias».
En
el anuario del Observatorio se han reunido algunos de los estudios publicados hasta
ahora. Desde una explicación de las políticas de vivienda de Viena –»Viena
triunfa mientras el intervencionismo del alquiler en Europa fracasa»– y un análisis
del sinhogarismo, hasta informes sobre el alquiler turístico y el esfuerzo
económico de los inquilinos –un 34,2% de sus ingresos, calcula– para pagar la
renta. El último informe, de este mismo mes, es un ranking autonómico en el que Cataluña y País Vasco figuran como los farolillos rojos con el mercado de
alquiler más desequilibrado. El Observatorio echa la culpa a la declaración
de zonas tensionadas, en la que ambas comunidades autónomas han sido «pioneras».
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En
el mismo anuario, el director de la fundación y coordinador del equipo investigador
del observatorio, Alberto Alonso, no escatima críticas a la Ley
de Vivienda. A su juicio, «ha desamparado a los inquilinos», al obligar a
las inmobiliarias a cobrar los honorarios de gestión del alquiler al casero. El
Ministerio de Consumo ha abierto expediente a Alquiler Seguro por obligar a los
arrendatarios a pagar un contrato de servicios que, en realidad, según
denuncian las organizaciones de consumidores, son los mismos honorarios que
antes les cobraba, pero camuflados. «La
nueva Ley de Vivienda«, destaca el coordinador del Observatorio, «ha venido
a perpetuar y acrecentar los miedos del propietario«, puesto que «impone una sobreprotección al inquilino«, definiendo «una relación marcadamente favorable
a este último». Para «compensar las amenazas percibidas a las que se exponen» si
quieren alquilar sus pisos, los propietarios están subiendo los precios, se
niegan a invertir en arreglarlos o los dejan vacíos, asegura Alberto Alonso.
«La empresa no nos pone ninguna presión»
El
profesor de la URJC Fernando Pinto defiende la independencia de su trabajo para
el Observatorio. «La empresa no nos pone ningún tipo de presión ni nos dice lo
que tenemos que decir», responde a Público. Los temas de los estudios, «concisos, de
cuatro o cinco páginas», se eligen entre todos los miembros del equipo. Algunos
se enfocan según los resultados del Barómetro Trimestral del Alquiler. La
inmobiliaria tampoco supervisa los informes una vez redactados. «Además», subraya, «tengo un prestigio como investigador, no hago caso a nadie, tengo mi criterio
y soy un investigador bastante estricto». «Digo lo que me dicen los datos»,
zanja.
Fernando
Pinto entiende que sus resultados puedan ser «criticables», porque los datos
con los que cuenta no son representativos del 100% del mercado –»es imposible»,
precisa–, «pero entre lo que hay, nuestro trabajo es de lo más solvente». En
concreto, cifra sus datos en un 85% de la cuota del mercado de alquiler, pero
promete «una mejora sustancial» para este año gracias a la incorporación de Residelia.
Esos datos sobre los que trabaja son los registros de Alquiler Seguro, “un track
record [historial] de más de 17 años”, explica Alberto Alonso en el
anuario, que va más allá del precio de la renta e incluye información sobre «toda
la vida del alquiler».
Pinto
resalta también que utiliza las ponderaciones de las encuestas del Instituto Nacional
de Estadística (INE) y que sus resultados no difieren de los datos y tendencias
revelados por la Encuesta
de Condiciones de Vida, por ejemplo. «Al Gobierno le sorprendían [los resultados]
al principio, pero ahora incluso utiliza nuestros datos». «También le hemos
explicado al Ministerio de Vivienda lo que hacemos», añade. «Todos los hacedores
de políticas públicas están en contacto con el Observatorio y tienen en cuenta
nuestros datos». El informe anual, establece el contrato con la URJC, añade al análisis exhaustivo del mercado del alquiler una serie de «recomendaciones estratégicas». La difusión de los estudios del Observatorio en la prensa suele ser amplia.
El
profesor de la URJC dice ser «consciente de la imagen» que tiene Alquiler
Seguro, pero recalca que el Observatorio no tiene «nada que ver» con la
empresa. «En definitiva, se trata de oferta, demanda y precios; para mí,
obviedades. Recabamos datos y hacemos análisis econométricos», resume.
Alquiler
Seguro redondeó su perfil de gran grupo inmobiliario creando en 2019 una fundación con su nombre. Apoyada en una dotación inicial de 30.000 euros, tiene
como fines no sólo «el fomento y la protección, a través del alquiler, del derecho
constitucional de disfrutar de una vivienda digna y adecuada». En concreto,
busca proteger a personas «con dificultadas de cumplir con sus obligaciones
para disponer de una vivienda digna» e incluso «sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía sobre los problemas de este colectivo». «Nuestra misión principal es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo viviendas y
medidas de apoyo que les permitan mejorar su calidad de vida», recalcan en su
última memoria. Es decir, a quienes la inmobiliaria nunca alquilaría uno de sus
pisos, ni jamás conseguirían la etiqueta de «inquilino perfecto» de cuya
búsqueda hace gala la empresa.
Del
alquiler como negocio, que ha convertido a la empresa en un caso de éxito, al
alquiler como «derecho fundamental para todos los ciudadanos sin importar su origen,
género, edad, orientación sexual, capacidad o cualquier otra característica que
los distinga».
Sus
patronos son el presidente y vicepresidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza
y Sergi Gargallo, y el director de Estrategia de la inmobiliaria, Alberto
Alonso Sánchez. Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Justicia, pero hasta el pasado septiembre no había depositado en su patronato ni
las cuentas anuales ni ningún plan de actuación, según informa el propio departamento
a preguntas de Público.
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Sí
que ha colgado en su página web la memoria de 2024 y el plan de actuación para
este año. El pasado mes de marzo aprobó un código ético y otro de buen gobierno,
donde precisa que sus líneas de actuación son dar acceso a una vivienda a personas
en riesgo de exclusión social y proporcionar «información de interés a la sociedad» a través del Observatorio del Alquiler, un centro de investigación que elabora
estudios sobre el mercado de los arrendamientos. Para cumplir con estos fines, cuenta
como fuentes de financiación, además de las subvenciones públicas y privadas,
las donaciones y aportaciones de particulares, y los ingresos derivados de «alianzas
con propietarios o entidades». De hecho, la fundación se compromete a «fomentar
la participación» de dueños de viviendas en «programas de alquiler solidario,
ofreciendo garantías y beneficios para facilitar su implicación».
Ésta es la cuarta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar la primera entrega].
Colaboración con socimis solidarias
En
2024, tuvo unos ingresos de 85.346,15 euros, de los que el 93,7% eran fondos
propios y sólo 5.394 euros procedían de donaciones. Este año, según consta en
su plan de actuación, prevé unos ingresos de 179.000 euros, de los que 175.000 corresponden
a aportaciones privadas, y 3.000 euros están etiquetados como “otro tipo de
ingresos” –los 1.000 restantes provendrán de actividades mercantiles–. Alquiler
Seguro no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado cuál es el
origen de esas aportaciones privadas.
Según
la memoria, el año pasado empleó esos 85. 346,15 euros en tramitar 72 ayudas,
que beneficiaron a 186 familias a través de siete proyectos. Uno de ellos se
basa en la «alianza estratégica» que ha firmado con dos socimis solidarias, o
socimis con fines sociales, Tutechô y Primero H.
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Con
la primera, explica la empresa, tiene un acuerdo de colaboración para erradicar
el sinhogarismo en España. La fundación ofrece «soluciones habitacionales» y «acompaña» a personas sintecho. «La fundación se esfuerza, además, en denunciar la situación
de las personas afectadas por el sinhogarismo mediante la publicación de
informes que apuestan por una decidida política social«, añade Alquiler Seguro.
Con la segunda, firmó otro acuerdo en septiembre de 2022 para «financiar los servicios
de gestión de sus inmuebles, destinados a personas sin hogar o en riesgo de exclusión
social».
El cartel de la obra de teatro ‘Se alquila’, cofinanciada por la Fundación Alquiler Seguro.
En
2024, la fundación también colaboró con la Federación Española de Bancos de Alimentos
(Fesbal) en una recogida masiva de comida de la que se beneficiaron 63
personas. Otras 19 familias disfrutaron de un «espacio multiusos» creado junto con
la Fundación Tengo Hogar. También hizo donaciones de materiales y herramientas para
los damnificados de la DANA de Valencia. Voluntarios de la fundación viajaron hasta
la frontera con Ucrania cuando fue invadida por Rusia para trasladar a España a víctimas
de la guerra. Y 75 empleados de la inmobiliaria «se involucraron de manera activa» en la compra solidaria de regalos de Reyes Magos con Mensajeros de la Paz.
‘Se alquila’, una comedia financiada por una inmobiliaria
Además,
la fundación coprodujo una obra de teatro titulada Se
alquila, una comedia «delirante» –dice su promoción– sobre un actor en paro
que pone en alquiler una de las habitaciones de su vivienda y hace pasar por un
test de seis preguntas a un candidato a compañero de piso, un hombre en la sesentena
que quiere ser pintor. Uno de los protagonistas es Agustín Bravo, presentador
de televisión que fue durante años la cara visible de las campañas de publicidad
de Alquiler Seguro. Además de aparecer en sus anuncios, cada
mes buscaba el “inquilino perfecto” entre los miles de clientes de la
inmobiliaria, y al elegido se le regalaba un mes de renta. En mayo de 2022 ofició
el acto de presentación en sociedad de la fundación, adonde acudieron la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el diputado del PP Guillermo Mariscal.
Su
antagonista en el escenario es otro presentador de televisión Andoni
Ferreño, también director de la obra. El hijo de Ferreño, Gonzalo, ha escrito
el texto y su hermano Alberto se ha encargado de los decorados. Se alquila
se ha representado en el Teatro Bellas Artes de Madrid este mes de agosto, pero además ha pasado por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid durante todo
el año y el próximo 8 de noviembre se verá en Boadilla del Monte. También ha llegado
a Algeciras (Cádiz) y San Sebastián.
Además
de cofinanciar la obra de la productora Cabaret 42 Producciones, la fundación
recaudó fondos para fines sociales vendiendo entradas de fila cero –se compra
una entrada, pero no se asiste a la representación y el importe se destina a un
fin benéfico–.
Becas y viviendas compartidas
Este
año, la fundación tenía previsto dedicar 40.600 euros al Proyecto Hogar, con
el que quiere dar «ayuda económica y material» a 10 personas «con dificultades
para pagar el alquiler», además de proporcionarles «acompañamiento social
personalizado» a través de trabajadores sociales. El Proyecto Raíces incluye una beca de estudios y clases de apoyo a 10 menores para reducir el abandono
escolar. Mi Lugar Seguro tiene presupuestados 15.000 euros para proporcionar
una vivienda de dos dormitorios a familias que necesiten desplazarse para dar
tratamiento médico a sus hijos en un hospital. El Proyecto Genera Convivencia consiste
en gestionar 30 viviendas compartidas, haciendo de intermediaria entre una
persona mayor que disponga de una habitación y un joven que la necesite. Finalmente,
la fundación planeaba volver a firmar acuerdos de colaboración con las dos
socimis sociales, Tutechô y Primero H. por importe de 42.484 euros.
Alquiler
Seguro no ha contestado a la pregunta de Público sobre si la fundación
no es un intento por mejorar su imagen, enfocada en la protección de los
propietarios a expensas de los inquilinos.
Las kufiyas volvieron a llenar las calles mientras miles de pancartas y banderas palestinas ondearon este miércoles en diferentes puntos de España para exigir una paz con garantías en la Franja de Gaza. El alto el fuego no ha frenado las movilizaciones; al contrario, los sindicatos convocantes aseguran que «la protesta es más necesaria que nunca si queremos una paz real y duradera», especialmente después de que Israel haya incumplido el acuerdo y asesinado a al menos ocho gazatíes este martes.
Las protestas se han extendido a más de 40 ciudades españolas, desde Madrid y Barcelona hasta València, Bilbao o Pamplona, entre otras.
La jornada en Catalunya ha estado marcada por incidentes desde primera hora de la mañana, con cortes en la Zona Franca y la ronda Litoral. Los Mossos d’Esquadra intervinieron con cargas para dispersar a las 7.300 personas que intentaban avanzar hacia la estación de Sants. En paralelo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona bloquearon los accesos al campus con barricadas improvisadas de contenedores. Mientras que en Girona, más de 400 manifestantes interrumpieron durante varios minutos la circulación ferroviaria al ocupar las vías de un tren convencional.
Un contenedor quemado en el que han pintado ‘free gaza’, en Barcelona.
La convocatoria fue un éxito en Barcelona donde las movilizaciones tomaron las calles en dos grandes oleadas. Al mediodía, más de 7.000 personas -en su mayoría estudiantes- marcharon desde la plaza Universitat hasta la plaza de Sants. Horas más tarde, al menos 15.000 manifestantes, según el recuento de la Guàrdia Urbana, partieron del mismo punto en dirección al Consulado de Israel, donde se concentraron rodeando la zona.
Mientras que en Madrid alrededor de 11.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a las 19.00 horas en un recorrido desde la Estación de Atocha hasta la plaza de Callao. Los cánticos de «¡Gaza aguanta, el mundo se levanta!» y «No es una guerra, es un genocidio» resonaban entre la multitud, mientras numerosas pancartas reclamaban el reconocimiento internacional del Estado palestino y el juicio a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
La manifestación en apoyo a Gaza en Madrid
«Es más importante que nunca que la movilización y la presión social continúe y que este tsunami de solidaridad que se ha levantado en todo el mundo en contra del genocidio continúe, especialmente ahora que nos están intentando vender de una forma vomitiva un acuerdo de paz que no va a traer ni paz, ni justicia, ni libertad para Palestina. Este plan de paz es una farsa, el único camino para la libertad del pueblo palestino es seguir presionando y movilizando«, denunció Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes, a Público durante la manifestación.
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La convocatoria también ha tenido un amplio seguimiento en Euskadi con cerca de 100.000 personas -52.000 manifestantes en Bilbao y en torno a 20.000 en Gasteiz y Donostia, según los sindicatos-. La huelga también ha sido un éxito en los tres campus de la Universidad del País Vasco (EHU) por parte del estudiantado, profesorado y personal administrativo con un seguimiento del 40%, según informa Cadena Ser.
En Pamplona, 10.000 personas según la Delegación del Gobierno, han participado en la manifestación convocada por los sindicatos UGT, CCOO, LAB, Steilas, CGT, Solidari, ESK e Hiru, bajo el lema «Stop genocidio. Langileok Palestinarekin» («Trabajadores con Palestina»).
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Unas 300 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se han manifestado en València y cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, han recorrido las principales calles de Valladolid para reclamar el «fin inmediato de la violencia».
Varias personas durante una manifestación a favor de Palestina, en València,
Además, este miércoles se registraron cuatro concentraciones en los alrededores del Roig Arena, donde el Valencia Basket se enfrentaba a las 20.30 horas al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. Las protestas derivaron en al menos dos personas detenidas y una manifestante herida en la cabeza, tras intentar un grupo cortar el tráfico en señal. De forma similar, varios colectivos propalestinos intentaron bloquear los accesos al Nou Congost para impedir la llegada del Hapoel Jerusalén, que se medía al Baxi Manresa en Catalunya. Ambos encuentros se disputaron finalmente sin público, siguiendo las recomendaciones de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno.
Jornada de huelga y paros
La jornada de huelga y movilizaciones, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, se extendió a trabajadores, trabajadoras y estudiantes desde la ESO en adelante, estableciéndose los servicios mínimos en transporte, sanidad y educación. Los secretarios generales de las organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han emplazado este miércoles a los trabajadores a mantener la presión para «acabar con el genocidio que ha pretendido exterminar al pueblo palestino» durante la concentración a las puertas del Hospital Niño Jesús de Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed.
«Si se ha paralizado la matanza tiene que ver con que se estaba empezando a aislar al Estado de Israel (…) No se puede ceder en la presión. Este acuerdo, que llamaría un alto al fuego y nada más, es poco más que dejar de asesinar. Ya se está incumpliendo la entrada acordada de ayuda humanitaria”, ha apuntado Sordo.
Estos sindicatos organizaron paros en los centros de trabajo en turnos de dos horas: de 2.00 a 4.00, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00, que han transcurrido con normalidad. En la redacción de Público, la plantilla ha secundado la convocatoria, participando en los paros de la mañana y la tarde y concentrándose frente al edificio en señal de apoyo a la causa palestina.
Sobre el seguimiento de la huelga general, la secretaria general de CCOO en Madrid, Paloma López, ha detallado, según recoge Europa Press, que el sindicato tiene cifras «variadas» y «la gente ha hecho paros de media hora o de dos horas». Asegurando que «sí ha habido grandísimas movilizaciones y paros en miles y miles de centros de trabajo».
CCOO y UGT denunciaron en sus concentraciones «la ocupación ilegal de territorios palestinos en Gaza y Cisjordania» y «la usurpación de bienes palestinos». Reclaman que el alto el fuego anunciado sea permanente y verificable, que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina y que la reconstrucción de Gaza se oriente a los intereses y necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera. También llaman a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, la prohibición del comercio de armas y el enjuiciamiento de todos los responsables de violaciones de derechos humanos.
El papel del movimiento estudiantil
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga de 24 horas en los institutos y universidades de 40 ciudades españolas con el objetivo de «pararlo todo para parar el genocidio» en Gaza. Según apuntan los organizadores, la huelga estudiantil ha tenido un seguimiento del 80% en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en toda España.
Los estudiantes salieron a las calles este miércoles a las 12.00 horas para protestar por el genocidio y «obligar al Gobierno a romper relaciones económicas, diplomáticas y militares con Israel». En el manifiesto leído en la protesta de Madrid -que albergó a más de 15.000 jóvenes, según los convocantes- la organización afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden «hacerles tragar con un ‘acuerdo de paz’ que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos». En esta línea, el Sindicato ha reivindicado que España debería seguir el ejemplo de Italia: «Que toda la actividad económica y educativa se paralice. Las acciones cosméticas y los paros de dos horas no sirven», añaden.
Concentración estudiantil por Palestina, frente al Ministerio de Exteriores, a 15 de octubre de 2025, en Madrid.
Durante la manifestación en Madrid, Alejandra Martínez Velasco, integrante de la Flotilla, ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que sólo la solidaridad internacional, la organización obrera, la lucha de clases o la huelga general «es lo que va a parar el genocidio en Palestina».
Representantes políticos
En el ámbito político, los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG han abandonado el pleno del Congreso para secundar los paros. Yolanda Díaz, Mónica García y Pablo Bustinduy, se manifestaron en las puertas del Congreso bajo el lema ‘Viva Palestina libre’. Asimismo, miembros del PSOE, liderados por Patxi López, se congregaron cerca del Congreso para apoyar la misma causa.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto con las diputadas Martina Velarde y Noemí Santana, participaron en la concentración en Puerta del Sol. Belarra puso en valor la importancia de estas protestas ya que, según enfatizó durante la concentración, «el alto al fuego y el intercambio de rehenes se ha producido por la fuerte movilización social y política, pero Netanyahu y Trump continúan sus planes de exterminio del pueblo de Palestina. Por eso hoy, ¡todas a la huelga! ¡Todas a la calle!».
La última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reformar el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos ha generado un importante malestar en el sector y ha generado el rechazo, no sólo de los partidos de la oposición, sino también de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
El planteamiento del departamento dirigido por Elma Saiz no es nuevo, sino que emana de la reforma que pactaron en julio de 2022 las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE), el Ejecutivo y los agentes sociales. En esa reforma se acordó que en 2032 estos trabajadores cotizarían en base a sus ingresos reales, con el objetivo, entre otros, de equiparar algunas prestaciones de las que ya disfrutan los trabajadores por cuenta ajena o asalariados (como por ejemplo acercar la prestación por cese de actividad al paro, o igualar las cuantías de las pensiones).
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En esa reforma se pactaron las cuotas previstas para el periodo 2023-2025, y se dejaron para una futura negociación las cuotas de los siguientes años (que, en teoría, se deben acercar de manera progresiva al sistema de cotización por ingresos reales que entrará en vigor, tal y como establece la reforma, en 2032).
Bajo esta premisa, el Ministerio de Seguridad Social ha diseñado una tabla de cotizaciones en la que se sube la contribución en todos los tramos, incluidos en los más bajos, lo que ha generado un importante malestar en el sector y sus organizaciones más representativas. En la actualidad, en el tramo de contribución más bajo (aquellos que tengan rendimientos netos de 670 euros), la cuota es de 200 euros (un 29,8% de los rendimientos, un porcentaje que sube en el caso de los trabajadores autónomos que tengan rendimientos menores).
Según la propuesta del Ejecutivo, el próximo año estas personas verían incrementada su cotización hasta los 217,34 euros (un 32,4% de los ingresos netos). Los cálculos ofrecidos por el Gobierno llegan hasta 2028, cuando las personas que ingresen 670 euros o menos deberían pagar una cuota de 252,10 euros, un 37,6% de sus rendimientos netos; pero si se hace el cálculo hasta el año 2031 (incrementando en 17,37 euros la cuota cada año, como plantea la propuesta), estos autónomos terminarían pagando 304,22 euros (un 45,4% de sus ingresos netos).
Las cuotas de autónomos son deducibles posteriormente en la declaración de la renta, aunque depende de cada comunidad autónoma. La modificación de las cuotas esbozada por el Gobierno cuenta con el rechazo frontal de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que la califica de «propuesta escandalosa» y de «paso atrás».
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La ministra del ramo, Elma Saiz, ha defendido este miércoles que el objetivo es el de avanzar «gradualmente» hacia la cotización por ingresos reales de los autónomos para «no pasar de cero a cien», y desde el Gobierno se defiende que es necesario modificar los tramos y aumentar las cuotas para desplegar el modelo que busca equiparar las prestaciones de los autónomos con las de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, esto no convence a UATAE, que, además, señala que perjudica a los trabajadores con menores ingresos y que no responde «ni al criterio de proporcionalidad ni al de progresividad». «No puede ser que la gente que está en el umbral del salario mínimo interprofesional en ingresos pague esto», advierten desde la organización.
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Según la propuesta de Seguridad Social, en el último tramo inferior al SMI (hasta los 1.166 euros, teniendo en cuenta que el salario mínimo en la actualidad está fijado en 1.184 euros), los autónomos pagarían una cuota en 2026 de 271,24 euros (un 23,2% de sus rendimientos netos), una cuota que se elevaría hasta los 293,71 euros en 2028 (un 25% de sus ingresos).
«La proporcionalidad no es que todos paguen más«, insisten desde UATAE, desde donde alertan de que esta reforma puede incentivar la economía sumergida y la precariedad. La propuesta también eleva las cuotas de los rendimientos más altos, que, en todo caso, siguen contribuyendo en menor proporción respecto a los más bajos (un trabajador que declare rendimientos netos de 6.000 euros en 2025 tendría una cuota de 796 euros, un 13,2% de sus ingresos; una cifra que se elevaría hasta los 1.208,73 euros en 2028, un 20% de sus ingresos netos, esto es, 17 puntos menos que una persona que tenga rendimientos por valor de 670 euros ese año).
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Esta «falta de progresividad» también ha sido señalada por la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, que, además, ha destacado que se enteró de la reforma propuesta por Saiz «por los medios»: «Lo que creemos es que hay que avanzar en una propuesta ligada a los
ingresos reales y la progresividad empiece por arriba, que aporten más los que más tienen. Esta propuesta, si es la que dicen los medios, penaliza a los que
menos ingresan», aseguró el pasado martes la vicepresidenta.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, recuerdan que la propuesta emana de la reforma pactada en 2022 para que en 2032 haya un sistema de cotización por ingresos reales. «La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión no supone una subida de cuotas, sino el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 y la obligación legal derivada del propio Real Decreto-ley. Lo que el Ministerio plantea son las nuevas aportaciones necesarias para completar la senda pactada, no un incremento de cotizaciones», defienden desde UGT.
Desde CCOO también consideran que hay «coherencia» entre lo pactado hace tres años y la propuesta del Gobierno, y recuerdan que «el Estado va a incrementar su esfuerzo en prestaciones para los trabajadores autónomos», pero también advierten de que lo esbozado por Seguridad Social «tiene margen de mejora, y es necesario encontrar fórmulas para proteger a las personas que tienen las rentas más bajas».
Saiz pidió este miércoles «tranquilidad y sosiego», y recordó que «todas las reformas del diálogo social requieren de un tiempo». También desde las organizaciones sindicales mayoritarias se apunta a que «esto no es el final de nada, es el principio de un proceso y, por lo tanto, hay mucho margen de mejora». De momento, el PP, Vox y Junts ya han anunciado que votarán en contra de esta propuesta si llega en estos términos al Congreso de los Diputados, y otros grupos (además de Sumar), la han criticado.
En el Congreso no solo se hacen leyes, se debaten políticas o se controla la actividad del Gobierno. No solo lo conforma el hemiciclo, que es lo que suele verse en la televisión. Ni lo frecuentan solo diputados, asesores, ujieres y periodistas. La Cámara Baja es un intrincado conjunto de pasillos laberínticos, despachos, salas y auditorios siempre ajetreado y continuamente sellado con la solemnidad de la institución. Es precisamente esa solemnidad la que suelen buscar las asociaciones, empresas, fundaciones, universidades y también oenegés que eligen la Cámara baja para celebrar en ella actos, jornadas temáticas o mesas redondas. De hecho, más de la mitad de los eventos celebrados en el Congreso esta legislatura han sido a solicitud de entidades que nada tienen que ver con el Parlamento.
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El número de jornadas extraparlamentarias celebradas en el Congreso de los Diputados que se han llevado a cabo en lo que llevamos de legislatura asciende a 337 hasta el 10 de octubre de 2025, según los datos oficiales que ha remitido la cámara a Público a través de una consulta al portal de Transparencia. De ellos, 174 han sido a solicitud de una o varias empresas, fundaciones, asociaciones, oenegés o entidades de la sociedad civil. Suman, en total, 184 organizaciones.
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De ellas, siete son empresas, algunas muy conocidas, y 177 son asociaciones, fundaciones, oenegés o entidades de la sociedad civil, aunque por lo menos una veintena de ellas son fundaciones derivadas de empresas que, por ende, defienden sus intereses, o colectivos empresariales que representan sectores como el turismo, el transporte, la industria o la energía.
Una de las compañías que han utilizado el Congreso de los Diputados para celebrar actos es la farmacéutica AstraZeneca, que, de acuerdo con los datos oficiales que ha podido consultar este periódico, ha realizado dos actos (diciembre de 2023 y de 2024) en conjunto con otras entidades. Además, en julio de 2024, The Lung Ambition Alliance, una iniciativa derivada de la misma farmacéutica, llevó a cabo otras jornadas en colaboración con la Asociación Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón. Otra empresa del ámbito de la sanidad y la tecnología que ha usado la Cámara Baja para un evento ha sido la multinacional estadounidense Biogen.
También lo han hecho el Grupo Metalia, una compañía márketing y comunicación especializada en defensa; el operador de telefonía móvil MasOrange, que participó de un curso dentro de un programa organizado por el Círculo de Empresarios con el que se busca que los parlamentarios adquieran conocimiento empresarial; Ilunion, que solicitó una sala para presentar un libro; Too Good to Go, que se dedica a comercializar los excedentes de supermercados y comercios de hostelería y que presentó en el Congreso un estudio precisamente sobre esa cuestión; y Cariotipo, que se define como experta en lobby y comunicación estratégica especializada en el sector farmacéutico.
Hay que puntualizar que la actividad de los lobbies es delicada en el Congreso. De hecho, actualmente hay una ley en tramitación en la Cámara para aumentar la transparencia de los grupos de interés. Además, este mismo jueves se debate de totalidad la creación de un registro de lobbies en el Congreso para rastrear su eventual influencia sobre los diputados.
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Asociaciones de carácter empresarial
De entre las asociaciones y fundaciones que también han usado el Congreso en lo que llevamos de legislatura para celebrar actos, hay un buen número que están estrechamente vinculadas a alguna empresa, o que emanan directamente de ella; o bien otras que son colectivos de empresarios o uniones de empresas del mismo sector.
Entre ellas se encuentra la asociación Multinacionales de España, que tiene asociadas grandes compañías como Amazon, Huawei, Philip Morris, ING o Accenture y trabaja para «el conocimiento de la contribución social, económica y medioambiental de las multinacionales extranjeras en España», según su propia página web. En el Congreso, solicitó un espacio para unas jornadas sobre inteligencia artificial.
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De entre la veintena de asociaciones de carácter empresarial que se han servido del Congreso de los Diputados para llevar a cabo actos se encuentran también la Confederación Española de Transporte en Autobús, la Federación Española del Vino, la Asociación Cerveceros de España, Competur (que se dedica a impulsar el sector turístico), la Asociación Española de Economía Digital (que se define como «la mayor red española de empresas de la economía digital»), la Asociación Empresarial Eólica o el Círculo de Empresarios.
También la Fundación Instituto Roche, que emana directamente de la compañía farmacéutica Roche y que se dedica a «al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible utilizando la medicina personalizada de precisión«, ha echado mano de la sede parlamentaria. El acto que celebró en la Cámara Baja en mayo de 2025 llevaba por título justo el objeto cuyo desarrollo promociona: la «Medicina Personalizada de Precisión».
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Asociaciones de perfil político, sociedad civil y oenegés
Aunque lo cierto es que el grueso de las entidades ajenas al econsistema parlamentario que más eventos, actos y jornadas realizan en el Congreso pertenecen a la sociedad civil o bien son oenegés. Algunas tienen carácter político, como la Asociación Voces Libres o la Fundación Primero de Mayo.
Otras, muchas de ellas, son asociaciones de personas con enfermedades que tratan de visibilizar su situación con el altavoz del Congreso. Algunas son la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón, la Federación Española de Diabetes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza para la Detección Temprana del Cáncer, la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón o la Confederación Autismo de España.
Por otra parte, en el listado de entidades que han utilizado el Congreso de los Diputados para eventos también aparecen oenegés y organizaciones sin ánimo de lucro como Unicef, Ecologistas en Acción, Mamás en Acción o Cives Mundi. Entre ellas se encuentra también la Asociación Tierra y Culturas, que es la entidad que más ha utilizado la Cámara Baja en esta legislatura, con una casi decena de actos a sus espaldas.
Además, sindicatos como UGT y CCOO o universidades como la de Alcalá o la de Granada también han visitado el Congreso para celebrar jornadas y seminarios.
El pasado 6 de octubre, la jueza Silvia Plaza Ballesteros, titular del Juzgado de lo
Social 17 de Madrid, rubricaba una sentencia revolucionaria en el marco del derecho laboral y daba la razón a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que había demandado a la institución y al decano de la Facultad de Matemáticas por vulnerar su derecho fundamental a la integridad moral y a la salud física y psíquica por impedirle llevar a su puesto de trabajo a su perra enferma y en un contexto de depresión de la propia profesora.
La sentencia, a la que ha podido acceder Público y que es recurrible, condena al decano, Antonio Brú, y a la Complutense al pago solidario de 15.000 euros en concepto de daños morales a la profesora, que ha estado representada legalmente por Isaac Guijarro, cofundador del bufete Olympe Abogados. Desde el despacho, se celebra el éxito final de un procedimiento que «a priori pintaba mal, pero que la contundencia de las pruebas condujo a un vuelco final».
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La mujer prestaba sus servicios como profesora e investigadora del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la
Facultad de Matemáticas de la Complutense desde el 12 de julio de 2019, y desde el principio comenzó a llevar a su perra Grey a su puesto de trabajo, como apoyo emocional por la ansiedad producida por su actividad laboral y por motivos familiares y de pareja, consta en la demanda. La mujer siguió llevando de manera sistemática a la perrita, una schnauzer mini de ocho kilos, cuando fue diagnosticada de una cardiopatía respiratoria, enfermedad mitral degenerativa crónica en fase B2, con la función sistólica mantenida y disfunción diastólica moderada, que obligaba a la profesora a estar constantemente pendiente del animal, para evitar su asfixia y darle su correspondiente medicación.
Pero un día, en enero de 2024, al entrar en su centro de trabajo descubrió un cartel en la entrada con el símbolo de «prohibido animales». Perpleja, preguntó al decano y a la gerente de la facultad, recordándoles que llevaba cuatro años llevando a la perra al despacho. La respuesta recibida fue que en aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales se consideraba adecuado prohibir la entrada de animales en la facultad.
La profesora volvió a solicitar que pudiera acudir con su perra en virtud de su estado de salud, proponiendo en correos electrónicos aportados a la causa seguir protocolos similares a los implementados en Google o Metro de Madrid, es decir, que el animal lleve bozal, no usar el ascensor y preguntar a los alumnos por alergias o miedos antes de recibirlos en tutorías. Pero el 7 de febrero de 2024 las autoridades de la facultad y de la universidad le respondieron lo mismo: que no podía entrar con la perra, ya que no está considerada oficialmente como perro de asistencia, como en los casos de las personas invidentes.
Negativa de la facultad
La gerencia esgrimió la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que indica que «salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas». Pero le informó que los centros de la Universidad Complutense son los que tienen que determinar si permiten la entrada de animales de compañía y, si la prohíben, se deberá señalizar con un distintivo visible desde el exterior. Cosa que finalmente hizo el decano.
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La situación desembocó en una baja laboral por depresión por parte de la investigadora, entre el 12 de febrero y el 9 de mayo de 2024; y en un procedimiento sancionador contra ella por parte del decano. Este alegó que «se le impuso sanción de amonestación por introducir a su mascota en la facultad, al incumplir la orden decanal que devino firme ante la falta de impugnación», como consta en la sentencia, en referencia a la orden de 6 de febrero por la que prohibió la entrada de animales al centro.
Dos faltas graves
El 18 de julio, el decano solicitó la intervención de la inspección de servicios por dos faltas graves contra la profesora: «Dicha profesora ha intentado meter a su perra a la cual se la dejó estar por un
tiempo en las dependencias de la Facultad, debido a una serie de argumentos esgrimidos
por dicha profesora, todos ellos de dudosa veracidad. Posteriormente, al intentar continuar
haciéndolo como un derecho adquirido y ante una postura intransigente de (…) decidí aplicar la legislación y prohibir expresamente la entrada del perro de la
profesora (…) Así pues, creo que, a la vista de la Ley de la CAM [Comunidad de Madrid], la profesora (…) no
puede acceder con su mascota mientras no obtenga el reconocimiento oficial como perro de
asistencia por parte de la CAM, por mucho que cuente con recomendaciones o informes
favorables de distintos estamentos de la UCM [Universidad Complutense de Madrid]», expuso el decano, según consta en la sentencia.
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A continuación, el decano reconoció en su exposición ante la inspección de servicios la existencia de informes psicológicos que aconsejaban la entrada de la perrita como medida terapéutica. «La profesora (…) ha intentado obtener el permiso de entrada del
perro por medio de diversas instancias, y alegando diferentes argumentos en el tiempo,
como se puede verificar en el informe 1: desde que su trabajo sería más provechoso con la
perra aquí, hasta la salud de la perra, pasando por diversos argumentos como el de apoyo
psicológico de ella al tener el perro cerca o que los estudiantes se sienten más cómodos
para hablar con una profesora si hay un perro en su despacho…»
En el juicio, celebrado el 18 de septiembre pasado, testificaron diversos peritos y profesionales médicos que ratificaron lo expuesto en dichos informes, una documentación solvente que conocían las autoridades de la Complutense, como dio por probado la jueza.
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Dichas autoridades «conocieron la situación de riesgo psicosocial que sufría la actora y los informes médicos y psicológicos que así lo indicaban, consecuencia de la negativa a permitirle acudir a la facultad con su perra, así como la posibilidad de evitar o reducir el riesgo psicosocial permitiéndole como medida terapéutica acudir con su mascota, pero no sólo no hicieron nada en materia preventiva, sino que incluso terminaron por ponerle una sanción», dice la jueza.
Medida terapéutica
Especialmente destacable es el informe de uno de los doctores del Gabinete de Psicología de la Complutense, firmado el 5 de febrero de 2024, al que acabó acudiendo la profesora. Este profesional tiene potestad para hacer propuesta de medidas en prevención de riesgos laborales: «Teniendo en cuenta el mayor interés, desde una perspectiva
psicológica, tanto para la trabajadora como para la U.C.M., y considerando las
recomendaciones efectuadas desde Salud Mental de Salud Madrid se considera
que la medida preventiva más apropiada, dentro del ámbito laboral, sería
facilitar el desempeño de su docencia acompañada de su mascota personal dados
los efectos terapéuticos que tiene, en la medida en que la estructura educativa lo
permita».
«Del análisis de los informes presentados, así como de los datos obtenidos, en
las entrevistas y pruebas realizadas, estimamos que en la actualidad Dña. (…) presenta una amplia y acusada sintomatología psicopatológica de
elevada intensidad, con un alto grado de hipersensibilidad y psicorreactividad
que le supone un elevado sufrimiento psíquico, de carácter persistente y
cronificado en el tiempo», concluía el profesional.
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Más informes
Uno de los informes estudiados en la universidad fue el de la psicóloga que trata a la profesora desde 2022, que indica: «A nivel personal la preocupación por su perra crece, ya que el diagnóstico requiere mucha vigilancia. La consultante presenta pensamientos intrusivos con relación a la posibilidad de que su perro fallezca, lo que la lleva a vigilar mucho las conductas de la perra con la intención de prevenir su fallecimiento. Todo esto hace muy complejo que pueda concentrarse en trabajar en la elaboración de textos de investigación (…) Al ser su principal figura de apego y proporcionarle fuertes sentimientos positivos se espera que acudir con ella al centro de trabajo favorezca un contra condicionamiento del mismo».
Proteger al trabajador
La jueza recuerda que es competencia del empleador «la obligación de evaluar y evitar riesgos, de proteger a la persona que presta sus servicios, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias (artículo 15 LPRL, de prevención de riesgos laborales), es también suya».
«La Universidad y el decano, conociendo la situación de la trabajadora (necesidad de acudir con su perra como medida para controlar su salud mental), debió evaluar y adaptar las condiciones para minimizar ese riesgo psicosocial. No hacerlo supuso una omisión de su deber de prevención», dice la jueza.
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Y destaca la magistrada que «el decano como máxima autoridad académica, tiene potestad para proponer medidas preventivas si conoce una situación de riesgo o en todo caso para proponer, coordinar, instar, informar, colaborar con el Servicio de Prevención de la UCM, para que se adopten medidas».
Y en el caso de autos, «ha quedado probado que no sólo omitió hacer ninguna propuesta o comunicar al servicio de prevención la situación de riesgo psicosocial en la que se hallaba la actora, sino que en email de fecha 18 de julio de 2024 puso en duda la veracidad de los argumentos esgrimidos por la actora y hasta su baja médica, pese a reconocer que contaba con recomendaciones o informes favorables de distintos estamentos de la UCM«, reprocha la jueza.
Vertiente psicosocial
En definitiva, la sentencia subraya que el decano obvió «en todo momento que tener la compañía de su perra en la facultad era una medida terapéutica y no una posición intransigente de la demandante».
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La sentencia indica que el decano y la universidad incumplieron la ley de prevención de riesgos laborales en la vertiente psicosocial, con vulneración del derecho a la integridad psíquica y salud de la profesora demandante. «Se incumple con lo dispuesto en los artículos 15 (integridad física y salud), 40.2 (seguridad en el trabajo) y 43 (protección de la salud), de la Constitución Española, así como con los artículos 1,3,4,7,14,15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y los artículos 3,4 y 6 del Reglamento del Servicio de Prevención.
Indemnización
Accede la magistrada a imponer la indemnizada reclamada por la profesora: «ante la gravedad de los hechos (…) haciendo caso omisivo a toda medida preventiva que comporta una falta grave de diligencia preventiva, llegando incluso a imponerle una sanción y a la existencia de un proceso de incapacidad temporal desde el 12 de febrero al 9 de mayo de 2024 considero procedente la indemnización solicitada de 15.000 euros».
Evaluación de riesgos
Una de las consecuencias más innovadoras de esta sentencia es que condena a la Universidad Complutense de Madrid para que realice en la Facultad de Ciencias Matemáticas una evaluación de riesgos psicosociales en relación a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras acudan con animales de compañía a los puestos de trabajo, «todo ello en aras a garantizar la protección (y la posibilidad de adaptación de sus puestos) de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales de tipo psicosocial». Abre así una puerta la jueza a que otras personas puedan beneficiarse de un protocolo laboral en una universidad madrileña que ahora no pone el foco en los cuidados de los animales y en el impacto en la salud mental.
Desgraciadamente, la perra Grey murió nueve meses después de que su propietaria solicitara permiso para poder seguir llevándola a la facultad. Su enfermedad de corazón no le permitió compartir la alegría de su dueña por el éxito judicial.
Alquiler
Seguro se ha construido como un negocio integral que engloba las múltiples facetas del alquiler: de las reparaciones del hogar y los seguros a los suministros de
luz y gas. Es más, incluso ha creado su propio índice para actualizar la renta
al inquilino cada año. Se llama ARCA (Actualizador de la Rentas de Contratos de
Alquiler) y hasta hace poco tenía su propia
página web. Basándose en la Ley
de Arrendamientos Urbanos, donde se establece que la renta se actualizará
cada año «en los términos pactados por las partes», y en la Ley
de Desindexación de la Economía, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en
2015 y desligó del IPC la revisión de los contratos públicos, Alquiler Seguro confeccionó
su propio índice para aplicarlo a las rentas que cobra a los arrendatarios. Dice
que sus autores son «técnicos y economistas» de la empresa, sin precisar más, y
que éstos contaron con la colaboración del portal inmobiliario Idealista.
En
su web, la agencia publica
la fórmula con la que elabora el ARCA, así como la evolución que ha tenido
en el tiempo. El índice se construye sumando el importe medio de las rentas
firmadas en el mes, el importe medio de todas las rentas en vigor y el importe medio
de las rentas de una «muestra representativa» de inmuebles facilitada por Idealista. Y de la que no explica cómo se diseña. La primera variable pesa un 10%, la segunda un 20% y la tercera, la muestra de
anuncios de Idealista, un 70%.
La fórmula matemática del índice ARCA.
Relacionado con este tema
Así,
el índice ARCA era del 4,95% este septiembre, pero había escalado a su máximo
histórico en noviembre de 2024 y mayo de 2025, cuando alcanzó el 6,26% y el
6,25%, respectivamente. Por tanto, casi duplicó el IPC del mes pasado, que estaba
en el 2,9%, pero triplicó la inflación de noviembre de 2024 –2,4%– y mayo de
este año –2%–. Sólo se hundió durante el covid, incluso fue negativo en los
meses de la pandemia, de noviembre de 2020 a septiembre de 2021. Pero desde
julio de 2021 no ha dejado de subir. El único periodo en que el IPC fue
superior al ARCA coincidió con la crisis inflacionista provocada por la guerra
de Ucrania. Sin embargo, durante 2022 y 2023 el Gobierno limitó la subida de
las rentas del alquiler al 2%. Y durante 2024, al 3%. Así que el ARCA siempre estuvo
por encima de ambas cifras durante todo este tiempo, aunque no pudo aplicarse.
Ésta es la segunda entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar la primera entrega].
Precios inflados en Idealista
Los
cambios introducidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda han afectado especialmente
a la actualización de las rentas. Desde enero de 2025, deben revisarse
aplicando el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV),
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. De 2022 a 2024 se utilizó el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado por la Ley de Desindexación
de la Economía, para actualizar los alquileres cuando los contratos no
especificaban qué índice debía usarse. El IRAV es el valor mínimo entre la tasa
de variación anual del IPC, la tasa de variación anual del IPC subyacente
–la que excluye alimentos y energía– y una
tasa de variación anual media ajustada.
Como
puede verse en el gráfico adyacente, el ARCA siempre ha superado ampliamente tanto
el IGV como el IRAV.
«No
es lo mismo los precios de oferta de los grandes portales inmobiliarios que los
de cierre del contrato», apunta Javier Burón Cuadrado, gerente de
Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de Navarra y antes de la de vivienda
del Ayuntamiento de Barcelona. «En nuestro estudio sobre
las empresas de alquileres comprobamos que los precios de los grandes
portales como Idealista o Fotocasa están hinchados un 30% sobre los precios
reales que pagan los inquilinos», abunda Jaime Palomera, investigador del Instituto
de Investigación Urbana (IDRA). Lo que, a su vez, termina inflando también el
ARCA, donde la mayor parte del peso de la fórmula –un 70%– recae precisamente en
la «muestra representativa» de los anuncios aportados por Idealista.
Una imagen del portal de anuncios inmobiliarios Idealista.
Palomera
dice que Alquiler Seguro no es la única inmobiliaria que ha creado su propio índice
de actualización, hay más, pero «no lo publicitan tanto». También las administraciones
públicas confeccionaron los suyos: el Gobierno central utilizó datos de Hacienda
y del catastro, mientras que el catalán recurrió a las fianzas para diseñar uno en 2017. Cree que ambos son «mejorables». Además, critica lo que considera un «evidente» conflicto de interés de los que gestionan la oferta, los portales inmobiliarios
–que Javier Burón describe como grandes «outlets de anuncios»–: son los
primeros beneficiarios de la subida de las rentas, porque sus comisiones se calculan
basándose en el precio final de los alquileres.
Carlos
Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas, dirige sus críticas al posible carácter
abusivo de estos índices hechos a la carta. «Habría que ver si ha existido una negociación real entre las partes» se pregunta. Alquiler Seguro responde a Público
que el ARCA «ofrece una medida real de la variación del mercado del alquiler», con el objetivo de «facilitar las negociaciones desvinculando el precio de las
rentas del IPC». A su juicio, el ARCA «es mucho más preciso», al estar
relacionado «de forma directa» con el mercado del alquiler, mientras que el IPC
es un índice «general» construido usando una serie de «productos que no tienen
nada que ver entre sí».
Cumplimiento escrupuloso de la ley
En
un contrato de 2019 de Alquiler Seguro al que ha tenido acceso este periódico, se
establece que la renta será revisada de acuerdo con el ARCA. Y no hubo negociación
previa de ningún tipo ni con la agencia ni con el arrendador, según el
inquilino que lo firmó. Se le dijo que era el índice que utilizaba la empresa,
sin más alternativa. En un contrato de 2023, también se fija el ARCA como
actualizador de la renta, pero se precisa a continuación que la variación no
podrá superar el IPC, en cumplimiento del real decreto de 2022 que limitaba los
precios por la espiral inflacionista provocada por la guerra de Ucrania.
Alquiler
Seguro tampoco ha respondido cuando Público le ha preguntado si tiene
algún contrato –y en ese caso, cuántos– en el que casero e inquilino hayan
pactado, en uso de la libertad que les concede la ley, utilizar el IPC para
actualizar la renta. Se ha limitado a reseñar que cumple «de forma escrupulosa» la Ley de Arrendamientos Urbanos. También dice que cumple «a rajatabla» la Ley
por el Derecho a la Vivienda en lo que respecta a la revisión anual de la renta,
que obliga sólo a los nuevos contratos. Así que mantiene y sigue actualizando
el ARCA en su página web. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones
Inmobiliarias (FAI), se sorprende de la existencia de este índice. «Ni sabía que existiera, no lo he utilizado
en 30 años de profesión, sólo el IPC», resalta, «y ahora la ley obliga a
utilizar el IRAV para la vivienda habitual, no se permite otra cosa. Incluso
podría ser denunciable».
«Trabajan
para los propietarios. Si eres inquilin@ estás perdid@». Cuando en marzo de
2025 el Ministerio de Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas
abusivas contra los arrendatarios, tres demandas del Sindicato de Inquilinas
llevaban ya un año en los juzgados y dos años las denuncias de Facua y OCU ante
organismos de defensa del consumidor autonómicos y nacionales. La web Trustpilot, donde los consumidores alaban o critican productos y servicios de
empresas, bullía esta primavera con reseñas negativas; a día de hoy acumula cerca
de 700, el 85% de ellas desfavorables. Como la que encabeza este párrafo. Y no
sólo de inquilinos insatisfechos, sino también, sorprendentemente, de caseros
descontentos.
Una
reacción inesperada, en principio, teniendo en cuenta que Alquiler Seguro se
creó para dar «protección y seguridad a los propietarios». Y, después, proclama
su web, para facilitar «soporte integral a inquilinos». Ésa fue la marca
que la convirtió en referente para quien quería poner en alquiler una vivienda
sin correr ningún riesgo: garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes,
presumen de una tasa de morosidad del 0% y se encargan de la gestión integral
para que el casero pueda mantener el anonimato, olvidándose del inquilino y de
cualquier avería o incidencia.
Público inicia, con este artículo, la publicación de una serie de investigación sobre Alquiler Seguro, que estará integrada por nueve artículos.
El origen
Alquiler Seguro fue creada en 2007 por cinco socios: Antonio Carroza, Eduardo Fresno, Sergio Luisilla, Gustavo Rossi y Miguel Rossi. Desde 2013 pertenece a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), en ese momento
propiedad de Antonio Carroza, Eduardo Fresno y Gustavo Rossi. Desde 2023, el fondo
de inversión Auricaposee
el 49% de Enacom y tiene un puesto en el consejo de administración, donde también se sientan Carroza –a través de su sociedad Tau Advisors United SL– y Sergi Gargallo –a través de Active Growth Consulting SL–. Este último llegó a la compañía en
2015.
Pero
Alquiler Seguro es mucho más que una agencia inmobiliaria al uso. Y no sólo
porque se dedique exclusivamente a los alquileres. O porque lo suyo sea el
alquiler garantizado. Enacom es la sociedad dominante de un grupo en el que,
además de Alquiler Seguro SA, han llegado a funcionar una decena larga de
empresas. Anexia Tecnologías SL, que le da soporte informático; la correduría
de seguros Generación Plus; Generación
Pluslegal SL, que proporciona asesoramiento jurídico a sus clientes; General de
Contratas y Energías SLU, encargada de las reparaciones en las viviendas
alquiladas; la comercializadora de luz y gas Alquiler
Seguro Energía,
e incluso La Radio que Viene SL, que pidió –sin éxito– una licencia de FM al
Principado de Asturias en 2023. También posee Hospital General Veterinario SA, una
red de clínicas veterinarias en Madrid. Y una filial
en Portugal, SWGP – Proteção de Arrendamento e Mediação Imobiliária, UNIP LDA. Allí opera como Aluga Seguro.
Hasta
2022, además, el grupo incluía a Fichero de Inquilinos Morosos SL, ya extinguida
y que tuvo una filial en México; Invermax
Propiedades Rentables SL, liquidada en 2023 pero que sigue sirviendo de marca
para ofrecer inversiones inmobiliarias a particulares, y la publicitaria Iniciativas Empresariales Una Más SL, absorbida ese mismo año. Finalmente,
Alquiler Seguro ha tenido tres socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria)
en los últimos años, de las que vendió una en julio de 2024, al tiempo que
creaba otras dos, una de ellas sin actividad aún.
De un país de propietarios a otro de inquilinos
Alquiler
Seguro nació justo cuando estaba a punto de pinchar la burbuja inmobiliaria y la
crisis económica posterior empujó a los españoles al alquiler. Los despidos, la
caída de los salarios de quienes conservaban sus empleos y el cierre del grifo
antes tan generoso del crédito hipotecario acabaron con un país de propietarios
y dispararon la demanda de pisos para arrendar. Hoy nueve millones de personas residen
en una vivienda alquilada, 3,3 millones más que en 2007, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). El final de la historia es conocido:
los precios del alquiler se sitúan ahora en niveles de récord. En los últimos
10 años han subido un 94%, según los datos de Fotocasa. Si se mide el precio por
metro cuadrado, el Banco de España, con datos de la Agencia Tributaria, revela un crecimiento que entre 2015 y 2022 supera el 50% en València y alcanza el 44%
en Málaga, el 33% en Barcelona y el 30% en Madrid. Este año los alquileres aumentarán
un 15%, según los cálculos de la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios
de Madrid (AIM). El volumen de operaciones, calcula la AIM, se acercará a los
900 millones de euros.
Semejante
pujanza atrajo al alquiler a las inmobiliarias que con la burbuja tenían todo
su negocio en la compraventa. De modo que en un mercado hasta entonces pequeño
y donde los únicos protagonistas eran particulares, un casero y un inquilino, irrumpieron
las agencias, los profesionales de la intermediación: en Barcelona, las
inmobiliarias gestionan tres de cada cuatro contratos; en Madrid, el grado de
penetración es menor, un 34,1%, según un estudio del Instituto de Investigación
Urbana de Barcelona.
Una de las más de 60 oficinas que Alquiler Seguro tiene por toda España.
Y
allí estaba ya Alquiler Seguro. Aunque no es la única que ofrece blindaje a los
propietarios de las viviendas en alquiler. Hay otras similares, como la Agencia
Negociadora del Alquiler –que vende el Tranquiler como producto estrella–, Renta Garantizada –del grupo inmobiliario Neinor Homes–, la Sociedad Española
de Alquiler Garantizado o incluso dos proptech –inmobiliarias del mundo
digital– como Housfy y Rentuos.
Un caso de éxito: quintuplica beneficios en cinco años
Pero,
de todas ellas, Alquiler Seguro es la que cuenta con una cartera mayor: 30.000
viviendas, según los datos facilitados por la inmobiliaria a preguntas de Público.
Rentuos dice que gestiona 1.200 alquileres. La Agencia Negociadora del Alquiler
cifra en 76.000 los contratos que ha firmado en 13 años. Alquiler Seguro también
es la que más dinero gana. Según las cuentas que ha depositado en el Registro
Mercantil, cerró 2024 con unos beneficios de casi 2,6 millones de euros, lo que
casi quintuplica sus ganancias de 2019. El año pasado su volumen de negocio
ascendió a 28,01 millones de euros, más que doblando la cifra de cinco años
atrás –12,07 millones–. En su informe de gestión, atribuye la mejora al aumento
de los honorarios cobrados a los inquilinos –13,12 millones– en un 20,5%
respecto al ejercicio anterior, y al crecimiento en un 25% de los ingresos por
cuotas mensuales de propietarios –11,65 millones–. Además, 2024 fue un buen año
gracias al alza de «los honorarios de la gestión integral y la monitorización
de rentas», que sumaron 1,67 millones, un 42,5% más, así como al de los «ingresos por certificados, estudios de inquilinos y garantías por
desistimiento», 954.344 euros, nada menos que un 217,5% por encima de 2023, según
revela la propia empresa. Alquiler Seguro se gasta dos millones de euros en
publicidad. Cuenta con una plantilla de 570 trabajadores.
Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por la sociedad dominante Enacom son las correspondientes a 2023. El grupo consolidado facturó ese año 34,23 millones, un 11%
más que el ejercicio anterior.
«Es
mejor que el sector esté profesionalizado, porque el alquiler es una actividad
económica. La foto del casero que sólo tiene una vivienda, la alquila y luego
ni se preocupa de ella ni le presta servicios es una imagen bucólica del
pasado. La realidad ahora es que el mercado del alquiler está muy intermediado
y la empresa que te busca el mejor inquilino y garantiza el cobro de la renta
no es una cosa maligna per se… El problema es quienes utilizan la
dificultad de encontrar vivienda para ser superagresivos y ofrecer servicios
muy atractivos para el casero que se basan en exprimir al máximo al inquilino».
Quien así se expresa, sin referirse específicamente a Alquiler Seguro, es
Javier Burón Cuadrado, gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de
Navarra, y antes gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Experto en
temas inmobiliarios, acaba de publicar El problema de la vivienda. Cómo
desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España.
El casero paga 1.536 euros; el inquilino,
4.326
Según
ha podido comprobar Público y corrobora la propia empresa, al propietario
de un piso se le cobra
en el momento de la firma un 10% de la renta anual más el 21% de IVA por los
gastos de formalización del contrato, y cada mes se
le descuenta un 5% de la renta más el 21% del IVA por la gestión del alquiler.
Si, además, el casero contrata la gestión integral, se le cobra otro 2% de la
renta mensual. Es decir, para un alquiler de 1.000 euros al mes, el propietario
paga en el momento de firmar un total de 1.536,7 euros, contando con la gestión
integral (1.452 + 60,5 + 24,2 euros).
En
2019 los contratos que firmaban los inquilinos de Alquiler Seguro incluían los
siguientes pagos: la fianza –que debe ser depositada por el propietario en el
organismo de vivienda de cada comunidad autónoma y equivale a una mensualidad–, un depósito de la misma cuantía que se queda la inmobiliaria –y funciona como la fianza: se devuelve al finalizar el contrato y del que se puede
descontar cualquier desperfecto de la vivienda–, la propia mensualidad, un
seguro del hogar y unos honorarios –a cambio del acceso al área privada de
cliente, la redacción de los «documentos para el desarrollo de la relación
arrendaticia» y la gestión del pago de las rentas– también equivalentes a un mes
de renta. Además, cobraba el certificado de solvencia –ocho euros en el
contrato al que ha tenido acceso este periódico– y el 21% de IVA.
En
otro contrato con fecha de 2023, se repiten la fianza, el depósito y la
mensualidad, pero desaparecen los honorarios. También exige una póliza de
seguro del hogar, que puede aportar el inquilino o bien dejar que Generación
Plus, la correduría de Alquiler Seguro, se la proporcione a cambio de 129
euros. «El cliente reconoce expresamente, de conformidad con la legislación
vigente, que los honorarios de gestión inmobiliaria y de formalización del
contrato serán a cargo del arrendador», se lee en el punto 7 (con el epígrafe «Información
previa») del contrato de condiciones particulares. En su lugar, el inquilino firma
un «contrato de servicio de atención al inquilino (SAI)», en el que se repite esa
misma frase sobre los honorarios. El precio de este servicio es ahora fijo, 990
euros más el 21% de IVA. La empresa tambiéncobra ahora 20 euros más IVA de cuota de mantenimiento
del SAI a partir del primer año de contrato.
Es
decir, para un alquiler de 1.000 euros al mes, el inquilino debe pagar en el
momento de firmar el contrato un total de 4.326,9 euros. Casi tres veces más que lo
tiene que abonar el casero, por tanto.
«La
lógica de nuestra profesión es cobrar el servicio al que se le presta y te lo
ha encargado», explica José María Alfaro, presidente de la Federación de
Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que cuenta con unos 8.000 asociados. A su juicio, el coste para el inquilino debe
ser «limitado y por servicios de valor añadido, ya que no han sido elegidos
voluntariamente por él», mientras que «la mayor parte de la carga» debe recaer en
el arrendador, que es quien contrata a la inmobiliaria.
Jaime
Palomera, antropólogo, investigador y cofundador del Instituto de Investigación
Urbana de Barcelona y del Sindicat de Llogateres, va mucho más allá. «Ofrecer un
servicio premium que paga el inquilino contra sus propios intereses es una manipulación de mercado de manual», critica. En otros países, abunda, sería «impensable» cobrar honorarios «a la demanda por un servicio que se presta a la
oferta».
Teléfono de atención en horario comercial
Es
precisamente en los honorarios que cobra Alquiler Seguro a los inquilinos donde
ha puesto la lupa el Ministerio de Consumo, que no ha querido revelar a Público en qué fase se encuentra el expediente abierto a la empresa esta primavera. La firma ya ha presentado sus alegaciones, según ha indicado a este periódico. El
departamento de Pablo Bustinduy investiga las denuncias presentadas por el Sindicato
de Inquilinas-CECU, Facua, Consumidores en Acción y la OCU, según las cuales
Alquiler Seguro y otras agencias cobran a los inquilinos por la gestión del
arrendamiento, imponen la suscripción de un seguro o les obligan a contratar
servicios no solicitados. Esos abusos pueden suponer multas de hasta un millón
de euros. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, prohíbe «trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y
de formalización del contrato».
El
Sindicato de Inquilinas ya había presentado ese año demandas judiciales en
nombre de tres clientes de Alquiler Seguro, por toda una serie de ilegalidades.
Están en fase de instrucción, pendientes de las audiencias previas
que se celebrarán en marzo y octubre de 2026. Según aducían los arrendatarios, la inmobiliaria
les cobró 200 euros por visitar un piso. No atendió las incidencias y
averías durante la vigencia del contrato y les exigió datos bancarios
excesivos para probar su solvencia. En noviembre de 2023, Facua había
denunciado a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos.
A
cambio de 990 euros más IVA, Alquiler Seguro presenta ahora al inquilino una
oferta un poco más elaborada que en 2019: la misma «área privada de acceso» desde su página web, donde puede avisar y hacer seguimiento de cualquier
incidencia en el piso y recibir «asesoramiento técnico», además de tener «la
posibilidad de certificación fehaciente de la notificación de la incidencia al
propietario [sic]». También se le ofrece un correo electrónico y un teléfono de
atención en horario comercial, así como los «documentos contractuales» del
alquiler en formato digital. Finalmente, dice que se le proporciona «asesoramiento jurídico» sobre problemas legales en materia de arrendamientos
urbanos, a cargo de «abogados expertos», y «asesoramiento de suministros
energéticos», que es como llaman al cambio de titularidad de los recibos de la
luz y el gas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Igualmente
deja claro en otra cláusula del contrato que el arrendatario no puede acogerse
al derecho de desistimiento –por el cual a un consumidor se le permite anular
un contrato sin tener que justificar su decisión y sin que se le penalice–
porque «el servicio ha sido ejecutado y disfrutado/consumido por el cliente». Sin embargo, en la última carta de servicios del SAI, aprobada en abril de 2024 y que está en vigor hasta abril de 2026, Alquiler Seguro sí reconoce al arrendatario el derecho de desistimiento, que debe comunicar a la empresa en un plazo de 14 días a partir de la fecha de formalización del contrato.
¿Servicio de asistencia u honorarios camuflados?
Sin
embargo, los inquilinos se quejan en Trustpilot de que ese «servicio» por el
que les cobran 990 euros más IVA y una cuota anual de mantenimiento es poco
menos que «inexistente». «Brilla por su ausencia: si tienes algún problema,
reza por que puedas contactar con la propiedad y sea medianamente competente,
porque ellos no van a solucionar nada». «Su área de cliente lleva más de un mes
sin funcionar y dicen que lo están solucionando». «Llevo tres semanas sin aire
acondicionado con una incidencia abierta y me indican que hable con la casera,
que no pueden hacer nada. ¿Entonces en qué consiste el servicio cuyo valor
corresponde a una mensualidad del alquiler?». «Nunca hicieron caso a ninguna de
las incidencias que hemos reportado». «El día 2 de mayo de 2025 alquilamos un
piso en Mataró con ellos, con una visita online, ya que, según el
comercial. no se podía de otra manera. Al abrir el piso el primer día estaba
destrozado (inhabitable). Hoy estamos a día 28 y se siguen lavando las manos,
pasando la pelota de unos a otros y sin dar solución. Me llama el comercial y
me dice que el dueño no piensa arreglar nada (alucino, después de que vinieran dos
personas a dar presupuesto) y ahora pido la rescisión del contrato por
incumplimiento por parte del arrendador y me dicen que pierdo la fianza y el depósito
(increíble). Me parece de juzgado de guardia».
Al menos desde abril de 2024, Alquiler Seguro incluye en su carta de servicios del SAI el compromiso de responder a las incidencias abiertas por los inquilinos en un plazo inferior a 10 días laborables.
Consumo
investiga además si, como denuncian Facua y el Sindicato de Inquilinas,
Alquiler Seguro obliga a los arrendatarios a firmar ese contrato de asistencia
que, en realidad, es una forma de camuflar lo que antes les cobraban como honorarios y ahora prohíbe la ley. Los testimonios recogidos en Trustpilot
reproducen un patrón: los comerciales advierten a los posibles clientes de que,
si no firman el contrato SAI, el propietario «podría dar marcha atrás en su
decisión de alquilarle el piso». «Nos dijeron que, si no lo pagamos, el arrendador
tiene entonces que hablar directamente con el inquilino para todo, y la mayoría
se niega«. De hecho, una de las ventajas que la empresa publicita para atraer a
los caseros es que podrán «mantener el anonimato con sus inquilinos».
Según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, cerca del
20% de los inquilinos que tratan con una inmobiliaria desconocen quién es el
propietario de la vivienda: uno de cada cuatro en Barcelona y uno de cada cinco
en Madrid. «Si no lo cogemos [el SAI], tenemos que formalizar nosotros mismos con el
propietario«, se quejaba otro usuario.
Por
el contrario, Alquiler Seguro asegura que ese contrato de asistencia al
inquilino es «totalmente voluntario». «Cumplimos escrupulosamente con la ley
desde hace más de 18 años», resalta la empresa a este periódico. «Los gastos de
gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador,
como viene recogido en el contrato de prestación de servicios. Los propietarios
e inquilinos con los que trabaja la empresa tan sólo pagan por los servicios
que desean contratar«, explican.
Alquiler
Seguro también utiliza Trustpilot para contestar a los clientes descontentos,
aunque su última respuesta data del pasado 23 de mayo. En sus réplicas, la
inmobiliaria repite una y otra vez que el SAI «no es obligatorio», pero que lo «recomienda» a los futuros inquilinos por las «ventajas que ofrece durante todo el contrato
de alquiler:acompañamiento, gestión,
asesoramiento y resolución de incidencias». Lo llama «plataforma digital
personalizada».
José
María Alfaro sostiene que la Ley de Derecho a la Vivienda ha sido «contraproducente»: hay
agencias que han abandonado la gestión del alquiler. «Ahora los arrendadores
saben que tienen el poder negociador al haber más demanda que oferta y no están
dispuestos a pagar por un servicio que antes les salía gratis», detalla. También reconoce
que «no todas» las agencias cobran al casero. «En ocasiones siguen cobrando al
inquilino y FAI lo ha denunciado», destaca, «porque hay que cumplir la ley, no
valen atajos, sino adaptarse, dando mayor cobertura de servicios al propietario
y al inquilino». Al sacar de la ecuación al profesional, en un
mercado «fuertemente desequilibrado«, se ha dejado «al
pie de los caballos al arrendatario, que carece de poder negociador frente al
propietario. Por eso se han disparado las rentas y se le imponen condiciones
leoninas e incluso abusivas al inquilino».
El investigador Jaime Palomera.
A cambio de un 5% de la renta mensual, la cartera de servicios que ofrece Alquiler Seguro al casero incluye un «exhaustivo estudio de solvencia» de los candidatos a inquilino, acceso a los ficheros de morosos y un contrato redactado por abogados expertos. Si contrata la gestión integral por un 2% más de la renta, les proporciona un asesor personal, gestionar las incidencias y coordinar las averías y reparaciones, además de financiarlas sin interés. Todo a través de una «plataforma integral de comunicación».
Condenas judiciales
En
cualquier caso, la operativa de Alquiler Seguro con los arrendatarios ya ha
merecido el reproche de la Justicia. La Audiencia Provincial de Madrid dictó
dos sentencias, en 2020 y 2024, que declaraban abusivos los intereses con los que
Alquiler Seguro penalizaba a los inquilinos cuyos recibos eran devueltos por el
banco: se les aumentaba en 20 puntos el interés legal. Tras las condenas
judiciales, los incrementa en dos puntos. «Siempre estamos en proceso de
mejora», responde la empresa cuando Público le pregunta por ambas sentencias.
Los
jueces también obligaron a mejorar a Alquiler Seguro cuando establecieron que la relación con dos de sus comerciales senior era laboral. La empresa los
contrataba cuando son junior para tratar con los inquilinos, pero al ascenderlos
para que traten con los caseros, los convertía en trades (autónomos que facturan
en un 75% a un mismo cliente). Ahora Alquiler Seguro tiene a sus 570 empleados «dados de alta en la Seguridad Social», responde a este periódico.
Desnudando al inquilino
Otras
prácticas, aunque legales, no dejan de suscitar inquietud en quienes se acercan
a Alquiler Seguro para alquilar una vivienda. Por ejemplo, una fuente usual de
críticas es la investigación a que someten al posible arrendatario para
dilucidar si es el “inquilino perfecto”
que prometen al casero. La empresa pide a cada candidato las tres últimas
nóminas, el contrato laboral, así como el saldo y los movimientos de su cuenta
bancaria durante los tres últimos meses. La información financiera puede pedirla a su
banco el futuro inquilino… o puede solicitarla Alquiler Seguro. Un servicio que
también cobra. En 2019 eran ocho euros y lo gestionaba a través de una de sus filiales, Fichero
de Inqulinos Morosos (FIM). Ahora utiliza a Unnax, una firma tecnológica
española que se dedica al banking as a service. Cuenta con licencia del Banco de España como proveedor de
servicios de información de cuentas (AISP), proveedor de servicios de
iniciación de pagos (PISP) y entidad de dinero electrónico. Permite conectar
cuentas bancarias, por ejemplo, pero también proporciona «una imagen completa
de las finanzas» de los clientes de una empresa «con indicadores que muestran ingresos, gastos, riesgo, endeudamiento y muchos otros factores», según
publicita en su página web. Alquiler Seguro dice que es «una plataforma de
verificación segura y encriptada», que protege los datos del inquilino y ofrece «una evaluación objetiva de la solvencia».
A
algunos arrendatarios, no obstante, les suscita una gran desconfianza –»Te
piden el usuario y contraseña de tu banco», protestan algunos en Trustpilot–.
Los expertos en ciberseguridad consultados por Público niegan que deba
facilitarse el usuario y contraseña de la cuenta bancaria para que Unnax
verifique la solvencia del usuario. Y mantienen que sus procedimientos están
homologados y testados, y son seguros. Lo utilizan también Cofidis o la
consultora holandesa Wolters Kluwer. Pero muchos inquilinos sienten que deben
desnudarse ante Alquiler Seguro, mientras se protege el anonimato de los
caseros. «Te piden hasta el color de tus calzoncillos», protesta uno.
«Algunos
procesos de selección parecen castings», corrobora Carlos Castillo,
abogado del Sindicato de Inquilinas, quien critica los «bombardeos publicitarios» que casi «criminalizan» y «demonizan» a los arrendatarios, presentándolos como «posibles
deudores». Así, al 76% de los propietarios les preocupan los impagos, de
acuerdo con una encuesta publicada por el Ministerio de Consumo y la OCU. La
cifra contrasta con el hecho de que sólo el 8% de los arrendadores preguntados contestó
que habían sufrido retrasos en el pago de la renta mensual y un 14%, impagos. Otra encuesta de
Housfy Alquiler ofrece un dato aún más bajo de morosidad: un 7% de los inquilinos
se demora en el pago un mes, pero sólo un 1% mantiene el retraso más allá de 30
días. «El alquiler es lo último que se deja de pagar», subraya Jaime Palomera.
Casi 33 millones en efectivo
En
las cuentas de Alquiler Seguro llama la atención el gran volumen de efectivo
que manejan. Los inquilinos ingresan la renta en las cuentas de Alquiler
Seguro, no en las del casero. En el contrato de 2019 la exigían el último día
hábil del mes anterior; en el de 2023, entre el 1 y el 3 del mes en curso. El
día 5, Alquiler Seguro se la ingresa al propietario.
Pero, además, a la firma del contrato, la inmobiliaria también cobra un depósito al arrendatario, equivalente a un mes de renta, que no devuelve hasta su finalización. Incluso la fianza: si se contrata la gestión integral, Alquiler Seguro se encarga de ingresarla en el organismo autonómico designado; en caso contrario, se la cobra igualmente al inquilino, pero luego se la traslada al casero para que sea él quien la ingrese. En 2024, los depósitos y fianzas recibidos de los inquilinos ascendían a 24,4 millones de euros. De esa cantidad, la empresa se quedó con 269.336 euros por los desperfectos o incumplimientos de los arrendatarios que se les descontaron a la hora de devolverles el depósito.
También circulan por sus cuentas bancarias las rentas mensuales que le pagan los inquilinos y luego Alquiler Seguro envía a los caseros el mes siguiente. A 31 de diciembre de 2024, tenía 21 millones de euros con este origen, correspondientes a las rentas de enero de 2025.
En
total, sus cuentas acumulaban 32,8 millones de euros al cierre del año pasado,
sobre los que «no existen restricciones a su disponibilidad» y que devengan
intereses. Alquiler Seguro no ha contestado cuando Público le ha preguntado en
qué emplea esa gran cantidad de efectivo. Se ha limitado a responder que «la
tesorería responde a la operativa habitual de la empresa» y que ésta «cumple
unos exigentes estándares de solvencia».
En pocos días llegará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo poco usual, el de Luis Acayro Sánchez (Tenerife, 1976), juez condenado por prevaricación a diez años de inhabilitación, lo que conlleva la expulsión de la carrera judicial. Analizando la documentación del procedimiento judicial, a la que ha podido acceder Público, llaman la atención varios hitos que convierten el caso en un paradigma con anclajes en la cúpula judicial y consecuencias de alcance, según se desprende del voto discrepante de dos de los magistrados del tribunal que votaron en contra de la sentencia mayoritaria.
Luis Acayro Sánchez, juez de la promoción de 2002, destinado en 2007 a Cantabria, al juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad de Castro Urdiales, en plena vorágine del ladrillo, instruyó una veintena de causas de corrupción urbanística, lo que le dio fama en la provincia de juez serio y puntilloso.
Pero con la fama de azote contra la corrupción, y decenas de investigados en complejos sumarios, a Acayro le llegaron también las denuncias en su contra; muchas de las cuales fueron interpuestas por los abogados que formaban parte de las propias causas abiertas por corrupción. Este juez tramitó unos 24.000 asuntos en cuatro años, según él mismo explicó en una comparecencia sobre corrupción organizada por una universidad madrileña. «En el 99,9% no tuve ningún problema, pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas», dijo. «Todas las denuncias y quejas fueron archivadas», indican a ese diario fuentes cercanas al juez, que apuntan a que fueron en torno a 35 quejas en el ámbito disciplinario, en las que se denunciaba «en falso» cuestiones con relevancia penal, como que había acordado detenciones ilegales y coacciones a testigos.
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«Pueblo pequeño, infierno grande», dice el refrán y en el caso de Acayro Sánchez se cumplió con creces, señalan las mismas fuentes. En Castro Urdiales, considerada en aquella época del boom inmobiliario como la Marbella del norte, instruyó causas por delitos de prevaricación, cohecho y malversación, como fueron los casos La Loma, Sobresueldos o Proconor, por los que llegaron a ser condenados en primera instancia dos exalcaldes, un interventor y varios promotores por recalificaciones irregulares. Una década después, la Audiencia Provincial de Cantabria absolvió a varios de ellos.
En 2015 el juez obtuvo el traslado al Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo 2 de Santander. Tres años después, durante la tramitación de un asunto relacionado con la impugnación de una licencia de derribo, el juez solicitó, en diciembre de 2018, documentación al Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) sobre unos contratos menores con asesores y abogados externos al consistorio, porque no constaba esa información en el expediente urbanístico en cuestión. Uno de los abogados aludidos interpuso una queja en el CGPJ alegando «abuso en la actuación del juez»; queja que se archivó.
Pero en abril de 2021, es decir, más de dos años después, el mismo letrado, en colaboración con el Colegio de Abogados de Cantabria, denunció al juez por considerar que la medida ordenada por el magistrado buscaba perjudicarle. Y la querella prosperó.
Pedir documentación
Un informe de la Intervención General del Estado, al que ha podido acceder este diario, avaló como legal la petición que cursó el juez al consistorio para conocer los contratos y cómo se habían gestado; en el sentido de indicar que esa documentación debía formar parte del expediente administrativo en cuestión.
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Auto firmado por el juez Acayro donde solicita información al consistorio y por lo que fue denunciado y ha acabado fuera de la Carrera Judicial.
Una plaza en liza
A finales de julio de 2020 se había convocado la plaza para la presidencia del TSJ de Cantabria, que ostentaba desde 2015 el magistrado José Luis López del Moral y que volvió a presentarse, resultando finalmente reelegido, en octubre de aquel año. Acayro, que se había postulado a la plaza, recurrió el nombramiento porque consideró que su programa incluía medidas en materia de transformación digital, a las que el CGPJ concedía especial importancia, que no habían sido suficientemente valoradas, teniendo en cuenta que su juzgado fue pionero en los juicios telemáticos por la pandemia, desarrollando el primer protocolo en España en esa materia; noticia que salió en TheNew York Times.
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El juez Acayro Sánchez formalizó en marzo de 2021 el recurso contra el nombramiento de López del Moral, que había sido director general de Justicia en el Gobierno de Rajoy. Un mes después llegó la querella del letrado y del Colegio de la Abogacía de Cantabria por el asunto del Ayuntamiento de Castañeda. López del Moral admitió a trámite la querella. Acayro lo recusó considerando que tuvo que abstenerse al mantener un litigio con él y tener interés directo, pero la recusación no prosperó. Más tarde, el Supremo diría que López del Moral era «un demandado formal» y no tenía en ese caso el deber de abstenerse.
Juicio y condena
El juez Acayro fue juzgado por prevaricación en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El informe de la Intervención General del Estado, que avalaba la actuación del magistrado encausado, fue considerado como una mera «opinión» de una funcionaria. La sentencia, de 31 de octubre de 2022, lo consideró culpable, imponiéndole cinco años de inhabilitación y una indemnización al abogado querellante de 5.000 euros.
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Como hechos probados, la sentencia estimaba que «no hacía falta, ni procedía, requerir a la Administración a los efectos de completar el expediente administrativo», pero consideraba que Acayro «creía erróneamente actuar en el cumplimiento de su obligación profesional» cuando solicitó la documentación; «actuó en el convencimiento de que su obligación profesional era la de investigar posibles irregularidades, tanto en la propia decisión de contratar la Administración a técnicos externos, como en el modo en que dicha contratación se llevó a cabo».
Error, sin dolo ‘a sabiendas’
Es decir, el TSJC descartó que el juez hubiera pedido los referidos contratos a sabiendas de que no lo podía hacer, con el afán de perjudicar al abogado.
El recurso de casación de Acayro Sánchez llegó al Supremo en marzo de 2023, pero no se resolvió hasta abril de 2025. La sentencia
STS 535/2025, de 11 de junio, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ponencia de Vicente Magro, con los votos a favor de Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta, ha supuesto un hito que los juristas analizan para determinar su alcance. La resolución hace una reinterpretación de los hechos probados, algo vetado en los recursos de casación, y concluye que el juez condenado «actuó a sabiendas de su injusticia», por lo que establece dolo, en vez de error, y por lo tanto aumenta la pena hasta diez años de inhabilitación y expulsión de la Carrera Judicial.
La sentencia no fue por unanimidad, sino por una ajustadísima mayoría, de tres a dos. Los dos magistrados discrepantes, Leopoldo Puente y Antonio del Moral, advirtieron de las implicaciones: «A nuestro juicio estamos ante valoraciones probatorias propias del factum [hechos probados] que un tribunal de casación no está habilitado para imponer».
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El voto particular firmado por ambos magistrados recuerda que en el ejercicio de la casación no se puede introducir elementos que no existían en la sentencia de instancia, porque hacerlo «equivale a introducir un nuevo hecho, aunque se presente como interpretación jurídica».
«Si en los hechos probados consta que el Ilmo. Sr. Magistrado querellado actuó con la errónea convicción de que su conducta quedaba amparada (…) al obrar en cumplimiento de un deber, resulta imposible sostener la condena por el delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal», indica la abogada Mercedes Nieto Fajardo en un artículo doctrinal en la Editorial Jurídica Sepín, en el que analiza las implicaciones de la sentencia del Supremo.
Qué es la casación
El recurso de casación es un recurso extraordinario que lleva a cabo el más alto estamento judicial, el Tribunal Supremo. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 9 de junio de 2016 estableció que «los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio». Para la jurista Mercedes Nieto, «esta autolimitación no era un mero formalismo: respondía a la necesidad de preservar el principio acusatorio, de garantizar la igualdad de armas y de blindar la seguridad jurídica«.
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Como hechos probados en la sentencia del TSJC, consta que Acayro actuó bajo la convicción de que su proceder era correcto. Pero el Supremo, al revisar el caso en casación, realizó una relectura de los hechos probados para concluir que sus actuaciones lo fueron «a sabiendas» de su injusticia.
Contra el reo
Esa es la argumentación de los magistrados discrepantes, que prevén un impacto en la seguridad jurídica a tenor del pronunciamiento de sus compañeros; y argumentan que el acusado no pudo defenderse de la acusación de «dolo» a sabiendas porque nunca fue juzgado por ello. «Forzar en casación la condena por una calificación alternativa no solo excede los límites del recurso, sino que vulnera
directamente el principio acusatorio y el derecho de defensa», considera en su artículo la referida letrada.
«Más allá de la figura concreta de la prevaricación judicial, late
un debate más profundo sobre la naturaleza del recurso de casación y sobre los límites del control jurisdiccional en la cúspide
del sistema. Lo singular de esta resolución no reside solo en su desenlace», indica Mercedes Nieto, que añade que también es crucial cómo llega a él, a través de «una reinterpretación casacional (…) que desplaza la frontera entre el error sobre la legalidad o no
de la resolución y el dolo a sabiendas«.
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Los argumentos de Vicente Magro
El ponente de la sentencia, Vicente Magro, ha tenido ocasión de pronunciarse en otra reciente resolución de la Sala Segunda, sobre el incidente de nulidad planteado por Acayro, como antesala de la presentación del recurso de amparo en el Constitucional. Magro, que fue senador del PP entre 1996 y 1997, sostiene que «no se trata, como apunta el voto particular, de que para ello se hayan modificado los hechos probados y se haya revalorado la prueba. No es así, sencillamente porque no es cierto que este haya sido el proceder de esta Sala consciente de que ello no se puede llevar a cabo en esta sede», indica en el auto del pasado 22 de septiembre, en el que desestima el incidente de Acayro. «No es
correcto decir que la sentencia revalora la prueba», asevera el ponente.
Mientras Luis Acayro Sánchez ultima su recurso de amparo, el magistrado José Luis López del Moral se ha postulado recientemente para una plaza de magistrado de la Sala Quinta del Supremo, la Militar, ante el próximo final de su mandato en el TSJ de Cantabria.
En cuestión de meses, Donald Trump ha transformado la Guardia Nacional en su brazo represor con el que castiga aquellas ciudades que considera rebeldes y persigue lo que él llama «el enemigo interno». En cuestión de meses, el presidente ha estrechado el cerco: ahora ya no solo hay que dar caza a las personas sin papeles –el eslabón más débil– sino todo aquel que no encaje en determinados estándares (se han autorizado a los agentes de inmigración practicar detenciones basándose en el perfil racial) o que no se alinee con el gobierno, es decir, antifascista. El mismo mandatario ha sido el que ha catalogado el movimiento antifascista y “la extrema izquierda” como “organizaciones terroristas”.
Antes de que el presidente llegara al poder e instrumentalizara el cuerpo de reservistas para sus fines políticos, la principal función de la Guardia Nacional dentro del país era actuar en caso de catástrofes naturales. Su tarea como militares se relegaba solo a operaciones exteriores. En cuestión de meses, en Los Ángeles los vecinos pasaron de ver a los soldados como los salvadores que los ayudaron durante los dramáticos incendios de enero, a mirarlos con recelo y resentimiento ante la ocupación de la ciudad en junio.
Cada estado tiene su propio contingente de la Guardia Nacional, que responde primeramente ante el gobernador. Solo el cuerpo de Washington DC está directamente a órdenes del presidente. En estos últimos cuatro meses, Trump ha estado usando cinco ciudades del país –todas ellas demócratas– como laboratorio donde probar hasta donde puede extender su control sobre los militares y cómo usarlos para acelerar las redadas de inmigración e intimidar la disidencia.
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Chicago (Illinois)
Después de reiteradas amenazas, el fin de semana pasado Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a Chicago en contra de la voluntad del gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker. El mandatario federalizó a 200 miembros del contingente de Illinois y movilizó otros 300 del cuerpo tejano. Los cerca de 500 soldados llegaron la tarde del martes a las puertas de Chicago y actualmente están desplegados por el área. El operativo ha quedado en suspenso después de que la noche del jueves una juez de distrito bloqueara la movilizaciónal considerar que permitir la presencia de tropas en el estado “solo echaría más leña al fuego” en las protestas que han ocurrido los últimos días.
En su resolución, la magistrada ha señalado cómo las protestas en la ciudad han sido provocadas por el comportamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 9 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional activó la operación Midway Blitz, e intensificó las redadas contra las personas migrantes y latinas en la ciudad. El operativo ha dejado escenas insólitas, como una incursión en plena noche dentro de un bloque de pisos con helicópteros Black Hawk que acabó con 130 personas, incluidos niños, esposadas y sacadas en la calle. Anteriormente, también hubo el episodio de que un agente de ICE mató a una persona de un disparo cuando intentó huir con el coche de un control.
«Lo hacen porque quieren crear un pretexto para hacer venir a las tropas a la ciudad. Son ellos los que crean esta zona de guerra», denunciaba Pritzker, en una entrevista en televisión. Durante todos estos días, Trump ha estado asegurando que Chicago es una “zona de guerra”, cuando realmente muchas de las protestas son mínimas. Por ejemplo, apenas un grupo de una docena de personas ha estado manifestándose ante las puertas de un centro de detención de Inmigración.
Trump despliega la Guardia Nacional en Chicago.
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Hasta ahora la mayoría de las detenciones que ha habido en la ciudad son más fruto de las redadas de inmigración que de los altercados. En la última semana, la policía ha detenido a una veintena de personas por las protestas. En cambio, desde que empezó la operaciónMidway Blitzhay más de 1000 personas arrestadas por los agentes de inmigración.
Portland (Oregón)
El 28 de septiembre, Trump federalizó a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón para enviarlos a Portland en medio de las protestas cerca de una instalación de ICE. El presidente tachaba las protestas de agresivas y aseguraba que la ciudad estaba “bajo un ataque de Antifa”. La realidad es que las imágenes muestran apenas una veintena de personas congregadas ante el centro de detención, algunas de las cuales disfrazadas con trajes de unicornio o rana y bailando al son de la música.
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Las únicas escenas de violencia que han salido de las protestas son las de los agentes de ICE lanzando gas lacrimógeno a las personas. Hay un vídeo en el que se vecómo uno de los agentes gasea directamente el filtro de ventilación del disfraz de ranaque lleva uno de los manifestantes. Desde que empezaron las movilizaciones en junio – como respuesta solidaria a la militarización de Los Ángeles y las redadas llevadas a cabo- ha habido unos 60 arrestos.
Los agentes lanzan gas lacrimógeno en las protestas delante de las oficinas del ICE en Portland.
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Más allá de presionar a otra ciudad demócrata, lo cierto es que Portland es la cuna de Rose City Antifa, una de las organizaciones antifascistas más grandes del país.
Aunque Trump ordenó enviar la Guardia Nacional, una jueza federal bloqueó temporalmente la movilización el fin de semana pasado. La magistrada tuvo que emitir dos órdenes porque el republicano trató de hacer una peineta administrativa, ya que cuando le denegó federalizar los reservistas de Illinois, intentó movilizar los 300 guardias nacionales de California, que aún sigue controlando.
Washington (Distrito de Columbia)
En la capital del país ya se cumplen dos meses con los soldados de la Guardia Nacional patrullando armados las calles de Washington y no hay fecha aún para su retirada. Cuando Trump activó a los reservistas el pasado mes de agosto, también federalizó el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad durante 30 días.
Para poder hacerlo, Trump declaró que había una emergencia criminal en la ciudad, a pesar de que los datos del departamento de policía mostraban cómo las tasas de crímenes han descendido el último año. El crimen violento ha disminuido un 26% en la ciudad en comparación con agosto de 2024, según datos de la policía de Washington. En cuanto a los homicidios, han descendido un 12%. El presidente usó la seguridad como pretexto para militarizar la ciudad, porque en la capital apenas hay protestas y las pocas que ha habido han sido completamente pacíficas.
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La Guardia Nacional patrulla por la ciudad de Washington.
Hasta el 29 de septiembre, los agentes federales y locales habían llevado a cabo más de 3.550 arrestos. Casi 1.400 de esos arrestos se contabilizaron como arrestos administrativos por parte de ICE con la finalidad de encontrar personas sin papeles para deportarlas. No está claro cuántos de los arrestados por ICE tenían antecedentes penales, además de sus supuestas violaciones civiles de inmigración.
Los demás arrestos, según los datos, tenían un vínculo criminal. Hubo 13 arrestos por sospecha de homicidio, casi 500 arrestos relacionados con narcóticos y alrededor de 300 arrestos relacionados con armas de fuego. Más de dos docenas de los arrestos involucraron a individuos acusados de delitos sexuales.
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Memphis (Tennessee)
El pasado 15 de septiembre Trump movilizaba tanto soldados de la Guardia Federal como otros agentes federales en Memphis bajo el mismo pretexto que Washington: restaurar el orden público en medio de las supuestas altas tasas de criminalidad y que según el presidente, habían alcanzado “niveles tremendos” que habían “sobrecargado la capacidad del gobierno local para responder de manera efectiva”. El alcalde de Memphis, Paul Young, demócrata, ha sostenido que la ciudad ha estado avanzando en la reducción del crimen después de un aumento en 2023.
Igual que en el resto de ciudades, los efectivos de la Guardia Nacional no tienen capacidad de practicar detenciones. Solo pueden retener individuos temporalmente en casos muy claros de amenaza hasta que llegue la policía para practicar el arresto. A diferencia de Chicago, Portland y Los Ángeles, la movilización de los reservistas sí se ha hecho con el consentimiento del gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee.
Los Ángeles
La ciudad californiana de Los Ángeles fue la que sufrió el castigo ejemplar para el resto de bastiones demócratas y que supuso el inicio de la creciente militarización. Trump siguió el mismo patrón que ha aplicado en Chicago: desembarcó cientos de agentes federales en las calles de Los Ángeles, uno de los núcleos del país con mayor concentración de población latina, hasta que una violenta redada en un parking de un Home Depot – una cadena de tiendas de bricolaje- desató la furia en las calles con cientos de manifestantes concentrándose en el centro de la ciudad frente a uno de los centros de detención de ICE.
Trump escaló la retórica y cuando tuvo las primeras imágenes de violencia no perdió el tiempo: desplegó más de 4000 efectivos de la Guardia Nacional y envió 700 marinespara proteger los edificios federales y acompañar los agentes de ICE en las redadas. Todo en contra del consentimiento del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien se ha erigido como uno de los principales rivales políticos del presidente. Más tarde, un juez de San Francisco declaró ilegal el despliegue de soldados ejecutado por Trump.
Durante las protestas, la alcaldesa de la ciudad también aplicó un toque de queda al centro de Los Ángeles. En los primeros cuatro días de protestas, que duraron cerca de una semana, la policía practicó más de 338 arrestos, muchos de los cuales estaban relacionados con el incumplimiento del toque de queda. A pesar de que las manifestaciones duraron poco, los soldados estuvieron desplegados en la ciudad por dos meses. Actualmente, Trump sigue teniendo el control sobre 300 efectivos de la Guardia Nacional californiana.
Exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia ya están imputados en ocho procedimientos judiciales distintos por la discriminación sufrida por las personas mayores que vivían en residencias. Así lo ha anunciado este viernes una de las abogadas de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, en una rueda de prensa.
Jacinto ha recordado que la primera causa se abrió, en mayo de este año, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular citó a declarar como investigados a los exdirectores de Coordinación Sanitaria y firmantes de los conocidos como protocolos de la vergüenza, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo. Sus declaraciones se suspendieron después de que sus abogados alegaran no haber recibido las actuaciones y necesitar más tiempo para analizarlas.
Un mes después, en junio, ambos estaban citados en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, pero la comparecencia volvió a aplazarse, ya que este juzgado se inhibió en favor del Juzgado 3 de Madrid.
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Estos dos eran los procedimientos conocidos hasta ahora. A ellos se suman causas abiertas en otros dos juzgados en Madrid capital y uno en Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro. Mur figura como imputado en los ocho procedimientos, Peromingo en siete y el exdirector del Summa 112, Pablo Busca, en seis.
De izquierda a derecha, Carlos Mur de Víu, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca.
Un año de la macrodenuncia
«Basta ya de impunidad», «Ayuso, escucha, seguimos en la lucha», «No eran números, eran personas». A las 10.45 horas de un 10 de octubre como hoy, hace justo un año, se escuchaban estas frases a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las portavoces de las asociaciones de familiares Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, Carmen López y María Jesús Valero, acababan de presentar la primera macrodenuncia contra antiguos altos cargos del Gobierno de Ayuso por haber negado atención sanitaria a miles de mayores durante la pandemia.
En la rueda de prensa ofrecida este viernes, precisamente para hacer balance de la situación de la denuncia un año después, participaron los otros dos miembros del equipo jurídico –Carlos Castillo y Eduardo Ranz–, además de las portavoces López y Valero. Hubo coincidencia a la hora de calificar como «esperanzadora» la noticia de que los ex altos cargos están ya imputados en ocho procedimientos.
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La «desidia» de algunos juzgados
Junto a esa «satisfacción» por la investigación en ocho juzgados, los abogados «lamentaron» que todavía no haya sido posible tomarle declaración a los ex altos cargos en ninguno de ellos, por motivos que van desde la falta de acceso previo a la causa alegada por sus defensas hasta «el problema de competencias» surgido.
Esa disputa competencial se refiere al hecho de que en más de una decena de juzgados se hayan inhibido en favor del número 3 de Madrid, que fue el primero en abrir una investigación, pero este haya rechazado acumular todos los procedimientos. Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid quien decida si todas las causas deben acumularse en ese juzgado de Madrid, como defienden los denunciantes, el Ministerio Fiscal y Peromingo, o si deben investigarse por separado, como sostiene la jueza de Madrid 3 y la defensa de Mur.
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El equipo jurídico: «Estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune»
Los letrados confesaron que uno de los aspectos que más les preocupa «es que algunos procedimientos puedan prescribir debido a la desidia de los juzgados. Si finalmente se produce la prescripción en algunos casos, evaluaremos si la inactividad judicial fue irregular y estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune», señalaron.
Además, pusieron otros ejemplos concretos de desidia judicial. En los Juzgados de Instrucción número 6 de Móstoles y 5 de Navalcarnero aún no han adjudicado ni número de diligencias previas a sendas querellas interpuestas a principios de abril. Y el Juzgado 39 de Madrid ha tardado medio año en notificarles un auto de inadmisión de la denuncia.
El equipo jurídico y las asociaciones de las familias de las víctimas, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, en una rueda de prensa, a 10 de octubre de 2025.
La situación de los procedimientos
Detrás de esa denuncia colectiva hay 109 familias que representan a 115 mayores, de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020 sin recibir atención hospitalaria. El escrito acusa a los responsables de cometer delitos tipificados en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la «denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios». En la denuncia se señala a 29 personas: Mur, Peromingo, Busca, el exresponsable del Plan de Choque que debía «medicalizar» las residencias, Antonio Burgueño, y los geriatras de enlace de 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Burgueño está imputado en al menos una causa, la del Juzgado 3 de Madrid.
La macrodenuncia reunía un conjunto de pruebas y documentos oficiales, buena parte de ellos inéditos. Según los denunciantes, dichos documentos confirman el veto que se produjo a las derivaciones a hospitales públicos, la falta de medicalización de las residencias y que no se utilizaran recursos como el hospital de campaña creado en Ifema, los hospitales privados (salvo para los residentes que tenían seguro privado) y los hoteles medicalizados. El dosier incorporaba también actas de inspección elaboradas por la Policía Municipal, así como informes internos del Gobierno de Ayuso que detallaban el día a día en los 475 geriátricos madrileños durante los meses más trágicos de 2020. También se adjuntaban siete informes de la Consejería de Políticas Sociales y un documento de la Consejería de Sanidad sobre la «medicalización de las residencias», que confirmaba que esta se tradujo únicamente en la presencia de 24 médicos y 25 enfermeras entre marzo y abril de aquel año.
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El Ministerio Fiscal decidió fragmentar la denuncia colectiva, abriendo diligencias separadas para cada uno de los 109 denunciantes. Algunas de estas investigaciones derivaron en la presentación de denuncias ante los juzgados por parte de la Fiscalía. En el caso de 48 denunciantes, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la reapertura de procedimientos previamente archivados, relacionados con querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, presentados en su día por Marea de Residencias.
Además de la denuncia colectiva, otros familiares presentaron durante el último año directamente querellas en algunos Juzgados. En conjunto, la combinación de la denuncia colectiva y las querellas individuales, dio lugar a 92 procedimientos judiciales distintos. De ellos, 73 continúan en fase de instrucción, diez están pendientes de resolución de recursos ante la Audiencia Provincial y en cinco casos los denunciantes desistieron.
En los cuatro casos restantes, los juzgados de instrucción se negaron a reabrir causas archivadas provisionalmente, una decisión que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial. Dos denunciantes ya han presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otros dos estudian presentarlo durante los próximos días.
El asalto a la Flotilla por parte del Ejército israelí ha despertado manifestaciones multitudinarias en todo el mundo durante la tarde de este jueves.
En España, varias ciudades se han abarrotado de manifestantes que han mostrado su apoyo a la Global Sumud Flotilla. Las concentraciones en Madrid, Barcelona, Bilbao o Palma suponen la previa a las grandes manifestaciones que se han convocado para el próximo sábado 4 de octubre.
A lo largo de la tarde, cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid. Los manifestantes han coreado «la Flotilla no se toca», en apoyo a los tripulantes detenidos por el Ejercito israelí este miércoles.
Miles de personas se han concentrado también esta tarde en Barcelona, en la plaza de las Drassanes, con cánticos contra el «genocidio de Israel». Entre los participantes -ataviados con banderas y pañuelos palestinos-, familias, vecinos de la ciudad, activistas y estudiantes, muchos de los cuales este mediodía ya habían tomado las calles contra el genocidio de Israel y en protesta a la detención de los navegantes de la Flotilla.
En la concentración han participado igualmente representantes políticos de ERC, CUP, Comuns y PSC, entre otros. En atención a los medios, la eurodiputada Diana Riba (ERC) ha reclamado la liberación inmediata de los detenidos por Israel, además de acciones más contundentes del Gobierno español.
Concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla en Barcelona.
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Sin embargo, en la cabecera de la marcha en Barcelona, se han vivido momentos tensos entre los manifestantes y las autoridades, cuando los participantes han intentado bajar por una de las vías hacia la ronda Litoral para cortar el tráfico.
Dos personas fueron detenidas en Barcelona y cuatro menores en Girona por diversos incidentes durante las manifestaciones. Las dos personas arrestadas en la Ciudad Condal han acusadas de desórdenes públicos, daños, posesión de artefactos incendiarios y atentado a agentes de la autoridad, mientras un tercer manifestante ha quedado en situación de investigado por los mismos hechos.
En Logroño, una multitudinaria concentración se ha solidarizado con el pueblo palestino. La protesta se ha desarrollado a las 19.30 horas en la plaza del Mercado de la capital riojana, convocada de forma urgente por Acampada La Rioja por Palestina.
Antes de la concentración, Fares Khader, que ha actuado como portavoz, ha señalado que es un día de «rabia» en el que la gente ya salió este miércoles a la calle, y también ahora para «parar esta barbaridad que está sufriendo no solo el pueblo palestino, sino también los activistas humanitarios que llevan la Flotilla».
Otra manifestación multitudinaria ha tomado las calles de Palma. Bajo la convocatoria de Marxes per a Palestina a Mallorca y el Moviment Global a Gaza Mallorca, aproximadamente un millar de personas han salido a la calle para pedir el «fin del genocidio y la liberación de la Flotilla tras el secuestro».
Con pancartas de «Palestina libre» y «Viva la lucha del pueblo palestino», bajo gritos de «No es una guerra, es un genocidio» y «La solidaridad no es un crimen», las personas se han manifestado cerca de una hora en la plaza de Cort.
En Salamanca, la Policía ha impedido que la manifestación multitudinaria siguiera su curso ya que estaba solicitada como una concentración.
Las calles de Euskadi también se ha llenado de miles de personas que coreaban «Palestina, askatu» (Palestina, libre) y «No es una guerra, es un genocidio».
Tras las movilizaciones multitudinarias de esta mañana, secundadas sobre todo por estudiantes, por la tarde, a las 19.00 horas, miles de personas de todas las edades se han sumado a las manifestaciones en las tres capitales vascas.
En Vitoria la marcha ha salido de la plaza de Bilbao, encabezada por una pancarta con el lema «Gora Palestina. Israel estatu terroristarekin harreman oro eten» (Viva Palestina. Romper toda relación con el Estado terrorista de Israel).
En Bilbao ha partido de la plaza del Sagrado Corazón, hacia el Ayuntamiento. Los manifestantes, muchos con pañuelos y banderas palestinas, han exhibido fotos de niños y adultos muertos por la invasión israelí.
Manifestación en apoyo a Palestina celebrada en Alacant.
Las manifestaciones se extienden por el mundo
Las protestas también se han extendido por toda Europa. Italia, Alemania y Francia han acogido algunas de las manifestaciones más multitudinarias.
En Berlín, cinco personas han sido detenidas por arrojar pintura roja al Ministerio de Exterior alemán. Más de un centenar de manifestantes propalestinos también han sido arrestados en Marsella este jueves, acusados de bloquear la fábrica de armamento Eurolinks. La empresa ha sido señalada por haber proporcionado componentes militares a Israel para su ofensiva en la Franja de Gaza.
Una persona muestra las manos manchadas de rojo en la manifestación de Berlín.
«Más de 100 personas fueron detenidas y puestas bajo custodia policial durante una concentración no autorizada», ha indicado la Prefectura de la Policía de Bocas del Ródano (a la que pertenece Marsella), en un comunicado.
En Italia, más de 10.000 personas, según la Policía, convocadas por el colectivo Global movement to Gaza Italia,se han manifestado en las inmediaciones del Coliseo de Roma por el asalto a la Global Sumud Flotilla.
El objetivo es protestar contra el asalto y caldear la atmósfera de cara a este viernes, cuando el mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades. Las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur).
En Bruselas se han congregado unas cuatro mil personas, según varios medios de comunicación belgas, tras una primera protesta espontánea, que tuvo lugar este miércoles en la capital comunitaria.
Los manifestantes han comenzado la marcha frente al ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas y se han dirigido hacía la Plaza de Luxemburgo, al lado de la sede de la Eurocámara y cerca del resto de las instituciones europeas.
Los participantes no solo han denunciado la intervención del ejército israelí en el asalto a la Flotilla Global Sumud, sino que también han exigido el fin inmediato del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.
En Brasil, un grupo de estudiantes se ha manifestado para apoyar a los activistas de la Flotilla Global Sumud y pedir al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que rompa relaciones con el Estado judío.
La protesta, promovida por la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, se ha celebrado frente al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Manifestación en apoyo a la Global Sumud Flotilla en Brasilia.
«Queremos que el Gobierno brasileño actúe con altura de miras para proteger a los brasileños y a todos los que fueron detenidos de forma ilegal y que rompa relaciones con el Estado terrorista de Israel», ha exigido un joven.
Este jueves también se esperan otras concentraciones en centros universitarios de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.
Desgaste permanente, esfuerzos titánicos, un ritmo divertidísimo y un partido definido en el último minuto. El PSG volvió a ser enorme en Barcelona con su tercera victoria consecutiva en la ciudad condal tras un impulso final digno del campeón de la Champions. Al Barça le pesó mucho la segunda parte donde Gonçalo Ramos sentenció la remontada en el 89′. Dura derrota para los azulgrana que siguen persiguiendo fantasmas ante los parisinos y parecen seguir un escalón por debajo del equipo de Luis Enrique en la lucha por la ‘Orejona’.
‘Oh la Lamine’
Que Lamine Yamal tenía ganas de este partido nos costó sólo dos minutos verlo. Cuando le tiró una ruleta a Vitinha y Barcola y dejar desparramado por el suelo a Nuno Mendes inmediatamente después. Le tenía cogida la matrícula el español tras la que tuvieron en la final de la Nations League. Nuevo síntoma inequívoco de que el partido, una vez más iba a estar en sus botas.
La clase de magia había empezado. Lamine tenía ganas y se reinventó la jugada de la final de la Copa del Rey en la que le cruzaba un balón a Ferran Torres y éste regateaba al portero para marcar. El valenciano, sin embargo, se topó con un imponente Zabarnyi que parecía haberse visto la jugada ya. Pero el duelo estaba abierto, el balón se movía de un área para otra en jugadas rapidísimas porque ambos equipos se estaban diciendo las intenciones a la cara y sin tapujos. La balanza, otra vez, la volvió a decantar Lamine.
Pocos ven el fútbol como él, que adivinó la salida del PSG, reclamó la pelota, se la regaló a Rashford y el inglés sólo tuvo que actuar como pared para dársela a un Ferran al límite del fuera de juego. El final de un truco que es de récord: 45 partidos del Barça marcando, la racha más longeva en su historia.
Fútbol no apto para mayores de 20 años
Sin embargo, el PSG es un experto en hacer aparecer los fantasmas del pasado azulgrana. Frenkie de Jong terminó dando gracias tras una falta a Nuno Mendes que recordó a aquella tarjeta roja que vio Ronald Araújo en el mismo escenario, ante el mismo rival y casi en el mismo minuto, que provocó la hecatombe en cuartos de 2023.
El portugués era un derroche de energía y aprovechó un desajuste de un Barça que flojeó sin balón. Mendes se recorrió todo el campo azulgrana localizando a Mayulu en la internada al área. Cubarsí se quedó con el molde en el corte y dio ventaja para que el francés de 19 años le diese una nueva razón a Luis Enrique para ser el ‘9’ titular.
Ahí el PSG recuperó la presión y sacó a once perros de presa dispuestos a morder por el balón tras el descanso. Exigieron a Gerard Martín por la banda; Barcola se relamía y el juego era endiablado. Poco a poco el Barça fue recuperando identidad, Rashford, su espacio para correr y Lamine, las oportunidades para sacar a pasear la zurda, que ya ha demostrado que no está acostumbrada a tirar faltas.
Del arreón azulgrana aún se tiene que estar lamentando un Dani Olmo que tuvo una de esas que son gol o gol. De un pase de Rashford de esos que no van a ninguna parte nació un rechace que cazó el Terrasa en boca de gol para disparar directo a un Hakimi que estaba bajo palos. Fue la más clara de un Barça que se deshizo en ataque a partir de ahí. Le costaba horrores recuperar una pelota y no hablemos de hacerlo en campo contrario.
Por contra, creció Vitinha, subió el PSG y achicó a los azulgrana en su área. El Barça se dejó hacer y mostró que aún está un nivel por debajo del que requiere ser campeón de Champions. El vigente actuó de oficio y siguió picando piedra hasta encontrar Hakimi la contra perfecta para cederle los honores de la victoria a un Gonçalo Ramos que marcaba el gol de la victoria en el minuto ’89. La revancha interminable sigue siguendo una cuenta pendiente para los azulgrana.
Victoria dulce para los parisinos en una Barcelona que les sonríe los tres últimos años y pese a las bajas; derrota dura para un Barça muy desgastado y exigido, que se quedó corto. Un partido que le sirvió para medir directamente con el campeón sus aspiraciones a la Champions. Mejorar y aprender como filosofía para lo que queda por delante.
Por las normas de reparto, los recursos de apelación y queja sobre la instrucción de Juan Carlos Peinado le han correspondido a la Sección 23 (penal) de la Audiencia Provincial de Madrid. 9 de ellas han sido resueltas y están pendientes, al menos, otras cinco. Cuatro de los cinco magistrados que forman la sección son claramente conservadores. La única de los cinco integrantes que se ha inhibido (apartarse voluntariamente de un caso por motivos que puedan afectar la imparcialidad) ha sido la 5ª magistrada y ex ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca, considerada de la cuerda progresista.
En su mayoría, no sólo han dado su visto bueno a la instrucción de Peinado confirmando como investigados a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, sino que le han ‘guiado’ en sus decisiones posteriores como, por ejemplo, el delito de malversación. Estos son los perfiles magistrados de la Sección 23:
María del Rosario Esteban Meilán
Presidenta de la sección. Promoción de 1986.
1987. Juzgado en Bailen (Jaén)
1987-1988. Juzgado de Distrito 24 de Madrid
1988-2003. Juzgado de Instrucción 40 de Madrid
2003-2009. Juzgado de lo Penal 25 de Madrid 3
2003-2009. Vicedecana de los juzgados de lo Penal siendo Decano José Luis González Armengol
2009-2025. Audiencia Provincial de Madrid (Secciones penales 2 y 23)
2019. Candidata no electa como magistrada de la Sala II del Tribunal Supremo (2019) para sustituir por jubilación a Luciano Varela Castro, Francisco Monterde Ferrer y Alberto Jorge Barreiro.
Está casada con su compañero de promoción el magistrado Eduardo Jiménez-Clavería Iglesias actualmente destinado en la Sección 26 (Penal) de la Audiencia Provincial de Madrid. Siendo juez de lo Penal número 16 de Madrid fue muy polémica su sentencia en la que absolvía a un acusado de maltrato psíquico habitual, consistente en imputar a su esposa relaciones sexuales con terceros, porque los maltratos fueron realizados sólo «en el ámbito familiar», sin que «hubieran excedido de dicho entorno», entre otros argumentos. La sentencia relaciona la extensión de la querella con la ausencia de delito, porque para mostrar que éste existe «bastan dos o tres líneas». «Si son necesarios tantos folios, tantos testigos, para llevar a un tribunal a la certeza de la comisión de un hecho delictivo, es porque no existe base para ello, y se intenta buscar tres pies al gato», afirmaba en sus fundamentos jurídicos.Siendo juez de lo Penal número 16 de Madrid fue muy polémica su sentencia en la que absolvía a un acusado de maltrato psíquico habitual, consistente en imputar a su esposa relaciones sexuales con terceros, porque los maltratos fueron realizados sólo «en el ámbito familiar», sin que «hubieran excedido de dicho entorno», entre otros argumentos. La sentencia relaciona la extensión de la querella con la ausencia de delito, porque para mostrar que éste existe «bastan dos o tres líneas». «Si son necesarios tantos folios, tantos testigos, para llevar a un tribunal a la certeza de la comisión de un hecho delictivo, es porque no existe base para ello, y se intenta buscar tres pies al gato», afirmaba en sus fundamentos jurídicos.
Enrique Jesús Berges de Ramón
Promoción de 1991.
Primer destino en Puerto de la Cruz, posteriormente trasladado a Parla y de allí a Bilbao, donde asciende a magistrado.
Pasa a sustituir a la titular del Juzgado de Instrucción nº27 de Madrid.
Nombramiento en propiedad como del Juzgado de Instrucción nº27 de Madrid.
Es trasladado a la Audiencia Provincial de Madrid sustituyendo a Gemma Gallego que está en servicios especiales.
Nombramiento en propiedad como Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
En 8 de los 9 autos en los que se ha resuelto recursos sobre la instrucción de Peinado ha sido el ponente.
En 2024 promovió, junto a Jesús Gómez-Ángulo Rodríguez y José Sierra Fernández una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, señalando que «a criterio de la Sala, vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley (artículo 14 de la Constitución), así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución Española proclama (artículo 9) y, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional (artículo 117)».
Además, formó parte de la Sala de la Audiencia Provincial de Madrid que acordó, mediante la estimación del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Rodrigo Rato Figaredo, dejar sin efecto la investigación de los fondos de su hija, Ana de Rato Alarcó, dado ya que no es objeto del presente procedimiento y mucho menos de la pieza separada de responsabilidad civil. Como consecuencia, «ni ella ni los bienes que conforman su patrimonio pueden ser investigados en esta causa» y la causa fue retirada en consecuencia del informe 464 de la UCO que informaba de estos vínculos familiares.
A su vez, tras una demanda por injurias de Jaime Rafael de Marichalar y Sáenz de Tejada, ex yerno del entonces Rey Juan Carlos y siendo titular del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, impuso una fianza de 1.039.950 euros a los periodistas Carlos Dávila, ex director de la revista Época, y a María Eugenia Hernández Viñes, que firmó una información publicada en el 2008 en la portada de la citada revista con el título: «Conflicto en la separación de Doña Elena. Alega consumo ocasional de cocaína». En 2012, el Juzgado de lo Penal número 13 de Madrid falló a favor de la citada revista, ya que los periodistas «actuaron correctamente al publicar la información y que no hubo «injurias ni ánimo de injuriar».
Otro caso que llamó la atención en su momento se remonta a cuando presidió por vez primera un Tribunal del Jurado que juzgó a cuatro personas en la Audiencia Provincial de Madrid por el asesinato de un joven de 28 años ocurrido en 2016. Berges debía preparar y entregar el escrito del veredicto una vez concluido el juicio oral a los 9 miembros del tribunal del jurado especificando los puntos concretos sobre los que tenían que deliberar y contestar, y dicho escrito previamente tenía que ser sometido a las partes –fiscal, acusación particular y defensas– con el fin de verificar que las preguntas que se plantean al tribunal del jurado son las adecuadas. El magistrado se retrasó en la entrega provocando quejas de la fiscalía, los abogados de la acusación particular y las defensas. Con una amenaza de juicio nulo los nueve miembros del tribunal del jurado, finalmente los miembros del Jurado fueron llamados a deliberar.
Jesús Gómez-Angulo Rodríguez
Promoción de 1991.
Tiene su primer destino en Torrelavega, de donde pasa al Juzgado de Instrucción nº8 de Alicante.
Trasladado a la Audiencia Provincial de Alicante.
Adscrito a la Audiencia Provincial de Alicante.
Magistrado en propiedad Audiencia Provincial de Alicante
Magistrado en la Audiencia Provincial de Madrid.
Tiene vinculaciones familiares con cualificados miembros del PP, como su hermano, Juan Antonio Gómez-Angulo, amigo personal de José María Aznar y Ana Botella durante los años que los tres estudiaron Derecho en la UCM y que se desempeñó como diputado de la Asamblea de Madrid por el PP (1983-1987), primer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid (1991-1995). En el 2000 accedió a la Secretaría de Estado de Deportes, con el primer gobierno de José María Aznar. En junio de 2012 José Ignacio Wert, ministro de Educación con Rajoy, lo designa presidente de la Comisión de Trabajo para el Fomento y la Protección de la Tauromaquia, y en febrero de 2013, con Ana Botella como alcaldesa, es nombrado Coordinador General de la Alcaldía del Ayuntamiento de Madrid. Finalmente, vuelve a ser diputado en la Asamblea de Madrid (2015- 2019).
Su sobrina, Paula Gómez-Angulo Amorós, es concejala del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid y concejala presidenta del Distrito de Tetuán, y para el próximo Congreso Nacional Extraordinario del PP ha sido designada por Feijóo como Coordinadora de Enmiendas. Ha sido directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid (mayo de 2018 – septiembre de 2019), concejala de Familia, Servicios Sociales y Transportes en el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (septiembre 2017-mayo 2018), concejal de Familia, Servicios Sociales y Sanidad (junio de 2015- septiembre de 2018), concejal de Servicios Sociales (2011- 2015) y diputada autonómica en la VIII Legislatura de la Asamblea de Madrid (2007-2011).
José Sierra Fernández
Promoción de 1989.
1990. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra como primer destino.
1991. Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Valdepeñas
2003. Juzgado de Instrucción número 47 (nueva creación)
2010. Letrado en el Consejo General del Poder Judicial.
2015. Audiencia Provincial de Madrid. Sección 23 (servicios especiales en CGPJ)
CGPJ. Letrado jefe de la Unidad de Actuaciones Previas, que depende del Promotor de la Acción Disciplinaria
2017. CGPJ. Promotor de la Acción Disciplinaria interino en sustitución de Antonio Jesús Fonseca-Herrero
2019. CGPJ. Continúa en servicios especiales
2020. Audiencia Provincial de Madrid.
En el año 2007, siendo titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, abrió diligencias para investigar a la clínica Isadora donde, según el SEPRONA de la Guardia Civil, se podían estar practicando abortos ilegales. Dos agentes acudieron a la clínica para, supuestamente, comprobar la gestión de residuos orgánicos. Decidieron inmovilizar los bidones que se iban a entregar a una empresa de gestión de residuos y acuden al juzgado de guardia de Madrid para poder abrirlos, y aseguran que sospechan de «abortos ilegales». El Juzgado de Instrucción número seis de Madrid lo deniega por falta de indicios de delito.
Los agentes abren días después los bidones con un técnico de la Consejería de Sanidad de Madrid. Aparecen cinco fetos y cuatro restos que, según la Guardia Civil, pueden tener más de 22 semanas, el límite para practicar abortos en ese centro. El Seprona quiere denunciar, pero no vuelve al mismo juez y busca otro más favorable, y es cuando José Sierra Fernández abre diligencias. La Consejería de Sanidad de Madrid acusa a la clínica de incumplir la normativa de gestión de residuos orgánicos y el juez Sierra pide a la Guardia Civil que identifique a las pacientes cuyos nombres aparecían en las etiquetas de los botes de formol con los restos fetales y a los trabajadores de la clínica. Los agentes se presentan en sus domicilios.
El Anatómico Forense dice que, de nueve casos, siete están por debajo de las 22 semanas y en dos no se puede determinar la edad gestacional. La clínica pide que el caso vuelva al juzgado 6, y en enero de 2008,. alrededor de 25 mujeres que abortaron son llamadas a declarar como testigos ante la Guardia Civil. El juez Sierra imputa a tres médicos: el responsable del centro, un médico y la psiquiatra. Unos meses después, el Ministerio del Interior comienza a investigar las actuaciones de los agentes del Seprona, que ocultaron a dos magistrados que el juez de guardia había cerrado el caso. En julio de 2009, la Audiencia Provincial de Madrid resuelve que el juez Sierra no era competente para tramitar el caso porque era responsabilidad del juzgado 6, que los médicos no han sido acusados de nada en concreto, que las organizaciones antiabortistas no pueden personarse en la causa y que los agentes de la Guardia Civil desobedecieron una resolución judicial y buscaron un juez favorable a sus propósitos.
María Pilar Llop Cuenca
Jueza de instrucción (2001-2011)
Magistrada desde 2004
Asesora Residente en el Proyecto Twinning de reforzamiento del sistema judicial búlgaro (2009-2010)
Letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial (2011- 2015)
Diputada en la Asamblea de Madrid (2015)
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género (2018)
Presidenta del Senado (2019-2021)
Ministra de Justicia (2021-2023)
En diciembre de 2024 comunicó que se inhibía.
Autos que resuelven recursos de apelación y queja sobre la instrucción de Peinado
Hasta el momento se han pronunciado en 9 ocasiones:
01. Auto 445/24. Confirma la instrucción excluyendo a Globalia.
02. Auto 785/24. Mantiene la instrucción de Peinado dejando fuera el rescate a Globalia.
03. Auto 50/25. Declara nulo el registro de la vivienda y oficinas de J.C. Barrabés.
04. Auto 95/05. Declara nulo el clonado de móviles, tablet y portátiles de J.C. Barrabés.
05. Auto 413/25. Estima parcialmente los recursos de MF y de varios investigados y confirma parcialmente las resoluciones de Peinado.
06. Auto 414/25. Estima el recurso de queja de Cristina Álvarez y anula la providencia de Peinado.
07. Auto 460/25. Revoca la decisión de Peinado a favor de Vox y designando a Hazte Oír como representante de las acusaciones populares.
08. Auto 539/25. Desestima recursos contrarios al registro de llamadas de Cristina Álvarez. 12.06.25.
09. Auto 540/25. Mantiene como investigada a Cristina Álvarez.
Sobre Begoña Gómez, la Audiencia Provincial señala que su implicación en los hechos investigados «se podría deducir de que ésta debía de venir aprovechándose de su proximidad al Presidente del Gobierno, como su esposa, para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada, en un sector novedoso, como es, el de la captación de fondos por entidades, en relación a establecimiento de criterios de responsabilidad social competitiva transformadora de la sociedad. Por ello, las Empresas del Grupo Barrabés resultaban una pieza clave en el desarrollo e implementación de la Cátedra, para el lanzamiento y supuesta excelencia profesional desde la cual se habrían urdido el resto de actividades, sobre la que se proyecta la sospecha delictiva, consistente en una clara desviación de poder».
Sobre Cristina Álvarez, disciernen que «también procede mantener la condición de investigada, ya que de otras diligencias practicadas en esta instrucción se deduce su colaboración activa, en los fines perseguidos por la principal investigada y que será desarrollado de forma expresa, en el rollo RPL 387/25, que tiene por objeto los recursos interpuestos en relación a su cambio de condición a investigada. De lo que antecede se deduce que, las manifestaciones incriminatorias prestadas como testigos no ratificadas posteriormente en su condición de investigado no podrán ser valoradas para acusar». «¿Qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar?, la investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el presunto plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados. Ya que las funciones de su cargo como asistente consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo en cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno, la medida consistente en conocer el registro de llamadas entrantes y salientes y los concretos destinatarios resulta imprescindible ante los intentos de ocultar datos y fechas que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplos la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistente, Cristina Álvarez, añadiendo que esta última, era la persona de confianza ya que siempre le acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos».
Sobre Francisco Martín Aguirre, aún no se han pronunciado sobre los recursos de la abogacía del Estado y la Fiscalía en relación con su etapa de Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
Sobre Juan Carlos Barrabés, determinan que «su interés procesal tiene origen en las adjudicaciones públicas de las que ha sido beneficiaria la empresa Innova Next S.L y que estas se hubieran concedido en un corto periodo de tiempo, entre los años 2021 y 2022, once contratos públicos con distintas Administraciones, ganando a propuestas más ventajosas y por un valor de unos 21.000.000 €, contando en algún caso con el aval personal de Begoña Gómez como directora de la cátedra. La relación entre ambos investigados que constituye la clave del desarrollo de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, utilizada como plataforma desde la cual se urdieron el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva. Esto explica el rápido desarrollo de la citada Cátedra, con la diligente consecución de financiación por empresas sometidas a supervisión gubernamental o beneficiarias de importantes subvenciones o adjudicaciones de contratos públicos”.
Sobre el delito de malversación: «Volviendo al caso concreto ahora analizado, decíamos que la providencia de 9 de enero era jurídicamente errada, porque, si bien es cierto que el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión, sin embargo, su connivencia o anuencia con esa conducta viene a redundar en el elemento clave de la influenciabilidad subjetiva de la conducta constitutiva de posible tráfico de influencias. Es decir, al tolerar ese ilícito comportamiento, quizá no esté cometiendo un delito de malversación, que solo cabría plantear en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada, pero si es un elemento fáctico de la máxima transcendencia a la hora 9 de poder acreditar su solidaridad con el plan del autor, en tanto su posición institucional refuerza las posibilidad de influencia de la conducta de la principal investigada, que se mueve en ese limbo de poder no institucionalizado».
Hasta el momento, Peinado ha sido desautorizado respecto a:
Pedro Sánchez. Si bien han avalado su declaración presencial como testigo, han considerado que no era necesario entregar el video grabado de su declaración: «Carecía de cualquier utilidad la entrega de dicha declaración, ya que en dicha diligencia el presidente del Gobierno se acogió a su derecho a no declarar, por lo que la entrega y publicación de dicho acto carecía de sentido, debiendo permitirse a las partes se instruyeran sin necesidad de entregar copia porque el citado contenido carecía de interés ya que sólo contenía determinados formalismos».
Juan José Güemes (IE). Cuestionan su pase de testigo a investigado. Le ordenan sacarle del sumario y, en consecuencia, que deje de investigar al África Center (IE).
Joaquín Goyache, rector de la UCM. También cuestionan su pase de testigo a investigado. Le ordenan sacarle del sumario.
Globalia-Air Europa. Hasta en tres ocasiones le ha insistido que las ayudas de la SEPI, ratificadas por el Gobierno, no deben de ser investigadas por falta de indicios: «En relación la solicitud de documentación a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, SEPI, en relación a las ayudas otorgadas a la empresa AIR EUROPA Holding SL (…) los recursos se estiman parcialmente contra dicha decisión, quedando esos hechos excluidos del presente procedimiento, a tenor de lo ya resuelto por la Sala, sin perjuicio que, de entender el instructor la existencia de indicios racionales de criminalidad de algún hecho nuevo que haga presumir la comisión de un delito distinto, ajeno al objeto del procedimiento que se está instruyendo, deduzca los correspondientes testimonios, para su tramitación separada».
Sobre Cristina Álvarez han aceptado su recurso de queja anulando una providencia que le impedía presentar ante la AP un recurso de apelación. Consideran que el instructor no motivó su negativa.
La Sala de Gobierno del TSJM estimó por unanimidad «el recurso de alzada número 5/2025 interpuesto por el letrado Antonio Camacho Vizcaíno, contra el auto de 14 de abril de 2025 dictado en la pieza separada de corrección disciplinaria 1146/2024 por el juez Peinado, dejando sin efecto la sanción de multa impuesta.
Recursos de apelación pendientes
El tiempo medio en resolver los recursos se puede estimar en algo más de 2 meses. Estos son los algunos de los que se encuentran a la espera:
Fiscal. Recurso de apelación contra la decisión de Peinado de investigar por malversación a Francisco Martin Aguirre durante su etapa como Secretario General de la Presidencia del Gobierno.
Begoña Gómez. Recurso de apelación a la investigación de Globalia.
Begoña Gómez. Recurso de apelación contra la providencia del 3 de septiembre de 2025 solicitando correos de Begoña Gómez a Moncloa.
Begoña Gómez. Recurso de apelación contra el auto en el que es imputada por malversación.
Fiscal. Recurso de apelación contra la providencia del 3 de septiembre de 2025 en la que se solicita una copia de los correos de Begoña Gómez.
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El Partido Popular (PP) se encuentra inmerso en una lucha interna por el posicionamiento con respecto a la gestión migratoria. De un lado, la perdida de terreno electoral con respecto a la extrema derecha empuja a muchas voces a endurecer su discurso contra los inmigrantes, proponiendo deportaciones masivas y cargando contra menores. Del otro, la férrea defensa de los intereses empresariales, favorables a aprovechar como mano de obra barata a un colectivo fuertemente condicionado por la precariedad, impide a Génova enarbolar la bandera de la expulsión indiscriminada. Con esta dualidad, Alberto Núñez Feijóo ha hecho malabares este fin de semana.
El máximo responsable del PP ha reunido este domingo, en Murcia, a sus barones autonómicos para emitir una declaración conjunta. Varios son los apartados abordados en las 12 páginas de texto (igualdad, inmigración, transporte, infraestructuras y energía y defensa del sector primario), pero sin duda el que más puntos propositivos recoge es el referido a la población extranjera. “Un visado por puntos”, a modo cartilla de buen comportamiento, y que los españoles “decidan quién entra en nuestro país y en qué condicione”, sin especificar qué se supone que significa eso, han sido las grandes propuestas de Feijóo.
«Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones entra», ha espetado el gallego desde el Teatro Circo, y así ha quedado plasmado en lo que han denominado “Declaración de Murcia”. Feijóo apuesta por dar puntos en función de conocimiento cultural, capacidad de integración, trabajo en sectores donde se requiere mayor mano de obra y restarlos en caso de cometer delitos graves. Asimismo, el líder de la oposición también ha defendido que se tenga en cuenta la relación bilateral con el país de origen, aunque la persona migrante no tenga ninguna responsabilidad en esta materia.
«Un nuevo visado por puntos que prime la entrada de quien quiere trabajar en los sectores donde hay falta de mano de obra, de quien conoce mejor nuestra cultura y de quien tiene mayor capacidad de integración”, ha defendido Feijóo. Apartando la hojarasca discursiva, el jefe del PP apuesta por entender a las personas como herramientas de trabajo que se desempeñen allí donde los españoles no quieren, por condiciones y salario; seleccionarlas en función de su cultura, dando preferencia a países que comparten idioma, religión mayoritaria y tradiciones; y vigilarlas en todo momento.
«También computará el compromiso de los países de origen», ha proseguido. «Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados. Y si los países de origen incentivan el desorden, evidentemente no, y no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden», ha desgranado, depositando sobre las espaldas de aquellos que migran en busca de una vida mejor las decisiones de sus gobiernos, muchos de ellos autoritarios. Si los puntos los va a repartir el propio Feijóo o un jurado definido por él es una duda que ha quedado en el aire.
Análisis de la contribución
Superar los primeros exámenes del Partido Popular tampoco valdrá a los migrantes para vivir con tranquilidad. Igual que el carné de conducir, la estancia de los extranjeros en España también será supervisada. “Contribuir tiene que ser condición para permanecer”, ha presentado el gallego, asegurando la alternativa es que «cualquiera pueda entrar ilegalmente y sin voluntad de trabajar, empadronarse, pedir el arraigo sin requisitos de permanencia ni contrato y luego pedir ayudas como la del ingreso mínimo vital”. Una caricatura racista muy rentable electoralmente, pero que dista mucho de la realidad.
“El abuso fraudulento de trámites para lograr prestaciones y de las vías de regularización excepcionales, como el arraigo, junto al colapso del sistema de asilo y la ausencia de sistemas de retorno efectivos, han roto los incentivos a quien quiere cumplir, premiando la irregularidad frente a la legalidad”, recoge la declaración del PP. “Se ha disparado la dependencia del sistema”, añaden, apuntando a “altas tasas de desempleo entre extranjeros, precariedad laboral y un uso creciente de las prestaciones sociales, sin que sea necesario demostrar una aportación previa al sistema”.
Más allá de que la precariedad laboral y la dificultad de encontrar trabajo cualificado sea responsabilidad, en gran medida, del racismo empresarial; lo cierto es que los datos, no presentado por Feijóo, son falsos. La población migrante es la responsable de una cuarta parte del crecimiento del PIB que está disfrutando España y aportan diez veces más a la Seguridad Social de lo que perciben de esta. Datos económicos que no debería ser utilizados para clasificar a personas, pero dado que la extrema derecha neoliberal gusta de tratar como cifras o mera fuerza de trabajo a los migrantes, sus representantes podrían informarse con anterioridad en los organismos estadísticos nacionales e internacionales.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está empezando a tener demasiados frentes abiertos al mismo tiempo que reman a la contra de los intereses y posicionamientos del Partido Popular. La dirigente madrileña siempre se ha caracterizado por ser un verso libre y por no comulgar, en muchas ocasiones, con la dirección nacional del partido en ciertas cuestiones, pero el contexto actual ha llevado esa excepcionalidad al extremo y ha abierto varias brechas entre Madrid y Génova.
En primer lugar, uno de los asuntos que peor le viene al PP nacional es la situación de su pareja, Alberto González Amador, al que la magistrada instructora del juzgado 19 de Madrid ha abierto este lunes juicio oral por cuatro delitos: dos por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal, haciendo que suba la petición de condena al empresario en este juicio que se concentra en la principal pieza de la causa de investigación, sin olvidarse de que aún queda pendiente el cierre de la pieza separada por la que se acusa a González Amador de corrupción en los negocios.
En este punto, la Fiscalía pide tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso por el fraude fiscal de 350.910 euros en facturas falsas entre 2020 y 2021. González Amador también está procesado por la presunción de un delito de falsedad documental después de haberse presentado facturas que no se corresponden con servicios que realmente prestó y que fueron aportados con el fin de minorar la cuota tributaria. Esta cuestión es especialmente delicada para un Partido Popular que ha estado azuzando, durante meses, la situación judicial de los familiares de Pedro Sánchez (Begoña Gómez, su mujer, y David Sánchez, su hermano, ambos bajo procedimientos judiciales) para hacer política, ya que el discurso incurre rápidamente en la hipocresía y en las contradicciones con el caso de la pareja de la dirigente capitalina.
Barones del PP manifiestan su apoyo a Palestina
En segundo lugar, está la cuestión israelí y del genocidio palestino. Ayuso se ha erigido, especialmente durante las últimas semanas, como una firme defensora de la operación sionista en la Franja de Gaza, llegando a cuestionar una masacre que ya ha dejado 65.000 víctimas mortales. Los motivos por los que Ayuso ha decidido tomar esta posición no son únicamente ideológicos, sino que también obedecen a los intereses empresariales, económicos y lobistas del sionismo en la capital española. Sea como fuere, la madrileña se queda cada vez más sola en el PP en esta cuestión: el Parlamento de Galicia, con mayoría absoluta del PP de Alfonso Rueda, guardó un minuto de silencio por las víctimas del genocidio en Gaza, a propuesta del PSdeG y con el apoyo de Democracia Ourensana y del Bloque Nacionalista Galego.
En el mismo sentido, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, también ha hablado de lo que está ocurriendo en Gaza en términos de genocidio. «Si usted lo que quiere es una discusión semántica para poner límites y muros entre españoles y andaluces no la va a encontrar conmigo. ¿Usted quiere que reconozca genocidio? Yo se lo reconozco», dijo Moreno Bonilla interpelando a Inmaculada Nieto (Por Andalucía). Tanto Bonilla como Rueda se suman a Feijóo, que hace unos días ya hablaba de «masacre» y calificaba de «inaceptable» la ofensiva israelí sobre Gaza. De momento, han sido dos los barones del PP (más su líder) que se han pronunciado en este sentido, pero a vista de la intervención del rey Felipe VI en la Cumbre de Naciones Unidas, en la que reconoció la viabilidad de la creación de un Estado palestino y pidió detener la masacre, es probable que otros dirigentes del partido se sumen a Galicia y Andalucía.
La postura de la Casa Real, también a la contra de Ayuso
Certificando el carácter de verso libre de Ayuso dentro del Partido Popular en cuanto al genocidio en Gaza, los términos en los que se pronunció el líder del PP son parecidos a los de la Casa Real. Felipe VI recordó en la citada cumbre «lo peor de lo que es capaz» la humanidad, reivindicando que la ONU parte de «una convivencia en paz» y que está basada en el respeto a los Derechos Humanos.
«El final de la guerra más devastadora dio paso al nacimiento de Naciones Unidas: un pacto entre naciones, una promesa solemne a las generaciones futuras de que nunca más se permitiría que el miedo, la violencia y las amenazas marcaran nuestro destino común”, señaló. Con palabras más concretas sobre Gaza, defendió el fin de la masacre y la solución de los dos Estados. En estos momentos, parece que ya solo Ayuso y Vox se niegan a pronunciarse en tono contundente para referirse a los ataques perpetrados por el ente sionista.
La extrema derecha no quiso entrar a valorar las palabras de Felipe VI sobre la destrucción de la Franja y el reconocimiento del pueblo palestino, solamente cargó contra Sánchez, acusándole de intentar «asaltar todas las instituciones», incluso la Corona, responsabilizándole también del discurso del monarca.
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“No podemos guardar silencio ni mirar hacia otro lado ante la devastación, ante tantas muertes civiles, la hambruna y el desplazamiento forzoso. Son actos aberrantes, están en las antípodas que este pueblo representa, repugnan a la conciencia humana y avergüenzan a la Comunidad Internacional”. Éste es tan sólo un fragmento del discurso que entonó el rey Felipe VI en la Asamblea General de la ONU este miércoles y que, desde el plano nacional, ha generado repulsa desde la derecha más conservadora y ultra.
Desde Alvise, pasando por Hazte Oír y organizaciones proisraelíes, hasta dirigentes de Vox, los reproches contra el monarca se han secundado en los últimos días a golpe de comentarios y diversas publicaciones en redes sociales, donde estos sectores se movilizan y llegan a miles de personas.
Y es que el punto en común que encuentran estas voces críticas del conservadurismo más radical radica en que el rey esgrimió una línea argumentativa en sintonía con el Gobierno central en cuanto a la condena de la ofensiva israelí sobre el territorio palestino de Gaza, así como las miles de vidas que estos bombardeos se han cobrado hasta la fecha. Una subida de tono contra la Casa Real que, cierto es, viene de antaño, puesto que la misma ultraderecha llegó a popularizar en los últimos tiempos apodos despectivos contra el monarca llamándole “Felpudo VI” a modo de repulsa.
De Alvise a Vox: la ultraderecha se lanza contra el rey
Desde que Felipe VI defendiera su discurso en la ONU en clave de condena a los crueles acontecimientos que llegan desde Gaza, distintas voces ultras se han ido movilizando en redes con consignas de rechazo hacia el jefe del Estado. “Ambos han mantenido encuentros privados y momentos de relajación y risas tras el discurso en donde el rey ha apoyado la política internacional de Sánchez”, condenó, por un lado, Alvise Pérez, líder y europarlamentario de Se Acabó la Fiesta, en su canal de Telegram.
Le siguieron el paso otras voces desde el panorama político en nombre de Vox, como bien fue el caso del eurodiputado Hermann Tertsch: “El rey ha leído en Nueva York un panfleto socialista globalista y totalitario que le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona. Los pasados seis años fue Sánchez quien habló en la Asamblea General para soltar él mismo su basura”, dijo, culpando al presidente del Gobierno de poner “sus palabras en la boca” del monarca.
El Rey ha leído en Nueva York un panfleto socialista globalista y totalitario que le ha colocado el felón Sánchez dentro de su programa de destrucción de la Corona. Los pasados seis años fue Sánchez quien habló en la Asamblea General para soltar él mismo su basura. Este año… pic.twitter.com/y7iZISbSxD
Juan Carlos Girauta, ex de Ciudadanos y ahora miembro de las filas de Vox, tachó en un artículo en El Debate de “trampa” de Moncloa a Zarzuela, diciendo que el rey tuvo que “defender lo indefendible” en la ONU.
Desde otro espectro ultraconservador, destacó el líder de Hazte Oír, Ignacio Dancausa, elevó el tono con la siguiente afirmación en redes: “Muy triste. Es como si a Su Majestad Felipe VI lo hubiera abducido Sánchez”, lamentó.
En voz de otras organizaciones, esta vez de la mano del conocido lobby proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), incluso incluyeron en la ecuación a la figura del emérito Juan Carlos I, a quien agradecieron su “amistad sincera” con la comunidad judía a diferencia de su hijo, pese a haber hecho mención en su discurso al arraigo histórico de la población sefardí en España.
— Acción y Comunicación sobre Oriente Medio – ACOM (@ACOM_es) September 24, 2025
El rey, en tela de juicio por la derecha
Pese a que pueda parecer nuevo, este escenario de críticas contra el jefe del Estado viene de antaño. Dejando fuera de la ecuación al PP, claramente de postura monárquica, y ante ciertas discrepancias de Vox, el caso más evidente de este rechazo se da en el partido y los seguidores de Alvise Pérez, quien no dudó en 2024 de preguntarse “para qué sirve el rey”.
Unas afirmaciones del agitador ultra que acontecieron de la mano de las manifestaciones que promovió la ultraderecha a finales de 2023 en la sede del PSOE, en la calle madrileña de Ferraz, durante continuadas semanas por el rechazo a la Ley de Amnistía del Gobierno, donde se cuestionó a la figura del monarca y se vieron banderas nacionales con el escudo real recortado, a quien emplazaron a “parar el golpe de Estado” en aquel entonces.
Sin ir más lejos, estas muestras de rechazo, al igual que lo sucedido con el discurso de Felipe VI en la ONU, se dieron entonces en redes sociales, donde estos sectores ‘popularizaron’ entre sus seguidores el apodo “Felpudo VI” como manera despectiva de referirse al monarca.
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La fecha de este sábado 27 de septiembre es doblemente especial para el juezJuan Carlos Peinado: será el día en el que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, su asesora, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martínez, acudan a lo que se conoce como ‘vistilla‘ paradejar la causa lista para juicio y, además, es su cumpleaños. 71 velas son las que sopla el magistrado y ello significa que los plazos han de acelerarse significativamente, ya que comienza la cuenta atrás para cumplir su obligada jubilación a los 72 años. De hecho, la jubilación en la carrera judicial se da a los 70, pero se puede exigir un máximo de dos años de prórroga, a los que optó Peinado. El 27 de septiembre de 2026, el juez tendrá que colgar el hábito y dejar en herencia el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid. Por ello, las diligencias y el juicio pueden convertirse en un proceso exprés.
El último movimiento del juez Peinado ha sido especialmente llamativo: enviará a juicio por malversación frente a un jurado popular a Begoña Gómez si es juzgada. Con la jubilación a la vuelta de la esquina y ante el previsible alargue del caso, la idea de Peinado es, ahora, cerrar diligencias lo antes posible (antes de final de año) y que el juicio oral arranque a principios del año que viene. Además, fuentes de su entorno, según han comentado en Mañaneros 360, aseguran que el juez es consciente de que algunos de los delitos que le ha imputado a la mujer del presidente del Gobierno «van a terminar cayéndose». En el mismo programa, también explicaron que el juez está pendiente de los recursos que tiene que resolver la Audiencia Provincial, pero que la prioridad es despejar el caso lo antes posible y, si se prolonga tras su jubilación, legárselo al juez que herede su juzgado de Instrucción. En esencia, este nuevo proceder podría sintetizarse en ‘pisar el acelerador’ judicial.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino en la rueda de prensa en la cumbre de la ONU y, ante las preguntas de los periodistas, defendió la inocencia no solo de Begoña Gómez, sino también de su hermano, David Sánchez, procesado por esta semana por la Audiencia de Badajoz.
«Mi hermano y mi mujer son inocentes, y defenderemos la verdad. El tiempo pondrá las cosas en su lugar y si tenemos que defender la verdad, lo haremos. Espero que cuando eso suceda, si la justicia así lo dicta, que tenga la misma repercusión mediática que ahora todo lo que está planteando el juez Peinado«, expresó Sánchez. «La verdad acabará imponiéndose y la verdad es que ambos son inocentes», ha sentenciado sobre el tema. Al ser preguntado por su opinión sobre la actuación del juez Peinado, no se quiso mojar: «Pueden ustedes sacar las conclusiones que consideren«.
La vía del jurado popular
La esposa de Pedro Sánchez será juzgada por un juzgado popular en caso de que finalmente se abra juicio en su contra por presunta malversación junto a su asistente y el delegado del Gobierno. Peinado señaló que el objetivo de la vistilla del sábado es concretar los pormenores de la causa de cada uno de ellos, en aplicación del artículo 25 de la Ley del Jurado.
La decisión ha llegado en un contexto de gran controversia en torno a la instrucción del juez, cuestionada por diversos recursos pendientes de resolver en la Audiencia Provincial de Madrid. Esta pieza separada avanza de manera paralela a la causa principal, en la que se investigan también presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
El jurado popular es una institución prevista en el artículo 125 de la Constitución y regulada desde 1995 por la Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Su función es permitir que los ciudadanos participen en la justicia penal. Está compuesto por nueve personas elegidas por sorteo del censo electoral cada dos años, más dos suplentes, y siempre bajo la dirección de un juez profesional que fija las reglas y dicta la sentencia en base al veredicto.
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Los trabajadores de la Sala Cometa, el centro de operaciones de Securitas que gestiona las pulseras de seguimiento para víctimas de violencia de género, han denunciado «manipulación» y «tergiversación» en las informaciones sobre su labor y sobre lo ocurrido con estos dispositivos durante estos días, tanto en la prensa como en el plano político, en una carta abierta a la que ha tenido acceso este medio.
«Queremos denunciar el uso interesado y malintencionado de la información que algunos trabajadores y ex trabajadores de la Sala Cometa están difundiendo en los medios de comunicación con fines que no entendemos ni apoyamos. Queremos desvincularnos de toda esta información falsa y tergiversada de la que se están haciendo eco los medios y que solo están consiguiendo causar miedo y desconfianza. Miedo tanto de las víctimas que piensan que no estamos protegiéndolas adecuadamente y miedo por nosotros mismos porque hemos visto como se ha expuesto nuestro lugar de trabajo sin tapujos y sin pensar en el riesgo que puede causarnos», arranca la misiva.
«Si bien es cierto que durante los primeros meses el funcionamiento de los dispositivos y de la plataforma no era el esperado ni era adecuado, queremos dejar claro que tanto los operadores como nuestros responsables hemos denunciado y colaborado en todo lo que estaba en nuestra mano para que se consiguieran las mejoras de nuestras condiciones, mejoras en el desarrollo de los dispositivos, de la plataforma y protocolos», continúa el escrito.
«Estamos convencidos en el correcto funcionamiento de los dispositivos y, además, sabemos que se sigue trabajando en seguir mejorando todo lo que acabamos de enumerar. Somos conscientes de que tenemos mucho por mejorar y que está en nuestra mano hacerlo. […] Recibimos a diario felicitaciones y agradecimiento de las víctimas que exponen que el trato humano y profesional es muchísimo mejor ahora que antes», prosigue el texto.
«Pedimos que cesen todos estos ataques, que la empresa y el Ministerio se pronuncien, nos defiendan y no permitan que se sigan difundiendo mentiras y se siga extendiendo el miedo. Solo queremos que se nos garantice estabilidad y que se nos reconozca como los profesionales que somos», concluye la carta, en referencia a la oleada de críticas que ha recibido el servicio en los últimos días, llegando hasta el debate parlamentario.
Por su parte, fuentes de Securitas, contactadas por este periódico, han asegurado que tienen conocimiento de la carta. «La hemos recibido tanto la dirección de la Sala Cometa como los representantes de UGT. Nuestro objetivo no es otro que proteger a las víctimas, una labor en la que están comprometidos tanto a nivel profesional como humano todos nuestros trabajadores y trabajadoras», han defendido.
Datos del Sistema COMETA
Por su parte, el Ministerio de Igualdad ha compartido también algunos datos y aclaraciones sobre el Sistema COMETA, operativo las 24 horas del día los 365 días del año.
El sistema fue creado en 2009, y actualmente, más de 4.500 mujeres tienen actualmente el dispositivo activo. La cobertura alcanza las 8.600 personas entre víctimas y agresores controlados, y la sala COMETA está activa 24 horas al día, siete días a la semana, por si un dispositivo falla o el agresor se lo quita. En tal caso, la víctima y las FFCCSE son avisadas de inmediato.
Desde el Ministerio también han querido desmentir algunos bulos, como que los dispositivos han malfuncionado en algún momento o que no han avisado a las víctimas. A su vez, destacan que ninguna mujer con el dispositivo ha sido asesinada ni en 2022, 2023 o 2024, que no ha habido excarcelaciones por fallos del sistema y que los dispositivos ni se compran en AliExpress, ni cuestan 150 euros, como hubo ciertos rumores.
En una reciente nota de prensa, señalaban también que las incidencias que pudieran haber existido en la parte informática afectaron a los procesos judiciales, pero no a la seguridad de las mujeres, y que en cualquier caso, el problema quedó resuelto a finales de 2024 y en 2025 no han existido incidencias.
Actualmente, el servicio COMETA está adjudicado a medias a Vodafone y Securitas, con un contrato de 42,6 milones de eurospara la gestión de 11.431 dispositivos. Estas empresas se coordinan de manera directa con las FFCCSE y los juzgados La víctima recibe un smartphone con botón de pánico que envía alerta inmediata si es pulsado, y el agresor recibe una pulsera rugerizada que lo localiza por GPS. La plataforma Vodafone Invent gestiona posiciones, distancias y alertas para que todo esté bajo control.
Del mismo modo, las novedades, también anunciadas por Igualdad, permiten ahora asignar más de un dispositivo en casos múltiples, mantienen una menor estigmatización (solo móvil y botón) y se ha mejorado la resistencia y autonomía de los dispositivos.
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*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play
El último informe elaborado por la SECPRE, Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, deja clara una tendencia. De cada 10 pacientes que se operan por una cuestión estética, 8 son mujeres. Además cada vez son más jóvenes los que demandan una intervención. Un tercio tienen entre 18 y 29 años. Incluso hay un ligero incremento entre los menores de edad, llegando casi al 2% de los operados. Este dato “no es un porcentaje nada pequeño” explica la psiquiatra infantil y de la adolescencia Beatriz Martínez Núñez, que divulga en redes sobre salud mental como @dr.beamartinez. “Habría que ver también qué motivos llevan a estos niños o niñas o adolescentes a someterse a estas intervenciones”, dice y destaca que si se revisa la bibliografía médica que se tiene disponible de todas las personas que se someten a una cirugía plástica o una cirugía estética: “Hasta el 15% pueden tener un trastorno que conocemos como trastorno dismórfico corporal”.
“No es poco que casi un 2% de los menores se operen estéticamente“
La doctora Martínez explica que las personas afectadas por este trastorno: “Le dan mayor importancia a rasgos o complejos de lo que le daría la gente de su entorno”. Esta experta en salud mental asegura: “Es posible que sean complejos inexistentes que incluso les puede incapacitar para algunos momentos de su vida”; incluso “pueden generar aislamiento o condicionar cómo se visten y cómo se muestran”, añade la psiquiatra.
La cirujana Masa Jurado realiza una opreación estética de mama Inmaculada Masa
“Hace falta tener estabilidad mental y madurez para decidir operarse”
La psiquiatra infantil y de la adolescencia incide a su vez en un tema fundamental. Hay que tener en cuenta que los mayores de 16 años pueden someterse a una operación de cirugía estética o una intervención de medicina estética, sin necesidad de la autorización del padre y la madre, si el médico considera que ese o esa menor es lo suficientemente maduro o madura. La cirujana plástica y estética, Inmaculada Masa Jurado, que divulga sobre su especialidad en redes como @doctoramasa, y que pertenece a la SECPRE dice que es muy importante “escucharles primero, para que una cirugía tenga el resultado que queremos”, y señala que “hay que hacerlo a cualquier edad, pero con los jóvenes más” porque “son más vulnerables”. La doctora Masa Jurado señala además, que es necesario “tener estabilidad mental y las cosas claras”, y asegura que hay “gente muy joven que tiene ambas, y gente más mayor que no”. En la misma línea la Dra. Martínez Núñez afirma: “Hay muchos adolescentes que tienen una madurez, diría, mucho mayor que algunos adultos”, aunque cree que en la adolescencia “el cuerpo está en proceso de cambio y hay que dar tiempo a que pueda terminar de madurar”.
“si es un menor de edad debe haber un acompañamiento de un experto en salud mental para tomar la decisión“
“Si es un menor de edad debe haber un acompañamiento de un experto en salud mental para tomar la decisión”, asegura y añade: “En Reino Unido y en Australia, las personas menores de edad que se van a someter a una cirugía plástica deben pasar un reconocimiento y una valoración psicológica para ver si efectivamente hubiera alguno de estos trastornos que pudieran condicionar el después”. Por eso, la doctora Martínez Núñez cree que este acompañamiento es especialmente importante cuando alguien va a entrar a un quirófano: ”Me atrevería a decir que a cualquier edad, pero especialmente importante en edades sensibles y de crisis como son la adolescencia”.
Joven haciendo scroll en Instagram con una influencer que habla sobre cirugía estética Juan Lage
“Las redes sociales influyen negativamente en nuestra percepción corporal”
Los datos de la SEME, Sociedad Española de Medicina Estética van en la misma línea. Los tratamientos con inyectables con el conocido “botox”, la toxina botulínica, y el ácido hialurónico especialmente, han aumentado también en la franja de 16 a 25 años, llegando a ser un 20% del total. Algo sobre lo que opina la creadora de contenidos en redes sociales, Daniela Granados, conocida como @daniela.granadosc: “La cirugía estética, igual que la dieta, siempre ha sido una opresión contra nosotras”. Granados cree que es “una manera de tenernos ocupadas en cosas que a lo mejor no son tan importantes o no pueden hacernos de verdad felices”.
Algo que la catedrática de periodismo y nuevos medios y especialista en comunicación y género de la Universidad Complutense, Asunción Bernárdez Rodal reflexiona que está relacionado con que “nuestra modernidad ha sido un generar la fantasía de que el cuerpo no cambia, de que siempre vamos a ser eternamente jóvenes“ y considera que “esta presión sobre lo físico ha existido siempre, solo que ahora la gente joven consume muchísimas redes sociales donde está todo muy accesible, muy rápido”.
La catedrática Asunción Bernárdez Rodal durante la entrevista Informativos TVE
Y ahí pone el foco sobre uno de los motivos principales que se apunta como disparador de este aumento de tratamientos y operaciones estéticas en jóvenes y adolescentes: Tik Tok e Instagram, principalmente, y otras redes donde cualquiera cuelga contenido explicando su tratamiento o su operación. Las redes sociales, asegura la doctora Masa Jurado: “Tienen un impacto en la percepción estética de los pacientes y en sus deseos de verse mejor”. “Generan un estándar de belleza que parece que todos tenemos que cumplir”, explica, y por eso es “muy importante generar en la gente joven la visión crítica para saber recibir esa información”. Eso sí, destaca que las redes sociales también pueden ser “un buen medio de divulgación por parte de cirujanos plásticos y estéticos” que pueden aportar “información veraz”. Bien utilizadas, pueden ser “una herramienta para encontrar a ese cirujano o cirujana que te de confianza” y que pueda “hablar de las ventajas e inconvenientes de una intervención”.
“Creo que las redes sociales influyen negativamente en nuestra percepción corporal”, expone la psiquiatra Martínez Núñez, que asegura: “No es algo que crea, sino que es algo que se ha demostrado científicamente”. Explica que existen muchísimos estudios que hablan de cómo el consumo de redes sociales, especialmente en mujeres: “Consigue que haya un rechazo mayor de su cuerpo respecto a aquellas personas que pasan menos tiempo en estas redes sociales” . Y añade que también aquellas personas que consumen más redes sociales “van a tener más ganas de hacer modificaciones en su cuerpo”
“Vino con las marcas de la liposucción que quería hacerse”
En relación con esto, Daniela Granados, que es también estudiante de 4º de sociología, nos cuenta que a raíz de un vídeo suyo donde hablaba de «unos retoquitos»
hubo mucho debate, y la criticaron argumentándole que ella también se maquilla. Daniela Granados afirma: “Yo me maquillo, yo me lavo la cara y yo no me estoy cambiando nada mío”. Pero incide: “Tú te metes ahora en Instagram, en TikTok” y mucho contenido es sobre qué cómo en un día, ven conmigo a ponerme labios o mira cómo ha quedado mi operación”. Por eso considera que “estamos bombardeadas y no vivimos en el mundo real, porque si tú sales a la calle, ahí sí hay cuerpos normales y caras normales”.
La catedrática Bernárdez Rodal explica que es una presión constante sobre las mujeres para “intentar cambiarnos el cuerpo o mejorarlo” por el sistema cultural y especialmente “sobre las niñas y las adolescentes, porque las mujeres estamos más expuestas en general”. Quieren que “parezcamos muñecas, es decir, que tengamos cuerpos estables, perfectos, que no cambian”.
“parezcamos muñecas, es decir, que tengamos cuerpos estables, perfectos, que no cambian“
La doctora Martínez Núñez cuenta que muchas veces van a operarse o hacer tratamientos estéticos invasivos: “No con la fotografía de la actriz de turno o la modelo de turno, sino con el deseo de parecerse a sí mismas con sufoto en su red social pasada por el filtro”. Algo que, alerta, ya hace que se hable de un nuevo trastorno, “selfie dismorfia”.
“Un paciente, en este caso era un chico, vino a mi consulta”, cuenta la cirujana estética y plástica, “con las marcas pintadas de la liposucción que quería que yo le hiciera”. Explica que eso es: “Un signo de alerta total, por eso a ese tipo de paciente no conviene operarlo”. La doctora Masa Jurado explica que lo más importante, sin duda, es: “La comunicación, hablar mucho con la persona que quiere operarse porque ahí empieza el proceso de la cirugía estética, no en el quirófano”. Otro motivo a tener en cuenta del aumento de este fenómeno, cuenta, es que también “está más normalizado”. Las referentes de las chicas jóvenes “sus madres, sus tías, porque es fundamentalmente un público femenino, ya se han operado”. “Antes se operaban las estrellas, se operaba la gente con un nivel social alto”, continúa la cirujana. “Ahora es más accesible que hace 20 años” aunque “siguen siendo procedimientos caros la mayoría de las veces”. Además, la globalización también afecta: “Porque llegan las técnicas punteras de países donde es más habitual operarse, como Colombia, Venezuela, o Brasil”.
La creadora de contenidos en redes piensa que “está bien que una influencer admita que se ha operado”, porque tampoco podemos exponer a las niñas a “un estereotipo de persona perfecta y que venga de la nada”; pero cree que “una vez que lo admiten también lo están normalizando”. Y la experta en feminismo pone el acento en que “las que consiguen ser influencer reciben dinero de las marcas porque están haciendo publicidad de ciertas técnicas”, porque, asegura “es todo un mercado”.
Además, Bernárdez Rodal incide en que “en muchos casos este tipo de técnicas no tienen límite”, porque “producen un placer instantáneo, pero que se va enseguida”. Bernárdez Rodal explica: “Por eso pueden ser adictivas y una vez que te operas ya estás pensando en la siguiente”. También hay que tener especial cuidado con “intentar cambiar a golpe de bisturí algo que es mucho más profundo”, destaca la psiquiatra infantil y de la adolescencia porque “te puedes cambiar la nariz o las orejas, pero no puedes cambiar tu mentalidad”.
Cartel exigiendo la Ley Sara en homenaje a Sara Gómez, fallecida al hacerse una liposucción Informativos TVE
“Desde 1989 han fallecido en España en una operación estética 19 personas»
Otro aspecto importante, dice la psiquiatra divulgadora en salud mental, es que muchas veces en redes se minimiza el riesgo porque “la realidad es que un quirófano es un sitio donde uno se pone en una situación de riesgo», explica “especialmente si se somete a una anestesia general”. Hay que tener en cuenta “que cuando te abren determinadas partes del cuerpo, y se hacen incisiones, puede haber infecciones”.
Por eso es fundamental ponerse en manos de un cirujano plástico, porque es la única especialidad médica que recibe formación como cirujano estético. Por eso nos advierte la doctora Masa Jurado: “El intrusismo para nosotros es un problema importante, porque atenta fundamentalmente a la seguridad del paciente”.
“el intrusismo atenta fundamentalmente a la seguridad del paciente”.“
Diecinueve personas han muerto en España cuando se sometían a cirugías estéticas desde que se comenzaron a contabilizar en 1989. Es lo que le pasó a Sara Gómez que perdió la vida al someterse a una liposucción realizada por un cirujano no especializado en estética y plástica en 2022. Este médico y otros 9 están imputados por homicidio imprudente. Y la familia de Sara promueve una ley que regule qué especialistas pueden llevar a cabo estas prácticas. Hay que tener en cuenta, además, que solo en 2025 han fallecido tres influencers en Latinoamérica al someterse a una intervención de este tipo.
El sector de la cirugía estética mueve más de 4.000 millones de euros al año en nuestro país, así que controlarlo es indispensable a ojos de todas las entrevistadas. La psiquiatra divulgadora en salud mental desea: “Que haya leyes que garanticen el buen hacer profesional y que persigan a quien no lo cumpla”, porque “hay tratamientos que se venden en internet que no son tratamientos, sino que son engaños”. En este sentido, la cirujana estética recomienda: “Huir de esas clínicas que hacen ofertas baratas muy llamativas porque nuestro código ético de la SECPRE nos impide hacer este tipo de prácticas comerciales”. Además, aconseja no firmar “en estos sitios que pretenden que tomes una decisión ya, y que salgas de la clínica habiendo pagado ya una parte de la intervención para comprometerte”. Y termina: “Es mejor pensar bien dónde, cuándo y con quién te quieres someter a una intervención estética”.
La cirujana estética y plástica Inmaculada Jurado Masa y la psiquiatra infantil y de la adolescencia, Beatriz Martínez Núnez Talia Martínez de Marañón
“El 65% de los pinchazos estéticos los realizan profesionales sin titulación”
A todo esto hay que añadir que hay un repunte de los pinchazos e inyectables en rostro y labios y el 65% lo realizan profesionales sin titulación, según la SEME. Algo sobre lo que la doctora Masa Jurado señala: “Hay que tener mucho cuidado con frivolizar estos tratamientos”, porque “pincharse botox en el salón de una casa sin las condiciones necesarias sanitarias” advierte “es delito”. Ahí vuelven a intervenir otra vez las redes sociales de una forma perversa, porque como nos explica la catedrática de periodismo y nuevos medios: “Hay tutoriales en internet enseñándole a las niñas cómo pincharse en la cara el botox» y asegura que “es un peligro enorme”.
La creadora de contenidos en redes sociales y estudiante de 4º de sociología en Granada plantea que hay que reflexionar sobre «por qué las niñas de 15 años están hablando de ponerse labios” e insiste en que hay que ser consciente de que “nuestro cuerpo se mercantiliza desde siempre. Añade que “el feminismo se ha encargado de hacernos ver este tema”.
“Nuestro cuerpo se mercantiliza y el feminismo se encarga de que lo veamos “
Mientras, la cirujana estética plantea: “La presión social para estar bien o cumplir unos cánones estéticos […] siempre ha sido mayor en la mujer”. Hasta el punto, como señala la psiquiatra infantil y de la adolescencia que “la proporción de jóvenes afectados por trastornos la conducta alimentaria es de nueve chicas por cada chico”. Considera la doctora Martínez Núñez que “las chicas siempre van a estar sometidas a una presión estética mayor” y alerta sobre que cada vez es a “edades más tempranas”.
Por eso Bernárdez Rodal advierte de que debemos tener cuidado con el mito de la libre elección porque: “No podemos ver como liberador lo de yo hago con mi cuerpo lo que quiero”, ya que hay que tener en cuenta que “no hacemos con el cuerpo lo que queremos, sino lo que nos presiona la sociedad para que hagamos”. Por eso, añade la catedrática experta en género: “No podemos culpar a las mujeres que se operan”, porque insiste “es una presión social que existe sobre nosotras”. Granados se hace una pregunta al respecto “¿Y si ponemos el foco en la gente que no se opera y que vive una vida también de éxito?”.
Todas las entrevistadas coinciden en que la educación es la clave. La experta en comunicación y feminismo de la Universidad Complutense termina: “Debemos enseñar que las cirugías tienen un coste y que no son la solución a los problemas ni dan la felicidad” y considera que “el desafío básico es no tener miedo a deshacer los códigos educativos de género”.
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha intervenido este viernes en la Asamblea General de la ONU. A su llegada, ha sido recibido entre gritos y abucheos, y varias delegaciones han abandonado la sala durante su intervención. El sionista ha utilizado su discurso para proferir atroces mentiras, acusar a Hamás del genocidio que el Ejército israelí está perpetrando en Gaza e incluso lanzar advertencias a los países que han reconocido al Estado palestino.
“Israel debe acabar el trabajo en Gaza tan pronto como sea posible”, ha afirmado, señalando que aún “no han terminado”. Y no ha tenido ningún tipo de escrúpulo para mentir y negar el asesinato de más de 65.000 palestinos en dos años: “Se nos acusa de atacar deliberadamente a los civiles. Señores y señoras, es lo contrario. Estamos adoptando más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Al respecto, ha acusado a Hamás de introducirse en colegios, hospitales… “Hamás utiliza a los civiles como escudo”, ha afirmado para sustentar sus mentiras.
“¿Un país que comete genocidio le pediría a la población civil que se vaya a zonas seguras? ¿Los nazis decían a los judíos que se fueran?”, ha preguntado, para responder que Israel quiere “que se vayan para que estén seguros, y Hamás quiere que se queden”. Una respuesta en la que no ha mencionado que Gaza está cerrado a cal y canto, no hay lugar al que la población gazatí pueda huir para proteger sus vidas -ni siquiera la ayuda humanitaria internacional puede entrar en la Franja-.
De la misma forma, ha negado la hambruna en Gaza, y ha acusado a Hamás de robar ese alimento y venderlo a precios desorbitados para financiarse. “Los que generan hambruna y genocidio en Gaza no son mejores que los que defienden y hablan de genocidio y hambruna en Gaza, no son mejores que los que abogaban por ello en la Edad Media para los judíos. De hecho, el antisemitismo vuelve y vuelve, no muere nunca, se realimenta, crece una vez más”, ha reflexionado.
Netanyahu, además, ha lanzado una advertencia a occidente y a esos gobiernos que se están levantando contra el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino: “Israel no les permitirá que saboteen nuestro estado. No vamos a cometer un suicidio nacional porque ustedes no tienen las agallas de enfrentar a medios de comunicación hostiles que exigen nuestra sangre”.
En el mismo sentido, antes había acusado a los líderes mundiales que han reconocido el Estado palestino de enviar un mensaje antisemita: “Asesinar judíos tiene recompensa”.
Sobre la solución de los dos Estados, Netanyahu ha vuelto a recurrir a las mentiras para justificar el que no llegue esta solución. De esta forma, ha acusado a Palestina de no quererla y de atacar constantemente a Israel, claro que sin hacer mención a las miles de hectáreas que Israel ha ido ocupando desde hace 70 años. «Solo hay un problema: los palestinos, que no creen en la solución de los dos Estados, solo quieren un Estado palestino en lugar de Israel. Siempre que se les ha ofrecido un Estado palestino, lo han rechazado”.
Cabe recordar que Netanyahu ha podido hablar en la Asamblea de la ONU en Nueva York, algo que no ha podido hacer Mahammud Abbas, presidente palestino, por el veto de Estados Unidos a que viajara al país.
Altavoces en Gaza
El primer ministro israelí, cuando se creía que no se podía ir más lejos en su asedio a Gaza, ha colocado altavoces para que los palestinos escuchen su discurso en la Asamblea General de la ONU. En su discurso, ha mencionado la cuestión y le ha lanzado un mensaje a los rehenes que aún están en manos de Hamás: “He rodeado Gaza de altavoces conectados a este micrófono con la esperanza de que los rehenes puedan oír este mensaje: ‘Héroes, os habla el primer ministro Netanyahu desde Naciones Unidas, no os hemos olvidado, vamos a seguir, no vamos a descansar hasta que os traigamos a todos a casa”.
“Gracias a los servicios secretos, les llega mi mensaje a los móviles de los gazatíes: deponed las armas, liberad a los rehenes ya”, ha declarado el primer ministro. “Si lo hacéis viviréis, si no, Israel os encontrará. Si Hamás acepta, Gaza será desmilitarizada, Israel controlará la seguridad, y habrá una autonomía con gazatíes y otros”, ha añadido al respecto.
65.549 palestinos asesinados desde el 7 de octubre de 2023
La ofensiva israelí en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha asesinado a 65.549 palestinos y ha herido a otros 167.518. No obstante, las autoridades gazatíes advierten de que estas cifras probablemente sean mucho mayores dado que hay cuerpos que no se han podido recuperar aún de debajo de los escombros.
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La historia de la pequeña Hidn Rajab es dolorosa hasta casi lo insoportable. Una niña de cinco años, dentro de un coche acribillado por las balas de los soldados israelíes y rodeada de los cadáveres de su familia, suplicando aterrorizada que la ayudaran… y finalmente asesinada junto a los paramédicos que fueron a rescatarla. Su pánico, sus lágrimas, su tristeza infinita han acompañado a las miles de personas que se han manifestado denunciando el genocidio en Gaza, al finalizar la proyección de La voz de Hidn en el Festival de San Sebastián.
Saja Kilani y Motaz Malhees, la pareja protagonista, se unió a la marcha al lado del director del festival, José Luis Rebordinos; del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de muchos nombres propios del cine presentes en el certamen. Los cineastas Isaki Lacuesta y Julio Medem fueron a la cabeza portando la pancarta.
La película de Kaouther Ben Hania, que muestra este aterrador episodio,recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Lástima que el jurado que presidió Alexander Payne fuera tan cobarde y tan tibio. Un León de Oro hubiera sido un altavozcontundente, una vozsolidaria, yhumanapara señalar a los asesinos del genocidio.En Italia el público la aplaudió durante veinte minutos. En San Sebastián hoy se ha reunido a miles de personas, cineastas y trabajadores del cine y del festival, además de ciudadanos, que abandonaron sus apretadísimas agendas para gritar al mundo: ¡No al genocidio!
Cinema with Palestine
El cine salió a las calles donostiarras en esta marcha de protesta, organizada por la comunidad palestina del País Vasco y por personalidades y colectivos del sector cinematográfico,reunidos en la plataforma Cinema with Palestine, con nombres como los de Montxo Armendáriz, Isaki Lacuesta, Puy Oria, Antonio de la Torre, Itziar Atienza, Loreto Mauleón, Paul Urkijo, Klara Badiola, Mikel Losada, o Urko Olazabal.
El palestino afincado en Euskadi Mohammed Farahjallah y RahafShamani, cantante del grupo de Gaza Sol Band, que estuvo ocho meses bajo elgenocidio, salió y hoy está como refugiado en Donosti, leyeron un manifiesto. «Cada voz importa, cada palabra hace ladiferencia. En mi nombre y en el de todo el pueblopalestino decimos: vosotros sois nuestra esperanza y nuestra luz en medio de tanta oscuridad.No paren, no se cansen, no se rindan. Los necesitamos”.
El director, Motaz Malhees, y la actriz, Saja Kilani, en la concentración en San Sebastián.
Al final, también hubo unas palabras del colectivo del cine. Itziar Atienza, Mikel Laskurain, Mireia Gabilondo y Jon Olivares leyeron el comunicado en euskera, mientras que Alberto San Juan, IsakiLacuesta, Daniela Fejerman y Dolores Fonzi lo hicieron en castellano.
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«Ante lo que Israel está haciendo las palabras son insuficientes y lo que se necesitan sonhechos. Aquí y ahora, exigimos el fin de la pasividad y complicidad de todos los gobiernos e instituciones y les llamamos a romper todo tipo de relaciones con Israel para aislarlo internacionalmente y poner fin al genocidio, al apartheid y a la ilegitima ocupación en la nación palestina», dijeron. «Que no pase ni un día más para que actúen y tomen decisiones, así como cada una de nosotras actuemos en el ámbito que podamos, porque a Gaza y a Palestina ya no le queda más tiempo. ¡Actúen ya, actuemos ya!»
A todo ellos se unieron más de quinientos artistas, como Pedro y Agustín Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón, Aitor Arregi, Alauda Ruíz de Azúa, Alberto San Juan, Álex de la Iglesia, Arantxa Etxebarria, Borja Cobeaga, Carmen Machi, Cesc Gay, Icíar Bollaín, Inma Cuesta, Itziar Ituño, Javier Bardem, Javier Cámara, Jon Garaño, Juan Diego Botto, Luis Tosar, Malena Alterio, Pepe Viyuela o Raúl Arévalo, por mencionar solo a algunos de ellos.
El cine reclama una Palestina libre
“Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror”.Un par de semanas antes de su inauguración, el 73 Festival de Cine de San Sebastián publicó un comunicado condenando el genocidio de Israel en Gaza.Hoy, en el ecuador del certamen, el negro, rojo, blanco y verde de la bandera Palestina, prohibida en Gaza y Cisjornadiatras la guerra árabe-israelí de 1967, inunda el festival.Periodistas, cineastas, intérpretes, miembros del equipo del certamen, distribuidores, productores, técnicos… muestran un Genozidioa Stop sobre una sandía en las solapas.
Por las calles donostiarras se han visto banderas palestinas en un par de manifestaciones. No hay rueda de prensa o entrevista en la que no se hagan preguntas o alusiones a la barbarie que está cometiendo Israel y a la complicidad de Trump y los trumpistas en ella… El cine reclama una ¡Palestina libre!
Y, sin embargo, una hora antes de que se celebrara el pasado viernes la ceremonia de inauguración de esta edición se vivió un espectáculo grotesco, desolador y tristísimo, lamentable reflejo de la realidad del mundo hoy. Mientras cientos de ciudadanos aprovechaban las cámaras de televisión que cubrían la entrada a la gala, en la misma calle, al otro lado de la alfombra roja, a escasos metros de la denuncia de tanto asesinato brutal, otros cientos de personas gritaban excitadísimas y se empujaban para hacer fotos a los equipos de las películas que iban entrando… Un mundo preocupado, desesperado por el genocidio, angustiado por el horror, conviviendo con otro entregado a la banalidad de los focos.
«Paren ya»
La desolación de ese momento se compensó un poco dentro del cine, con el discurso que pronunció la productora Esther García al recoger su más que merecido Premios Donosti, en el que defendió el poder de la unidad “para defender los derechos y luchar para detener situaciones tan injustas y aberrantescomo las que viven cientos de miles de personas en Ucrania o el genocidio en la Franja de Gaza».
«Paren ya. Ante esta corriente generalizada de la ley del más fuerte, luchemos con uñas y dientes para defender al frágil. Todos somos frágiles. Confío en el poder de la cultura. El cine es, sin duda, un hogar para soñar y también un altavoz para reivindicar. Las películas son nuestras herramientas para hacer un mundo más bonito y, sobre todo, mejor», sentenció.
La actriz Juliette Binoche, un poco antes resaltó lo necesario que son los sueños hoy, «sueños fuertes y sinceros, sueños de transformación», dijo y señaló que ella estaba del lado de “quienes sueñan conponer fin a las masacres en Palestina, sueñan con terminar con el dolor y la crueldad». Terminó deseando también que se liberara a los israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023.
«Los quieren matar a todos»
De todos, y han sido hasta ahora muchos, los que han confesado su espanto ante la atrocidad que está cometiendo Israel, el más contundente ha sido el actor Eduard Fernández, que conmovió profundamente al recoger el Premio Nacional de Cine. Lo hizo con la kufiya palestina. «Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia (…) Quien no se conmocione con las atrocidades que vemos cada día en televisión tiene un profundo problema con su humanidad».
«Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no», afirmó y leyó los nombres de varios niños de menos de dos años que han sido asesinadosen Gaza. «Y así hasta no sabemos cuántos, no sabemos si nos lo dirán. Son cientos de miles, está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo, y algunos están pensando qué espejo ponen en el baño del edificio que van a construir. Con permiso de EEUU, es la debacle de nuestro siglo, de nuestro pensamiento, de nuestra época».
Prácticamente todos los asistentes al festival, de industria, prensa y cine, muestran pegatinas con banderas palestinas o sandías con el lema Stop Genocidio. Y, prácticamente todos, nada más llegar a San Sebastián,lo primero que preguntan es dónde pueden encontrar una de estas insignias. mucho más preocupados por intentar aportar algo contra esta masacre, aunque solo sea su gesto, que por defender sus propios trabajos.
Así se suman y apoyan la declaración que hizo el festival: «Hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino […]. Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional».
En el marco del 80º aniversario de las Naciones Unidas, el rey Felipe VI ha intervenido este miércoles en la Asamblea General con un discurso marcado por el escenario geopolítico con distintos frentes de preocupación, siendo el más acuciado el que se concentra sobre el genocidio en la Franja de Gaza. En línea con la postura adoptada por el Gobierno central de Pedro Sánchez, el monarca ha exigido el fin de la «aberrante» masacre.
«No podemos guardar silencio ni mirar otro lado ante la devastación, ante tantas muertes civiles, ante la hambruna y desplazamiento forzoso. Son actos aberrantes, están en las antípodas de este pueblo representa, repugna a la conciencia humana y avergüenzan a la Comunidad Internacional», ha reclamado.
Asimismo, ha señalado que nuestro país es «un pueblo orgullosos de sus raíces sefardíes»: «Cuando hablamos de Israel hablamos de hermanos, regresan a su casa, ese fue el principio inspirador cuando en 2015 se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes. Por eso nos cuesta tanto comprender lo que Israel hace en Gaza, por eso exigimos que detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y antiguo, seamos claros, condenamos el terrorismo de Hamás y reconocemos el derecho de Israel a defenderse, pero con la misma firmeza demandamos al Gobierno de Israel aplique sus defensas al derecho internacional, que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto al fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes», ha exigido desde la tribuna de la Asamblea de la ONU.
Sobre este punto, el monarca español ha urgido a la Comunidad Internacional a «asumir su responsabilidad con el reconocimiento de los dos Estados, con el reconomiento del Estado de Palestina, al que España se sumó en mayo, para ayudar a una paz justa y definitiva».
Felipe VI: «La dignidad del ser humano no es negociable»
La esencia primordial del discurso del rey ante todos los países que conforman las Naciones Unidas se ha volcado sobre la preservación de los derechos humanos más fundamentales ante un contexto «desvocado». “Es un momento oportuno para hacer algunas reflexiones sobre el presente, pasado y futuro y su aportación a la paz y estabilidad y desarrollo en tiempos complejos. Este es un mundo trepidante y desbocado, no faltan voces que pregonizan el fin del multilateralismo y la obsolescencia e ineficacia de la ONU. Es el efecto de la sustitución de lógica y diálogo por competencia y rivalidad por tensiones extremas. No es ese el mundo al que estamos abocados, sino en el que ya estamos inmersos», ha reflexionado.
Por este motivo, Felipe VI ha abogado por que el mundo se «anticipe» sin caer en «idealismos o imprevisiones»: «Es precisamente en estos momentos cuando importa leer bien las claves para no caer en errores ya cometidos o entrar en espirales sin retorno. Contamos con la memoria, la herramienta más útil para cualquier generación para afrontar desafíos, la memoria del siglo XX nos interpela cada vez que nos reunimos esta Asamblea General y para qué se creó«.
Haciendo así alusión a la razón de ser de la carta de las Naciones Unidas, en la que reza que los pueblos deben velar «a las generaciones venideras del flagelo de la guerra» y ante el contexto actual, ha situado a la ONU como «útil e imprescindible» ante los tiempos que corren.
«La dignidad del ser humano no es negociable, creer en la ONU es creer en normas que generan conductas, que se ciñen los factores internacionales, incluso cuando se vulneran hay bases para hacerlas valer. Las normas son la voz de la razón en las relaciones internacionales, la mejor defensa ante la ley del más fuerte, un mundo sin normas es una eterna incógnita», ha aseverado.
Además de su discurso enfocado en la masacre en Gaza, el rey también ha evocado a la continuidad de la guerra de Ucrania, sobre la cual ha dicho que «la paz en Europa no será posible sin justicia ni responsabilidad». Ante este escenario, ha situado a España como uno de los países que «sigue apoyando los esfuerzos por una paz justa, duradera y por la rendición de cuentas» a la Rusia de Vladimir Putin, principal artífice de la agresión.
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