La semana arrancaba con una de las citas judiciales que más se esperaba desde hace unas semanas, no siendo otra que la vista preliminar del caso Begoña Gómez. El juez Peinado citaba a los acusados bajo amenaza de recurrir a los cuerpos de seguridad si no acudían, así como valorando seriamente la petición de las acusaciones populares de proceder a la retirada de los pasaportes, argumentando un riesgo de fuga, y pidiendo comparecencias quincenales ante la Justicia.
Era esta en la última ocasión, presumiblemente, en la que el magistrado iba a encontrarse con los acusados, poniendo especial empeño en que Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés estuvieran presentes. Ahora el juez, quien ha protagonizado numerosas polémicas a lo largo del proceso de Instrucción por su forma de gestionarlo, debe decidir esta semana si continúa la causa abriendo juicio oral o no. Un paso en el cual podría hallar, nuevamente, reproches por parte de instancias superiores, que, a lo largo de los dos años en los que se ha venido encargando de este caso, le han recriminado la manera en la que lo ha abordado, así como criticado la falta de pruebas y escasa argumentación con la que, en repetidas ocasiones, ha insistido en que la causa avance.
Tal y como se mencionaba, uno de los principales motivos por los que esta vista preliminar se tornaba especialmente protagonista era, más allá de llegar a su fin una controvertida fase de Instrucción, por la amenaza de retirada del riesgo de fuga. Esto era medida que se ponía sobre la mesa, despertando especial polémica ya que, ante hechos como que Begoña Gómez vive rodeada de policías o que Juan Carlos Barrabés padece un estado de salud bastante delicado, no se entendía necesaria.
Precisamente, una de las personas que más severas se ha mostrado en sus críticas al juez Peinado ha sido el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, quien aprovechó su intervención para cargar duramente contra la gestión que el magistrado ha realizado de la causa durante los últimos dos años. El letrado no solo rechazó una por una las acusaciones formuladas contra su clienta, sino que fue más allá al denunciar una supuesta instrumentalización política del procedimiento judicial.
Camacho sostuvo que la causa carece de base sólida y llegó a definirla como un «procedimiento fantasma», asegurando que se está utilizando con el objetivo de desgastar políticamente al Gobierno de Pedro Sánchez. «Se está haciendo política, pero se está haciendo política en el sitio equivocado. Quien quiera hacer política que vaya a la calle, no a un tribunal», defendió durante la vista, reprochando que los juzgados se conviertan en un espacio para la confrontación partidista. En la misma línea, denunció que nadie debería permitir la utilización de un procedimiento penal como herramienta de erosión política.
Entre los argumentos esgrimidos por la defensa también destacó la insistencia del juez en hacer referencias constantes al presidente del Gobierno a lo largo de la instrucción, pese a no formar parte de la investigación. Camacho calificó incluso de «verdaderamente absurda» la tesis según la cual cualquier actuación de Gómez tendría una influencia extraordinaria únicamente por ser la esposa del jefe del Ejecutivo.
La tensión entre abogado y magistrado quedó patente durante la propia vista. En un momento de la sesión, Peinado interrumpió al letrado para exigirle que le mirara mientras intervenía. Camacho respondió recordando que no existe ninguna norma procesal que obligue a un abogado a dirigir visualmente sus alegaciones al juez, llegando incluso a pedirle que dejara de interrumpirle. Un episodio que se suma a otras controversias protagonizadas por el magistrado durante la instrucción y que volvió a alimentar las críticas sobre su forma de conducir el procedimiento.
Además, la defensa lamentó que Peinado rechazara la práctica de varias diligencias y testimonios que consideraba fundamentales para desmontar las acusaciones, entre ellos el del codirector de la cátedra José Miguel Ruano. Camacho defendió que se trata de un testigo esencial para explicar el funcionamiento real de los proyectos investigados y cuestionó que se impidiera incorporar elementos que, a su juicio, evidencian la ausencia de indicios delictivos. «Es difícil sostener la apertura de juicio oral cuando no existe ni un solo indicio de los delitos que se imputan», remachó el abogado al término de su intervención.
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habría llamado “personalmente” a Vito Quiles. Concretamente, según ha señalado el agitador en una entrevista concedida al periódico El Mundo, el PP le ha “tratado muy bien” y le ha “defendido” cuando le han “pasado cosas”. “Feijóo me llamó personalmente y eso es de agradecer. Estoy contento en ese sentido, pero yo sigo haciendo mi trabajo”, dice en esa conversación reciente con el periódico mencionado.
Quiles, mediático por su acoso a periodistas o políticos, habría hablado con el responsable del principal partido de la oposición, siempre atendiendo a sus declaraciones. En las mismas, el reconoce abiertamente que ha tenido ofertas para volver a entrar en política, pero no detalla de dónde vienen.
A la pregunta de “¿PP o Vox?”, Quiles no se moja. “No lo voy a decir porque se me monta un lío, pero a día de hoy sigo recibiendo ofertas en privado. Me dicen que cuentan conmigo”, se limita a indicar, sin descartar un futuro político. Si bien, subraya que ese ámbito “ahora mismo” no le interesa en un sentido estricto.
“Con Vox me llevo bien, antes mejor porque creen que me he hecho del PP por lo de Aragón. Pero es mentira, no soy de ningún partido”, expone, para agradecer a continuación a los ‘populares’ el trato recibido.
Cercanía con el PP
La cercanía de Quiles con el Partido Popular es evidente. El pasado mes de febrero, el candidato de la formación y posterior vencedor de las elecciones autonómicas sin mayoría absoluta, Jorge Azcón, le invitó a su cierre de campaña. Asimismo, son varias las voces de Génova que han salido en su defensa.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha elogió la “valentía” de Quiles, a quien comparó con El Gran Wyoming en el contexto de su participación en unas jornadas de Nuevas Generaciones (NNGG).
El propio Feijóo defendió al agitador después de que éste acosara a Begoña Gómez en un bar, unas imágenes que dieron la vuelta al país por las que la mujer de Pedro Sánchez le denunció por agresión. Un juzgado de Madrid archivó la denuncia.
Feijóo justificó la actuación de Quiles al poco de conocerse, calificando como “periodista” al agitador ultra entre reproches de los compañeros de profesión. El responsable gallego emplazaba a determinar “qué es lo que ha pasado con exactitud entre el periodista y las personas que estaban con la mujer del presidente del Gobierno”, recordando que habían existido “actitudes similares” hacia cargos de sus siglas.
este medio ha preguntado al entorno de Feijóo y a Génova para qué fue la llamada, o las llamadas en caso de que se hubiesen producido más de una, del político al agitador. También ha consultado si el partido le ha ofrecido de una forma u otra formar parte de sus filas.«La llamada del presidente a Vito se enmarca en esta situación», responden las fuentes consultadas con un artículo de El Mundo sobre los disturbios en la Universidad de Navarra durante la gira por las universidades de Quiles.
Relación con Vox
En cuanto a Vox, la defensa del partido de extrema derecha hacia Quiles también ha sido un habitual. Dejando a un lado las declaraciones o atención en ruedas de prensa, la formación de Santiago Abascal intentó burlar la prohibición del Congreso de los Diputados reciente sobre la entrada de él y Bertrand Ndongo al incluir a ambos entre los participantes en una jornada sobre la libertad de expresión.
En la entrevista con El Mundo, Quiles afirma que votó a Vox en las últimas elecciones, pero no se reconoce de extrema derecha: “No, no, no. Yo creo que la extrema derecha en España no existe, lo que se llama extrema derecha ahora es lo que ha predicado Aznar toda la vida y nadie le ha llamado extrema derecha”. “Lo que sí hay es una izquierda muy polarizadora, muy radical y muy abyecta”, considera.
Retirada de acreditación
A finales de mayo, el parlamento español tomó la decisión definitiva de retirar la acreditación a Vito Quiles, que se convirtió en la primera persona acreditada en la institución a la que se le retira la credencial desde que se reformara el Reglamento en julio de 2025. Quiles acumulaba más de una decena de expedientes abiertos.
Fuentes de la Mesa explicaban en el momento que la mayoría de los partidos progresistas se mostraron de acuerdo al considerar “probado por parte de los letrados” que el pasado 11 de diciembre, la persona receptora de la medida “grabó imágenes sin la preceptiva autorización de la Cámara y las publicó en redes sociales vulnerando lo dispuesto en el Reglamento y considerándose faltas graves”. Los hechos podían acarrear entre 11 días y tres meses de suspensión.
En el caso de Ndongo, la Mesa acordó lo propio con su acreditación, por hasta tres meses al considerar probado que el “pasado 25 de noviembre obstruyó el orden de rueda de prensa e incumplió las instrucciones de quienes coordinaban el acto vulnerando lo dispuesto en el Reglamento y considerándose falta grave”.
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Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo de paz que pone fin a varios meses de enfrentamiento directo y abre una nueva fase diplomática en Oriente Próximo. El pacto, anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, contempla el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida la región de Líbano, y prevé una ceremonia oficial de firma el viernes 19 de junio en Suiza.
El anuncio supone un giro de enorme trascendencia en una crisis que había situado a la región al borde de una guerra de consecuencias imprevisibles. Tras semanas de contactos discretos, con Pakistán como uno de los principales mediadores y Catar, Arabia Saudí y Turquía implicados en los esfuerzos diplomáticos, Washington y Teherán han aceptado un marco de entendimiento que incluye garantías de seguridad, compromisos económicos y una hoja de ruta para abordar el programa nuclear iraní.
Ormuz vuelve a respirar: la paz empieza por el petróleo
Uno de los puntos clave del acuerdo es la reapertura del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula una parte esencial del comercio mundial de crudo. El cierre de esta vía marítima había disparado la presión sobre los mercados energéticos y elevado el temor a una crisis global de suministros.
El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la apertura del estrecho y el levantamiento del bloqueo naval impuesto a Irán, una medida que había sido uno de los principales focos de tensión entre ambos países. Según las primeras informaciones, el pacto permitirá reanudar progresivamente el tránsito comercial y reducir la presión militar en el Golfo Pérsico.
“Con la apertura del estrecho tras la firma del acuerdo el viernes, con el fin de retirar las minas, ¡el petróleo volverá a fluir por ambos extremos para la región y para el mundo!”, ha celebrado Trump en un mensaje publicado en su red social.
El inquilino de la Casa Blanca ha presentado el pacto como un éxito histórico de su Administración y ha augurado que servirá para llevar “paz y seguridad a toda la región”. En esa línea, el magnate republicano se ha jactado de ser el primer presidente estadounidense capaz de “ayudar” a Oriente Próximo a “lograr una paz verdadera”. “Muchos presidentes han intentado alcanzar la paz con Irán y todos han fracasado antes que yo”, ha alardeado Trump, que ha calificado el entendimiento con Teherán como un “gran acuerdo”.
El acuerdo provisional también ha sido confirmado por el viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, quien ha explicado que el memorándum incluye un “alto el fuego inmediato y permanente” desde esta misma noche y que se extiende también a Líbano.
Gharibabadi ha querido, no obstante, rebajar cualquier lectura de acercamiento político pleno a Washington. “Este memorándum de entendimiento no significa que confiemos en el enemigo. Se ha redactado a pesar de la falta de confianza”, ha afirmado, según recogen medios iraníes.
El representante iraní ha detallado que las partes abrirán ahora un periodo de 60 días de negociaciones en el que se abordarán cuestiones clave como el “fin” de “todas las sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad”, el programa nuclear, el mecanismo definitivo para la “reconstrucción” de Irán y la creación de un sistema de cumplimiento para supervisar las obligaciones de cada parte.
Un acuerdo con muchas firmas y muchas dudas
El texto pactado no se limita al alto el fuego. También incorpora compromisos relativos al programa nuclear iraní, la suspensión de determinadas sanciones petroleras y la liberación parcial de fondos congelados. Según las informaciones conocidas, Irán exige recibir una parte sustancial de esos activos antes de avanzar hacia una segunda fase negociadora. (
La arquitectura del acuerdo revela la complejidad del momento. Pakistán ha actuado como mediador principal, pero la implicación de potencias regionales como Catar, Arabia Saudí y Turquía evidencia que la crisis había desbordado hace tiempo el eje bilateral entre Washington y Teherán. El conflicto afectaba ya a Líbano, al Golfo Pérsico y al equilibrio interno de varios países de la zona.
Aun así, el pacto nace rodeado de incertidumbres. Israel no aparece como firmante principal del acuerdo, pese a su papel central en la escalada previa. Tampoco está claro cómo se garantizará el cumplimiento del alto el fuego en los frentes donde operan milicias aliadas de Irán o fuerzas vinculadas a intereses estadounidenses e israelíes.
La prueba de fuego: pasar del anuncio a la paz real
La ceremonia prevista en Suiza será el primer gran test político del acuerdo. Hasta entonces, las partes deberán demostrar que el alto el fuego es algo más que una declaración diplomática. La ausencia de nuevos ataques, la normalización del tráfico marítimo y los primeros pasos sobre sanciones y fondos congelados serán indicadores clave para medir la solidez del pacto.
En Washington, el acuerdo permite a la Administración Trump presentar una victoria diplomática tras meses de tensión militar. En Teherán, sin embargo, el Gobierno deberá convencer a los sectores más duros de que el pacto no supone una capitulación ante Estados Unidos. Las dudas expresadas por dirigentes iraníes sobre la fiabilidad de Washington muestran que la desconfianza sigue siendo profunda.
La comunidad internacional ha recibido el anuncio con alivio, especialmente por el impacto que una guerra abierta habría tenido sobre los precios de la energía, la seguridad marítima y la estabilidad regional. Sin embargo, los próximos días serán decisivos. El acuerdo puede convertirse en el inicio de una nueva etapa de distensión o quedar reducido a una tregua frágil si alguno de los actores implicados decide torpedearlo.
Por ahora, Estados Unidos e Irán han dado el paso más importante en años: sentarse, pactar y anunciar el final de una escalada que amenazaba con incendiar Oriente Próximo. La paz, no obstante, apenas acaba de empezar.
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Las acusaciones populares que forman parte de este proceso judicial solicitaban, mediante un escrito, imponer penas de 24 años de cárcel a los acusados. Lo hacían exponiendo que estas condenas se correspondían con delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Ahora bien, además de ello, también deslizaban motivos por los que debería de haber de un control estricto sobre los imputados en esta causa, procediendo a la retirada del pasaporte o llamando a comparecencias quincenales en el juzgado, alegando que, ante el tiempo de prisión reclamado, hay un “evidente y fundado riesgo de fuga”.
En este contexto, el juez Peinado recibe este lunes a la mujer del presidente del Gobierno. Begoña Gómez comparece ante el magistrado siendo consciente de que este ya ha sugerido la posibilidad de impulsar este tipo de medidas tanto sobre ella como al resto de acusados. Así lo apuntaba el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, indicando que ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen.
No solo eso, sino que, además de ello, Peinado ya tornaba protagonista esta audiencia preliminar que se convoca previamente al posible paso definitivo a instancias superiores, ya que se trata de un acto que no requiere la asistencia de los investigados. Sin embargo, el magistrado insistía en que la mujer del presidente del Gobierno esté presente este lunes en los juzgados, al subrayar que, en caso de que no acudieran, serían conducidos al tribunal por «la fuerza pública».
Estas decisiones del juez, tanto la de obligarles a acudir a la audiencia preliminar como tomar medidas argumentando un posible riesgo de fuga, resultan llamativas para muchos al hallarse Begoña Gómez continuamente rodeada de escoltas policiales y encontrarse el empresario Juan Carlos Barrabés en un estado de salud especialmente delicado, tal y como se indica os informes médicos que constan en la causa.
Las acusaciones populares, conformadas entre otros por HazteOír, Vox, Iusticia Europea, Manos Limpias, son las que reclaman que se tomen estas medidas, así como se impongan las señaladas penas de prisión. Por su parte, se espera que la Fiscalía no se sume a esta solicitud, más teniendo en cuenta que ha pedido reiteradamente el archivo de la causa al considerar que Peinado se basa en “hipótesis” y “alambicadas teorías” para sentar en el banquillo a Begoña Gómez.
Tras más de dos años, esta causa llega a sus últimos compases en los Juzgados de Instrucción, una fase que ha casi ha terminado por resultar más polémica debido las actuaciones del juez Peinado que por los de los que se acusan a los investigados. A lo largo de este tiempo, el magistrado ha sido corregido en numerosas ocasiones por instancias superiores que, además de llamarle al orden, también reprochaban sus intentos de hacer avanzar el caso, ya que señalaban una notable falta de pruebas así como una escasa capacidad de argumentación por parte de Peinado.
En este proceso judicial la Fiscalía se ha manifestado en diferentes ocasiones en contra de la forma en que el juez Peinado ha gestionado la causa, reprochando que haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara».
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Arranca una semana que será determinante para la política española. Tanto el Gobierno como la oposición aguardan el desenlace de las citas judiciales que afectan al Partido Socialista, que se han concentrado en los próximos cuatro días a partir de este lunes. También están muy pendientes los socios de investidura, que tienen en sus manos decidir el futuro de Pedro Sánchez y, especialmente, el éxito o fracaso de una eventual moción de censura instrumental, que se sigue debatiendo en la calle Génova como la forma de dar un golpe definitivo.
El calendario apremia a todos, pero especialmente a Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aún no ha cerrado del todo la posibilidad de poner su nombre en la línea y presentarse como candidato a presidente del Gobierno en el Congreso, pero desde los partidos que necesita para que esto salga adelante siguen sin moverse. Tanto Junts como el PNV no se han desdicho en pedir elecciones anticipadas a Sánchez, pero tampoco en negarse a apoyar una moción de censura para derrocarle, por mucho que Feijóo disuelva las Cortes nada más llegar a la Moncloa, y por mucho que Vox no esté en ese Gobierno instrumental, que Feijóo propuso hace semanas.
Fue hace ya más de un mes, cuando saltó la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando todo empezó a moverse. En Génova aseguran desde entonces que la estrategia es dejar que el desgaste de las causas judiciales vaya haciendo caer al Gobierno, para lo que han apelado a la responsabilidad de los socios. Sin embargo, la moción de censura ha estado ahí como opción, aunque en público el PP solo la tuviera en sus cábalas durante unos días.
Fue aquella semana, la primera de junio, en la que Feijóo llamó a Junts y el PNV a “convocar unas elecciones” a través de una moción de censura en el plató de Ana Rosa Quintana. Aún así, el líder de la oposición seguía apelando a una prudencia que hace necesaria el hecho de que no le dan los números, y que “no tiene sentido presentar una moción de censura si no la vas a ganar”, en palabras del expresidente José María Aznar dos días después de aquello. Ese mismo día, ante el Cercle d’Economía catalán, Feijóo escenificó este portazo a la vía de la moción, volviendo al tono crítico con los socios: “No busco atajos”, aseguró.
En Génova no habrá medias tintas, conscientes de que no pueden desperdiciar el buen momento que les brinda la actualidad judicial. La moción de censura, o bien será su principal objetivo, o estará descartada del todo, al menos en público. Habrá que esperar a que termine esta semana clave para ver si la puerta se vuelve a abrir. Las citas comienzan este mismo lunes, con la vistilla del juez Peinado a Begoña Gómez antes de llevar a la mujer del presidente del Gobierno ante un jurado popular. El martes es el turno de la primera cita con la que el PP capitalizará el caso Leire Díez, convocando ante la Comisión de Interior del Senado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, para preguntarle por las -al menos- tres reuniones que mantuvo con la fontanera, y por las contradictorias versiones sobre ello que se dieron desde su Ministerio. El miércoles y el jueves será el turno de la histórica declaración de Zapatero ante el juez Juan Carlos Calama, como imputado por tráfico de influencias en el caso Plus Ultra.
Junts y PNV solo barajan el candidato neutral
Con Ana Rosa, Feijóo dijo que “hay 184 diputados que dicen que hay que convocar elecciones, ocho más que la mayoría absoluta”. Razón no le faltaba, pero su breve acercamiento a ellos para poner en marcha la caída de Sánchez no tuvo ningún resultado. El PNV dio un portazo inmediato, presionado por el pacto en Euskadi con los socialistas. Junts prefirió elevar el choque y lanzó un reto al líder popular: “Si Feijóo tiene algo serio que explicar, nos vemos en Waterloo”, le emplazó el portavoz Jordi Turull, obligándole a reunirse con Carles Puigdemont en Bélgica.
“Ni Feijóo ni ningún miembro del PP van a hacer cosas extravagantes ni raras, ni va a viajar a ningún sitio. El futuro de los españoles se decide en el Congreso de los Diputados con luz y con taquígrafos. Y si no se puede hacer ahora y si no se disuelven las cortes y se convocan elecciones, será dentro de un año, dentro de seis meses o dentro de cuatro”, fue la respuesta inmediata del portavoz popular, Borja Sémper. Visto el panorama, en el PP decidieron volver a señalar a los socios por sostener al Gobierno a pesar de todo, una estrategia en la que están cómodos y en la que esperan capitalizar el desgaste que esto genere. “Ellos sabrán qué tienen que hacer, ellos sabrán qué piensan sus electores, si lo que están haciendo es por cálculo político”, dijo la portavoz en el Senado, Alicia García.
Lo que les mantiene optimistas es ese cálculo político, en el que Junts y el PNV salen perdiendo con ERC y Bildu al alza; y la parálisis legislativa del Ejecutivo que, creen, se mantendrá en el año que queda hasta las elecciones. Cada semana que Moncloa pase sin poder sacar adelante leyes será determinante para el PP. Por ello están presionados a tomar decisiones.
En Junts tienen una linea roja clara en Feijóo, al que no apoyarán como candidato. Las primeras reuniones entre emisarios del PP no han dado resultado, con los neoconvergentes reiterando su ‘no’ al aspirante a presidente. Esto resucita la vía que abrió el exministro José Manuel García-Margallo, la de la moción de censura instrumental con un candidato neutro del gusto de los catalanes, que en el PP descartan. El PNV, por su parte, sigue en la misma posición, aunque en Junts creen que, si ellos terminan apoyando una moción, los jeltzale se terminarían sumando.
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La renovación del Tribunal Constitucional lleva meses pendiendo de un hilo. El Partido Popular ha enarbolado constantemente críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque, a su juicio, esta institución está «invadida por el sanchismo» a raíz de sentencias como la de la ley de amnistía. Los ‘populares’ depositan toda la presión sobre el presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, cuyo mandato concluyó el pasado mes de diciembre, pero es precisamente el PP quien bloquea su renovación desde entonces. La última prórroga pedida por los ‘populares’, vigente hasta el 30 de septiembre, se debe, por rocambolesco que pueda parecer, a la cántabra Virgen de la Bien Aparecida.
La Mesa del Parlamento de Cantabria y el Senado son los epicentros de este suceso. La citada asamblea autonómica aprobó el pasado 4 de mayo pedir a la Cámara Alta retrasar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional hasta más tarde del 15 de septiembre, porque tal fecha coincide con la festividad autonómica de la Virgen de la Bien Aparecida, y el calendario de plenos no suele empezar hasta después de esta celebración. Esa decisión se tomó con el visto bueno de todos los miembros de la Mesa oída la Junta de portavoces, incluso el PSOE, que aceptó con naturalidad la decisión sin buscarle la intencionalidad política. En el Senado, no obstante, la cosa fue distinta: el PP se valió de su mayoría absoluta para aprobar una nueva prórroga del plazo para presentar candidatos, y el PSOE votó inútilmente en contra. El documento recoge las quejas de los representantes socialistas, que valoraban que la prórroga no había estado acompañada de la debida justificación y que, en todo caso, para llegar hasta aquella fecha aún faltaba mucho, por lo que el Parlamento cántabro tenía margen para operar.
El presidente de la Cámara, Pedro Rollán, cerró a toda prisa el debate sin atender a las demandas de la oposición y presentó como justificación una hipotética falta de acuerdo en el Parlamento Cántabro. Con este, ya son media docena de aplazamientos de la renovación del tribunal. El PP, mientras tanto, juega a dos bandas: por un lado, continúa postergando el cambio, y por otro y al mismo tiempo, lo pone en su punto de mira como uno de los organismos «secuestrados» por La Moncloa.
Cómo se renueva el Constitucional y por qué está bloqueado
El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros. Su renovación se prevé cada tres años por bloques de cuatro magistrados: un tercio corresponde al Congreso, otro al Senado y el tercero se lo reparten Gobierno y Consejo General del Poder Judicial. En los dos tercios que respectan a las Cortes Generales, la elección de los jueces requiere de una mayoría cualificada de tres quintos de cada Cámara, lo que facilitaba (y obligaba) el entendimiento entre los partidos mayoritarios. El mandato de los magistrados elegidos hace nueve años por el Senado concluyó el pasado mes de diciembre, y entre ellos está el actual presidente, al que el PP ha acusado reiteradamente de tumbar sentencias o avalar leyes para favorecer al PSOE y al Gobierno. La judicatura, a su vez, se ha lanzado contra Conde-Pumpido por revertir sentencias procedentes del Supremo.
En el Senado, tres quintos son 159 senadores. El PP tiene 143, y es precisamente esa diferencia de 16 la que explica el bloqueo al máximo órgano de interpretación de la Constitución española. El PP, con su mayoría absoluta y a la vista de sus constantes críticas al actual presidente del tribunal de garantías, cabría esperar que fomentaran, a la mayor celeridad posible, la renovación. Pero no ha sido así y los de Núñez Feijóo han pospuesto el relevo todo lo posible para seguir azuzando el fantasma del secuestro de la institución durante la mayor cantidad de tiempo posible.
Pumpido remitió una misiva a la Cámara Alta en agosto de 2025 para recordar que el proceso de renovación debía echar a andar, a más tardar, en tres meses desde entonces. El PP, no obstante, ha decidido desde entonces bloquear el procedimiento haciendo uso de diferentes excusas. La primera de ellas llegó en noviembre, cuando María Guardiola anunció la disolución de la Asamblea de Extremadura y la convocatoria de elecciones para diciembre. Cabe tener en cuenta que el Senado elige a los magistrados del Constitucional a raíz, precisamente, de las propuestas que le llegan de los parlamentos autonómicos. Al estar disuelto el extremeño, el PP pidió la posposición del procedimiento. No obstante, aquella excusa cae en saco roto al percatarse de que el Senado esperó hasta el 15 de diciembre de 2025 para abrir formalmente el plazo de presentación de candidaturas, apenas a dos días de la expiración de los mandatos de los magistrados, y especialmente teniendo en cuenta que en 2026 habría hasta tres convocatorias electorales, que dilatarían todavía más el proceso: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Cada una de esas votaciones ha dado lugar a su respectiva prórroga.
Otra de las demoras llegó de la mano de la Asamblea de Madrid, donde también ostentan mayoría absoluta. El pasado 17 de abril pidió ampliar el plazo con el objetivo de disponer de más tiempo para negociar, proponer y consensuar los perfiles entre los grupos parlamentarios. La petición fue aprobada y la votación quedó pospuesta a después del verano. Otros, por su parte, sí han cumplido con los plazos previstos: el Parlamento Vasco aprobó el pasado 30 de abril nominar para el cargo a Xabier Arzoz Santisteban y a Javier García Roca.
La última de esta sucesión de demoras y excusas ha sido, como se ha explicado en líneas anteriores, la festividad de la cántabra Virgen de la Bien Aparecida, que demorará la renovación, como mínimo, hasta después del 15 de septiembre, lo que supondrá que el mandato del tribunal de garantías llegará a estar caducado por nueve meses en ese momento.
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El debate sobre el lawfare vuelve al centro de la política española. La denuncia de una posible utilización de los tribunales para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez no es nueva: en los últimos meses, distintos miembros del Ejecutivo han señalado la existencia de una ofensiva judicial y mediática contra el PSOE y su entorno.
Esa crítica se ha intensificado al calor de los diferentes frentes judiciales abiertos contra el Gobierno, el partido y personas próximas al presidente. Para el Ejecutivo, no se trata de cuestionar a toda la Justicia, sino de alertar sobre actuaciones concretas que, a su juicio, desbordan el papel de los tribunales y entran en el terreno de la disputa política.
En ese contexto se enmarcan las declaraciones de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, que aseguró en un acto de Público que “hay jueces que prevarican”. Sus palabras llegan tras la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en relación con el caso de los delitos fiscales reconocidos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
López defendió que el Gobierno de Sánchez “actúa siempre contra la corrupción”, pero advirtió de que “no hay nada peor que dejarse avasallar cuando no hay corrupción”. También insistió en que el Ejecutivo no se dejará “atropellar” por quienes, en su opinión, están intentando “mezclar todo” para generar confusión.
El ministro subrayó además la importancia de la separación de poderes: “El Gobierno gobierna, el Parlamento legisla y la Justicia hace justicia”. Pero añadió un matiz político de fondo: “La Justicia no gobierna. Gobierna el Gobierno. Y gobierna gracias a los votos”.
La derecha, por su parte, acusa al Ejecutivo de intentar desacreditar a los jueces cada vez que una resolución judicial afecta al PSOE o al entorno del presidente. Para PP y Vox, hablar de lawfare supone atacar la independencia judicial y erosionar la confianza en las instituciones.
El choque, por tanto, va más allá de unas declaraciones concretas. La discusión de fondo es si existe una ofensiva judicial contra el Gobierno o si el Ejecutivo utiliza ese argumento para defenderse políticamente de causas que le incomodan. ¿Y tú que piensas? Vota en nuestra encuesta.
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«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.
«Movidos por la obtención de lucro inmediato, la VOT está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo», exponen. En cuanto a la Fundación Fusara, dependiente del Arzobispado de Madrid, han querido que el Santo Padre sepa que los inquilinos de 13 edificios que estaban en su posesión están recibiendo órdenes de desahucio después de que se confirmara su venta a un fondo buitre. «Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más», lamentan.
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Caso Fundaciones
Es uno de los mayores escándalos inmobiliarios relacionados con la Iglesia en España. La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) ha financiado durante décadas parte de su labor de ayuda a «los niños pobres» con las rentas de 14 bloques que le fueron donados por una herencia. En 2019, todos menos uno fueron vendidos a Tapiamar a través de una serie de sociedades pantalla, por un precio muy por debajo de mercado y en unas circunstancias que acabaron siendo investigadas en los tribunales.
En cuanto los arrendatarios conocieron la operación, se organizaron y actuaron como acusación popular en la causa. Seis años después, fundación y fondo han llegado a un acuerdo extrajudicial por el que se ha hecho efectivo el traspaso de las viviendas. Esta última decisión ha provocado la aplicación de la doctrina Botín al grupo de afectados y su expulsión del proceso. La última baza que les queda es el Constitucional, al que han presentado un recurso de amparo este mes de junio.
«Si nos lo admiten y nos dan la razón, se anularían las actuaciones que levantaron las medidas cautelares que evitaban la venta y volveríamos a entrar en la causa. Si esto no pasa, habrán ganado ellos», resume Mónica Sevil, que, además de inquilina, es una de las abogadas contra Fusara. Las protestas de los vecinos y el inquilinato, con las pancartas de los «buitres con sotana», son ya más que conocidas. Esta es la segunda vez que se dirigen a un papa, la primera, con Francisco al frente del Vaticano, consiguieron que se tomaran «cartas en el asunto» y que Fusara se convirtiera en acusación particular.
«Nosotros calculamos que, vendidos piso por por piso, los inmuebles hoy en día tienen un valor de 258 millones y los están vendiendo por 99. Es una estafa en mayúsculas«, sentencia la letrada. Cree que la venta perjudica a las cuentas de la fundación y va en contra de los orígenes de esta fundación, creada en 1914 para financiar un orfanato de niños pobres en Madrid. «Su fundadora, Antonia González y Pérez dejó en su testamento muy clara esta finalidad», sostiene, «por eso a nosotros se nos había comunicado que estos bienes eran invendibles y, de hecho, es lo que hemos visto que pone en los estatutos».
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La abogada asegura que ya ha llegado a todos los vecinos una notificación informándoles de que sus contratos no se van a renovar. Según cuenta, los primeros desalojos podrían ocurrir en cuestión de semanas: «Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el día 30 de junio se tienen que ir».
La investigación en torno a estos bloques acabó fusionándose en una macrocausa conocida como el «caso fundaciones». En este proceso también se puso bajo la lupa la venta de una parroquia y una residencia de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio a la Universidad Nebrija. Además, las pesquisas salpicaron a la Fundación Molina Padilla por la venta de otros dos bloques de viviendas en la calle Núñez de Balboa.
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Este medio ha tratado de recabar el testimonio, tanto de Fusara, como de Hopewell (esta empresa ha comprado los inmuebles a Tapiamar hace aproximadamente un mes). Se ha preguntado a dichas entidades sobre el futuro de los edificios vendidos y de sus inquilinos, así como los motivos que derivaron en la firma del acuerdo extrajudicial.
De igual manera, Público se ha dirigido al Arzobispado de Madrid para conocer cuál es su responsabilidad respecto a los movimientos de este tipo de fundaciones y su opinión ante la misiva enviada al máximo responsable de la Santa Sede. A la fecha en la que se publica este artículo no ha obtenido respuesta, si bien esta última entidad se ha pronunciado recientemente sobre el caso Fusara.
Esta misma circunscripción territorial católica, en diciembre de 2025, hizo pública una comunicación tras conocer que algunas víctimas del caso Fusara se habían puesto en contacto con parroquias madrileñas. En dicho texto señala que «la fundación no forma parte del arzobispado ni depende de él» y que el arzobispo de Madrid ocupa la presidencia de su patronato «por expreso deseo de sus fundadoras».
Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el día 30 de junio se tienen que ir
También recuerdan que los responsables de la operación de 2019, judicializada, han dejado sus cargos. «En 2024 se nombró un equipo totalmente renovado, con controles internos y auditoría externa. Este equipo consiguió revertir la compra irregular de unos terrenos y recuperar parte del dinero perdido, mejorando la situación económica», añaden. A este respecto, indican que el acuerdo entre ambas partas de finales de 2025 se ha producido con la intención de «garantizar la continuidad de los colegios y residencias, y evitando que la fundación tuviera que cerrar antes de que hubiera sentencia firme».
Esta institución ha desarrollado recientemente un documento con su «política de inversiones financieras». En él insisten en que todas las inversiones de la diócesis deberán seguir «un marco ético, evitando prácticas contrarias a la dignidad humana». Además, las inversiones se realizarán «a través de fondos de inversión y no se utilizarán instrumentos financieros complejos o de difícil comprensión».
Desahuciado por una orden franciscana
«A Dios rezando y con la VOT desahuciando», era uno de los lemas que cantaron los activistas en las hasta cuatro ocasiones en las que lograron frenar el desahucio de Mariano Ordaz. A la quinta, finalmente, se produjo. Ahora, este jubilado de 67 años que llevaba viviendo en el mismo portal del barrio de Embajadores desde que nació, duerme en un albergue compartiendo habitación con otras tres personas. Su historia está detallada en la carta que León XIV recogió de manos de la diputada Verónica Barbero.
«Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se negó a renovarle su contrato y, lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia», señalan los redactores de dicho documento.
Esta orden franciscana cuenta con varias propiedades en el centro de la capital, desde pisos a locales o edificios enteros. Una de sus posesiones más icónicas es el Hospital VOT de San Francisco de Asís, a poca distancia de la manzana donde vivía Ordaz. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, hay afectados de varios bloques que se están organizando para denunciar desperfectos en sus viviendas y subidas de alquiler excesivas.
Las activistas de Acciones en Altura colgadas de la casa de Mariano Ordaz
Aunque los responsables inmobiliarios de la VOT no han respondido a las preguntas de Público relacionadas con estas nuevas protestas de sus inquilinos, sí aportaron su versión sobre el desahucio de Mariano en un comunicado remitido a la prensa. La asociación considera que ofrecieron facilidades en el pago de la renta y se le dio al arrendatario tiempo suficiente para encontrar una solución. Además, entienden que, por este motivo, deben ser las administraciones quienes se encarguen de ayudarle, ya que, tanto su situación económica como personal «ya son ajenas al objeto de esta Asociación privada, sin ánimo de lucro, que debe velar por el cumplimiento de sus fines estatutariamente previstos».
¿Hasta dónde llega el negocio inmobiliario de la Iglesia?
«Es difícil de calcular. Digamos que todo lo que sabemos es la peccata minuta y hay muchas cosas de sus negocios que se nos escapan. Está todo el tema de las inversiones en fondos, las ventas que realizan, el turismo…», comenta José María Rosell Tous, portavoz de la Coordinadora Recuperando, encargada de investigar y denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia.
Junto a situaciones como las anteriores, donde los bienes acaban en manos de organizaciones religiosas gracias a donaciones y herencias, otra de las grandes fuentes de obtención de patrimonio inmobiliario para las diócesis han sido las inmatriculaciones. «Las donaciones nos pueden parecer bien o mal, pero son legales. Lo que es indigno es que hayan podido durante tantos años adueñarse de un suelo que no es suyo y que luego, además, se lucren vendiéndolo», añade Rosell.
Esta asociación calcula que entre 1964 y 2014 (mientras la ley lo permitía) la Iglesia puso a su nombre unos 100.000 bienes. Las comunidades que más han sufrido las inmatriculaciones son Castilla y León y Navarra. En esta última, hay 3.000 notas simples, que corresponden a «unas 5.000» inmatriculaciones. «Aproximadamente un 20% son bienes de culto, pero el resto no. El resto son jardines, huertos, frontones, fincas rústicas, viviendas… «, explica Cristina Contreras, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
Uno de los casos en los que se implicó esta asociación hace unos años fue el desahucio de Felicia, una anciana de casi 90 años a la que el Arzobispado de Pamplona acabó echando de la casa parroquial en la que estuvo 30 años viviendo. «Nos han llegado historias parecidas y las tenemos en un registro, pero a Felicia la estuvimos acompañando. Era un desahucio legal, pero era una mujer muy mayor. Le dijeron que tenían que hacer unas obras y que luego volvería. Era mentira. No volvió nunca y la casa sigue vacía y abandonada», afirma.
Le dijeron que tenían que hacer unas obras y que luego volvería. Era mentira. No volvió nunca y la casa sigue vacía y abandonada
Rosell señala problemas parecidos con otras casas parroquiales o «casas de rectores». Uno de los primeros ejemplos que le vienen a la mente es el conflicto que hubo en 2019 en Coya, Asturias. El pueblo intentó alquilar esta vivienda a una familia con pocos recursos, pero fue entonces cuando descubrió la realidad: el Arzobispado de Oviedo la había inmatriculado en 1964 y su intención era venderla.
«Es un caso que se repite con frecuencia. Son inmuebles que construyeron los ayuntamientos o los propios vecinos, igual que se construía la casa del maestro o de un funcionario. Es decir, no eran de la Iglesia, se les cedieron. Luego las inmatricularon y muchas las venden o las alquilan. Es un tema bastante masivo», explica.
«Habría que reflexionar sobre el tema fiscal. A mí no me gustaría ser el alcalde de Toledo porque prácticamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiástica y no pagan IBI»
El catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro López Gutiérrez, cree que las posibilidades de recuperar ese patrimonio son mínimas, porque se hicieron al amparo de la legislación vigente. Sin embargo, resalta como una «victoria» haber conseguido revertir este privilegio y señala otra serie de asignaturas pendientes en esta materia: «Habría que reflexionar sobre el tema fiscal. A mí no me gustaría ser el alcalde de Toledo porque prácticamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiástica y no pagan IBI, y es muy difícil prestar servicios si la mitad de tu ciudad no paga».
Imagen de archivo de una protesta frente al Congreso de los diputados exigiendo la devolución de los bienes inmaticulados por la Iglesia
En segundo lugar, el catedrático apunta como su principal «campo de batalla» las casas de los ministros de culto. «Son decenas de miles de personas cuyas residencias no pagan el impuesto de bienes inmuebles y disfrutan de un régimen fiscal mejor que el de los funcionarios públicos, todo esto en un país en que ninguna confesión tiene carácter estatal», afirma. Por otro lado, López Gutiérrez señala que también existe un plano moral: «Quizá deberían predicar con el ejemplo, quizá están desahuciando a personas que pueden estar en una situación comprometida».
Más allá de estos activos locales, los datos aportados por la propia Conferencia Episcopal confirman que, tras ella, se encuentra uno de los mayores patrimonios inmobiliarios del país. Según la Memoria de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal en 2025, la institución destinó 9,13 millones de euros correspondientes al ejercicio anterior para el desarrollo de 842 proyectos inmobiliarios, tanto de construcción como de conservación y rehabilitación. Además, a través de la gestión de su patrimonio inmobiliario, financiero y de otras actividades, la Iglesia obtuvo unos ingresos de 168,3 millones de euros.
La asociación Europa Laica pone en duda la transparencia de estas cifras y considera que se está ocultando «la magnitud de los beneficios derivados de su entramado patrimonial y empresarial para que la ciudadanía no sea consciente de la cantidad de impuestos que deja de aportar por estos conceptos». Además, desde la organización creen que, por los datos recabados, «es muy difícil catalogarla como una entidad sin ánimo de lucro».
Estados Unidos, México y Canadá recibirán durante las próximas cinco semanas a miles de aficionados de hasta 48 países distintos con motivo del Mundial de Fútbol 2026. España, Japón, Senegal, Brasil, Egipto, Corea del Sur, Haití o Sudáfrica intentarán hacerse con la copa dorada que diseñó hace medio siglo el italiano Silvio Gazzaniga. Lo harán desde estadios y ciudades de los tres países anfitriones. Estados Unidos acogerá tres de cada cuatro partidos. Lo hará en plena escalada de la represión y las deportaciones masivas. Lo hará tras una abrupta campaña de limitación de visados y militarización de las calles. Lo hará mientras Donald Trump continúa con sus ataques ilegales en Irán o Gaza. Los otros treinta encuentros se jugarán en Monterrey, Guadalajara, Vancouver o Toronto.
«Donald Trump intenta utilizar esta competición para lavar su imagen y vender una supuesta unidad entre aficiones, pero nada más lejos de la realidad. La falta de libertad de expresión, las políticas migratorias y la discriminación que sufren las personas trans o el colectivo LGTBIQ+ preocupaban antes del Mundial y preocupan -todavía más, si cabe- durante el Mundial», desliza Carlos de las Heras, responsable de Deporte y Derechos Humanos en Amnistía Internacional. «El hecho de que no se denuncie -abiertamente- este blanqueo como sí se hizo hace cuatro años en Catar tiene que ver sobre todo con una cuestión de cifras. El Mundial de 2022 se saldó con miles de muertes durante la construcción de los estadios. Esto no ha ocurrido en Estados Unidos, pero tampoco le quita gravedad al asunto: muchos estadios los han construido migrantes en situación irregular que corrían el riesgo de ser identificados, deportados o sancionados», continúa el activista.
Las alarmas han sonado incluso antes de que lo hicieran los silbatos. Estados Unidos ha vetado a los aficionados de Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal, Haití e Irán. Trump intentó expulsar a este último país del torneo. Y como no ha podido cumplir su plegaria, hará que los jugadores de la selección iraní tengan que alojarse siempre en México y viajar -cuando toque- a alguna de las sedes de la competición en Estados Unidos. Uzbekistán y su cuerpo técnico han sido registrados y cacheados con detectores de metales al llegar a Nueva York. El delantero de Irak, Aymen Hussein, ha sido detenido -durante varias horas- por los funcionarios de inmigración norteamericanos, tal y como han informado Reuters y The New York Times. Y el fotógrafo del equipo ha sido directamente deportado por las patrullas fronterizas de Donald Trump. La misma suerte ha corrido Omar Artan, uno de los árbitros de la FIFA para este Mundial. El colegiado somalí ha tenido que volver a su país de origen tras la denegación de su visado nada más aterrizar en Miami.
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«Este tipo de vetos y expulsiones reforzarán la imagen de que Estados Unidos no es un país seguro para muchos ciudadanos del mundo, una percepción sin duda acertada desde que el trumpismo se instaló de nuevo en la Casa Blanca. La Administración está cometiendo graves errores y esto es algo que ocurre con frecuencia», sostiene Mariano Aguirre, investigador no residente del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). «Más que un lavado de imagen, Estados Unidos intenta apropiarse de un megaevento deportivo para demostrar su capacidad de control, fuerza y soberanía, tanto a nivel interno como externo», matiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. «La falta de críticas creo que -también- tiene mucho que ver con un tema comercial, hablamos de una competición en la que se mueven muchos intereses comerciales y todos sabemos como puede reaccionar [aranceles, represalias] Donald Trump», continúa el también autor de La izquierda después de la izquierda (Comares, 2026).
El país que se van a encontrar los aficionados
México y Canadá acogerán trece encuentros respectivamente. Estados Unidos, 78. El torneo arrancó este jueves, un día después de que Donald Trump firmase un decreto para inflar con 70.000 dólares extra al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y la Patrulla Fronteriza. «La FIFA ha prometido hacer de este Mundial una competición inclusiva y acogedora, pero ni una cosa ni la otra. Los principales riesgos son los que enfrentan las comunidades migrantes. El ICE y los demás cuerpos policiales suponen una amenaza real para los aficionados que acuden desde otros países y para las personas migrantes que viven en Estados Unidos. Las autoridades no han dado ninguna garantía pública ni privada de que los aficionados que tengan pensado reunirse para seguir los partidos o acudir a los estadios vayan a estar a salvo», sostiene Carlos de las Heras.
Reporteros y trabajadores durante el partido inaugural del Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno de Donald Trump también ha intensificado de forma radical sus ataques contra periodistas y medios de comunicación críticos con sus políticas. El derecho a la libertad de reunión pacífica no está asegurado, como tampoco lo está la protección de las personas trans y del colectivo LGTBIQ+. Red Nacional de Refugios ha puesto el foco además en las violencias que sufren las mujeres durante los macroeventos deportivos. «Estados Unidos ha reforzado su narrativa de seguridad en un sentido amplio, una narrativa que lleva acompañada la criminalización de la protesta y una serie de prácticas cada vez más autocráticas. Esto en el plano interno, porque en el [plano] externo lo que se van a encontrar los aficionados es totalmente anómalo: un país anfitrión que está bombardeando a uno de los países participantes«, añade Jorge Resina.
«Los turistas blancos, sin embargo, posiblemente no vean nada fuera de lo normal [durante su estancia] más allá de los elevados precios de las entradas, los hoteles y el transporte. Las persecuciones diarias y la represión no creo que se vayan a practicar cerca de los estadios y las cámaras», vaticina Mariano Aguirre. Las fuentes consultadas por este diario ponen además el foco en la «complicidad» de la FIFA. Gianni Infantino le entregó a Donald Trump en diciembre su particular Premio de la Paz. Lo achacó al «compromiso inquebrantable» del magnate con «el avance de la unidad». Trump venía de respaldar los ataques sobre los territorios palestinos ocupados y estaba a punto de ordenar el secuestro de Nicolás Maduro y poner en marcha una oleada de ataques sobre Irán. El papel del órgano rector de los futbolistas de todo el mundo no termina aquí. La FIFA prohíbe en su Código de Conducta la exhibición de «símbolos políticos» durante los partidos del Mundial, entendiendo por «símbolos políticos» las banderas LGTBIQ+ o los mensajes contra el genocidio en la Franja de Gaza.
La responsabilidad de la FIFA
La sociedad civil y distintas organizaciones humanitarias han impulsado durante las últimas semanas la campaña Fuera ICE de la Copa, una cadena de acciones para manifestarse contra las eventuales redadas policiales en el marco del Mundial de Fútbol 2026. El miedo es uno más en esta competición. «El ICE y otras agencias constituyen una escalofriante amenaza para la población: muchas familias migrantes y grupos de amigos no se van a reunir para ver los partidos porque temen identificaciones y consecuencias. La FIFA tiene aquí su parte de responsabilidad«, recalca Carlos de las Heras. Amnistía Internacional ha pedido al organismo que garantice la entrada de todas las selecciones y aficionados a Estados Unidos. «Y no hemos tenido respuesta», reconocen desde la plataforma en una conversación con Público.
«El hecho de que estén poniendo trabas a algunas de las delegaciones clasificadas para entrar al país tiene su impacto, pero creo que lo más sensible es lo que tiene que ver con los aficionados: mucha gente que en otro país y otras circunstancias hubiera ido a los partidos no va a acudir por miedo, tanto a las restricciones del visado como a los controles y complicaciones del ICE. Esto es un desincentivo», añade Jorge Resina. El politólogo recuerda además las diferencias con el Mundial de Catar. Y deja la pelota en el área de la FIFA: «Infantino exigió entonces una serie de cambios y movimientos -al menos sobre el papel- como permitir el consumo de alcohol en las zonas habilitadas [algo que no contemplan las leyes islámicas]. Y esto no es algo tan fundamental, no hablamos de derechos humanos. La pregunta es qué está exigiendo la FIFA ahora a Estados Unidos, qué está haciendo para garantizar los derechos de las selecciones y aficionados. Y la respuesta es que creo que no está haciendo nada».
La suerte está echada para 26 jugadores de fútbol en pos de un sueño. Estos son, jugador por jugador, los elegidos por el seleccionador de España, Luis de la Fuente, para disputar el Mundial 2026 y pelear por el que sería segundo título de la Roja.
Porteros
23Unai Simón
Unai Simón [Athletic Club, 28 años] ha sido el portero titular de la selección española los últimos cinco años, desde que le diera su primera alternativa Luis Enrique. Llega a este su segundo Mundial dispuesto a ampliar su palmarés, aportando su experiencia en los recientes éxitos de la Roja, pero con más competencia para su puesto que en las anteriores ocasiones.
1David Raya
David Raya [Arsenal FC, 30 años] está en el mejor momento de forma de su carrera y quiere trasladarlo a la selección española, dispuesto a disputarle la titularidad a Unai Simón. El barcelonés llega después de ganar la Premier League con el Arsenal y de casi ganar la Champions League, parando un penalti en la tanda decisiva sin éxito al final. Más decisivo quiere ser en este Mundial.
13Joan García
Joan García [FC Barcelona, 25 años] es el más joven del trío de porteros de la selección española, el novato en grandes torneos con la Roja, aunque ya debutó en el parón de marzo, pero el más ‘insolente’. Y es que su gran temporada en el Barça, donde ha sido campeón de Liga y Premio Zamora en su primer año, hace que para muchos sea el candidato idóneo a titular.
Defensas
2Marc Pubill
Marc Pubill [Atlético de Madrid, 22 años] se estrena en una gran cita internacional avalado por su gran proyección. Tras ser reconvertido a la posición de central por Simeone en el club rojiblanco, el joven futbolista ofrece a la Roja una alternativa de plenas garantías atrás, aportando energía, frescura y mucha contundencia.
3Alejandro Grimaldo
Alejandro Grimaldo [Bayer Leverkusen, 30 años] es sinónimo de regularidad absoluta. El lateral llega tras una temporada espectacular en Alemania encadenando semanas jugando prácticamente todo. Su excelente estado físico y su profundidad por la banda izquierda le convierten en un puñal indispensable para el torneo.
4Eric García
Eric García [FC Barcelona, 25 años] regresa a un gran torneo internacional con el aval de su madurez futbolística. Después de un curso de máxima exigencia en la plantilla de Hansi Flick, el central catalán aporta su excelente lectura de juego y precisión en la salida de balón para dar solidez a la zaga española.
5Marcos Llorente
Marcos Llorente [Atlético de Madrid, 31 años] aporta un físico privilegiado y una polivalencia total al equipo. Aunque sufrió un bache por lesión a mitad de curso, el madrileño recuperó rápidamente su mejor nivel y llega con frescura, listo para recorrer kilómetros y cumplir en cualquier rol que le pida el míster.
12Pedro Porro
Pedro Porro [Tottenham Hotspur, 26 años] llega a la cita mundialista con el ritmo competitivo que da el ser indiscutible. Pese a superar un bache por lesión a principios de año, el lateral sumó una gran cantidad de kilómetros en la exigente Premier League y se planta en la convocatoria con las opciones intactas de pelear el puesto.
14Aymeric Laporte
Aymeric Laporte [Athletic Club, 32 años] mantiene intacto su estatus de líder en la zaga. Tras su regreso al Athletic, el central zurdo sigue ofreciendo plenas garantías defensivas y una salida de balón limpia desde atrás, lo que supone un recurso estratégico primordial y de máxima confianza en el esquema de la selección.
22Pau Cubarsí
Pau Cubarsí [FC Barcelona, 19 años] se ha consolidado en la élite dejando atrás la etiqueta de debutante. Tras una temporada impecable en el conjunto azulgrana, donde asumió galones tanto en Liga como en Champions, el joven central llega al Mundial convertido en una de las piezas más utilizadas y de máxima confianza para Luis de la Fuente.
24Marc Cucurella
Marc Cucurella [Chelsea FC, 27 años] se ha ganado a pulso su sitio en la lista gracias a una campaña de enorme regularidad en Inglaterra. Superadas unas molestias físicas en el tramo medio del curso, el carrilero encadenó titularidades clave en su club y llega con las piernas preparadas para el máximo nivel internacional.
Centrocampistas
6Mikel Merino
Mikel Merino [Arsenal, 29 años] asume galones en la Roja avalado por su gran pegada. Máximo goleador de la fase de clasificación con seis tantos, el navarro ha vivido un curso intenso siendo campeón de la Premier y subcampeón de Europa. Su llegada desde segunda línea y su poderío aéreo serán armas clave en el Mundial.
8Fabián Ruiz
Fabián Ruiz [PSG, 30 años] llega al torneo en un estado de forma pletórico tras firmar un año histórico en Francia. El palaciego viene de proclamarse campeón tanto de la Ligue 1 como de la Champions League con el PSG, un doblete de prestigio que le sitúa como una pieza fundamental para aportar llegada y talento a la medular.
9Gavi
Gavi [FC Barcelona, 21 años] entra en la lista tras superar un largo calvario. A pesar de haber disputado pocos minutos oficiales este año, Luis de la Fuente le ha esperado con paciencia por considerarle un futbolista vital. Su garra, carácter y capacidad de contagio añaden un plus competitivo imprescindible para el grupo.
15Álex Baena
Álex Baena [Atlético de Madrid, 24 años] afronta el Mundial tras un año algo irregular, condicionado por las lesiones y una operación de apendicitis. Pese a ello, el almeriense siempre ha cumplido con nota en las convocatorias de la selección, aportando una visión de juego privilegiada y un golpeo a balón parado de primer nivel.
16Rodri Hernández
Rodri Hernández [Manchester City, 29 años] llega consolidado como el mejor mediocentro del mundo y el auténtico motor sobre el que gira el juego de la selección. El madrileño, vital en los éxitos recientes de la Roja, afronta el torneo en plenitud física, aportando equilibrio táctico, jerarquía y un liderazgo indiscutible.
18Martín Zubimendi
Martín Zubimendi [Arsenal, 27 años] llega en la madurez de su carrera tras un año agridulce en Inglaterra. Campeón de la Premier con el Arsenal, pero con la espina de quedar subcampeón de la Champions, el donostiarra ofrece un despliegue táctico excelso en el medio, siendo el relevo natural y de totales garantías para Rodri.
20Pedri
Pedri [FC Barcelona, 23 años] vuelve a liderar la creatividad de la selección en una gran cita. Olvidados los problemas físicos de antaño, el tinerfeño ha recuperado la magia en sus botas y su clarividencia en el pase entre líneas será el argumento principal de la Roja para romper las defensas más cerradas del campeonato.
Delanteros
7Ferran Torres
Ferran Torres [FC Barcelona, 26 años] acude a la cita avalado por su efectividad, compartiendo con Lamine el Premio Zarra de LaLiga. El valenciano es un futbolista de la total confianza de Luis de la Fuente gracias a su excelente movilidad, capacidad de trabajo y polivalencia en todo el frente de ataque.
10Dani Olmo
Dani Olmo [FC Barcelona, 28 años] aporta polivalencia, dinamismo y mucha experiencia en grandes escenarios. El atacante catalán se ha convertido en una pieza fija en los esquemas de la selección gracias a su capacidad para jugar entre líneas, su facilidad para asociarse en el balcón del área y su llegada al gol.
11Yéremi Pino
Yéremi Pino [Crystal Palace, 23 años] afronta el torneo con la madurez que le ha otorgado su experiencia en el fútbol inglés. El extremo canario ofrece al seleccionador un perfil vertical, descarado en el uno contra uno y con mucho trabajo defensivo, ideal tanto para revolucionar partidos como para salir de inicio.
17Nico Williams
Nico Williams [Athletic Club, 23 años] encara la cita mundialista apurando los plazos. El extremo viaja integrado en el grupo en plena fase de rehabilitación de sus problemas físicos, con la mirada puesta en llegar a tiempo al estreno contra Cabo Verde, donde su velocidad y desequilibrio en banda serán cruciales.
19Lamine Yamal
Lamine Yamal [FC Barcelona, 18 años] es la gran baza de la Roja tras ser la estrella del Barça campeón de Liga y ganar el Premio Zarra. Aunque llega en pleno proceso de recuperación, se confía en que esté a tiempo para aportar su desborde, olfato goleador, visión como asistente y su personalidad, ya que este será el Mundial para dejar atrás las comparaciones con Leo Messi.
21Mikel Oyarzabal
Mikel Oyarzabal [Real Sociedad, 29 años] llega consagrado como un líder. Tras destaparse en la clasificación como máximo goleador con seis dianas (dato que comparte con Merino), el atacante aporta jerarquía, polivalencia en ataque y una tremenda fiabilidad en los momentos de máxima presión.
25Víctor Muñoz
Víctor Muñoz [CA Osasuna, 23 años] es una de las grandes novedades. Pese a encontrarse en pleno proceso de recuperación, el cuerpo técnico le convoca confiando en que llegue a tiempo al día 15 ante Cabo Verde, premiando así su excelente rendimiento e implicación con la Roja.
26Borja Iglesias
Borja Iglesias [RC Celta, 33 años] asume el reto de ser el ‘9’ de referencia de España en el torneo. Aunque llega a la cita con la espina de no haberse estrenado aún como goleador con la absoluta, el delantero gallego confía en que su trabajo de espaldas, veteranía y juego de área den frutos en el momento clave.
Mundial 2026 Partidos de España
15 de junio: España – Cabo Verde, 18:00 horas (La 1 y RTVE Play)
21 de junio: España – Arabia Saudí, 18:00 horas (La 1 y RTVE Play)
27 de junio: España – Uruguay, 02:00 horas (La 1 y RTVE Play)
La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a quedar envuelta en la incertidumbre después de que Teherán haya desmentido nuevamente las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que ambas partes estaban a punto de rubricar un pacto que pondría fin a meses de tensión militar y diplomática en Oriente Medio. Lejos de confirmar el optimismo exhibido desde Washington, las autoridades iraníes han insistido en que todavía no existe ninguna decisión definitiva y que persisten importantes desacuerdos en cuestiones consideradas estratégicas.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, afirmó que “no se ha tomado ninguna decisión final” sobre el eventual acuerdo y subrayó que las especulaciones sobre una firma inminente son prematuras. Según explicó, aunque una parte importante de los textos negociados está ya consensuada, continúan existiendo diferencias relevantes que impiden dar por cerrado el proceso.
Las declaraciones llegan apenas unas horas después de que Trump anunciara públicamente que un pacto de paz estaba prácticamente listo y que incluso podría firmarse en los próximos días. El mandatario estadounidense sostuvo que el acuerdo cuenta con el respaldo de los principales actores implicados y presentó el entendimiento como un éxito diplomático capaz de estabilizar la región y reabrir completamente el estratégico estrecho de Ormuz.
Sin embargo, la reacción iraní ha vuelto a enfriar las expectativas. No es la primera vez que ocurre. Durante las últimas semanas, Teherán ya había rechazado en varias ocasiones los anuncios realizados por Trump acerca de una supuesta inminencia del acuerdo, acusando a Washington de lanzar mensajes contradictorios y de modificar constantemente sus posiciones en la mesa de negociación.
Teherán denuncia cambios constantes en la postura de Washington
Desde el Gobierno iraní consideran que uno de los principales obstáculos para culminar las conversaciones es precisamente la falta de una línea clara por parte de la Administración estadounidense. Baghaei señaló que Washington ha alterado repetidamente algunas de sus exigencias durante el proceso negociador, una circunstancia que dificulta alcanzar compromisos definitivos.
La cuestión de las sanciones económicas sigue siendo uno de los puntos más sensibles. Irán exige garantías sobre el levantamiento efectivo de las restricciones financieras y comerciales impuestas por Estados Unidos, mientras que también reclama claridad sobre el acceso a activos congelados en el extranjero. A ello se suman las discrepancias sobre la gestión futura del estrecho de Ormuz y sobre los mecanismos que deberían supervisar cualquier eventual entendimiento.
Fuentes diplomáticas citadas por diversos medios internacionales apuntan a que existe un borrador avanzado que contempla la ampliación de los actuales compromisos de alto el fuego y una hoja de ruta para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, el propio diseño de ese documento estaría aún pendiente de cuestiones esenciales, lo que explica la cautela mostrada por Teherán frente al entusiasmo expresado por Trump.
La distancia entre ambos relatos refleja además una batalla política paralela. Mientras la Casa Blanca intenta proyectar una imagen de éxito diplomático en un momento delicado para la política exterior estadounidense, el régimen iraní evita aparecer como un actor que cede ante la presión de Washington sin haber obtenido contrapartidas suficientes.
Trump busca exhibir un triunfo diplomático en plena presión interna
El nuevo desmentido supone un revés para Trump, que en los últimos días ha insistido reiteradamente en que las negociaciones avanzan hacia una resolución positiva. El presidente llegó incluso a paralizar operaciones militares previstas contra objetivos iraníes alegando que las conversaciones estaban suficientemente avanzadas como para dar una oportunidad a la diplomacia.
La apuesta por un acuerdo responde también a factores internos. La prolongación de la crisis ha tenido consecuencias económicas, especialmente en los mercados energéticos, mientras que la opinión pública estadounidense muestra signos crecientes de cansancio ante una escalada militar prolongada en Oriente Medio. Diversos analistas consideran que Trump necesita exhibir resultados tangibles para reforzar su posición política.
Pese a ello, los acontecimientos de las últimas horas evidencian que el camino hacia un entendimiento definitivo continúa plagado de obstáculos. La propia diplomacia iraní insiste en que no aceptará acuerdos que vulneren sus “líneas rojas” y recalca que cualquier decisión deberá responder a los intereses estratégicos de la República Islámica.
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Los últimos escándalos que han salpicado al entorno socialista están teniendo ya un reflejo claro en la opinión pública. Así lo muestran los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que evidencian un repunte de la preocupación por la corrupción tras las informaciones relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el denominado caso Leire Díez, así como las novedades que están en relación al juicio a la ‘Operación Kitchen’, las investigaciones en torno al presunto fraude a Hacienda del novio de de Ayuso y el paso por los tribunales de la ‘Operación Púnica’.
Eso sí, la imputación de Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias y la investigación sobre una supuesta trama para interferir en procesos judiciales, en la que figura Leire Díez, han irrumpido con fuerza en la agenda política y está influyendo de manera significativa en el electorado socialista. El impacto demoscópico no ha tardado en llegar. Según el CIS, el PSOE registra una caída cercana a los cinco puntos en estimación de voto respecto al anterior barómetro, elaborado antes de que ambos asuntos monopolizaran el debate público.
Uno de los datos más significativos es el aumento de la preocupación por la corrupción entre los propios votantes socialistas. Entre quienes respaldaron al PSOE en las elecciones generales de 2023, el porcentaje que considera que «la corrupción y el fraude» se encuentran entre los tres principales problemas del país ha pasado del 5,9% al 16,5% en apenas un mes, prácticamente triplicándose.
Aunque quienes dieron su apoyo a los partidos de derecha continúan siendo quienes perciben con mayor intensidad la gravedad de estos casos, los expertos destacan que el cambio más relevante se produce precisamente entre la base electoral socialista. Víctor Pérez Guzmán, director del centro de investigación Ateneo del Dato, indica a El País que el electorado del PSOE es el que se está sintiendo más directamente interpelado por estas informaciones. De hecho, según un estudio que prepara esta entidad, uno de cada tres votantes socialistas considera actualmente que el PSOE es el partido más afectado por la corrupción.
La inquietud también crece entre quienes apoyaron a Sumar en 2023, aunque en menor medida. En el conjunto de la población, la corrupción escala posiciones entre las preocupaciones ciudadanas. Si en mayo era el décimo problema más citado, ahora se sitúa como el cuarto. El porcentaje de españoles que la mencionan entre los tres principales problemas del país se ha duplicado, pasando del 9,1% al 18,4%.
Este contexto también afecta a la imagen del presidente del Gobierno. La valoración media de Pedro Sánchez desciende de 4,59 a 4,21 puntos, mientras que el porcentaje de ciudadanos que afirman tener «mucha» o «bastante confianza» en él cae del 35,8% al 31,1%. Aun así, el líder socialista mantiene ventaja sobre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tanto en valoración como en confianza.
Entre los propios votantes del PSOE también se aprecia desgaste. La confianza en Sánchez baja del 70% al 62,9%, mientras que quienes lo prefieren como presidente del Gobierno pasan del 29,4% al 25%.
Pese al retroceso, los datos sugieren que el impacto de los casos Zapatero y Leire Díez es inferior al que provocó hace un año el informe de la UCO que vinculó al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con una presunta trama de comisiones ilegales. Sin embargo, los analistas advierten de que la tendencia es preocupante para los socialistas.
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No cesan las hostilidades en Irán. Las armas siguen cargadas y preparadas para disparar, sin abandonar en ningún momento un posición ofensiva. La credibilidad de Trump, en este tema, comienza a verse seriamente cuestionada, ya que mientras sigue asegurando que un acuerdo de paz está muy próximo a alcanzarse, el fuego cruzado, iniciado mayormente por el presidente estadounidense, continúa dándose y siendo un lastre para las negociaciones.
Los bombardeos de Estados Unidos a Irán se han producido en dos noches consecutivas, aumentando su intensidad de una jornada a otra. Como se mencionaba, estos ataques han tenido lugar en plenas negociaciones de paz, provocando una respuesta de los iraníes que no solo han abierto fuego contra 18 emplazamientos de relevancia y con alguna relación con las fuerzas estadounidenses en las bases militares de Ali Al Salem y Ahmad al Haber en Kuwait, y la base de la Quinta Flota estadounidense en Baréin, sino que también advierten que procederán a llevar a cabo un bloqueo absoluto del Estrecho de Ormuz. En este contexto, en el que sigue habiendo una escalada de tensión a pesar de las conversaciones que ambos países mantienen para tratar de poner fin al conflicto, Trump ha amenazado con ordenar un nuevo bomardeo este jueves si Irán no acepta sus condiciones para que esta guerra concluya.
Según expone el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), las operaciones de ataque efectuadas contra Irán en las últimas horas estuvieron dirigidas contra sistemas de defensa antiaérea, infraestructuras de comunicación y emplazamientos de vigilancia que, según han defendido, suponían una amenaza para las tropas estadounidenses y para el tráfico marítimo internacional que atraviesa las aguas del golfo Pérsico.
Mientras tanto, el discurso iraní se ha endurecido todavía más. El comandante de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria, Mayid Musaví, ha advertido de que cualquier intento de poner en riesgo el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz tendrá consecuencias devastadoras para toda la región. En paralelo, el Estado Mayor iraní ha reiterado su intención de aplicar un cierre absoluto de este estratégico paso marítimo, por el que transita una parte fundamental del comercio energético mundial.
Todo ello sucede en medio de unas negociaciones de paz que continúan formalmente abiertas, aunque cada vez más debilitadas. Las posiciones siguen muy alejadas y la desconfianza mutua dificulta cualquier acercamiento. Irán exige el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos bloqueados, mientras que la Administración Trump mantiene como condición irrenunciable importantes limitaciones al programa nuclear iraní. Por ahora, los intentos de mediación internacional tampoco han logrado avances significativos, alimentando el temor a que una nueva escalada militar termine por hacer descarrilar definitivamente cualquier posibilidad de acuerdo.
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La trayectoria del proyecto Movimiento Sumar vive un nuevo escollo con la crisis abierta en el corazón de la formación, que tiene como protagonista a su coordinadora, Lara Hernández. La madrileña, que quedó como referencia del partido tras la abrupta salida de su fundadora, Yolanda Díaz, esta ahora en el centro de todas las miradas, después de un goteo de salidas que revelan una corriente crítica con su liderazgo, y una investigación abierta contra ella por acoso laboral.
Hernández fue una de las piezas del puzle que desarmó la vicepresidenta segunda cuando anunció su renuncia a ser la líder orgánica de Sumar, en 2024, después de la debacle del partido en las últimas elecciones europeas. Esto la catapultó a la secretaría de Organización del partido, fundado en 2022 tras la ruptura con Podemos, e integrado en la coalición Sumar en 2023 en aquel acto fundacional del madrileño polideportivo Antonio Magariños, junto a Izquierda Unida, Verdes Equo, Compromís o Más Madrid, entre otras siglas.
Menos de un año más tarde, con la marcha de Díaz, se consolidó el ascenso de Hernández a lo más alto de la supuesta referencia de la izquierda alternativa nacional, con su nombramiento como co-coordinadora general de Movimiento Sumar, puesto que asumió de forma íntegra tras la salida del diputado Carlos Martín por problemas de salud. Desde entonces, pese a que los estatutos de la formación recogen que tiene que haber una coordinación paritaria, no se ha abordado la elección de su sustituto.
Desde entonces, Hernández ha sido el rostro de un proyecto absorto en la crisis de liderazgo a la izquierda del PSOE, con una agenda marcada por la reconstrucción orgánica del partido y, en los últimos tiempos, del espacio político, siendo el principal rostro de una de las cuatro patas de ‘Un paso al frente‘, el llamado ‘nuevo Sumar’. Filósofa de formación, profesora de Secundaria de oficio y forjada en los movimientos posteriores al 15-M, la madrileña fue antes dirigente en Izquierda Unida. En el último año, se ha construido un perfil combativo, con un marcado acento en el auge de la ultraderecha, aunque ensombrecido, como casi toda la trayectoria de la coalición, por la tibieza con el PSOE, socio mayoritario del Gobierno del que forman parte.
Hernández fue una de las más duras de la coalición con los socialistas tras el estallido del caso de Santos Cerdán, en junio del año pasado: «Es el momento de que el PSOE se tome en serio lo que es formar parte de un gobierno», dijo en una entrevista en RNE. La coordinadora llegó a pedir «una remodelación estructural y completa del Ejecutivo» que, finalmente, nunca llegó a producirse.
Crisis de liderazgo y denuncia por acoso laboral
Ahora, la coordinadora es la principal señalada de la descomposición de Movimiento Sumar, que se ha consumado este martes con la dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno. La hasta ahora número dos de la formación señaló directamente a Hernández por su liderazgo, y reveló en su carta de renuncia que hay abierta una investigación interna por acoso laboral, a raíz de una denuncia «interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos». Además, Moreno lanzó otras acusaciones contra la organización, entre ellas «fraude» en el proceso constituyente valenciano.
Su marcha dinamita la imagen de la coordinadora, a menos de un mes de que se tengan que decidir los objetivos y cargos de la formación en su tercera asamblea estatal, que afrontan ahora con más incertidumbre si cabe. El Grupo Coordinador, el órgano más importante del partido, se reúne este jueves para aprobar esa cita, prevista para el próximo 11 de julio, según El País.
La salida de Moreno se suma a un goteo de bajas que vienen drenando Movimiento Sumar desde hace más de un año. Unos días antes se marchó el secretario de Comunicación, David Comas, que reabrió las heridas por las renuncias desde marzo de 2025 de la secretaria de Internacional, María Eugenia Rodríguez Palop, o la portavoz Elizabeth Duval. Fue precisamente la última la que avivó el fuego tras saltar la noticia de Moreno, con un mensaje en X en el que acusó a Hernández de llevar «meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización».
Desde el entorno de la coordinadora niegan todaslas acusaciones, que atribuyen a una «operación política» para desprestigiarla. Lo cierto es que su caída en desgracia llega en el momento más crítico para Sumar, después de que Yolanda Díaz anunciara que no será la candidata en las próximas generales. Hernández es la heredera de la corriente de la vicepresidenta, ante la que ahora gana vuelo la candidatura de Verónica Barbero. La portavoz en el Congreso lidera las voces críticas con la actual dirección, y este martes abrió la puerta a dar un paso al frente en la próxima asamblea: «Yo estaré a disposición de mi partido«, aseguró en una entrevista en RNE.
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Vivir en un entorno tóxico se ha convertido en rutina para Nilesh Mandikar, un agricultor de 30 años que reside cerca de Pune, a tres horas en coche de Bombay. Sentado en su casa, de sólo dos habitaciones, señala un vertido de aguas residuales a unos seis metros de distancia. «Tuve que dejar de cultivar frutas, cereales, legumbres y verduras porque la tierra de mi parcela, una hectárea, se degradó por la contaminación del agua». Un hedor nauseabundo impregna el aire mientras las aguas residuales, espumosas y de un color entre blanco y verdoso, brotan de una gran tubería subterránea hacia la parcela agrícola, extendiéndose hacia el terreno contiguo.
Mandikar vive en Ambethan, un pueblo de 4.500 habitantes que forma parte de un bullicioso centro industrial con numerosas fábricas que contaminan la zona. Las factorías producen componentes para automóviles, que se envían a Europa, donde fabricantes como Seat, Mercedes-Benz, Volkswagen y Renault, entre otros, los ensamblan en sus vehículos, según la investigación realizada por la plataforma europea de periodismo Follow the Money, que publica en exclusiva Público en España.
Mientras Europa se esfuerza por lograr un medio ambiente más limpio y apuesta cada vez más por los vehículos eléctricos, la producción de su flota automovilística está contaminando amplias zonas de la India, según revela la investigación de Follow the Money. Tras analizar datos de la plataforma global de comercio Panjiva, el consorcio de periodismo de investigación identificó más de 1.000 envíos desde tres fábricas de Pune a España y Marruecos entre abril de 2020 y febrero de 2025.
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Las exportaciones incluían piezas de engranajes, conectores electrónicos, mazos de cables y otros componentes clave, tanto para vehículos eléctricos como para automóviles con motor de combustión.
A Mandikar, la contaminación le cambió la vida. Las malas cosechas, cada vez más frecuentes, le obligaron a dejar de cultivar su tierra. Ahora trabaja como conductor, con un sueldo de sólo 30.000 rupias –unos 280 euros al mes– y ha construido unos pequeños habitáculos que alquila a los trabajadores de las fábricas. Casi el 90% de los agricultores del pueblo ha abandonado la agricultura por motivos similares. Episodios recurrentes en los que cientos de peces muertos aparecen flotando en el río han provocado las protestas de miles de personas, que se congregan ante los ayuntamientos varias veces al año, pero con escaso éxito. Las fábricas siguen incumpliendo las leyes medioambientales.
Claudia Bosch es técnica en la ONG española Setem M y responsable de la campaña Electrónica Justa, que forma parte de Good Electronics, una red internacional de organizaciones que velan por el impacto laboral y medioambiental de la electrónica: «Un modelo sostenible debe garantizar la protección del medio ambiente y de las comunidades locales en las cadenas de suministro de los vehículos de combustión, eléctricos e híbridos. Los fabricantes y las administraciones públicas deben cumplir con su obligación de aplicar las normativas ambientales y laborales. Necesitamos una transición verde justa, no ahondar en las desigualdades Norte-Sur, ni externalizar impactos socioambientales a comunidades y territorios del Sur Global«, sostiene.
Aguas tóxicas
La tubería que contamina las tierras de Mandikar sale del subsuelo desde la fábrica de Motherson Sumi, situada en el cinturón industrial de Chakan, una ciudad de 40.000 habitantes del distrito de Pune, en el estado de Maharashtra, que es el mayor centro automovilístico y manufacturero del país. El cinturón industrial alberga más de 750 fábricas, a 156 kilómetros de Bombay, la capital financiera de la India. Las marcas más importantes del mundo, como Mercedes y Volkswagen, tienen allí sus propias factorías. También cuentan con filiales que proveen de componentes a muchos fabricantes de coches. Es conocida como la ciudad del motor.
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Sin embargo, los vecinos de Ambethan, la localidad de Chakan donde vive Nilesh Mandikar, no ven muchos beneficios de semejante título. «El ruido constante y la contaminación atmosférica de las fábricas provocan problemas de salud continuos entre sus habitantes, como dolores de cabeza, alergias cutáneas y enfermedades transmitidas por el agua», lamenta Mandikar.
La entrada a la fábrica de componentes de Amphenol en Pune (India).
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«Que ardan los vertederos de residuos industriales es habitual, también lo son los montones de plástico y los líquidos contaminados malolientes vertidos en el alcantarillado y en terrenos abiertos. Los vecinos no luchan contra industrias tan poderosas porque les ofrecen empleo y no creen que alzar la voz conduzca a ningún cambio», explica Balasaheb Padwal, residente en la zona y esposa del exvicealcalde de la aldea de Ambhethan, donde el consejo de aldea o grampanchayat –la unidad básica de autogobierno local– envía denuncias periódicas a las fábricas exigiendo que traten sus residuos, pero sin resultado. Al igual que los aldeanos, atribuye gran parte de la contaminación visible –del agua, el aire, el suelo y los cultivos– a las fábricas cercanas, que vierten sus aguas residuales con tuberías a la vista o en terrenos baldíos, o queman residuos industriales al aire libre, con graves consecuencias para la población local. El agua subterránea tiene un color amarillo intenso, e incluso un representante del gobierno local, que solicitó el anonimato por temor a represalias, reconoce que ya no es potable.
Los vecinos con los que hablaron los periodistas de Follow the Money comentaron que hace tan sólo unos años recogían 2.500 kilos de cacahuetes por acre (4.000 metros cuadrados); ahora, sólo entre 10 y 20 kilos, un desplome superior al 99%.
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Chakan está a los pies de los Ghats Occidentales, una cadena montañesa declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y punto crítico para la biodiversidad mundial. Los ríos Indrayani, Bhima, Pavana, Ramnadi, Mula y Mutha fluyen desde allí regando millones de hectáreas agrícolas y suministrando agua potable a todo el distrito de Pune y a las zonas colindantes, donde viven más de 10 millones de personas.
Los incentivos de la UE al coche eléctrico
Mientras, en la Unión Europea, el Pacto Verde persigue las cero emisiones para 2050 y los coches eléctricos son un eje central. Fabricantes de componentes electrónicos de Pune como Motherson Sumi, Bharat Forge y Amphenol los exportan para ensamblar vehículos eléctricos en España y Marruecos. Acaban en modelos de Lancia, Audi, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Renault, Stellantis –Fiat, Chrysler, Peugeot, Citröen, Opel–, así como en automóviles convencionales, en la industria militar y en los vehículos utilizados en el control de fronteras.
En 2020, la UE introdujo la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente cuyo objetivo es reducir las emisiones del transporte en un 90% para 2050. Ese programa fomenta la transición a los vehículos eléctricos, los combustibles alternativos y las infraestructuras de carga accesibles a través del Reglamento sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos. También apoya la fabricación de baterías a través de la Alianza Europea de Baterías. El objetivo es que al menos 30 millones de vehículos de cero emisiones circulen por las carreteras europeas en 2030, el 12% del parque automovilístico actual. De modo que, en 2040, entre el 50% y el 80% del parque automovilístico de la UE podría ser eléctrico; es decir, entre 125 y 200 millones de vehículos eléctricos de un total de hasta 280 millones de coches.
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La fábrica Motherson Sumi forma parte del polo industrial de Ambethan. Un cartel en la entrada publicita que sus niveles de contaminantes están dentro de los límites permitidos, pero no es verdad: sus aguas residuales superan los niveles de toxicidad.
Níquel y cadmio muy por encima del límite
Los periodistas recogieron para Follow the Money muestras de aguas residuales sin tratar del lugar donde la fábrica vierte sus desechos y las enviaron a un laboratorio. El análisis revela una Demanda Química de Oxígeno (DQO: si es alto el nivel de contaminantes orgánicos, pueden agotar el oxígeno disuelto en ecosistemas acuáticos, provocando la muerte de la fauna y un exceso de fitoplancton) superior a 2.200 mg/l, muy por encima del máximo legal de 600 mg/l para aguas vertidas a la red pública, o de 250 mg/l para aguas superficiales continentales. La DQO mide la velocidad con la que el agua elimina los contaminantes, lo que significa que niveles altos de DQO indican mayores niveles de contaminación. De manera similar, la Demanda Bioquímica de Oxígeno del agua (DBO: si es alta, la descomposición orgánica agota el oxígeno disuelto en el agua, provocando la muerte de peces y vida acuática por asfixia), que mide contaminantes específicos como pesticidas y productos químicos industriales, casi duplica el límite legal. Motherson Sumi no ha respondido cuando Follow the Money le ha preguntado al respecto. Y la situación no es mucho mejor en otras partes de la región de Pune.
Una de las tuberías que utiliza Amphenol para verter aguas residuales sin tratar en Pune (India).
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A una hora en coche hacia el sur se encuentra la fábrica de Amphenol, que vierte en el suelo aguas residuales sin tratar a través de desagües abiertos que desembocan en los ríos Indrayani y Pavana. El análisis de laboratorio revela que el suelo contiene cadmio (296 mg/kg) y níquel (182,4 mg/kg) muy por encima de los límites de seguridad establecidos por la ley. Ambos metales son altamente tóxicos y contaminan el medio ambiente, incluyendo las tierras agrícolas y el agua.
El cadmio se filtra rápidamente en las aguas subterráneas y se acumula en la cadena alimentaria: tiene una vida media en el suelo de 10 a 30 años. Y puede ocasionar daños graves a la salud, como disfunción renal, desmineralización ósea y problemas respiratorios. Antes era muy utilizado como recubrimiento del acero, por su baja corrosión. Pero debido a su toxicidad, su uso está estrictamente regulado en algunas partes del mundo y los fabricantes de automóviles han buscado alternativas. Sin embargo, aún se emplea en conectores eléctricos y en algunos recubrimientos especializados.
Por lo que al níquel se refiere, puede causar enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios, además de aumentar el riesgo de cáncer. Muestra una persistencia extrema: los estudios indican que entre el 7% y el 47% del níquel acumulado permanece en los organismos para siempre.
Los ríos Indrayani y Pavana, en los que se vierten aguas residuales sin tratar, abastecen de agua potable a más de cinco millones de personas de Pimpri y Chinchwad, y riegan millones de hectáreas agrícolas donde, a su vez, se cultivan los alimentos de millones de habitantes. Un estudio de 2025 reveló que los niveles de níquel y cadmio son elevados en toda la región y superan los límites de seguridad en verduras como las espinacas y la coliflor.
Casi 1.000 envíos a fábricas en España
Desde Pune, los componentes se envían a Europa para su ensamblaje en las fábricas de automóviles. Follow the Money rastreó piezas y accesorios de vehículos, como vigas de eje delantero, ejes de transmisión, cigüeñales forjados, ejes principales y engranajes helicoidales mecanizados, así como conectores y otros componentes electrónicos –mazos de cables, mecanismos de dirección para bastidores modulares, rótulas de dirección y componentes para carcasas de bujías– que se exportan a empresas de España y Marruecos, y éstas, a su vez, los suministran a marcas europeas. Algunos componentes acaban en espejos retrovisores exteriores e interiores, así como en módulos para vehículos de Audi, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota y Volkswagen. Sus principales clientes en España son Ford, PSA Peugeot, Renault, Seat y Volkswagen.
Indra es una de las empresas españolas a la que suministran componentes fabricantes indios que contaminan en Pune.
Según el análisis de los datos aduaneros de Panjiva, entre abril de 2020 y febrero de 2025 se hicieron 987 envíos desde Pune –de Motherson Sumi, Bharat Forge y Amphenol– hasta España, con un valor declarado total de más de 21 millones de euros.
Alrededor de un tercio de estos envíos se destinaron a empresas del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, que agrupa a unas 300 empresas en uno de los principales centros de fabricación de la industria nacional. En España, el número de turismos electrificados alcanzó una cifra histórica en 2025, 225.616 unidades, tras crecer un 94,6% respecto al año anterior, según cifras de Anfac, la patronal del sector. Representan ya el 17,9% del mercado, ocho puntos porcentuales más que en 2024.
Motherson Sumi tiene una filial en este clúster, Smr Automotive Systems Spain SAU, que abastece al sector de la automoción. También posee dos plantas de ensamblaje y fabricación: Smp Ibérica SLU, en Palencia, y Smp Automotive Technologies, en Teruel, especializada en módulos exteriores e interiores con componentes eléctricos y decorativos.
Todas ellas reciben desde Pune componentes electrónicos para fabricar retrovisores exteriores e interiores, así como módulos para vehículos de Audi, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota y Volkswagen. Suministran tanto a vehículos convencionales como a eléctricos e híbridos: Audi Q3, Ford Mondeo, Ford Transit, Opel Corsa, Opel Zafira, los Volkswagen T-Roc y T-Cross.
Distribuidores españoles
Por su parte, Bharat Forge envía componentes electrónicos a varias empresas españolas, entre las que destacan dos. La primera es Dana Automoción SA, proveedor de tecnologías de transmisión para vehículos ligeros convencionales y electrificados y suministrador de Stellantis Zaragoza, que fabrica las marcas Citroën, Lancia y Opel, y produce modelos como el Peugeot 208, el Opel Corsa y el Lancia Ypsilon. Desde abril de 2020 hasta abril de 2025, Dana Automoción recibió 81 envíos desde la India valorados en más de 2,6 millones de euros.
La segunda es Etxetar SA, que opera en 20 países y es proveedor de General Motors y Jaguar, además de mantener vínculos profesionales con el Grupo Volkswagen, Volvo y Ford.
Otra de las grandes industrias indias, Amphenol, suministra conectores y componentes eléctricos a varios distribuidores españoles que dan servicio a fabricantes de vehículos eléctricos, pesados, industriales, camiones y SUV, así como al sector militar, de telecomunicaciones, defensa, electrónica industrial, aeroespacial y aeronáutico. Sus ventas en España sumaron casi 6,5 millones de euros entre abril de 2020 y febrero de 2025.
La empresa española Etxetar tiene como proveedor a la india Bharat Forge, una de las compañías contaminantes.
Conexiones Condal es uno de ellos. Follow the Money ha descubierto 81 envíos, principalmente aéreos, por un importe de 298.106 euros. La empresa de Barcelona suministra conectores de Amphenol para coches eléctricos e híbridos. Allí tiene Seat su planta de Martorell, con capacidad para ensamblar 488.000 coches al año y, en la Zona Franca, donde fabricaba Nissan hasta diciembre de 2021, la hispano-china Ebro produce ahora las marcas Ebro, Omoda y Jaeco.
Otro es Eurotronix, que provee de componentes electrónicos para sistemas eléctricos industriales y tecnológicos a numerosas empresas como V2charge, fabricante de cargadores para coches eléctricos de Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Mercedes, Volkswagen, Tesla, Toyota, Volvo, Audi, BMW, Chevrolet, Cupra, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep y otras.
Indra bloquea a un proveedor
Amphenol también suministra a Indra, empresa semipública dedicada a la defensa y la consultoría tecnológica. Indra confirma a Follow the Money que Eurotronix es su proveedor desde 2012 y asegura que renovó su último contrato con ella el 22 de mayo de 2025. También indica que el análisis realizado sobre esa empresa por el Centro de Riesgos de Dow Jones no detectó ninguna alerta «reputacional», como tampoco lo hizo Achilles, la plataforma de gestión de riesgos que usa Indra para supervisar a sus proveedores. Pero, al conocer los hechos que revela Follow the Money, la empresa española contesta que «con carácter inmediato» ha procedido al «bloqueo preventivo de Eurotronix hasta que se aclare el origen de los componentes suministrados al grupo, imposibilitando cualquier relación comercial con Indra».
Motherson Sumi cuenta con una filial, Samvardhana Motherson Reydel Autotecc Morocco, en Tánger. Allí fabrica módulos interiores para vehículos Renault. La fábrica de Motherson Sumi en Pune le envió componentes al menos hasta mediados de 2022. La gran mayoría de la producción de Renault en Marruecos se exporta a Europa.
Ninguna otra empresa, proveedor o marca de automóviles ha respondido a las preguntas que les ha enviado Follow the Money, a excepción de Audi y Mercedes-Benz España, que dicen estar «estudiando» el caso.
Activistas medioambientales muestran una de sus denuncias contra la fábrica de la empresa Bharat Forge en Dhayarkar (India).
Inoperancia de las autoridades indias
Prashant Raul dirige Green Army, un colectivo de más de 500 ciudadanos con conciencia medioambiental en Pimpri Chinchwad: «La Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), la Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) y las corporaciones municipales, bajo cuya jurisdicción se halla este cinturón industrial, no dan información sobre las instalaciones de que disponen para eliminar de forma segura los residuos industriales peligrosos y semipeligrosos, así como los vertidos líquidos», denuncia.
Esa gran cantidad de residuos industriales se queman y acumulan en zanjas, contaminan el aire, el suelo y el agua: «Además, los residuos líquidos se vierten en el suelo y en desagües que desembocan en los ríos, contaminándolos con sustancias peligrosas. Los agricultores cultivan esos suelos con agua contaminada y consumen sus alimentos. El porcentaje de enfermedades causadas por la contaminación, como el cáncer, es el más alto en India«, advierte.
El Índice de Calidad del Aire en la Jurisdicción de Pimpri Chinchwad Municipal supera los 300 del límite permitido y la población desconoce los efectos sobre su salud: «Las investigaciones muestran que en la India se producen más de 1,5 millones de muertes al año por exposición prolongada a la contaminación atmosférica».
En la colonia Dhayarkar viven unas 40 personas, junto a un terreno y una acequia donde una fábrica de la multinacional india Bharat Forge vierte aguas residuales sin un sistema de drenaje adecuado. Un olor desagradable impregna el aire.
Abhijit Gaikwad se muestra frustrado. Este activista de 37 años señala que incluso el agua subterránea está contaminada. Tiene un color entre amarillo y negro. Los vecinos no la beben, pero la utilizan para lavar la ropa y bañarse, advierte. «Tienen que usarla todos los días», lamenta.
Otros vecinos se quejan del mismo problema, que no pasa inadvertido para las autoridades. En 2021, la MPCB, la autoridad regional de control de la contaminación, pidió a Bharat Forge el cierre de la planta, debido a irregularidades en las medidas anticontaminación de la planta. También le exigió que presentara un plan de acción correctiva en el plazo de una semana.
Las pruebas obtenidas por Follow the Money, tras solicitar información utilizando los mecanismos oficiales de transparencia, revelan que se estaba vertiendo combustible en aguas a la vista fuera de la fábrica y que la planta de tratamiento de aguas residuales no funcionaba a plena capacidad. Tres años después, sin embargo, la factoría seguía funcionando pese a haber recibido más advertencias. En abril de 2024, la misma autoridad de control emitió una notificación reprendiéndola por «su negligencia en materia de control de la contaminación y protección del medio ambiente», y le ordenó presentar un informe sobre las medidas adoptadas en el plazo de siete días.
Medio año después, la MPCB envió otra carta a Bharat Forge, solicitándole que presentara detalles sobre cómo almacenaba el combustible en sus instalaciones. Y, a principios de 2025, emitió otra advertencia por quejas sobre contaminación acústica y atmosférica en la zona residencial que rodea la fábrica.
Entrada de la sede central de la empresa Bharat Forge en Pune (India).
Instalar un tratamiento adecuado para aguas residuales cuesta entre 500.000 y varios millones de dólares. Además, son necesarios otros cientos de miles de dólares anuales más para su funcionamiento. Por ejemplo, los sistemas de Descarga Cero de Líquidos (ZLD) eliminan las aguas residuales y recuperan un 95% de los materiales. Menachem Elimelech, de la Universidad de Yale, señala que tienen «limitaciones por su alto coste y consumo intensivo de energía». Pero su investigación demuestra que las tecnologías de membrana reducen el consumo energético entre un 58% y un 75% y los costes, entre un 48% y un 67%. Aunque la ZLD cuesta entre dos y cuatro veces más que un tratamiento convencional, se está convirtiendo en habitual en regiones con estrés hídrico que cumplen las leyes.
A juicio del activista Gaikwad, que lleva años alertando sobre la contaminación, que Bharat Forge siga operando demuestra la falta de eficacia de la MPCB. Incluso cuando se descubre que las fábricas infringen las leyes ambientales del país, la aplicación de la ley es inconsistente.
Multas ridículas
Las sanciones ambientales en la India alcanzan un máximo de 100.00 rupias (1.100 euros) para los primeros infractores. Su aplicación es desigual y las órdenes de cierre rara vez se cumplen. Por tanto, a los fabricantes de componentes les sale más rentable arriesgarse a recibir multas que cumplir las normas. De esa forma, protegen sus márgenes de beneficio y ofrecen precios muy bajos a las marcas de coches europeos.
Así, resulta paradójico que las subvenciones europeas para adquirir vehículos eléctricos acaben fomentando la destrucción ambiental en otros lugares. La Directiva de la UE sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (Directiva 2024/1760) entró en vigor el 25 de julio de 2024 y exige a las empresas identificar y prevenir los daños ambientales en sus cadenas de suministro. Los Estados miembros tienen hasta este año de plazo para incorporarla a su legislación nacional. Su eficacia está por ver.
«Debido a las revisiones del año pasado, hay cierta incertidumbre sobre cómo los Estados miembros implementarán los requisitos. Mientras tanto, los principios rectores de la ONU sobre conducta empresarial responsable y las directrices de la OCDE proporcionan un marco claro para aplicar y supervisar la diligencia debida en materia de derechos humanos y ambientales», señala Rocío Paniagua, directora del Programa de Vehículos de Bajas Emisiones de Electronics Watch, una ONG que vela por los derechos laborales y de los trabajadores en las cadenas de suministro globales de productos electrónicos.
Mientras, la India incentiva a través de diversos programas la fabricación de vehículos eléctricos y sus componentes –baterías, motores, arneses de cableado, electrónica, equipos de carga–, lo que ha aumentado rápidamente su producción. En 2024, superó los 2,8 millones de unidades y sigue creciendo. Su industria está valorada en 5.200 millones de dólares –4.445 millones de euros– y se prevé que alcance los 18.300 millones para 2029.
Además, en el país más poblado del mundo, las fábricas son avisadas cuando van a ser inspeccionadas y los inspectores sólo revisan la documentación, pero no las tuberías, ni miden la contaminación. Así que, si el país no aplica sus propias leyes, no se combate la contaminación y para los compradores internacionales de componentes del automóvil no es oficialmente «ilegal» ser sus clientes, los ciudadanos no pueden exigir responsabilidades.
Dengue, alergias, diarrea
De noche, los enjambres de mosquitos y otros insectos obligan a los vecinos de Dhayarkara a usar repelentes y a medicarse porque suelen transmitirles enfermedades o las contraen al beber el agua contaminada. Rajkumar Patil, un empresario de 35 años, vive allí con su esposa, sus dos hijos y su madre: «Mi madre y yo tuvimos dengue durante el monzón. Pasé una semana en el hospital, pagué una factura de 200 rupias (1,8 euros), la mitad de mis ingresos mensuales. Y tuve que enviar a mis hijos a casa de su tío para evitar que lo contrajeran». La corporación municipal revela que en 2025 se registraron 164 casos sospechosos de dengue y siete confirmados en esa zona.
Un guardia de seguridad que trabaja en una fábrica de Amphenol, en Bhosari, cuenta que la empresa vierte aguas residuales en una acequia: «Siempre hay mal olor y multitud de mosquitos. Si llueve, las aguas residuales se esparcen por todas partes». No tiene protección ni una cabina donde sentarse. Lo hace en la puerta trasera, al aire libre, frente al vertido. Ha planteado el problema a la fábrica, pero le ignoran. Las plantas industriales alejadas de las grandes ciudades, como las de Bhosari, continúan contaminando fuera del control gubernamental.
Santosh Patil, dueño de una pequeña tienda de té, café y cigarrillos cercana, señala un desagüe abierto. Explica que, durante los cuatro meses de lluvia, la zona se inunda esparciendo las aguas residuales allí. Ni la empresa ni la corporación municipal han hecho nada para aliviarlo. «No tengo clientes esos meses, no pueden caminar por aquí», protesta. Pero no puede permitirse abandonar el lugar, ni plantear el asunto a los líderes locales, porque en su mayoría están del lado de las fábricas, asegura.
Amphenol es una de las grandes compañías indias que exportan componentes del automóvil a empresas europeas.
Mientras, en Chakan, Sarita Sathe –nombre ficticio para evitar represalias–, que vive cerca de la fábrica de Motherson Sumi, se lamenta: «Muchos vecinos sufren alergias cutáneas y diarrea debido a la exposición al agua contaminada”.
Las multinacionales deben vigilar a sus proveedores
El descubrimiento de un panorama tan tóxico se produce cuando las mayores empresas del mundo se están comprometiendo a invertir en tecnología más sostenible. En los últimos años, los fabricantes de automóviles europeos han aumentado su apuesta por los vehículos eléctricos en un intento por reducir las emisiones. Una política que forma parte de una estrategia más amplia. Stellantis, por ejemplo, destaca en su sitio web que su objetivo es tener un «amplio impacto positivo en el medio ambiente”. La empresa asegura que la iniciativa también se aplica a sus suministradores: «Nuestra estrategia consiste en seleccionar proveedores según criterios ambientales… o por su capacidad para desarrollar productos que incorporen materiales ecológicos o reciclados», declara.
En la misma línea, Renault insiste en que «el cumplimiento de los requisitos sociales y ambientales forma parte tanto del proceso de selección de proveedores como de las relaciones con ellos». Por su parte, Volkswagen indica que todos sus proveedores se someten a un análisis de riesgos y que los derechos ambientales y humanos son aspectos clave. «Estos criterios son obligatorios y vinculantes», resalta un portavoz.
Sin embargo, contar con criterios no significa necesariamente que las empresas puedan desentenderse de la responsabilidad por el daño ambiental en su cadena de suministro. Según la ley alemana de cadenas de suministro, vigente desde 2023, las empresas con más de 1.000 empleados deben identificar y prevenir las violaciones de derechos humanos y medioambientales de sus proveedores. Esto significa que empresas alemanas como Mercedes-Benz y Volkswagen deben asegurarse de que, al comprar componentes a fábricas o intermediarios, se respeten las leyes medioambientales, si éstas afectan a los derechos humanos.
Y esa obligación va más allá de simplemente pedir a los proveedores que respeten las normas o confiar en los carteles de cumplimiento colocados en las puertas de las fábricas, critica Finn Schufft, asesor de políticas de responsabilidad corporativa en Germanwatch, una ONG que analiza políticas medioambientales. «Confiar en los datos que proporcionan los proveedores no suele ser suficiente para cumplir con los estándares del análisis de riesgos. Cuando las empresas tienen motivos para creer que se ha producido una infracción, no pueden ampararse en los datos de cumplimiento de los proveedores, sino que deben tomar medidas activas para verificar la información», añade.
La factoría que la multinacional india Motherson Sumi tiene en Pamplona.
Las obligaciones de las empresas europeas
Si bien los ciudadanos indios pueden presentar quejas ante las autoridades alemanas en el caso de que consideren que las empresas no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida, hasta el momento no ha habido resultados tangibles. «Según tenemos entendido, la autoridad supervisora se ha negado a emitir órdenes concretas a las empresas o a imponer sanciones por infracciones de la ley», advierte Schufft.
Sin embargo, las empresas que no están cubiertas por la legislación alemana tienen que cumplir con el derecho internacional. La nueva Ley europea de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa impone obligaciones similares a las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros. Todos los fabricantes de automóviles mencionados en este artículo entran en ese tramo. Pero, aunque entró en vigor en 2024, la ley sólo se aplicará a partir de 2029 y las multas estarán limitadas al 3% de la facturación global neta de la empresa.
Nilesh Mandikar sostiene que estas leyes son insuficientes y llegan demasiado tarde. «Los ciudadanos comunes como nosotros no tenemos más poder que un voto en las elecciones y no podemos forzar ningún cambio», se queja.
Porque el mercado empuja en dirección contraria. En diciembre de 2025, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron los 20,7 millones de unidades en el segmento de turismos y vehículos ligeros. Ese año, por primera vez, las ventas de eléctricos en Europa superaron a los de gasolina.
La diferencia entre el campo y la ciudad
Desde su campo yermo, Nilesh contempla el vertido que fluye desde Motherson Sumi hasta lo que una vez fue el silo arrocero de Maharashtra. Las tuberías se extienden desde los muros de la fábrica hasta las tierras agrícolas donde su padre cultivaba lo suficiente para alimentar a tres aldeas. Hoy el cadmio y el níquel contaminan la zona y la vida de las próximas generaciones.
«Los habitantes de las zonas cercanas a las fábricas de Chakan, alejados de la gran ciudad, suelen desconocer que ese veneno lento procedente de la contaminación del aire y del suelo afecta a su salud a diario y les causa alergias, malaria… Como pueden conseguir trabajo en las fábricas y clientes para alquilar habitaciones, para sus tiendas y servicios, no protestan«, lamenta Santosh Anna Bendre, presidenta del sindicato Shivgarjana Kamgar Sanghatana en Pune.
En cambio, los de las zonas más próximas a las grandes ciudades son conscientes de que esa contaminación es perjudicial: «Organizan regularmente marchas de protesta, presentan escritos en las fábricas contaminantes y en los organismos gubernamentales para pedir que reduzcan la contaminación», detalla.
Antes de entrar en su casa, Nilesh observa la tierra contaminada por la tubería de Motherson Sumi, mientras de fondo no cesa el ruido implacable que sale de la fábrica.
Este artículo forma parte de un proyecto de periodismo de investigación financiado por Journalismfund Europe.
La muerte de Antoni Gaudí conmocionó a la sociedad y todos los medios de comunicación relataron todo lo acontecido desde el accidente a su entierro. Las crónicas de los diarios revelan datos, fechas y nombres, piezas imprescindibles para reconstruir los hechos.
Todo empezó el lunes 7 de junio de 1926 a las 18:05 horas. Antoni Gaudí iba, como de costumbre, a rezar y confesarse a la iglesia de Sant Felip Neri. Nadie le reconoció cuando iba por la calle debido a su estado físico, su ajado traje y su rostro demacrado. «Se deja conquistar por un misticismo que lo devora», dicen en el documental: llevaba una vida casi monacal, hacía ayuno y optaba por caminar, por larga que fuera la distancia que tenía delante.
Nadie reconoció a Antoni Gaudí
Cuando cruzaba la Gran Vía, entre las calles de Bailén y Girona, vio que se acercaba un tranvía y dio un paso atrás. La mala suerte hizo que en ese momento pasara otro tranvía en sentido contrario y le golpeó en el cuerpo y la cabeza. Nadie corrió en su ayuda. «Estaba desnutrido, tenía las ojeras hundidas y parecía un mendigo». Al rato, dos personas se acercaron a comprobar cómo estaba y pidieron ayuda para llevarlo a un hospital. Ningún taxista paraba su vehículo. Gaudí no llevaba documentación en ese momento y no podían saber de quien se trataba el hombre herido. Su vida corría peligro y solo la intervención de un guardia civil, llamado Ramón Pérez, hizo posible que se trasladase al herido a un centro hospitalario de la Ronda de Sant Pere.
Ceremonia del centenario de Antoni GaudíAFP
Muerte de Gaudí: 10 de junio de 1926
El médico que lo atendió comprobó que seguía con vida y cuando supo de quien se trataba ordenó su traslado urgente al Hospital de Santa Cruz. Según los testigos, Gaudí solo pudo decir: «¡Dios mío, Dios mío!». Tras el examen del doctor Homs, especializado en traumatismos, se le asignó una habitación para vigilarlo. El informe decía: sufre una conmoción cerebral con posible fractura del cráneo y varias costillas fracturadas.
La prensa destacó que estuvo inconsciente durante dos días y que finalmente murió el día 10, jueves, pasadas las 17 horas. Tenía 73 años. «Se le amortajó con el hábito negro de la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y su cuerpo se expuso en la sala de médicos, improvisando una capilla ardiente». Dos días después, el jueves 12 de junio, se procedió al entierro.
Una multitud despide a Antoni Gaudí
Tras salir del hospital, la comitiva fúnebre se encaminó a la Catedral. El féretro, de roble y cubierto con el paño fúnebre de la Asociación de Arquitectos, iba dentro de una carroza carroza a la federica con cruz alzada y tirada por dos caballos. Miles de personas, de distintas clases sociales, abarrotaron las calles, ventanas y balcones. «Cuando la presidencia del duelo, con las autoridades y familiares de Gaudí, entraba en la catedral, las últimas filas del acompañamiento estaban todavía en la Rambla del Centro», decía la crónica del ABC.
Retrato de Antoni GaudíRTVE
Según publicaciones de la época, en la Catedral se ofició una misa de funeral y después los restos de Antoni Gaudí se trasladaron a la Sagrada Familia. Un grupo de obreros que trabajaban en las obras cargaron con el féretro hasta el interior, y lo colocaron sobre el catafalco. Tras el responso del Orfeó Cátala, los restos mortales del arquitecto se colocaron en un nicho de la cripta, presidida por una imagen de la Virgen del Carmen. Para ello hubo que pedir una autorización papal, pero se logró sin dificultades.
Todo terminó con la colocación de la lápida. En ella, escrito en latín, se lee: Antoni Gaudí Cornet. Oriundo de Reus. Nacido hace 74 años, hombre de vida ejemplar y excelente arquitecto, autor de la admirable obra de este templo, murió piadosamente en Barcelona el 10 de junio de 1926. Aquí las cenizas de tal hombre esperan la resurrección de los muertos . QEPD
Radio Nacional ofrece Antoni Gaudí, un siglo sin el genio
rne audio
Este documental se ha hecho con guion de Agnès Batlle y el diseño sonoro es de Mayca Aguilera. Cuenta con las voces de Jordi Faulí, actual director de las obras de la Sagrada Familia; Galdrich Santana, arquitecto y comisario del Año Gaudí; Armand Puig, teólogo y biógrafo de Antoni Gaudí; Chiara Curti, arquitecta y doctora en historia del arte, autora de ‘La Sagrada Familia: catedral de luz’; Juan de la Rubia, organista titular del templo; Judith Urbano, profesora de humanidades en la Universitat Internacional de Catalunya e integrante del comité científico del primer congreso internacional sobre Gaudí; Ferran Garcés, historiador y guía de la ruta ‘Gaudí desconocido’; Salva Rubio, coautor del cómic ‘Gaudí. La Sagrada Familia y el éxtasis’; y los periodistas internacionales Graham Keeley y Mauro Vafile. El actor Miguel Valiente pone voz al protagonista de esta historia a partir de sus pocos escritos y transcripciones que se conservan.
‘Documaster’, por su parte, ofrece el documental Sagrada Familia, el desafío Gaudi se puede ver el miércoles 10 a las 22:20 en La 2 y en RTVE Play (donde queda disponible hasta 2029)
Estados Unidos ha iniciado una amplia operación militar contra objetivos iraníes después de que un helicóptero Apache del Ejército estadounidense fuera derribado en un incidente que Washington atribuye a fuerzas vinculadas a Teherán. La respuesta ordenada por la Casa Blanca ha incluido una primera oleada de ataques aéreos contra instalaciones militares, sistemas de defensa antiaérea y centros logísticos situados en distintos puntos del territorio iraní.
La operación marca un nuevo salto en la tensión entre ambos países y eleva el riesgo de un conflicto regional de mayor envergadura en Oriente Próximo. Según fuentes militares estadounidenses, los bombardeos buscan “degradar la capacidad ofensiva iraní” y enviar un mensaje de disuasión tras un episodio que el Pentágono considera una agresión directa contra efectivos de Estados Unidos.
Las primeras informaciones apuntan a que el helicóptero Apache fue alcanzado durante una misión de vigilancia y apoyo en una zona estratégica del Golfo. La aeronave se precipitó al suelo tras recibir el impacto de un sistema antiaéreo. Aunque las autoridades estadounidenses no han facilitado inicialmente un balance completo de víctimas, altos cargos de Defensa han confirmado que el incidente provocó bajas entre la tripulación.
La reacción de Washington no se hizo esperar. Apenas unas horas después del derribo, bombarderos, cazas y drones estadounidenses comenzaron a atacar infraestructuras consideradas clave para las capacidades militares iraníes. Entre los objetivos figuran radares, depósitos de armamento y centros de mando vinculados a la Guardia Revolucionaria.
Trump promete una respuesta “contundente”
Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump defendió la operación militar y aseguró que Estados Unidos no permitirá ataques contra sus fuerzas sin consecuencias.
“Quienes atacan a nuestros soldados deben saber que responderemos con toda nuestra fuerza”, afirmó el mandatario en una breve comparecencia. Trump sostuvo que la acción militar busca proteger a las tropas estadounidenses desplegadas en la región y evitar nuevos ataques contra intereses norteamericanos.
El presidente también advirtió a Teherán de que cualquier represalia adicional desencadenará una respuesta todavía más severa. “No buscamos una guerra, pero tampoco vamos a tolerar agresiones”, señaló.
Teherán denuncia una “agresión ilegal”
Las autoridades iraníes han condenado los bombardeos y los han calificado como una violación de su soberanía nacional. Fuentes del Gobierno iraní acusaron a Washington de utilizar el derribo del helicóptero como pretexto para justificar una campaña militar previamente planificada.
Teherán ha prometido responder a cualquier ataque contra su territorio y ha elevado el nivel de alerta de sus fuerzas armadas. La Guardia Revolucionaria aseguró que dispone de capacidad para responder “en el momento y lugar que considere oportunos”.
Los medios estatales iraníes han informado además de daños en varias instalaciones militares, aunque por el momento no existe una evaluación independiente sobre el alcance real de los bombardeos ni sobre el número de víctimas.
Temor a una escalada regional
La nueva crisis ha generado preocupación entre gobiernos occidentales y países de Oriente Próximo, que temen que el enfrentamiento derive en un conflicto de mayores dimensiones. Diversos actores internacionales han pedido contención a ambas partes y han reclamado una reducción inmediata de las hostilidades.
La posibilidad de que grupos aliados de Irán en la región entren en la ecuación preocupa especialmente a las potencias occidentales. Analistas militares advierten de que una escalada prolongada podría afectar a rutas energéticas estratégicas, incrementar la inestabilidad regional y arrastrar a otros países a la confrontación.
Los mercados también han reaccionado con inquietud ante el deterioro de la situación. El precio del petróleo registró fuertes movimientos ante el temor a interrupciones en el suministro energético procedente del Golfo, una de las principales arterias energéticas del planeta.
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El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, se ha pronunciado después de la última dimisión del partido magenta; la de Laura Moreno, secretaria de Organización. Esta salida, la última de una lista de varios nombres, ha dejado en el ojo del huracán a Lara Hernández, actual coordinadora general en funciones.
El responsable republicano en el Parlamento ha reaccionado a este hecho a golpe de tuit: “Yo de lo de Sumar y compañía solo voy a decir que la mejor manera de ‘reventar a la derecha’ es no reventar a otras izquierdas. Por muchas fracturas y ganas de rajar que tengas. Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie).
Yo de lo de Sumar y compañía solo voy a decir que la mejor manera de ‘reventar a la derecha’ es no reventar a otras izquierdas.
Por muchas facturas y ganas de rajar que tengas.
Que de eso tenemos todos (y no interesan a nadie).
Desde el Movimiento Sumar afloraron las críticas hacia la dirección de Hernández. En su carta al órgano ejecutivo, Moreno situaba su nombre en el centro de las diferencias, señalando que se encuentra abierta una investigación por acoso laboral “interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” que afecta a cinco trabajadores. Asimismo, lanzaba acusaciones, entre ellas de “fraude” en el proceso constituyente valenciano, a la organización.
Además, la exsecretaria de Comunicación, Elizabeth Duval, quien también dimitió de su cargo hace un tiempo, añadió que Hernández llevaba “meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral” y “acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización”.
En una publicación en redes sociales, Duval señalaba que ella dio un paso a un lado “como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año”. “En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el coordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!”, acentuaba.
Tanto Hernández como el diputado Carlos Martín fueron escogidos como coordinadores del movimiento. Martín también renunció a su puesto en agosto de ese mismo año y, desde entonces, a pesar de que los estatutos recogen que tiene que haber una coordinación paritaria, no se han abordado la elección de un sustituto, dejando solo a Hernández en el cargo.
Con la fecha por fijar para la Asamblea en las próximas semanas, se espera que se materialice una fisura interna entre dos corrientes, la de Hernández y la de Verónica Martínez Barbero, por cuestiones principalmente orgánicas. La portavoz en el Congreso no renuncia definitivamente al liderazgo, pero la decisión, deja claro, debe ser colectiva; con lo que se pone a disposición del partido de Yolanda Díaz.
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El ex fiscal general Álvaro García Ortiz, el cantautor Joan Manuel Serrat, la periodista Nieves Concostrina, la víctima de violencia vicaria por el caso Bretón y activista contra la violencia de género, Ruth Ortiz, las tres asociaciones de víctimas de la Dana, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, y el grupo de jóvenes que desarrollan el proyecto Ruta al Exilio. Estos son los galardonados con los Premios Público 2026.
La entrega de los premios es este miércoles a partir de las 18.30 horas, en el Palacio de la Prensa de Madrid. El acto está patrocinado por Moeve y AENA y organizado en colaboración con ‘España en Libertad’.
Los protagonistas de los premios son personas que han dado un paso al frente por la libertad, la justicia y los derechos humanos, pagando en algunos casos un alto coste por ello.
‘España en Libertad’ colabora en la gala de los Premios Público 2026
García Ortiz, Personaje del Año
El reconocimiento al Personaje del Año recae en 2026 en Álvaro García Ortíz, ex fiscal general condenado sin una sola prueba sólida en su contra y desoyendo el testimonio de todos los periodistas que declararon ante el Tribunal Supremo.
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El proceso contra García Ortíz se produjo por filtrar datos sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. La condena se interpretó en sectores políticos, sociales y jurídicos progresistas como un caso claro de lawfare.
Incorporado de nuevo a su puesto como fiscal en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid, García Ortíz estará acompañado en la entrega de los Premios Público 2026 por una amplia representación de la judicatura y fiscalía española.
Serrat, Premio Sénior
El cantautor Joan Manuel Serrat recibe el reconocimiento Sénior del diario Público por toda su carrera y por su compromiso con la libertad, la historia y los derechos humanos.
Serrat ha recibido los más importantes galardones en los últimos años, y especialmente desde que dejara los escenarios en 2022. Así, tiene en su haber el Premio Princesa de Asturias, el Premio de Honor de la Academia de la Música, la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya o el Premio Antonio de Sancha de los editores españoles. Serrat sucede como Premio Sénior de Público a otro grande de la escena, José Sacristán, quien fue galardonado el año pasado.
Concostrina, Premio de Periodismo
Nieves Concostrina recibe el reconocimiento de Público por su compromiso con el periodismo honesto. Desde su etapa como redactora en Diario16 hasta hoy han pasado cuatro décadas de activismo por los derechos civiles y humanos hasta convertirse en referencia por su labor radiofónica, a través de podcast y actos públicos con una forma única, valiente y peculiar de contar la historia. Ni siempre fue fácil, ni le ha salido gratis defender sus principios desde la profesión. Pero la veterana periodista sigue activa y llenando teatros y espacios culturales en sus galas.
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El humor y la sátira están muy presentes en sus divulgaciones sobre los reyes de España, las intrigas de la corona española y hasta la desmitificación de figuras idolatradas durante siglos como los Reyes Católicos.
Nieves Concostrina, colaboradora de Público con su columna Borbolandia, ha ejercido siempre un periodismo valiente y comprometido con la verdad.
Ruth Ortíz, Premio de Igualdad
La violencia vicaria es hoy la acción de terrorismo machista más inhumana y cruel a la que se puede someter a una madre. La veterinaria y activista contra la violencia de género, Ruth Ortíz, lo sabe bien. Fue en 2011 cuando José Bretón mató a los dos hijos que tenían en común, de tan solo seis y dos años de edad, para después calcinar los cuerpos y rematar la venganza contra su expareja.
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Ruth Ortíz, que hoy es una de las voces más importantes en España contra la violencia vicaria, recibe el Premio Público de Igualdad.
Emilio Silva, Premio Memoria
El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, también es galardonado en los Premios Público 2026. Un homenaje a la trayectoria personal y asociativa de quien ha dedicado buena parte de su vida a dar visibilidad y un lugar en la historia a quienes todo lo perdieron tras el golpe de estado del dictador Francisco Franco.
En el año 2000, Emilio Silva encontró la fosa común en la que estaban los restos de su abuelo paterno asesinado por un grupo de falangistas el 16 de octubre de 1936. Tras localizarla, publicó en La Crónica de León un artículo titulado Mi abuelo también fue un desaparecido, qué supuso la incorporación de las víctimas de la represión franquista a la cultura de los derechos humanos.
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Su abuelo fue la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba de ADN, y desde entonces se puso en marcha el movimiento por la recuperación de la memoria histórica que tiene por objetivo encontrar a las personas desaparecidas y reclamar políticas públicas de memoria.
Las víctimas de la Dana, Premio Activismo por los derechos humanos
Las tres principales asociaciones civiles de víctimas y damnificados por la DANA tienen también su reconocimiento en la gala de los Premios Públicocon el galardón por su Activismo por los Derechos Humanos. Las precipitaciones de 2024 causaron el desbordamiento de ríos y barrancos, generando inundaciones relámpago especialmente catastróficas en la provincia de Valencia. El desastre provocó al menos 238 fallecidos oficiales y cuantiosos daños materiales. La falta de previsión de la Generalitat Valenciana y el desinterés por la catástrofe durante las primeras horas por parte del entonces president, Carlos Mazón, sigue hoy pendiente de procesos judiciales.
La portavoz de la Associació de ‘Víctimes de la Dana 29O’, Mariló Gradolí, durante una rueda de prensa .
Las portavoces de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud València y Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O están presentes en la gala. Recogen el premio en nombre de sus organizaciones Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Alejandro Carabal.
‘Ruta al Exilio’, Premio Juventud
Las y los jóvenes del proyecto Ruta al Exilio reciben el Premio Juventud de Público por su labor en favor de divulgar entre la gente de su generación las consecuencias de la represión de los franquistas durante la Guerra Civil y la posguerra. En su nombre, suben al escenario a recibir el galardón dos de las componentes de esta iniciativa: Anna Pastor y Marta Cruz.
Participantes en una de las expediciones de ‘Ruta al Exilio’
Ruta al Exilio es un proyecto educativo y de memoria histórica dirigido a jóvenes de 16 y 17 años, centrado en el exilio republicano y civil español. Durante dos semanas, en cada edición, los participantes recorren a pie y en autobús lugares clave para la memoria antifascista.
La historiadora y comisionada del Gobierno de España para la conmemoración de los 50 años de «España en Libertad», Carmina Gustrán, participará en la entrega de premios a estos jóvenes.
El Movimiento Sumar ha sufrido una nueva baja en sus filas después de que su secretaria de Organización, Laura Moreno, haya dimitido de su cargo y haya decidido abandonar la formación para regresar a su plaza como profesora de Lengua y Literatura. Esta salida, no obstante, llega después de otras como las de Elizabeth Duval, portavoz y coordinadora de Comunicación, y María Eugenia Rodríguez Palop, secretaria de Internacional, y con el ojo del huracán puesto en Lara Hernández, actual coordinadora general en funciones.
En sustitución de Yolanda Díaz, el movimiento eligió en 2025 dos coordinadores generales, pero desde entonces atraviesa una delicada situación que ha llevado a importantes dimisiones, que a las ya mencionadas hay que sumar la del último secretario de Comunicación, David Comas. Ello motivado, en parte, por el afloramiento de críticas con la actual dirección de Lara Hernández, lo que ha provocado la convocatoria de la tercera asamblea de la formación en tres años.
En su carta al órgano ejecutivo, Moreno se ha despedido con cuestionamientos sobre el papel de Hernández, revelando que hay abierta una investigación interna por acoso laboral “interpuesta por seis altos dirigentes institucionales y orgánicos” que afecta a cinco trabajadores. Además, ha lanzado acusaciones contra la organización, entre ellas “fraude” en el proceso constituyente valenciano.
Por si estas graves acusaciones de Moreno no fueran poco, la exsecretaria de Comunicación Elizabeth Duval ha añadido leña al fuego, señalando que Lara Hernández “lleva meses vulnerando los estatutos, con una investigación abierta por acoso laboral, acusada de fraude en primarias internas por su propia exsecretaria de Organización”.
“Yo dimití como coordinadora de Comunicación de Sumar hace ya más de un año. En el año transcurrido desde entonces, han dimitido: la secretaria de Organización, el secretario de Comunicación y hasta el coordinador general. ¡Me pregunto quién será responsable del destrozo!”, ha señalado en una publicación en redes sociales. Además, ha instado a Hernández a dimitir y no presentarse a la siguiente Asamblea de Sumar.
Cabe recordar que Lara Hernández fue elegida en marzo de 2025 junto a diputado Carlos Martín como coordinadores generales del movimiento. Martín dimitió del cargo en agosto de ese mismo año y desde entonces, a pesar de que los estatutos recogen que tiene que haber una coordinación paritaria, no se ha abordado la elección de su sustituto, dejando a Hernández únicamente en el cargo.
Ahora, a falta de que se fije una fecha para esta Asamblea en las próximas semanas, se espera que se materialice una fisura interna entre dos corrientes, la de Hernández y la de Verónica Martínez Barbero, ya no por cuestiones ideológicas sino orgánicas. Aunque la portavoz en el congreso no cerró la puerta a optar por el liderazgo, ha dicho que la decisión debe ser colectiva y que está a disposición del partido.
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En los últimos meses la extrema derecha encabezada por Santiago Abascal había venido asfaltando el terreno en cada uno de los territorios que iban a concurrir a elecciones marcando en rojo cuál era la condición sine qua non si los populares querían hacerse con su apoyo en caso de llegar a los Ejecutivos autonómicos. En Castilla y León, Andalucía, Aragón y Extremadura, Vox fijó la ‘prioridad nacional’ como principio indispensable para dar su mano al PP y formar pacto de gobierno y este martes dos episodios han coincidido en el tiempo y han reflejado con más nitidez si cabe la entrega de los de Alberto Núñez Feijóo a la prioridad de la extrema derecha.
Por una parte, este martes 9 de junio el presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno Bonilla, ha mantenido su primera reunión con Vox tras los comicios autonómicos del pasado 17 de mayo. En esta cita, la formación de Moreno Bonilla fue la más votada, pero perdiendo la mayoría absoluta con 53 escaños, lo que volvía a situar en el mapa la exigencia principal de Vox. Con todo ello, y en aras de cerrar un Gobierno de coalición, este martes el Parlamento andaluz ha acogido el encuentro entre Moreno Bonilla y el líder de la extrema derecha en Andalucía, Manuel Gavira, para «abordar un posible acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía».
Según han apuntado fuentes del PP y Vox, tras la reunión que se ha llevado a cabo “en un clima de cordialidad”, ambas partes se han emplazado a «seguir dialogando en los próximos días para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo». Un encuentro, no obstante, que se produce a dos días de la sesión de constitución del Parlamento de la XIII legislatura, convocada para este jueves, 11 de junio, a las 12:00 horas.
Una reunión que se ha producido el mismo día y prácticamente a la misma hora que el debate y posterior investidura que han acogido también este martes las Cortes de Castilla y León para que el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, se erija como presidente de la Junta tras alcanzar un acuerdo con la extrema derecha. Durante su discurso de investidura, Mañueco ha asegurado que, desde su formación, aceptan la condición de Vox. “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ‘prioridad nacional’, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios”, ha sostenido, a la vez que ha instado a “acatar escrupolosamente las leyes” y a prescindir de “demagogias interesadas” ante “algo fácil de entender”.
De esta forma, el reelegido como presidente de la Junta de Castilla y León ha relacionado la ‘prioridad nacional’ de Vox con “una vinculación legal, efectiva y estable” en la autonomía, a la vez que ha garantizado “servicios públicos esenciales” y que serán “bien recibidos” los inmigrantes que “quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común”. “Vemos que se trata de algo fácil de entender. Quienes reciban nuestras prestaciones deben acreditar, sea cual sea su procedencia, una vinculación legal efectiva y estable con Castilla y León”, ha sostenido durante el discurso de investidura.
En línea similares, Mañueco ha proseguido detallando que la ‘prioridad nacional’ se aplicará en función de “tres estrictos criterios”. El primero será “acatando de manera escrupulosa las leyes, la Constitución, el Estatuto y el ordenamiento jurídico en definitiva”. El segundo, “prestar de manera general los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la dependencia, el transporte público”. Por último, Mañueco ha subrayado que entre los requisitos estará el de “excluir cualquier tipo de limitación o retroceso en los derechos ya consolidados en la Comunidad”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada. Son unos criterios que se vienen aplicando de muy diferentes ámbitos en todos los territorios de España desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”, ha matizado.
Con todo ello, las negociaciones en Andalucía 23 días después de las elecciones y el debate de investidura de Mañueco en las Cortes de Castilla y León confeccionan ya los dos nuevos escenarios sobre los que la extrema derecha podrá echar a andar su prioridad, la de que los españoles sean quienes primero accedan a los servicios públicos.
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En el que es el tercer y último día del Papa en la capital, este lunes la carrera de San Jerónimo se ha vestido de gala para acoger un hito histórico, la primera vez que un Pontífice visita el Congreso de los Diputados. Para la ocasión, León XIV ha entonado un discurso ante un hemiciclo abarrotado testigo de esta jornada marcada en rojo en la historia del país y con el que ha lanzado dos mensajes clave que han articulado el debate posterior en las filas de los diferentes grupos parlamentarios: un ‘no’ al aborto y la eutanasia, por una parte, y un ‘sí’ rotundo a la acogida de inmigrantes “conforme a su dignidad”, por otra.
Al término de este alegato, la Cámara Baja se ha fundido en aplausos y entrega al Pontífice por las palabras pronunciadas, un gesto que, no obstante, resulta ciertamente contradictorio en algunas de las filas del Congreso. Poco después de que el Papa abandonara la Cámara, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no solo ha aplaudido con fervor la intervención de León XIV, sino que se ha confesado en completo acuerdo con el discurso del Pontífice. “Yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras, lo que ha dicho y cómo lo ha dicho. Desde la A hasta la Z”, ha sostenido el líder de los populares. Un grado completo de concordancia con las afirmaciones del Pontífice que, sin embargo, parece centrarse únicamente en la defensa entonada por León XIV a la vida y la familia como “fundamento natural de la sociedad” y obviar otros aspectos como la llamada del Santo Padre al respeto al inmigrante y al deber de acogida. “La defensa de la dignidad de la persona, de la familia, de la libertad religiosa acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones”, ha señalado Feijóo.
En esta línea, el presidente del PP ha tildado el discurso del Papa como “histórico”. “Con independencia de las creencias y la fe de cada uno, creo que el 100% de lo que ha dicho es suscrito por la inmensa mayoría de los españoles”, ha sostenido. Asimismo, Feijóo ha puesto de relieve la existencia actual de un “déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit de respeto a las convicciones”, en referencia a las palabras espetadas por León XIV en el hemiciclo.
Ahora bien, entre todas las líneas expuestas por el Papa y pese a la supuesta aprobación de la integridad de su discurso por parte del PP, lo cierto es que el Pontífice ha abordado cuestiones como la inmigración o el rearme, materias sobre las que tanto la derecha como la extrema derecha erigen su principal batalla contra las políticas Gobierno central. Mientras que Feijóo ha asegurado suscribir las palabras de León XIV “de la A a la Z”, el Papa ha apostado también por “ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración” para la población migrante. “Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”, ha defendido en su discurso.
Unas palabras que chocan precisamente con el concepto de prioridad nacional creado por la extrema derecha y al que ya ha cedido el PP en numerosas comunidades autónomas para poder formar gobierno. Frente a ello, el Pontífice ha tildado de “indispensable” que la respuesta al “drama migratorio” sea “coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. “Cuando la respuesta institucional se hace cercana, justa y coordinada, las fronteras dejan de ser lugares de abandono y pueden convertirse en espacios de protección responsable de la dignidad humana”, ha aseverado León XIV.
Sin embargo, la inmigración no ha sido el único aspecto abordado por el Papa y cuyas palabras al respecto entren en contradicción con las políticas de derecha y extrema derecha. Bajo el telón del contexto internacional, marcado por la escalada bélica tanto en Oriente Medio como en el este de Europa, el Pontífice se ha mostrado contrario a que la vía de las armas sea la elegida para “edificar una paz auténtica y duradera”, y ha rechazado el rearme “como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”. “La verdadera seguridad, en cambio, nace de la justicia, del diálogo paciente, del respeto al derecho internacional y de una política capaz de poner la vida de los pueblos por encima de los intereses que se benefician de la guerra”, ha defendido en su discurso León XIV.
Una postura de nuevo contraria a lo que tanto PP como Vox han defendido en los últimos meses. Mientras que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se han mostrado desde el inicio contrarios a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, como reclamaban algunos aliados de la OTAN, el PP de Feijóo y la extrema derecha de Santiago Abascal han vertido numerosas críticas sobre el Ejecutivo central llegando a acusar al Gobierno de aislar a España dentro de la Alianza Atlántica por su negativa a aceptar plenamente ese objetivo.
Al margen de todo ello, el Papa se ha pronunciado también sobre la polarización latente en la sociedad actual, defendiendo la paz como “una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral”. “Reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia”, ha agregado. Precisamente, en lo que respecta a esa memoria histórica que ha defendido este lunes el Santo Padre, el PP ha cargado en recurrentes ocasiones sobre la Ley de Memoria Democrática impulsada por el Gobierno central defendiendo que esta norma promueve la confrontación sobre episodios de la historia pasada en lugar de promover la reconciliación o, directamente, eliminando leyes en esta materia al considerar que «parten de una premisa falsa, que la Guerra Civil fue una guerra de buenos contra malos».
Todo ello, por tanto, copa de contradicciones la defensa esgrimida por el presidente de los populares al discurso del Papa, quien ha asegurado suscribir “de la A a la Z” sus palabras, pero parece olvidar que entre estas hay una clara defensa a políticas que ellos mismos, junto con la extrema derecha, han tratado de socavar.
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En Oxígeno (Alfaguara), la escritora Marta Jiménez Serrano cuenta cómo la falta de mantenimiento de la caldera de su casa casi le cuesta la vida. Su casera hizo caso omiso de las revisiones periódicas hasta que una fuga de gas dejó a Jiménez y a su pareja desplomados en el suelo. Aunque es un caso extremo, refleja una realidad que denuncian cada vez más inquilinos.
Víctor Palomo, abogado experto en vivienda y miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), explica que estas problemáticas son especialmente frecuentes cuando tras la palabra «casero» se esconde un fondo de inversión. «Cuando estas sociedades adquieren un activo, que es como ellos llaman a nuestras casas, lo que buscan es sacar la mayor rentabilidad posible y eso va en contra de invertir en reformas duraderas o en un buen mantenimiento», subraya.
Es lo que están viviendo actualmente en el recién creado bloque en lucha de José Bielsa, 18, en el barrio madrileño de Usera. Los vecinos denuncian humedades, filtraciones y grandes inundaciones. También han sufrido de manera reiterada roturas en las puertas del garaje «que no se han arreglado» o «se han prolongado en el tiempo». Lo más llamativo es que este edificio fue rehabilitado por completo hace apenas cuatro años, por lo que debería estar relativamente nuevo.
Imagen de los vecinos afectados por Divarian
En 2021 el bloque fue «vaciado» por completo y se procedió a su reforma. Divarian, una sociedad anónima propiedad de Cerberus Capital Management es su actual propietaria. Según relatan los afectados, las viviendas pertenecían en un primer momento a la Sareb, hasta que esta entidad se hizo con ellas «a un precio por debajo de mercado». Una vez caducaron los contratos de arrendamiento anteriores, volvió a alquilar los pisos a un precio superior.
«Divarian compró este edificio por un precio de saldo, le hizo una reforma barata, pero pintona; nos lo alquiló, y a los cuatro años ya se está deteriorando y tiene problemas estructurales», cuenta José David, uno de los afectados. Argumenta que problemas como el de las humedades implican un gasto «que la entidad prefiere no asumir», ya que puede sacar mucha más rentabilidad «vendiendo y comprando otro activo».
«Divarian compró este edificio por un precio de saldo, le hizo una reforma barata, pero pintona; nos lo alquiló, y a los cuatro años ya se está deteriorando y tiene problemas estructurales»
«Mi sensación es que ellos ya tienen en mente vender a los cinco o siete años y no les interesa hacer una reforma duradera. Se limitan a cambiar lo justo para que el edificio se pueda alquilar y vender», añade. En su caso, asegura que cada vez que se rompe algo le dicen que es «por el uso». «Se nos rompió el termostato en inverno y esa era la excusa. Yo había alquilado el piso unos meses antes y no había hecho uso de él, pero da igual», dice. Otro de los problemas que arrastran son las averías en las puertas de acceso, lo que les ha llevado a sufrir varios robos en los trasteros. Además, cuando se inunda el parking, el ascensor queda inutilizado.
En 2025, sus actuales inquilinos se enteraron de que los dueños tenían pensado volver a traspasar su portal con ellos dentro. Temen que si vuelve a cerrar una operación de compraventa les repercuta en su contrato de alquiler, ya sea con subidas de precio o con no renovaciones de los mismos.
Las terrazas de este edificio se encuentran llenas de pancartas y mensajes denunciando la situación que viven. La última vez que un inversor se acercó interesado en comprarlo «se echó para atrás». «A raíz de eso, nos han presionado para que quitemos todo. Incluso nos han amenazado con ir a juicio», denuncia.
«Hay que tener en cuenta que Usera es el barrio de Madrid donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año», recuerdan desde el Sindicato de Inquilinas. La calle José Bielsa se encuentra en un lugar clave, enfrente de la plaza de las Tizas, donde se ha construido el dragón chino gigante del proyecto del Chinatown madrileño. Este nuevo diseño del barrio, junto con la peatonalización de sus arterias principales, llevan tiempo captando la atención de los inversores.
De acuerdo a las estimaciones del portal inmobiliario Idealista, por una de las casas de este «edificio en lucha» se podrían llegar a pedir más de 1.300 euros mensuales de arrendamiento. Los datos reflejan la escalada del mercado en la zona, donde el valor de los alquileres se ha casi duplicado respecto a los poco más de 800 euros que se pagaban de media en 2021.
Público ha tratado de recoger el testimonio de Divarian, pero la propiedad ha declinado hacer declaraciones.
Casos similares
Desde el Inquilinato denuncian que la falta de atención al «deber de mantenimiento» es una de las estrategias de los rentistas para «expulsar a las vecinas«. Lo han vivido en Tribulete 7, uno de los bloques más mediáticos de los últimos años. Los pocos inquilinos que aún resisten en estos pisos del centro de Madrid, llevan años viviendo con goteras, humedades y andamios frente a sus ventanas y miedo a posibles derrumbes.
Varios de los afectados decidieron dar un paso al frente y presentaron en 2025 una querella colectiva contra Elix Rental House, su casero. Es la primera demanda por «acoso inmobiliario» contra un gran fondo inmobiliario que se presenta en España. Les acusan de usar las reformas como un mecanismo de desgaste para expulsarlos de manera indirecta.
Nani, vecina de Tribulete 7, sentada junto a su perra en la entrada del edificio.
La problemática se extiende a otras zonas de la capital. Los residentes del edificio de General Lacy 22 llevan años conviviendo con goteras constantes, cortes imprevistos de suministros básicos y lo que definen como un «abandono deliberado de las instalaciones». «Hay personas que llevan ochenta años viviendo aquí. No tenemos ningún tipo de mantenimiento ni de nada. No funciona desde hace muchísimo tiempo el ascensor», denunciaba a Público, en la manifestación por la vivienda de Madrid, Mariola, una de las residentes.
Sara B., inquilina en Vicálvaro, también está viviendo algo parecido. Su edificio pasó de una sociedad a otra en 2025 y ahora no les quieren renovar los contratos de alquiler. Aunque ya arrastraban problemas de mantenimiento previos a la operación inmobiliaria, cree que están retrasándose en los arreglos como medida de presión. «Tenemos cerraduras rotas, calderas estropeadas, puertas del garaje que no cierran…», relata.
Víctor Palomo se encuentra con este tipo de quejas constantemente. Según explica, el problema ya no es solo que la entidad «no quiera gastar ni un euro», sino que su modelo de gestión es mínimo y deficiente. «A diferencia del casero particular, estos fondos aplican un sistema de atención al inquilino completamente deshumanizado. Todo se hace a través de portales informáticos donde tienes que registrar una queja que luego tramita un departamento automatizado», señala.
«Todo se dilata muchísimo. Además, los empleados de estas gestoras suelen estar mal pagados, duran poco tiempo en el puesto y el volumen de incidencias hace que el servicio sea totalmente inoperativo», añade el letrado. A esta falta de personal se suma «la externalización de los servicios»: «Los fondos de inversión funcionan con la contrata de la subcontrata. Externalizan tanto los servicios para arañar un pellizco de beneficio que acaban recurriendo a la empresa más barata y chapucera, algo de lo que los inquilinos se quejan constantemente».
«Es una agonía la que estoy viviendo. O cruzo el río o me quedo en la orilla«. A Maricarmen le aplazaron in extremis su desahucio previsto para el martes 2 de junio. Será en dos semanas, el próximo 24 de junio. Desde el Sindicato de Inquilinas creen que es una estrategia que pretende contener la fuerte movilización social que la está respaldando. También denuncian que dos lanzamientos en un mes es «una tortura psicológica» y solamente aumenta la «agonía» de esta mujer de 88 años, con problemas de salud. Por eso el pasado martes mantuvieron parte de los actos de protesta que estaban previstos. Decenas de vecinos, incluidos varios artistas, se concentraron para exigir una solución permanente.
«De alguna manera, todo esto me está pasando factura» decía Maricarmen a los medios hace unos días, en una rueda de prensa frente al Congreso. Le cuesta andar y dormir, no tiene masa muscular porque va en silla de ruedas y apenas le queda aire para defenderse. Lleva más de cinco años luchando por quedarse en su casa, en la que reside desde que es adolescente y que nunca ha dejado de pagar. La última oferta de alquiler que le hizo el fondo de inversión que actúa como su casero rozaba los 2.000 euros, muy por encima de sus capacidades.
La esperanza que le dio fuerzas en octubre de 2025 para salir a la calle y denunciar su caso en los medios de comunicación va dando paso a la indignación y el cansancio. Tras paralizarse su primera orden de desalojo, pudo reunirse con la ministra de Vivienda y contarle su situación. También se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno y ha tratado de ponerse en contacto con las administraciones regionales y locales. La única alternativa que le ofrecen es irse a una residencia, a la que destinaría gran parte de sus ingresos y que está a varios kilómetros de su barrio. «Solo pido poder quedarme en la casa en la que murieron mis padres», reitera.
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Maricarmen es vecina de la calle Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza (Retiro). Es una de las zonas que más se ha revalorizado en la capital en la última década. Actualmente se está pagando en régimen de arrendamiento más de 21 euros por el metro cuadrado, según los portales inmobiliarios. Y los precios no paran de subir. Poco queda del barrio obrero en el que ella creció.
Una gran movilización vecinal para evitar que Maricarmen sea expulsada de su casa.
Por el mismo calvario que esta jubilada ha pasado Mariano Ordaz, de 67 años, que fue finalmente desahuciado el pasado 7 de mayo. Vivió toda su vida en el mismo piso del barrio de Embajadores, al que sus padres accedieron con un contrato de renta antigua. En la puerta contigua vivían sus tíos. Ya no queda nadie de esta familia en aquel edificio, propiedad de una orden religiosa. Tras nueve horas de resistencia vecinal y sindical, Mariano se fue en una ambulancia del Samur Social, acompañado de una bolsa con lo indispensable.
Era la quinta vez que se enfrentaba a la expulsión, en dos de las anteriores se pudo acoger a la moratoria antidesahucios. Cuando Público le preguntó cuál era su alternativa habitacional, lo único que tenía en mente era buscar una habitación que poder alquilar cerca de la zona, ya que sus hijos no viven en Madrid. El Sindicato de Inquilinas explica que actualmente se encuentra en un albergue compartiendo habitación con otras tres personas.
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La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones calcula que hay más de 70.000 personas mayores de 65 años viviendo de alquiler en toda España. Su situación económica y psicosocial es especialmente delicada porque, generalmente, son quienes tienen pensiones más bajas o viven en zonas gentrificadas y donde las redes de apoyo son más endebles. Dentro de este colectivo, uno de los perfiles más vulnerables es el de las mujeres. Mientras que la pensión media de un hombre se encuentra en los 1.500 euros, estas mujeres perciben de media unos 300 euros menos.
Desde Un Techo por Derecho, una organización de mujeres de Málaga, llevan semanas buscando una solución para María, una anciana de 96 años que va a ser desahuciada el 11 de junio. Según cuentan, está al corriente de pago, pero no le han renovado el contrato. A mediados de mayo su hija acudió al pleno del ayuntamiento para pedir una ayuda que, de momento, no ha llegado.
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Mariano Ordaz, durante un intento de desahucio en la calle Carnero, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España).
En una situación similar se encuentra Paca Blanco, de 77 años y vecina del mismo distrito que Maricarmen. «No es de justicia. Somos la generación que ha conseguido los derechos que tenemos ahora», reivindica. Consiguió que aplazaran su primera orden de lanzamiento en febrero y, de momento, no se ha fijado una nueva fecha. Vive en una casa de alquiler social que está a nombre de su hijo, aunque es ella quien vive allí y asume los gastos desde hace más de una década. A pesar de ello, no le han permitido subrogarse al contrato y tampoco ha podido tener defensa legal en el proceso.
«Mi hijo estaba en paradero desconocido y ahora le han encontrado en Canarias. Se enfrenta a una pena de cárcel», cuenta. Aunque no es una buena noticia, le da algo de tiempo y permite a la familia poder defenderse en los tribunales. «A mí nunca me dejaron defenderme. Me calificaron de ocupante ignorada«, cuenta. Los servicios sociales, según denuncia, le han ofrecido irse a una residencia «de monjas», un extremo al que se niega. Blanco fue víctima del Patronato de la Mujer cuando era joven, por lo que se niega a volver a «estar encerrada en una institución». A lo largo de su vida ha sufrido violencia machista y la precariedad que deriva de ella.
Alejandra Jacinto, abogada experta en Vivienda, que conoce de sobra estos tres casos, explica que ni siquiera pudieron acogerse a la moratoria antidesahucios. El problema con Maricarmen, recuerda, es que, incluso en octubre –con la ley en vigor– «dijeron que no era aplicable porque el contrato era previo a la normativa». Mariano y Paca tuvieron problemas similares. «Aunque era una norma que ayudaba, dejaba fuera muchísimas casuísticas. Hace falta una moratoria nueva, pero que sea verdaderamente efectiva», sentencia. «¿Quién tiene la competencia de esto? El Gobierno central. Es una cuestión de modificar la ley de enjuiciamiento civil», añade. Actualmente solo se puede aplicar una prórroga de dos a cuatro meses para buscar una alternativa habitacional. Además, cuando los ayuntamientos o comunidades no ofrecen esa solución «no hay sanciones».
A raíz de estas últimas noticias, desde HelpAge, una entidad internacional que defiende los derechos de las personas mayores, han recordado que el acceso y la permanencia en una vivienda digna es «un derecho humano esencial». La entidad advierte de que los desahucios en estas etapas vitales «no pueden tratarse como conflictos administrativos y económicos», ya que implican «una posible vulneración de derechos fundamentales«, reconocidos nacional e internacionalmente.
«La pérdida de la vivienda en la vejez puede tener graves consecuencias, como el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de las redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida de arraigo comunitario», advierten. Además, han recordado que muchas mujeres mayores viven con «pensiones insuficientes» y afrontan trayectorias marcadas por «desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de su vida».
«Si los desahucios siempre afectan negativamente a la salud mental y física, imagínate con esta edad, donde uno ya está muy cansado, sufre problemas de salud, tiene mermadas ciertas capacidades…», señala a Público Alicia del Río, portavoz del Inquilinato. Son momentos en los que uno necesita más que nunca estabilidad y mantener sus redes de apoyo. «Esos comercios de siempre donde te echan una mano, tu médico de cabecera, tu trabajadora social… Perder esto de golpe puede acabar con todo. Es una situación que sabemos que enferma y llega a matar a la persona«, subraya.
Con Maricarmen han visto como se ha ido deteriorando su salud en los últimos meses. «Dejan de dormir, dejan de disfrutar de cosas que antes les gustaban, se exacerban los problemas de adicciones cuando los hay. Es realmente duro», asegura Del Río. Uno de los problemas que afrontan los jubilados es «que no tienen opciones». Para ellos, en lugares como Madrid, es prácticamente imposible pagar un alquiler, y una residencia implica destinar prácticamente todos sus ingresos a este fin. «Por eso, nosotros decimos que a los abuelos nos los están matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna», subraya.
A los abuelos nos los están matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna
Aun así, a pesar de estos relatos tan graves, la portavoz concluye recordando historias en las que han conseguido ganar la batalla con el apoyo del Sindicato: «La misma Maricarmen ha estado cinco años desobedeciendo a su casero, ha hecho portavocías y un montón de actos de resistencia en los que ha hablado con todas sus fortalezas. Tenemos a nuestro compañero Antonio, que es un símbolo de la batalla contra Blackstone y que consiguió renovar su contrato. Mariano, por ejemplo, resistió hasta cinco intentos de desahucio».
Israel ha lanzado en las últimas horas una nueva oleada de bombardeos contra objetivos militares en el oeste y el centro de Irán, en una respuesta directa al ataque con misiles ejecutado previamente por Teherán contra territorio israelí. La ofensiva supone un nuevo salto en la tensión regional y amenaza con hacer saltar por los aires la frágil tregua alcanzada en abril, que hasta ahora había contenido —aunque no eliminado— el riesgo de una confrontación abierta entre ambas potencias.
Según el Ejército israelí, los ataques se dirigieron contra instalaciones militares iraníes y formaron parte de una operación de represalia por el lanzamiento de misiles balísticos desde Irán. Teherán, por su parte, justificó su ofensiva como respuesta al bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbolá, aliado clave de la República Islámica en la región.
La nueva cadena de ataques comenzó después de que Irán lanzara alrededor de una decena de misiles contra el norte de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguraron que los sistemas antiaéreos interceptaron los proyectiles o que estos cayeron en zonas abiertas, sin causar daños relevantes. Sin embargo, la ofensiva iraní tuvo una fuerte carga simbólica: se trata del primer ataque directo de este tipo desde la tregua de abril, lo que reabre el temor a una guerra regional de consecuencias imprevisibles.
Una tregua al borde del colapso
El intercambio de golpes llega en un momento especialmente delicado. La tregua de abril había rebajado temporalmente la tensión tras meses de enfrentamientos indirectos, ataques cruzados y operaciones militares en varios frentes. Pero el ataque israelí sobre Beirut, con al menos dos muertos y una veintena de heridos, ha vuelto a prender la mecha. Irán considera ese bombardeo una agresión contra su eje regional de aliados, mientras Israel sostiene que actúa para neutralizar amenazas vinculadas a Hezbolá.
La respuesta israelí contra Irán también desafía los llamamientos a la contención realizados desde Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, había pedido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que evitara una escalada mayor, en un contexto de negociaciones sensibles entre Estados Unidos e Irán. Pese a ello, Israel siguió adelante con sus ataques contra territorio iraní.
La situación coloca a la Administración estadounidense en una posición incómoda. Por un lado, Washington mantiene su respaldo estratégico a Israel; por otro, intenta preservar vías diplomáticas con Teherán para evitar que la crisis derive en un conflicto regional de mayor alcance. Trump ha asegurado que los nuevos ataques no impedirán seguir buscando un acuerdo, aunque la realidad sobre el terreno apunta a un deterioro acelerado de cualquier margen de negociación.
El impacto de la escalada ya se deja sentir más allá de Israel e Irán. Varios países de la región han reforzado sus medidas de seguridad aérea, mientras el temor a nuevos ataques ha elevado la alerta en Líbano, Siria, Irak y el golfo Pérsico. La tensión también ha repercutido en los mercados internacionales, especialmente en el precio del petróleo, que vuelve a reaccionar ante el riesgo de una crisis prolongada en una de las zonas energéticas más sensibles del mundo.
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