El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ponía en un problema a su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su novio, Alberto González Amador.
En la primera entrevista que el líder de la formación conservadora concedía a los medios de comunicación, concretamente a Ana Rosa Quintana (rechazó la conversación con Pepa Bueno en TVE), el gallego dedicó un apartado al Fiscal General del Estado y el comienzo del curso judicial, al que él no acudió pese a estar invitado, lo que supuso un desplante al rey Felipe VI.
El presidente del PP mantiene que “quien mancha el acto es el Gobierno y el Fiscal General del Estado”, Álvaro García Ortiz que, a su juicio, “no tienen legitimidad para dar ejemplo” dado que está “procesado, investigado, imputado”. “Ha hablado desde el estrado, pero puede que hable desde el banquillo, por lo tanto, es un presunto delincuente”, aseguraba.
¿Respuesta a un dardo envenenado?
En otro orden de cosas, el presidente ‘popular’ dejaba claro que volvería a faltar al evento porque “no puede mirar para otro lado ni ver normal lo que no lo es”. “¿Cómo un Fiscal General del Estado se mantiene en el cargo estando imputado?”, insistía anunciando un par de medidas en este sentido si llegaba a La Moncloa: que este cargo no lo nombre únicamente el Gobierno, sino que también tenga voz el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cesar automáticamente a la persona en cuestión en el supuesto de que se encuentra imputada por el Tribunal Supremo (TS).
Hay que recordar que hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid soltaba un comentario, precisamente en el acto que Feijóo compartió con ella para ausentarse del escenario jurídico, que algunos consideraron un dardo envenenado a pesar de referirse al Gobierno de España. “Estar tanto con los narcos deja a uno trastocado y alejado de la democracia”, dijo en relación con las relaciones que atribuye e Sánchez con Maduro pero obviando -o quien sabe si quizás no- los años de amistad de su presidente con Marial Dorado, uno de los capos de Rías Baixas que fue condenado por tráfico de cocaína.
Alberto González Amador y Ana Millán, imputados
El compañero sentimental de la administradora de Sol es una de las personas cercanas a ésta que se encuentra procesado por fraude fiscal en el marco de la investigación por presuntamente haber engañado -él mismo lo reconoció- a este organismo público en los episodios comprendidos entre 2022 y 2024, cuando la Agencia Tributaria apreció el mencionado delito por valor superior a los 350.910 euros.
Ahora, el novio de Ayuso sigue intentando lo imposible para evitar la cárcel, siendo la presentación de un informe pericial el último movimiento llevado a cabo con este objetivo. Todo ello a la vez que está acusado de falsificación de documentos dado que para defraudar se habría valido de una quincena de facturas falsas con la meta de aumentar sus gastos y reducir la cuota tributaria. Su defensa justifica que para realizar sus acciones las facturas cuando las emitió en Costa de Marfil -país desde el que actuó- no eran falsas.
Por su parte, Ana Millán, una de las personas de máxima confianza de Ayuso y a la que se la sigue viendo al lado de la presidenta en muchos actos públicos se encuentra imputada desde2022 por cuatro posibles delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude de administración.
Las acciones presuntamente fraudulentas tienen que ver con hasta siete contratos públicos que fueron adjudicados a lo largo de cinco años (entre 2006 y 2011) desde la consejería que en ese momento dirigía la que también tachan como la “Santos Cerdán de la lideresa autonómica”.
El asunto que tiene contra las cuerdas a Millán se ubica en el ‘caso Neverland’ -causa derivada de Púnica– y que recibe su nombre del empresario Francisco Roselló, propietario de esta compañía, que llegó a ingresar 660.000 euros con los que contribuyó al pago de la hipoteca y la comunidad de una de las protagonistas de estas líneas.
Más Madrid ha pedido la prórroga de la investigación durante seis meses más considerando que queda pendiente la práctica de varias diligencias, como son las declaraciones testificales de Laura Vallejo Saz -ex concejala de Educación- y Juan Pedro Santos Ceballos -pareja de Millán-, así como las derivadas del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, otras denegadas y otras que, por su conexión funcional, se derivan de las últimas.
Para Ayuso, vuelve a ser un «ciudadano particular»
En paralelo, Ayuso ha vuelto a la estrategia del “ciudadano particular”, término que utiliza para condenar que la investigación a su pareja forma toda ella parte de una persecución de la Fiscalía y del propio Pedro Sánchez.
Fue en una entrevista en La Razón a inicios de semana cuando la política escenificó la que, a su juicio, es «la España de 2025»: «Un ciudadano, un fiscal y un lugar donde pone “Tribunal Supremo”.
Durante un tiempo, la lideresa regional cambió de estrategia señalando que Alberto González Amador nada tenía que ver con la Comunidad de Madrid. Ahora, nuevamente vuelve a indicar que es su vínculo personal el que fomenta la investigación, pasando por alto que el propio empresario reconoció haber cometido un fraude fiscal por el que intentó llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no ingresar en prisión.
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Lo sucedido en torno a la conversación de Alberto Núñez Feijóo con Zarzuela acerca de su ausencia en la apertura del Año Judicial el pasado viernes está creciendo por sus claroscuros. Después de que en una entrevista este lunes con Ana Rosa Quintana en Telecinco, donde el líder de la oposición haya hablado de la justificación ante el rey Felipe VI de su ausencia fuentes de Génova se han visto obligadas a matizar que se le dio un “acuse de recibo”, no una validación concreta.
Según ha adelantado la Agencia EFEeste lunes, el Partido Popular “no ha aclarado si Feijóo habló con el rey o sólo con la Casa Real”. Las palabras de Feijóo ante ‘El Programa de Ana Rosa’ se referían a que Zarzuela le dio un acuse de recibo por su decisión de no acudir a esta cita institucional, pero no expresamente a que Feijóo recibiera el aval o no del monarca sobre su postura.
“Exquisita neutralidad política” del rey
Tal y como ha trasladado Feijóo en la entrevista, ha explicado que su decisión de no acudir a la apertura del Año Judicial por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue trasladada en julio, cuando dio comunicación de esta decisión al monarca por teléfono: “El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición«, justificó entonces.
No obstante, Zarzuela ha salido al paso para matizar que Felipe VI “se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en su acción institucional”. A su vez, Casa Real se ha abstenido de comentar conversaciones “privadas”.
Y es que las palabras del líder de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez han suscitado polémica este lunes debido a la regla no escrita de no revelar conversaciones privadas con el monarca.
Cabe recordar que Núñez Feijóo no acudió a esta cita institucional a modo de protesta contra el Gobierno y, en paralelo, encabezó un acto del PP de la Comunidad de Madrid junto a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por el inicio del curso político. Un mitin en el que, incluso, llegó a “alegrarse” de no haber acudido a la cita junto al rey y distintas autoridades políticas y judiciales.
El Gobierno acusa a Feijóo de “falta de institucionalidad”
Debido a esta consecución de matices, los socialistas, por su parte, han acusado al líder de Génova, al haber revelado parte de esta conversación privada, de ejemplificar una vez más su “falta de institucionalidad”, tal y como ha trasladado este lunes la portavoz del Comité Federal del PSOE, Montserrat Mínguez.
Asimismo, desde Moncloa, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha tachado de “intolerable”. «El paso que ha dado hoy, presuntamente desvelando una conversación con el Rey, es algo que no se puede defender ni consentir», ha condenado.
Díaz ha agregado que Feijóo «se ha equivocado» y «le está faltando el respeto a los españoles» porque «las instituciones no son de los partidos políticos»: «Ni lo es la Casa Real, ni lo es la Vicepresidencia a la que represento yo», ha ahondado, censurando nuevamente que Feijóo haya «roto los lazos institucionales» dando plantón al inicio del Año Judicial.
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63.000 muertos, 159.000 heridos, un cuarto de millón de personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazados, la mitad de ellos niños. No son solo números, sino la radiografía de un desastre humanitario sin precedentes que ha puesto a la comunidad internacional frente a sus contradicciones. Estas son las cifras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes como prueba del “genocidio en Gaza” y que han impulsado a España a aprobar una batería de medidas sin precedentes contra Israel. Desde La Moncloa, el jefe del Ejecutivo vinculó cada dato con una realidad tangible: barrios enteros arrasados, hospitales bombardeados y familias condenadas a la huida en condiciones extremas. “Bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes no es defensa”, advirtió con firmeza.
Las palabras del presidente coincidieron con las advertencias lanzadas desde Naciones Unidas. El coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, alertó de que los desplazamientos forzosos ordenados recientemente por Israel en la ciudad de Gaza podrían provocar que la hambruna declarada en la zona norte se extienda hacia el centro y el sur de la Franja. “Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme”, señaló en un comunicado. Según Fletcher, existe “una pequeña ventana hasta finales de septiembre” para frenar la propagación del hambre hacia Deir al Balá y Jan Yunis, aunque esa ventana “se está cerrando rápidamente”.
El responsable de la ONU fue más allá y denunció que “la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional”. Sin embargo, sostuvo que “este horror se puede parar” y pidió medidas inmediatas: permitir la entrada de ayuda humanitaria, proteger a los civiles, cumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, liberar a los rehenes y excarcelar a los palestinos detenidos de forma arbitraria. “Alto el fuego”, concluyó Fletcher, en un mensaje que resonó como un eco de urgencia en el mismo día en que España endurecía su posición contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.
Las cifras expuestas por Sánchez no son abstractas. Los 63.000 fallecidos representan vidas truncadas en su mayoría en entornos civiles: aulas, hogares y hospitales convertidos en blanco de los ataques. Los 159.000 heridos describen el colapso de un sistema sanitario devastado, donde médicos y enfermeros operan sin electricidad, sin anestesia y con recursos mínimos. Los 250.000 palestinos en riesgo de desnutrición aguda reflejan un bloqueo alimentario que afecta a los sectores más vulnerables, especialmente a los menores. Y los casi dos millones de desplazados dibujan la imagen de un pueblo entero en fuga, la mitad de ellos niños que han crecido sin conocer otra cosa que la guerra.
Ante esta realidad, el Gobierno español ha puesto en marcha un paquete de nueve medidas que marcan un antes y un después en su política exterior. Entre ellas figuran el embargo oficial de armas a Israel, la prohibición del tránsito por puertos y espacio aéreo españoles de material bélico con destino a su territorio, la denegación de entrada a individuos directamente implicados en la ofensiva, y el embargo de productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. También se limitarán los servicios consulares a quienes residan en dichos asentamientos y se reforzará la ayuda humanitaria canalizada a través de la Autoridad Nacional Palestina y la UNRWA.
España, además, pedirá la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y se implicará activamente en los procesos abiertos en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. A ello se suma el respaldo a iniciativas como la Flotilla de Barcelona, destinada a romper el bloqueo y llevar ayuda directamente a la población gazatí. “Queremos estar en el lado correcto de la historia”, aseguró Sánchez, subrayando que el objetivo es ejercer presión diplomática y marcar una posición clara en el marco europeo.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde Israel, el Ejecutivo de Netanyahu ha respondido con acusaciones de antisemitismo contra España y con represalias como la prohibición de entrada a dos ministras del Gobierno. A nivel interno, formaciones como Izquierda Unida y Sumar han celebrado la decisión pero reclaman dar un paso más: la ruptura de relaciones diplomáticas y la declaración de personas non gratas a responsables israelíes. La oposición, por su parte, ha cuestionado el alcance real de las medidas, en un debate que trasciende lo político y se adentra en lo moral.
En todo caso, las cifras hablan por sí solas y el relato de Naciones Unidas refuerza la urgencia de actuar. Cada número es un recordatorio de la magnitud del sufrimiento en Gaza y de la responsabilidad internacional de frenar lo que muchos ya califican como un genocidio. España ha optado por convertir la indignación en política, y sus decisiones marcan un hito en la respuesta europea a una crisis que sigue creciendo día tras día.
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este lunes en una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco sobre la actualidad de su formación y ha expuesto una conversación que mantuvo con el rey Felipe VI. El popular, tras explicar su objetivo político: ganar de “forma clara” las elecciones para poder “gobernar en solitario”, ha aportado detalles de la conversación con Felipe VI en julio.
Cuando Feijóo decidió no acudir a la apertura del Año Judicial del viernes por la presencia del fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz, le comunicó en una llamada al monarca su posición. “El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición«, ha expuesto el gallego, dando a entender que el rey “entendía” su plante a “Sánchez”. En la misma línea, ha insistido en que no tenía obligación constitucional de asistir, asegurando que volvería a repetir su decisión.
Tras estas palabras del popular, la Zarzuela ha salido al paso y ha asegurado que el rey «se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en su acción institucional«. A su vez, la Casa Real ha asegurado que “no comenta” conversaciones “privadas”. Toda esta polémica se ha generado por la ausencia de Feijóo al acto celebrado en el Tribunal Supremo donde se marcó el inicio del curso judicial con la presencia de Felipe VI junto al ministro ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y altas autoridades judiciales.
La entrevista de Feijóo
El líder de los populares ha sido muy tajante con el fiscal general del Estado: «Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal«. «Yo no puedo estar de acuerdo en que un presunto delincuente se dirija a los magistrados que le están investigando», ha proseguido.
Asimismo, el gallego ha querido expresar su opinión sobre lo ocurrido con los incendios y ha afirmado que culpar de lo sucedido al cambio climático es “una cortina de humo”, mientras que ha dudado del pacto de Estado presentado por Pedro Sánchez, ya que en su opinión es «especialista en romperlos».
También ha querido expresar su postura sobre la inmigración, donde ha recalcado que no quiere “hundir los barcos”, pero ha asegurado que los inmigrantes que vengan a España deben aceptar y cumplir las leyes españolas y a su vez aportar económicamente. Aunque ha sentenciado que si un inmigrante viola a una mujer «tiene que ser juzgado y expulsado y no puede ser acogido ni olvidado«.
El líder de la oposición, a su vez, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «lucrarse» de la prostitución «durante varios años» y ha resaltado que, por lo tanto, no tiene «legitimidad» para hablar de su abolición. Ante la ley que prepara el PSOE contra la prostitución, ha indicado que la posición de su partido es «clarísima» a «favor de abolir la trata«.
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Este lunes 8 de septiembre se ha convertido en una jornada histórica en materia de diplomacia, de cooperación internacional y de defensa de los Derechos Humanos. España ha dado un paso adelante contra el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando sobre Palestina con un paquete de nueve medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con las que condenan la masacre e intensifican sus labores de ayuda humanitaria con la población palestina y gazatí.
En una declaración institucional, el presidente del Gobierno se ha mostrado implacable con la indiferencia y la complicidad “con el Gobierno de Benjamín Netanyahu” y ha calificado de “genocidio” el “exterminio de un pueblo que está indefenso y el quebranto de todas las leyes del derecho humanitario”. Con estas palabras, desde Moncloa marcan un antes y un después en la postura de España frente al exterminio de la población palestina y dibujan las próximas hojas de ruta a seguir. Especial protagonismo ha cobrado la llamada a la comunidad internacional a la que Sánchez ha acusado de “no saber detener esta tragedia” y “encallarse entre la indiferencia de un conflicto que no termina y complicidad con el Gobierno de Netanyahu” en un momento en el que ya se han notificado más de 63.000 muertos, 153.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazadas, la mitad de ellas, menores.
Frente a este escenario, desde el Gobierno de España han anunciado la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, estableciendo la prohibición legal y permanente de comprar, vender o transferir armamento, munición y equipamiento militar al Estado israelí. Una medida que se complementa, a su vez, con la prohibición del tránsito por puertos españoles de embarcaciones que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, así como con la denegación total del uso del espacio aéreo español a aeronaves que lleven material de defensa con destino a Israel.
Asimismo, se plantea la prohibición de acceso al territorio español a todas aquellas personas implicadas de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos o la comisión de crímenes de guerra en la Franja de Gaza, así como la prohibición de importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, y la la limitación de los servicios consulares a los ciudadanos españoles residentes en dichos asentamientos a la mínima asistencia exigida por la legislación vigente.
Por otro lado, se propone reforzar el apoyo a la Autoridad Palestina mediante el incremento de los efectivos en la Misión de Asistencia de la Unión Europea (UE) en Rafah, así como la puesta en marcha de nuevos proyectos de colaboración en áreas clave como la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica. Finalmente, se plantea la ampliación de la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con una dotación adicional de 10 millones de euros, y el aumento progresivo de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en el año 2026.
Con todo, unas medidas que, aunque, tal y como ha lamentado Sánchez, “no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”, pueden añadir presión sobre el gobierno israelí, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y para que la ciudadanía española sepa y sienta que, ante este infame episodio, su país estuvo en el lado correcto de la historia”. Asimismo, con motivo del Día Internacional de las Personas Cooperantes, en la tarde de este lunes el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “España no puede ser cómplice de esta barbarie”, a la vez que ha defendido que «la historia será implacable y juzgará la indiferencia como complicidad«. “Hay quien se pregunta si invertir en cooperación vale la pena. Hoy quiero recordar que claro que merece la pena invertir en cooperación, porque es lo más inteligente, o es que no recordamos la pandemia, o hace poco cuando veíamos un brote de ébola en El Congo. Estamos asistiendo de nuevo a estas realidades, invertir en un mundo más estable, más seguro, invertir en cooperación y desarrollo es proteger a nuestros ciudadanos, cuidar el presente y el futuro de nuestro país”, ha sostenido Sánchez.
Por su parte, ha querido “apelar al sentimiento de la esperanza”, aunque, subraya, “parezca imposible en este momento”. “La esperanza también se abre paso en mitad de las bombas. Ni la paz de los cementerios ni la de la muerte, sino la que nace de la justicia con el pueblo palestino, la paz que brota del respeto a la dignidad humana”, ha defendido.
Las nueve medidas anunciadas
Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
Prohibición del tránsito en puertos españoles de todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armas israelís.
Denegación total de entrada en el espacio aéreo español a aquellas aeronaves que transporten material de defensa a Israel.
Prohibición de acceso al territorio español a las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Prohibición de importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
Limitación de los servicios consulares prestados a los españoles residentes en los asentamientos ilegales israelís a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina mediante un aumento de los efectivos en la Misión de Asistencia de la Unión Europea (UE) en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.
Ampliación de la contribución española a UNRWA con unos 10 millones adicionales destinados al auxilio de la población gazatí.
Aumento de la partida de ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.
Palestina aplaude e Israel acusa
Rápidamente el anuncio del Ejecutivo español ha tenido respuesta en las dos partes implicadas. Mientras que desde el Ministerio de Exteriores de Israel han acusado al Gobierno de “antisemitismo” y han anunciado medidas contra las dos ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, Palestina ha expresado el buen recibimiento de estas medidas y ha instado al resto de países, “especialmente los europeos”, a tomar ejemplo.
De este modo, el Ministerio de Exteriores palestino ha reconocido la “postura del amigo Reino de España” y se ha dirigido a “otros países, especialmente los europeos” para que “sigan su ejemplo y esfuerzos para detener la guerra, lograr la paz y proteger la solución de dos Estados”. Asimismo, desde Exteriores se han referido al anuncio de Sánchez como un paso clave que permite “maximizar los esfuerzos para lograr un alto el fuego”, “proteger y dar ayuda a los civiles”, “aumentar el apoyo que se les da a través de la (UNRWA)», «apoyar los esfuerzos europeos e internacionales para lograr la paz», «aplicar la solución de dos Estados» y «protegerla de los riesgos de anexión y asentamiento».
Una postura completamente opuesta a la defendida por el Estado genocida. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha acusado al mandatario español de “antisemitismo”. “El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, ha trasladado, quien acusa al Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo un “activismo obsesivo” basado en “evidentes ataques antiisraelíes y antisemitas”. “No todas las críticas a la política israelí son antisemitismo. Sin embargo, cuando se caracteriza por la demonización, la deslegitimación y un doble rasero, es antisemitismo”, ha añadido. Además, ha decidido sancionar a las dos ministras españolas Yolanda Díaz y Sira Rego, sobre las que considera que “han traspasado la línea roja”. “La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española tendrá prohibida la entrada a Israel e Israel no mantendrá ninguna relación con ella”, ha trasladado Saar, quien ha acusado a Díaz de “aprovecharse de la debilidad política del presidente Sánchez y arrastrarlo, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”. “Se impondrán las mismas sanciones contra la ministra de Juventud e Infancia del mismo partido extremista”, ha añadido.
Los socios piden romper relaciones con Israel
Pese al calado de las medidas anunciadas, el socio minoritario del Gobierno ha pedido ir un paso más allá rompiendo todo tipo de relaciones con Israel. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado a romper relaciones con Israel tras la decisión del Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu de vetarla a ella y a la ministra de Juventud, Sira Rego, al país hebreo en respuesta al paquete de medidas del Ejecutivo español ante el «genocidio» del pueblo palestino.
«Hoy Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Rego y contra mí misma, impidiéndonos la entrada en Israel. Se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu«, ha defendido durante una entrevista en ‘La Sexta’. Así, ha asegurado que Sumar va a seguir presionando para conseguir la retirada de la embajadora española en Tel Aviv. «Están matando a los niños y las niñas palestinas, están utilizando el hambre como un arma de guerra, lo hemos hecho con Argentina por una cosa muy menor, no lo hacemos con el régimen de Netanyahu. Bueno, pues esta es la medida en la que seguiremos trabajando desde Sumar», ha agregado Díaz.
Apenas pocas horas después de las declaraciones de Díaz, el Gobierno ha llamado a consultas a la embajada de España en Tel Aviv, Ana María Salomom, por las «calumniosas acusaciones» hacia España y las «inaceptables medidas» que se han anunciado contra las dos ministras. Así lo han trasladado fuentes del Ministerio después de que el Gobierno de Netanyahu haya respondido al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Sira Rego. En esta línea, el socio minoritario del Ejecutivo ha adelantado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv, para plasmar la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo.
En líneas similares, desde Izquierda Unida han calificado de «positivo pero insuficiente» el paquete de medidas, dado que la formación exige la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Netanyahu. Además, su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha demandado al Gobierno que presente ante la ONU la propuesta de creación de una fuerza de intervención (en alusión a los ‘cascos azules’) que pare el «genocidio» de Israel en los territorios palestinos.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra el «genocidio» de Israel contra la población palestina. Entre ellas destaca la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, de un real-decreto ley para garantizar jurídicamente el embargo de armas como adelantó Público.
También se establecerá la prohibición de importar productos procedentes de los territorios palestinos ocupados. El objetivo es «combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados».
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Comparecencia de Pedro Sánchez.
Sánchez ha hecho estos anuncios en una declaración institucional realizada en Moncloa. «No van a bastar para frenar la invasión y los crímenes
de guerra pero esperamos que sirvan para añadir presión contra Netanyahu y su Gobierno,
aliviar el sufrimiento de la población palestina y que para que la ciudadanía española sepa que su
país, ante este infame episodio, estuvo en el lado correcto de la historia», ha destacado Sánchez.
Entre las medidas «para detener el genocidio, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina», según ha explicado Sánchez, también se encuentra la «prohibición del tránsito a todos los barcos que destinen combustible» a Israel, la «denegación de entrada a España a todas las aeronaves que transporten materia de Defensa israelí» o la «prohibición de acceso a todas las personas que participen de forma directa en el genocidio» contra la población de Gaza.
El paquete anunciado por Sánchez se completa con la limitación máxima de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles que viven en los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino (se reducen «a la mínima asistencia legalmente obligatoria); el aumento del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina para incrementar los efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la UE tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica; la ampliación de la dotación económica a la UNRWA, agencia de refugiados palestinos, con 10 millones de euros adicionales, y un aumento de la ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta llegar a los 150 millones de euros.
Al comienzo de su intervención, el líder del Ejecutivo ha recordado que el «pueblo judío» ha sufrido innumerables persecuciones, siendo el Holocausto «la más atroz de todas». Por ello, ha dicho, «merecen tener un Estado propio y sentirse seguro en él». Sánchez ha reiterado en este punto su condena a los «ataques terroristas de Hamás» y el apoyo de España al «derecho de Israel a existir».
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«Pero con
la misma convicción el Gobierno cree queuna cosa es proteger tu país y otras
bombardear hospitales y matar a niños inocentes», ha destacado a continuación. El presidente ha incidido en que lo que está sucediendo contra la población palestina es un «genocidio» y que «los datos hablan por sí solos». «La comunidad internacional no lo está sabiendo detener», ha añadido, al tiempo que ha deslizado la «complicidad» con el Gobierno de Netanyahu para explicarlo.
«España
no tiene bombas nucleares. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva
israelí», ha añadido Sánchez. Pero ha puesto en valor que España haya adoptado «medidas valientes» como la presentación de varias resoluciones en la ONU, el apoyo a las causas judiciales internacionales abiertas, el envío de ayuda humanitaria a Gaza o el apoyo a la UNRWA. Todo esto más allá de «procesos políticos clave» como el reconocimiento del Estado de Palestina oficializado en 2024 o la suma de apoyos para la celebración de una conferencia internacional que ponga encima de la mesa la solución de los dos Estados.
La ultraderecha española continúa ganando espacio electoral y las encuestas elevan su proyección hasta máximos históricos. Vox sostiene su avance y lo hace a costa del Partido Popular (PP), a quien roba votos a gran velocidad, dejando a los de Alberto Núñez Feijóo en su peor pronóstico desde las elecciones generales del 2023. Si bien los conservadores seguirían siendo los vencedores de los comicios, su dependencia de los extremistas sería más grande que nunca y la formación pilotada por Santiago Abascal llegaría hacerse con la victoria en territorios como Andalucía o Comunidad Valenciana.
Los resultados proyectados por 40db y publicados este lunes porEl Paísy la Cadena Ser otorgan a la extrema derecha un 17,4% de los votos, cinco puntos más que el 23J (12,4%) y casi un 2,2% por encima del sondeo realizado en julio de este mismo año. En sentido contrario, el PP y su estrategia de acercase a los postulados ultras se desploman hasta el 30,7%, siendo el partido más votado, pero perdiendo casi tres puntos en tan solo dos meses, cuando se alzaba con el 33,3%,
Este resultado se ubica un 2,4% del obtenido en las últimas elecciones y es el peor de los otorgados a los de Feijóo, que han llegado a superar el 35%, desde entonces. Por su parte, el PSOE frena la sangría y recupera un poco de espacio. Los socialista obtendrían el 27,7% de los apoyos, que si bien es cuatro puntos menos de lo recolectado hace algo más de dos años, se aleja de la peor proyección recibida (27%), justamente en el anterior sondeo.
No obstante, Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, se quedaría lejos del 31,7% con el que consiguió resistir al último envite electoral. La situación a su izquierda tampoco ayudaría a reeditar el Gobierno de coalición progresista. Sumar, socio minoritario, obtendría un 6,6%, muy por debajo del 12,3% de las últimas elecciones (-5,7%), aunque recuperando terreno con respecto a julio (+0,4%). La coalición electoral pilotada por Yolanda Díaz, con la evidente merma electoral al no incluir a Podemos, recibe así su mejor pronóstico en el último año, pero se queda muy lejos de la tercera fuerza.
A la par, los morados liderados por Ione Belarra resisten por encima del 3%, aunque con un poco menos de fuerza que en los meses precedentes. En términos porcentuales, Podemos pasa del 3,8% de julio al 3,4% recibido este mes de septiembre. El sondeo deja una gran diferencia entre los bloques nacionales (excluidos las formaciones nacionalistas y regionales), elevando a las derechas al 48,1%, 49,7% si se suma a Se Acabó La Fiesta (SALF), y dejando a las izquierdas en el 37,7%.
Vox roba el 18% de voto al PP
La encuesta recoge también las transferencias de voto en comparación con las anteriores elecciones, entre las que destaca el robo masivo de votantes de Vox al PP. La ultraderecha convence a casi dos de cada diez votantes (17,7%) que el 23J de 2023 se decantaron por la papeleta de Feijóo. Esta situación, unida a que la extrema derecha cuenta con los votantes más fieles (el 87% repetiría voto), han permitido a los de Abascal ganar mucho terreno.
La fuga de papeletas a un competidor solo sería mayor en el caso de Sumar, que ve como el 26% de sus antiguos votantes optarían ahora por Podemos. El caso de los magentas es sangrante, dado que tan solo el 46% de los que se decantaron por su papeleta en los últimos comicios repetirían. Entre los abstencionista, Vox (9%) y el PSOE (8%) serían las formaciones que conseguirían captar a aquellos que no se decantaron en la última cita con las urnas.
Las mujeres se decantan por el PSOE y los jóvenes por Vox
Atendiendo a diferentes variables de segmentación de la sociedad, Vox mantienen su liderazgo entre los más jóvenes. La formación ultraderechista sería la más votada en los tres segmentos de población más jóvenes (18-24, 25-34 y 35-44), mientras que el PSOE vencería en los mayores, los tres segmentos siguientes (45-54, 55-64 y +65). El PP no sería la opción más elegida en ninguno de los rangos de edad, aunque registra su principal fuerza entre los más mayores.
El enfrentamiento entre géneros también cuenta con una especial importancia en e sondeo de 40db. Vox es la formación con mayor intención de voto entre los hombres, con un 22,3%, seguido del PSOE (19,9%) y el PP (16,9%). En sentido contrario, los socialistas serían los más elegidos por las mujeres, alcanzando el 21,5%, mientras que los ultras pierden mucho terreno (13,1%), afectados por su discurso y propuestas machistas. El PP casi clava el resultado que entre los hombres (16,5%) y la izquierda más allá del PSOE reúne algo más de voto entre la población femenina.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este lunes una declaración institucional en la que ha anunciado nuevas medidas para condena el genocidio que está practicando Israel y apoyar a la población palestina. El tono del mandatario español se ha endurecido y ante lo que ha considerado como “indiferencia” y “complicidad con el Gobierno de Benjamín Netanyahu” de la comunidad internacional, ha calificado directamente de “genocidio”, algo novedoso en el Ejecutivo, “el exterminio de un pueblo que está indefenso y el quebranto de todas las leyes del derecho humanitario”.
“Lo que Netanyahu presentó como una respuesta a los atentados de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva ola de ocupaciones ilegales y un ataque injustificable contra la población civil palestina, que la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio”, ha introducido Sánchez el paquete de medidas. “Esto no es defenderse, ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho humanitario”, ha proseguido, defendiendo la posición que España asumió desde el reconocimiento de Palestina.
El jefe del Ejecutivo también ha dado un tirón de orejas a la comunidad internacional por “no saber detener esta tragedia” y “encallarse entre la indiferencia de un conflicto que no termina y complicidad con el Gobierno de Netanyahu”. Más de 63.000 muertos, 153.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazadas, la mitad menores, pero Europa no hace nada. Ante esta pasividad, y aunque ha reconocido que lo que pueda hacer España en solitario no va a frenar a Israel, ha expuesto nueve acciones de calado:
Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
Prohibición del tránsito en puertos españoles de todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armas israelís.
Denegación total de entrada en el espacio aéreo español a aquellas aeronaves que transporten material de defensa a Israel.
Prohibición de acceso al territorio español a las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Prohibición de importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
Limitación de los servicios consulares prestados a los españoles residentes en los asentamientos ilegales israelís a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina mediante un aumento de los efectivos en la Misión de Asistencia de la Unión Europea (UE) en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.
Ampliación de la contribución española a UNRWA con unos 10 millones adicionales destinados al auxilio de la población gazatí.
Aumento de la partida de ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.
Después de la presentación del paquete, Sánchez ha reconocido con resignación su consciencia de que estas medidas “no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”. “Esperamos que sirvan para añadir presión sobre el gobierno israelí, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y para que la ciudadanía española sepa y sienta que, ante este infame episodio, su país estuvo en el lado correcto de la historia”, ha zanjado.
Israel reacciona contra España
El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha reaccionado con dureza a las palabras y anuncios de Sánchez, al que ha acusado de “antisemitismo”. “El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, ha espetado, acusando al Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo un “activismo obsesivo” basado en “evidentes ataques antiisraelíes y antisemitas”. “No todas las críticas a la política israelí son antisemitismo. Sin embargo, cuando se caracteriza por la demonización, la deslegitimación y un doble rasero, es antisemitismo”, ha añadido.
En la misma línea, Saar ha achacdo el movimiento español a una estrategia con la que Sánchez busca “distraer la atención de los graves escándalos de corrupción” y de los “vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela”. Asimismo, se ha referido a la expulsión de judíos de España en el siglo XV y ha anunciado que llevará el pronunciamiento español ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).
Por último, el Estado genocida ha decidido sancionar a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, que considera que “han traspasado la línea roja”. “La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española tendrá prohibida la entrada a Israel e Israel no mantendrá ninguna relación con ella”, ha apuntado Saar, quien ha acusado a Díaz de “aprovecharse de la debilidad política del presidente Sánchez y arrastrarlo, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”. “Se impondrán las mismas sanciones contra la ministra de Juventud e Infancia del mismo partido extremista”, ha concluido.
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El Partido Popular despliega todo su arsenal para ir, nuevamente, a la caza de Sarah Santaolalla, la colaboradora de televisión y analista política cuyos comentarios más escuecen en las filas de Génova 13. Al comunicado del PP del pasado 28 de agosto, en el que la formación exigía a RTVE que rescindiera el contrato con ella, se suma ahora un nuevo paso en su ofensiva. Una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al presidente de la Corporación, José Pablo López, para saber cuánto ha cobrado Santaolalla de RTVE, en cuántos espacios ha participado este año y qué medidas piensa adoptar la televisión pública para impedir que la comunicadora siga insultando a sus votantes, dicen.
Son en total diez preguntas escritas dirigidas al presidente de RTVE que anticipan lo que, seguro, será otro debate acalorado en cuanto José Pablo López vuelva a la Comisión de Control de RTVE de las Cortes.
La guerra contra Santaolalla se desató el pasado 26 de agosto, tras sendas intervenciones de la colaboradora en los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, de los que es analista habitual. En pleno análisis de las medidas utilizadas por las comunidades del PP para la prevención y extinción de incendios, Santaolalla afirmó que “hay que ser muy idiota para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”. El comentario, en boca de quién solivianta al Partido Popular cada vez que interviene en la televisión pública, llevó a la difusión de un duro comunicado contra ella y a unas palabras, totalmente fuera de tono, del popular Jaime de los Santos asimilando su situación en TVE a la de las exparejas de Ábalos: “En el Gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas”, en alusión velada a las parejas del exministro socialista José Luis Ábalos.
El número dos del PP, Miguel Tellado, también saltó públicamente contra los comentarios de Santaolalla: “11 millones de personas que votamos al PP y a Vox hemos sido insultados en la televisión pública que se mantiene con nuestros impuestos. En el sanchismo el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa, pero no vamos a consentir que sigan enfangado las instituciones que son de todos”.
Pues bien, en este ambiente, llega ahora la batería parlamentaria que volverá a situar a Santaolalla en el foco del debate nacional de sus Señorías. El PP insiste en pedir la cabeza de la colaboradora, quiere saber cuánto dinero público cobra de TVE y, también, apunta hacia la actitud del presentador Javier Ruiz con ella el mismo día de la emisión de sus declaraciones sobre el PP y VOX. Estas son las 10 preguntas que han registrado en el Congreso:
¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?
¿En qué fechas concretas ha participado como colaboradora Sarah Santaolalla en programas de RTVE durante el año 2025 especificando el nombre de cada espacio y la duración de su intervención?
¿Considera RTVE compatible con los principios de pluralismo y respeto a los ciudadanos que, en la emisión del programa mañaneros del 26 de agosto de 2025, la colaboradora Sarah Santaolalla insultara a llamando “idiotas” a millones de españoles?
¿Por qué motivo el presentador de mañaneros del 26 de agosto de 2025 respondió al insulto “idiotas” a millones de españoles por parte de Sarah Santaolalla con “un abrazo hasta luego” en lugar de reprobar de inmediato el comentario?
¿Ha solicitado RTVE a la colaboradora Sarah Santaolalla algún tipo de rectificación o disculpa pública por los comentarios ofensivos dirigidos a millones de españoles emitidos en el programa mañaneros del 26 de agosto de 2025?
¿Cuál es el importe total que ha percibido Sarah Santaolalla por todas sus colaboraciones en RTVE en el año 2025, desglosado por programa y fecha de emisión?
¿Piensa el presidente de RTVE adoptar medidas disciplinarias o de corrección de contenidos tras la emisión del programa mañaneros del 26 de agosto de 2025 en el que se produjeron los insultos a millones de españoles?
¿Qué garantías ofrece RTVE a los ciudadanos para que no vuelvan a producirse expresiones ofensivas como las de la colaboradora Sarah Santaolalla, el 26 de agosto, hacia los españoles en programas emitidos por la televisión pública?
¿Qué valoración hace el presidente de RTVE de que en el programa Mañaneros la colaboradora Sarah Santaolalla se refiriera al presidente de la Generalitat valenciana con la expresión “el puñetero Mazón” y qué medidas piensa adoptar para evitar que se repitan expresiones ofensivas contra cargos públicos en la televisión pública?
¿Va a asumir alguna responsabilidad el presidente de RTVE por permitir que en el programa Malas Lenguas, emitido el 26 de agosto, la colaboradora Sarah Santaolalla profirieron insultos contra el Partido Popular, calificándolo de “inútiles mentales y laborales” en un servicio público financiado con dinero de todos los españoles?
Tras los ataques del PP y De los Santos a Santaolalla, el presidente de RTVE se pronunció en X de la siguiente manera: “Mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia”, dijo-. “Los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal”. “En definitiva, con causas empresariales y políticas ajenas al servicio público. Es decir, Tv pública sí ma non troppo”.
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Mientras el mundo mira horrorizado la masacre en la Franja de Gaza, Israel está llevando a cabo la anexión de facto de numerosos territorios palestinos en Cisjordania. El avance de los colonos, es decir, de civiles israelíes armados que hostigan a la población autóctona y se asientan en sus tierras, se ha acelerado desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo. Según los datos dePeace Now, entre 1998 y 2025, las declaraciones oficiales de tierras palestinas como israelíes han alcanzado los 54 kilómetros cuadrados. De facto, el territorio ocupado por colonos es mucho mayor.
A finales de agosto, el Gobierno israelí anunció que había aprobado la creación de unas 3.400 viviendas en los territorios palestinos próximos a Jerusalén Este. El nuevo asentamiento permitiría la continuidad territorial entre Jerusalén y Maale Adumim, una de las mayores colonias israelíes de Cisjordania. No satisfecho con ello, Bezalel Smotrich (Sionismo Religioso), ministro de Finanzas del Gobierno israelí, anunció en la primera semana de septiembre que propondría a Benjamín Netanyahu la anexión del 82% de Cisjordania. Tanto los nuevos como los antiguos asentamientos israelíes en este territorio incumplen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para que la usurpación de tierras palestinas sea posible, es precisa la eficaz colaboración de los colonos israelíes, quienes llevan años ampliando de facto las fronteras de Israel y expulsando a la población autóctona. La técnica tiene siempre sigue el mismo patrón: acosan y maltratan a los palestinos, además de quemar sus cultivos y asesinar su ganado, impidiendo su subsistencia. Esto es algo relativamente fácil de conseguir debido a la desprotección que enfrentan los palestinos que viven en estas regiones de Cisjordania. Muestra de ello es el hecho de que muchas de las viviendas de palestinos construidas ahí son ilegales a ojos de la administración israelí.
Es Tel Aviv quien debe otorgar los permisos de construcción en ciertas áreas de Cisjordania, lo cual es imposible de conseguir para la población árabe. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OCHA) lleva años denunciando esta práctica en sus sucesivos informes de situación. Cada tanto, bulldozers apoyados por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) llegan a las comunidades palestinas a arrasar lo construido. Escuelas, parques, granjas y viviendas quedan reducidos a escombros en minutos.
Paralelamente, las FDI llevan a cabo sus propias escaramuzas: irrumpen en los hogares palestinos por la noche, detienen a algunos de sus miembros –sobre los que, en muchas ocasiones, no pesan ningún cargo–, cortan carreteras e impiden el paso de vehículos dificultando la movilidad de la población. Como explicó el exsoldado israelí Yehuda Shaul a este periódico, el objetivo de las FDI es hacer notar su presencia. Es decir, «que cada palestino tenga el sentimiento de que estamos en su nuca y de que nunca va a saber cuándo vamos a llegar, qué vamos a hacer, cuándo va a empezar, cuándo va a acabar».
Este papel se complementa con el inmovilismo de las FDI cuando los colonos atacan a la población palestina. En su rol de observadores, las autoridades israelíes no intervienen ni impiden los pogromos. Tampoco llevan a cabo investigaciones sobre los asesinatos de la población palestina y obstaculizan la atención médica a aquellos que han sido heridos, tal y como explicó recientemente el periódico israelí Ynet en un artículo. En muchas ocasiones, cuando la expulsión de la población autóctona es un hecho consumado, el Knéset –Parlamento de Israel– aprueba leyes para anexionar dicho territorio a Israel.
La intervención de los colonos tiene así un papel crucial en la anexión de Cisjordania. Sus ataques físicos y sus discursos prenden la mecha de la violencia en estos territorios, donde entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre ya habían sido asesinados unos 612 palestinos. Público pone cara a algunos de los líderes colonos que han facilitado la ampliación de las fronteras israelíes a costa de los territorios palestinos. Todos ellos han sido sancionados por algún país del norte global debido a la usurpación de tierras a los palestinos y/o por llamar a la limpieza étnica contra los árabes.
Daniella Weiss: la líder colona que promueve la anexión de Gaza
Daniella Weiss se niega a responder al famoso presentador estadounidense Piers Morgan, cuando este le pregunta qué opina sobre «el hecho de que 20.000 niños palestinos hayan sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre». «Creo que los palestinos deberían enseñar a sus hijos a no odiar y a no matar a los judíos» es la única respuesta que da. La pronuncia con una sonrisa amable en los labios. Su apariencia entrañable contrasta con sus ideas de extrema derecha y racistas, gracias a las cuáles se ha ganado el apodo de la «madrina» de los colonos israelíes.
Weiss nació dos años antes de que se fundara el Estado de Israel, en 1945, cerca de lo que posteriormente sería Tel Aviv. De su familia, emigrantes judíos de EEUU y Polonia, ha heredado buena parte de su ideología ultraortodoxa, sionista y contraria a la presencia de los árabes en la Palestina histórica. Durante toda su vida adulta ha vivido en Kedumim, un asentamiento ilegal erigido en 1975 cerca de Nablus –al norte de Cisjordania– y del que fue alcaldesa durante diez años. Anteriormente había militado en el grupo fundamentalista judío Gush Emunim, que contaba con un brazo armado y que promovía los asentamientos en los territorios palestinos conquistados por Israel tras las guerras de 1967 y 1974.
La promoción de nuevos asentamientos israelíes –únicamente judíos, según sus palabras– en la Palestina histórica, incluida la Franja de Gaza, ha sido siempre el objetivo vital de Weiss. En 2024 organizó un crucero frente a la costa de Gaza para que un grupo de colonos israelíes divisaran la tierra que deseaban conquistar. Debido a sus ideas y a las llamadas de violencia contra la población palestina, Canadá y Reino Unido han aprobado sanciones contra ella en los últimos años.
Yinon Levi: el colono acusado de asesinar a Odeh Hadalin
Fue el Gobierno del anterior presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, el que aprobó sanciones contra Yinon Levi por crear el puesto adelantado –como se conoce a las colonias ilegales de israelíes en territorios palestinos– de Meitarim Farm, al sur de Hebrón. La colonia se situaba cerca de los cultivos de las comunidades palestinas vecinas, algunos de los cuáles fueron quemados, presumiblemente por los colonos israelíes, según informó Associated Press.
La llegada de Donald Trump al poder y la retirada de las sanciones devolvió la impunidad a Levi. El 28 de julio de 2025, se hizo conocido en todo el mundo al viralizarse un vídeo en el que dispara aleatoriamente contra un grupo de palestinos que trataban de evitar que un bulldozer destruyera sus hogares en Umm al-Khair, al sur de la Cisjordania ocupada. Según Yuval Abraham, codirector de No Other Land, una de esas balas perforó el pulmón de Odeh Hadalin, un conocido activista palestino que también había participado en la grabación de la cinta. Así lo certificó el medio +975 Magazine, según las informaciones recogidas por Ara.
Días después, un tribunal israelí ordenó el arresto domiciliario de Levi mientras se investigaban los hechos. Se desconoce en qué punto se encuentra actualmente la instrucción del caso. Actualmente, Canadá mantiene las sanciones contra el colono.
Tziporah Piltz: 23 años en Jerusalén Este
Vive en el barrio árabe de Ras Al-Amud, en Jerusalén Este, y trabaja como guía turística. Sin embargo, los paseos de Tziporah Piltz por el Este de la ciudad santa -considerada por la ONU territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel- no tienen objetivos meramente informativos. «Incentivamos a madres e hijas [judías] a que vengan a Israel y les hablamos de la construcción del Tercer Templo», explica al reportero de The Guardianque conversa con ella en un mirador de la disputada urbe. Según Piltz, el Tercer Templo sería el epicentro de la religiosidad judía, tal y como lo fueron los dos anteriores -Templo de Salomón y Templo de Herodes- destruidos hace más de 2.100 años.
Tziporah Piltz durante un tour por Jerusalén Este en un fotograma del canal de YouTube צפורה פילץ
Hasta su construcción, la misión de Piltz, es la de alentar la creación del lugar sagrado de los judíos en el lugar en el que actualmente se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes. Su creación, cree la mujer, marcará la llegada del nuevo mesías. Para Tziporah Piltz, la presencia de mezquitas y árabes en Jerusalén es sólo «algo temporal». Pronto, explica, los judíos tendrán todo el territorio de la antigua Palestina.
Cuando el reportero le pregunta qué pasará con los palestinos que deseen continuar viviendo en su territorio, Piltz explica que «todo el mundo será bienvenido», pero que «tendrán sus obligaciones» como, por ejemplo, «aceptar que vamos a tener el Tercer Templo». Sin embargo, también sugiere que «existen muchos países árabes alrededor del mundo y nosotros sólo tenemos este territorio. Todo el mundo debe aceptar que este es nuestro territorio».
Yossi Dagan: jefe del Consejo Regional de Samaria
En una entrevista reciente en Haaretz, el politólogo israelí Gayil Talshir afirmaba que el líder israelí de extrema derecha, Yossi Dagal, era uno de los mayores reclutadores de votos para el Likud entre los colonos. Su influencia en el actual Gobierno de Israel se relaciona con el papel que desarrolla en el Consejo Regional de Samaria, autoridad que preside desde hace una década. Este organismo administra los recursos públicos que Tel Aviv destina a los 35 asentamientos israelíes que se encuentran dispersos por el norte de la Cisjordania palestina ocupada. Este vasto territorio es lo que los sionistas denominan Samaria.
Pero el rol de Dagal va más allá de la gestión de las infraestructuras en este territorio. Bajo su mandato, el Consejo ha promovido numerosos eventos para promocionar las visitas turísticas a las colonias y limpiar la imagen que las vincula a la usurpación de tierras palestinas. Dichas actividades van desde las visitas a yacimientos arqueológicos como el de Tel Shiloh, presentado como una prueba más de la veracidad del relato bíblico seguido por los judíos ultraortodoxos, a la financiación de tours para políticos europeos. A finales de 2024, Dagal invitó al líder de la extrema derecha en Países Bajos, Geert Wilders, a visitar el norte de Cisjordania. Poco después, el Parlamento holandés pidió al europeo establecer sanciones contra Dagal.
Bezalel Smotrich: un ministro israelí crecido en una colonia en Siria
Si hay un ministro del Gobierno de Israel que habla en nombre de los colonos ese es el titular de Finanzas, Bazalel Smotrich. Defendió a Yinon Levi y a otros colonos cuando la Administración Biden los sancionó y les prometió que intercerdería por ellos. La retirada de sanciones de EEUU evidencia su logro. La empatía de Smotrich con los colonos no sólo se debe a una cuestión ideológica. El líder de Sionismo Religioso nació en 1980 en Haspín, un asentamiento en los Altos del Golán que según la ONU Israel ocupa ilegalmente desde 1967.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, sostiene un mapa de una zona cercana al asentamiento de Maale Adumim, en la Cisjordania ocupada / 14.08.25
En su juventud se trasladó a Beit El, otra colonia de Israel situada en Cisjordania ocupada. Desde ahí, Smotrich comenzó a trazar su carrera política. Su fundamentalismo religioso le ha llevado a recibir sanciones por parte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Eslovenia y Países Bajos. La razón por la que estos países le han penalizado es porque consideran que el ministro de Netanyahu, como otros miembros de su Gabinete, incita a la violencia contra los palestinos.
Algunas de sus últimas declaraciones dan fe de ello. Recientemente, Smotrich expresó su voluntad de presentar a Netanyahu un plan para anexionarse el 82% de Cisjordania y en el que únicamente se respetaría la existencia de seis ciudades palestinas: Ramala, Nablus, Belén, Hebrón, Jenín y Tulkarem. El objetivo del plan, según las palabras del ministro, sería lograr «la máxima extensión de territorio con la mínima población árabe», aseguró durante la presentación del documento.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra el secretario general del PP, Miguel Tellado, después de que éste, en una de sus ya acostumbradas subidas de tono, haya afirmado que en este curso político se puede «cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido«. A juicio de Sánchez, estas declaraciones suponen «una apelación encubierta a la violencia» y «un insulto a los miles de españoles con familiares asesinados en la Guerra Civil».
«Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia», ha escrito el jefe del Ejecutivo en un mensaje en la red social X, en el que ha adjuntado las declaraciones de Tellado desde Pamplona.
Para Sánchez, estas palabras son «una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha» y de que «no tiene nada positivo que aportar a nuestro país».
Tellado ha asegurado este sábado desde Pamplona, en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra, que «este puede ser el último curso político» del Gobierno «agonizante» de Pedro Sánchez, y ha destacado que «aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país».
«Este puede ser el último curso político de este Gobierno. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país», ha remarcado, textualmente, el ‘número dos’ del PP.
Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa.
Una apelación encubierta a la violencia.
Un cuestionamiento de la democracia.
Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que… pic.twitter.com/ukL5ApXLlB
Las aperturas del curso político del PP han estado marcadas por la continuidad del tono confrontativo. De vuelta a la comunidad capitalina, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, abría el año político del PP de Madrid en Arganda del Rey acompañada de Alberto Núñez Feijóo, y desde allí, los insultos y las descalificaciones al responsable del Ejecutivo fueron protagonistas. Ayuso le tildó de dictador: «(Sánchez) sigue el manual de estilo de cualquier dictadura. Pregunten en Cuba, Venezuela… En Madrid no cuela porque es una economía libre». Cabe destacar, por innecesario que parezca hacerlo para cualquier persona que conozca la actualidad política española, que el Gobierno de Coalición gobierna en minoría, haciendo encaje de bolillos en todos los Plenos para sacar acuerdos, y que la economía sigue siendo de libre mercado no solo en Madrid, sino en todo el país.
La lideresa regional volvió a utilizar el tono de siempre y ha opinado que es el secretario general de los socialistas el que «va al choque con todos: jueces contra jueces, ciudadanos contra ciudadanos, medios contra medios, eligiendo cada palabra, comportamiento… El que diga…’fachosfera”. No puede vivir en España y necesita que nadie sea feliz».
En cuanto a la imagen que deja la apertura del año judicial, con el desplante de Feijóo, Ayuso también cargó contra el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. «Es un ministro a la fuga que se ha declarado abogado de todas las causas. Que desaparezca al menos como Pilar Llop, pero para hablar y hacerlo en contra de la carrera fiscal de los jueces que se están dejando la vida por el prestigio de todos… No respetan la Corona, la Constitución, el Parlamento… que se abre y cierra según quiere el presidente», argumentó.
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Con septiembre llega el regreso a las aulas en España. El pistoletazo de salida en la mayoría de regiones se produce el día 8. Este año, el arranque del nuevo curso escolar viene cargado: junto a libros y cuadernos, la comunidad pública educativa arrastra una mochila repleta de asignaturas pendientes
—muchas de ellas estructurales— que quedaron en el aire el curso pasado. Profesores, estudiantes, sindicatos y expertos coinciden en que la lista para este nuevo curso no solo es extensa, sino también «urgente» para salvar la educación pública.
Entre los temas por resolver figuran la precariedad laboral, el avance de la privatización, la persistente segregación escolar, los recortes que afectan a las lenguas cooficiales, la falta de recursos para atender la diversidad en las aulas, las becas insuficientes y el aumento de los gastos que deben asumir las familias. El mochilón tampoco distingue etapas: acompaña tanto a la Educación Infantil como a la Primaria, la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional e incluso a la Universidad.
El curso pasado, la comunidad educativa manifestó algunas de estas demandas con paros y movilizaciones, aunque denuncian que «no contaron con el respaldo de las instituciones«. Este año esperan ser escuchados, pero insisten en que muchas de las tareas pendientes «deberían haber sido resueltas antes del inicio del curso», algo que finalmente no ha ocurrido.
Mejorar las condiciones laborales del profesorado
La situación de los docentes es una de las principales asignaturas pendientes para el curso académico 2025-2026. Profesores y sindicatos comparten con Público las cuestiones que no pueden pasar inadvertidas este año. Erica Polo, profesora de Física y Química en Salamanca, señala como prioridad «reducir las ratios» de alumnado por clase. «Una ratio superior a 20 dificulta mucho llegar a todos los estudiantes, conocer sus problemas y ofrecerles ayuda personalizada», explica. Según la profesora, en materias como Biología, Geología y Física y Química, «es materialmente imposible trabajar con un nivel aceptable de seguridad en el laboratorio si un solo profesor tiene que atender a 25 o 30 alumnos a la vez».
Erica Polo, profesora en Castilla y León: «Exigimos reducir ratios, aliviar la burocracia, mejorar recursos y corregir la desigualdad salarial»
La salmantina también denuncia la «ingente burocracia» que, en su opinión, ha ido en aumento en los últimos años y que «ahoga al profesorado y reduce el tiempo para dedicarse a su principal labor: enseñar». Asimismo, incide en la falta de recursos materiales en los centros públicos: «En Castilla y León la mayoría de los docentes tenemos que aportar nuestros propios ordenadores para poder trabajar. Se nos restringe el acceso a materiales básicos como bolígrafos, rotuladores, lápices o papel. Pagamos estas herramientas de nuestro bolsillo». Critica que, en muchas ocasiones, se fomente cobrar a los alumnos por fotocopias de fichas que se usarán en clase. También ratifica que las infraestructuras de muchas escuelas están obsoletas, «con goteras o ventanas poco eficientes desde el punto de vista energético». Y confirma que existe «desigualdad salarial» entre comunidades: «Por ejemplo, el salario en Castilla y León es más bajo que en otras regiones, por lo que reivindicamos una equiparación salarial«.
Borja Llorente, CCOO Asturias: «La temporalidad del profesorado impide que los centros desarrollen proyectos a medio y largo plazo»
A 430 kilómetros por carretera de Salamanca, Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias,
enumera otras tareas pendientes que deben abordarse. La primera de ellas: las «políticas fallidas de estabilización» del profesorado. «Casi un 30% de la plantilla es interina, con contratos de máximo un año de duración, y cada año muchos cambian de centro al menos una vez. Algunas compañeras deben trasladarse incluso más veces porque no disponen de vacantes», cuenta a Público. Atestigua que un gran porcentaje de estos docentes trabaja con vacantes de media jornada. «En las zonas rurales más despobladas, la interinidad se concentra hasta el punto de que algunos centros cuentan con toda su plantilla formada por interinos». «Esto dificulta, e incluso imposibilita, que los centros educativos desarrollen proyectos a medio y largo plazo«, explica.
Imagen de archivo de una manifestación por los derechos de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
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Al sur del mapa, en Andalucía, Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia, añade a la lista la necesidad de «reforzar la formación del profesorado, tanto para implementar la LOMLOE como para atender la creciente diversidad del alumnado en las aulas».
Los docentes madrileños ponen en el punto de mira la gestión de los 52 nuevos ‘Medios CEIPSOS’ que implementó Ayuso
En la capital, los docentes madrileños también piden para este nuevo curso académico revisar la gestión de los nuevos Medios CEIPSOS. La modalidad, implantada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, incorpora 1º y 2º de ESO en 52 colegios públicos de Infantil y Primaria. Según denuncia el profesorado, estos puestos no estarán ocupados por funcionarios de carrera, sino por interinos, muchos de ellos a tiempo parcial o repartidos entre varios centros, y «en muchos casos impartiendo materias que no corresponden a su especialidad». Los profesionales reivindican que esta situación supone «una ruptura en la continuidad pedagógica del alumnado«.
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Para Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, el futuro del profesorado pasa por avanzar en compromisos pendientes de la LOMLOE: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente, incluyendo la incorporación de todos los docentes al grupo A1 con la revisión de los niveles retributivos, la reducción del horario lectivo, la disminución del número de alumnos por aula y un nuevo sistema de acceso e ingreso en la profesión docente, entre otros». García sostiene que «no se han revertido todos los recortes educativos de 2012 y, además, la situación no es homogénea en toda España». Desde el sindicato confían en la necesidad de iniciar un proceso negociador que permita mejoras reales para la profesión: «Nuestro profesorado está harto de promesas que no se cumplen«.
Beatriz García, secretaría de Enseñanza de UGT: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente»
Desde el Ministerio de Educación recalcan a Público que «las competencias en materia educativa son autonómicas«. «Los retos pendientes de cada comunidad deberán ser planteados y detectados por ellas mismas. Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre eso». Aun así, se remiten a informes y estadísticas oficiales, como el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación y el anuario estadístico Las cifras de la educación en España, donde se recopilan datos sobre personal docente, rendimiento académico, infraestructuras y recursos educativos, entre otros.
Lo privado gana terreno a lo público
Otra de las cuestiones que atemorizan al personal docente de cara al nuevo curso es el avance de la privatización. Víctor Muñoz es profesor de un centro educativo público en la Comunidad de Madrid. Para él, una de las grandes tareas pendientes del sistema educativo es «desmontar el plan estructural basado en el desmantelamiento de lo público». Asegura a este medio ser testigo de cómo la educación pública se infrafinancia año tras año. «La estrategia es que la pública se perciba como algo de poca calidad, mientras que la privada y la concertada se presentan como el modelo ejemplar».
Víctor Muñoz, docente en la Comunidad de Madrid: «Se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada»
El profesor abre el melón del peso creciente de la educación concertada en España. Según precisa, se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada, o bien se limita tanto la oferta que las familias no tienen más opción que matricular allí a sus hijos. Aunque habla desde la realidad madrileña, subraya que el fenómeno de la privatización se extiende ya por todo el país. «Las escuelas infantiles son un buen ejemplo: quedan muy pocas porque muchas han sido privatizadas o cerradas con la excusa de la falta de niños». «Se está mercantilizando la educación pública«, concluye tajante.
Concentración para protestar contra los recortes en la educación pública y la «asfixia económica». Imagen de archivo.
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El avance de lo privado también salpica a la enseñanza universitaria. Este mismo año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en la decimocuarta universidad privada de la región, después de que el Ejecutivo central anunciara nuevas regulaciones con mayores controles y exigencias para la creación de centros universitarios privados. Mientras, en la capital apenas resisten seis universidades públicas, que durante todo el curso pasado denunciaron la asfixia provocada por la falta de financiación.
En este nuevo curso se prevé la aprobación de la Ley de Enseñanzas Superiores de Universidad y Ciencia, impulsada por el Ejecutivo de Ayuso. La normativa, diseñada por la administración del Partido Popular, equipara a universidades y Formación Profesional, sin diferenciar entre centros públicos y privados. Además, la ley introduce nuevas fórmulas de inversión para la universidad pública y, según adelantó Público, contempla que esta pueda crear o participar en fondos de inversión.
Un modelo anclado en la segregación escolar
Otro de los grandes desafíos que enfrenta la escuela pública en España es «dejar atrás un modelo anclado en la segregación y la discapofobia«. Así lo denuncia Bernardo Cabañas, vocal de la Confederación de Asociaciones de Padres, Madres y Familias del Alumnado de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), en una conversación con Público. Cabañas corrobora que la enseñanza pública es la que concentra a más estudiantes en situación de vulnerabilidad: alumnado con desventaja socioeconómica, con necesidades educativas especiales, con discapacidad o de origen extranjero. «Esta agrupación de perfiles que requieren apoyos específicos necesita de recursos sólidos y estables, pero la realidad es que la dotación actual es insuficiente. Como consecuencia, el alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada en los centros ordinarios».
Bernardo Cabañas (CONFAPA): «El alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada por falta de recursos y profesionales»
El miembro de CONFAPA recuerda que «las aulas son actualmente más diversas que hace años» y que «urge crear las condiciones para responder a esa pluralidad». Entre las medidas prioritarias plantea la reducción de las ratios —un máximo de 20 estudiantes por clase en Primaria y ESO, y de 15 en Infantil—, así como la apuesta por equipos docentes «estables y especializados». «Es imprescindible contar con maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, técnicos de integración social y orientadores cualificados. No puede ser que en demasiados casos estas plazas las ocupen interinos sin la formación mínima necesaria«, dice.
Alejandro Tiana, profesor emérito de Historia de la Educación en la UNED, acredita que los métodos tradicionales «ya no sirven en aulas cada vez más heterogéneas». «Ante un alumnado diverso, la uniformidad no garantiza el aprendizaje«, explica a Público.
Para este experto, el reto exige replantear la organización escolar con mayor flexibilidad, incorporando nuevas figuras profesionales y recursos adaptados. «Es necesario aplicar fórmulas como las agrupaciones flexibles, la codocencia —dos o más docentes comparten la planificación, la enseñanza y la evaluación de un mismo grupo de estudiantes— o los espacios polivalentes, y al mismo tiempo apoyar al profesorado en esa transformación». Tiana apuesta por una adaptación progresiva, con una estrategia sostenida en el tiempo: «Hay que ir ajustando los centros a las nuevas realidades y, sobre todo, acompañar ese proceso con inversiones que permitan acometer las reformas necesarias».
Fran Curto, docente en Castilla y León: «Las leyes se hacen sin contar con el profesorado; necesitamos ser escuchados»
Fran Curto, profesor de secundaria y Bachillerato en Valladolid, avala desde las aulas la urgencia de atender la diversidad en la educación pública. «Nuestro sistema educativo debe ser capaz de ofrecer una atención más personalizada y adecuada para cada estudiante», afirma a Público. Para lograrlo, propone reducir las ratios de alumnos por clase y aumentar los recursos humanos: más profesorado de apoyo, logopedas, pedagogos terapéuticos y personal auxiliar especializado en atención a la diversidad, así como la implementación de metodologías inclusivas. Aun con todo, augura que si la educación se sigue gestionando al margen del profesorado, «será imposible alcanzar los objetivos». «Los docentes deben tener una participación real en la elaboración de nuevas leyes, que se nos escuche de verdad. Nosotros estamos en las aulas todos los días, y hay muy poca relación entre la realidad que vivimos y lo que reflejan las leyes y los políticos«, denuncia.
Aulas bajo control: recortes de derechos y represión
El estudiantado, sobre todo el de las enseñanzas universitarias, es el otro gran damnificado de la educación pública en la península. El curso pasado los alumnos denunciaron lo que consideran «un retroceso en sus derechos». Sabela Martínez, estudiante y portavoz de la Plataforma UCM por la Pública en la Universidad Complutense de Madrid, lo resume con dos asignaturas pendientes en la agenda educativa: la reforma de la ley de universidades y «la represión estudiantil». Lo dice con conocimiento de causa: presenció cómo sus compañeras, que acampaban en la universidad contra el genocidio en Gaza o protestaban contra Vox y por la vivienda, fueron represaliadas.
En el curso 2025-2026 se aprobará la ley de universidades de Ayuso, con mayor protagonismo de las empresas en la educación pública
Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España) Imagen de archivo.
El curso pasado dejó numerosos ejemplos relacionados con la falta de libertad de expresión en los campus: activistas represaliadas tras protestar por la presencia del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en Somosaguas; intervenciones contra miembros de la Organització Juvenil Socialista (OJS) en Alacant; dos estudiantes de la Universidad de Granada sancionadas tras participar en una protesta contra la intervención de la exdiputada de Vox Macarena Olona en un coloquio sobre feminismo y derecho; o las pintadas aparecidas en el despacho del jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, atribuidas a la Juventud Falangista Española.
La portavoz de UCM por la Pública critica la reacción política frente a estas movilizaciones estudiantiles: «Dos manifestaciones multitudinarias y una huelga no fueron suficientes para que tomen medidas».
Cuando la política silencia la lengua
Otra asignatura pendiente para este curso, según el profesorado, son los recortes en la enseñanza de lenguas cooficiales. «Cuando llegó Alberto Núñez Feijóo en 2009, el gallego, que ya estaba poco presente en los institutos, pasó a estar marginado directamente», explica a este medio Iago Martís, profesor de secundaria de gallego.
Iago Martís, profesor de gallego: «Desde 2009, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego»
Según el profesor, antes de ese año, gallego y castellano se repartían aproximadamente el 50% de las asignaturas. «Hoy, el reparto es de un 30% para cada lengua más un 30% de inglés», informa. Martís denuncia que hoy está prohibido impartir materias como Matemáticas o Física y Química en gallego. «Tenemos casos de profesores que fueron perseguidos por reivindicar el uso del gallego en Matemáticas», revela. Y lamenta: «Desde 2009 y ahora con la presidencia del popular Alfonso Rueda, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego».
Núria Gisbert es docente en el País Valencià, la comunidad que afronta el próximo curso con menos cimientos: ocho colegios públicos afectados por la DANA seguirán cerrados. En lo que atañe a la cuestión de las lenguas cooficiales, aclara en declaraciones a Público que «la nueva Ley de Libertad Educativa, promovida por el PP y Carlos Mazón, ha logrado excluir la lengua valenciana de las aulas. Este próximo curso habrá alumnos que no la tendrán como lengua vehicular, cuando era uno de los pocos contextos en los que realmente iban a usarla». La profesora informa que la normativa ha modificado la forma en que se organizan los grupos: «Ahora se prioriza la elección de los padres sobre la lengua vehicular, sin considerar primero las necesidades, dificultades y fortalezas del grupo, como se hacía antes».
Aumento de los gastos escolares
Este año, la vuelta al cole también atiza al bolsillo de las familias que optan por la escuela pública. Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) basado en una encuesta a 687 progenitores con 976 hijos de entre 3 y 18 años, el coste medio anual por alumno en centros públicos asciende a 1.221 euros, un 2% más que el curso pasado. El mayor gasto recae en el comedor, con un promedio de 107 euros al mes. Le siguen las actividades extraescolares, que cuestan 56 euros mensuales, y los libros de texto, que suman 157 euros al año. Otros gastos incluyen excursiones y visitas culturales, con un coste medio de 176 euros anuales, y material escolar, con 92 euros. Además, uno de cada cinco menores utiliza un dispositivo electrónico para fines escolares, lo que supone un gasto adicional de 297 euros al año. Esto se suma, según los profesionales consultados por este medio, a una «política de becas insuficiente, que no logra compensar las desigualdades socioculturales y económicas existentes».
Una manifestación organizada por los sindicatos de enseñanza, a 1 de junio de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Imagen de archivo.
Cada año, la mochila que la comunidad educativa lleva a sus espaldas se vuelve más pesada. El desgaste físico y emocional de docentes, estudiantes y familias es cada vez más evidente: estrés, ansiedad, incertidumbre y miedo recorren las aulas. Aun así, el hartazgo no frenó su protesta en las calles. Las manifestaciones más recientes, multitudinarias y sonadas en la Comunidad de Madrid y Asturias, se convirtieron en un símbolo de la lucha educativa en todo el país.
El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el 2 de octubre por Gaza y la Plataforma Menos Lectivas anuncia una movilización el 19 de octubre en Madrid
La comunidad educativa no se rinde. El colectivo confirma a este medio que se está preparando para volver a salir a la calle y alzar la voz en defensa de la educación pública. Lo anunció este jueves el Sindicato de Estudiantes convocando una huelga para el próximo 2 de octubre en protesta por el genocidio en Gaza. También la Plataforma Menos Lectivas adelantó a Público que planea una movilización el 19 de octubre en la región madrileña. ¿Se pondrán al día estas asignaturas el próximo curso o seguirán pendientes?
El novio de Isabel Díaz Ayuso se encuentra en el tiempo de descuento para intentar evitar el juicio y, con él, la posibilidad de ser condenado a prisión por sus presuntos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental.
Alberto González Amador trata “in extremis” y a la desesperada esquivar el banquillo, para lo cual presentaba esta semana un nuevo informe pericial con varias cuestiones que pudieran servirle de defensa. Algunos de los puntos que contempla el texto, al que ha tenido acceso este medio, resultan llamativos.
En el documento aparecen varios nombres propios, como el del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que la pareja de la lideresa regional acusa de vulnerar la presunción de inocencia por llamarle “defraudador confeso”.
El Tribunal Supremo terminó dando la razón a quienes emplearon este concepto basándose en que el propio abogado del empresario reconoció que su cliente había cometido estos delitos cuando intentó alcanzar un acuerdo con la Hacienda Pública. Asimismo, el Tribunal entendió la motivación política y mediática a la hora de hablar del novio de la política ‘popular’, por lo que le quitó la razón cuando éste señalaba estar sufriendo un “linchamiento”.
En el último informe pericial, la defensa apunta que “partiendo de la ya conocida tenencia del PSOE -partido personado en estas diligencias- de las ya anteriores comunicaciones , antes de su publicación por los medios de comunicación, basten en relación a la lesión de la presunción de inocencia vinculada a esa revelación de las palabras del Ministro de Presidencia, Justicia”.
Bolaños fue muy claro y se limitó a las informaciones periodísticas en las que, atendiendo al intercambio de mensajes entre las partes, González Amador reconocía haber cometido dos delitos contra la Agencia Tributaria. El miembro de Moncloa se limitó a emplazar que “fue el abogado de la pareja de la señora Ayuso quien dijo, exactamente, que ciertamente se ha cometido, el señor González Amador, dos delitos contra la Hacienda Pública”.
Y remachaba: “Literalmente dijo ‘Ciertamente ha cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Por tanto, ¿cómo quiere que le llamemos a una persona que ha cometido dos delitos y que lo reconoce públicamente? En castellano se le llama delincuente confeso”.
Se querelló contra el ministro
Considera el empresario que esas palabras de Bolaños pudieron sentar precedente sobre parte de la investigación que se siguió desarrollando después, que los socialistas disponían de información y que el responsable de Presidencia faltó a la presunción de inocencia, si bien tanto la Justicia como previamente la propia defensa del novio de la presidenta dieron la razón no solo a Bolaños, sino a quienes en todo este tiempo han puesto pie en pared contra los negocios presuntamente fraudulentos del empresario.
Fue en octubre del año pasado cuando el jefe del departamento pronunciaba las palabras que destacan en este artículo después de que González Amador le llamara a él y al propio Pedro Sánchez a un acto de conciliación previo a una querella por injurias y calumnias.
El empresario pidió a ambos -aunque iría sumando más nombres a una enorme lista de personalidades mediáticas y políticas, en su mayoría de izquierdas- que se retractaran de lo dicho al considerar que suponían una infracción “de los más elementales deberes” de “respeto y protección de los derechos fundamentales de un ciudadano español”.
El presidente español y el ministro añadieron que González Amador “había propagado un bulo en relación al comportamiento del Ministerio Fiscal” y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; o, en su defecto, que había pagado un piso -respecto del ático de lujo de Chamberí- a base de “dinero defraudado el fisco”.
El novio de Ayuso presentó varias solicitudes de conciliación con las que buscaba que el presidente del Gobierno se comprometa a «no verter públicamente en el futuro manifestaciones de contenido análogas y, especialmente, falsas, difamatorias, vejatorias» contra su persona, así como ser indemnizado por parte del responsable del Ejecutivo con 100.000 euros y por Bolaños con otros 50.000. Las cantidades quedaron desestimadas.
Diligencias para «materializar su derecho de defensa»
El presente recurso, con el que la pareja de la administradora de Sol pretende evitar la condena, indica que la jueza no ha tenido en cuenta diligencias que considera fundamentales para “materializar su derecho de defensa”.
Entre las cosas que pide ahora se encuentra la declaración de dos de los empresarios que intentaron hacer negocio con la persona acusada en Costa de Marfil o que el perito pueda ratificar su informe en sede judicial de forma conjunta con el de la Agencia Tributaria.
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Corría el 3 de agosto de 1936. Un caluroso día de verano. Todavía de madrugada, el zumbido de un avión que sobrevolaba la ciudad a baja altura despertó a los zaragozanos. Al aproximarse a la zona de la Basílica del Pilar, dejó caer hasta cuatro proyectiles. Cuatro bombas que, sin embargo, nunca explotaron. Una cayó sobre el Ebro; otra en mitad de la plaza. Las dos últimas hicieron diana en la iglesia, provocando algunos daños menores. La anécdota -cuya veracidad continúa discutiéndose- no pasaría desapercibida. El bando sublevado, acantonado en la ciudad, la convirtió enseguida en su munición moral. La virgen del Pilar les había salvado. Dios estaba de su parte. Con los buenos, la España católica.
Las bombas se recogieron y se exhibieron en el interior de la basílica. Como trofeo de guerra y evidencia del milagro. «Por la virgen, por el Papa y por la Patria», reza la inscripción que las acompaña. Porque sí, casi 90 años después, ahí siguen. Expuestas a la vista de todos sus visitantes. Más de 4 millones a lo largo del año pasado, según las cifras oficiales de la diócesis de la capital aragonesa. ¿Son los únicos restos de la dictadura que quedan en edificios patrimonio de la Iglesia? ¿Se puede hablar de símbolos neutros, reflejo de una época, o se trata más bien de una forma de propaganda, de reforzar una narrativa muy concreta sobre la Guerra Civil y la dictadura?
Explosivos de la Guerra Civil expuestos en la Basílica del Pilar, en Zaragoza.
No es un tema menor. Los ejemplos de vestigios franquistas en iglesias y parroquias se cuentan por cientos. «Lo más habitual son las cruces. Siempre de piedra, con la idea de que perduraran en el tiempo», explica Miguel Ángel del Arco, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y autor de Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española. «Además del escudo franquista y el de Falange, solían incluir la leyenda ‘Caídos por Dios y por España’ y una lista de los mártires de cada pueblo, a menudo encabezada por el caído por excelencia, José Antonio Primo de Rivera», desarrolla el historiador. La mayoría se han conservado. Retirando -si eso- la inscripción que las identificaba como homenaje a los caídos del bando golpista. O dándole la vuelta: A todos los caídos de España.
«De un día para otro no se les puede ni resignificar ni hacer pasar por símbolos meramente religiosos, como intenta muchas veces la Iglesia. Son homenajes levantados en un momento y con un propósito muy concretos», insiste Del Arco. En otras palabras, el patrimonio tiene su significado histórico. «Por detrás de estos elementos siempre subsistirá la lectura franquista de la historia«, incide el docente. Cruces, santos, festividades. La religión en sí misma funcionó como un pilar fundamental de la construcción simbólica de la dictadura. «La religión y la institución de la Iglesia jugaron un papel bastante relevante y no precisamente positivo durante todo el franquismo. En ningún momento se mantuvieron neutrales», apunta Ricardo Gayol, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas. «Desde la coartada de la santa cruzada contra los enemigos de España durante la guerra hasta la legitimación de la opresión de la dictadura por el bien de la paz y la concordia de las décadas posteriores», completa el letrado. «Mantener esos símbolos, que aluden directamente a la relación dictadura-Iglesia, es un tiro en su propio pie«.
«Son elementos que llevan ahí décadas. La gente ha vivido más con que sin ellos y muchas veces desconoce su significado», reflexiona el sociólogo Óscar Rodríguez
Más allá de las cruces
No solo son cruces. También placas, tumbas o hasta conjuntos escultóricos. Así lo corrobora el sociólogo Óscar Rodríguez, que ha recorrido España fotografiando huellas de la dictadura de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Algunas están incrustadas en las fachadas; otras en el interior de los edificios. En muros, pilares o incluso en los altares. También hay muchos ejemplos en los espacios próximos a las parroquias», enumera. En espacios o bien concurridos o que, por el contrario, permitieran un cierto recogimiento para honrar a los caídos. «Uno de los mayores desafíos es ser capaz de identificar estos símbolos», sigue contando el fotógrafo. «Son elementos que llevan ahí décadas. Que se han intentado blanquear con la retirada de las placas. La gente ha vivido más con que sin ellos y muchas veces desconoce su significado«, advierte Rodríguez. Con todos los peligros que supone la desmemoria. El olvido.
«Quedan, por ejemplo, muchos homenajes al decreto de unificación de falangistas y requetés», señala el fotógrafo. Un caso llamativo: el Monasterio de Montserrat, en Barcelona. «Hace algunos años se retiró del entorno del monasterio la estatua del Terç, dedicada a esta segunda organización. No se ha hecho nada, en cambio, con el columbario», reprocha Rodríguez. Y es que la abadía benedictina alberga una cripta en la que reposan los restos de más de 300 soldados carlistas. «Para que entendamos lo que significa cuando la gente sale a la calle con la cruz de Borgoña», comenta el sociólogo. No es tampoco -corrige Del Arco- una forma de recordar a las víctimas de la guerra. «La Iglesia se olvida de la otra mitad de España. Es una forma consciente de exclusión«, subraya el historiador. «Que no deja de colocar como víctimas a los responsables del golpe de Estado, a los iniciadores de la guerra», matiza. Als nostres morts, anuncia la entrada del mausoleo. Poco más que decir.
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Entrada a la cripta de requetés del Monasterio de Montserrat, en Barcelona.
¿Y los colegios?
Cambiamos de comunidad. Pero seguimos en el norte, esta vez en Asturias. Concretamente el 19 de julio de 1936. En pleno estallido de la Guerra Civil. Por aquel entonces, lo que hoy es el Colegio de la Inmaculada de Gijón servía de acuartelamiento al 40º Regimiento de Infantería de Montaña ‘Simancas’. Tras el golpe de Estado, los mandos de la unidad, encabezados por el coronel Antonio Pinilla Barceló, instaron a las tropas a sublevarse contra la República. Como ya había ocurrido, con éxito, en la capital, Oviedo. Unos seiscientos oficiales, suboficiales y soldados respondieron a la llamada. Insuficientes, sin embargo, para tomar la ciudad. ¿Qué hicieron entonces? Acantonarse en el cuartel, a la espera de refuerzos.
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Acabaron cayendo. Pero la dictadura convirtió el episodio en toda una gesta de resistencia. Al estilo del Alcázar de Toledo. Llegando a dedicar a sus protagonistas un monumento: los Héroes del Simancas. Un conjunto escultórico que continúa adornando la fachada del ahora colegio jesuita. «Caídos por Dios y por la Patria, presentes», se puede leer en su inscripción. «En toda la cara exterior del edificio, afectando al espacio público. Es un símbolo que debería retirarse de inmediato», juzga Del Arco. La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) ha ido un paso más allá, presentando el pasado mes de julio una denuncia contra la inacción del ayuntamiento y del gobierno autonómico. «La memoria no se defiende con palabras huecas. Se defiende actuando contra los símbolos, los privilegios y las estructuras del franquismo todavía vigentes», reivindicaba entonces la asociación.
El monumento ‘Héroes del Simancas’, en la fachada del Colegio de la Inmaculada, en Gijón.
«La Iglesia tiene un patrimonio inmenso, de muy distinto tipo. Una parte considerable sustraído ilícitamente, gracias a la legislación franquista», recuerdo Gayol. Y al amparo, en 2006, de una modificación de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar. «Pero es que además disfruta de una serie de privilegios, sancionados por la propia Constitución. En un Estado que se declara aconfesional. Lo mínimo que puede hacer es estar a la altura de estos beneficios y apartarse de la promoción de cualquier tipo de referencias o loas a la dictadura», indica el letrado. Sobre todo en lo referente a su papel en el sistema educativo. «Hay una contradicción ética enorme en la conservación de homenajes franquistas en sus colegios. Primero porque va en contra de la propia enseñanza de la historia, más allá de ideologías«, apunta del Arco. «Segundo porque estamos hablando de colegios concertados, que reciben financiación pública», subraya el historiador. «Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado».
La pregunta se hace evidente: ¿qué hay que hacer con estos símbolos? «Los que están dentro de las parroquias, un espacio que no deja de ser privado, me parece que requieren de menos urgencia», valora del Arco. «Muchas veces son listas de curas asesinados en la guerra. Tiene su lectura, es evidente, pero no dejan de ser sus víctimas», continua el historiador. «Que también las hubo por el otro lado, los famosos curas obreros. Una parte de la historia que se ha silenciado completamente». «En cualquier caso, lo principal es retirar estos homenajes de cualquier lugar que afecte a la vida pública. Para lo que haría falta una legislación más valiente, que contemple plazos y un régimen sancionador«, concluye el escritor. Gayol, por su parte, baraja dos posibilidades. La primera, y la que debería priorizarse, su retirada. La segunda, para casos muy excepcionales, su traslado a algún tipo de museo o su contextualización histórica, «si se considera que disponen de algún tipo de valor artístico o cultural». Una decisión que -asegura- deberá quedar en manos de los historiadores.
La hemeroteca nunca deja de jugar malas pasadas y de sacar a relucir cambios de opinión muy radicales en función de la conveniencia del momento. Es el caso, una vez más, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y una intervención que protagonizó hace once años en Cataluña, en 2014, cuando todavía era presidente de la Xunta de Galicia. El tema de debate era la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, un punto sobre el que el PP se ha mostrado fuertemente en contra cuando el actual Gobierno de coalición ha intentado llevarlo a cabo, y que ahora parece tener luz verde definitivamente después de que el Consejo de Ministros la haya aprobado para aquellas regiones que la soliciten. No obstante, en aquella charla, el gallego no solamente se mostraba favorable a la condonación de la deuda, sino que imploraba por ella al ser «un enorme problema«.
«Tenemos un enorme problema detrás y nadie quiere hablar de él: la deuda pública. Las comunidades autónomas están muy endeudadas y ésta, la de Cataluña, especialmente«, arrancaba el entonces presidente de la Xunta de Galicia.
«El procentaje de deuda pública que le correspondería a Cataluña si tuviera la deuda de Galicia serían 27.000 millones, y tiene 60.000. Esto es un grave problema. La deuda de Galicia es un 17,4% del PIB, y si yo estoy preocupado con 27.000 millones, imaginen si yo fuese catalán y el presidente de la Generalitat. Estaría doblemente preocupado«, continuaba el gallego.
«Intentaría que el Gobierno de España y los presidentes autonómicos nos pusiéramos de acuerdo para ver cómo afrontamos la viabilidad de los servicios públicos. Insisto, tenemos unos gastos financieros de la deuda más la necesidad de amortizarla que esto va a durar una década. Por eso creo que es muy bueno sentarse y buscar soluciones», añadía el dirigente del PP por aquel entonces, un discurso muy distinto al que mantiene el PP en la actualidad a este respecto.
Feijóo en 2014 desde Cataluña suplicando por una condonación de la deuda en las CCAA.pic.twitter.com/Pyo0Yuw5Jd
Por su parte, el Partido Popular se ha posicionado, desde hace meses, en contra de la medida votada en el Consejo de Ministros y se espera que vote en contra en sede parlamentaria; sin embargo, la cuestión clave es conocer cuál será el posicionamiento de las autonomías donde gobierna, que es la mayoría, si finalmente sale adelante, dado que la condonación es voluntaria. Por el momento, la mayoría han optado por no dar una respuesta clara y han evitado rechazar directa y claramente una propuesta beneficiosa para sus arcas públicas, pues siete de cada diez euros de deuda perdonados corresponderían a territorios del PP.
Desde Génova han garantizado su negativa y han llamado a filas a sus barones autonómicos, deslizando que estos rechazarán la quita. Algo sorprendente atendiendo a que casi 60.000 millones de euros de los 83.000 millones que serían absorbidos por el Estado corresponden a deudas de regiones gobernadas por el PP. Es más, las tres más beneficiadas en los diferentes parámetros están bajo dominio conservador. La Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla sería la más beneficiada en términos absolutos, con 18.791 millones de euros; mientras que la Comunidad Valenciana de Carlos Mazón sería la que mayor quita de deuda por habitante ajustado disfrutaría, con 2.284 euros por ciudadano.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, denunció que la oposición del PP a esta medida es «inexplicable» y «puramente partidista«. «A ver cómo le explican a los ciudadanos que por una cuestión puramente partidista van a dejar que autonomías que están muy endeudadas no alivien esa carga financiera, ahorrando intereses y recuperando autonomía financiera y política para salir a los mercados”, expresó la ministra.
En once años pueden cambiar muchas cosas, pero la diferencia en este caso es radical: Feijóo ha pasado de pedir la condonación de deuda para las comunidades autónomas de manera urgente y necesaria a manifestarse completamente en contra a tal medida solo porque procede del Ejecutivo al que le hacen la oposición. Huelga repetir que las comunidades que dirige el Partido Popular serían las más beneficiadas por este mecanismo, que, además, es de carácter voluntario para quien lo solicite y no de obligado cumplimiento por orden estatal.
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Ante lo sucedido en La Vuelta Ciclista en la etapa de Bilbao, cuando una protesta por Palestina y contra el genocidio en Gaza suspendió el final de la meta, su trascendencia fuera de las fronteras españolas ha declinado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo haya aplaudidado alabando el «gran trabajo» del equipo Israel-Premier Tech «por no ceder ante el odio y la intimidación».
«Estáis haciendo que Israel esté orgulloso», ha difundido este viernes en un breve mensaje a través de las redes sociales en el que ha felicitado de manera expresa al dueño del citado equipo, el empresario Sylvan Adams. «Buen trabajo», les ha dicho a este y a su equipo.
Sus palabras se producen después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se haya mostrado «partidario» de que se expulse al equipo israelí de la competición bajo el argumento de que es necesario enviar un «mensaje» a Israel como en su momento se hizo con Rusia de que no pueden seguir participando en las competiciones deportivas como si no hubiera pasado nada.
La Embajada israelí también ha criticado las protestas contra la presencia del equipo israelí, con manifestantes con banderas palestinas y pancartas contra la existencia de Israel. «Es inaceptable ver el odio y la demonización contra los israelíes», escribió este miércoles a su vez la nueva encargada de negocios de la Embajada, Dana Erlich.
En su opinión, el «odio» que se vio contra el equipo israelí durante la etapa de ese día en Bilbao, donde las protestas obligaron a adelantar la meta y dejar sin ganador la jornada, «no es ‘político’, no es un llamamiento a la ‘paz’, es un llamamiento a la destrucción de un país».
Según la diplomática israelí, carteles como los que exhibieron los manifestantes propalestinos, entre ellos algunos en los que instaba a destruir Israel -como el que muestra en una captura que acompaña su mensaje- «no pueden ser tolerados en España, ni tampoco esta incitación al odio».
En la misma línea se pronunció tras ese suceso Dan Poraz, ministro consejero y hasta hace unas semanas encargado de negocios de la Embajada. «Esto no es una protesta; es un intento de aterrorizar a los deportistas», denunció en un mensaje en la citada red social. A su juicio, «no es ‘pro Palestina’; es 100% anti-Israel» y tampoco «se trata de ‘paz’, sino de un odio salvaje y profundo».
Así las cosas, el diplomático israelí, que ha estado representando hasta agosto al Gobierno de Benjamin Netanyahu desde mayo de 2024 cuando retiró a su entonces embajadora por el reconocimiento de Palestina, sostuvo que «es una vergüenza absoluta que haya políticos que respalden esta barbarie».
Netanyahu llama «fascistas» a los manifestantes propalestinos contra su Gobierno
Estas declaraciones, referidas a lo acontecido en nuestro país, coinciden casi en tiempo y forma con las protestas consecutivas que se dan en el Estado hebreo, desde donde hace meses multitudes ciudadanas claman por el alto el fuego en Gaza y el cese de la violenta ofensiva israelí. Unas demandas que no casan con la pretensión de Netanyahu de expandir y conquistar la totalidad de la Franja. Ante este contexto, las manifestaciones en contra de su Gobierno se han acrecentado e incluso el primer ministro ha llamado «fascistas» a los simpatizantes propalestinos.
«Amenazan con asesinarme a mí, al primer ministro, y a mi familia, a diario. También están prendiendo fuego. Dijeron que rodearían mi casa, la del primer ministro, con un anillo de fuego, como bandas fascistas», ha declarado el mandatario israelí después de que esta madrugada varias personas prendieran fuego a algunos vehículos junto a su residencia en Jerusalén.
Netanyahu ha insistido en estos términos en que los manifestantes en contra de la masacre que el Ejército israelí sucumbe a la Franja de Gaza «hablan y se comportan como fascistas»: «Lo que ocurre aquí es simple. No hay control, y cuando no lo hay se intensifica la violencia. Empezaron rompiendo bloqueos de carreteras e intentaron romper vallas, después lanzaron bengalas que casi queman vivo a un guardia cerca de mi casa, y ahora están formando un círculo de fuego», criticó este miércoles, señalando que dichas manifestaciones están «financiadas, organizadas y politizadas contra el Gobierno».
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La DANA del 29 de octubre afectó en mayor o menor medida a 115 centros educativos públicos, que contaban con 48.721 alumnos, según cifras de la Conselleria de Educación. El curso escolar quedó interrumpido prácticamente en toda la zona afectada y su reanudación fue muy desigual, de manera que, como norma general, se suele hablar de un curso perdido y se equipara la situación a la que se vivió durante la pandemia de Covid-19.
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La afectación estructural de los centros también fue muy variada. Los que quedaron mejor parados pudieron regresar a la actividad tras un mes de duro trabajo de limpieza, generalmente ejecutado por las familias y la comunidad educativa. Muchos otros, con menor suerte, tuvieron que ser reubicados en otros centros, a los que los alumnos se desplazaban con un servicio de autobuses.
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De entre toda la casuística de incidencias, hay ocho centros que son los que, sin duda, se llevaron aquel día la peor parte, ya que los edificios sufrieron tantos daños estructurales que fueron declarados en ruina y quedaron pendientes de derribo. Unos 4.000 alumnos están adscritos a estos centros.
Se trata del CEIP Carme Miquel, en El Raval de Algemesí, y el CEIP Blasco Ibáñez, en Alginet, ambos en la comarca de la Ribera Alta; el IES Alameda, en Utiel, comarca de Requena-Utiel; el CEIP Orba de Alfafar, el IES Berenguer Dalmau, en Catarroja; el CEIP Horta, en Paiporta, y la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives, en Massanassana, todos en la comarca de L’Horta Sud.
Promesas incumplidas
Fuentes de la comunidad educativa consultadas explican que desde la Conselleria de Educación se les aseguró que los alumnos desplazados de sus centros podrían volver a dar clases en ellos después de las vacaciones de Pascua, con la habilitación de aulas prefabricadas. No fue así. La gran mayoría, de hecho, acabó el curso en el centro donde habían sido reubicados.
En junio, Mazón volvió a repetir la promesa, pero ahora en público y con un tono solemne: todos los alumnos de los centros afectados comenzarían en septiembre el nuevo curso en sus centros, con la habilitación de aulas prefabricadas. Mazón dio una fecha concreta —el 8 de septiembre— y una cifra —el 100%—. A unos días de la vuelta al cole, José Antonio Rovira, el conseller de Educación, ha vuelto a matizar la promesa: unos 600 alumnos verán retrasado el inicio de curso mientras se acaban de acondicionar las aulas prefabricadas.
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Este anuncio no ha cogido por sorpresa a las familias de los centros afectados, antes al contrario. En junio, poco después del anuncio de Mazón, Rubén Pacheco, presidente de la federación de familias FAMPA València, aseguraba en declaraciones a Público que “nadie se cree” la promesa de Mazón sobre que todos los alumnos afectados por la DANA volverán a estudiar en sus municipios el próximo curso.
No se equivocó Rubén Pacheco. De hecho, la rectificación de facto de conselleria se producía como respuesta a una denuncia de STEPV-Intersindicat, el sindicato mayoritario en el sector, que describía la situación en los días previos al inicio de curso como de “abandono total” de las comunidades educativas por parte de la conselleria y, así mismo, planteaba dudas sobre el cumplimiento del calendario.
Sin protesta, no hay escuela
En general, las comunidades educativas tienen la sensación de que la conselleria actúa siempre como reacción a sus denuncias, pero no se sienten acompañados ni escuchados. Carlos Moreno, educador de la escuela infantil Rabisancho de Alfafar, ubicada en el barrio del Parc Alcosa y vinculada al CEIP Orba, explica todo un historial de tiras y aflojas que podría representar perfectamente el periplo vivido en otros centros.
Después de la DANA, la escuela infantil quedó muy tocada, pero, a diferencia del CEIP Orba, no haría falta derribarla para construir un nuevo edificio. Moreno explica que, de hecho, se les aseguró que, para final de año o después de Navidad, los niños podrían volver al centro a seguir el curso en aulas prefabricadas. Mientras tanto, serían reubicados en el CEIP Sant Ignasi de Picassent.
No fue así. El curso avanzaba y las promesas se incumplían. La comunidad educativa del Rabisancho protestaba. En una de estas movilizaciones, anunciaron una concentración frente al solar donde se preveía que se ubicaran las aulas prefabricadas, precisamente para denunciar que no se había colocado ninguna. En vísperas de la protesta, se colocó una aula. Pero así se quedó. Sin más.
En la escuela infantil Rabisancho, como en el CEIP Orba, tienen muchas dudas que el curso podrá empezar el día marcado. De hecho, aún no han podido entrar a su centro, ya que aún no se ha emitido el certificado de fin de obra. Una de las actuaciones que se debían de llevar a cabo era la retirada del techo de amianto. Moreno desconoce el estado en que se encuentra y alerta de la incertidumbre que esto provoca.
Estado de las obras de acondicionamiento en el CEIP Orba de Alfafar a menos de una semana del inicio de las clases.
Dos de tres en Massanassa
Massanassa es una de las localidades más afectadas. De los tres centros educativos que hay en el pueblo, dos tienen que ser derribados y construidos de nuevo: la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives. Según denuncia STEPV-Intersindical, la conselleria aún no ha comunicado ni la fecha de inicio del curso para estos centros. De hecho, desde el sindicato apuntan que “al ver el retraso con el que avanzan las obras, hay dudas de que el curso pueda empezar antes del final de mes o, incluso, en octubre. El ayuntamiento ha cedido un espacio de gimnasio a cada una de las escuelas, que no disponen de ordenadores, impresoras, conexión de wifi para ir avanzando faena y por ello el profesorado se tiene que reunir en el polideportivo”.
En este sentido, el AMPA de Lluís Vives y Ausiàs March denuncia que las obras de las aulas prefabricadas “siguen en una situación muy preocupante, con elementos indispensables aún sin finalizar” y que “no se ha recibido ninguna notificación oficial sobre la fecha real de inicio del curso ni alternativas para las familias”.
Es por ello que han convocado un acto de protesta para el día oficial del inicio de curso, es decir, el lunes, 8 de septiembre, a las 9.00 horas, en que se leerá un manifiesto y, más tarde, a las 10.00, FAMPA-València realizará una rueda de prensa para informar sobre el inicio del curso 2025-2026. Tras la rueda, las familias se dirigirán a la puerta del Ayuntamiento de Massanassa para leer nuevamente el manifiesto.
Siguiendo la misma tónica que explicaba Carlos Moreno para la escuela infantil Rabisancho de Alfafar,Alex Caraval, de la asociación de familias que agrupa la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives de Massanassa, también comparte la misma sensación de no solo no sentirse acompañados por conselleria, sino de que esta siempre actuaba, cuando lo hacía, a remolque de sus denuncias.
Caraval pone como ejemplo que la ubicación escogida inicialmente para las aulas prefabricadas donde se instalaría el centro provisional era un descampado donde se fueron depositando centenares de coches que la barrancada se había llevado por delante. Un solar de aquellos que se hicieron famosos por haberse convertido en un cementerio de vehículos, unos amontonados encima de otros. Con las correspondientes filtraciones de combustible, químicos, grasas, etc. ¿Era el lugar más adecuado para un centro de infantil y primaria?
La comunidad educativa se movilizó y consiguió que el ayuntamiento, como explicaba el comunicado del STEPV-Intersindical, cediera las instalaciones de un polideportivo, con lo que, además de poder disfrutar de una pista que no se utilizaba como patio, también disponen de otras instalaciones necesarias para una escuela de estas características.
Se da la circunstancia, además, que el CEIP Lluís Vives es donde murió el operario que la Conselleria de Educación había enviado a realizar trabajos en el centro, a pesar de que el ayuntamiento ya había alertado del peligro de derrumbe en se encontraba el edificio.
Instalación de barracones para el CEIP Lluís Vives de Massanassa a menos de una semana del inicio de curso.
Una escuela frente a un parque lleno de vidrios rotos
Las aulas prefabricadas en que se convertirá el CEIP Carme Miquel de El Raval de Algemesí se han comenzado recientemente a agrupar, pero ello no ha despejado las dudas en la comunidad educativa —antes al contrario— de que estén listas para empezar el curso en la fecha señalada. Además de falta de información, la sensación generalizada es de retraso respecto a lo previsto.
El edificio del colegio quedó en ruinas después de la DANA, pero su derribo aún está por ejecutar.El centro sufrió tal estado de abandono que se convirtió en un narcoedificio. Si bien se tapió, no se actuó en el parque y en el patio de la guardería, que justo queda enfrente de las aulas prefabricadas que se convertirán en el nuevo colegio. Esto supone un riesgo evidente, ya que,a tan solo un par de pasos de su escuela, los niños se pueden encontrar con una zona abierta con vidrios rotos y todo tipo de peligros.
Las aulas prefabricadas se ubican en una zona un poco más alejada del río y un poco elevada, respecto al edificio del colegio. ¿Pero es suficiente? Si se volviera a repetir una DANA como la del octubre pasado, ciertamente no. Es el mismo caso de las aulas prefabricadas para el Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa: la zona también se inundó. El hecho de que los barracones además estén construidos con rejas en las ventanas no ayuda a tranquilizar a las familias, que explican que desconocen si conselleria ha tomado prevenciones ante inundaciones. Los retrasos, las prisas de última hora y la falta de información generan incertidumbre al respecto.
Vuelta a los barracones
“¿Quién me iba a decir que un día me alegraría por ver que mis hijos irían a una escuela en barracones?”. Esta es una pregunta que, llena de perplejidad, es recurrente entre las familias de los centros afectados. Las aulas prefabricadas —barracones, en el lenguaje coloquial menos aséptico— fueron la imagen de la educación valenciana durante las dos primeras décadas de los años 2000. Se convirtieron en algo habitual, cotidiano.
Si los gobiernos conservadores no apostaron por la educación pública como prioridad, el déficit crónico de financiación de la autonomía y la corrupción, con el escándalo de CIEGSA, la empresa pública creada para la construcción de centros educativos, hicieron el resto. Cuando el PP perdió la Generalitat, en 2015, había 27 centros educativos que aún se componían íntegramente de barracones.
En 2023, cuando el PP volvió a recuperar el gobierno de la Generalitat, después de dos legislaturas de gobiernos progresistas, aún quedaban barracones, pero los 27 centros que se componían íntegramente de ellos ya se habían construido. Por el camino, un buen número de valencianos cursaron toda su escolarización en barracones, desde el colegio al instituto.
Este miedo vuelve a las familias. En muchos de los centros afectados, de hecho, los barracones no llegan ahora, después de la DANA, sino que vuelven. Otro problema común que reportan las familias es que no hay fecha para que se ponga en marcha la construcción del nuevo centro. No tienen noticias al respecto y el derribo del antiguo empezó ya acumulando retrasos o, incluso, no tiene fecha tampoco. Si se hacen los cálculos, muchos se temen que sus hijos, una vez entren en los barracones, no saldrán hasta que no lo hagan también del centro. Y la historia se volverá a repetir.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, podría haber estado junto al rey Felipe VI en la inauguración del curso judicial este viernes, pero elegía acompañar a la lideresa regional en Arganda del Rey, desde donde el partido de Madrid daba el pistoletazo de salida a la etapa post estival.
Allí se sentaba nada menos que al lado de Ana Millán, bautizada como la ‘Santos Cerdán de la presidenta madrileña’ por el cargo de confianza que desempeña en el equipo de la lideresa regional.
Históricamente protegida de la responsable regional, su número tres se encuentra imputada por cuatro delitos –prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude de administración– desde 2022. En los últimos días, Más Madrid ha solicitado una nueva prórroga de seis meses al entender que queda pendiente la práctica de varias diligencias.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha recordado además que la localidad de Arganda del Rey es “una de las localidades más azotadas por la corrupción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid”. “Representativo y quizá premonitorio del año judicial. A ver cómo y desde dónde lo clausuran”, ha dejado en el aire. El PSOE de Madrid (PSOE-M) tampoco ha dejado la imagen en stand by y la ha compartido en sus redes sociales.
Feijóo se jacta “de no estar allí”
Feijóo ha defendido no compartir espacio este viernes con el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz y, con ello, su desplante a Felipe VI. “Solo puedo decir lo que siento. Me alegro de no estar presente allí”, ha indicado.
De la mano de la presidenta de Madrid, el gallego llegaba a comparar a Pedro Sánchez con Francisco Franco. “El único que creía que las elecciones era un incordio era Franco”, ha apuntado.
El expresidente de la Xunta pasaba por alto que tenía junto a él a una persona cercado por la Justicia: “(Sánchez) teme por lo que la Justicia sabe y puede llegar a saber (…) Su estrategia consiste en señalar a los jueces para que no le señalen a él. Está a dos semanas de decir que en España hay presos políticos”.
Antes de cerrar este punto no aclaraba si la independencia de los jueces se podría lograr “controlando por detrás” la sala segunda del Tribunal Supremo o si la pérdida de miedo a investigar a los políticos también permitiría a la fiscal del caso Montoro o de la DANA a continuar sus investigaciones sin la obstaculización de la derecha.
Ayuso se lo agradece
Previamente, Ayuso quiso agradecer al presidente del PP haberle acompañado en Arganda del Rey. “Gracias por habernos elegido. Somos más cumplidores y dignos que los que hoy te estaban intentando dar lecciones desde un lugar en el que has decidido presentarnos para no estar. Gracias por no normalizar lo que no es normal”.
La jefa del Ejecutivo de Sol acusaba que “no cabe más corrupción” en relación a la gestión que a su juicio está llevando a cabo el equipo de La Moncloa. “Sigue el manual de estilo de cualquier dictadura (…) Va al choque con todos: jueces contra jueces, ciudadanos contra ciudadanos, medios contra medios, eligiendo cada palabra cada comportamiento, hablando de ‘fachosfera”.
La presidenta del PP en la Autonomía afeaba que “el fiscal general procesado da lección”. “La corrupción no le va a echar, porque la corrupción le ata (…) Son corrupción y mafia, pero te dan la mano y dicen que somos muy moderados. Como Illa, que se ve con un prófugo con dos ficus. ¿Esos son los símbolos que nos quieren vender en una república bananera?”.
En lo que se refiere a Ana Millán, los delitos se le atribuyen en la época en l a que operaba en el Ayuntamiento de Navalcarnero. En aquel momento recibió pagos del empresario Francisco Roselló en lo que pasó ser una pieza separada del caso Gürtel , al que la Concejalía de Juventud de Arroyomolinos, a la que pertenecía Millán, adjudicó varios contratos por valor de más de 660.000 euros entre 2006 y 2011. Este dinero, repartido en siete contratos públicos, contribuyó al pago de la hipoteca y la comunidad de Millán.
Ayuso usó para defenderla el tono victimista al que acostumbra, indicando que todo formaba parte de un plan orquestado contra ella. “Es mi apellido lo que tienen encima (…) Vale el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso, el novio de Ayuso… Da igual. Es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima”, ha sostenido en alguna ocasión.
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«Confieso que pertenezco a la manosfera, confieso que soy culpable (…) Y hoy me siento mujer, no me lo discutan, me llamo Francisca Javiera, que les llevo por delito de odio a un tribunal». Con estas y algunas otras burlas ha intervenido el exmagistrado del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego,
en la jornada negacionista que ha organizado Vox en el Congreso. Sus palabras dan pista del tono que se ha mantenido a lo largo de las tres mesas de ponentes, donde se han desplegado todo tipo de mensajes que no solo ningunean los avances en derechos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+, sino que además culpan a los feminismos y a las políticas públicas que desde estos movimientos se han impulsado de ser las verdaderas responsables de la violencia y de una supuesta «destrucción de la sociedad».
En teoría, el epicentro de la jornada iban a ser las «denuncias falsas», si bien en toda la mañana apenas se ha aludido dos veces -y mucho menos se ha explicado- a la ínfima cifra de denuncias falsas registradas en nuestro país. Un dato que, como informan cada año desde el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, apenas ronda el 0,01%.
Jurídico-político. ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?, Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la LIVG (Ley Integral contra la Violencia de Género) en nuestra sociedad?, y Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?, han sido los tres bloques que han mantenido ocupada la sala Ernest Lluch desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas, aproximadamente. Si bien no sería de extrañar que varias de las cosas que allí se han escuchado hubieran salido en una conversación de sobremesa o en la barra de un bar, lo cierto es que muchas de las premisas de las que partían suponen en sí mismo una conquista para el relato que los feminismos llevan mucho tiempo haciendo valer.
Rocío de Meer, diputada de Vox, ha comenzado su intervención arremetiendo contra los medios de comunicación que se han hecho eco de las críticas que ha recibido la jornada, asegurando que su partido quiere dirigirse a la ciudadanía «sin el filtro morado del feminismo hegemónico».
La diputada también se ha manifestado contraria a los actos de memoria y el reconocimiento a las víctimas de violencia machista: «¿Por qué solo tenemos que llorar por las mujeres asesinadas que a ellos les interesa? ¿Por qué no importan los hombres?», ha dicho. Al inicio, de hecho, toda la sala ha guardado un minuto de silencio por «todas las víctimas». Un ejercicio que poco tenía que ver con los vetos habituales de Vox a conmemoraciones por el 8M o 25N, y su oposición firme a participar en minutos de silencio institucionales.
Otro de los ponentes, Jesús Muñoz -de la asociación ANAVID- ha cargado directamente contra la LIVG y contra las feministas, a las que ha responsabilizado de buena parte de los «males» que adolecen nuestras sociedades. «Me habéis pedido ayuda cuando las tinieblas del feminismo han entrado por vuestra casa«, ha proclamado, antes de señalar a Argentina como ejemplo de lo que, según él, ocurre cuando el feminismo «arrasa la sociedad al completo». Con mención especial a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Y no le falta razón. La lucha por la libertad y contra la violencia hacia las mujeres ha extendido sus raíces como nunca antes de un tiempo a esta parte.
Vista de una pantalla informativa en unas jornadas impulsadas por Vox.
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Algunas de las ideas sobre las cuales han discurrido en la jornada son, efectivamente, conquistas feministas. Una de las psicólogas que ha participado, por ejemplo, mencionaba nada más y nada menos que el hecho de que el feminismo quiere acabar con el arquetipo de familia y maternidad tradicional, a través del derecho al aborto y los anticonceptivos. La salud sexual y los derechos reproductivos costaron, como la hemeroteca constata, muchos años de lucha.
La abogada Patricia Anzoátegui, por su parte, ha llevado más lejos el discurso negacionista. Al igual que otros ponentes, ella no ve la existencia de la violencia de género, a pesar de las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003, pero sí un negocio: «Es un instrumento para tener caja», ha dicho, señalando que la ley de 2004 se diseñó para «destruir la credibilidad judicial», y llenar todo de cursos y programas que generan ingresos a sus promotores.
Lo que ocurre es que su relato se corresponde poco con la realidad. Si acaso se invierte dinero en poner fin a la violencia de género y la violencia sexual es también por el impacto económico que supone, que en 2022 fue concretamente de 4.933 millones de euros. Esto es, el 0,37 % del PIB de España y 104 euros per cápita, según el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022. La mayor parte de ese coste lo soporta el sector público (2.562 millones, un 85%), en segundo lugar las víctimas (247 millones, un 8,2%), después las empresas (150 millones, un 5%), los familiares y amigos (1,6%) y, por último, el tercer sector (0,2%).
Anzoátegui ha pedido «proteger a los hombres» y se ha lanzado a proponer al resto de mujeres que estaban en la sala a participar de la que ha bautizado como la «quinta ola feminista», que según ella estaría formada por quienes defienden a los hombres porque «esos hombres fueron niños». Una defensa de la igualdad parcial, para variar, que también se ha contradicho en reiteradas ocasiones con la criminalización de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
Su compañero en el Observatorio de Falsas Denuncias, el abogado Rubén Melloni, ha intervenido en la misma línea para cuestionar la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia machista, pidiendo que se prioricen los sentimientos y el bienestar familiar por encima todo… ¿Quizá incluso por encima de la protección inmediata a las víctimas? Lo que puede que Melloni no ha considerado es que, en 2025, solo el 20% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia previa. Es más, hay comunidades como Madrid donde ni siquiera cuando se atreven a denunciar son siempre protegidas. En esta región se denegaron algo más de la mitad de las solicitudes de órdenes de protección en 2024, con 3.532 denegaciones de un total de 6.330. Mientras, a nivel nacional la cifra ronda el 70%.
Samuel Vázquez, policía nacional, miembro de Vox en cuestiones de migración y seguridad y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, por su parte, ha creído apropiado establecer esta comparación: «Cuando yo era pequeñito un profesor le pegaba a cualquier compañero mío que hiciera una trastada. Un profesor le daba un bofetón a un niño y cuando llegaba a casa el padre le daba otro para remarcar la autoridad de profesor. Hoy en día un profesor le da un bofetón a un niño y acaba detenido. La forma en la que afrontamos la violencia se ha transformado en toda la sociedad, también en la familia«. Todos los ponentes estaban ahí para contar la «verdad», abrirnos los ojos frente al «relato único», al «socialismo» y sus leyes que solo buscan «destruir la familia» y la «nación»; pero nadie en esa sala exponía cifras oficiales. No ya del Ministerio de Igualdad, ese que consideran la materialización misma de todo lo que desprecian; sino de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a quienes reivindican muy a menudo.
La única información incontestable y a la que todo el mundo tiene acceso es que, desde la aplicación de la ley contra la violencia machista, la cifra anual de mujeres asesinadas ha pasado de 71 a 50, suponiendo un descenso del 32,4%. Aún así, desde el año 2013, 65 menores han sido asesinados por agresores machistas en España. Además, 485 niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista tras el asesinato de sus madres.
Estas cifras reflejan el devastador impacto que la violencia de género tiene no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus familias, especialmente los menores. Sobre el origen de los agresores sexuales, el 68,8% registrados durante este año tienen nacionalidad española, frente al 32% de otras nacionalidades.
Y, acerca de las denuncias falsas: en 2023 apenas se incoaron 12 causas por denuncias falsas en materia de violencia de género, una cifra ridícula en comparación con el volumen total de procedimientos abiertos. De esas causas, además, muchas acaban archivadas por falta de pruebas, lo que significa que las condenas efectivas son todavía menores. «El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084%. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio, el porcentaje total alcanzaría al 0,00945%», establece el portal de la Fiscalía.
En paralelo, los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en 2023 sentencias condenatorias en el 92% de los casos enjuiciados. Por lo que, lejos de apuntar a un abuso del sistema, los datos reflejan que, cuando los procedimientos llegan a juicio después de haber presentado una enorme cantidad pruebas, por otra parte, muy difíciles de demostrar -dado que la prueba principal es el testimonio de la propia víctima-, la constatación de la violencia es abrumadora, tal y como ya se explicó en este artículo.
Nada de esto parece importarle a la ultraderecha que, como ha explicado muy detalladamente Samuel Vázquez, lo tiene claro: las políticas migratorias, las luchas feministas y para frenar la crisis climática con todas las incertidumbres y cambios que conllevan son las tres grandes «claves» de «la política» de nuestro siglo. Y con política también quieren decir votos.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Banderas, pancartas, kufiyas. Bilbao se vistió este miércoles de los colores de la bandera palestina para albergar la undécima etapa de La Vuelta. Una etapa con un final inesperado. No hubo un ganador. De hecho, solo uno de los ciclistas, el británico Tom Pidcock –tercero en la clasificación general– llegó a cruzar la línea de meta. Sin perder la oportunidad para lanzar un mensaje a los medios: «El ciclismo no tiene nada que ver con lo que está pasando». ¿Pero qué está pasando? Desde que empezara la competición deportiva, el pasado 23 de agosto, La Vuelta se ha convertido en el escenario de movilizaciones multitudinarias en favor de la causa palestina. En contra del genocidio de Israel. Con un objetivo claro: forzar la expulsión del equipo del Estado sionista, el Israel-Premier Tech.
«La cita de Bilbao ha sido todo un éxito», valoran los convocantes. La presión ejercida por los manifestantes forzó que la etapa finalizara a tres kilómetros de la meta, sin ganador oficial y tirando de los cronos de la montaña y el esprint intermedio. Pero hay algo más importante. Han conseguido colarse en los titulares de la prensa internacional. Y en una de sus secciones más populares, el universo deportivo. Dando voz a la resistencia palestina. «Llamando a las cosas por su nombre», matiza Lidón Soriano, activista de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. «Se acabó la complicidad con las políticas de apartheid, limpieza étnica y colonización que está desplegando el Estado de Israel en Palestina», incide la activista. «El deporte no puede servir de escenario para blanquear un genocidio«, denuncia.
«Es un caso de ‘sportswashing’ de manual. Deporte y política van de la mano», traslada Lidón Soriano
Desde la ciudad italiana de Turín hasta el municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, los manifestantes, organizados en torno a la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, han protagonizado pitadas, cortes de carreteras y todo tipo de acciones reivindicativas. «El boicot deportivo lo llevamos moviendo muchos años, pero nunca habíamos conseguido este nivel de coordinación, de seguimiento y, sobre todo, de impacto», refiere Soriano. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? «Han coincidido una serie de elementos. Especialmente el nivel de brutalidad de la agresión que está cometiendo Israel sobre Palestina, utilizando el hambre como arma, lo que ha disparado la indignación de la gente«, apunta la activista. No es para menos. Según las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, de las casi 70.000 víctimas oficiales, al menos 370 han fallecido de inanición, 131 de ellas niños. También han tenido mucho que ver las posibilidades que ofrece el propio ciclismo. «Es un deporte que pasa directamente por las carreteras de los pueblos. La gente se ha ido sumando, a través de asociaciones locales o incluso por su cuenta», asegura la portavoz de la plataforma.
La acogida de las protestas ha sido desigual. Para unos, un ejemplo de solidaridad para la comunidad internacional; para otros, una forma de violencia injustificada. «Ayer la vuelta de España volvió a convertirse en el chivo expiatorio de un fanatismo de otro tipo, infinitamente menos peligroso que el etarra, pero incapaz igualmente de respetar las libertades públicas. Boicotear La Vuelta no es un acto democrático, es una manifestación más de radicalismo», defendía Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, en el espacio radiofónico de la COPE. En la misma línea -y la misma cadena- se había pronunciado el comentarista deportivo Juanma Castaño: «Estoy convencido de que había algunos de los que llevaban banderas palestinas que estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares». Una postura antagónica a la defendida por el periodista Manu Carreño en el programa El Larguero, de la Ser. «La gente se ha atrevido a hacer lo que no se atreven a hacer los organismos internacionales del deporte«, señalaba el presentador.
Protestas en Los Corrales de Buelna, en Cantabria.
Pero el debate ha trascendido más allá de los medios de comunicación. Alcanzado a los propios corredores. «La sensación es un poco de incertidumbre. Pero hay que dejar una cosa clara: ninguno de los otros 22 equipos ha pedido por el momento -como parecen insinuar algunas informaciones- que se excluya al equipo de Israel. Tampoco han dado señales de barajar la posibilidades de retirarse», afirma Juan Clavijo, comentarista de Eurosport. Donde sí han emergido las dudas sobre la participación del conjunto israelí ha sido en el núcleo mismo de la organización de La Vuelta. Este miércoles, Kiko García, director técnico de la carrera, ponía sobre la mesa una posible retirada voluntaria del equipo hebreo. «Solo hay una solución ahora mismo. Que el equipo asuma que estando no facilita la seguridad de todos los demás», dejaba caer en declaraciones a la Ser.
No tiene pinta de que vaya a pasar. «Si abandonamos aquí, sabemos que en cada carrera a partir de ahora seríamos el objetivo. Sería el cierre del equipo», ha declarado ante los medios el director del conjunto israelí. «¿Qué hacemos con las 180 familias que trabajamos para hacer este deporte?», ha lanzado al aire. Desde la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel responden tajantes. «Cuando un profesional ficha por un equipo deportivo cuya insignia es el nombre del Estado que perpetra un genocidio y cuya bandera lleva en el maillot, sabe lo que hace. Está aportando su cuerpo y esfuerzo para representar a ese país«, indica su portavoz. «Y más con todas las noticias que están saliendo sobre el dueño del equipo, un multimillonario amigo de Netanyahu que ha declarado públicamente que su objetivo es blanquear las políticas de Israel», añade Soriano con indignación.
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Las protestas –insisten desde la plataforma- se encuadran en el marco de la resistencia pacífica. «Quitando algún momento puntual de gente presa de la indignación, todas las movilizaciones han seguido un protocolo. Para cortar las carreteras la gente va con chalecos, para que se les distinga bien. Y permanece inmóvil, sin actitud agresiva y nunca con la intención de tirar a los ciclistas«, asegura la activista. No se ponen en riesgo en ningún momento –insiste una vez más– ni la integridad física ni la seguridad de los deportistas. Los sindicatos de corredores no están tan seguros. «Lo que demandan los ciclistas, algunos de los que pueden estar incluso de acuerdo con el motivo de fondo de las movilizaciones, es prudencia y respeto», señala Clavijo. «Más que nada para evitar cualquier accidente que ponga en peligro, ya no a la caravana de La Vuelta, también a los propios aficionados», completa el comentarista deportivo.
«Los corredores no tienen responsabilidad en nada de lo que está pasando. Ni siquiera La Vuelta, Unipublic, tenía mucho margen de actuación. La exclusión de Israel es una decisión que depende de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que no destaca precisamente por su determinación», continúa el locutor. Un comentario al que Soriano añade algunos matices: «El propio reglamento de la Federación Española de Ciclismo, en su punto 6.a, incluye una cláusula por la que se puede echar a un equipo cuando se considere que daña la imagen de una carrera o del deporte en general. Y están ocurriendo las dos cosas». «Basta de echar balones fuera. Es un caso de sportswashing de manual. Deporte y política van de la mano», sentencia la activista. Que se lo digan al equipo de ciclismo ruso, el Gazprom-RusVelo, apartado de las competiciones internacionales poco después de la invasión de Ucrania.
Movilizaciones convocadas en la etapa decimotercera etapa de La Vuelta, en Asturias, para el viernes 5 de septiembre.
No van a parar. «Seguiremos hasta que consigamos que Israel quede fuera de la carrera», aseguran desde la plataforma organizadora. Ya son públicas las convocatorias para las próximas seis etapas: tres en Asturias y tres más en Galicia. A través de las provincias de Lugo, Pontevedra y Orense. «Israel tendrá que pagar por sus crímenes de guerra y resarcir a sus víctimas. Seguiremos exigiendo que se cumpla íntegramente el derecho internacional«, concluyen los convocantes.
El caso que implica al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el cobro de comisiones a través de Equipo Económico, despacho que el propio antiguo peso pesado del Partido Popular (PP) fundó, por facilitar información confidencial y realizar modificaciones legislativas que beneficiaban a grandes empresas gasistas, de juego y de otras áreas económicas se detonó por la localización casual de un correo electrónico. Y es precisamente una cuenta de e-mail la que está hundiendo al que fuera uno de los pesos pesados durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Todo apunta a que Montoro se ubicaba en la cúspide de la organización y, pese al chapucero disimulo, el correo aromero@minhafp.es le delata. Ni su nombre ni su primer apellido aparecen en esta dirección, con la clara pretensión de ocultar quien se encuentra detrás, pero sus propios colaboradores trasladaban a los interesados la existencia de este buzón y quién se encontraba detrás. A esta cuenta asociada al Ministerio de Hacienda llegó en 2015, antes que al juez, el escrito con el que la Fiscalía Anticorrupción pidió que no se imputase al PP por su caja B en la Gürtel.
“Para tu información. El jefe tiene una cuenta de mail, a la que mandamos los temas del ministerio: aromero@minhafp.es”. Este mensaje enviado por uno de sus colaboradores a un tercero, revelado por elDiario.es, es el que expone directamente al exministro. Por aquel entonces, el jefe llevaba casi cuatro años consecutivos al frente de Hacienda, a más de los completados durante la segunda legislatura de José María Aznar, y aún quedarían tres para verle traspasar la cartera, por suerte para todos sus allegados económicos.
La investigación ha estado bajo secreto de sumario muchos años y llegar a Montoro no ha sido sencillo debido al boicot activo de varias figuras destacadas de la judicatura que han accedido en la carrera durante el dominio del PP. La que más se ha expuesto ha sido la fiscal del caso Carmen García Cerdá, que intentó abrir una línea de investigación sobre el tráfico y uso que daba el exministro a la información privilegiada con la que contaba por el desempeño de su cargo, pero fue imposible.
Alejandro Luzón, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción que apoyó al PP en la Gürtel, lo impidió con la ayuda inestimable de su número dos, Antonio Romeral, tal y como ha relatado este medio a lo largo de los últimos meses. Estos dos fiscales representan el principal obstáculo para que no se amplie la investigación contra el exministro y, para ello, el mandamás de Anticorrupción ha asignado a su subordinado, casualidades de la vida, la supervisión censora de la fiscal del caso, que quiere ir más allá en las pesquisas.
Trabas a la investigación
Desde hace varios años, para la fiscal García Cerdá está siendo imposible avanzar ante el bloqueo de Luzón y Romeral, viejos conocidos en Génova 13. La funcionaria trasladó al número uno de Anticorrupción, a mediados de 2023, la necesidad de ampliar la investigación a correos como el que incluía el escrito sobre la Gürtel, pero ante la negativa de los jefazos se vio obligada arecurrir al artículo 27 del Estatuto Fiscal, que permite a cualquier miembro del Ministerio Público dejar patente su discrepancia con las órdenes recibidas por un superior.
Esto se tradujo en una reunión de fiscales, unos meses después, en la que Luzón hizo fuerza con su camarilla para imponer su praxis, dejando a García Cerdá con tan solo el apoyo de cuatro compañeros, que también consideraban que lo conveniente era ampliar la investigación para conocer cuál era el uso que Montoro daba a la información confidencial de los contribuyentes, muchos de ellos rivales políticos o enemigos íntimos (Juan Carlos Monedero o Esperanza Aguirre), de la que disponía.
Sin embargo, Luzón consideró que traficar con esta información tiene amparo legal y puso fin a las pretensiones de la fiscal al cargo. Así, la Justicia conservadora se salió con la suya y no se ahondó más al respecto, pese a que afectados como el exfundador de Podemos y el propio partido morados fueron afectados por una guerra judicial en la que información delicada y comprometida circulaba, desmontada años después sin ninguna consecuencia para los que al iniciaron y que dañó la estructura de la izquierda, justo cunado Montoro ocupaba el Ministerio de Hacienda.
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El comienzo del año judicial ha llegado con más turbulencias de las esperadas. La situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde de sentarse en el banquillo por la presunta revelación de secretos con el mensaje en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía sus delitos fiscales, ha levantado muchas ampollas en los sectores más conservadores y en el Partido Popular, llegando a pedirle que se ausente del acto inaugural del año judicial y planificando un ‘boicot’ para protestar por que siga en sus funciones pese a este contexto. Las diferentes visiones alrededor de esta situación han protagonizado la palestra mediática durante los últimos días.
El primero en abrir la veda fue Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, al anunciar que no acudirá a la apertura del año judicial en protesta por la situación del fiscal general del Estado. Con esa decisión, Feijóo no solo plantará al fiscal general, sino también al rey, Felipe VI, que es quien preside el acto. Donde sí estará el líder del PP este viernes, no obstante, será en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid.
«Compromisos previamente adquiridos»
Fuentes de Génova explican que el acto coincide en fecha y hora con la inauguración del curso político del PP de Madrid en Arganda del Rey, al que Feijóo asistirá junto a Isabel Díaz Ayuso, y definen este acto como un «compromiso previamente adquirido«, por lo que el gallego no asistirá a la inauguración del año judicial, algo que sí había hecho en 2022, 2023 y 2024, ya sea por haber estado comprometido previamente con ello o por la explicada protesta.
«Feijóo, por tanto, acompañará a Isabel Díaz Ayuso y no asistirá a una apertura del Año Judicial en la que participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ, y que está procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo», señalan estas mismas fuentes. La protesta del PP ha sido señalada desde otros sectores como una «politización del acto judicial», por aprovechar también para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusan, sin mucho que ver con el motivo de sus protestas con el fiscal general del Estado, de «amnistiar a imputados como Puigdemont, indultar a condenados como Junqueras, celebrar que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán y proteger a personas como Begoña Gómez o David Sánchez».
El escrito en protesta y la respuesta de la Fiscalía General
Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado observan con asombro cómo desde el PP y las asociaciones de jueces conservadores se reclama a Álvaro García Ortiz que se ausente del acto oficial deapertura del año judicial que tendrá lugar este viernes en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El acto está habitualmente caracterizado por la solemnidad, con un desfile de autoridades en la plaza de la Villa de París y con el rey Felipe VI como máximo exponente. No obstante, este año se verá alterado por el boicot del líder de la oposición y las previsiblesquejas de los jueces conservadores, quienes, ante la imputación de García Ortiz, emitieron un comunicado para pedir su ausencia y llevan toda la semana apalabrando en chats privados y cenáculos reducidos cómo realizar un desplante al fiscal general que no derive en una falta de respeto a Casa Real ni al resto de protagonistas de la cita.
«Su presencia es un desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al jefe del Estado«, rezaba el texto, en el que las asociaciones mostraban su «rechazo a la presencia en este acto de Álvaro García Ortiz». «Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad», argumentaban.
«Respetamos la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz y será debidamente amparado ante los tribunales, sin embargo, el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos. Por eso, desde aquí queremos solicitar al Fiscal General del Estado que, por respeto a S.M. el Rey y a quienes integramos las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial», sentencia la protesta.
A raíz de la emisión de este escrito, este medio se puso en contacto con fuentes cercanas al fiscal general del Estado para conocer cómo están viviendo estas horas de incertidumbre y ataques directos contra su persona y su presencia en la apertura del año judicial. Incrédulas ante la situación, las fuentes señalaban que «la asistencia del FGE no está en cuestión«: «Es su obligación asistir a este acto como marca la ley. No puede elegir ir o no ir. Desde el momento que sigue siendo FGE, debe cumplir con las obligaciones y responsabilidades del cargo».
En esencia, la petición iría en contra de laLey Orgánica del Poder Judicial, que, en su artículo 181, establece que el líder del Ministerio Público debe presentar la memoria de la Fiscalía en el acto de apertura del año judicial. «Se supone que los jueces y los fiscales conocen perfectamente las obligaciones institucionales y regladas que conlleva el cargo de FGE. El FGE está cumpliendo la ley y no pueden pedirle que la incumpla o protestar porque la cumple», remataron las fuentes.
La filtración, «no atribuible» al FGE según un juez
El pasado mes de julio, la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo rechazó el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en contra de su procesamiento, pero la decisión fue tomada sin un acuerdo total en la sala, ya que el magistrado Andrés Palomo del Arco formuló su voto particular al estar disconforme con el criterio mayoritario de los otros dos magistrados.
Palomo mostró su disconformidad con el voto de los otros dos magistrados al concluir que «no aparece suficientemente justificada que don Álvaro Ortiz haya sido el autor de la revelación de la información contenida en el correo electrónico de 2 de febrero de 2024, ni a la prensa, ni a la Presidencia del Gobierno». «En mi propuesta de ponencia, que restó en minoría, entendía, que para ambos investigados, debió acordarse el sobreseimiento. La valoración de la mayoría ha resultado radicalmente divergente a mi borrador; absolutamente incompatible, por lo que entiendo necesario, que conste el disenso, que no es cuestión de matiz, sino sobre el alcance de la finalidad del auto de prosecución en el procedimiento judicial y la fiscalización judicial del acervo incriminatorio», razonaba el magistrado en primera instancia.
El documento llegó a manos de diferentes periodistas y medios de comunicación antes de que García Ortiz lo tuviera en su poder, según el análisis de diferentes mensajes. «La petición de remisión para su conocimiento de los referidos mensajes a su correo de Gmail, tampoco resulta corroboración alguna indiciaria; dada la hora que era, no deviene significativo, pues aunque no sea habitual, tampoco resulta infrecuente en algunos titulares de direcciones de correo electrónico bajo dominio del ministerio de justicia que alternen sus comunicaciones con correos de otros dominios. Pero, aunque se otorgara fuerza corroboradora de la coincidencia cronológica referida, la destrucción de conversaciones, mensajes y correos electrónicos de sus dispositivos, es patente, que el canon exigido para dictar el auto de prosecución, en modo alguno se alcanza«, argumentaba Palomo.
«Por ende, no resulta posible con el acervo indiciario acumulado, atribuir de una manera mínimamente justificada, la filtración del correo del día 2 de febrero al investigado; de manera que también procedía acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones, respecto del mismo», concluía el magistrado, disconforme con el fallo.
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Este viernes, el rey Felipe VI presidirá el acto de apertura del año judicial, en el que intervendrá el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. No obstante, el monarca recibirá el plantón del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se ausentará en señal de protesta para asistir a un acto junto a Isabel Díaz Ayuso. Y, además, jueces conservadores se están organizando a través de chats en WhatsApp y en reuniones privadas para boicotear al fiscal general, que será procesado por revelación de secretos al estar acusado de haber filtrado el correo electrónico en el que Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, reconocía haber cometido delitos fiscales.
Según ha podido saber este medio, jueces conservadores están buscando fórmulas para boicotear a García Ortiz y en estos días hablan de la necesidad, “casi la obligación”, de que se evidencie de forma clara un rechazo mayoritario por su presencia en el acto solemne de apertura del año judicial.
Buscan formas para lograr su objetivo contra el fiscal general sin faltar el respeto al rey ni a Perelló. Entre estas fórmulas, se barajan para el plante a García Ortiz el no asistir al acto y excusar la presencia, levantarse cuando se disponga a pronunciar su discurso o no entrar al salón donde se celebra hasta que el fiscal termine su discurso.
Lo que esperaban estos conservadores era que el fiscal general del Estado hubiera declinado su asistencia al acto, algo que no ha hecho en línea con la postura que ha adoptado desde el inicio del procedimiento en su contra. Desde el inicio, García Ortiz ha reiterado su inocencia y su compromiso de continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa, algo que han apoyado unánimemente desde el Gobierno.
El plante de Feijóo
Pero este intento de boicot entre los jueces conservadores se suma al anuncio de este miércoles del Partido Popular informando de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no va a asistir al acto solemne de apertura del año judicial porque se había comprometido a acudir ese día y a esa hora a la inauguración del curso político del PP de Madrid en Arganda del Rey.
Feijóo, algo que no había hecho en sus tres años anteriores como presidente del PP, dará plante a Felipe VI en un nuevo intento de politizar la justicia e intentar tumbar al fiscal general del Estado en un caso de filtración que afecta al defraudador confeso del novio de Ayuso que hasta uno de los magistrados de la Sala de apelaciones del Supremo afirmó que no resultaba “posible” atribuirle dicha filtración.
Y aunque desde el PP han justificado la ausencia de su presidente en “el compromiso previamente adquirido” de asistir al acto del PP de Madrid, las críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez y el propio fiscal general evidencian la verdadera razón por la que han decido plantar hasta al rey.
Desde el PP han acusado a Sánchez de amnistiar a “imputados como Puigdemont”, de indultar “a condenados como Junqueras, de celebrar “que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán” y de proteger “a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez”.
Pero toda esta protesta del PP no viene a ser más que una politización del acto judicial después de que el Tribunal Supremo rechazara el recurso del fiscal García Ortiz y lo dejase al borde del banquillo por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, empresario que está investigado por fraude fiscal y falsedad documental, así como administración desleal y corrupción en los negocios.
El procesamiento del fiscal general del Estado
El pasado 29 de julio la Sala de apelaciones del Tribunal Supremo tumbaba el recurso de apelación presentado por el fiscal general del Estado contra el auto de procesamiento dictado por el juez Ángel Hurtado, por lo que sentaba a García Ortiza en el banquillo como presunto autor de un delito de revelación de secretos tras la filtración del correo donde Alberto González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales.
Sin embargo, el procesamiento salía adelante con un acuerdo parcial de la sala, ya que el magistrado Andrés Palomo del Arco emitía un voto particular al mostrar desacuerdo con el criterio de los otros dos magistrados. “En mi propuesta de ponencia, que restó en minoría, entendía, que para ambos investigados, -también para Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, a quien el Supremo estimó el recurso y la dejó fuera del procedimiento judicial- debió acordarse el sobreseimiento. La valoración de la mayoría ha resultado radicalmente divergente a mi borrador; absolutamente incompatible, por lo que entiendo necesario, que conste el disenso, que no es cuestión de matiz, sino sobre el alcance de la finalidad del auto de prosecución en el procedimiento judicial y la fiscalización judicial del acervo incriminatorio. Como resulta del art. 779.1.1a LECrim, debe aparecer suficientemente justificado la perpetración del hecho “delictivo” por parte del investigado”, sostuvo entonces Palomo del Arco.
En líneas similares, este magistrado insistió en que «no basta una narración trabada, verosímil, que si de una obra de ficción se tratara, posibilitase la denominada suspensión de la incredulidad, sino que exige un examen de suficiencia del acervo acusatorio sobre la perpetración del hecho por parte del investigado, donde su participación sea al menos tan posible o fuerte como la contraria». «Y precisamente en autos, entiendo que no existe un fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena», añadió.
El procesamiento, sin embargo, se producía después de que los dos magistrados que decidieron enviar al banquillo a García Ortiz se valieran del argumento de que «es preciso enfatizar que los periodistas que afirmaron conocer o haber visto el correo de 2/02/24 se han acogido a su derecho al secreto profesional, lo que priva a sus declaraciones de toda posibilidad de corroboración, limitando objetivamente la fuerza probatoria de las mismas». Omitían con ello, no obstante, el derecho constitucional a no revelar una fuente en entredicho por parte del periodista, y cuestionando la veracidad de las declaraciones de estos periodistas por el hecho de no revelar las fuentes, más aún, cuando no se acogieron al derecho de no declarar y optaron por ofrecer su versión a la sala, eso sí, protegiendo la autoría de sus fuentes.
Con todo ello, los magistrados concluyeron que “la información acumulada durante la instrucción, en los términos estrictamente indiciarios que corresponden a este momento procesal, es que los distintos periodistas que cubrían el caso tenían, si acaso, alguna información fragmentaria pero no tenían noticia del contenido del correo de 2/02/24 que es precisamente el que fue filtrado, dentro de los indicios en los que nos movemos, al periodista de la Cadena Ser».
En líneas similares, en el auto, el juez Hurtado defendía argumentos como: «Aunque el periodista manifestó que había hablado con el Sr. García Ortiz antes de ser Fiscal General del Estado lo cierto es que el día 13/03/24 el citado Fiscal recibió una llamada del teléfono del periodista y poco después un SMS (21:38:12 y 21:38:16) lo que evidencia que el periodista tenía posibilidad de comunicación directa con el Fiscal General». Sin embargo, con este argumento el juez del Alto Tribunal mostraba desconocer que todos los periodistas de tribunales de España tienen esta comunicación directa con el fiscal general, pues este fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y todos tienen su móvil.
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Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, no acudirá a la apertura del año judicial en protesta por la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien está al borde de sentarse en el banquillo. Pero con esta decisión, Feijóo no solo plantará al fiscal general, sino también al rey, Felipe VI, que es quien preside el acto.
En cambio, Feijóo participará el viernes en la inauguración del curso político del PP de la Comunidad de Madrid. Fuentes de Génova apuntan que el acto coincide en fecha y hora con la inauguración del curso político del PP de Madrid en Arganda del Rey, a la que Feijóo asistirá junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y ante este “compromiso previamente adquirido”, Feijóo no asistirá a la inauguración del año judicial, acto al que sí había asistido en sus otros tres años como presidente del PP.
“Feijóo, por tanto, acompañará a Isabel Díaz Ayuso y no asistirá a una apertura del Año Judicial en la que participa un fiscal general del Estado que incurrió en desviación de poder según el propio CGPJ, y que está procesado y a la espera de ser juzgado por el propio Tribunal Supremo”, señalan estas fuentes.
Además, desde el Partido Popular aprovechan la ocasión para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ente al que acusa de amnistiar a “imputados como Puigdemont”, indultar “a condenados como Junqueras, celebrar “que se anulen las condenas a Chaves y a Griñán” y proteger “a personas como Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez”.
Y por ello, Feijóo ha decidido que acompañará a Ayuso en la clausura en Arganda del Rey de las tradicionales jornadas con las que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional da inicio al curso político. Este encuentro se celebrará por quinto año consecutivo en esta localidad madrileña.
Toda esta protesta del Partido Popular, que no viene a ser más que una politización del acto judicial, viene después de que le fiscal García Ortiz esté al borde del banquillo por revelación de secretos por la presunta difusión del correo electrónico en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba delitos fiscales en nombre de su cliente, que está investigado también por fraude fiscal y falsedad documental, así como administración desleal y corrupción en los negocios.
No obstante, esta decisión se tomó en el Tribunal Supremo tras el recurso del fiscal general del Estado con un voto particular que señalaba que no aparecía suficientemente justificada que García Ortiz hubiera sido el autor de la revelación del correo electrónico.
Procesamiento del fiscal general
El fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por la supuesta revelación de datos reservados de Alberto González Amador. El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por la defensa del fiscal general y consideró que hay indicios suficientes para el procesamiento por la revelación de secretos.
Pero uno de los tres magistrados formuló su voto particular. Pese a ello, la mayoría optó por el procesamiento y García Ortiz será juzgado, sin opción de recurso. Junto a Ortiz, también había sido procesada Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, a quien el Supremo estimó por unanimidad el recurso y la dejó fuera del procedimiento judicial.
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El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a maniobrar en la instrucción que dirige sobre el caso de Begoña Gómez para ahora pedir todos los correos de la investigada desde 2018 para que sean investigados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) dentro del proceso judicial.
Tal y como ha adelantado este miércoles El Confidencial y ha recogido este periódico, el magistrado instructor ha solicitado a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que le haga entrega de “la copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde el 11 de julio de 2018 hasta la actualidad. Una decisión que viene después de las palabras del presidente Pedro Sánchez en la entrevista concedida este lunes en TVE, donde dijo que una minoría de jueces “se dedican a hacer política”.
Sobre este escenario, y teniendo en cuenta esta última decisión judicial, desde el plano político las reacciones no han terminado de sucederse, siendo la esgrimida por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha dicho que este no es más que un ejemplo de “investigación prospectiva”, es decir, aquella que se diseña para planificar un futuro aún incierto.
“Cuando te preguntes qué es una investigación prospectiva solo tienes que seguir la instrucción de Peinado en esta causa”, ha determinado el ministro a través de X -antigua Twitter- tras conocer la noticia.
Cuando te preguntes qué es una investigación prospectiva solo tienes que seguir la instrucción de Peinado de esta causa. https://t.co/6Mss7zcRJp
Cabe recordar que a principios de agosto el juez ya se dirigió a Moncloa para reclamar que se aclarase si Gómez contaba con “un correo electrónico oficial de @presidencia.gob.es”.
En paralelo, aunque bajo el mismo telón de fondo, hace unas semanas atrás, el juez Peinado citó a declarar tanto a Begoña Gómez como a su asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, acusada de un presunto delito de malversación de fondos. Ambas hablarían respectivamente los próximos 10 y 11 de septiembre, pero ahora esa conversación podría retrasarse tras la petición de la defensa de la investigada para esta fecha al coincidir con otro compromiso previo.
La decisión de llamar a Gómez y a Álvarez se concretaba después de que elevara su exposición razonada al Tribunal Supremo contra el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Tras el archivo, el instructor tomó la decisión de continuar con las actuaciones.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó en junio la imputación de la asesora de Moncloa. Los magistrados declararon nula la primera declaración que prestó como testigo, pero permitió el “registro de llamadas entradas y salientes”. Más tarde, la asesora explicó durante cerca de una hora cuáles eran sus funciones para la mujer del presidente del Gobierno, cuando explicó el correo electrónico que le mandó a Reale, una de las empresas patrocinadoras de la cátedra universitaria de Gómez sobre la que el magistrado no encontró nada punible.
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