Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, afrontará un juicio oral después de que, tras la jubilación de la jueza Inmaculada Iglesias, la magistrada que ha pasado a encargarse del caso, Carmen Rodríguez Medel, haya decidido llamar a las cortes judiciales a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por hasta seis delitos diferentes: dos contra la Hacienda Pública, dos de falsedad documental, otro delito continuado contable y un sexto de pertenencia a grupo criminal. Un banquillo de acusados el de la sala de Rodíguez Medel en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que completarán los cuatro empresarios que habrían participado en el entramado, a los que piden condenarlos como cooperadores necesarios.
Unas diligencias que la jueza ha abierto contra González Amador al apreciar «claros indicios» de que se habría servido de «facturas falsas» para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021. De hecho, se trata de un proceso judicial que el empresario había tratado de evitar mediante un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que estaba dispuesto a reconocer dos delitos fiscales y que finalmente ha desembocado en otra causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
A pesar de los motivos alegados por Rodríguez Medel para proceder al juicio oral del novio de Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, parece no haberle gustado mucho la decisión y, en la jornada del 22 de septiembre, ya comenzaba en su perfil de la red social ‘X’ sus habituales estrategias comunicativas publicando un mensaje en el que ponía la diana sobre la magistrada, cargando contra la jueza aludiendo a posibles alianzas y cercanías con el Gobierno de Pedro Sánchez, favores y desobediencia a tribunales superiores.
Cuidado con Sánchez: hasta donde sé, la jueza no respeta a la Audiencia Provincial, decide enviar a juicio a González Amador justo antes de tomar posesión el juez que toca, y resulta que es la hermanita de un tipo al que Marlaska ha ascendido. Todo Sánchez es corrupto
Esta reflexión que Miguel Ángel Rodríguez hacía en su perfil de ‘X’ encontraba en la misma red social la respuesta de Óscar Puente, quien rebatía el razonamiento del director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso explicando que no hacía mención a que la jueza «no tiene ningún margen». Así, el ministro de Transportes recordaba que Rodríguez Medel tiene sobre la mesa un acta de inspección de la Agencia Tributaria en la que se detalla un fraude fiscal superior a 120.000€ por ejercicio, a lo que se suma, según Puente, la ratificación de las inspectoras de las conclusiones y el proceso de inspección y de la utilización de facturas falsas para producir la defraudación. Todo ello, le llevaba a ironizar escribiendo «lo que ha hecho la jueza en este caso lo podría hacer una máquina perfectamente».
Lo que no dice MAR es que aquí la jueza no tiene ningún margen. Tiene un acta de inspección de la AEAT en la que se detalla un fraude fiscal superior a 120.000€ por ejercicio. Ratificación de las inspectoras de las conclusiones y el proceso de inspección y de la utilización de… https://t.co/kWWKotyGjo
Ante la posible cercanía a la que aludía Miguel Ángel Rodríguez, haciendo un repaso de la carrera de esta jueza se puede observar que fue asesora del que fue ministro de Justicia precisamente con el Partido Popular, Rafael Catalá. Una juez que ha instruido causas contra socialistas y populares. Por ejemplo, imputó al delegado del Gobierno en Madrid por la manifestación en el 8M y la influencia que podría haber tenido en la pandemia.
A lo largo de su carrera también instruyó el caso Máster, donde llegó a encontrar indicios de delito y elevó una exposición razonada contra el entonces líder del PP, Pablo Casado.
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Carmen Rodríguez Medel, la jueza encargada de investigar al novio de Isabel Díaz Ayuso, ha decidido llamar a la pareja de la presidenta madrileña a las cortes judiciales, abriéndole un juicio oral en la causa en la que se le investiga por hasta seis delitos diferentes: dos contra la Hacienda Pública, dos de falsedad documental, otro delito continuado contable y un sexto de pertenencia a grupo criminal. Junto a Alberto González Amador, en el banquillo de acusados también se hallarán los cuatro empresarios que habrían participado en el entramado: Maximiliano Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrilo Saborido.
Se tratan estas de unas diligencias que la magistrada del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha abierto contra González Amador al apreciar «claros indicios» de que la pareja de Isabel Díaz Ayudo se habría servido de «facturas falsas» para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021. Según el auto emitido por la jueza, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado tres años y nueve meses de cárcel para González Amador, junto a multas de 624.402 euros y 488.927 euros, para González Amador como autor, mientras que han considerado al resto de investigados como cooperadores necesarios por delitos contra la Hacienda pública.
Esta fue una causa que comenzó a investigarse debido a una denuncia que fue presentada por el Ministerio Fiscal, tras haber recibido en el 2022 un informe de la Agencia Tributaria en el que se trataban posibles irregularidades por parte de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente. La denuncia que realizaba la Fiscalía apuntaba a una serie de hechos que la Agencia Tributaria había detectado y que definía como «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». Así, el fiscal entendía que se trataban de «gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021«.
Es por ello que, ante los argumentos de la Fiscalía, la investigación está girando en torno a los indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021, que ascenderían a una cuantía superior a 120.000 euros. También se le procesa por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
¿Desde cuándo son pareja?
En este tiempo que se viene investigando al novio de Isabel Díaz Ayuso, desde su entorno, para desviar la atención de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha argumentado en varias ocasiones que la relación sentimental de Ayuso con Alberto González Amador se inició posteriormente a que el empresario cometiera, presuntamente, aunque llegara a haber un intento de confesión, estos delitos.
No obstante, la hemeroteca de las redes sociales ha traído recientemente a la orilla una portada de la revista Lecturas correspondiente al 26 de mayo de 2021. Una portada en la que, además de encontrar a Kiko Rivera, Jorge Javier o la boda de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, también se observan imágenes de Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso paseando juntos e, incluso, dándose un beso.
Cuando mi defraudador confeso presentó el Impuesto de Sociedades del 2021 ya nos conocíamos. De hecho el 26 de mayo descubrieron nuestro amor. pic.twitter.com/WNSJuOwVFJ
De hecho, horas antes de la publicación de esta portada de la revista en redes sociales, la presidenta de Ok Diario, Pilar R. Losantos, argumentaba que «la situación procesal del novio de Ayuso es irrelevante a efectos de su presidencia: los presuntos delitos se cometieron antes de conocerla, no tienen nada que ver con la actividad pública de ella y en nada le afecta. Begoña Gómez está imputada por, presuntamente, haberse aprovechado de su condición de mujer del Presidente del Gobierno para hacer negocios privados».
Unas declaraciones que encontraban la respuesta de Los Genoveses que con un rotundo «de irrelevante nada», subrayando su relación sentimental desde comienzos de 2021 su convivencia conjunta en un piso desde octubre de 2022.
Es una obviedad obvia que Ayuso se ha lucrado y sigue haciéndolo con dinero procedente de su pareja
No quedando ahí, recordaban que Ana Mato, ex Ministra de Rajoy, dimitió y fue condenada por lucrarse de dinero que su pareja, quien fue condenado en la trama de la Gürtel, tampoco declaró a Hacienda. «Por tanto, no solo es relevante judicialmente es sobre todo obvio que Ayuso se ha beneficiado a título lucrativo. Intoxique menos y documéntese mejor. De nada «, concluían.
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La Asamblea General de Naciones Unidas reúne cada año a los principales líderes del mundo en un debate de primer nivel que, en este 2025, está marcado por los 80 años transcurridos desde la creación de la organización y porque contará con la participación, por vía telemática, de Palestina.
Esta sesión de la Asamblea General parte con el lema ‘Juntas y juntos somos mejores: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los Derechos Humanos‘, con el objetivo de remarcar que la organización «seguirá solidarizándose con los pueblos del mundo en estos tiempos tan difíciles, para tratar de forjar colectivamente un futuro más pacífico, saludable, igualitario y próspero», como explica el secretario general, António Guterres. Sin embargo, el lema no pasa de ser una declaración de intenciones lanzada desde la propia ONU. El debate, que arrancará el martes y concluirá al lunes de la siguiente semana, el 29 de septiembre, brinda la oportunidad de escuchar de boca de jefes de Estado y de Gobierno sus respectivas posiciones sobre cualquier aspecto que quieran tratar. Se espera que el genocidio palestino ocupe buena parte del debate.
La sesión comienza con un primer llamamiento formal de la presidencia de la Asamblea General, ocupada en este nuevo periodo por la exministra de Exteriores alemana Annalena Baerbock, y seguirá con una intervención de Guterres. En cuanto a los países, el orden viene marcado por el nivel de la delegación, de tal manera que los primeros en intervenir son los jefes de Estado, seguidos de los jefes de Gobierno y de los ministros.
Esta regla también contempla una excepción, ya que Brasil interviene en primer lugar desde 1955, sin importar el nivel de su delegación, y Estados Unidos lo hace a continuación, en calidad de anfitrión de la principal sede de la ONU. Tienen derecho a participar los 193 Estados miembro de la ONU, si bien se invita todos los años al Vaticano, la Unión Europea y Palestina.
De hecho, una de las polémicas que ha precedido la reunión viene marcada por la decisión del Gobierno de Donald Trump de cancelar los visados para los miembros de la delegación palestina, incluido su principal representante, Mahmud Abbas. En cuanto al tiempo de cada discurso, las reglas plantean un máximo de 15 minutos por turno, aunque de índole voluntario. El récord de duración lo sigue ostentando el difunto líder cubano Fidel Castro, que en 1960 habló desde la tribuna durante 269 minutos.
Reuniones y foros
La asistencia de líderes, además, no suele limitarse estrictamente a la participación en la Asamblea General, ya que el debate deja margen para celebrar reuniones bilaterales o foros políticos como la conferencia para la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos que auspician Francia y Arabia Saudí.
También se adapta mucho al actual escenario global y facilita la puesta de largo internacional de gobiernos o dirigentes. Será el primer discurso de Trump desde que volvió el pasado mes de enero a la Casa Blanca, mientras que Siria enviará por primera vez desde 1967 a su presidente de transición, Ahmed al Shara, que se quiere distanciar del Gobierno de Bashar al Assad.
Será de nuevo una cita dominada por presencias masculinas, habida cuenta de que sólo en 29 países la jefatura de Estado o la de Gobierno está ocupada por una mujer, según un informe de ONU Mujeres actualizado hasta este mes de septiembre y que estima que, al ritmo actual, la igualdad de género en la primera línea política aún tardará 130 años en lograrse.
Nuevos retos y juegos de equilibrio
Guterres, desde la secretaría general, insiste en que la ONU ha de reinventarse, ya que tiene frente a sí grandes retos y equilibrios geopolíticos que poco o nada tienen que ver con la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ya ha quedado atrás, además de estar frente a un progresivo recorte de fondos. Para 2026, la organización ha propuesto más de 500 millones de dólares en recortes presupuestarios, dentro de un nuevo marco de eficiencia que plantea una reducción interanual del 15,1 por ciento en el dinero destinado a recursos y un 18,8 por ciento en costes laborales.
Guterres aspira a que la organización sea más eficiente en términos económicos y políticos, si bien en este último ámbito el reto es aún más complejo. Son cinco los países que cuentan con derecho a veto (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad), y este poder ha tirado por tierra medidas firmes en asuntos clave como la ofensiva israelí sobre Gaza o la invasión rusa de Ucrania por estar en contraposición con sus intereses.
Pese a todo, incluidas las embestidas de Trump y otros líderes ultraconservadores contra los organismos multilaterales, Naciones Unidas sigue gozando de buena fama a ojos de la ciudadanía mundial. Seis de cada diez adultos tienen una opinión favorable, según una encuesta del Pew Research Center elaborada en 25 países y basada en casi 32.000 entrevistas. En España, un 53 por ciento de las personas encuestadas respalda a la ONU, un dato que se incrementa al 65 por ciento en el rango de edad que oscila entre los 18 y los 34 años. Por su parte, en Estados Unidos el dato ronda el 57 por ciento, mientras que Israel se sitúa a la cola de la lista, ya que apenas un 16 por ciento de los entrevistados en el ente sionista tienen una visión favorable de la organización internacional.
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El pasado jueves, este periódico se hizo una pregunta: ¿Qué le debe Isabel Díaz Ayuso al Estado de Israel?, fácilmente respondida mirando a tres frentes: el primero, el convencimiento ferviente de que el sionismo es la ideología correcta frente al genocidio palestino y la ocupación de Gaza; el segundo,la contraposición, casi por memoria muscular y acto reflejo, de hacer y decir todo lo contrario de lo que haga la izquierda; y el tercero, el vasto entramado empresarial y lobista israelí que opera en la Comunidad de Madrid como Pedro por su casa. Pero hoy, las preguntas son otras: ¿cómo se financia el sionismo en España? ¿De dónde sale el capital que reciben las asociaciones, think tanks y grupos de presión sionistas que operan en nuestro país? ¿Cuáles son las empresas clave?
La principal asociación lobista y proisraelí que existe en españa es Accion y Comunicacion sobre Oriente Medio (ACOM), de marcada ideología ultraderechista y actualmente presidida por Ángel Mas. Él mismo se encargó de explicar, en un discurso que ya queda algo lejos (2016), que «ACOM nació para influir en la agenda política nacional a favor de Israel» y que la actividad de la organización es posible «gracias a la colaboración de muchos voluntarios que contribuyen con su tiempo y las generosas donaciones de personas anónimas«. Esta asociación ha premiado a pesos pesados del Partido Popular de Madrid, como Alberto Ruíz Gallardón o Esperanza Aguirre.
Además de difundir propaganda sionista, ACOM también se especializa en emprender acciones legales y presionar a instituciones, partidos políticos y ciudadanos para que se desliguen de cualquier campaña de apoyo al pueblo palestino. Cualquier ataque o crítica a esta organización o a cualquier otra de índole similar es siempre respondido de la misma manera: con la carta del antisemitismo, a pesar de que las críticas no vengan, como es evidente, por el hecho de ser judíos, sino por hacer uso del sionismo como una ideología supremacista y del poder económico del que disponen como una herramienta para imponer sus intereses e ideas.
Pero ¿de dónde sale ese poder económico? El propio Ángel Mas ya dijo en su día que ACOM se sostenía «gracias a donaciones anónimas», pero lo cierto es que existen vínculos empresariales de gran calado que podrían contribuir a su financiación. Ángel Mas, que acostumbra a aparecer como fiscal privado en la mayoría de los conflictos administrativos que deciden emprender, también es presidente de la división de seguros de crédito hipotecario de la multinacional Genworth Financial, se desempeña como agente activo en el desarrollo de campañas de vivienda, y es el copropietario de Zakut, asociación que ha recibido millones de euros en subvenciones de comunidades autónomas del Partido Popular y parte accionarial de la socimi con la que invierte en vivienda David Hatchwell, cofundador de la propia ACOM, empresario con vínculos con el PP desde los tiempos de Esperanza Aguirre y uno de los principales inversores inmobiliarios de la capital. Su padre, Mauricio, fue el fundador de la multinacional Excem, en un principio cementera y actualmente especializada en ciberseguridad y vigilancia, intermediaria, de hecho, para la adquisición del software Pegasus, que infectó los teléfonos móviles de algunos integrantes del Gobierno de España.
Zakut, a pesar de su corta existencia, ha tenido un ascenso fulgurante desde 2021 hasta el presente. Constituida el 29 de abril de 2021, recibió medio millón de euros del Gobierno murciano solo un mes y medio después de su fundación para trabajar como start-up empresarial, y entre junio y diciembre de 2022, el Gobierno de Murcia, el de Andalucía y el de Madrid, los tres del PP, le concedieron subvenciones por valor de más de dos millones de euros. Llama también la atención el concepto de las subvenciones: 1,35 millones del total fueron concedidos para «formación de mujeres» desde la Junta de Andalucía a Zakut, que sobre el papel es una organización sin ánimo de lucro, pero fue una mercantil la que impartió esos cursos. De los dos millones otorgados a Zakut entre junio y diciembre de 2022, 500.000 euros procedían del Gobierno de Fernando López Miras para la promoción empresarial, y 1,5 millones fueron destinados a cursos de formación en Andalucía (1,35 millones) y Madrid (199.287 euros).
Fuera de nuestras fronteras, a Hatchwell hijo se le considera el «mentor de Isabel Díaz Ayuso», y de ella, él habla como «una mujer extraordinaria, joven, pero con un talento increíble, que dice la verdad, que la gente entiende que es una persona de bien, y que fue capaz de descabezar una hidra comunista populista». Hatchwell fue, además, uno de los principales mecenas de la campaña política de Benjamin Netanyahu en 2015.
La simbiosis es plena: los beneficiados de los negocios que involucran a las administraciones del PP, como lo son Excem, ACOM, Zakut y demás siglas, despliegan negocios por España de diferentes carácteres (inmobiliarios, de seguridad, etcétera) y son, paralelamente, financiadores de campañas públicas y políticas para líderes conservadores. En el caso de España, se cierra el círculo con políticos como Isabel Díaz Ayuso o Santiago Abascal, que comparten abiertamente la postura de defender el genocidio palestino perpetrado por Israel.
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Sarajevo no es una metáfora, es una herida abierta en Europa. Su nombre no debería usarse como recurso fácil para describir el desorden o el caos, porque remite a una tragedia concreta, documentada y profundamente dolorosa. Desde abril de 1992 hasta febrero de 1996, la capital de Bosnia y Herzegovina vivió bajo el asedio más largo de la historia contemporánea europea, cercada por tropas que instalaron posiciones de artillería en las colinas y francotiradores en los edificios que dominaban las principales avenidas.
Invocar ese escenario para referirse a un altercado en Madrid no es un exceso retórico ni un lapsus desafortunado: es una banalización de la violencia extrema que sufrieron cientos de miles de personas y, sobre todo, una ofensa a la memoria de las más de 13.000 víctimas mortales del asedio. Sarajevo simboliza el fracaso internacional, la indiferencia ante la limpieza étnica y el precio pagado por una población civil atrapada. Usar ese nombre, como hizo Isabel Díaz Ayuso en uno de sus habituales exabruptos, como sinónimo de caos urbano no es solo un error: es desconocer la historia reciente de Europa y faltar al respeto a quienes todavía cargan con las cicatrices de aquella guerra.
El asedio más largo en la historia reciente de Europa
El Sitio de Sarajevo se prolongó 1.425 días consecutivos, desde el 5 de abril de 1992 hasta el 29 de febrero de 1996. Ninguna capital europea en el siglo XX había sufrido un asedio tan prolongado: ni Berlín en la Segunda Guerra Mundial ni Stalingrado en el frente oriental alcanzaron una duración semejante. La ciudad quedó aislada, sin corredores seguros y bajo un constante fuego cruzado que se cebaba contra su población. Las fuerzas serbobosnias desplegadas en las montañas circundantes convirtieron la topografía en un arma: desde las colinas podían bombardear indiscriminadamente barrios enteros y controlar con francotiradores cada arteria principal de la ciudad.
La estrategia del asedio no se limitaba a un cerco militar, sino a cortar los suministros esenciales. Se interrumpió el acceso al agua potable, se bloquearon alimentos y medicinas, y se privó a la ciudad de electricidad durante meses. Sarajevo, en pleno corazón de Europa, pasó a vivir en condiciones que recordaban a los peores episodios de guerras pasadas. La población sobrevivía gracias a túneles improvisados, contrabando de víveres y ayuda humanitaria que, en muchos casos, apenas alcanzaba para sostener a una parte de sus habitantes.
La población civil quedó atrapada en un cerco que transformó cada gesto cotidiano en un desafío de vida o muerte. Hacer cola en una fuente pública para conseguir agua significaba exponerse a un francotirador; caminar por una avenida abierta podía convertirse en una sentencia. Familias enteras vivían bajo la amenaza constante de la artillería, refugiándose en sótanos durante horas interminables. No hablamos de una congestión en el transporte o de un incidente callejero: hablamos de un castigo planificado, sostenido durante casi cuatro años, contra quienes se atrevían a salir a por pan, a buscar medicamentos para un hijo o a visitar a un familiar enfermo.
Las cifras que no admiten comparación
Los datos son elocuentes. Se calcula que más de 13.000 personas murieron en Sarajevo durante el asedio, de las cuales unas 5.400 eran civiles. Entre ellos había al menos 1.500 menores. Además, 56.000 personas resultaron heridas en una ciudad de apenas 350.000 habitantes.
La intensidad del ataque fue escalofriante. La media diaria se situaba en 329 impactos de proyectil, con un récord de 3.777 en un solo día, el 22 de julio de 1993. Para los habitantes de la capital bosnia, el sonido de los morteros era parte del paisaje. Para quienes intentaban cruzar una avenida, el riesgo estaba en “Sniper Alley”, la arteria central que se convirtió en un corredor de la muerte bajo la mira de francotiradores.
Existen jornadas especialmente recordadas. El 5 de febrero de 1994, una granada impactó en el mercado de Markale, provocando 68 muertos y 144 heridos. Un año después, el 28 de agosto de 1995, un nuevo ataque en el mismo lugar dejó 43 muertos. No fueron episodios aislados, sino parte de una estrategia para sembrar el terror en la población civil.
Mientras tanto, hospitales, colegios y viviendas fueron blanco de los bombardeos. La ciudad vio cómo su infraestructura quedaba reducida a escombros y cómo la Biblioteca Nacional ardía en agosto de 1992, perdiéndose cerca de dos millones de libros y manuscritos históricos.
Una campaña juzgada como crimen de guerra
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) dejó constancia de que el asedio de Sarajevo fue una campaña planificada contra la población civil. El general Stanislav Galić, comandante del Cuerpo Sarajevo-Romanija, fue condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, al considerar probado que su objetivo principal fue infundir terror a los habitantes de la ciudad. Su sucesor, Dragomir Milošević, también fue condenado por esa misma estrategia.
Los jueces del TPIY subrayaron que el patrón de ataques no era fruto del azar ni de excesos aislados, sino de una política deliberada: disparar contra mercados, colas de agua o transeúntes para quebrar la moral de toda una ciudad.
Los testimonios de quienes sobrevivieron retratan escenas que ningún madrileño, ni en sus peores momentos de colapso urbano, podría imaginar. Conseguir agua suponía caminar hasta una fuente bajo la amenaza constante de ser alcanzado por una bala. Cruzar un puente podía costar la vida. Ir al colegio era una decisión cargada de miedo.
Durante meses, la electricidad estuvo cortada, la comida se reducía a mínimos y los hospitales funcionaban con recursos de guerra. Cada día era un pulso por sobrevivir, en un entorno donde la muerte podía llegar desde cualquier ventana de las colinas que rodeaban la ciudad.
La banalización del horror
Ante estos datos, la comparación realizada por Ayuso no es solo un recurso desafortunado: es una banalización del horror. Equiparar empujones en la capital de España con casi cuatro años de cerco sistemático, miles de muertos y ataques indiscriminados contra civiles es una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias.
Las palabras importan, sobre todo cuando provienen de responsables políticos. En el caso de Sarajevo, hablamos de un episodio inscrito en la memoria europea como símbolo de la barbarie y la incapacidad internacional para frenar una masacre a las puertas de la Unión Europea.
El recuerdo de Sarajevo exige rigor, memoria y respeto. Significa reconocer el sufrimiento de quienes soportaron hambre, frío, francotiradores y bombardeos sin posibilidad de huir. Significa también entender que no todas las crisis urbanas son comparables y que el uso irresponsable de ciertas analogías trivializa tragedias históricas.
Por eso, antes de repetir comparaciones ridículas, la presidenta de la Comunidad de Madrid debería conocer los datos básicos de lo que fue el Sitio de Sarajevo: 1.425 días de encierro, 13.000 muertos, francotiradores disparando a civiles y mercados masacrados. Solo así entenderá por qué esa ciudad no puede usarse como sinónimo de caos callejero. Sarajevo no es una figura retórica: es la memoria viva de una herida que Europa todavía no ha cerrado.
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Es sábado, al alba, en los alrededores de la cárcel de Carabanchel. Tres hombres esposados suben a un furgón. Se dirigen al patíbulo de Hoyo de Manzanares. Allí les espera su sentencia. Una sentencia resultado de un proceso sin garantías, sin derecho a defensa, sin rastro de legalidad. Son aún muy jóvenes. De 21, 24 y 27 años. Militantes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Parte de un escarmiento, de un golpe de fuerza de una dictadura que agoniza. Que intenta desesperadamente esconder su debilidad. Tres vidas con nombres: José Luis Sánchez-Bravo, Xosé Humberto Baena y Ramón García Sanz.
Se enfrentan a la muerte por turnos. A cara descubierta. En una fecha que quedará salpicada de sangre para siempre en el calendario. 27 de septiembre de 1975. No son los únicos. Esa misma madrugada otros dos hombres han corrido la misma suerte. Dos miembros de ETA. El primero es ejecutado frente al muro del penal de Burgos. Ángel Otaegui, de 33 años. El segundo, en Barcelona, en un bosquecito junto al cementerio de Cerdanyola del Vallès. Jon Pardes, Txiki, de 21. Entre los cinco cierran la lista de fusilados del franquismo. Con la firma y el beneplácito de un dictador ya moribundo.
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‘Público’ conversa con Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral.
Los asesinatos de José Luis, Xosé, Ramón, Ángel y Txiki fueron el resultado de cuatro consejos de guerra. Unos consejos en los que hubo más procesados. «Nuestras detenciones se produjeron a lo largo del mes de julio», recuerda en conversación con Público Manuel Blanco Chivite, superviviente del segundo de estos consejos. «No nos ocurrió nada excepcional. Pasamos por lo que era el canon de comportamiento de las fuerzas represivas de la dictadura«, continúa el antiguo militante del FRAP. Palizas, torturas, interrogatorios.
Torturas en la Puerta del Sol
Todo ello en la conocida sede de la Dirección General de Seguridad (DGS). En la emblemática Puerta del Sol. «La Policía de la dictadura detenía por decenas, por centenas, y luego aplicaba el terror en la DGS», confirma Pablo Mayoral, otro de los encausados. «Eran redadas masivas, publicadas en la prensa. El diario ABC titulaba Desarticulado el comando del FRAP y salía la fotografía de 20 personas, fueran o no militantes de esa organización. Así funcionaba», explica. «Por la DGS pasamos miles de personas. Todavía son muchos los que cuando cruzan por allí se estremecen al ver las rejas de las celdas bajas. Esa es la historia que debería contarse». La historia de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Una vez detenidos -y apaleados-, tocaba prestar declaración. «Se abre un sumario militar. Evidentemente sin abogados ni defensa ni nada», describe Blanco. «El coronel instructor de nuestro consejo, el primero de los dos que se celebró en El Goloso (Madrid), acudía a la DGS a un despacho de la Brigada Político-Social. Ahí declarábamos delante de él esposados y con dos policías a cada lado. Si aquello no le satisfacía, volvíamos a ser apaleados. Y de vuelta al interrogatorio«, rememora el que fuera periodista. «Había que rehacer las declaraciones o recomponerlas hasta que cuadraran con su versión de los hechos. Hasta que pensaran: Bueno, creo que ya hemos conformado -por no decir fabricado- el caso adecuadamente para nuestros objetivos«, continúa denunciando.
Manuel Blanco Chivite: «Estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo»
De ahí, les trasladaron a la cárcel de Carabanchel. A la espera de juicio. “Estuvimos en las celdas de aislamiento de una galería subterránea que se llamaban CPB, celdas de prevención bajas”, hace memoria Blanco. «Allí, por la noche, entre las 12 y la 1 de la madrugada, seguían apareciendo el servicio de información y el juez para tomar nota», asegura. Hasta finales de agosto, todavía sin un abogado a la vista. «Nos detuvieron en torno al 20 de julio y hasta el 22 de agosto o así no tuvimos un primer contacto con nuestras defensas. Es decir, estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo. En una celda en las que había que sentarse en el suelo y donde solo había un agujero», refiere el antiguo militante del FRAP.
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Confesiones bajo tortura, sin pruebas ni testigos
Llegó el día de su juicio. 12 de septiembre. “En 20 minutos, el coronel instructor Mariano Martín Benavides había rechazado todas las pruebas que aportaban las defensas. Unas 120 pruebas. Por tanto, los abogados no podían presentar ni alegar nada”, explica Blanco. “Además, en los sumarios de la Brigada Político-Social se recogía que había habido tres testigos de los hechos, del ataque al policía armado del que se nos acusaba. Tres testigos de la propia Fiscalía”, incide el entonces encausado. Tampoco se les llamó a declarar. Todo el procedimiento se basó en las supuestas confesiones de los detenidos, obtenidas bajo tortura. En un juicio sumarísimo, resuelto a las pocas horas.
Al día siguiente se conocieron las sentencias. Tres penas de muerte, de las 11 que llegaron a firmarse entre los cuatro consejos. «Fue todo una cosa programada, acordada en un despacho de forma premeditada. Se eligieron las localizaciones, quiénes formaban los tribunales y hasta las propias sentencias. Dos aquí, tres allí, cinco en el otro lado, uno en este otro sitio», critica Mayoral. «Las sentencias estaban firmadas de antemano. Nos lo estaba diciendo hasta el último mindundi de la Policía, del ejército o de los funcionarios de la prisión», insiste.
Extracto de prensa de la época sobre los fusilamientos.
La presión internacional y de las calles surtió efecto. Se consiguieron seis conmutaciones por penas de cárcel. Entre ellas la de Manuel. No se pudo hacer nada, en cambio, por los otros cinco condenados. Finalmente los fusilaron. «Cuando nos dejaron salir de la celda serían ya a las 10 o las 10.30 de la mañana. Ese día nos incorporaron a una galería que no tenía ese régimen de absoluto aislamiento. Podías salir al patio una o dos horas al día. Allí, los compañeros de otras tres o cuatro organizaciones, de siglas diferentes, se acercaron a nosotros en silencio total y nos fueron abrazando», rememora Blanco.
Cincuenta años después, Manuel y Pablo siguen trabajando para preservar su memoria. Este año lo hacen participando en la escritura y publicación de un libro: 27 de septiembre 1975, los últimos fusilamientos de la dictadura franquista (El Garaje), de la plataforma abierta Al Alba. También organizando una exposición en la Fundación Anselmo Lorenzo. Sin olvidar los actos de homenaje organizados para el propio día del aniversario. «Dentro del movimiento por la memoria histórica se suele reivindicar Verdad, Justicia, Reparación y, de una forma un tanto angelical, garantías de no repetición.
La impunidad en que ha quedado ya el francofascismo, la dictadura y sus más significativos representantes, beneficiarios y represores es un primer paso para la posibilidad de que se repita.
La impunidad facilita la repetición«, advierten los entrevistados.
Parece ser que el PSOE y Felipe González siguen pasando por un momento complejo de su relación. Así lo han evidenciado no solo las declaraciones que ha dejado en uno de los últimos actos en los que ha participado, sino también la reacción a las mismas que Óscar Puente ha publicado en su perfil de ‘X’. Un nuevo episodio de encuentros no satisfactorios que vuelven a vivir el ex presidente de España y la formación política a la que representó en el Congreso de los Diputados, que pasan por una racha en la que ninguna de las partes parece sentir mucho cariño por la otra.
Concretamente, esta última situación de desencuentro entre el que fuera dirigente del Ejecutivo nacional durante 14 años y el Partido Socialista se ha dado tras la intervención de Gónzalez en el acto «Memoria y futuro de España en Europa», organizado por el Gobierno de las Islas Baleares, liderado por la popular Marga Prohens, y el Moviment Europeu. Una jornada en la que volvió a dejar críticas a Pedro Sánchez mientras conversaba sobre el escenario con Miquel Roca, abogado y uno de los padres de la Constitución, al ofrecer su punto de vista sobre el aumento de la partida económica dedicada a Defensa, decisión que considera no se ha detallado lo suficiente cómo se llevará a cabo y de la que decía que, aunque la apoyara, «quiero saber de dónde se ha sacado el dinero para aumentarlo (el gasto)», a pesar de que la estrategia planteada indica que se obtendrá de la reorientación de parte de los fondos europeos, de los ahorros generados y del margen de algunas partidas presupuestarias pendientes de 2023.
Así, para Felipe González, se necesita hacer una política de conjunto para no quedar a merced de Donald Trump. Sin embargo, parecía entender que, en estos momentos, no es posible alcanzarla debido a que observa Europa se encuentra paralizada por su propia división, con una crispación que ha derivado en que el contiente se halle, a su modo de ver, ”en una encrucijada sin duda decisiva y sin mucho tiempo para reaccionar». Si bien, el nuevo choque entre el PSOE y el que fuera su líder a final del siglo XX no se ha debido tanto, en esta ocasión, a las críticas por la forma en la que se está gestionando la subida del gasto en Defensa hasta situarlo en el 2% del PIB, sino que se ha dado por la opinión que dejó sobre la situación que vive ahora mismo la población Palestina ante los ataques continuados de Israel.
Eludiendo el uso de la palabra «genocidio», González se mostró más incisivo con Hamás que con Israel. De hecho, fue se mostró liviando con el Primer Ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del que solo apuntó a modo de crítica que «es el mayor propagandista del antisemitismo en el mundo». A pesar de la hambruna generada al no permitir entrar la ayuda humanitaria, los más de 64.000 fallecidos ya y los continuos bombardeos indiscriminados, para el ex presidente de España la solución pasa porque la organización terrorista libere a los israelíes que mantiene retenidos, algo que señalaba sin mostrar denuncia ante los hechos que se están presenciando a diario. Un mensaje que, precisamente, aunque en momentos previos se mostrara crítico con Donald Trump se alinea con la estrategia diplomática del estadounidense.
Si de verdad no quieren que maten a niños ni a mujeres, ¿por qué no sueltan a los rehenes?
Las palabras de González han despertado la irritación de un Óscar Puente que, visiblimente en desacuerdo con el ex líder de los socialistas, se convertía en el protagonista del último desencuentro del PSOE con el que fuera presidente del país. Así, el actual ministro de Transportes dejaba el siguiente mensaje en su perfil de ‘X’, el cual vinculaba a una noticia en la que se transcribían estas declaraciones de González. Mostrándose rotundo consideraba que «dios mío. Qué vergüenza». Palabras las de Puente que apoyaban muchos usuarios de la red social, que respondían a su publicación diciendo cosas como «¿por qué todos mutan a Tamames?»; «fue mi ídolo, hoy me avergüenzo de ello. La decepción más grande que me he llevado en política en toda mi vida«; «¡sin sonrojarse además! Qué tremenda la deriva de este señor!»; «vamos, que da a entender que para acabar con ETA había que matar vascos inocentes, ¿no?»; o «increíble, este señor no tiene ninguna empatía, ya no digo que alguna vez fuera de «izquierdas», cosa que está dejando patente que no entonces lo era, pero eso está a la derecha de Ayuso. Triste muy triste».
Más de una hora esposado. Arrodillado en una cuneta. Ahí mismo, donde le habían detenido. Así pasó la tarde del pasado 7 de septiembre Miguel. ¿Su delito? Participar en una de las protestas pacífcias contra el genocidio en Gaza que acompañaron el paso de La Vuelta en su decimoquinta etapa. De Vegadeo a Monforte. De Asturias a Galicia. «Ya nos habían identificado a todos preventivamente. Por protocolo, según nos confirmó la propia Guardia Civil», recuerda el manifestante. «Pero fue cuando nos colocamos en el borde de la carretera cuando nos detuvieron», sigue contando. Así ocurrió. A medida que se acercaba el pelotón ciclista, un grupo de ocho personas, incluido el propio Miguel, extendieron una pancarta a lo largo del arcén. «Palestina libre«, rezaba la lona. Los agentes no tardaron en actuar. Esposas y al suelo. ¿Bajo qué cargos? Invadir la vía pública.
De ahí, Miguel y sus compañeros fueron directamente transportados a los calabozos de la comandancia de Lugo. Entraron a las 4 de la tarde. Salieron pasadas las 10 y media de la noche. «En el parte de detención, nos llegaban a acusar de poner en peligro la seguridad de los ciclistas y de otros viandantes», detalla el detenido. «Nosotros solo estábamos mostrando nuestra repulsa con lo que está pasando en Gaza«, añade con impotencia. Por lo menos, el tema quedaba zanjado. O eso parecía. Esta mañana le ha llegado una carta certificada. «Todavía no he podido leerla, pero al ver que están empezando a imponer sanciones, me temo lo peor», refiere con preocupación el manifestante.
Miguel y otros manifestantes de la plataforma Lugo por Palestina protesta al paso de La Vuelta por O Corgo (Lugo).
No está exagerando. Este miércoles, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte anunciaba 17 propuestas de sanciones para manifestantes identificados y detenidos durante el desarrollo de La Vuelta. Concretamente en tres de sus etapas. La etapa 12, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en Cantabria. La 14, entre Avilés y La Farrapona, en Asturias. Y la 15, a la que acudió Miguel de la mano de la plataforma Lugo por Palestina. Entre 3.000 y 4.000 euros. Son las cantidades que tendrían que desembolsar los afectados. Además de la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período de hasta seis meses.
«Estamos hablando de infracciones graves«, confirman voces del Ministerio de Interior, que ejerce la presidencia y portavocia de la comisión. Es la categoría en la que se incluirían los actos reivindicativos protagonizados por los manifestantes a los que señala Antiviolencia. Ya sea por el incumplimiento de las medidas de seguridad o por «comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes». Así lo recoge la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que rige las actuaciones de la comisión. Las infracciones graves son la categoría intermedia, penada con hasta 60.000 euros. Por debajo quedan las infracciones leves, por un valor de entre 150 y 3.000 euros; por encima, las muy graves, que podrían ascender a los 650.000 euros. Una millonada.
«Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza», aseguran fuentes ministeriales
Eso sí, no son firmes. «Tendrán que pasar por las delegaciones de gobierno autonómicas, que son las encargadas de dar el visto bueno definitivo. De tramitarlas», señalan desde Interior. Pero no está muy claro que vayan a dar marcha atrás. «Al final, las sanciones se basan en los atestados policiales y de la Guardia Civil, que es de quienes parte la proposición«, desarrollan voces ministeriales. «Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza». «Es su palabra contra la nuestra», responde Miguel. En la mayoría de casos, se han agarrado a la cantidad mínima: 3.001 euros. «En otros se ha podido elevar un poco la cantidad porque se considere que había circunstancias agravantes», explican desde Interior. Resistencia a la autoridad, provocaciones o insultos.
Aquí viene lo sorprendente. En el mismo comunicado en el que Antiviolencia anuncia las propuestas de multa para las protestas, se incluye la sanción a un aficionado del Real Oviedo. Y no por presentarse en el estadio con kufiya. «Por proferir insultos racistas a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Junior«, detalla el documento. En otras palabras, por incurrir en comportamientos racistas.
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Ocurrió el pasado 5 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. En el minuto 37. Las cámaras enfocaban a un aficionado que, aprovechando el foco de atención, «hacía gestos corporales de imitación de un mono«. La Policía Nacional lo identificó en seguida como miembro de un grupo ultra del equipo local. Procediendo a su detención. Pues resulta que este aficionado se enfrentaría a la misma multa que algunos manifestantes propalestinos: 4.000. Protestar por un genocidio es tan grave como ser racista.
“Es un delito de odio contra el pueblo judío”
Ni condenados por kale borroka, ni yihadistas, ni gentuza. El bulo del diario El Mundo, azuzado por el Partido Popular, ha puesto el broche a semanas de criminalización mediática de las protestas. De la mano de reconocidos periodistas y representantes políticos. Pero parece que el cuento es más bien al revés. Hubo violencia en las manifestaciones, sí. Pero no por parte de quienes ejercían su derecho a la protesta.
«Ya había terminado la etapa de La Vuelta. Había terminado su trabajo», insiste Rosana Prieto, responsable comarcal del BNG en el sur de Lugo y concelleira en el municipio de Pantón. “De repente se me acercó un policía y me pidió que me identificara”, sigue contando. «Pregunté qué iban a hacer después y se lanzó contra mí», hace memoria la política. Nunca le comunicaron los cargos en su contra. «Me llevaron a comisaría antes que al hospital», subraya con indignación. Quedó bajo custodia policial a las 6. Salió algo después de la 1 de la mañana.
Miguel, manifestante: «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino»
Moretones, fisuras en las costillas, el riñón afectado. «¿Esto no es violencia? ¿Esto no tiene ninguna sanción?», protesta la concejala. No es la única que lo piensa. «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Por denunciar un genocidio», remarca Miguel. Las recurrirán. «Es que encima la interpone una comisión que se dice de antiviolencia. Es todo una broma», valora el manifestante.
Todavía no se sabe a quién irán a parar las multas. Con una excepción. Una mujer, en Laredo, con una sanción por un valor de 3.001 euros. Es la información que ha facilitado la Delegación de Gobierno en Cantabria sobre el posible alcance de las multas en su comunidad. De la identidad de la multada, por el momento, no hay noticia. «Hasta que no sean definitivas, en principio no se le comunican a los afectados», explica Interior. ¿Y en el resto del recorrido? ¿Habrá nuevas multas? ¿Qué pasa con los 97 identificados en Madrid? «Amenazas de la policía no han faltado, desde luego», sostiene Pablo García, manifestante en la última etapa de La Vuelta. «Cuando me detuvieron, me llegaron a decir que me iba a caer una denuncia por delito de odio contra el pueblo judío», hace memoria el manifestante. «Pensé que era para intimidar, pero ahora con esto…», deja caer. Cabe además la posibilidad de otro tipo de sanciones, en base a la ley de protección de la seguridad ciudadana. La famosa ley mordaza.
“Todo en orden y pasado por la auditoría”. Ese es el mensaje que lanzan desde Ferraz después de que el PSOE entregara al Tribunal Supremo la documentación sobre los pagos y aportaciones de Santos Cerdán, actual secretario de Organización, y de Koldo García en el marco del caso Koldo. La dirección socialista insiste en que no existe ninguna sombra sobre las cuentas de su número tres ni sobre el procedimiento de aportaciones al partido.
En este sentido, fuentes del PSOE consultadas por este medio remarcan que “todo en orden y pasado por la auditoría en su día, que no puso salvedades”, un mensaje con el que quieren dejar claro que las investigaciones judiciales no han destapado irregularidades en las finanzas de la organización.
Más de 38.000 euros en aportaciones de Santos Cerdán
En la información entregada al juez instructor Leopoldo Puente, el PSOE detalla que Cerdán ha aportado desde 2014 un total de 38.082,48 euros a las arcas del partido. La cantidad se reparte entre 780 euros en concepto de cuotas de militante y 37.302,48 euros en donaciones vinculadas a los distintos cargos públicos y orgánicos que ha desempeñado en estos años.
Las aportaciones siguieron siempre los mecanismos internos fijados por la organización. Cuando era diputado autonómico en Navarra, las cantidades se abonaban de manera anual mediante ingresos en efectivo y transferencias. Posteriormente, como diputado en el Congreso, las donaciones pasaron a ser mensuales y se deducían directamente de su salario bruto, de modo que el propio grupo parlamentario socialista transfería las cantidades a una cuenta específica de aportaciones y donaciones.
Desde Ferraz subrayan que estas operaciones no solo están registradas, sino que han sido declaradas ante la Agencia Tributaria en cada ejercicio fiscal. Lo mismo sucedió con las deducciones practicadas durante el periodo en el que Cerdán formó parte de la Comisión Ejecutiva Federal con contrato laboral: los importes se transferían a la cuenta correspondiente y se declaraban oficialmente.
Microcrédito electoral y aportaciones extraordinarias
El informe entregado al Supremo también recoge ingresos adicionales que muestran la participación activa de Cerdán en la financiación interna del PSOE. Entre ellos, un microcrédito electoral de 3.000 euros, que fue devuelto íntegramente con los intereses correspondientes, alcanzando los 3.024,36 euros.
Además, se incluye una donación puntual de 600 euros realizada por transferencia para una aportación colectiva destinada al Instituto de Salud Carlos III en plena pandemia de la COVID-19. Aunque la entidad bancaria no detalló la cuenta de origen en la documentación remitida, el registro figura a nombre de Cerdán como ordenante.
El PSOE también ha facilitado información sobre los pagos que la propia organización realizó a Cerdán como dirigente. En total, se le abonaron 129.647,91 euros desde 2014 en concepto de su trabajo en el partido.
A esa cifra se suman los 425.636,99 euros procedentes del Congreso de los Diputados que, como recalca el PSOE, no se tratan de sueldos abonados por la formación política, sino de ingresos que la Cámara transfiere al grupo parlamentario y que después se asignan a cada diputado. En paralelo, el secretario de Organización recibió 119.950,27 euros en liquidaciones de gastos.
Casi 145.000 euros desde el Parlamento navarro
El Tribunal Supremo también reclamó al Parlamento de Navarra un desglose de las retribuciones de Cerdán durante su etapa como diputado autonómico. La Cámara foral certificó que entre 2014 y 2017 percibió 144.923,58 euros, con un reparto anual de 35.717,96 euros en 2014; 40.902,30 euros en 2015; 41.487,36 euros en 2016; y 26.815,96 euros en 2017, año en que dejó de ocupar su escaño.
Todos los pagos, según consta en la documentación remitida, se realizaron mediante transferencia a las cuentas designadas por el propio Cerdán en sus fichas personales.
Discrepancias entre Hacienda y la UCO
Con la información ya en manos del magistrado instructor, el Supremo dispone de todo lo solicitado para aclarar las diferencias detectadas entre Hacienda y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Mientras que Hacienda cifró en 32.194,98 euros las donaciones de Cerdán al PSOE, la UCO solo encontró 5.700 euros transferidos desde sus cuentas bancarias al partido. Algo similar ocurrió con las retribuciones procedentes del Congreso: la Cámara informó de un total de más de 584.000 euros, cifra cercana a los 543.656,84 euros señalados por Hacienda, aunque la UCO únicamente localizó 35.453,20 euros en las cuentas personales del dirigente.
El Supremo también solicitó datos al Ayuntamiento de Milagro, localidad navarra en la que Cerdán fue concejal. La institución respondió que entre 2014 y 2015 abonó al dirigente un total de 665 euros en concepto de “compensación por asistencia” a plenos municipales.
La entrega de esta documentación supone, para el PSOE, cerrar un capítulo incómodo y disipar dudas sobre las cuentas de uno de sus principales dirigentes. En la sede federal se insiste en que las aportaciones de Cerdán cumplen con la normativa interna, han sido declaradas fiscalmente y, sobre todo, ya pasaron por una auditoría que no detectó irregularidades.
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Goles: 0-1, m.22: Weah. 1-1, m.29: Mbappé de penalti. 2-1, m.81: Mbappé de penalti.
Árbitro: Árbitro: Irfan Peljto (Bosnia). Mostró cartulina amarilla a Tchoaméni (34), Militao (54) y Carreras (97) por el Real Madrid; y a Pavard (46) y a Medina (75) por el Marsella. Expulsó a los 72 minutos a Carvajal.
Estadio Santiago Bernabéu. 76.300 espectadores.
–Efe–
El Real Madrid ha sufrido para empezar la Champions 2025 / 2026 con una victoria ante el Olympique de Marsella por 2-1, un encuentro donde el equipo blanco se complicó, pero que acabó remontando con diez jugadores gracias a un doblete de Kylian Mbappé de penalti.
El encuentro tuvo un trepidante inicio, con los dos equipos presionando mucho y lanzados al ataque. El primero que lo pagó fue Trent Alexander-Arnold, que se lesionó a los tres minutos, aparentemente con una rotura muscular –se llevó la mano al muslo–.
Mbappé y Mastantuono se adaptaron perfectamente a esa intensidad y crearon varias ocasiones. El argentino se lució en dos jugadas en las que por insistencia y técnica se fue de varios jugadores en el área.
El partido de Rulli
El francés estuvo muy cerca de marcar en el minuto 10, pero su disparo lo desvió Gerónimo Rulli con una parada de portero de fútbol sala. El ex de la Real Sociedad y el Villarreal fue el jugador más destacado de su equipo, con sus aciertos… aunque también le dio dos sustos a su equipo con dos tropiezos con el balón en los pies.
Pese al dominio local, el primero que marcó fue el Olympique después de un fallo de Arda Guler, que perdió el balón de ante la presión de Mason Greenwood. Este aguantó el esférico hasta que llegó Timothy Weah y le dio una asistencia de gol. El franco-estadounidense, hijo del legendario George Weah, se ha lucido en su debut europeo con el OM.
Pero solo cinco minutos, Geoffrey Kondogbia cometió penalti sobre Rodrygo Goes –titular en detrimento de Vinicius esta noche– y Mabappé lo tranformó para empatar antes de la media hora. Luego el partido fue bajando de ritmo y la primera parte concluyó con una ocasión fallada por Mastantuono tras un gran pase de Mbappé, en el décimo tiro a puerta de los blancos en ese periodo.
Roja a Carvajal
En la segunda parte, el 10 del Madrid asumió de forma clara el liderazgo y reclamó penalti tras recibir un plantillazo de Leonardo Balerdi.
Sin embargo, la sanción más grave le iba a llegar a los blancos después de que Dani Carvajal se encarara con Rulli. El VAR llamó al árbitro y el bosnio Irfan Peljto expulsó al capitán con más de 20 minutos por delante en los que los de Xabi Alonso tuvieron que hacer un esfuerzo extra.
El colegiado volvió a ser protagonista diez minutos después, cuando pitó penalti por una mano de Facundo Medina cuando se estaba cayendo. Polémica al margen, Mbappé volvió a lanzar desde los 11 metros. Y aunque Rulli le adivinó el lado como en el primero, el francés culminó la remontada. Y los últimos minutos, el 15 veces campeón de Europa se dedicó a contener a un rival al que le faltó mordiente.
En la segunda jornada, el Real Madrid visitará al Kairat Almaty, el martes 30. El campeón kazajo debutará en esta competición este jueves ante el Sporting de Portugal.
Incidentes en la previa
Un par de horas antes del encuentro, la policía cargó contra hinchas del Olympique de Marsella que trataban de causar incidentes en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, informa Efe.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha vuelto a citar este martes a la encargada de negocios de Israel en España, Dana Erlich, después de que el titular de Exteriores israelí, Gideon Saar, lanzara nuevas descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que llegó a acusar de “antisemita”.
Según fuentes diplomáticas, José Manuel Albares ha expresado personalmente a Erlich el rechazo del Ejecutivo a unas palabras calificadas de “inaceptables” que, una vez más, tensan las relaciones bilaterales. Saar publicó este lunes en redes sociales que “Sánchez y su Gobierno comunista son antisemitas y enemigos de la verdad”, asegurando además que fue Hamás, al que calificó de “Estado terrorista”, quien perpetró la peor masacre contra judíos desde el Holocausto.
Estas declaraciones llegan después de que el presidente del Gobierno exigiera la expulsión de Israel de competiciones deportivas y culturales internacionales mientras continúe la ofensiva sobre la Franja de Gaza. “Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”, reiteró Sánchez, equiparando la agresión de Moscú en Ucrania con la violencia del Ejército israelí en territorio palestino.
Lejos de calmarse, la ofensiva verbal de Saar contra Sánchez se ha intensificado en los últimos días. El pasado domingo acusó al presidente de “animar” a las manifestaciones en apoyo a Palestina, después de que la última etapa de la Vuelta Ciclista fuese cancelada en medio de protestas. Para el ministro israelí, aquel episodio supuso una “vergüenza” para España.
La crisis diplomática no es nueva. La semana pasada Exteriores ya había convocado a Erlich por las declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que cargó contra Sánchez tras su denuncia de que “España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque España no tiene armas nucleares”. Una frase interpretada como una amenaza velada y que Albares calificó de “flagrante insinuación genocida” contra el único Estado judío del mundo.
La respuesta israelí a las posiciones firmes de Moncloa ha ido más allá de los insultos verbales. El Gobierno de Netanyahu vetó la entrada a Israel de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y de la ministra de Juventud, Sira Rego, en un nuevo pulso diplomático que deja en evidencia el aislamiento internacional al que conduce la política de Tel Aviv.
Dana Erlich, que asumió el cargo de encargada de negocios el pasado mes de agosto, ha sido convocada en dos ocasiones en menos de un mes por el Ministerio de Exteriores español. Su antecesor, Dan Poraz, también fue citado en varias ocasiones desde que en mayo de 2024 Israel llamara a consultas a la embajadora Rodica Radian-Gordon tras el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte del Gobierno de Sánchez.
La reiteración de insultos y amenazas por parte de los responsables israelíes contrasta con la posición del Ejecutivo español, que insiste en mantener una línea “clara y rotunda” frente a la violencia en Gaza. Sánchez ha dejado claro que España no se callará ante la masacre del pueblo palestino, por más que desde Tel Aviv intenten deslegitimar sus críticas con acusaciones tan graves como infundadas.
El número de muertos en Gaza podría ser diez veces superior a las estimaciones
La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha advertido este lunes que la cifra de muertos por la ofensiva israelí en la Franja de Gaza podría ser diez veces superior a la real, con al menos 680.000 fallecidos frente a los casi 65.000 documentados por las autoridades gazatíes, un 75 por ciento de ellos mujeres y niños.
«Esta es la cifra que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza, y será difícil probar o refutarla, especialmente si se sigue prohibiendo la entrada al territorio palestino ocupado, y en particular a la Franja de Gaza», ha explicado durante una rueda de prensa desde Ginebra.
Según Albanese, en caso de confirmarse este balance, 380.000 de ellos serían menores de cinco años, mientras que un total de 1.581 serían trabajadores sanitarios. Asimismo, otros 252 serían periodistas y 346 sería personal de Naciones Unidas.
«El ataque en curso para ocupar el último vestigio de Gaza, la ciudad de Gaza, no sólo devastará la vida de los palestinos sino que pondrá en peligro también a los rehenes israelíes restantes, poniendo sus vidas en gran peligro», ha advertido.
Por otro lado, ha cifrado en 10.000 los palestinos detenidos, en su mayoría «de forma arbitraria», por las autoridades israelíes, a quienes ha acusado de «matar de hambre, torturar e incluso violar a reclusos». «75 es el número de detenidos que, según se informa, han muerto bajo custodia israelí sólo en los últimos 710 días», ha dicho.
Albanese ha asegurado que el 85 por ciento del enclave palestino se encuentra en ruinas y que el pronóstico en Cisjordania tampoco es bueno. «Más de 1.000 palestinos, incluidos 212 niños, han muerto en los últimos 710 días. 1.600 es el número de ataques registrados, con un aumento del 22 por ciento en comparación con los años anteriores en zonas habitadas por palestinos», ha precisado.
De igual forma, ha asegurado que 40.000 palestinos se han visto desplazados de forma forzosa. «Las anexiones continúan sin cesar, con familias que entran en múltiples ciclos de desplazamiento, enfrentándose a la expansión de asentamientos y puestos de avanzada», ha explicado en rueda de prensa.
«El trauma y el dolor durarán generaciones. Mientras tanto, demasiados Estados siguen haciendo la vista gorda, normalizando el sufrimiento e incluso lucrándose de él. El comercio de armas y los contactos diplomáticos con Israel continúan sin cesar. Y esto no solo es moralmente incorrecto, sino también ilegal», ha argüido.
Albanese ha asegurado que la historia «recordará» el «genocidio» en Gaza. «Este genocidio es algo diferente: se incita abiertamente, se niega cínicamente y se apoya implacablemente: se arma y se utiliza como arma, mientras que quienes se oponen son silenciados, maltratados, criminalizados y difamados», ha afirmado.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 64.900 los palestinos muertos por la ofensiva desatada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2024, incluidos cerca de 35 durante las últimas 24 horas.
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Cada madrugada en Gaza comienza con el estruendo de las bombas que sacuden el enclave palestino y rompen el silencio de la noche. Para Lara Eljamala, una joven gazatí de 29 años, vivir allí significa hacerlo bajo un miedo constante y con la incertidumbre de no saber si mañana podrá seguir contando su historia. «La situación empeora cada vez más, los bombardeos no cesan, el miedo crece mientras vemos cómo se derrumban los edificios a nuestro alrededor. Israel abre docenas de puertas infernales en la ciudad de Gaza», relata a Público.
A pesar del horror diario, Lara se aferra a una pequeña luz de esperanza: lograr asilo humanitario en España, donde vive su tío. Sin embargo, el Consulado de España en Jerusalén le ha negado la solicitud, alegando que solo puede evacuar a familiares de primer grado, como hijos o pareja. Ahora, lucha para que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconsidere su caso, después de conocer otros casos de familiares de segundo grado que sí han logrado salir de Palestina hacia suelo español. Este medio se ha puesto en contacto con Exteriores y no ha recibido respuesta al momento de la publicación de este artículo.
La joven, que es farmacéutica y traductora médica, hasta hace unos días vivía en el oeste de la ciudad de Gaza junto a su padre, Abdalsalam; su madre, Ola; sus hermanas, Eslam y Mariam; y sus hermanos, Osama y Mohamed. Todo cambió el pasado martes, cuando las fuerzas armadas israelíes ordenaron la evacuación total de la ciudad.
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Desde entonces, Gaza capital ha sido declarada «zona de combate peligrosa», un lugar en el que ningún civil estaría a salvo del fuego israelí. «La mañana del martes recibimos muchas llamadas de las Fuerzas de Defensa de Israel, amenazándonos con que si no abandonábamos la zona seríamos considerados combatientes de Hamás y nos matarían«, cuenta Lara.
Nos amenazan con que si no abandonamos la zona seríamos considerados combatientes de Hamás y nos matarían
Tras meses de devastación de amplias zonas de Gaza, hace un par de semanas el Ejército israelí anunció su intención de derribar también los edificios altos en el oeste de la ciudad, donde Lara y su familia vivían. «Cuando escuchamos la noticia, el miedo nos invadió«, recuerda.
La primera reacción de su familia fue intentar huir hacia el sur de la Franja, a Deir al-Balah, donde alquilaron una vivienda por 3.000 dólares al mes y trasladaron sus pertenencias. Sin embargo, en ese momento decidieron no marcharse. «Sentimos que algo nos detenía, que no podíamos hacerlo», reconoce, consciente de que podía sonar «irracional». Para ella y los suyos, abandonar su casa no significaba sólo dejar atrás paredes, sino cortar con una vida de generaciones, con recuerdos y raíces. Por eso, optaron por resistir hasta el último instante y no huyeron de su hogar hasta hace unos días. «Hemos decidido esperar hasta el último momento, cuando este martes se ha anunciado la orden de evacuación», apunta durante su conversación con este periódico.
El mapa publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel clasifica toda la capital gazatí como zona roja, es decir, de combate, sin protección posible para los civiles. El resto del territorio de Gaza aparece igualmente en rojo, con la excepción de Deir al-Balah -donde ahora se encuentra Lara con su familia-, marcada en blanco, supuestamente libre de ataques; y otra en Jan Yunis, coloreada de amarillo y definida como «zona humanitaria».
Vista de la ciudad de Gaza desde el edificio de Lara.
Seis veces desplazada
«Me desplazaron seis veces y luego, cuando entró en vigor la tregua, regresamos a nuestra casa en la ciudad de Gaza», recuerda Lara. La experiencia de haber tenido que abandonar el hogar una y otra vez explica por qué ahora su familia decidió resistir. «Sabemos lo que se siente al dejar tu hogar. Ya lo hemos vivido. Por eso nos negábamos a dejar nuestro hogar esta vez porque no habrá retorno».
Lara recuerda que el conflicto existe desde hace décadas, por ello no le sorprendió la respuesta desmedida de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023: «Todos sabíamos que Gaza pagaría el precio, la locura de Israel no es una advertencia. Desde el primer minuto de este genocidio en Gaza, experimenté el horror en primera persona. Aquí sabemos cómo responde Israel porque lo he vivido antes en 2012, 2014, 2018, 2021 y 2023. Sabemos lo que significa la ‘respuesta’ de Israel: destrucción masiva, matanza indiscriminada y la devastación de todo a su paso«.
Aquí sabemos cómo responde Israel porque lo he vivido antes en 2012, 2014, 2018, 2021 y 2023
El 83% de los fallecidos en Gaza son civiles
Más de 64.400 palestinos han muerto desde que comenzó el genocio israelí en Gaza. De ellos, al menos el 83% de los fallecidos hasta mayo eran civiles, según una investigación publicada por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí.
A la violencia se suma el hambre. Al menos 109 personas han muerto, incluidos 23 menores, por causas relacionadas con la desnutrición, según el recuento de la Sanidad gazatí. De hecho, el pasado 22 de agosto Naciones Unidas declararon oficialmente la hambruna en la Franja.
El genocidio continúa mientras Israel sigue restringiendo deliberadamente la entrada de suministros básicos para la población civil. «No hemos recibido ningún paquete de ayuda humanitaria en casi siete meses», denuncia Lara, que se muestra especialmente preocupada por la falta de medicamentos. «Mi padre sufre complicaciones de diabetes e hipertensión, y apenas podemos conseguir los fármacos necesarios. Hay una gran escasez de medicamentos aquí en Gaza; incluso los analgésicos son escasos», denuncia.
Además, la situación sanitaria es cada día más crítica. Gran parte del sistema hospitalario está destruido o fuera de servicio. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, 22 hospitales han dejado de funcionar por completo y otros 16 apenas operan de forma parcial. La ocupación hospitalaria supera ya el 200%, lo que convierte en un reto casi imposible atender a la población herida y enferma.
Un proyecto para ayudar a huérfanos
Lara ha sufrido la pérdida de sus dos tíos a causa del genocidio en Gaza. Tras esta tragedia, decidió transformar su dolor en acción y empezó un proyecto para apoyar a sus primos, que quedaron huérfanos después de la muerte de sus padres. Ese esfuerzo personal terminó convirtiéndose en la ONG Light for Gaza Orphans.
«Lo que en un principio pretendía ayudar a 10 niños -sus primos- se ha convertido en un proyecto con el que hemos ayudado a más de 75 huérfanos y hemos recaudado más de 40.000 dólares para ellos», explica la joven, que está al mando de la iniciativa junto a un amigo de Países Bajos que le ayuda sobre todo a difundir en redes sociales.
El propósito principal es brindar a los menores lo esencial para vivir con dignidad: artículos de higiene, ropa, alimentos, tiendas de campaña y una ayuda económica mensual destinada a cubrir las necesidades básicas de las familias.
Conseguir sacar adelante la reducción de la jornada laboral sigue siendo uno de los retos más difíciles de superar para Yolanda Díaz en esta legislatura. Esta semana volvía a chocarse con un muro en la consecución de este objetivo, cuando veía que la votación en el Congreso de los Diputados no salía adelante después de que Junts anunciara horas antes que no iba a apoyar esta iniciativa.
Díaz veía, de nuevo, cómo tendría que volver a iniciar un proceso de negociaciones con el que tratar de obtener los votos necesarios para que se apruebe este cambio en el modelo de jornada laboral, al mismo tiempo que la cuerda entre la coalición de Gobierno y Junts se tensaba en una nueva ocasión tras la negativa de los catalanes. De hecho, la vicepresidenta segunda cargaba contra la formación catalana acusándolos de haber llevado a cabo un «chantaje» y aprovechar el interés de los de Sumar por lograr este cambio para introducir en las negociaciones exigencias que resultaban muy distintas a aquello que se estaba tratando. Junts no ha tardado en responder a Yolanda Díaz tras estas acusaciones y su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, asegura que la vicepresidenta segunda no está contando la verdad.
Así, desde la formación política independentista catalana apuntan a haber mostrado sus intenciones en los procesos de negociación desde un primer momento y recalcan su visión de que, con esta propuesta de reducir la jornada laboral, se hubiera llevado a un incremento de las penalizaciones a PYMEs y autónomos, observando que el Gobierno «no quiso atender» a los planteamientos que propusieron. No solo eso, sino que horas antes de debatir esta propuesta en el Congreso de los Diputados, Nogueras se mostraba muy incisiva asegurando que «algunos están en una posición muy fácil que es defender el lema de trabajar menos y vivir más. Piensan que eso les da más votos pero en realidad lo que hacen es hipotecar el futuro de todos porque no explican quién va a pagar todo esto. Nosotros decimos que lo van a pagar los de siempre«, encontrando una falta de intención en adaptar la propuesta a la diversidad empresarial del país.
Desde Sumar se ha mostrado un profundo descontento con Junts, si bien, restan importancia a este suceso y exponen que no creen que pueda surgir un conflicto que pueda alterar la estabilidad del Gobierno o futuras votaciones. Para ello, en el Ministerio de Trabajo traen el recuerdo de los últimos momentos de la intervención de Yolanda Díaz en el Congreso, haciendo referencia a las palabras en las que tiende la mano a Nogueras para volver a iniciar la negociación, de la cual estaba segura se iba a volver a dar, y, tratar, de esta manera, de obtener los «sí» necesarios para impulsar la iniciativa.
Si bien, esto es algo que choca ante la hostilidad que se pudo observar en la primera parte de su intervención en el Congreso, así como en la manera con la que ha cargado en una entrevista contra la formación política catalana. Así, subrayaba que las conversaciones mantenidas en relación a este proyecto no llegaron a buen puerto pues se negaba a aceptar reclamaciones de los catalanes que, según ella, habrían cambiado la idea principal de la propuesta y que, además, habría provocado que los partidos de la izquierda se opusieran.
Desde el ministerio desde Trabajo han indicado que en los condicionantes que los catalanes pretendían introducir en las negociaciones no había nuevos elementos, pero que sí existe un contexto en el que la relación que Junts viene manteniendo con el Gobierno suele encontrar en muchas conversaciones algunos de los asuntos más claves que se han dado en esta legislatura, siendo algunas de las principales reclamaciones de Junts: la vuelta a España de Carles Puigdemont y la oficialidad del catalán en Europa. Asuntos que, según Díaz, han aparecido en la negociación de la jornada laboral y contaminado el proceso.
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Cuando queda menos de un mes para cumplirse dos años desde que comenzó la violenta masacre en Gaza, que ya se ha cobrado la vida de casi 65.000 personas -64.700, para ser exactos, según los datos del Ministerio de Salud gazatí-, el foco no deja de situarse en el escenario de muerte, destrucción y violencia indiscriminada. Pero, ¿qué hay de aquellos que luchan día tras día porque la vida permanezca? Los médicos, tanto extranjeros como nativos en Gaza se juegan la vida a diario por salvar a todos los heridos que han de atender ante los constantes ataques del Ejército israelí.
Las imágenes que llegan desde territorio palestino ya son desgarradoras de por sí, pero escucharlo en voz de un profesional sanitario que ha visto con sus propios ojos el horror deja sin palabras. Raúl Incertis, médico anestesista español, trabajó en el Hospital Nasser de Khan Yunis, situado al suroeste de la Franja y que aún sigue operativo. Tras la escalada del conflicto el 7 de octubre de 2023, fue evacuado tres semanas después, pero regresó este pasado mes de abril a territorio palestino para continuar su labor sanitaria durante cuatro meses más. Con su regreso a nuestro país en julio, ahora su trabajo, recopilado en un informe, o como bien él lo llama «un documento gráfico-forense» hace de espejo que refleje la agonía del pueblo palestino.
Con este estudio que recoge «historias de 170 pacientes» con imágenes y sus respectivos historiales clínicos es de carácter forense, una pequeña muestra de la barbarie extrapolable a la realidad completa de Gaza. «La conclusión a la que llego es que todos son civiles, la inmensa mayoría, con un porcentaje muy alto de mujeres y niños. La reflexión es que ningún hospital en el mundo está ahora sometido a la presión asistencial, a la cantidad de heridos por metralla y armas de fuego como el Hospital Nasser y los otros dos hospitales públicos que quedan, de 15 que había en total«, explica en conversaciones con ElPlural.
Preguntado por qué recorrido puede llegar a tener este informe médico-forense, Incertis incide en que no es una labor suya propia, sino que la realizan todos los médicos extranjeros con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y debido, como detalle primordial, a que en Gaza “no pueden entrar médicos forenses, periodistas o juristas”.
“Esta es una de las muchas pruebas que le llegan a la comisión de investigación de los territorios ocupados por Israel, impulsada por la ONU, que recoge estas pruebas y las cede a los abogados o fiscales de los casos de la Corte Penal Internacional si lo requieren. Tiene una validez legal, ese es el recorrido más interesante”, incide, dando a entender que, en un futuro próximo, servirá para probar que si el Gobierno de Benjamín Netanyahu está cometiendo crímenes de guerra.
No hay lugar seguro en Gaza, no hay dónde esconderse
La pesadilla en Gaza por los ojos de un médico
Y es que la agónica realidad de los civiles en la Franja ya es de por sí una pesadilla; un día a día que se suma al de todos los profesionales sanitarios que, de ver los horrores de un quirófano o en una sala de urgencias, al salir del hospital también se encuentran con un escenario del que no pueden escapar. «Hablamos de médicos de urgencia y de quirófano, se tiene que encargar de la atención de conciudadanos que están mutilados de las formas más aberrantes posibles por metralla, aplastados, tiroteados. Son vecinos de los médicos, a veces familiares, todos los compañeros del hospital que han perdido a parientes de primer y segundo grado», describe.
El horror no sólo se vive dentro de las puertas del hospital, sino que fuera el horizonte no es más esperanzador. Los médicos residentes en Gaza, al igual que el resto de su población, “ya no tienen casa porque han sido bombardeadas”, siendo el único sitio “seguro” donde pueden quedarse en la franja de playa conocida como Al-Masawi, “mal llamada zona humanitaria” compuesta por tiendas de campaña “con espacio vital inferior al de una celda de Guantánamo”, explica Incertis, donde tampoco hay electricidad y los recursos son extremadamente escasos.
La jornada laboral es todo un reto que asumir y de ninguna manera sirve de desconexión de una realidad que parece una pesadilla. Los profesionales sanitarios trabajan “en turnos de 60 y 70 horas a la semana”: “Tienen que seguir trabajando para hacer vivible la vida a sus hijos, tienen que ir a buscar harina en su día de descanso a los camiones de la ONU o a la Fundación Humanitaria de Gaza, donde son tiroteados a propósito por el Ejército israelí; buscan leña o comprarla si queda porque no hay gas; también agua, que queda muy lejos”, incide el médico español.
Por este motivo, no hay días de descanso que valgan. Sumado a todo este escenario de violencia, los medios con los que operan a diario cada vez se hacen más insuficientes: “Se sienten muy incómodos a la hora de realizar su trabajo. En el caso de la anestesia, cada vez hay menos, no hay compresas o gasas suficientes para hacer las curas de heridas, tampoco antibióticos suficientes. Trabajas con una sensación de no poder ofrecer al paciente lo que necesitaría. Todos mis compañeros, sin excepción, pasan mucha hambre, han perdido una media de 20 o 30 kilos, y eso también les dificulta mucho. Están todos a nivel metal con estrés post traumático”, lamenta.
El Hospital Nasser se ha edificado en estos dos últimos años como uno de los últimos bastiones sanitarios en pie que resiste a la ofensiva israelí, pero que no ha escapado de los constantes bombardeos. Incertis explica que trabajó en este centro durante meses y, en toda su estancia, el centro sufrió “seis ataques”, siendo el último de ellos hace dos semanas atrás.
Según el relato de sus compañeros, la sensación que respiran es de “inseguridad y miedo” ante los constantes bombardeos y la incertidumbre de qué deparará el día de mañana. Y la pesadilla ni tan siquiera termina aquí. “El Ejército israelí en febrero de 2024 en una incursión secuestró a 74 compañeros y mató a algunos de ellos, digo secuestró porque los aprendió, los tomó sin proceso judicial ni imputación. Algunos de ellos llevan más de un año en cárceles israelíes, otros han sido liberados. Todos relataban lo mismo, hay concordancia en lo mismo, con las mismas torturas y vejaciones diarias. No hay lugar seguro en Gaza, no hay dónde esconderse”, relata a este periódico.
Los compañeros se sienten muy inseguros y con miedo
¿Dónde recaen las responsabilidades?
Con el tiempo corriendo a contrarreloj para la población palestina en Gaza, más aún cuando Netanyahu consolida su afán de conquista de la Franja y haya reiterado que “no habrá Estado Palestino”, ¿en quién y dónde recaen las responsabilidades de esta masacre?
En opinión de Incertis, la verdadera tortura de este escenario es que “se están asesinando y mutilando diariamente a niños”, reiterando que “un gran porcentaje de los pacientes son menores de edad”: “Lo que sucede allí no está sucediendo en ningún otro lugar del mundo, y tiene que ver con el volumen de civiles masacrados y, sobre todo, con la impunidad y las causas”.
Es en este último punto donde sitúa buena parte de las responsabilidades en la Unión Europea: “Principalmente Gobiernos como Alemania, Francia, Reino Unido y Francia son coautores de la masacre indiscriminada de civiles porque le venden armas a Israel, componentes para los aviones que bombardean. Esto genera una cantidad de dinero que no están dispuestos a perder. Es vergonzoso y muy doloroso”, lamenta.
Por el momento, esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, propuso en Estrasburgo la suspensión parcial del acuerdo comercial entre la UE e Israel y la detención de los pagos, además de la próxima creación de un Grupo de Donantes para Palestina. En paralelo, y en vista de la Comunidad Internacional, este viernes Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría un texto en favor de reconocer el Estado Palestino.
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La pretensión de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) de suspender La Vuelta ciclista, ante un supuesto «riesgo cierto e inminente de la vida e integridad de los deportistas», no salió adelante al inadmitir el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la denuncia por falta de competencia. En su petición, la organización sionista presidida por Ángel Guillermo Mas ponía el foco sobre los promotores de las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición.
En concreto, la denuncia de ACOM se dirigía contra la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida e, incluso, el director técnico de la Vuelta, Kiko García. En ella, la organización sionista achacaba los delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
Este último movimiento, inadmitido por la Audiencia Nacional, se suma a las múltiples acciones desarrolladas por esta organización especialmente desde 2015 (se fundó en 2004), que abarcan el ámbito político, social y judicial. En este último campo, sus decenas de denuncias y querellas han desembocado en la apertura de al menos 15 causas judiciales, según los datos y documentos oficiales recabados por Público. Seis de ellas, presentadas por diferentes delitos contra la exministra Ione Belarra, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, varios manifestantes propalestinos y diversos ayuntamientos con gobiernos progresistas, tampoco tuvieron éxito.
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Por otro lado, diferentes tribunales han avalado en otras siete ocasiones las peticiones de ACOM contra las resoluciones y acuerdos adoptados por otros consistorios de izquierdas a favor de la campaña Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) y de apoyo al pueblo palestino.
Contra el «antisemitismo de la izquierda y la ultraizquierda»
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con dicha organización, sin éxito. No obstante, tal como explicó su director en el portal Nuevo Mundo Israelita, el evento detonante para su fundación fue «la concienciación de que existía una oportunidad en España para presentar la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista político, mediático e incluso legal, de parte de ciudadanos españoles que pensábamos que había una comunión de intereses y valores entre España e Israel».
Varias personas con banderas de Israel durante una concentración convocada por la asociación ACOM.
Su director, natural de Murcia, señaló que «España, como toda Europa y muchos países del mundo, sufre el fenómeno del antisemitismo, pero tiene particularidades, sobre todo, que la actividad antisemita venía de la izquierda y la ultraizquierda».
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Amparo a la libertad de expresión
En el camino judicial emprendido por ACOM, el lobby sionista ha sufrido sonados reveses. En septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Sueca, que no vio delito de odio en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a favor del pueblo palestino.
En mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso de apelación interpuesto por este lobby contra miembros de
la Junta de Gobierno Local de esta ciudad. Según ACOM, el consistorio liderado entonces por José María González Kichi «aprobó adherirse a un movimiento
discriminador y antisemita como es ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) y BDS». En ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo lo propio al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la organización contra el auto de 12 de septiembre de 2018 sobre un acuerdo adoptado en favor de la causa palestina en Valencia.
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Las siguientes derrotas llegaron en 2024, alcanzando un mayor impacto mediático. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la iniciativa de ACOM contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien acusaba de los delitos de odio (pena de prisión de uno a cuatro años) y prevaricación (incluye penas de prisión e inhabilitación) por suspender las relaciones del Ayuntamiento con Israel.
También, el Tribunal Supremo archivó la
denuncia de ACOM contra Ione Belarra por sus declaraciones sobre Israel cuando
era ministra. El lobby sionista acusó a la líder de Podemos de un delito de odio por señalar, entre otras cosas, que “Israel está llevando a cabo
un genocidio planificado», pero el alto tribunal consideró que sus expresiones «están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionadas penalmente».
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Asimismo, la Audiencia Nacional desestimó en septiembre de 2024 dos recursos de apelación formulados tras desestimarse dos querellas por la presunta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Estos iban dirigidos contra
unos manifestantes que profirieron cánticos contra el genocidio israelí en una
manifestación en Madrid.
En otras ocasiones, las iniciativas de ACOM en los tribunales o ante el mismo Gobierno ni siquiera fueron admitidas a trámite, en este caso contra el ministerio de Pablo Bustinduy. En 2024, la organización presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales por el envío de cartas a empresas españolas que operan en territorios ocupados por Israel recordándoles sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional inadmitió el recurso en julio de 2024. En el mes de diciembre de ese año, ACOM presentó un recurso de reposición, también sin éxito, contra un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se destinaban, a través de Derechos Sociales, 900.000 euros a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Bustinduy explicó en un tuit publicado en su cuenta personal cómo opera esta organización sionista: “Estas técnicas de intimidación están tristemente de actualidad. Su objetivo no es otro que coartar la capacidad política de nuestra democracia y, en este caso, silenciar el genocidio del pueblo palestino”.
Victorias judiciales
Por otro lado, ACOM ha salido airoso hasta en siete ocasiones tras sus denuncias contra varios ayuntamientos progresistas por mostrar su apoyo a la causa palestina a través de resoluciones y mociones. De hecho, la más importante fue la última, cosechada en el Tribunal Supremo en septiembre del 2022. El alto tribunal consideró que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelíes, ni contratar con empresas vinculadas con este país, son «discriminatorios» y «vulneran» derechos fundamentales.
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El Supremo fijó este criterio tras analizar el caso concreto del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), que en julio de 2016 aprobó un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), anunciando además medidas concretas respecto a la relación hacia empresas e instituciones de este país.
De esta manera, anuló el punto que pedía «adoptar las medidas legales oportunas» para impedir «contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Asimismo, hizo lo mismo con el apartado que acordaba «no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional».
Mucho antes, en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid de anular, a raíz de una denuncia de ACOM, el acuerdo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de adhesión a la campaña
«Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí». Esta iniciativa partió de los grupos municipales Somos Rivas y Rivas Puede
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En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 15 de Barcelona estimó un recurso de
ACOM y anuló un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montcada i
Reixac (Barcelona) del 22 de diciembre de 2017 (punto 7.1), en el que el consistorio se adhería a la campaña BDS contra el Estado de Israel.
Asimismo, en diciembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Santander estimó el
recurso interpuesto por ACOM contra una resolución del pleno del Ayuntamiento de Camargo que manifestaba su adhesión y
apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014, por la
que «se reconocía el Estado de Palestina y mostraba su solidaridad con la
población de Palestina».
También en diciembre de 2019, el mismo órgano estimó el recurso interpuesto por ACOM contra una resolución
del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) por la que se
acordó declarar la localidad «Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)». En consecuencia, el tribunal anuló el citado acuerdo.
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Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra revocó, tras un recurso interpuesto por ACOM, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Huarte a favor de una «moción sobre Palestina».
El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en diciembre de 2021 la anulación de parte de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valencia en apoyo del pueblo palestino y del movimiento BDS.
La Sala Primera del Tribunal Supremo de Brasil ha obtenido este jueves mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por pertenencia a organización criminal en el marco de la trama por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, que dieron la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. Tras la victoria de Da Silva que le arrebata la presidencia, el expresidente incitó a sus seguidores a asaltar el Congreso y la Corte Suprema.
Esta mayoría en el alto tribunal ha llegado después de que la magistrada Cármen Lúcia haya declarado que existen pruebas concluyentes de que un grupo liderado por Bolsonaro intentó llevar a cabo un intento de golpe de Estado en el país sudamericano, según ha informado el diario brasileño ‘O Globo’.
Con su postura, que deja el tablero a tres votos a uno, se suma a la decisión de los jueces Alexandre de Moraes, relator del caso, y Flávio Dino. En la víspera, y a diferencia de los demás magistrados, Luiz Fux votó para absolver a varios de los acusados, incluido Bolsonaro.
No obstante, todavía queda pendiente la última votación, la de Cristiano Zanin. Tras ello, los jueces seguirán debatiendo la sentencia, en particular la duración de las mismas, según el grado de participación de cada acusado en los hechos delictivos.
Además de Bolsonaro, el panel ha formado mayoría para condenar a los otros siete acusados que también forman parte del llamado núcleo central de la trama, entre quienes se encuentra el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira o el extitular de Justicia Anderson Torres.
La defensa de Bolsonaro decía que «no hay pruebas»
La defensa del expresidente brasileño argumentó a principios de septiembre que «no había una sola prueba» para condenarle por participación en el intento de golpe e Estado en 2022. Su abogado Celso Vilardi argumentó entonces que el documento hallado en su memoria USB que contenía un plan para «restablecer el orden y la ley» en Brasil «ni con el 8 de enero»: «De hecho, ni siquiera el delator, que sostengo que mintió, dijo ‘participación’ en (estos casos). Ni siquiera el delator. No existe ni una sola prueba», ha remarcado durante la vista, según declaraciones recogidas por Agencia Brasil.
En estos términos, reiteró que Bolsonaro «no violó el Estado de Derecho», acusando así de estos acontecimientos al general Mauro Cid, de «mentir» tras haber aceptado colaborar con la Justicia.
El histórico juicio que arrancó este martes por la trama golpista que tambaleó las bases de Brasil no sólo se cierne sobre la figura del expresidente, sino también otras siete personas de su núcleo duro central, quienes están acusados de asociación criminal, intento de abolir con violencia el Estado de Derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio durante el asalto al Congreso y la Corte Suprema el 8 de enero de 2023.
Bolsonaro, juzgado por cinco delitos
Jair Bolsonaro ha sido juzgado por cinco delitos: intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio del Gobierno y deterioro de patrimonio protegido. Todos ellos sumaban una pena máxima de 43 años de cárcel.
La denuncia fue presentada por la Fiscalía General, que sostuvo que el expresidente dirigía “una organización criminal estructurada para impedir que el resultado de la voluntad popular expresado en las elecciones de 2022 fuese cumplido, implicando su continuidad en el poder sin el aval del sufragio universal”. En dichos comicios, en los que Bolsonaro se jugaba la reelección, fue Lula da Silva, actual presidente, el que los ganó.
El complot ultra concluyó con el asalto de miles de seguidores a las sedes del poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial el 8 de enero de 2023. Según se relataba en la denuncia, los golpistas contemplaron envenenar al presidente actual, matar a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez instructor, Alexandre de Moraes.
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El Gobierno de España ha respondido, a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a las acusaciones del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, contra Pedro Sánchez y ha tachado estos comentarios de “falsos y calumniosos”.
Exteriores ha insistido en que el pueblo español “es amigo” del pueblo de Israel, pero también del pueblo de Palestina. Y mientras ha afirmado que desde España se ha condenado el “atroz” atentado cometido el 7 de octubre por Hamás y exigieron desde el primer día la liberación “incondicional” de todos los rehenes, ha mostrado también su posición férrea para exigir con la misma fuerza el cese inmediato de la violencia en Gaza, los constantes ataques contra la población civil y la entrada de ayuda humanitaria que constantemente bloquea el Gobierno israelí.
“España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo, xenofobia o intolerancia y ha acogido como connacionales en los últimos años a 72.000 sefardíes como resultado de una legislación específica para ellos”, se subraya en el comunicado, para a continuación pasar a defender su posición contra el genocidio que Israel está perpetrando en Gaza, en contra de toda normativa y derecho.
«España defiende como único camino hacia la paz, la existencia de dos Estados, Palestina e Israel, que convivan en buena vecindad y con garantías recíprocas para su paz y seguridad”, ha defendido de la misma forma.
Por todo ello, el Ministerio de Exteriores ha rematado: “España continuará apoyando la labor de los Tribunales internacionales para esclarecer lo que está sucediendo en Gaza desde 2023, tanto en lo que respecta la investigación por crímenes por lesa humanidad contra varios dirigentes israelíes por parte de la Corte Penal Internacional como el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el Estado de Israel en el marco de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio”.
Netanyahu acusa a Sánchez de “amenaza genocida”
Esta respuesta del Gobierno de España llega horas después de que el primer ministro de Israel acusara a Sánchez de amenazar a Israel al decir que España “no tiene armas nucleares” para detener su ofensiva en Gaza. No obstante, Netanyahu ha hecho referencia a las palabras del pasado lunes del presidente del Gobierno, cuando anunció las nueve medidas de su Ejecutivo contra el genocidio, en las que Sánchez aseguraba que España no puede “detener la ofensiva israelí” al no tener “bombas nucleares, ni portaaviones, ni grandes reservas de petróleo”.
“El primer ministro español Sánchez dijo que España no puede detener la batalla de Israel contra los terroristas de Hamás porque ‘España no tiene armas nucleares’”, empezaba el hebreo, añadiendo que “eso supone una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo”.
No se quedaba ahí Netanyahu, ya que en sus acusaciones no ha escatimado en reproches: “Al parecer, la Inquisición Española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Increíble”.
Pero Sánchez y el Gobierno español no han sido el único foco de críticas para Israel. Al Estado que está perpetrando un genocidio en Gaza tampoco le ha gustado la propuesta de la Comisión Europea que contempla la suspensión del acuerdo comercial con Israel.
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, también propuso este miércoles sanciones contra los ministros extremistas israelíes y los colonos violentos, y avanzó que en octubre se creará un Grupo de Donantes para Palestina, que incluirá un instrumento específico para la reconstrucción de Gaza.
Ante esto, el ministro de Exteriores israelí acusó a Von der Leyen de repetir “la falsa propaganda de Hamás” tras su iniciativa parlamentaria: “Una vez más, Europa envía un mensaje equivocado que refuerza a Hamás y al eje radical en Oriente Próximo”, defendió.
Unas acusaciones que fueron en la misma línea que las vertidas contra la vicepresidenta de la Comisión Teresa Ribera la pasada semana cuando denunció abiertamente el genocidio sobre el pueblo palestino.
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Junts ha materializado su ‘no’ a la reducción de la jornada laboral este miércoles en el Congreso de los Diputados alineándose con el Partido Popular y con Vox para así impedir la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. El proyecto para la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas ha decaído en el Congreso de los Diputados por los 177 votos de los diputados que suman Junts y PP junto con la ultraderecha.
Aunque se ha tratado de tres propuestas distintas en el debate de las enmiendas de totalidad, presentadas por los que la han tumbado, se ha realizado una única votación, ya que los tres grupos han coincidido en solicitar la devolución del texto al Ejecutivo.
A pesar de los esfuerzos del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, para alcanzar un acuerdo con los neoconvergentes, ya el lunes éstos anunciaron que mantendrían su veto. Así, la iniciativa clave de Yolanda Díaz ha llegado al pleno sin la posibilidad de tramitación, aunque el Gobierno no cejara en el empeño y ya han adelantado que volverán a presentar el proyecto desde cero, reiniciando su tramitación.
Después de que este miércoles la reducción de la jornada laboral haya sido vetada en la Cámara Baja, los sindicatos han convocado movilizaciones por toda España en defensa de estas 37,5 horas semanales de trabajo. Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han protagonizado esta jornada un encierro simbólico en una iglesia de Vallecas y han participado en concentraciones en Barcelona y Madrid.
Díaz se encara con Junts
Especialmente dura ha estado la ministra de Trabajo en su respuesta a la formación catalana, responsable de que el proyecto haya quedado en saco roto este miércoles. “No representan los intereses de los independentistas, sino a la patronal española reaccionaria y a los que se están forrando”, ha remarcado Díaz.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha aseverado que los argumentos que ha ofrecido Junts para rechazar el proyecto, como que es inviable para muchos autónomos y pymes, son “irreales” y siguen el mismo mantra que se utilizaba para posicionarse en contra de la subida del salario mínimo interprofesional, que era que se destruía empleo. Así, Díaz ha recordado que España registra en la actualidad récord de trabajadores autónomos con 3,4 millones de personas.
A renglón seguido, Díaz ha señalado que las empresas catalanas han venido incrementando sus beneficios en los últimos años y que sectores como el comercio o la hostelería lo han hecho en 15.500 y 5.000 millones de euros, respectivamente. “Usted no se pone del lado del trabajador y trabajadora catalana, ni del autónomo catalán. Usted se pone de quien hoy en España y en Cataluña se está forrando», ha aseverado la ministra de Trabajo.
Para zanjar su discurso contra Junts, Yolanda Díaz ha insistido en que su departamento volverá a redactar la norma, por lo que ha instado al partido independentista a “volver al diálogo” y a no situarse “frente a los trabajadores catalanes”.
En su réplica, Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts, ha subrayado que la ministra “no hace otra cosa más que mentir” y que con sus políticas está mandando a España “al traste”. “Las personas que suben la persiana cada día y han estado escuchándola a usted hoy, no deben dar crédito de su ignorancia”, ha señalado.
Junts justifica su ‘no’ en el método
Anteriormente, Míriam Nogueras había argumentado que las medidas deben implementarse bien y con rigor, no solo para “tener cuatro votos y un titular”. Así, destacaba la importancia de abordar el absentismo laboral, aumentar la productividad y generar riqueza antes de legislar sobre la reducción de la jornada laboral, con el objetivo de “fortalecer el Estado del bienestar”.
En el mismo sentido, Nogueras explicaba que mientras que para un banco el costo de la reducción de jornada sería de unos 115 euros por empleado, para un pequeño comercio ascendería a más de 1.000 euros. “Quien puede, lo está haciendo. Lo que no podemos permitir es que se obligue por ley a quien no puede. Porque al final, esto lo acaba pagando el de siempre, el trabajador. Y alguien tiene que frenar esta barbaridad”, señalaba.
En cuanto a los críticas de los sindicatos, Nogueras fue crítica, especialmente con CCOO y UGT por no apoyar la postura de Junts: “El colectivo a quien nosotros defendemos levanta la persiana cada día y genera la riqueza que sostiene el Estado del bienestar”.
CEOE y CEPYME agradecen el veto
Tras la materialización del veto, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han agradecido su postura al PP, a Vox y a Junts.
“CEOE y CEPYME quieren agradecer a los grupos parlamentarios el rechazo del proyecto de Ley de reducción de jornada, que es plenamente coherente con la ausencia de resultados en el diálogo social”, han trasladado a través de un comunicado.
De esta forma, han celebrado que “con esta decisión se evita un grave impacto negativo sobre la economía, el empleo y también sobre los consumidores”, alegando que el debate sobre la jornada laboral “debería regresar al espacio que le corresponde: el diálogo social y la negociación colectiva sectorial”, donde “lejos del ruido mediático” empresas y trabajadores “deben abordar cualquier elemento esencial de las condiciones laborales”.
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Iván Espinosa de los Monteros ha dado un nuevo paso tras su salida de Vox. El ex portavoz parlamentario ha anunciado la creación de Atenea, un centro de pensamiento que se presentará oficialmente el próximo 25 de septiembre en Madrid y que pretende convertirse en un actor influyente en el debate público. Lo ha explicado en una entrevista con ‘The Objective’, donde ha detallado que se trata de una institución de la sociedad civil cuyo objetivo será analizar distintos sectores de la vida en España, detectar fallos estructurales y plantear propuestas que puedan ser “disruptivas, pero siempre dentro de la legalidad vigente”, sin necesidad de abordar una reforma constitucional.
El planteamiento de Espinosa se aleja de la forma clásica de partido político. Según ha explicado, Atenea quiere abrir debates que puedan tener eco en los medios de comunicación y en los que la ciudadanía participe activamente. En su diagnóstico, el principal problema del país está en la gestión de lo público. “Hemos dejado todo lo común, todo lo que es público, en manos solo de los políticos, y yo creo que es un momento bueno para que la sociedad civil tenga también un poco más de voz”, ha asegurado. Frente al cortoplacismo que, en su opinión, impone el calendario electoral a los partidos, la nueva fundación buscará pensar en horizontes de cinco o diez años, alejándose del ruido mediático y de la dependencia de la actualidad inmediata.
Espinosa ha insistido en que Atenea no estará vinculada a ningún partido político y que su misión no es enfrentarse a ninguno en concreto. Se trata, afirma, de construir un espacio donde personas que nunca han estado en política tengan un canal para expresar ideas sin ser etiquetadas con una sigla. “Aquí de lo que se trata es de proponer las mejores ideas, con independencia de que luego uno pueda votar o no votar a un partido u otro”, ha sostenido.
El equipo que rodea al ex portavoz de Vox estará formado en su mayoría por profesionales del sector privado, aunque también habrá perfiles con experiencia en la administración pública. Según ha detallado, provienen “esencialmente de PP, Ciudadanos y Vox”. De momento no ha desvelado nombres concretos, pero se espera que lo haga en la presentación de septiembre.
Espinosa de los Monteros, del ala liberal al choque frontal con Abascal
Iván Espinosa de los Monteros fue durante años uno de los rostros más visibles de Vox y pieza clave en la construcción del partido desde sus orígenes. Fundador en 2013, participó en los primeros pasos de la organización, ocupó cargos de responsabilidad interna y, tras las elecciones de 2019, se consolidó como portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados. Desde esa posición se convirtió en uno de los referentes del llamado sector liberal del partido, más centrado en lo económico, frente a corrientes más tradicionalistas y ultraconservadoras que también coexistían en la formación.
Su papel público era indiscutible: representaba a Vox en los grandes debates, defendía sus posiciones en los medios y aportaba un perfil con aspiraciones institucionales y de gestión. Sin embargo, el desgaste electoral del 23 de julio de 2023 —cuando Vox perdió 19 escaños en el Congreso— abrió una crisis interna que acabó por dejarlo en una posición de debilidad. Aquel mal resultado fue interpretado como un fracaso estratégico que tensó aún más la convivencia entre facciones y que reforzó a dirigentes como Jorge Buxadé, alineados con el ala más dura.
En ese clima de incertidumbre, su relación con Santiago Abascal se deterioró. Las diferencias se habían ido acumulando: discrepancias en el enfoque de las campañas, malestar por la exclusión del sector liberal en la confección de listas y un distanciamiento cada vez mayor con el núcleo de poder. Espinosa, que defendía la necesidad de abrir el partido a discursos más amplios, se encontró arrinconado frente a una dirección que apostaba por la radicalización y la confrontación.
El 8 de agosto de 2023 anunció de forma inesperada su renuncia al acta de diputado. Oficialmente lo atribuyó a motivos personales y familiares, pero el trasfondo político era evidente: se marchaba tras haber perdido la batalla interna contra Abascal y su entorno más próximo. Su salida fue abrupta y supuso un golpe para la militancia que lo identificaba como un referente, pero también marcó el cierre de una etapa dentro de Vox.
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El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga una victoria holgada al PSOE. La estimación de voto publicada este jueves ubica a los de Pedro Sánchez en el 32,7%, disparándoles cinco puntos por encima de la última publicación. El Partido Popular (PP) aparece en segundo posición con un 23,7% de los apoyos, pero pierde mucho terreno con respecto al mes de julio, cuando recibía el 26,5%. El pódium lo completa Vox con un 17,3%, cada vez más cerca de la formación de Alberto Núñez Feijóo, pese a perder punto y medio en dos meses.
El organismo presidido por José Félix Tezanos otorga al conjunto de las extremas derechas un 41% del voto y concentra casi todo el voto del bloque progresista en los socialistas. Por detrás, Sumar se reuniría el 7,9% de los votos, una décima más que en julio, pero muy lejos del 12,3% reunido en las elecciones de 2023. Si bien en aquellos la coalición incluía a Podemos, que por separado agruparía el 4,3% de los apoyos, una décima menos que en el último barómetro. La conjunción de ambos sumaría un 12,2%, casi el mismo resultado que hace dos años.
De entre las formaciones regionalistas, Esquerra Republicana (ERC) sería la que más porcentaje de voto obtendría, con un 2,1%, mismo resultado que el sondeo veraniego. Por detrás aparece EH Bildu, con un 1,1% y dos décimas más, consolidando la fuerza de las formaciones independentistas de izquierdas, a las que se suma el Bloque Nacionalista Galego (BNG) con un 0,7%. Las derechas nacionalistas de Junts y PNV alcanzarían el 0,8% y 0,6%, respectivamente. Más allá, Coalición Canaria (CCa) y UPN reunirían una décima cada uno, el resto de partidos residuales un 5,7% agrupado y el voto en blanco se detendría en el 1,4%.
Vox arrasa entre los jóvenes y el PSOE en el resto de la población
Las variables sociodemográficas, basadas en el voto directo sobre censo (más bajo que la estimación sobre voto válido anterior), dibujan un reparto de intención de voto por edad muy similar al que proyectan el resto de las encuestadoras. La extrema derecha capitaneada por Santiago Abascal, que reuniría un 12,8% en voto directo sobre censo total, obtendría el mayor porcentaje en los dos primeros segmentos poblacionales con derecho a sufragio; mientras que, según los datos del CIS, los socialistas se harían con los cinco siguientes (que en otros sondeos se reducen a tres).
Así, los ultras obtendrían un 21,6% entre los jóvenes entre 18 y 24 años y un 18,3% en el segmento de 25 a 34 años, superando por mucho en ambos a su inmediato perseguidor (PSOE). En el caso de Vox cabe destacar, por ser el único con esta desviación, la diferencia de casi diez puntos entre el voto de los hombres (17,6%) y de las mujeres (8,4%). Es más, los ultras serían la segunda formación más votada, superando al PP, si tan solo se tuviera en cuenta a los hombres.
Entrados los 35 el dominio pasa a ser de los socialistas, aunque entre los 35 y los 44 años superan tan solo por un punto, 19,1% frente a 18%, a Vox. A partir de ahí, la formación liderada por Sánchez arrasa entre los 45 y los 54 años, entre los 55 y los 64 años, entre los 65 y los 74 años y por encima de esta última edad, donde alcanza su máximo con un 33%.
El Partido Popular supera a sus socios según escala la pirámide poblacional, pero no está cerca de ser la formación más votada en ninguno de los grupos. Fuera del grupo de tres más votados, las izquierdas más allá del PSOE encuentran su mayor caladero entre los 25 y los 54 años, desplomándose entre los más jóvenes y los más mayores. Además, destacan un 14,1% de encuestados que aún no tiene claro qué votaría y un 7,1% que no lo haría.
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Lejos de lo prometido, este miércoles el presidente de Argentina, Javier Milei, ha confirmado que cancela su viaje a España y que, por tanto, no acudirá al evento ‘Europa Viva 25’ de Vox previsto para este próximo domingo. La decisión se produce después de que su formación, La Libertad Avanza, cayera derrotada en las elecciones legislativas celebradas este pasado domingo donde la formación peronista Fuerza Patria se hizo con el 47% de los votos.
El anuncio del presidente argentino ha generado sorpresa en sus círculos más cercanos ya que hace escasos días desde Vox aseguraron su presencia en el acto de la ultraderecha que este fin de semana tendrá lugar en el Palacio de Vistalegre. La formación que lidera Santiago Abascal informó que asistiría tanto el presidente argentino como otros líderes próximos a Vox. «Les confirmo que sí, contaremos con la presencia de nuestro buen amigo, el presidente argentino, Javier Milei», señalaba Abascal.
Pero, lejos de todo ello, finalmente el líder argentino no asistirá. Este domingo su partido sufría una caída en las urnas donde la formación peronista Fuerza Patria -donde se congregan líderes como Cristina Fernández de Kirchner- se hizo con el 47% de los votos, más de trece puntos de diferencia, contando así el 33,82% del mandatario argentino.
Con estos resultados, el peronismo se quedaría en Argentina con 21 diputados, frente a los 18 obtenidos por los liberales de Milei. En esta línea, la diferencia entre las dos principales fuerzas en el país ha aumentado en el Senado provincial, donde Fuerza Patria colocaría a trece de sus candidatos, frente a los ocho de Libertad Avanza y los dos de Somos, con Frente de Izquierda fuera de la representación en la cámara. Con este escenario encima de la mesa, se debilitan también las expectativas de Milei de cara a la próxima cita en los comicios generales del próximo 26 de octubre.
Tras conocer los resultados, Milei reconoció su “clara derrota”: “Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”. No obstante, a este análisis sumó cierto aire de “autocrítica”, pero sin vistas a modificar su metodología política: “Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital”.
Pese a que en esta ocasión Milei no asistirá al evento de Vox, lo cierto es que ambos han compartido actos anteriormente. En septiembre de 2024, hace justo un año, el líder de Vox se desplazó hasta Buenos Aires para asistir al tercer encuentro regional del Foro de Madrid en el antiguo Centro Cultural Kirchner, ahora rebautizado “Palacio Libertad”. El cónclave ultraderechista, centrado sobre todo por parte del político español en los “malos”, entre los que mencionó a Pedro Sánchez, resultó ser un fracaso. Con capacidad para 1.700 personas, los dirigentes de extrema derecha solo fueron capaces de reunir a unos pocos cientos de simpatizantes en la platea mientras que todos los palcos se quedaron vacíos.
Por su parte, Milei no emitió proclamas contra el responsable de Moncloa, como sí hizo cuando acudió a la capital española, desatando así una crisis diplomática con nuestro país. Sin embargo, en las palabras que pronunció el líder de La Libertad Avanza estaba incluido de alguna manera el secretario general de los socialistas. Así las cosas, el presidente del país latinoamericano disparó contra el “partido de Estado, esas estructuras políticas que rechazan el modelo de libertad” y se situó a la altura de otros mandatarios ultras como Donald Trump.
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Ante la escalada de tensión entre el Gobierno de Israel y el Ejecutivo español tras el anuncio de las nueve medidas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez para frenar el genocidio sobre Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ordenaba la prohibición de entrar a su país a las dos ministras Yolanda Díaz y Sira Rego y acusaba al jefe del Ejecutivo de “antisemitismo”.
Una respuesta que ya ha tenido una contramedida por parte del Gobierno español que este martes ha prohibido la entrada a España a dos ministros ultraderechistas de Israel, concretamente, a Bezalel Smotrich, titular de Finanzas, y a Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional del país. El anuncio, comunicado por el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se ha producido al término del Consejo de Ministros y deja abierta la posibilidad de incluir en el listado de personas sancionadas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
En este sentido, Albares ha detallado que se trata de “un listado abierto y en evolución” al que desde el Ejecutivo se irá incorporando “a todas aquellas personas que demuestren con su conducta y sus declaraciones que quieren hacer completamente inviable la solución que va a traer paz y seguridad a todos, que es la solución de dos estados”. No obstante, el ministro de Exteriores español ha sido preguntado por la ausencia de Netanyahu en ese listado, a lo que ha señalado que “hay ya medidas de instancias y tribunales internacionales que están plenamente en vigor en España”. “Las medidas que hemos tomado en el Consejo de Ministros esta mañana responden al sentir mayoritario de los españoles y también al ámbito de la soberanía de España”, añadiendo que “no van contra el pueblo de Israel, van a favor de la paz, de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional y van a favor de la paz y la seguridad de todos en Oriente Medio, también del pueblo de Israel”.
Ahora bien, ¿quiénes son los dos ministros ultraderechistas vetados? Lo cierto es que no es la primera vez que Smotrich y Ben Gvir se sitúan en el centro del debate. Ambos cuentan con sanciones de diferentes países como Canadá, Bélgica o Reino Unido, por “incitar” al odio y la violencia contra la población palestina. Entre otras cosas, el pasado mes de mayo el Wall Street Journal publicó que la Corte Penal Internacional se encontraba preparando nuevas órdenes de arresto contra ambos, al margen de las condenas de cárcel que pesan sobre los dos.
Bezalel Smotrich, el ministro que se autoproclamó “homófobo fascista”
Por lo que respecta a Smotrich, titular de Finanzas, nació en 1980 en los Altos del Golán, un territorio ubicado en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, y ocupado por Israel. Los primeros años de su vida los pasó en un asentamiento de colonos en Cisjordania y entre sus peticiones más recurrentes se encuentra la de que los colonos israelíes regresen a Gaza.
En esta línea, Smotrich es uno de los grandes ideólogos de la expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania, así como de la deportación de los gazatíes a países terceros. De hecho, ha llegado a pedir al gobierno de Netanyahu que deje sin agua a los palestinos. En 2005, el ministro de Finanzas fue detenido como consecuencia de su participación en las protestas contra los planes de Israel de retirarse de Gaza y, al ser puesto en libertad, creó una ONG de derechas dedicada al control de las tierras ocupadas, consiguiendo su primer escaño parlamentario en 2015.
Asimismo, la figura de Smotrich ha resultado muy polémica en materia de derechos LGTBI. Llegó a referirse al Orgullo Gay como “un desfile de bestias”, organizando incluso un desfile antigay contra el Orgullo, y se autoproclamó “homófobo fascista”, convirtiéndose en férreo defensor de la separación de las salas de maternidad que separan a las madres judías de las árabes en los hospitales y solicitando al gobierno ataques de represalia contra los palestinos.
Itamar Ben Gvir, el ministro que defendió la pena de muerte para los presos palestinos
Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, mantiene una postura cercana y similar a la de Smotrich. En su caso, desde muy joven, ha sido defensor de los grupos sionistas donde milita desde sus inicios, adoptando posturas tan radicales que las propias fuerzas de seguridad nacionales de Israel le prohibieron servir en el ejército del país. Durante la invasión de Gaza, son conocidas sus recurrentes visitas a la Explanada de las Mezquitas, espacio sagrado para los musulmanes.
Nació en 1976 en una familia de ascendencia iraquí en una pequeña ciudad situada a las afueras de Jerusalén y se convirtió en activista de extrema derecha cuando aún estaba en el colegio. En este sentido, defendió la expulsión completa de los árabes de Israel y se alineó con la corriente llamada kahanismo, promotora de un Estado de Israel teocrático y únicamente judío. Además, Ben Gvir ha visitado a presos palestinos con el único fin de humillarles y burlarse de ellos, defendiendo incluso la pena de muerte para estos.
Además, a raíz del acuerdo del alto el fuego el pasado mes de enero, el ministro de Seguridad Nacional llegó a plantear su dimisión y fue de los que más celebró la vuelta a las operaciones militares en la Franja.
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Un espacio para radicalizarse. Un lugar virtual donde compartir ideas sobre cómo pasar a la acción. Un chat en el que más de 400 ultras, seguidores de Democracia Nacional (DN), agitan el odio xenófobo. El grupo en Telegram de este partido de extrema derecha está repleto de mensajes racistas y llamamientos a «defenderse» ante la presencia de inmigrantes, incluso con pistolas.
«Hace un par de días tuve el primer encontronazo con dos marroquíes«. Así empezaba la reflexión de «Jav», uno de los integrantes del foro de DN en un mensaje publicado este domingo. Seguido, alertó que «hay que estar preparados, desde clases de artes marciales, manejo de armas, y estudiar la posibilidad de tener armas de fuego, aunque España es muy limitada en esto último».
Otro usario, identificado como «Sarkastik», apoyó esa tesis e incluso sugirió cómo esquivar las dificultades legales. «Se pueden conseguir fácil desde Andorra comprando con prepago y tal sin registrar a tu nombre», afirmó en relación a cómo adquirir «pistolas nuevas». «Yo no soy agresivo, pero una defensa en casa voy a tener», agregó.
El intercambio de mensajes entre esos dos integrantes del grupo tuvo lugar en torno a las 20.00 del domingo. Dos horas después, el administrador del foro reenvió un mensaje de la delegación de ese partido ultra en Madrid sobre un buzoneo de panfletos contra el «gran reemplazo» –una de las teorías racistas que utilizan DN y otras formaciones ultras– en hogares de la localidad de Pinto. Según esas imágenes, los activistas también dejaron propaganda xenófoba en los buzones de la sede de Cruz Roja.
El espacio en Telegram donde circulan estos mensajes comenzó a funcionar el 21 de septiembre de 2024. «Habilitamos comentarios desde el nuevo FORO de DN. Animamos a consultar dudas sobre coordinación y desarrollo de las delegaciones», señalaron en el primer mensaje publicado.
«En este grupo se irá añadiendo a gente de toda España. Ponte en contacto con el delegado de tu zona para que te incluya en el grupo de Telegram correspondiente», indicaron sus responsables.
Desde entonces, el chat ultra –que aparece como grupo de «conversación» ligado al canal oficial de DN en Telegram– ha servido de escenario para la difusión de actividades ligadas al partido, indicaciones sobre cómo afiliarse o instrucciones a los afiliados. «Buscad zonas de conflicto y delincuencia y colocad nuestra propaganda allí», señala un mensaje publicado el pasado 28 de julio y dirigido a sus militantes.
Algunos días antes, DN había animado a sus activistas a «apoyar las patrullas existentes» en Torre Pacheco, donde se desataron cacerías contra inmigrantes tras la agresión sufrida por un vecino. Asimismo, el partido ultra que dirige Pedro Chaparro –uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna– instó entonces a «localizar centros de ayuda al inmigrante y dejar testimonio y visibilidad en las redes».
«Tic tac…»
Junto a ese tipo de indicaciones aparecen otras publicaciones realizadas por distintos activistas, normalmente bajo seudónimos. «Esto acabará por detonar algún día y nos tomaremos la justicia por nuestra mano de manera generalizada», escribió uno de los usuarios con identidad oculta. Seguido, otro que responde al seudónimo de «Alpaxino» escribió: «Tic tac… se viene la Justicia Social».
Según ha podido verificar Público, entre las publicaciones que aparecen reflejadas en el foro de DN en Telegram hay abundantes mensajes con insultos y señalamientos contra inmigrantes sudamericanos –a los que denominan despectivamente «panchos»–, africanos o de religión musulmana.
Captura de pantalla de mensajes publicados en el Foro de Democracia Nacional en Telegram.
«Queremos que reaccionen de una vez ante todos los atropellos que están sufriendo todos los días frente a la criminalidad extranjera, ya sean menas o tengan a sus padres; legales o ilegales; nacionalizados o no; moros, sudamericanos, africanos o de cualquier otro rincón del mundo; que vengan a trabajar o a parasitar», escribió el día 3 de este mes el administrador del foro.
«Siempre ir armados»
La «amenaza» inmigrante y los modos de responder ante ese supuesto peligro forman parte del argumentario habitual de los ultras. Un activista que se hace llamar «San Marcos 44» respondió el pasado 2 de septiembre un mensaje de respuesta a otro usuario que hablaba sobre el temor a una Europa «islámica y afroasiática» con una apelación a ejercer de «lobos solitarios», en alusión a la denominación que reciben los atacantes que actúan por su propia cuenta.
El chat también es utilizado por activistas que buscan conocer a otros militantes de ultraderecha con similares inquietudes. «Hola estoy en Madrid hay alguien por el centro… y hablar (sic). Es importante que nos conozcamos… el enemigo avanza», afirmó el pasado 24 de agosto un individuo identificado como «Santom».
Otros ultras aprovechan el espacio para señalar a sus compañeros cómo deben actuar. «Consejo para los que se vayan a enfrentar a un moro, negros o cualquier musulmán. Siempre hay que atacar en grupo (igual que ellos) y siempre ir armados (navaja, pistola, llaves, cadena, spray pimienta, etc) porque el moro nunca sale a la calle sin su navaja en el bolsillo. Es cultural, la llevan siempre con ellos», escribió una ultraderechista bajo el nombre de María D.
«No puedo olvidar lo que sufrí, siempre que escucho el nombre de Frontex siento una gran injusticia por todo lo que viví«. Jeancy Kimbenga tenía apenas 16 años y era un menor no acompañado cuando, el 8 de mayo de 2020, entró por primera vez en aguas territoriales griegas después de dejar atrás la República Democrática del Congo, su país de origen.
Su travesía comenzó en una lancha neumática hacia la isla de Lesbos, pero antes de llegar a la costa, la Guardia Costera helénica, en una operación conjunta con Frontex -la agencia encargada de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea-, interceptó a la barca en la que viajaba junto a una veintena de personas. Los migrantes fueron remolcados hacia aguas turcas, forzados a subir a balsas salvavidas y abandonados en el mar, hasta que los guardias turcos los rescataron al día siguiente.
Jeancy Kimbenga, migrante congoleño, en una imagen cedida.
Ese fue solo el inicio. En total, Jeancy fue víctima de siete devoluciones forzosas en el mar Egeo. Estas devoluciones en caliente, realizadas sin considerar las circunstancias individuales de los migrantes y sin brindarles la posibilidad de solicitar asilo, son ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos.
El 12 de junio de 2020, un mes después de su primera travesía, Jeancy volvió a intentar llegar a Grecia, de nuevo sin éxito y con un desenlace trágico. Vio a su mejor amigo, otro menor no acompañado solicitante de asilo, caer al mar y ahogarse, un recuerdo que lo persigue hasta hoy.
Tras varios intentos fallidos, en noviembre de 2020, el joven decidió tomar acciones legales. Se reunió en Turquía con los abogados de la ONG neerlandesa Front-LEX, que lleva años litigando contra las actuaciones de Frontex, y presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando la suspensión de las operaciones conjuntas de la agencia en Grecia. Sin embargo, según apunta la organización, los jueces no examinaron ni las pruebas ni el fondo del asunto sino que desestimaron el caso basándose en las normas procesales del Tribunal sobre la admisibilidad. «Estas normas impiden prácticamente a las víctimas de las actividades de Frontex siquiera acceder al Tribunal», apuntan a Público.
Hoy, tras perder el caso, Frontex le reclama al joven 7.680 euros por costas legales. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de la agencia europea para conocer los motivos de la solicitud de dicha cantidad al migrante y su postura oficial tras las acusaciones de ser cómplices de devoluciones en caliente en el mar Egeo, pero no obtuvo respuesta.
Si bien, Frontex ha reiterado en múltiples ocasiones su «firme compromiso» con el respeto de los derechos fundamentales y la legalidad en todas sus operaciones. En 2022, tras acusaciones sobre la gestión de incidentes de devoluciones ilegales, su entonces director ejecutivo, Fabrice Leggeri, renunció. Desde entonces, la agencia dice haber tomado medidas para reforzar la «transparencia y la rendición de cuentas». Su sucesor, Hans Leijtens, se comprometió públicamente a garantizar que todas las operaciones de Frontex se lleven a cabo «respetando plenamente los derechos humanos». Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la situación que denuncia Jeancy.
Primera vez que Frontex apunta a una víctima individual
Frontex manejó un presupuesto cercano a 1.000 millones de euros en 2024 y planea desplegar 10.000 nuevos agentes en 2027. Frente a esa poderosa maquinaria, Jeancy, que aún lucha por superar el estrés postraumático provocado por sus múltiples travesías en el mar, debe enfrentarse a una deuda que no puede pagar. «Es todo tan injusto, y los traumas de todo aquello me persiguen hasta hoy. Así como no tenía dinero para pagar a mis abogados -que trabajaron gratuitamente-, tampoco tengo ahora el dinero que Frontex reclama», explica a Público.
Frontex manejó un presupuesto de 1.000 millones de euros en 2024
Esta es la primera vez que Frontex apunta directamente a una víctima individual de sus operaciones. En una carta enviada a Frontex en agosto de 2025, a la que este medio ha tenido acceso, la ONG Front-LEX subraya que la agencia nunca abordó el fondo del caso ni refutó las pruebas presentadas por Kimbenga, incluido un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y documentos de ACNUR que demostraban expulsiones sistemáticas en el Egeo. Según la organización, Frontex se limitó a copiar argumentos de procesos anteriores, alegando inadmisibilidad y acusando al joven de actuar «con fines políticos o publicitarios». Además, denunció que los 7.680 euros reclamados son «totalmente desproporcionados» respecto al trabajo real realizado, ya que, según explican, el caso no generó una carga compleja de pruebas ni audiencias.
«Cobrar estas cantidades infladas a una víctima directa de violaciones de derechos humanos no solo es inmoral: genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia«, advirtió Front-LEX en su réplica. La ONG recordó que el Parlamento Europeo ya había pedido en 2021 a Frontex que se abstuviera de perseguir costas legales en casos similares, por el «efecto amedrentador» que esto tiene sobre la sociedad civil y sobre las propias víctimas.
«Cobrar estas cantidades infladas genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia»
Para el joven, que ha podido comenzar una nueva vida en Francia tras concederle la protección subsidiaria, la reclamación es un golpe adicional tras el sufrimiento vivido años atrás. «Me parece una vergüenza que la agencia ni siquiera haya intentado refutar mis denuncias, y que ahora tenga la osadía de pedirme que pague sus facturas. No tengo dinero para eso», manifiesta. La organización Front-LEX será quien asumirá los gastos que la agencia reclama al migrante, si es necesario.
«Hans Leijtens, el director ejecutivo de Frontex, está, intencionalmente, robando al pobre el único cordero que posee. Mientras la Comisión Europea utiliza personal interno para el litigio, Frontex contrata abogados externos a costes ridículamente elevados, solo para alegar que una acción legal es inadmisible», apunta a Público, Iftach Cohen, responsable legal de Front-LEX.
Esfuerzos europeos por contener la migración
Las críticas hacia Frontex se multiplicaron tras salir a la luz una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2022. El informe concluyó que Frontex, bajo el mando del ex director ejecutivo Fabrice Leggeri, fue cómplice de los esfuerzos griegos para obligar a los migrantes que cruzaban el mar Egeo a regresar a Turquía en 2020 y 2021. La investigación desveló que al menos seis de estas devoluciones involucraban a barcos de la guardia costera griega cofinanciados por Frontex.
En paralelo, Turquía ha intensificado sus medidas para controlar los flujos migratorios. En marzo, el gobernador de la provincia turca de Edirne, en el noroeste del país, anunció la construcción de un muro en la frontera con Grecia para prevenir las entradas irregulares hacia la Unión Europea. Este movimiento se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Ankara y Bruselas para contener la migración.
La historia de Jeancy ilustra claramente cómo estas políticas migratorias enfrentan a un David contra un Goliat institucional. Los migrantes no solo deben sortear los peligros del mar, sino también un sistema legal que, según expertos, les niega incluso la posibilidad de reclamar sus derechos. «Lo viví, lo sufrí y nadie fue investigado. Eso es lo más injusto de todo», concluye el joven.
