Este jueves el Palacio Nacional de Ciudad de México acoge el encuentro entre el rey Felipe VI y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en un momento en el que las relaciones entre ambos países se han podido ver cuestionadas tras la polémica visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los anteriores desencuentros entre las autoridades de México y España por la polémica forjada durante años acerca de la Conquista española.
Dos días antes de que el rey acuda al partido entre la Selección Española y Uruguay que se disputa este sábado en Guadalajara en el marco del Mundial de fútbol, este jueves Felipe VI y Sheinbaum dan un paso más en los recientes acercamientos que se han dado entre ambos países, y especialmente después de que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera al rey una disculpa que no llegó en aquel momento y que provocó la “pausa” entre las relaciones entre México y España.
En esta línea, tanto desde Zarzuela como desde Exteriores insisten en que «este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países» y en que permitirá reforzar «los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos». Entre otras cosas, este encuentro llega después de que el pasado mes de marzo Felipe VI reconociera ante el embajador de México, Quirino Ordaz, que hubo «mucho abuso» durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son para sentirse «orgullosos». En términos similares se pronunció el titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien, en aquella ocasión, habló de “claroscuros” en la historia compartida e «injusticia».
Unas palabras que eran percibidas por Sheinbaum como un “gesto de acercamiento” pese a que reconoció que no era “todo” lo que les habría gustado y apostó por seguir trabajando en aras del reconocimiento de las «grandes civilizaciones» que había en la región antes de la llegada de los conquistadores. Precisamente tras ello, la mandataria mexicana consideró esta postura de Felipe VI lo suficientemente relevante como para viajar a Barcelona para asistir a mediados de abril a una reunión en defensa de la democracia junto con otros líderes progresistas iberoamericanos y reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tras ello, el acercamiento se ha visto consolidado con sendas visitas a México por parte de Albares a finales de abril y del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a principios de junio. En ambos casos, los ministros han sido recibidos por la propia Sheinbaum, en un gesto que pone de relieve la importancia que el Gobierno azteca da también a la relación con España.
Por su parte, Albares aprovechó para entregar personalmente a la mandataria mexicana la invitación del Rey para que asista a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a principios de noviembre en Madrid. Con toda probabilidad, esta cita será una de las cuestiones que se aborden en el encuentro de este jueves.
Al margen de todo ello, Sheinbaum ya ha avanzado que uno de los temas que quiere abordar con el rey es la importancia que tienen para México los pueblos originarios. Así, la mandataria mexicana reconocía este miércoles la «actitud distinta» mostrada por el rey, pero insistió en la necesidad de explicarle cómo ven las cosas en su país. Así, avanzó quiere hacerle ver «por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos».
«Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón» que reclamó en su momento López Obrador, incidiendo en que como presidenta quiere explicar «por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos».
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Venezuela afronta una de las mayores emergencias sísmicas de su historia reciente después de que dos terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieran este miércoles el noroeste del país con apenas 39 segundos de diferencia. Los temblores, seguidos por más de una veintena de réplicas, provocaron el derrumbe de edificios, graves daños en infraestructuras estratégicas y obligaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia mientras continúan las labores de rescate.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó en una comparecencia televisada la activación del dispositivo nacional de emergencia y anunció el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía debido a los daños sufridos en sus instalaciones. Asimismo, informó de la suspensión del metro, del servicio ferroviario, de las clases y de todas las actividades no esenciales para facilitar las operaciones de rescate y garantizar la seguridad de la población.
Las autoridades venezolanas todavía no han ofrecido un balance oficial de víctimas, aunque Rodríguez trasladó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, confirmando implícitamente que el seísmo ha causado muertos sin precisar la cifra. Mientras tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta roja por el potencial impacto del terremoto y advirtió de que existe una elevada probabilidad de que el número de víctimas y los daños materiales sean muy importantes debido a la intensidad del fenómeno y a la escasa profundidad del sismo principal.
Las zonas más afectadas se concentran en Caracas y en varios estados del centro y norte del país. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, describió escenas de «gran gravedad» en los barrios caraqueños de Los Palos Grandes y Altamira, en el municipio de Chacao, donde varios edificios residenciales se desplomaron. También se han registrado importantes daños en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara y Mérida, con numerosas edificaciones que presentan riesgo de colapso.
Ante el peligro de nuevas réplicas, Cabello pidió a la población que permanezca fuera de los edificios dañados y anunció el corte temporal del suministro de gas en inmuebles afectados para evitar explosiones o incendios. Los servicios de agua y electricidad también han sufrido interrupciones en distintas regiones del país, complicando las tareas de emergencia.
Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el USGS, el primer movimiento, de magnitud 7,2, actuó como un terremoto precursor antes del sismo principal, de magnitud 7,5. Los epicentros se localizaron entre las localidades de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, con profundidades de 21,9 y 10 kilómetros, respectivamente, una circunstancia que incrementó notablemente la intensidad de las sacudidas en superficie. Hasta el momento se han contabilizado más de veinte réplicas, aunque las autoridades advierten de que podrían registrarse nuevas durante las próximas horas.
Las labores de búsqueda continúan entre los escombros de numerosos edificios mientras hospitales públicos y privados han activado todos sus protocolos de emergencia para atender a los heridos. El Gobierno también ha movilizado a cuerpos de protección civil, bomberos y equipos especializados de rescate en las zonas más castigadas.
El terremoto reaviva el recuerdo del devastador seísmo que golpeó Caracas en 1967, aunque los expertos subrayan que el episodio registrado este miércoles ha sido considerablemente más intenso y podría convertirse en uno de los desastres naturales más graves sufridos por Venezuela en las últimas décadas.
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El ‘Caso Mascarillas’ llegaba a su fin en este inicio de semana con un Tribunal Supremo que dictaba sentencia. José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, mientras que su exasesor Koldo García deberá cumplir una pena de 19 años y ocho meses por su participación en la misma trama corrupta. Ahora bien, el final de este proceso judicial ha despertado especial polémica y suscitado debate en lo referido a Víctor de Aldama y cómo su colaboración con la justicia le ha evitado su paso por prisión.
Sobre el empresario, señalado como el principal comisionista de la trama, ha caído una pena de cuatro años y medio de prisión, la cual no llegará a cumplir gracias a la suspensión de la ejecución de la misma acordada por el Supremo. Los magistrados han valorado como “muy cualificada” su colaboración con la Justicia, al reconocer los hechos y aportar documentación que han considerado clave para esclarecer el funcionamiento de la organización.
Víctor de Aldama ha esquivado la prisión antes si quiera de tener que solicitarlo. No solo eso, sino que también evita tener que devolver los más de tres millones de euros que cobró en comisiones. Esta resolución del proceso en lo referido a su persona es lo que está suscitando especial controversia y debate, sobre todo, teniendo en cuenta que la información que facilitó ya había sido plasmada por la UCO en sus informes, no ofreciendo nuevos hechos que hubieran podido quedar fuera del caso.
La colaboración con la Justicia es un mecanismo utilizado en nuestro país desde hace mucho tiempo, el cual ha permitido profundizar más en distintos casos que han pasado por los tribunales. Ahora bien, en este asunto en concreto, el trato concedido a Aldama está siendo muy criticado, más aún ante las comparaciones que se están haciendo con José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda que destapó la Gürtel. Las diferencias, a favor del empresario, se están definiendo como notorias e, incluso, injustas.
Ante este panorama, este medio ha conversado con José Luis Peñas, para conocer qué valoración realiza del final de este proceso judicial y si le parecen tales las desigualdades que se están remarcando entre su caso y el que ha llevado a Aldama ante el Tribunal Supremo.
P: Tal y como se ha podido conocer en este tiempo, la confesión que realizó Víctor de Aldama no aportó nada nuevo que no estuviera ya plasmado en los informes de la UCO. Sin embargo, usted fue el responsable de que se abriera una de las investigaciones judiciales más importantes de la historia reciente de nuestro país…
R: La primera noticia que tiene la policía es porque yo denuncio. Aldama lo que ha hecho es que cuando ya tenía los grilletes puestos ha decidido hablar… Es distinto.
Estuve dos años encargándome yo solo de grabar los audios, recopilar nombres de empresas, reunir nombres de políticos que estaban en la trama, señalar propiedades del señor Correa y de toda la trama… Aglutiné todo eso en una denuncia que presenté yo mismo.
La primera noticia que hay de este caso es por mí, por la denuncia que presento. No hubiera existido la Gürtel sin mí. Hay una diferencia abismal.
P: En el final de este proceso judicial del ‘Caso Mascarillas’ hay algo por lo que quisiera preguntarle. Está habiendo un importante reconocimiento al papel que ha jugado Víctor de Aldama y su colaboración. Sin embargo, a usted no le muestran esa «gratitud» hasta dos años después del final del juicio en el que se vio inmerso. ¿Está habiendo diferencias reseñables?
R: Correcto, fue algo más de dos años. Además, jamás pacté con nadie, ni siquiera pedí una rebaja de las penas al final del juicio. Fue la fiscal la que tuvo que pedirlas, si no, no me hubieran dado la reducción de penas.
Entonces, hay alguna diferencia respecto al caso de Aldama. Una cosa es colaborar, pero en lo referido a esto, a la reducción de penas, la tendría que pedir y tendría también que mostrarse arrepentido. Por ejemplo, para pedir mi indulto, que solamente fue de una parte de la condena, tuve que solicitarlo al Ministerio de Justicia. Una vez hecho eso el Ministerio de Justicia solicitó un informe a la Fiscalía, la cual dio el visto bueno, previo pago de una cantidad que se me exigió en concepto de Responsabilidad Civil, y luego el Supremo ya presentó también otro informe favorable.
Sin embargo, aquí se le ha hecho un traje a medida al señor al dama, por hechos que ha denunciado, que bueno, creo que ya estaban bastante claros en el sumario, y, evidentemente, lo que más sorprende es que siga hablando con el desparpajo que habla. Yo hablaba con pruebas, yo hablaba con los audios, yo hablaba con la experiencia de muchos años, me sorprende que ahora él pueda decir quién va a ir a la cárcel y quién no va a ir a la cárcel, ¿verdad?
A veces parece que estamos escuchando a Miguel Ángel Rodríguez en vez de al señor Aldama, ¿no? Van a ir todos para adelante. Habla de supuestos informes de la UCO que son secretos y que él ya parece ser que sabe cuál es su contenido.
Como digo, al menos en mi caso, no me dijeron en el mismo final del juicio que no fuera entrar en la cárcel, es algo que una vez se sabe la condena se ha de solicitar a posteriori. En ese momento, como efectivamente las condenas mías, la máxima era de un año, pues tenía la posibilidad de pedir al juez que no entra en la cárcel, como se me dio.
En lo referido a mí, yo ya he cumplido todas mis condenas, ya he cumplido con todo lo que tenía que cumplir, pero que se haga esto en el propio acto de juicio me parece un poco excesivo. Al final es un delincuente que no es que haya colaborado previamente, si no que ha decidido hablar cuando estaba ya preso, cuando tenía grilletes puestos.
A mí me parece bien que la justicia tenga ese mecanismo para descubrir delitos, pero no me parece correcto cómo se ensalza a este señor, a quien se le lleva a los programas del prime time para decir que van a ir a la cárcel unos y otros.
A veces parece que estamos escuchando a Miguel Ángel Rodríguez en vez de al señor Aldama, ¿no? Van a ir todos para adelante. Habla de supuestos informes de la UCO que son secretos y que él ya parece ser que sabe cuál es su contenido.
P: Entonces, ¿entiende que sí existe esa diferencia entre ambos casos de la que se habla estos días?
R: En mi caso, recuerdo que había una directiva de la Unión Europea para proteger a los denunciantes, la cual no se utilizó. Lo único que se hizo conmigo fue rebajarme las penas por colaboración.
El caso es que yo no colaboré, yo denuncié, repito, por eso me molesta mucho que me comparen. Denuncié y dediqué dos años de mi vida a investigar esta trama para llevarla ante los tribunales.
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Vox ha desviado 13 millones de euros en seis años a la fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. En concreto, según la Cadena Ser, la formación ultraderechista transfirió dos millones de euros a esta organización atendiendo a las cuentas anuales de 2025.
Dicha cantidad se suma al millón y medio de euros que ya han pagado a la fundación hasta junio de 2026. En el archivo histórico de las cuentas generales del partido, a las que ha tenido acceso el medio mencionado, se aprecian dos millones de euros en 2024 del partido a Disenso, dos millones y medio en 2023, dos millones y medio en 2022, la misma cantidad en 2021 y 400.000 euros en 2020, año de su creación.
En total, Vox habría remitido a la fundación un total de 12,9 millones de euros desde que ésta naciera hace seis años. El partido de Santiago Abascal justifica en su informe que “desarrolló una intensa actividad de estudio, formación y divulgación” y que “publicó más de 180 trabajos”.
Entre las acciones que destaca la formación se encuentra que “produjo un documental sobre Maria Corinna Machado”; y también pone en valor que Disenso “alcanzó los 625.000 seguidores en redes sociales”.
La fundación Disenso está presidida por Abascal y, al tener “personalidad jurídica propia, no se consolidan sus cuentas dentro de Vox”, tal y como concreta el informe. Lo cierto es que no ha escapado a las polémicas, principalmente por las cifras de sus donaciones, aunque el partido de extrema derecha nunca ha renegado de las cifras.
Hungría
En las cuentas generales de Vox, el partido apunta que el 25,6% de sus ingresos provienen del ámbito privado, habitualmente de las cuotas de afiliados; 71.194, según el propio partido, si bien solo 33.609 están al corriente de pago.
En el apartado de préstamos, Vox ha suscrito tres nuevos créditos de carácter electoral “para hacer frente a las elecciones de Extremadura” que suman un total de más de algo más de 130. 000 euros.
La cuantía proviene de bancos españoles. Esto es un acote importante, porque anteriormente la formación se había quejado de que ninguna entidad financiera de nuestro país les avalaba, por lo que justificaban recurrir a un banco húngaro del entorno del expresidente Viktor Orban, político que históricamente Abascal y las siglas han situado como referente.Vox debía siete millones de euros a la entidad húngara que pidió en 2023 con un interés del 11%.
Atendiendo nuevamente a las cuentas de 2025 del partido que obtuvo la llave de gobierno en varios territorios tras las últimas elecciones autonómicas, Vox habría prescindido de la ayuda de la banca de Hungría, que les llegó a avalar con 14 millones de euros.
Anulación de las sanciones del Tribunal de Cuentas
Entre otras cuestiones que subraya el informe, se encuentra la anulación del Tribunal Supremo de las dos sanciones del Tribunal de Cuentas por 233.324,22 euros y 862.496,72 euros respectivamente que tienen que ver con las dudas del órgano fiscalizador sobre la financiación con material promocional del partido o donaciones finalistas.
Actualmente, las cuentas se encuentran en proceso de aprobación por parte de los afiliados. El proceso de votación está abierto hasta el próximo 27 de junio a las 08:00 horas, día en que se refrendarán las cifras del año pasado en la Asamblea Nacional Ordinaria.
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El Gobierno anunció este martes «la mayor inversión en Dependencia de la democracia». La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) disfrutará de 2.218 millones adicionales en 2026, de tal forma que la aportación del Estado llegará a los 5.513 millones este año y a los 7.239 millones de euros en 2027. Esta cantidad es 5,8 veces superior a la media anual que destinaron los Gobiernos de Mariano Rajoy entre 2012 y 2018. En esos años, la Dependencia recibió en total 8.685,8 millones de euros, a una media anual de 1.240,8 millones.
«Con esta ampliación de la financiación estatal vamos a conseguir que el año que viene, en 2027, la aportación del Estado suba hasta alcanzar el 50% del gasto total en Dependencia», explican a Público fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, el encargado de canalizar estos fondos extraordinarios. El otro 50% lo ponen las comunidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva de la Dependencia.
«Rajoy recortó en siete años 5.400 millones de euros en Dependencia, entre otras cosas, porque suprimió el nivel acordado de la financiación al SAAD, que luego fue recuperado con la llegada de Sánchez al poder», insisten las fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy.
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Los datos en este sentido son irrebatibles: en 2012, en su primer año al frente del Gobierno, Rajoy recortó la ayuda a la Dependencia en 210 millones de euros con respecto a 2011, que cerró con una inversión de 1.590 millones de euros. A partir de ahí siguió recortando año tras año hasta tocar fondo en 2017, con un gasto de 1.228 millones de euros. Él mismo lo había avisado durante la campaña electoral de 2011: «La Dependencia no es viable», dijo en una entrevista al diario El País tres días antes de aquellas elecciones.
Gráfico de la evolución de la inversión en Dependencia por parte del Gobierno desde 2009.
Hasta 2021 la ayuda a la Dependencia por parte del Gobierno no empezó a remontar. Durante ocho años, el nivel de inversión en la Dependencia apenas varió: pasó de 1.380 millones de euros en 2012 a los 1.384 en 2020. Desde entonces, el aumento ha sido notable, hasta llegar al anuncio de este lunes. «La inversión de la Administración General del Estado creció mucho de 2021 a 2023. Esto responde al plan de choque que hizo el Gobierno de coalición en la pasada legislatura, para revertir los recortes en Dependencia de Rajoy», apostillan fuentes del ministerio.
«A partir del 1 de julio, los Gobiernos de las comunidades autónomas recibirán una mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio», explica el Ministerio de Derechos Sociales.
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«Histórica inyección económica»
Los colectivos sociales y profesionales vinculados al sector de la Dependencia y los cuidados valoran positivamente «la histórica inyección económica» anunciada por el Gobierno.
«El Gobierno pasa de la retórica a los hechos y recupera la financiación que deberíamos haber tenido en los últimos años», valora José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ramírez destaca que con estos nuevos fondos para la Dependencia, «se debe sobre todo priorizar la atención a las personas que están en las listas de espera, que son una 265.000 en toda España, y se debe mejorar las intensidades de la ayuda a domicilio, así como mejorar las cuantías de las prestaciones económicas de las cuidadoras».
«Supone un avance de gran calado en la consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar», apunta de forma un poco más entusiasta Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).
«Cuando hablamos de la Ley de Dependencia, estamos hablando sobre todo de personas mayores. Hoy, prácticamente tres de cada cuatro personas beneficiarias del sistema son mayores, y eso significa que estamos hablando de más de 1,2 millones de personas», ilustra el presidente de la PMP. A 31 de marzo de 2026 el SAAD registraba 1.655.446 personas con prestación efectiva, de las que 1.208.476 eran personas mayores. «Es un gran paso en el intento de equipararnos en inversión a otros países de nuestro entorno», señala a su vez Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
Sin embargo, además de satisfacción, todos los actores del sector de la Dependencia y los cuidados muestran un punto de cautela. Y es que hay consenso en señalar que, pese al considerable aumento del presupuesto, la cantidad asignada por el Gobierno sigue siendo «insuficiente» para atender las necesidades del sistema de Dependencia.
Mar Ugarte (CEDDD): «La Dependencia en España sufre una infrafinanciación histórica»
Lo resume bien Fernando Flores, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare): «Bienvenida sea esta medida, pero estamos en un entorno cada vez más privatizado en el que los costes son prácticamente imposibles de asumir por parte de las familias. Aún hay muchas personas que no tienen acceso a las plazas públicas en las residencias».
Mar Ugarte, vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), también se muestra satisfecha —»Todo lo que sea aumentar recursos, siempre es bienvenido»—, pero matiza que, pese al gran esfuerzo del Gobierno, el sistema de la Dependencia en España sufre «una infrafinanciación histórica». Esa misma expresión es utilizada por Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de la principal patronal del sector, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs): «Seguimos muy lejos de lo que necesita España para garantizar cuidados suficientes, profesionales y de calidad», señala Sánchez-Ostiz.
En este sentido, Ugarte recuerda que España apenas llega al 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en inversión en Dependencia, cuando hay países que llegan «al 3% y al 4%». La media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está en el 1,9%.
Además de reforzar la financiación, los colectivos sociales también exigen «un control férreo» en la gestión de estos fondos. Temen que estas nuevas inversiones no terminen donde deberían. «Exigimos que haya una fiscalización exhaustiva de estos fondos: el dinero público debe ir destinado de forma íntegra e inequívoca a poner los derechos de los residentes y trabajadoras por encima de los intereses de las empresas que operan en el sector», apunta Carmen López en este sentido.
Jesús Norberto Fernández: «La mejora de la financiación es una muy buena noticia, pero ahora hay que garantizar su correcta gestión en el ámbito territorial
Este temor se extiende a las comunidades autónomas, que son las que gestionan el sistema de Dependencia. No sería la primera vez que éstas recortan su ayuda a la Dependencia aprovechando que el Gobierno la aumenta. Ya ocurrió en 2022.
Lo expresa de forma diáfana José Manuel Ramírez: «Esto impele a las comunidades autónomas para que gestionen la Dependencia con pericia, simplifiquen procedimientos administrativos y, sobre todo, para que no ahorren dinero ni escatimen presupuesto en lugar de mejorar la vida de las personas en situación de dependencia, que esto ya lo hemos visto en algunas ocasiones».
Mar Ugarte comparte ese temor y esa sospecha: «Históricamente hay una infradotación presupuestaria por parte de las comunidades autónomas y del propio Estado central hacia la dependencia. Tememos que este dinero extra sea absorbido por esa deuda histórica«.
«La mejora de la financiación es una muy buena noticia, pero ahora hay que garantizar su correcta gestión en el ámbito territorial, porque un derecho subjetivo no puede quedar condicionado por desigualdades entre comunidades autónomas», advierte Jesús Norberto Fernández.
Carmen López: «El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas en las residencias públicas»
«El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas públicas de gestión directa en residencias de titularidad pública«, señala Carmen López, quien no se ahorra una crítica, sin citarla, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a un modelo que apuesta por la privatización: «Hay que evitar que estos fondos estatales terminen engrosando los beneficios de las grandes corporaciones sanitarias como Quirón o a las empresas y fondos de inversión que gestionan plazas concertadas en residencias».
El portavoz del Ministerio de Derechos Sociales también lanza un mensaje a las comunidades autónomas: insiste en que este nuevo plan para financiar la Dependencia forma parte de su «compromiso político»: «A partir de este año vamos a duplicar la aportación que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para el sistema de la Dependencia. Esto hará posible que en 2027 alcancemos el 50%, de forma que cumplamos con el compromiso político que nos fijamos para esta legislatura, aunque no estamos obligados a ello. Algunas comunidades del PP usan este compromiso para mentir y decir que el Gobierno le debe dinero por no llegar al 50%. Esto es falso. El Estado no adeuda dinero a ninguna a las comunidades autónomas por este concepto».
A este respecto, Carmen López insiste en que esta nueva inyección de dinero «debería incidir en la corrección del profundo desequilibrio que sufren las familias dependiendo del código postal en el que vivan. Actualmente existe una brecha inaceptable en la financiación: mientras algunas comunidades autónomas asumen con fondos propios hasta el 84% del gasto total en dependencia, otras apenas aportan el 61% o menos. El incremento de los fondos estatales debe obligar a una corresponsabilidad real de todas las autonomías para garantizar que un ciudadano tenga exactamente los mismos derechos, las mismas ratios de personal y la misma calidad asistencial viva donde viva», concluye la representante de Marea de Residencias.
Abelardo de la Espriella no llegó a la política para bajar el tono. Llegó para subir el volumen. Para señalar enemigos. Para convertir cada intervención en una declaración de guerra cultural. Para prometer orden, castigo y revancha a un país cansado, dividido y golpeado por años de violencia, desigualdad y frustración institucional.
Su victoria en Colombia no es solo el triunfo de un candidato. Es la llegada al poder de una forma de hacer política: la ultraderecha como espectáculo, la provocación como método y el miedo como combustible electoral. De la Espriella ha sabido presentarse como el hombre fuerte capaz de “poner orden”, pero su discurso deja una pregunta incómoda: qué queda de la democracia cuando la autoridad se convierte en amenaza permanente.
Durante años fue abogado, empresario y personaje mediático. Ahora será presidente. Su ascenso no se entiende sin el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro, pero tampoco sin una operación política más profunda: convertir el antipetrismo en identidad nacional. No se trataba solo de derrotar a la izquierda en las urnas. Se trataba de presentarla como un peligro para Colombia.
El outsider que nunca estuvo fuera
De la Espriella ha construido buena parte de su relato sobre una paradoja. Se vende como un hombre ajeno al sistema, pero su trayectoria está ligada a los espacios donde se cruzan el poder económico, el poder judicial, la televisión y las élites políticas.
No es un desconocido que haya llegado desde abajo para desafiar a los poderosos. Es, más bien, un hombre que conoce bien sus salones, sus códigos y sus mecanismos. Por eso resulta tan eficaz su disfraz de insurgente conservador: habla como si viniera a dinamitar el sistema, pero su carrera se ha desarrollado muy cerca de quienes históricamente lo han administrado.
Esa es una de las grandes habilidades de la nueva ultraderecha latinoamericana. Presentarse como rebelión cuando en realidad suele defender un orden social profundamente desigual. Hablar contra “las élites” mientras recibe el aplauso de sectores empresariales, mediáticos y religiosos. Denunciar la “casta” mientras promete recortes, mano dura y menos límites al poder económico.
De la Espriella encaja en esa escuela. Como Trump, como Milei, como Bukele en su versión más autoritaria, entiende que la política contemporánea premia a quien ocupa la conversación, no necesariamente a quien ofrece mejores soluciones. El escándalo no le resta. Le organiza el campo de batalla.
El antipetrismo como programa
Su campaña tuvo una idea central: Petro era el problema. Todo lo demás giró alrededor de esa premisa. La inseguridad, la economía, el narcotráfico, el desgaste institucional, el miedo al cambio, la desconfianza hacia la izquierda. Todo se convirtió en material para construir un relato de emergencia nacional.
De la Espriella no necesitó explicar con detalle cómo resolvería cada problema. Le bastó con convencer a millones de votantes de que sabía a quién culpar. Esa simplificación es una herramienta clásica de la ultraderecha: tomar malestares reales y convertirlos en una narrativa de enemigos internos. La izquierda, los progresistas, los movimientos sociales, los jueces incómodos, los periodistas críticos, las organizaciones de derechos humanos.
El resultado es una política de trincheras. Quien no está con el líder, está contra la patria. Quien cuestiona la mano dura, protege a los criminales. Quien pide garantías democráticas, debilita al Estado. Ese lenguaje puede ser muy rentable en campaña, pero es profundamente corrosivo cuando llega al Gobierno.
Porque Colombia no necesita más odio organizado. Necesita Estado, justicia social, seguridad, redistribución, presencia pública en los territorios abandonados y garantías para todos. La promesa de autoridad puede seducir a una sociedad agotada, pero la historia latinoamericana demuestra que el orden sin derechos suele terminar siendo orden para unos y miedo para otros.
Mano dura, derechos en riesgo
La seguridad fue el corazón de su oferta política. De la Espriella prometió combatir con dureza a los grupos armados, romper con la lógica negociadora de Petro y recuperar el control territorial mediante una respuesta más agresiva del Estado.
Es evidente que Colombia tiene un problema grave de seguridad. Sería irresponsable negarlo. Pero también sería ingenuo creer que décadas de conflicto, narcotráfico, economías ilegales y abandono estatal pueden resolverse únicamente con más castigo. La mano dura puede producir titulares rápidos, pero rara vez sustituye a una política pública seria.
La ultraderecha suele vender seguridad como sinónimo de fuerza. Pero la seguridad democrática exige algo más: justicia eficaz, servicios públicos, educación, oportunidades, protección de líderes sociales y presencia real del Estado donde hoy mandan actores armados. Sin eso, la represión puede convertirse en una coartada para recortar libertades sin transformar las causas de la violencia.
El riesgo de De la Espriella es gobernar como hizo campaña: dividiendo el país entre buenos y malos, patriotas y enemigos, orden y caos. Ese marco no admite matices. Y una democracia sin matices es una democracia más débil.
El poder empieza cuando termina la provocación
La gran pregunta es si detrás del personaje hay un gobernante. Si detrás del abogado combativo existe un jefe de Estado capaz de respetar límites, escuchar a quienes no lo votaron y entender que la democracia no consiste solo en ganar elecciones, sino en gobernar sin atropellar derechos.
De la Espriella ha prometido orden, pero Colombia necesita mucho más que orden. Necesita igualdad, instituciones fuertes, paz territorial, protección social y una economía que no deje siempre a los mismos fuera. La ultraderecha suele despreciar esas palabras porque le parecen blandas. Pero sin ellas no hay estabilidad duradera.
El antisistema de los poderosos ha llegado a la Casa de Nariño. Lo ha hecho prometiendo castigo, revancha y una ruptura frontal con el ciclo progresista. Ahora deberá demostrar si puede gobernar un país real, no un plató; una democracia plural, no una hinchada; una sociedad herida, no un enemigo al que derrotar. Porque una cosa es ganar explotando el miedo. Otra muy distinta es gobernar sin convertir ese miedo en régimen.
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La inteligencia artificial lo está cambiando todo y, por eso, el Telediario 2 le ha dedicado una edición especial. ¿Qué es real? ¿Qué es fake? Hoy en día, ver algo en una pantalla con nuestros ojos no garantiza nada. La IA fabrica imágenes, voces y personas idénticas a las reales y pone en cuestión nuestra capacidad de distinguir la verdad y la mentira.
El especial, conducido por Pepa Bueno, usa la IA para explicarla desde dentro, entender cómo funciona y vislumbrar sus riesgos y sus oportunidades. Repasa la evolución de esta herramienta desde sus inicios hasta las aplicaciones (y retos) actuales.
La primera batalla hombre-máquina
El 10 de febrero de 1996, un ordenador llamado Deep Blue logró derrotar por primera vez al campeón del mundo de ajedrez, Garri Kasparov. Aunque el ruso acabaría imponiéndose en aquel duelo histórico (4-2) en Filadelfia, muchos intuyeron entonces que la inteligencia artificial había llegado para quedarse.
Para aquella batalla, el fabricante de Deep Blue, IBM, recurrió al informático y ocho veces campeón de España de ajedrez Miguel Illescas. Fue uno de los encargados de entrenar durante un año al superordenadorque acabaría cambiando la historia tecnológica.
«El año que viene tenemos que jugar con Kasparov… ¿qué posibilidades tenemos? Y dije: ninguna. Si yo le he ganado, Kasparov la va a destrozar», recuerda en una entrevista con RTVE.
01.21 min
Transcripción completa
Aunque la historia de la inteligencia
artificial
arranca a mediados del siglo XX, es en
los años 90 cuando nos deslumbró a
todos al comprobar…
…que una máquina podía ganar al mejor
jugador de ajedrez del mundo
Nadie creía que fuera posible pero en
1996 un ordenador Deep Blue ganó
la partida a Kasparov.
Mucho más que un juego, la evidencia de
que la IA podía retarnos..
más allá del tablero.
Y para esa batalla entre
el hombre y la máquina, hace 30 años
IBM pensó en él.
Miguel Yescas, un español..
de carne y hueso.
El año que viene tenemos que jugar con
Kaspadov.
¿Qué posibilidades tenemos?
Dije, ninguna.
Si yo
le he ganado, Kasparov la va a
destrozar.
De momento empate a uno cuando acaba de
comenzar la tercera partida
Informático y campeón de España de
ajedrez en ocho ocasiones, entrenó todo
un año a Deep Blue y no lo
hizo mal.
Fue la primera vez que una máquina no
solo jugaba bien, sino que entendía.
Cásparo se tropezó con algo que le
parecía demasiado humano para ser
verdad.
En aquel momento yo creo que la gente
fue el primer
hack
jaque mate fue el principio de una
nueva era
Deep Blue vs. Kasparov: la primera batalla hombre-máquina
La IA y el cibercrimen
Quince segundos y una imagen: es todo lo que necesita la IA para generar un bulo. En la calle, un joven declara a TVE: «Tengo una entrevista de trabajo y estoy muy ilusionado». Pero la IA transforma el mensaje y, en un vídeo completamente falso, Sergio dice: «Tengo un mensaje para mi jefe. Estoy buscando trabajo porque no te aguanto».
El mensaje, sin embargo, puede no ser tan inocente. Sergio podría, por ejemplo, autorizar que el banco use sus datos en su nombre. De hecho, uno de cada cinco intentos de fraude digital ya utiliza la inteligencia artificial. Ahora bien, aunque la IA facilita que se pasen por nosotros, también es la mejor para evitarlo.
«La IA nos permite determinar si una transacción completa es habitual o no, y si detectamos una anomalía podemos denegarla o retenerla para comprobar con nuestro cliente si es él el que está realizando la operación», explica al Telediario la responsable global de prevención de crimen financiero en BBVA, Natalia Gómez.
El TD explora los riesgos y las oportunidades de la IA en el TelediArio del futuro
La guerra de los datos
Durante años, la guerra se ha librado con armas, soldados y estrategias. Hoy también se libra con datos. Por ejemplo, en Ucrania, el Gobierno de Volodímir Zelenski usa la IA para analizar imágenes satelitales, dirigir rutas y guiar drones contra el enemigo. Un equipo humano tardaría horas, pero esta herramienta lo hace en un puñado de segundos.
Pero el enemigo puede cambiar en función del conflicto. La compañía estadounidense Palantir analiza millones de datos de móviles e internet y los pone a disposición del Gobierno israelí. También colabora con la Administración Trump elaborando informes para las redadas masivas contra los migrantes.
La IA también tiene aplicaciones y usos en la armada española, donde un buque de guerra ya no solo es un barco con armas. Las nuevas fragatas tendrán un gemelo digital que permitirá operar en tiempo real una copia virtual exacta de todos los sistemas del barco.
Así, desde una sala a cientos o miles de kilómetros se podrá dar apoyo a la tripulación para predecir o atajar posibles problemas. Ya no es solo tierra mar y aire; la IA ha añadido el ciberespacio como nuevo escenario.
La IA en el taller de restauración
Hay otras formas de convertir la inteligencia artificial en un arma para erosionar nuestra democracia, para influir en las urnas. La pregunta ya no es si va a cambiar nuestras vidas, sino hasta dónde, pero también cuánto nos facilitará las cosas. En sanidad, por ejemplo, ayuda a detectar enfermedades antes incluso de que aparezcan síntomas. En educación, los tutores digitales pueden ayudar a los alumnos a dominar mejor los contenidos.
Mientras tanto, en el arte la IA sirve para devolver a cuadros deteriorados su aspecto original. La tecnología para conseguirlo existe, aunque la gran pregunta es si es temerario o no aplicarlo a obras maestras como Las meninas. Por ahora, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts la IA ayuda a detectar daños en obras para ayudar a recuperar su aspecto original y proyectarlo sobre un vinilo.
En la Universidad de Granada, por su parte, aúnan el trabajo conjunto de ingenieros y restauradores, y la IA ayuda a identificar daños en la capa pictórica y en el lienzo; así como restauraciones y retoques posteriores.
Las murallas de la IA
Los imperios llevan milenios construyendo murallas, pero los muros más grandes son digitales y ya no necesariamente los levantan las naciones, sino las grandes empresas privadas. La ambición de sus dueños es cambiar esas fronteras y que estén constituidas por el conjunto de aquellos clientes cuyos datos ellos ya poseen.
«La inteligencia artificial nunca va a ser libre. Su utilidad, precisamente, es el que esté subordinada a los intereses de las empresas que la crean y de los Estados que puedan contratar o imponer sus condiciones a esas empresas», explica a TVE el autor de ‘Un mundo falaz’, Ángel Gómez de Ágreda.
Cerebros más vagos
En 100 años es probable que nuestro cerebro no funcione igual que ahora. Si la inteligencia artificial memoriza por nosotros, está claro que cada vez tendremos menos actividad, menos conexiones neuronales. ¿Cómo nos afectará eso?
«Si la IA nos hace no ejercitar ese músculo cerebral, vamos a tener un cerebro más pequeño, probablemente estructurado igual, pero más pequeño y más pobre y menos eficaz», asegura el investigador del instituto de neurociencias de Alicante Juan Lerma.
«El cerebro es vago por naturaleza. Intenta minimizar la energía. Si generamos una sociedad mentalmente sedentaria, Vamos a necesitar gimnasios cerebrales para poder ejercitarlo», expone Pablo Lanillos, investigador del Centro de Neurociencias Cajal – CSIC.
Un futuro terrorífico o luminoso
Casi todo está por hacer y, por delante, tenemos un futuro terrorífico o un futuro luminoso. «La inteligencia artificial es inevitable porque ya está aquí. No va a desaparecer por arte de magia y no podemos desinventarlo», explica la profesora del Instituto de la ética de la IA de la Universidad de Oxford Carissa Véliz.
«No es lo mismo que esta tecnología se desarrolle bajo el imperio de los tecnoligarcas. Que esta tecnología se desarrolle bien regulada, como tratamos de hacer en Europa», argumenta el catedrático de IA y Democracia Daniel Innenarity.
El reto de este telediario era acercarnos a la inteligencia artificial sin miedo, pero sin ingenuidad, porque nuestro futuro depende de nosotros. Pero deben liderarlo personas que rindan cuentas y no un algoritmo.
«Encuéntrate con Cristo. Descúbrete a ti mismo. Crece en santidad», reza la página web de Courage España. «Si experimentas atracciones hacia el mismo sexo y estás dispuesto a abrazar libremente las enseñanzas de la Iglesia (…) o tienes algún familiar que se identifica como LGTBIQ, ¡no estás solo!», continúa la plataforma antes de remitirte a un listado con los «capítulos» -puntos de encuentro- que tiene la organización en más de una decena de países. ¿El remedio para curar la homosexualidad? La «intervención terapéutica» mediante el acompañamiento pastoral, una serie de reuniones semanales para «lidiar con los obstáculos que impiden vivir la castidad». La lógica tiene la misma base que la de las terapias de conversión, pero aquí los sacerdotes no intentan guiar a las víctimas hacia la heteronormatividad. La Iglesia Católica trabaja para que las personas homosexuales -simplemente- no tengan relaciones. El hábito de la castidad.
Courage tiene su sede en Estados Unidos, pero ha aterrizado durante los últimos años en Brasil, México, Colombia o España. Lo hizo a través de las diócesis que así lo autorizaron. El Arzobispado de Toledo plantó la primera semilla en nuestro país en 2019. Los mismos pasos siguieron luego las Diócesis de Cuenca, Canarias, Alcalá de Henares y Getafe. El manual de Courage explica perfectamente cómo es el proceso para que un párroco pueda poner en marcha estas terapias de castidad. «Los sacerdotes interesados en comenzar un capítulo (…) y servir como capellanes deben hablar con su obispo sobre su deseo y disponibilidad (…). El capellán del capítulo ha de ser siempre un sacerdote a quien el obispo diocesano le haya confiado de manera estable el cuidado pastoral de las personas que experimentan atracciones hacia el mismo sexo y/o de los padres de familia de personas que se identifican como LGTBIQ», sostiene la hoja de ruta de la organización.
Los curas de referencia de estas «intervenciones terapéuticas» empiezan a atender las peticiones que reciben -una vez registrada la estructura-, deben reunirse «individualmente» con todos los interesados y realizar una «entrevista inicial» para asegurarse de que comprenden las «cinco metas del apostolado». Las metas en cuestión son la castidad, la devoción, los testimonios, las amistades y la hermandad, para «asegurarnos» de que nadie «tenga que enfrentar solo los problemas de la homosexualidad». Courage se asegura de evitar en sus textos palabras como terapia o tratamiento, consciente de que vulneraría parte de lo dispuesto en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley Trans.
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«Los perpetradores de las terapias de conversión han adaptado su lenguaje y sus mecanismos para acceder a las víctimas con el objetivo de evitar investigaciones y garantizar su impunidad. Courage recubre y pinta de asesoramiento y acompañamiento pastoral una práctica que realmente busca anular la orientación sexual de las personas LGTBIQ», defiende Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. «Lo grave del asunto es que no hablamos de una práctica religiosa inocua, sino de una estructura organizada que trata la diversidad sexual como una adicción y plantea como cura la castidad. Las terapias basadas en la castidad son además discriminatorias, porque solo presentan esta diatriba para las personas LGTBIQ, no para las heterosexuales ni para los curas que han cometido abusos en la Iglesia», continúa el abogado.
La Conferencia Episcopal no ha aclarado si rechaza o respalda este tipo de iniciativas y se limita a decir que «la castidad es una virtud para todas las personas, casadas y solteras, hombres y mujeres, y de cualquier orientación». Público ha preguntado también por el enfoque discriminatorio de las sesiones de Courage, sin haber recibido todavía respuesta. Este diario se ha puesto en contacto además con las cuatro líneas telefónicas que tiene la plataforma en las diócesis de Cuenca, Canarias, Alcalá de Henares y Getafe: ninguno de los sacerdotes designados para «atender» a los «potenciales miembros» de la estructura ha respondido ni por llamada, ni por WhatsApp. Courage y su departamento de prensa tampoco han querido aclarar qué diferencias establecen entre las terapias de conversión y las basadas en la castidad, cómo es la formación que reciben los sacerdotes y capellanes o qué motivos llevan a la organización a centrarse solo en captara personas del colectivo LGTBIQ.
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«Courage contempla en su manual, por ejemplo, que las víctimas que deseen recibir tratamiento psicológico durante su acompañamiento pastoral puedan hacerlo siempre y cuando el terapeuta tenga su misma visión de la homosexualidad. Los objetivos y las propuestas nos dejan claro que estamos ante lo que se conoce como terapias de conversión con un enfoque religioso centrado en la castidad, hablamos de una finalidad y un grupo diana absolutamente dirigidos», insiste Saúl Castro. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha denunciado a Courage ante la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad. La cartera todavía no ha confirmado si abrirá o no expediente sancionador a la firma norteamericana, pero sí asegura estar «trabajando en ese ámbito» y destaca la reciente apertura del «primer expediente en la historia del Ministerio vinculado a las terapias de conversión».
El manual de los curas para reprimir la homosexualidad
Courage presume en su página web de haber recibido «estatus canónico en la Iglesia católica» como una «asociación pública clerical de fieles diocesana», convirtiéndose así en «el único apostolado de su tipo» con esta distinción. La plataforma no solo opera a través de sus «capítulos» o grupos de charla y oración, reunidos «semanalmente o, mínimo, una vez al mes». Courage también proporciona «recursos y conferencistas o expertos para eventos locales de formación continua», prestando especial atención a las «jornadas de estudio para el clero», pensadas para sacerdotes y diáconos de las diócesis participantes. Las propuestas de este tipo consisten -por norma general- en un conjunto de «charlas sobre antropología cristiana e identidad«, además de ponencias acerca de «la aportación de las ciencias psicológicas sobre la homosexualidad, la provisión de una atención pastoral auténtica hacia las personas que experimentan atracciones hacia el mismo sexo (…) y algún testimonio de Courage». El resultado de esta suerte de formaciones es lo que se inculca luego en los acompañamientos pastorales que persiguen la castidad.
«Las prácticas de este tipo van acompañadas de un control casi absoluto y de un aislamiento progresivo que hace que los sacerdotes conozcan luego muchos detalles de la vida de sus víctimas. Las personas que asisten [a los capítulos] entienden o terminan entendiendo que la atracción y las prácticas sexuales siguen los mismos patrones que cualquier adicción. Los grupos sirven para forzar esa idea de acompañamiento, plantear dudas, riesgos o miedos a una posible recaída», detalla Saúl Castro. El manual por el que se rigen los capellanes de la organización confirma todo lo que comenta el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. La «hermandad», la «confidencialidad» y la carta de la vulnerabilidad son tres de sus habituales. Courage considera en sus textos -públicos- que las personas homosexuales pueden ser «más susceptibles a sufrir tentaciones» o «más propensas a buscar gratificación de formas que no son buenas».
El día, la hora y la ubicación de las reuniones del capítulo «siempre son confidenciales» para «proteger la privacidad de los miembros», toda vez que -según el mismo manual- «muchos no han revelado a otros que ellos o sus seres queridos experimentan atracciones hacia el mismo sexo«. La «confianza mutua» también hace que todos los integrantes del grupo puedan «hablar honestamente sobre su camino de conversión», una conversión que culmina aquí con la castidad, no -supuestamente- con el cambio de orientación sexual. Las atracciones homosexuales son una «carga no deseada» y definirse como «gay o lesbiana» implica «ir en contra de la fe» y «tener tendencias desviadas», tal y como defiende el mismo manual a lo largo de sus casi doscientas páginas. Las fuentes consultadas por este diario comparan el funcionamiento de las «terapias basadas en la castidad» con el de las sectas o los encuentros de Alcohólicos Anónimos, un símil que también abrazan desde Courage.
La denuncia ante el Ministerio de Igualdad
La Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó inicialmente un paquete de denuncias contra Courage ante la Fiscalía de Toledo y la Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, habida cuenta de que la primera sucursal de la organización en España la puso en marcha el Arzobispado de Toledo. Los dos organismos decidieron archivar las diligencias por considerar que los hechos detallados no revestían los caracteres de delito, tal y como consta en una resolución del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este periódico. La última denuncia del colectivo es la que está ahora en manos del Ministerio de Igualdad. La parte demandante pide suspender y eliminar los contenidos inscritos en la página web de Courage y abrir los expedientes sancionadores que contempla la Ley 4/2023. El Ministerio que dirige Ana Redondo se limita de momento a confirmar que prepara su primera sanción en estos términos y sitúa por encima de la veintena el número de denuncias recibidas en los tres últimos años en la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ.
El juez Juan Carlos Peinado abrió este sábado, tras dos años de instrucción convulsa y llena de bandazos, un procedimiento de juicio oral a Begoña Gómez, acompañado de la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno e interrogatorios periódicos, medidas cautelares que el togado justificó alegando un posible «riesgo de fuga» en el que llegó a cargar contra los policías que la custodian. Para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, esta resolución se trata de «una causa política» y ha lamentado que se «persiga» a la esposa de Pedro Sánchez y se llegue a «insultar» a la Policía. «Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas», valoró al conocer el auto judicial. La titular de Ciencia también alegó a las «perversas casualidades» que unen al juez con el Partido Popular, de las cuales este medio de comunicación ha informado previamente.
Así se pronunciaba Morant en declaraciones a los medios en València tras conocer los pormenores del auto. A su juicio, el citado texto judicial «demuestra básicamente que su causa ha sido desde el primer momento una causa política«. «Las medidas que ha adoptado de manera cautelar contra Begoña Gómez son sorprendentes y, desde luego, no tienen ningún sentido judicial», argumentaba la titular de Ciencia y Universidades, que las contrastaba con la sentencia de más de ocho años de cárcel por agresión sexual al futbolista Rafa Mir, «a quien no se le ha pedido ninguna medida cautelar y se va a dejar que este jugador pueda jugar o pueda irse de viaje». «Pero la mujer del presidente del Gobierno, para la que claramente no hay ningún tipo de riesgo de fuga, se le ha puesto la medida cautelar de quitarle el pasaporte y de prohibirle salir del país. Ha sido una medida que quieren ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran por nosotros», criticaba la valenciana.
«Casualidades perversas»
Para la también líder de los socialistas valencianos, «no deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida», ni tampoco lo es que «el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid donde la señora Ayuso gobierna la federación madrileña».
«Seguramente el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso y, desde luego, contribuyendo al ‘quien pueda hacer que haga’ con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que sorprende a todo el mundo en la judicatura y que se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente por serlo, para que le afecte al presidente del Gobierno y para intentar tumbar al Gobierno de España», opinaba la ministra. Asimismo, ha recalcado que el hecho de que «la excusa» del magistrado sea afirmar que hay riesgo de fuga «porque la Policía Nacional puede ayudar a la señora Begoña Gómez a escapar, es un insulto absoluto a la institución de la Policía Nacional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado«.
«Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas, incluso insultar el trabajo de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad. Así que, desde luego, condenamos este auto y toda la instrucción que ha hecho el juez Peinado», sentenciaba la dirigente socialista.
Vínculos familiares ‘populares’
Los vínculos que la familia del juez Juan Carlos Peinado guarda con el Partido Popular son ya conocidos. La pareja del togado trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, más concretamente en un puesto de relevancia dentro del organigrama municipal, como Jefa de Servicio en el Área de Economía. Este periódico pudo constatar que esta persona accedió al consistorio mediante oposición hace años y ahora ocupa un lugar destacado en el mismo. Sin embargo, éste no es el único vínculo que un familiar del magistrado mantiene con las administraciones madrileñas, y es que su hija, Patricia Peinado, es concejala en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP); un puesto que desempeña sin tener ninguna experiencia previa en política. De hecho, proviene del mundo de la docencia.
Este periódico pudo confirmar que la primogénita de la pareja ha pasado por cuatro puestos de trabajo distintos en año y medio: Zona Norte, Fiestas, Deportes y, actualmente, Zona Sur. Fuentes municipales reconocían que no se puede hablar de trato de favor hacia Patricia Peinado a la hora de hablar respecto de su salto al Ayuntamiento, pero es evidente que no disponía de experiencia política anterior, más allá de haber militado en el Partido Popular.
Así las cosas, Patricia Peinado estuvo trabajando en el colegio en el que cursó Primaria la princesa Leonor, el Santa María de los Rosales, localizado en Aravaca (Madrid). Lo hizo en calidad de jefa de Estudios de Primaria de esta institución entre 2011 y 2023, año en el que salta al consistorio. Sin actividad intermedia se produjo este salto, cambiando drásticamente el campo de desarrollo profesional del docente al político, a pesar de que nunca había operado en este último.
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Bogotá ha amanecido este lunes con una mezcla de celebración, incertidumbre y tensión política. El abogado y empresario ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas y se convertirá, salvo sorpresa en el escrutinio definitivo, en el próximo presidente del país a partir del 7 de agosto.
Según el preconteo oficial, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,70% conseguido por el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato respaldado por el espacio político del actual presidente, Gustavo Petro. La diferencia ronda los 250.000 sufragios en una de las contiendas más ajustadas desde la instauración de la segunda vuelta presidencial en Colombia.
La victoria supone un giro político de gran magnitud para el país andino. Apenas cuatro años después de la llegada al poder de Petro, primer presidente de izquierdas de la historia reciente de Colombia, una parte importante del electorado ha apostado por una alternativa situada en el extremo opuesto del espectro ideológico.
Aunque el resultado todavía debe ser ratificado por el escrutinio definitivo, la ventaja obtenida por De la Espriella hace muy improbable un vuelco. Sin embargo, tanto Cepeda como sectores del oficialismo han reclamado prudencia y han exigido revisar miles de mesas electorales impugnadas antes de dar por cerrada la contienda.
Un triunfo construido sobre el desgaste de Petro
Más allá de la figura del vencedor, la elección refleja el profundo desgaste sufrido por el proyecto político de Gustavo Petro. La desaceleración económica, la persistencia de la violencia en varias regiones y la percepción de inseguridad han sido aprovechadas por De la Espriella para construir un discurso basado en la confrontación directa contra el Gobierno saliente.
Durante la campaña, el líder de Defensores de la Patria se presentó como un outsider dispuesto a «recuperar el orden» mediante políticas de mano dura. Prometió aumentar la presión militar sobre los grupos armados, construir megaprisiones, acabar con las negociaciones impulsadas por Petro y ampliar la explotación petrolera, incluyendo técnicas tan controvertidas como el fracking.
Su discurso ha sido comparado frecuentemente con el de otros líderes de la nueva derecha radical latinoamericana, como Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina. De hecho, buena parte de su campaña se apoyó en una narrativa antipolítica, aunque paradójicamente contó con el respaldo de importantes sectores del establishment económico y político colombiano.
Un personaje polémico llega a la Casa de Nariño
La figura de De la Espriella genera una enorme controversia en Colombia. Conocido durante años por su actividad como abogado de personajes vinculados a escándalos políticos y empresariales, el nuevo presidente ha construido una imagen mediática basada en la confrontación y la provocación.
Diversas organizaciones de defensa de la libertad de prensa han mostrado preocupación por sus enfrentamientos con periodistas y por el uso recurrente de acciones judiciales contra comunicadores que investigaron algunas de sus relaciones profesionales. Asimismo, sus vínculos pasados con figuras controvertidas han sido objeto de debate durante toda la campaña electoral.
Sus críticos advierten además de que su propuesta de reducir el tamaño del Estado en un 40%, recortar ministerios y aplicar políticas económicas de corte liberal podría afectar programas sociales impulsados durante los últimos años. El presidente electo, por el contrario, sostiene que esas medidas son imprescindibles para reactivar la economía y atraer inversión.
La campaña tampoco estuvo exenta de acusaciones de populismo. Sus promesas de resolver rápidamente problemas estructurales como la inseguridad, el narcotráfico o la corrupción fueron recibidas con escepticismo por numerosos analistas, que consideran difícil materializar cambios tan profundos en un país con instituciones complejas y fuertes desequilibrios territoriales.
Un país dividido en dos mitades
El resultado electoral deja una fotografía contundente: Colombia aparece partida prácticamente en dos bloques de tamaño similar. La diferencia inferior a un punto porcentual evidencia que el nuevo mandatario carece de un mandato arrollador para impulsar las transformaciones radicales que prometió durante la campaña.
Además, De la Espriella deberá gobernar con un Congreso fragmentado, donde no dispone de una mayoría clara para sacar adelante sus principales reformas. Esa realidad podría obligarle a moderar parte de su agenda o a negociar con sectores políticos a los que ha criticado duramente durante los últimos meses.
Mientras miles de simpatizantes celebraban en las calles la victoria del autodenominado «Tigre», millones de colombianos observaban con preocupación la llegada al poder de un dirigente que simboliza el ascenso de la ultraderecha en América Latina.
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4,4 millones de euros. Es la suma económica que un informe de la Agencia Tributaria ha determinado que percibió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tras haber firmado contratos con un grupo sanitario entre 2021 y 2023, durante los primeros años de su noviazgo con la dirigente madrileña. Las respuestas a esta información han llegado desde muchos frentes: mientras que la oposición se ha apresurado a afear el elevado montante, el entorno de Isabel Díaz Ayuso ha contraatacado con bulos y críticas a Hacienda. Pero hay un frente desde el que no ha existido pronunciamiento alguno: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por guardar silencio ante el goteo de informaciones relacionado con la presidenta madrileña y su entorno. Hay quienes achacan esta actitud al temor de que pueda ocurrirle algo similar a lo que le pasó a su predecesor, Pablo Casado, que terminó defenestrado del partido que lideraba por denunciar públicamente la corrupción del entorno de su compañera en la Puerta del Sol.
El documento de la Agencia Tributaria detalla una tabla en la que se reflejan los pagos a las dos consultoras de Amador, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, año a año. En 2021, Amador ingresó 1.078.412 euros; en 2022, 1.956.449 euros; y en 2023, 1.401.634 euros. En total, 4.436.495 euros, casi un millón y medio de euros por campaña. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había empezado la relación. En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras dependerá de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.
El PSOE afea el «silencio» de Feijóo…
Como se ha indicado anteriormente, las reacciones al informe de Hacienda no se han hecho esperar, y en Ferraz se han percatado, precisamente, del voto de silencio del líder ‘popular’.»No se atreve a decir nada porque sabe cómo terminó su antecesor en el cargo», se pronunciaba la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una entrevista con Las mañanas de RNE. Torró afeaba que el caso que afecta a Alberto González Amador «no tiene nombre», a la vez que cargaba contra Isabel Díaz Ayuso por estar trabajando «no solo por la privatización de lo público a costa de los madrileños, sino también por un modelo de negocio familiar donde su pareja factura millonadas».
«Eso sí que son indicios y hechos que están poniendo encima de la mesa«, exclamaba Torró. Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también ha afeado la «hipocresía política» y las lecciones de «transparencia y dignidad» de los ‘populares’, pues, a su juicio, tiene a «ministros condenados y que están en la cárcel», en referencia al Gobierno de José María Aznar.
…mientras el entorno de Ayuso carga contra Hacienda
«Ningún contrato desde que es presidenta y mucho menos desde que lo conoce«, aseguraba Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, en un mensaje difundido por WhatsApp ante preguntas de El País. El texto del jefe de gabinete agregaba, además, datos que no corresponden con lo publicado, como que el último contrato con el grupo sanitario fue en 2010, «cuando la presidenta no estaba ni pensada».
«Frente a la insidia de El País de que hubo contratos con el señor González Amador desde que conoció a la presidenta, aclaro que es falso», emitía Rodríguez, insistiendo en el bulo. El citado medio añade que una vez se le hizo notar que se trataba de un informe oficial incluido en una causa y no una información que partiera exclusivamente de un medio de comunicación, agregó: «De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada«. Al ser preguntado por cuál ha recepción de Ayuso ante la noticia, el jefe de gabinete respondía: «Indignación por la mentira, pero ya está acostumbrada». Cabe repetir, nuevamente, que se trata de una información recogida en un informe oficial y no una información que se limitara a la prensa.
De qué se acusa a González Amador…
Alberto González Amador está acusado de cinco delitos. A los dos de fraude fiscal se suman falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal. Los dos últimos se sumaron en marzo de 2025, en el marco de una pieza separada abierta por el magistrado para investigar el uso de la empresa del novio de Ayuso para ocultar ingresos procedentes de negocios en el ámbito sanitario.
En todo este proceso, alrededor del empresario se ha generado toda una narrativa de excepcionalidad. No porque la riqueza de la pareja de una representante política -de la que ella también estaría disfrutando, entre otras cosas, porque la casa en la que viven se pagó, presuntamente, con el dinero ganado con estos delitos- provenga de prácticas ilícitas. El entorno político y mediático de Ayuso ha tratado de justificar en todo momento que González Amador es un español más, un ciudadano particular, al que el Estado persigue por ser el novio de la presidenta madrileña, y que los delitos que ha cometido no tienen que ver en ello.
…y cómo acabó Casado
La carrera política de Pablo Casado terminó en febrero de 2022 después de que el entonces líder del Partido Popular denunciara interna y públicamente la posible corrupción del entorno de Isabel Díaz Ayuso. El principal señalado fue su hermano Tomás, cuando las mascarillas se convirtieron en un bien de primera necesidad para combatir la proliferación del Covid-19. «La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas en España por la pandemia, se puede contratar a tu hermano y recibir 300.000 euros de beneficio por la venta de mascarillas”. Esta frase, pronunciada en una entrevista en la Cadena SER, forma parte de la historia de la política española y todavía resuena entre los muros de Génova,13, y lanzaba una acusación al mayor de los Ayuso por haber hecho, presuntamente, negocio durante el Covid a través de comisiones.
Sin embargo, la información de la que presumiblemente disponía Casado iba mucho más allá y afectaba a los padres de la lideresa regional o a sus relaciones sentimentales, en las que entra su exmarido, Rafael Hernández Torre, que ha sido noticia esta semana después de que ElConstitucional.es sacara a la luz en exclusiva un pelotazo con la Comunidad de Madrid de 100.000 euros. En lo que respecta al hermano, el exlíder del PP le señalaba como comisionista en un contrato de 250.000 mascarillas adjudicado a un amigo suyo en el peor momento de aquel fatídico 2020, cuando más gente moría. Poco después, fue cesado de sus funciones y Alberto Núñez Feijóo fue su sustituto, quien, ahora, no ha pronunciado palabra alguna sobre lo ocurrido en el entorno de la dirigente madrileña.
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La instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha estado marcada por numerosos altibajos, polémicas y bandazos que han llegado a su fin este sábado 20 de junio de 2026. Después de casi dos años de instrucción, el magistrado ha dictaminado la apertura de juicio oral contra Gómez, Cristina Álvarez – su asistente – y el empresario Juan Carlos Barrabés en el que impone a la esposa del presidente del Gobierno estrictas medidas cautelares que van desde la retirada de todos los pasaportes que disponga, la prohibición de abandonar el país y comparecencias periódicas en el juzgado, según el auto al que ha tenido acceso este medio.
El magistrado está cerca de la jubilación y, antes de soltar definitivamente el caso y enviar a la mujer del jefe del Ejecutivo a juicio oral, ha hecho del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el escenario de un rocambolesco procedimiento. Antes de las últimas diligencias, el magistrado abrió una nueva pieza separada contra Begoña Gómez por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la Unión Europea que tuvo que rectificar casi de inmediato, pero no fue, ni mucho menos, la única.
Esta última causa se centraba en un contrato adjudicado por la compañía pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, y la consultora KMPG, un expediente que contó con la financiación de los fondos Feder. No obstante, en la misma mañana que lanzaba la separata, Peinado optaba por rectificar y, aunque mantiene esta pieza separada vinculada al caso principal, decidió excluir a Begoña Gómez de las investigaciones que se abrirán para esclarecer si pudo darse o no estos presuntos delitos de prevaricación y fraude. El contrato sobre el que se pone la lupa se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.
No obstante, la Audiencia Nacional daba la razón a Juan Carlos Barrabés y señalaba que ese contrato debía de examinarse en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que sea esta instancia la que valore si lo investiga y que el procedimiento no corresponda a la Fiscalía Europea. Es por ello que, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, comunicaba esta mañana que decidía abrir una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea «para la investigación de los hechos» y llamaba a la Fiscalía de Madrid a pronunciarse sobre si son delictivos o no, pero rectificando y dejando a la mujer del presidente del Gobierno fuera de las investigaciones. Todo ello, no obstante, ha quedado en un segundo plano en la jornada del sábado, cuando Peinado ha decidido imponer las citadas medidas cautelares, que daban un vuelco total al caso.
Los tirones de orejas y correcciones de la Audiencia de Madrid
La rectificación de Peinado y la posterior apertura de juicio a Begoña Gómez han llegado en las fases más tardías de la instrucción, pero antes de llegar hasta tal punto, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado en varias ocasiones las decisiones del magistrado por considerarlas inapropiadas o irrelevantes para el desarrollo de la causa o por no contar con las suficientes pruebas. Por ejemplo, hace cuatro meses, en febrero, el citado organismo anulaba la decisión del juez de enviar a Begoña Gómez a un jurado popular. En un auto al que tuvo acceso este medio, la Justicia subraya que el magistrado no justificó de forma suficiente sus argumentos para decretar el avance procesal y ordenó retrotraer las actuaciones a un momento previo a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.
En línea con ello, los magistrados de la Audiencia Provincial concluyeron que no era suficiente con aludir de forma «genérica» a la existencia de indicios. Por ello, añadían que era necesario señalar qué conductas se atribuyen a cada investigado, así como la base indiciaria que sustenta la imputación de delitos como malversación o tráfico de influencias. «No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y qué esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala, respecto de unos hechos que presentaban base objetiva suficiente, pero en absoluto ha podido anticipar la consistencia de tesis hasta el punto de hablar de indicios racionales de criminalidad», rezaba el auto.
De la misma forma, los magistrados de la Audiencia de Madrid añadían que «los cuatro autos que se comprenden en esta resolución, carecen de la necesaria fundamentación, únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles a los que hacemos referencia, consecuentemente». «Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, situación a la que es de aplicación, la doctrina que emana de las sentencias (STS 72/2009, de 29 de enero; 26-7-2011, nº 857/2011), relativas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,que incluye la de obtener una resolución debidamente motivada», agregaban entonces.
La Audiencia Provincial de Madrid también revocó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos los correos de su investigada. El magistrado tenía la intención de hacer una labor exhaustiva de análisis de los e-mails desde los últimos siete años hasta la fecha actual, es decir, desde 2018. Los jueces del tribunal consideraron que el magistrado instructor debió redactar un auto con su motivación específica en vez de tomar esta decisión con una providencia. Los magistrados de la Audiencia de Madrid reprocharon al juez Peinado que no haya razonado en detalle esta motivación y, al mismo tiempo, anularon la orden de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elabore un informe sobre el contenido de estos correos. Expresamente, los jueces del tribunal señalaron que el magistrado instructor «no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos», por lo que tacharon la decisión de «medida carente de la justificación necesaria» para llevarse a cabo, incumpliendo al tiempo «los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad» que deben imperar en el desarrollo de la causa.
De la misma manera, la Audiencia de Madrid tuvo que corregir al magistrado para que anulase la imputación que recaía sobre el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. En la decisión, los magistrados alegan que Peinado se basó en «meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad» para investigar al delegado. «Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre», defendía el organismo provincial.
El pasado mes de mayo, el juez imputaba a Martín por su presunta participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En dicha imputación, Peinado le atribuía al delegado del Gobierno un presunto delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa al haber admitido a trámite una querella en la que le relaciona con el contrato de Cristina Álvarez para trabajar en Moncloa junto a Gómez. Dicha querella fue interpuesta por Vox y recayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, el cual se inhibió a favor de Peinado al entender el vínculo con el conjunto de todo lo que engloba al caso de Gómez.
En esta misma línea, según rezaba el auto del juez Peinado, señalaba que sí que procedía admitir a trámite la querella contra el delegado del Gobierno «por su aparente participación en el nombramiento» de la asesora de Gómez «en el ejercicio de sus funciones privadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública», focalizándose esta demanda en «fundamentalmente, en el nombramiento, funciones y actividades» de Álvarez ostentando dicho cargo. La Abogacía del Estado, por su parte, solicitó el sobreseimiento para Martín Aguirre en la pieza separada que investiga si hubo un uso indebido de dinero público en la contratación de Álvarez y en las funciones que habría desempeñado para la esposa del presidente del Gobierno, y subrayaron que el delegado del Gobierno no pudo intervenir de modo alguno en el nombramiento de la asesora porque la designación de Álvarez se remonta a julio de 2018, cuando Martín Aguirre aún no ocupaba su actual cargo.
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El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, volvió a la carga este jueves tras conocerse, de la mano de El País, que la pareja de la dirigente madrileña, Alberto González Amador, había facturado 4,4 millones de euros en tres años de contratos con un grupo sanitario. El periodista cargó contra el citado medio y contra la Agencia Tributaria, calificando de «falsa e insidiosa» la información publicada, lanzando un bulo para intentar contrarrestarla y opinando que Hacienda «debería ser dinamitada«. Este es solamente el último episodio de las incontables polémicas protagonizadas por Rodríguez, que han ido desde mentiras y bulos hasta amenazas textuales contra periodistas por hacer su trabajo.
«Ningún contrato desde que es presidenta y mucho menos desde que lo conoce«, aseguraba Rodríguez en un mensaje difundido por WhatsApp ante preguntas del citado medio. El texto del jefe de gabinete añade datos que no corresponden con lo publicado, como que el último contrato con el grupo sanitario fue en 2010, «cuando la presidenta no estaba ni pensada». El País lleva en sus páginas que González Amador facturó 4,4 millones de euros en tres años, de 2021 a 2023, los primeros de su noviazgo con la dirigente madrileña. El documento de la Agencia Tributaria detalla una tabla en la que se reflejan los pagos a las dos consultoras de Amador, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, año a año. En 2021, Amador ingresó 1.078.412 euros; en 2022, 1.956.449 euros; y en 2023, 1.401.634 euros. En total, 4.436.495 euros, casi un millón y medio de euros por campaña.
«Frente a la insidia de El País de que hubo contratos con el señor González Amador desde que conoció a la presidenta, aclaro que es falso», emitía Rodríguez, insistiendo en el bulo. El citado medio añade que una vez se le hizo notar que se trataba de un informe oficial incluido en una causa y no una información que partiera exclusivamente de un medio de comunicación, agregó: «De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada«. Al ser preguntado por cuál ha recepción de Ayuso ante la noticia, el jefe de gabinete respondía: «Indignación por la mentira, pero ya está acostumbrada». Cabe repetir, nuevamente, que se trata de una información recogida en un informe oficial.
«El País lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con el grupo sanitario fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante», escribía en sus redes sociales el periodista, incidiendo en unos contratos que no guardan vinculación con los referenciados en la información y haciendo un paralelo con otro caso en curso que afecta al expresidente del Gobierno socialista y a su entorno personal.
«Hacienda debería ser dinamitada»
Rodríguez, con sus palabras, contradice a la Agencia Tributaria y fantasea con su extinción. Los informes de este organismo recogen que González Amador recibió un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había empezado la relación.
En concreto, se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría ante los que Hacienda ha encontrado «indicios de simulación» al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya tildó anteriormente de ser una pantalla.
En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras dependerá de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.
Amenazas a periodistas
Uno de los mecanismos de intimidación más recurrentes de Miguel Ángel Rodríguez han sido las amenazas a periodistas por hacer su trabajo. «Te voy a arruinar la vida»; «tu jefe va a terminar en la cárcel»; «os vamos a triturar» o «vais a tener que cerrar» son solo algunos de los ataques que el jefe de comunicación de Ayuso ha proferido anteriormente contra periodistas progresistas de medios como elDiario o El País. Este último llevaba en sus páginas, hace dos años, una pieza que incluía una entrevista con un miembro de Vox, poco susceptible de defender a los comunicadores de izquierdas, que lamentaba que «si lo que hace Miguel Ángel Rodríguez lo llega a hacer el jefe de gabinete de Puigdemont o de Feijóo, habría acabado con la carrera de los dos». «Pero aquí no pasa nada porque Miguel Ángel lleva 30 años en esto, conoce a mucha gente en los medios y cuando no le obedecen, va a por ellos, le da igual a la derecha que a la izquierda. Se dedica a inventarse cosas y amenazar, sobre todo a ciertas horas», señalaba la citada fuente.
«Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den», fue, textualmente, el mensaje que Miguel Ángel Rodríguez envió a una periodista de elDiario hace ya dos años, cuando el citado periódico publicaba en exclusiva la siguiente información: «La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla«. Al preguntarle al jefe de gabinete si sus palabras eran una amenaza, respondió que se trataban de «un anuncio».
El ejemplo de elDiario, no obstante, es solo uno de los más recientes del currículum de Rodríguez. Otro caso se dio hace 29 años, en 1997, cuando el entonces presidente de Antena 3, Antonio Asensio, compareció en el Congreso de los Diputados y denunció que el entonces secretario de Estado de Comunicación y portavoz del Gobierno de Aznar le amenazó para que rompiera un acuerdo con el grupo PRISA sobre los derechos televisivos de los clubes de fútbol.
Asensio aportó notas escritas por varios directivos de la cadena que fueron receptores de amenazas: «Asensio no sabe lo que ha hecho firmando con Polanco y le va a costar muy caro»; «Dile a tu jefe que terminará en la cárcel como Mario Conde, que vamos a ir a por él»; «No le van a servir de nada sus guardaespaldas porque el Gobierno tiene muchos más». Amenazas que, en su momento, Rodríguez justificó con que «existía confianza entre ellos» para hablarse así, misma explicación que utilizó en el caso de elDiario: «Hablo de esa manera con gente con la que tengo confianza. Es un modo bronco de decir que estaban inventando un caso donde no había». Resultó haberlo.
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La Unión Europea es un entramado político complejo en el que decisiones importantes a veces se toman en lugares insospechados. En febrero de 2024, el entonces comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, cogió su coche y se plantó en el acceso a una autovía cercana a la ciudad de Szczecin, en el extremo noroccidental de su país.
Allí cientos de agricultores y granjeros habían montado una barricada para protestar contra la situación del campo. Protestas similares se sucedían en esas semanas en España y en otros tantos países europeos. El entonces máximo responsable del sector agrícola comunitario habló durante “dos o tres horas” con los manifestantes, recuerda hoy.
Sólo un mes después, la Comisión propuso modificar varios aspectos esenciales de la política agraria común (PAC). Los cambios se centraron en rebajar los requisitos medioambientales que el sector ha de cumplir para optar a estas ayudas, un fondo multimillonario -un tercio del presupuesto total de la UE- que marca las líneas maestras de la agricultura y la ganadería en el continente.
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En el segundo aniversario de las protestas que atravesaron España y Europa, una investigación en la que participa Público revela detalles inéditos sobre esta crisis y sus implicaciones políticas directas, de especial relevancia en un país como el nuestro, con gran peso del sector primario.
Bajo el discurso de la “simplificación” y mejora de la competitividad, Bruselas comenzó en ese momento un desmantelamiento del armazón verde de su política agraria, hoy todavía en marcha.
Entrevistas y documentos inéditos obtenidos a través de las leyes de transparencia muestran cómo, en los días previos a esa decisión, el entonces máximo responsable de Agricultura de la UE se reunió con actores relevantes de la extrema derecha europea, entre ellos el español Jorge Buxadé.
El Ejecutivo comunitario, en un contexto preelectoral -en el verano de 2024 se eligió un nuevo Parlamento- presionó para modificar las bases de la PAC en un tiempo récord y sin las garantías requeridas para una reforma de este tipo.
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El malestar del campo
Wojciechowski califica como “emotiva” la charla de varias horas que mantuvo con los manifestantes en su Polonia natal, a pie de carretera. “Me invitaron a comer salchichas con ellos”, rememora hoy en una entrevista exclusiva en el marco de esta investigación.
Igual que en suelo polaco, en España los agricultores también salieron a la calle en masa en aquellas semanas de febrero. Lo hicieron para mostrar su descontento por las dificultades económicas que muchos de ellos enfrentan, especialmente los pequeños productores situados en el eslabón inicial de la cadena de suministro.
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Las reivindicaciones y los grupos que protagonizaron estas protestas históricas fueron, sin embargo, de lo más diversos. Tanto en España como en otros países europeos. Así lo señalan las diferentes fuentes consultadas por Público para este reportaje y lo confirma un reciente estudio académico de varias universidades del continente.
Los documentos exclusivos obtenidos en esta investigación reflejan cómo Wojciechowski y su equipo se reunieron con múltiples asociaciones del continente en las semanas previas al 15 de marzo de aquel año. Ese día la Comisión presentó una revisión de la PAC que incluyó, entre otras medidas, la exención de la rotación de cultivos o del barbecho en ciertos terrenos, ambas propuestas contrarias al consenso científico sobre la protección de los ecosistemas agrarios.
Entre las reuniones del comisario en esas intensas semanas figuran, entre otros, encuentros con la española Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la poderosa Copa-Cogeca, un conglomerado europeo que agrupa a voces del campo muy diversas en el continente.
“Tuve muchas visitas, muchas reuniones con los agricultores de los Estados miembros”, señala el propio Wojciechowski, quien reconoce de forma explícita que fue “la presión” ejercida por los manifestantes la que motivó esta respuesta política a la crisis.
Maxime Orhon, responsable de incidencia política Por otra PAC, una coalición de medio centenar de ONG ambientales, organizaciones ganaderas y representantes de la agricultura ecológica, asegura sin embargo que sólo algunas de las reivindicaciones que los tractores sacaron a la calle fueron tenidas en cuenta. “Se ha tomado al medio ambiente como chivo expiatorio, pero es que en las protestas había otras muchas demandas”, apunta en una entrevista con Público.
Este experto señala que la Comisión decidió tocar “el tema más fácil”; es decir, la reducción de ciertos requisitos para poder optar a los fondos de la PAC. Pero no otras cuestiones más complejas como una redistribución de estas ayudas para hacerlas más equitativas o una reforma integral de los pagos básicos, reflexiona.
Nina Holland, experta en el sector agrícola de Corporate Europe Observatory (CEO), coincide en la importancia de discernir entre las múltiples quejas que sacaron los agricultores a la calle. A pesar de la variedad de demandas sobre la mesa, la reacción inmediata del gabinete de Von der Leyen fue reducir los requisitos medioambientales de la PAC, apunta esta investigadora de CEO, una organización con sede en Bruselas que fiscaliza a la gran industria que trata de influir en las normas europeas.
“Es cierto que los agricultores han de enfrentarse a mucha burocracia”, pero explicar las protestas sólo en base a esas quejas es un error, advierte. Holland lleva años siguiendo la capacidad de influencia de Copa-Cogeca -una organización que lleva mucho tiempo en el punto de mira por sus vínculos con la agricultura industrial, incluida la ganadería intensiva– y la pone como ejemplo del tipo de actores que fueron tenidos en cuenta por la Comisión. “En lo que respecta a la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura, el resultado fue realmente malo”, concluye.
La extrema derecha presiona
Los mensajes que el equipo de Wojciechowski recibió en esas semanas, a los que Público ha tenido acceso, ofrecen una mirada poco habitual a cómo se tejen las relaciones en la capital europea.
El 10 de enero, pocos días antes de que las imágenes de los tractores en la calle comenzasen a recorrer Europa, el español Jorge Buxadé mandó un correo electrónico al alto funcionario. En él, Buxadé, jefe de la delegación de Vox en Bruselas y entonces vicepresidente del grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas europeos (ECR Party), invitó al comisario a participar en un evento en València sobre “el futuro y los retos de la agricultura y la ganadería en España y Europa”.
La correspondencia entre ambos muestra el interés de Wojciechowski, miembro del ultraderechista partido polaco Ley y Justicia, por reunirse con Buxadé, declarándose incluso “ansioso” por llevar a cabo el encuentro.
Finalmente, y ante su ajetreada agenda, el comisario invitó al líder de Vox a encontrarse con él el 14 de febrero en la cámara comunitaria. Una cita a la que también acudieron los cuatro consejeros autonómicos de agricultura con los que entonces contaba el partido de Santiago Abascal. De acuerdo a los documentos obtenidos en esta investigación, este fue el único encuentro de Wojciechowski con representantes políticos en este periodo.
Imágenes de la correspondencia entre Jorge Buxadé y el entonces comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a comienzos de 2024.
Un briefing preparado por el equipo del comisario previo a esta reunión muestra también algunas claves importantes. En él se señala que las propuestas derivadas del Pacto Verde europeo generan en el sector “una mayor incertidumbre y estrés respecto al futuro”. “Por último, también soy consciente del interés por simplificar la PAC y hacer frente a la creciente complejidad normativa y a la carga administrativa”, escribe el comisario en uno de los apartados finales del documento.
Público ha contactado a Vox para esta información, pero el partido no ha respondido a las preguntas de este medio.
Von der leyen busca la reelección
Otro elemento fundamental para analizar las protestas y sus consecuencias políticas son las elecciones europeas que entonces se atisbaban en el horizonte, señalan varias fuentes consultadas. Un contexto en el que “todo el mundo trataba de marcar la agenda para la nueva Comisión” y en el que Von der Leyen, presionada desde su flanco derecho, trataba de preparar el terreno para su reelección, esgrime Nina Holland.
El testimonio de un diplomático de la UE implicado directamente en las conversaciones que llevaron a la devaluación medioambiental de la PAC, y entrevistado para esta investigación bajo condición de anonimato, asegura que existía una “línea directa entre el gabinete de Ursula Von der Leyen y los intentos de apaciguar a los agricultores”. “Sin duda [Von der Leyen] se empeñó en ello. (…) Las elecciones influyeron y entonces se convirtió en un asunto político”, señala esta fuente, quien describe una situación de “pánico” en la Comisión que empujó a los funcionarios a buscar una solución rápida que acabase con las protestas.
Tomás García Azcárate, economista agrario y especialista en la PAC con una larga trayectoria en Bruselas, apunta al “cambio en el equilibrio político” en Europa como un factor determinante para entender el viraje de la política agraria comunitaria, que arrancó en aquel primer trimestre de 2024 y ha tenido una continuidad desde entonces. En 2025, la Comisión aprobó un nuevo paquete de “simplificación” mediante una de sus leyes Ómnibus.
Para Azcárate, la modificación de las mayorías tradicionales en Europa -motivada por la fuerte subida de la extrema derecha-, unido al malestar del campo y la presión de algunos lobbies,permiten entender esta transformación en las prioridades de la política agraria común. Y quita hierro al hecho de que Wojciechowski solo se reuniese con miembros de grupos políticos afines, atribuyéndolo al “aislamiento” del dirigente polaco.
Este experto señala que la batalla real estaba entonces entre los postulados de Von der Leyen y el neerlandés Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión y gran impulsor del Pacto Verde europeo en el primer mandato de la líder alemana.
Un caso de “mala administración”
Además de tener una continuidad legislativa, los cambios impulsados por las protestas del campo han sido también objeto de investigación por organismos y expertos vigilantes del buen funcionamiento de la Comisión.
Así, en noviembre pasado la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, tras una queja formal presentada por varias ONG meses después de la primera reforma de la PAC, constató “una serie de deficiencias de procedimiento” y calificó este caso como un ejemplo de “mala administración”.
Las normas internas de la UE establecen que cualquier cambio legislativo sustancial ha de acompañarse por una evaluación de impacto y de consultas a las partes interesadas. Algo que en ningún caso ocurrió en aquellas semanas frenéticas, constata Anjinho en su informe. La Defensora del Pueblo Europeo critica también la “definición especialmente amplia del término urgencia” y la ausencia de una justificación razonada por parte de la Comisión para saltarse sus propias normas.
Los documentos obtenidos en esta investigación atestiguan estas acusaciones. De ellos se desprende que, desde el inicio de 2024 hasta que la Comisión logró sacar adelante su propuesta, el Ejecutivo comunitario no realizó ningún análisis de impacto o consulta a sus servicios legales al respecto.
Preguntados por qué otros cambios, más allá de una rebaja de sus requisitos medioambientales, pueden hacerse para mejorar la actual política agraria común, los expertos consultados por Público ahondan en varias líneas.
Además de una distribución más equitativa del dinero de la PAC, Maxime Orhon señala la necesidad de financiar más y mejor el relevo generacional en el campo. Según un informe de la propia Comisión, en la actual PAC (2023-2027) la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras sólo representa el 1,8% de todos los pagos directos del programa. “No ha habido un aumento de este presupuesto en la actual PAC”, señala Orhon, quien advierte de que tampoco parece que el nuevo plan (2028-2034) hoy en discusión vaya a aumentar de forma considerable esta partida.
Mario Díaz Esteban, investigador científico del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advierte por su parte de que “los objetivos de Europa tienen que estar en lo medioambiental y lo social”. “Sólo podemos competir por ese lado, no por la vía de la producción”, señala este profesor en referencia a las voces que apuestan por una normativa que, al menos sobre el papel, impulsen la capacidad productiva del continente para así rivalizar con Asia o América.
Díaz Esteban ha sido hasta ahora el coordinador de la red PTI Agriambio, una red de investigadores que de forma pionera en España trata de evaluar, mediante un convenio entre el CSIC y el Ministerio de Agricultura, la eficacia socioambiental de la PAC europea.
En un momento en que dicho convenio pende de un hilo, este investigador advierte también de que hacen falta más datos para medir cómo estas políticas afectan a la biodiversidad de nuestro país. “Simplificar está siempre bien, el problema está en si eso se traduce en que cada uno haga lo que le dé la gana”, concluye.
La tradición borbónica obliga desde hace al menos dos siglos y medio a que todos sus miembros anden a guantazos. Los desprecios que se prodigan en la actualidad Felipe y su padre, los desplantes de la ciudadana Ortiz a su suegra, los desaires a sus cuñadas, la nula relación entre primos… nada nuevo. Así son las cosas y esas son sus maneras. La revista satírica La Flaca publicó en febrero de 1870 una magnífica caricatura como prueba irrefutable de mi afirmación y con el título Una familia modelo. En ella se ve a todos los borbones, literalmente, a hostias. Isabel II levantándole la mano a su cuñado Antonio de Orleáns; el rey consorte Francisco agarrándole de los pelos por la espalda; la infanta María Luisa, hermana de la reina, arreando con el abanico al infante Enrique de Borbón, hermano del rey, para defender a su marido, Antonio; la hija mayor de Isabel II, La Chata, yéndose a por su tía; el carlista Carlos VII con el puño levantado para dar al primero que pillara; el chavalín que acabaría siendo Alfonso XII pateando y amenazando con un fúsil de juguete a otra pariente niña… y en la pared de la viñeta, dos cuadros colgados: uno con Carlos IV agarrando por el cuello a su hijo el mastuerzo, y otro con los hermanos Carlos María Isidro y Fernando VII sujetándose por los respectivos pescuezos.
En esa caricatura están los dos personajes que hoy nos ocupan. Uno es Antonio de Orleáns, cuñado de Isabel II puesto que estaba casado con la infanta Luisa Fernanda, padres de esa moñas edulcorada llamada María de las Mercedes. Antonio fue el famoso duque de Montpensier, conspirador desde que se levantaba hasta que se acostaba, ambicioso sin límites, capaz de todo por conseguir el trono de España y, casi con total seguridad, responsable del magnicidio de Juan Prim, el primero de los cinco presidentes de gobierno asesinados en España.
Dado que pertenecían a la familia de los borbones, lo normal es que ocurriera lo que ocurrió, que acabaran a tiros
El segundo protagonista es Enrique de Borbón, infante de España y hermano del rey consorte Francisco de Asís; es decir tanto Antonio como Enrique eran cuñados de Isabel II. Y para terminar de enredar los parentescos, también eran primos entre sí y no se soportaban desde que eran niños. Así que, dado que pertenecían a la familia de los borbones, lo normal es que ocurriera lo que ocurrió, que acabaran a tiros, y todo para evitar que el otro pillara el trono de esta empresa llamada España, tan lucrativa para la dinastía.
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Situemos el escenario de la bronca. Estamos en el Madrid de 1870, justo el año en el que el magnífico ilustrador barcelonés Tomás Padró dibujó para La Flaca la viñeta citada. Hacía año y medio que doña reina Isabel II había salido expulsada de España con toda su prole en septiembre de 1868. Antonio de Orleáns, casado con la hermana de la reina, fue uno de los que conspiró para apear a su cuñada Isabel II del trono con la esperanza de pillarlo él. No hace falta insistir en que se odiaban. En realidad se hace difícil saber de alguien a quien no odiara Antonio de Orleáns y conocer a alguien que no lo odiara a él.
Viñeta ‘Una Familia modelo’ publicada en ‘La Flaca’.
En aquel 1870, con la reina arrojada del país, España buscaba un rey a la desesperada en el mercadillo de segunda mano europeo. Fue otra gran oportunidad perdida para la República, pero puesto que era territorio inexplorado, los españoles fáciles de manejar y los políticos unos cobardicas, el gobierno revolucionario que desalojó a Isabel II descartó la República y convenció al pueblo de que había que buscar otro rey, aunque con una condición inexcusable: que no fuera borbón. “¡Los borbones, jamás, jamás, jamás!” vociferaba Prim por las Cortes.
Esa sede vacante en el trono de España puso en marcha maniobras en algunas monarquías europeas para encajar a su propio candidato o para impedir que un enemigo encajara el suyo. Esta extravagante búsqueda de rey se produjo tras la aprobación de la no menos extravagante Constitución de 1869, la que declaraba que este país tenía que regirse por una monarquía constitucional, aunque no tuviéramos rey que llevarnos al trono. Muy loco. Este país es muy loco.
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Cuando Enrique de Borbón se enteró de que su primo Antonio de Orleáns se postulaba para rey de España, sufrió un pico de hipertensión
Lo de monarquía constitucional es uno de los mayores oxímoron conocidos, porque una monarquía que siempre se mantiene al margen de la Constitución, con reyes impunes gracias a la Constitución, nunca será constitucional.
La única vez que se ha votado un rey en el Parlamento fue en aquel periodo que nos ocupa, y el candidato elegido finalmente para ser rey de España fue el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, por 191 votos a favor. El único rey de España elegido por votación parlamentaria. Al que sufrimos actualmente es solo el hijo del que puso el dictador Franco y sí, lo voto el parlamento de la dictadura.
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Pero, además del italiano Amadeo, hubo otros candidatos para ocupar el trono, como Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que, como su propio nombre indica, era prusiano, y al que los españoles prefirieron llamar “Leopoldo ole ole si me eligen” porque no se aclaraban con la pronunciación. Antonio de Orleáns, el cuñado de la reina y su más acérrimo enemigo, tuvo el cuajo de presentarse también como candidato porque cumplía con la principal condición: no ser un borbón.
Cuando Enrique de Borbón se enteró de que su primo Antonio de Orleáns se postulaba para rey de España, sufrió un pico de hipertensión. Ahí comenzó un cruce de artículos y de panfletos poniéndose a parir entre los dos cuñados de Isabel II. Enrique de Borbón, duque de Sevilla y Grande de España, maestro masón en la logia francesa “Enrique IV”, no podía aspirar a ser elegido rey porque era un borbón, pero iba a hacer lo imposible para que su primo Antonio tampoco fuera candidato. El tono de los artículos y los panfletos que se distribuyeron fue subiendo… y subiendo… y subiendo…
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Enrique de Borbón llamaba a su primo Antonio truhan, calumniador, enemigo político, traidor, corrupto… pero lo que más le molestó al duque de Montpensier es que su primo lo llamara “hinchado pastelero francés”. Ahí se acabó el cruce de insultos y Antonio de Orleáns pasó a la acción retando en duelo a Enrique de Borbón. Se eligieron padrinos, comenzaron las visitas a los dos contendientes para ajustar las condiciones y el duelo se fijó para el 12 de marzo de 1870 en la Dehesa de los Carabancheles, cuando todo aquello era campo y ahora es todo ladrillo.
Con las primeras luces del día, y antes de que se liaran a tiros, lo inmediato fue intentar convencer a los duelistas de que lo dejaran, pero no hubo forma. Estaba claro que sobraba un cuñado de la reina, y era el momento de que uno de ellos desapareciera del mapa. Se establecieron los nueve metros de distancia, y se dio la orden del primer disparo.
¡Pum! Y nada.
¡Pum! Y tampoco.
Cargaron pistolas y volvieron a disparar.
¡Pum! del infante Enrique, y nada.
¡Pum! de Antonio, y la bala rebotó en la pistola del Borbón y le rasgó la levita a la altura de la clavícula.
Los caballeros reunidos propusieron dejarlo ahí, pero inmediatamente se desdijeron porque las normas dicen que en un duelo a primera sangre tiene que haber al menos una heridita. Había que continuar.
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¡Pum! falló Enrique de Borbón.
¡Pum! y pleno de Antonio de Orleáns en toda la cabeza de su primo.
Un cuñado menos.
Pero cuando el cuñado victorioso se percató de que su oponente estaba frito supo que también él lo estaba. Se acababa de cumplir la previsión que hizo el día antes del duelo Enrique de Borbón: “Si yo lo mato -dijo- Antonio no será rey de España. Y si él me mata a mí, tampoco será rey. Muero contento”. Y era cierto, Enrique de Borbón, infante de España, hermano del rey, cuñado de la reina, asesinado por su propio primo, llevaba las de ganar viviese o muriese. Antonio de Orleáns perdió casi todos sus apoyos para su candidatura al trono de España.
Enrique de Borbón murió matando, y además se enteró todo dios. Políticos, nobleza, casas reales europeas, embajadores, intelectuales, militares, fauna eclesiástica… todos supieron del duelo, pero todo el mundo trató el asunto con absoluta discreción. Dado que Antonio de Orleáns era militar (su odiosa cuñada Isabel II lo había nombrado capitán general un mal día de 1858) no fue sometido a juicio civil, sino a un consejo de guerra, que, por supuesto iba a descafeinar todo el proceso, porque por mucho que la ley prohibiera los duelos y la Iglesia los condenara, se sabía que aquello iba a quedar en nada.
Aquel consejo de guerra juzgó dos delitos; el duelo en sí y el asesinato, pero se concluyó que la muerte fue… accidental.
Y dado que era masón, la parafernalia en su entierro fue la leche, y eso que la Iglesia había declarado herejes y excomulgado a todos los masones
Se le condenó a un mes de destierro de Madrid, lo cual no le causó gran disgusto porque para eso tenía su residencia habitual en Sevilla, su espectacular palacio de San Telmo, actual sede del gobierno de la Junta de Andalucía. O sea, más que un destierro, un chiste. Y también fue condenado a pagar una indemnización importante a la familia del muerto, que por orgullo torero rechazó el hijo de la víctima mortal.
A Enrique de Borbón le hubiera correspondido ser enterrado, o al menos trasladado después, como han hecho con los demás, al panteón de infantes del Escorial. Pero no. Lo enterraron en un nicho de la sacramental de San Isidro, en Madrid, y ahí sigue, enfrente de donde estaba el antiguo estadio Vicente Calderón. Y dado que era masón, la parafernalia en su entierro fue la leche, y eso que la Iglesia había declarado herejes y excomulgado a todos los masones porque le estaban quitando negocio a Roma. Pero también se miró para otro lado. El muerto era duque, era infante, era borbón… y fue al hoyo. Antonio de Orleáns no fue al bollo porque aquel disparo certero a la cabeza de su primo le frustró el acceso al trono de España.
He aquí una prueba más de que en lo último que se puede confiar en este país es en la Justicia, mucho más cuando los implicados son de alto standing borbónico. Nos lo advirtió hace unos años el señor Carlos Lesmes, aquel jefazo de todos los jueces con su trasero pegado al sillón presidencial del Supremo con superglú. La ley, dijo el indigno Lesmes, está pensada para los “robagallinas”, no para el gran defraudador. Tampoco para los borbones ni los Orleáns.
«Los vascos aquí ya no vienen a por pintxos. Hemos convertido San Sebastián en Benidorm«. Se ha hecho viral un vídeo del periodista gastronómico Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, en el que denunciaba en redes sociales un fenómeno que, al igual que en Donosti, se repite en gran parte de los cascos históricos de España: la saturación y sobreexplotación turística de sus calles más tradicionales.
Desde la plataforma Bizilagunekin sitúan la exposición de este fenómeno algo más de diez años atrás. Asier Basurto, uno de sus portavoces y autor del libro Turismoa. Desazkundera bidaia, cree que uno de los motivos detrás de la masificación turística es, justamente, la promoción de la ciudad en redes sociales. Un influencer publica un vídeo de «los lugares más top para tapear» y acto seguido se generan colas kilométricas. «La primera vez que pasó, lo tomamos por sorpresa, pero ya se ha convertido en la norma. La tarta de queso, la tortilla…», asegura.
El trasfondo detrás de estas anécdotas es la pérdida de identidad cultural, la expulsión de los vecinos y una incomodidad generalizada para moverse y hacer «vida» en los centros históricos. «Los donostiarras de las afueras o la gente de provincia que solía venir a hacer compras o pasar un día están dejando de hacerlo. Y esto es porque cada vez te sientes más extraño en los lugares de siempre«, lamenta. Ruido, basura, un espacio urbano conquistado por la hostelería, precios disparados… estos son algunos de los efectos que más se repiten. Desde personas que no encuentran un banco donde sentarse a niños que no tienen una plaza donde jugar.
«Donosti es una ciudad que recibe turistas desde hace dos siglos y son parte de ella, pero la aceleración que estamos viviendo ahora es insólita y todas las consecuencias negativas en los ciudadanos se están multiplicando», subraya Basurto. Para el escritor, el problema del turismo de masas es estructural y tiene sus raíces en una promoción turística excesiva, especialmente en el plano internacional, que no ha ido acompañada de una planificación adecuada. «Todaesta gente viene porque vendes autenticidad y es justamente lo que estamos perdiendo. Estamos convirtiendo esto en Disneylandia o pintxolandia«.
Bizilagunekin publicó este miércoles 17 de junio el informeEtxeak Bizitzekosobre los efectos de la turistificación en la ciudad. Entre 2015 y 2025 la ocupación hotelera ha aumentado más del 76% en Donosti y el número de establecimientos de gama media-alta se ha incrementado en torno al 90%. Al mismo tiempo, la llegada de visitantes extranjeros se ha disparado por encima del 120% y se aprecia una evolución hacia la «elitificación del modelo turístico». Otra tendencia que está cambiando es la estacionalización del turismo, con datos considerablemente altos en cualquier mes del año.
El documento también subraya la relación entre este mercado y la crisis habitacional. El precio medio del alquiler supera los 18 euros/m² mensuales y el esfuerzo económico que las familias destinan al acceso a la vivienda representa alrededor del 37,9% de sus ingresos. Además, aproximadamente el 16,4% del parque inmobiliario donostiarra –unas 15.500 viviendas– no corresponde a primeras residencias.
La ‘disneyficación’ de las ciudades
Uno de los términos que se ha utilizado para definir este proceso es, precisamente, disneyficación. Este nombre tan característico explica cómo gran parte de los centros históricos de las ciudades, tanto en España como en otros muchos países, se están convirtiendo en parques temáticos pensados para los extranjeros. Decorados vacíos de gente donde cada metro cuadrado está pensado para el consumo.
«En muchos lugares de Europa, y eso nos incluye, la salida de la crisis de 2008 se hace en clave turística. Se deja atrás la construcción y este sector se convierte en el nuevo motor de la economía. Ahí tenemos el origen», señala el experto en urbanismo José Mansilla. Este nicho de mercado presentaba algunas facilidades: no precisa de muchos recursos para ponerse en marcha, ya que muchas veces se basa en el marketing y la promoción, e implica a muchos negocios, pequeños y grandes.
La expansión del negocio de Airbnb y las ofertas de vuelos low costtambién han ayudado a avanzar en esta senda. Según señala Mansilla, este cambio de modelo ha tenido especial incidencia en las ciudades medianas y capitales de provincia: «Eran sitios destinados a visitas culturales o de negocios, pero se ha hecho una promoción sin planificación. Estos ayuntamientos nunca se vieron a sí mismos como potenciales víctimas de la masificación y se dejó al mercado campar a sus anchas «.
Pamplona, Zaragoza o Logroño son buenos ejemplos de esta dinámica. Desde hace años las asociaciones de sus barrios más céntricos denuncian que sus calles no dan para más, que se sienten simbólica y físicamente expulsados. La excesiva promoción de los bares zaragozanos de El Tubo ha convertido estas calles en una auténtica ratonera los fines de semana. Lo mismo sucede en la calle Estafeta (Pamplona) o en la calle Laurel (Logroño), donde se concentran más de medio centenar de bares en apenas 300 metros.
Estafeta, la calle más famosa de Pamplona.
«En Logroño siempre ha habido turismo y es bien recibido, pero el problema es el modelo que se está fomentando y, sobre todo, las despedidas de soltero», critica Mercedes, vecina de la localidad. «Estuve en Laurel hace unas semanas y no se podía cenar por el ruido de la conga, el megáfono… La gente ya piensa que la calle Laurel es de fiesta y no, es de tapear. Además, no conocía a nadie, que es algo muy extraño en esta ciudad», añade esta riojana, que denuncia una subida de precios generalizada y confiesa que la gente local se ha «exiliado» a otras zonas.
A pesar de que se han tomado medidas para evitar los disturbios derivados de estos viajes prenupciales, el fenómeno no para de crecer. Muchos bares y alojamientos turísticos ya no permiten la entrada de personas disfrazadas o de grupos grandes, al tiempo que se ha limitado el ruido y el horario en el centro de la ciudad. Otras urbes, como Málaga o Sevilla, han endurecido sus ordenanzas municipales en esta misma dirección.
La tradición del tapeo logroñés es tan antigua que existen hasta «leyes del buen laureador»: no sacar los taburetes fuera, que sólo entre uno a pedir a la barra, compartir las mesas… «Yo estoy muy orgullosa del barrio y de mi ciudad, por eso no quiero que se lo carguen», concluye Mercedes. Una encuesta del periódico local Rioja2, realizada en 2025, revelaba que un 75% de los logroñeses estaban a favor de intervenir para frenar la transformación de su corazón gastronómico. Un 64% de los encuestados consideraba que «se estaba perdiendo su esencia» y un 71% culpaba al turismo masivo.
«Donde antes había vecinas ahora hay lockers«, denuncia la plataforma Albayzin Habitable, compuesta por residentes de este barrio histórico de Granada. Llevan tiempo advirtiendo con todo tipo de campañas de que «este modelo turístico está matando la zona». Sus miembros se organizan para hacer redadas e identificar los pisos turísticos ilegales, incluso han organizado «tours» de la especulación para dar a conocer las dificultades que atraviesan.
En Málaga, además de arrastrar unas subidas de alquileres récord, están viendo cómo cierran las tiendas de toda la vida y cada vez es más difícil pagarse un café o encontrar una pescadería. Los locales de los bajos están dando paso a nuevos apartamentos –es la segunda urbe con mayor número de pisos turísticos– y tiendas destinadas al público extranjero.
Miles de turistas transitan por el centro de Málaga.
«Nosotras ya hablamos de un proceso de colonización porque el turismo está suponiendo una pérdida de identidad. Hay otro término que se está acuñando que es el de duelo urbano. Es esa sensación de tristeza y soledad porque ya no tienes vecinos y no puedes tender la ropa en la terraza, como ahora en Torremolinos», cuenta Carmen, vecina y miembro de Málaga por la Vivienda. Lejos de mejorar la situación, expone la militante, año a año la vida se va complicando: «Por eso el próximo 27 de junio hemos convocado una manifestación en la Plaza de la Merced».
«El alza de precios de las viviendas, la proliferación de pisos turísticos y la tematización de los cascos viejos como lugares de visita, contemplación y ocio hostelero son dinámicas cada vez más comunes que provocan la expulsión de los residentes con menor capacidad económica, pero también de los comercios de proximidad bajo la presión de las franquicias», señala Ion Martínez Lorea, doctor en Sociología de la Universidad Pública de Navarra. A ello añade una tendencia a replicarse entre ciudades que concluye en una pérdida identitaria.
Ante la pregunta de si es posible lograr un equilibrio entre turismo y convivencia, Martínez enumera algunas de las medidas que ya se están aplicando para avanzar en esta dirección: tasas turísticas, creación de áreas tensionadas o el control de precios… «Están demostrando ser necesarias y eficaces para evitar la expulsión de residentes y están ganando simpatías entre la población de las ciudades», afirma. Por otro lado, considera que es necesario diversificar la demanda turística potencial y evitar «las visitas rápidas», apostando por un turismo de inmersión y lentitud. Un reto que aún tienen por delante gran parte de las ciudades medias españolas.
«Las dinámicas urbanas basadas en la aceleración constante que padecemos todas y todos en nuestras ciudades y en nuestras vidas cotidianas (vivimos en ciudades cansadas) también se trasladan al ámbito turístico, con unos visitantes que se ven impelidos a acumular destinos, eventos, experiencias y a instagramear todo. Esto genera una presión permanente por cumplir con los ritmos y exigencias que acaban agotando a las y los turistas», concluye.
El fujimorismo vuelve al poder en Perú, y no lo hace como una simple alternancia democrática, sino como el retorno de una corriente política que durante décadas ha partido al país entre quienes la identifican con el orden y quienes la recuerdan como sinónimo de autoritarismo, corrupción y desprecio por los derechos humanos. La victoria de Keiko Fujimori por un margen estrechísimo (poco más de 40.000 votos) no cierra ninguna etapa; al contrario, reabre una de las heridas más profundas de la historia reciente peruana.
La heredera política de Alberto Fujimori llega al Palacio de Gobierno con una legitimidad electoral ajustada, pero sin un mandato social amplio. Medio país la ha votado y el otro medio la rechaza, una fotografía que resume con crudeza el nuevo escenario político peruano: un país dividido prácticamente en dos y obligado a convivir con el regreso de un apellido que nunca terminó de marcharse.
El clan que convirtió el orden en coartada
El fujimorismo ha construido buena parte de su éxito sobre una palabra: orden. Orden frente al caos, orden frente a la crisis, orden frente al miedo. Pero en la historia peruana ese concepto tiene un reverso oscuro, porque Alberto Fujimori llegó al poder como un outsider y terminó gobernando con una concentración de poder incompatible con una democracia plena.
El autogolpe de 1992, la persecución a opositores, la red de corrupción tejida junto a Vladimiro Montesinos y las graves violaciones de derechos humanos dejaron una marca imborrable. Para la derecha peruana y para buena parte de las élites económicas, el fujimorismo representó estabilidad y mano dura; para amplios sectores populares, indígenas, campesinos y víctimas del Estado, significó miedo, abuso y silencio.
Keiko Fujimori no hereda solo un apellido, sino una forma de entender el poder. Su victoria devuelve al centro del Estado a una tradición política que ha hecho de la seguridad un argumento para endurecer la democracia, de la estabilidad económica una excusa para blindar privilegios y de la lucha contra el caos una fórmula para justificar excesos.
El margen mínimo con el que Keiko Fujimori se impone a su adversario es políticamente revelador. No hay ola fujimorista, no hay mandato arrollador y no hay reconciliación nacional en torno a su figura. Hay una mitad del país que ha optado por ella y otra mitad que mira su llegada al poder con preocupación.
«¡Ni blanca ni manchada, Keiko nunca!», reza una pancarta cuando cientos de personas se congregaron en las calles de Lima para protestar contra la candidatura de Keiko Fujimori a la presidencia del Perú. EP.
Ese dato debería marcar el inicio de su mandato. Perú no ha dado un cheque en blanco al clan Fujimori, sino que ha expresado su agotamiento ante una crisis política permanente, ante instituciones debilitadas y ante una izquierda incapaz muchas veces de articular una alternativa sólida, reconocible y mayoritaria. El regreso de Keiko también habla de los fracasos de sus adversarios, pero sería un error interpretar su victoria como una absolución histórica del fujimorismo.
El miedo como programa político
El fujimorismo ha sabido moverse con habilidad en un país cansado de presidentes fugaces, Congresos bloqueados, escándalos de corrupción y una inseguridad creciente que erosiona la vida cotidiana. En ese escenario, Keiko ha vuelto a ofrecer una receta conocida: autoridad, firmeza y disciplina.
El problema es que en América Latina esos conceptos suelen llegar cargados de consecuencias cuando no van acompañados de derechos, justicia social e instituciones fuertes. La izquierda peruana tiene parte de responsabilidad en este desenlace por su fragmentación, sus errores de gestión y su incapacidad para conectar con sectores amplios, pero el triunfo de Keiko no puede leerse solo como castigo a sus rivales. También expresa la persistencia de una cultura política conservadora que acepta recortes democráticos si vienen envueltos en promesas de seguridad.
Ahí está el riesgo: que el país confunda estabilidad con obediencia, que la lucha contra la delincuencia se convierta en carta blanca y que la promesa de crecimiento económico vuelva a beneficiar principalmente a quienes siempre han tenido acceso al poder.
El Perú invisible vuelve a quedar en segundo plano
Uno de los grandes problemas del fujimorismo ha sido siempre su relación con el Perú profundo. El país andino, rural, indígena y empobrecido no suele ocupar el centro de su proyecto político salvo como territorio a controlar, pacificar o administrar desde Lima. El retorno de Keiko amenaza con reforzar esa fractura histórica.
Perú no está dividido solo entre derecha e izquierda. Está dividido entre capital y periferia, entre élites urbanas y comunidades olvidadas, entre quienes han disfrutado del crecimiento económico y quienes apenas han recibido sus migajas. El fujimorismo ha sido hábil en presentarse como defensor de los sectores populares, pero su proyecto económico y político ha estado tradicionalmente alineado con los grandes intereses empresariales, con una visión dura del orden público y con una concepción limitada de los derechos sociales.
Por eso su regreso inquieta a quienes ven en esta victoria no una solución a la crisis peruana, sino la restauración de un modelo que ya demostró sus límites: crecimiento sin igualdad, autoridad sin memoria y gobernabilidad sin justicia.
El apellido vuelve, la herida también
Keiko Fujimori llega al poder con una oportunidad y una carga. La oportunidad consiste en demostrar que puede gobernar sin reproducir los peores reflejos del clan; la carga es que nadie puede entender su victoria sin mirar hacia atrás. El fujimorismo nunca fue solo un partido, sino una forma de ejercer el poder, una cultura política y una red de lealtades construida sobre la idea de que el fin justifica los medios si el resultado se presenta como orden.
Ese es el debate que vuelve ahora a Perú. No se trata únicamente de si Keiko será capaz de gobernar un país dividido, sino de si Perú está dispuesto a normalizar de nuevo una tradición política que erosionó las instituciones, persiguió adversarios y dejó víctimas que todavía esperan pleno reconocimiento.
La presidenta electa podrá invocar la unidad nacional, hablar de reconciliación y prometer estabilidad, pero la reconciliación no se decreta desde un balcón ni se construye sobre el olvido. La victoria de Keiko Fujimori demuestra que el clan sigue teniendo fuerza, pero también confirma que Perú no ha resuelto su gran dilema democrático: cómo construir futuro sin blanquear uno de los pasados más oscuros de su historia reciente.
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Las placas tectónicas del Congreso de los Diputados se están moviendo cada vez más últimamente. Y sin que ello signifique todavía un seísmo, lo cierto es que Junts per Catalunya, otrora muy distante al Partido Popular, se encuentra cada vez más cómodo votando en la misma línea que los de Alberto Núñez Feijóo e incluso que los de Santiago Abascal y defiende, al igual que ellos, la necesidad de un adelanto electoral, aunque todavía sigan lejos del mecanismo de la moción de censura. Feijóo ya lo decía en El Hormiguero: «Hay cosas que se están moviendo», entre ellas, las posiciones de los neoconvergentes. El Gobierno es consciente de esto, y según publica este sábado El País, esta protoalianza de partidos conservadores está directamente relacionada con el escenario que se abrirá del 16 de julio en adelante, cuando se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.
El sentido del voto de Junts en la Cámara Baja es, actualmente, una incógnita. En función de cada Pleno, cada semana y cada asunto a tratar varía, no tiene una postura prefijada ni unos socios fijos, y menos desde que rompiera sus relaciones con el Gobierno y con la mayoría de investidura tras considerar incumplidos los acuerdos de legislatura. Su voto es imprevisible y se mueve indistintamente en el tablero parlamentario, pero recientemente su posición se está angulando hacia los sectores conservadores del Hemiciclo, votando sin miedo en el mismo sentido que PP y Vox y haciendo las mismas demandas electorales que ellos. Para muchos, esto significa algo.
En el último pleno de esta semana, los siete parlamentarios juntaires votaron con el bloque de investidura en dos decretos de interés general y para dos leyes, pero también se unieron al PP en la votación de la moción sobre la debilidad del Ejecutivo en la que la Mesa del Congreso vetó la votación para requerir al presidente, Pedro Sánchez, que convoque las urnas ya. Junts juega en una posición ventajosa en este sentido, ya que puede abstenerse sobre ese tipo de propuestas en el Senado (donde el PP goza de mayoría absoluta y el sentido del voto del resto de partidos no es tan relevante) o el Parlamento catalán, pero votar a su favor en el Congreso. En este mandato, ha apoyado siete mociones o proposiciones no de ley firmadas por el PP sobre diversos asuntos, seis de ellas desde que rompiera con el Ejecutivo. En esta XV legislatura han votado en la misma línea que el PP en 13 reales decretos de contenidos sociales, y en seis de esos casos se han sumado también a la ultraderecha.
Tomando posiciones
A nadie ha de sorprender la posición del partido de Carles Puigdemont en las cuestiones sociales y económicas ni su sentido del voto, pero ahora son especialmente fáciles de señalar. Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del Partido Popular acostumbran a cargar duramente contra los socios del Gobierno por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, y apelan normalmente a «la mierda que tiene que tragar» Gabriel Rufián, portavoz de ERC, Sumar o el PNV, pero nunca incluyen en ese saco al partido de Puigdemont, quién sabe si porque lo consideran una carta útil con la que mantener buenas relaciones, o porque no lo consideran parte del grupo de socios del Ejecutivo tras la citada ruptura.
Junts, por su parte, cada vez se siente más cómodo en la alineación con el PP en cuestiones económicas, especialmente en demandas tradicionales de la formación como pueden ser las bajadas de impuestos, ponerse del lado de los caseros en la situación de la vivienda o endurecer las medidas contra la okupación. Asuntos, todos ellos, en los que ha mantenido una postura mucho más derechizada que otros partidos soberanistas como el PNV. En las votaciones registradas desde que comenzó el actual periodo de sesiones, Junts ha apoyado propuestas del PP hasta en 34 ocasiones, ha rechazado 36 y se ha abstenido en 25. Comparando estos datos con las iniciativas del Gobierno o del Grupo Socialista, las ha respaldado en 29 ocasiones, ha votado en contra en 9 y se ha abstenido en 13, unos números que desde las filas neoconvergentes justifican asegurando que el Gobierno ha sido «desleal» y ahora ni siquiera les llaman para hablar del calendario de enmiendas a temas en los que podría encontrarse fácilmente un acuerdo, como la ley de Dependencia.
Escenificando la ruptura
El pasado miércoles, durante la sesión de control, Sánchez aprovechó una pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, para enviarle un mensaje a la portavoz de Junts en la Cámara, Miriam Nogueras, cuya actividad ha sido reducida desde hace semanas y que en esta ocasión no tenía pregunta propia. Sánchez, ante la insistencia de Vaquero para que los Presupuestos Generales del Estado sean sometidos a un debate serio y se saquen finalmente adelante, además de otras cuestiones, aprovechó para espetarle que aún le quedan temas pendientes por desarrollar, entre ellos, la implantación completa de la ley de amnistía. Gabriel Rufián, en otro momento del mismo Pleno, le recordó a los diputados de Junts que pretendían votar con el PP para exigir un adelanto electoral cuando era el mismo partido que hacía no tanto tiempo pretendía ilegalizarles, encabezar a su máximo dirigente y que aplicaron el artículo 155 para intervenir la Generalitat durante el procés independentista.
Otra sonada intervención fue la del diputado del PSC Arnau Ramírez, que se llevó los vítores de su bancada cuando contestó a un parlamentario del PP que deberían estarle agradecidos al Ejecutivo porque ahora, gracias «al éxito de la ley de amnistía» negociada por Sánchez al comienzo de esta legislatura, les quedaba la formación ultra y la de Puigdemont para fraguar una posible moción de censura. Desde el Gobierno, el PSOE, Sumar, ERC y otros partidos aliados hacen cábalas con la citada fecha del 16 de julio. Es el día en el que el TJUE dictará sentencia sobre la ley de amnistía y las cuestiones prejudiciales que han traído a la mesa el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional comenzarán a despejarse, y con ellas, un más que probable nuevo horizonte en el arco parlamentario.
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“Yo quiero gobernar en solitario, lo he dicho por activa y por pasiva (…) Creo que es bueno gobernar en solitario. Ahora bien, yo voy a aceptar, cómo no, el resultado de las urnas”, expresó sin excesiva convicción Alberto Núñez Feijóo durante su entrevista en El Hormiguero.
En el mismo día en que, por primera vez, un expresidente del Gobierno declaraba en la Audiencia Nacional en calidad de imputado, el líder de la oposición acudió al formato de Pablo Motos para erigirse como el garante de la decencia y el protector de la democracia española. “La democracia no está en peligro”, negó.
Feijóo aseguró que las encuestas señalan que el Partido Popular “va a ganar” las elecciones y que Vox “va a subir”. «Yo me voy a presentar a las elecciones para decirles a los españoles que les pido cuatro años de confianza (…) Extiéndanme cuatro años de préstamo de su confianza y yo les aseguro que dentro de cuatro años España estará mejor», manifestó el líder de los azules.
Tras el resultado de los ‘caucus’ de las derechas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, Génova terminó de asumir que la llave de la gobernabilidad de las autonomías y la Moncloa está guardada en un cajón de Bambú 12.
Tanto es así que Feijóo dió orden a sus barones territoriales de hacer propia la ideología de la ultraderecha y certificar los acuerdos de la ‘prioridad nacional’. María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco acataron. Juan Manuel Moreno Bonilla, de momento, negocia y espera.
En cuanto a Andalucía, Feijóo ha indicó que PP y Vox están «negociando con mucha seriedad» y ha señalado que su formación preside el Parlamento andaluz porque ganó esos comicios.
«El partido que tiene más votos es el PP y tiene el control de la Asamblea. Así que siguen negociando con una serie de contenidos que me imagino que serán similares a los que hemos negociado con anterioridad y de momento no hay más avances en la negociación», asumió, en alusión a los pactos que han cerrado con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
Al ser preguntado si hay que acostumbrarse a la idea de que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno, Feijóo sostuvo que «cuanto más el gobierno sea más fuerte, mejor estará España«.
Sin embargo, dejó la puerta a un gobierno con Vox: «En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar«, afirmó.
Después de cuestionar a los votantes del partido en el Gobierno, el líder de la oposición dejó claro que el no va a “demonizar a un partido (Vox) que es el tercer partido de España, y que tiene el 14, el 15, el 16% de los votos” porque respeta la democracia. Pese a ello, Feijóo se mostró “convencido” de que habrá socialistas «que no voten a Sánchez» y que «prestarán su voto» al Partido Popular mientras que «otros se van a mantener en la abstención».
«No van a poder votar a Sánchez porque tú no puedes votar al presidente con más sospechas de corrupción de la historia democrática del país. Tú no puedes votar a una persona que si sabía sólo una parte de lo que está ocurriendo tiene que dimitir por corrupto», ha aseverado.
Conforme discurría la amabilidad de la noche, Feijóo dibujó sus líneas rojas: «el respeto a la Constitución española, el respeto a la España de las autonomías, las políticas de igualdad y las políticas de género y las políticas LGTBI, el equilibrio de las cuentas públicas, la prosperidad de los españoles por encima de todo y una política de inmigración ordenada y racional«, enumeró.
Con ello, trató de distanciarse de la ultraderecha. Sin embargo, la trayectoria política del Partido Popular en los últimos años ha dejado varios episodios que, para sus críticos, desmienten esos principios.
Aunque Feijóo ha reivindicado el modelo autonómico, el PP gobierna con Vox en distintas comunidades pese a que la formación de Santiago Abascal defiende abiertamente la supresión del sistema autonómico. Ninguno de esos acuerdos ha sido roto por esa discrepancia de fondo. Asimismo, Feijóo situó la igualdad entre sus líneas rojas, pero sus pactos con Vox han permitido la introducción de conceptos como “violencia intrafamiliar” en sustitución de “violencia machista” y han dado entrada en gobiernos autonómicos a un partido que cuestiona la legislación específica contra la violencia de género.
El líder popular se comprometió con las políticas de diversidad, aunque ha mantenido alianzas con Vox, que propone derogar leyes autonómicas LGTBI y ha impulsado iniciativas contra programas educativos sobre diversidad sexual y de género. El Partido Popular no ha condicionado sus acuerdos a la retirada de esas propuestas.
Además, Feijóo apeló constantemente a la Constitución, pero el bloqueo durante años de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular fue criticado por instituciones europeas y por numerosos juristas por alejarse del espíritu constitucional.
El presidente popular defendió una política migratoria moderada, pero en numerosas ocasiones ha asumido planteamientos cercanos a Vox, especialmente en el rechazo al reparto de menores migrantes entre comunidades o en el endurecimiento del discurso sobre inmigración irregular.
Aunque el galleo hizo bandera de la estabilidad presupuestaria, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han incrementado significativamente su deuda pública y han aprobado rebajas fiscales que han sido cuestionadas por organismos independientes por su impacto en los ingresos.
La principal crítica que recibe el líder de la oposición es que las líneas rojas anunciadas públicamente no impidieron los acuerdos con una formación que cuestiona buena parte de esos mismos principios. Sus detractores sostienen que el líder popular ha normalizado postulados de Vox y ha renunciado a convertir sus compromisos en condiciones innegociables.
Desde el Partido Popular, por el contrario, defienden que esos pactos responden a la necesidad de garantizar gobiernos estables y aseguran que la presencia popular ha servido para moderar algunas de las propuestas más radicales de sus socios.
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado que no acudirá a Washington como estaba planeado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se hizo una foto con ella en la cumbre del G-7 “por pena”.
La responsable italiana ha respondido a la mofa del magnate, con la que se ha declarado “atónita”. Las palabras las ha pronunciado Trump en un canal de televisión en el que ha declarado que la política de Italia le suplicó que se sacaran la instantánea juntos, algo que ella ha calificado de “invento”.
El episodio ha provocado que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cancele la visita que tenía prevista hacer los próximos días 21 y 22 de junio, a tenor de las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”. “Ofenden a toda Italia”, ha considerado.
Meloni ha asegurado que “las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas”. “Sinceramente, estoy atónica”, ha afirmado en un mensaje de redes sociales, en el que ha sostenido que ni ella “ni Italia suplicamos nada”.
La reacción de Meloni ha llegado después de una entrevista telefónica a través del canal de televisión italiano La 7 a Trump, de la que solo se ha divulgado la transcripción al italiano: “En la cumbre del G7 me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”. “¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en dicha transcripción.
Meloni ha respondido también a través de internet, donde ha señalado vía redes sociales: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”. Y añade: “Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”.
Historial de encontronazos
“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 hace apenas unas horas. “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”.
Así, ha pasado de achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” a dejar de acudir al país de las estrellas y barras después del último exabrupto de Trump.
La relación entre los dos ha estado marcada por las tensiones. A pesar de ellas pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump con la cumbre como escenario de fondo después de los varios encontronazos que ambos han protagonizado, sobre todo a cuenta de la guerra en Irán o de otros puntos como los ataques del estadounidense al papa León XIV.
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La jornada arrancaba con una noticia sonada. Después de haber celebrado a principios de semana la vista preliminar del parte principal del caso, el juez Peinado decidía esta mañana abrir una nueva pieza separada contra Begoña Gómez por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la Unión Europea. Concretamente, esta causa se centraba en un contrato adjudicado por la compañía pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, y la consultora KMPG, un expediente que contó con la financiación de los fondos Feder.
No obstante, en esta misma mañana, Peinado ha optado por rectificar y, aunque mantiene esta pieza separada vinculada al caso principal, decide excluir a Begoña Gómez de las investigaciones que se abrirán para esclarecer si pudo darse o no estos presuntos delitos de prevaricación y fraude.
El contrato sobre el que se pone la lupa se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.
No obstante, la Audiencia Nacional daba la razón a Juan Carlos Barrabés y señalaba que ese contrato debía de examinarse en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que sea esta instancia la que valore si lo investiga y que el procedimiento no corresponda a la Fiscalía Europea. Es por ello que, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, comunicaba esta mañana que decidía abrir una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea «para la investigación de los hechos» y llamaba a la Fiscalía de Madrid a pronunciarse sobre si son delictivos o no.
La vista preliminar del lunes
Juan Carlos Peinado tomaba esta decisión, de la cual rectificaba en esta misma mañana, tras celebrar el lunes la vista preliminar de la causa principal del caso por el cual Begoña Gómez lleva dos años enfrentándose al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y las polémicas prácticas del magistrado.
En este último tramo antes de decidir o no si envía a Begoña Gómez a una instancia superior a ser juzgada, algo que todavía no ha hecho, Peinado debía de realizar ese trámite, ya que, ante su intención de que la mujer del presidente del Gobierno se enfrente a un jurado popular, tenía que completar este paso.
En el núcleo de la investigación, sobre la que este lunes se celebró la audiencia preliminar, Peinado sostiene que Begoña Gómez podría haber incurrido en cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción se apoya fundamentalmente en dos líneas argumentales. Por un lado, el magistrado considera que la esposa del presidente del Gobierno habría utilizado su proximidad a Pedro Sánchez para favorecer su proyección profesional. Por otro, entiende que recurrió a una asesora vinculada a Moncloa para colaborar en actividades de carácter privado.
A pesar de las numerosas objeciones y críticas que ha recibido durante la tramitación del procedimiento, el juez mantiene que los hechos investigados encajarían en una supuesta trama de corrupción de carácter excepcional. De hecho, en un auto dictado el pasado mes de abril, cuando planteó la apertura de juicio oral, llegó a comparar el caso con prácticas propias de épocas pretéritas. Según escribió entonces, resultaría difícil encontrar antecedentes similares, ya que, a su juicio, comportamientos surgidos desde el entorno de la Presidencia del Gobierno recuerdan más a sistemas absolutistas que a los estándares de una democracia moderna.
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El desglose de los salarios de la Junta Directiva de la CEOE no comenzó a especificarse hasta el 2021. Previamente a ello, la patronal, que sí puntualizaba que los únicos miembros que perciben una remuneración eran el presidente y el secretario general, simplemente indicaba en sus cuentas anuales una cifra conjunta de la cantidad de dinero que destinaba a sus mandos de dirección.
Las partidas económicas que la CEOE ha dedicado en los últimos años para remunerar el trabajo de los dos principales cargos de su Junta Directiva ha experimentado un crecimiento constante desde 2019. En aquel entonces, antes de conocer el desglose de los salarios del presidente y el secretario general, dedicaba un total de 594.000 euros a esta sección de la patronal, cantidad que se incrementaba para llegar a los 597.000 euros en 2020 y a 601.000 euros en 2021.
Ahora bien, a partir de 2021 la patronal comienza a entrar más en detalle en sus cuentas anuales y comienza a especificar en sus libros el salario que perciben los dos máximos representantes de esta organización empresarial. Así, es posible observar que la remuneración que Antonio Garamendi ha percibido por su trabajo ha crecido de manera sostenida en los últimos cuatro años, aumentando en un 14% entre 2021 y 2025.
Un total de 403.000 euros percibió el presidente de la patronal por su cargo el pasado año, lo cual suponen 50.000 euros más que lo que cobraba en 2021. Las cuentas de la CEOE correspondientes al 2026 no se podrán conocer hasta mediados de 2027, momento en el que se podrá analizar si esta dinámica ascendiente en la remuneración que percibe Garamendi se mantiene, incluso a pesar de este contexto en el que viene siendo el rostro principal, así como uno de los más críticos con el Gobierno y los sindicatos, a la hora de bloquear las negociaciones encaminadas a mejorar las condiciones retributivas y laborales de los trabajadores españoles.
Garamendi, cuyo salario por sus funciones representativas en la CEOE ha crecido por encima de la inflación, se ha tornado el principal freno en las conversaciones que buscan renovar el ya caducado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento clave que sirve de referencia nacional a la hora de negociar los convenios.
El presidente de la CEOE, un agente muy crítico con las subidas del CNI y preocupado por una «falta de actitud» entre los trabajadores
Durante los últimos años, y especialmente en los últimos meses, Garamendi ha mantenido un duro enfrentamiento con el Gobierno y los sindicatos a propósito de la reducción de la jornada laboral, las subidas del salario mínimo y la regulación de determinadas condiciones de trabajo. La organización empresarial sostiene que estas medidas pueden afectar a la competitividad y a la creación de empleo. Sin embargo, sus críticos señalan que la consecuencia práctica es la consolidación de un modelo económico en el que una parte creciente de los trabajadores continúa sin poder acceder en solitario a una vivienda digna.
La patronal ha rechazado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, argumentando que supondría un incremento de costes para las empresas y una pérdida de competitividad. Garamendi también ha criticado reiteradamente las subidas del Salario Mínimo Interprofesional aprobadas en los últimos años, defendiendo que los incrementos salariales deben negociarse sector por sector y empresa por empresa, rechazando intervenciones generales que eleven los costes laborales. Una postura que, según los sindicatos, dificulta que los aumentos de productividad y beneficios empresariales se traduzcan en mejoras retributivas para amplias capas de la población trabajadora.
Antonio Garamendi se ha convertido en una de las figuras más controvertidas del entorno laboral español. Prueba de ello es una de las distintas polémicas que ha protagonizado, en la cual se mostró en contra de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales afirmando que en España existe un problema de “actitud” hacia el trabajo. Durante un foro económico, puso como ejemplo al tenista Carlos Alcaraz para defender lo que llamó la “cultura del esfuerzo”, preguntándose retóricamente si alguien creía que Alcaraz trabajaba solo 37,5 horas a la semana. Según Garamendi, el éxito profesional exige sacrificio, constancia y capacidad de asumir renuncias, y consideró que el mensaje de “trabajar menos para vivir mejor” transmite valores equivocados a la sociedad.
Además, sostuvo que muchas empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores porque, a su juicio, parte del problema radica en la falta de disposición al esfuerzo. Estas declaraciones provocaron una intensa reacción política y sindical, ya que sus críticos consideraron inapropiado comparar la realidad de los asalariados con la de un deportista de élite y le acusaron de presentar una visión simplista de los problemas laborales y salariales de España.
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Secretaria general de Podemos, diputada en el Congreso y, a falta de primarias, candidata de los morados a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hace justo cinco años —en junio de 2021— que Ione Belarra (Pamplona, 1987) tomó las riendas del partido. Una efeméride para la que se ha puesto un nuevo reto: arrebatarle las llaves de la Puerta del Sol a la presidenta popularIsabel Díaz Ayuso. Ni Vox, ni Feijóo, «Ayuso y el PP madrileño son el verdadero núcleo irradiador de la derecha española», sostiene, en conversación con Público, la política navarra, denunciando la «guerra contra las pobres» del tándem Ayuso-Almeida. Frente a ello, Belarra lo tiene claro: «En Madrid, hace falta un proyecto que mire a los últimos de la fila: Vallecas, Carabanchel o Getafe«.
Sobre la apuesta de Podemos para Madrid, sobre la unidad de la izquierda, sobre la corrupción del PSOE o sobre el sentido —y el estado de salud— de la legislatura. Sobre todo esto y más hablamos con ella en esta entrevista.
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‘Público’ entrevista a la secretaria general de Podemos después de que, el pasado sábado, anunciara su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
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¿Por qué ha decidido dar el paso de presentarse como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid?
Es una reflexión que es política, pero que es también personal, en la medida en que siento que esta ciudad y esta comunidad me han dado muchísimo. Lo contaba el otro día en el encuentro que tuvimos en la fiesta de la primavera, que la verdad es que fue muy emocionante y muy bonito, porque la gente recibió con mucha alegría la noticia y eso me dio mucha energía. Cuando vine aquí a estudiar mi carrera, era la primera vez que salía de mi casa y vivía lejos de mi familia. Siempre he sentido que esta ciudad y esta comunidad me acogieron con los brazos abiertos. Hice buenísimos amigos que tengo la suerte de conservar hoy. Este es, además, el lugar en el que crio a mis hijos cada día. Por todas las personas que vivimos aquí, y también por mis hijos, me gustaría que no crecieran con este mal gobierno que tenemos en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Doy este paso porque creo que en Madrid hace falta una izquierda valiente, que se atreva a decir las cosas que nadie más se atreve y que realmente enfrente de cara a la señora Ayuso, porque tengo la impresión —y esa es la reflexión política que hemos hecho en Podemos en este último año— de que lo que hay en Madrid no sirve para echarla. Tengo la sensación de que hay una enorme resignación en la izquierda institucional o en el bloque progresista y de que sí, la gente está demasiado cómoda en la oposición. Precisamente creo que Podemos vino a la política española para convertir en posibles cosas que siempre nos han dicho que eran imposibles: echar a Rajoy o construir el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Ahora sé lo que me va a decir todo el mundo, que echar a Ayuso de la Comunidad de Madrid es imposible, pero aspiro a que volvamos a convertir en posibles cosas que nos dicen que son imposibles.
No es la primera vez que un secretario general de Podemos baja a tierras madrileñas —lo hizo ya Pablo Iglesias en 2021— a disputarle a Ayuso las llaves de la Puerta del Sol. ¿Por qué esta apuesta del partido por Madrid?
Aquí hay dos elementos importantes. El primero es que el PP madrileño y la señora Ayuso —que no tiene nada de tonta a pesar de que haya esa narrativa: es una persona muy peligrosa y muy lista— dirigen la derecha no solo de Madrid, sino toda la derecha española. [Ayuso] es el núcleo irradiador desde el que se lanzan todos los temas, las disputas y la confrontación con el Gobierno de España. Primero con el Gobierno de coalición con Podemos y ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es el núcleo irradiador ideológico que nutre al conjunto de la derecha. Las ideas que salen de aquí se extienden después al conjunto de la derecha. Quizás haya gente que pueda decir que Vox es quien marca la pauta. Nadie dice, evidentemente, que la marque Feijóo, porque eso ve todo el mundo que no. Pero a mí me parece que Ayuso sí marca la pauta y marca hasta dónde se pueden llevar los límites de las políticas neoliberales, ultracapitalistas y enormemente desiguales que tanto daño generan en Madrid y en el conjunto de nuestro país. La reflexión que hacemos conjuntamente y que hizo Pablo en su momento es que, hasta que no consigamos ganarle al PP madrileño y quitarle el poder aquí en Madrid, va a ser muy difícil que haya una estabilización de cualquier proyecto de transformación a nivel estatal. No se puede renunciar a Madrid. Esa pelea hay que darla. Y, luego, en la Comunidad de Madrid hace falta un proyecto que tenga claro que no es para el conjunto de los madrileños y las madrileñas, que va a gobernar para los barrios trabajadores y para las ciudades trabajadoras de esta comunidad. Un proyecto —lo digo claro— de prioridad para Vallecas, para Carabanchel, para Getafe, para Coslada o para Fuenlabrada. Un proyecto para todos aquellos que permanentemente se han quedado los últimos de la fila cuando se han abierto las urnas cuando han gobernado unos y otros. Eso es lo que hace falta para llegar a toda esa gente que no vota en la Comunidad de Madrid. Estoy convencida de que, si mucha de esa gente se implica en el proceso político, vamos a poder sacar al PP.
El proyecto del PP en Madrid es la criminalización de la pobreza
¿Qué le parece la última medida anunciada por el Gobierno de la presidenta madrileña: la limitación del abono transporte a las personas empadronadas en la comunidad?
La señora Ayuso y el señor Almeida han lanzado, conjuntamente con esta medida, otra para que a las personas sin hogar no se les avise cuando se va a hacer un desalojo. Uno, no debería haber desalojos de personas sin hogar. Dos, la barbarie, lo enormemente crudo y violento que es quitarle sus cosas a una persona que no tiene ni una vivienda, revela cuál es el proyecto de la derecha en Madrid. Es un proyecto de guerra contra los pobres, de criminalización de la pobreza. A mí me parece que tiene muchísimo dolo. La derecha lleva en Madrid su proyecto hasta las últimas consecuencias de una manera enormemente violenta y, por eso, hay que pararle los pies aquí. Porque es donde empiezan políticas que después se generalizan a un montón de sitios, cosas que se hacen que nunca se hacían se generalizan a otros lugares. Es aquí donde hay que intentar pararles los pies.
¿Vamos a ver un acercamiento con el resto de fuerzas de la izquierda madrileña, como Izquierda Unida, con la que se llevan presentando desde 2019?
Creo que lo he demostrado como secretaria general de Podemos a nivel estatal, pero que forma parte del ADN de nuestro partido: nosotras siempre nos hemos presentado a todas las elecciones en las candidaturas más amplias posibles. Pero, eso sí, tiene que estar claro el proyecto y los objetivos políticos. Yo no engaño a nadie y creo que lo he dejado claro desde el primer minuto. Este no es un proyecto político para el conjunto de los madrileños y las madrileñas. Es un proyecto político para los que siempre se han quedado al final. Para —insisto— mi barrio, para Vallecas, para Carabanchel, para Alcalá de Henares… Para todos los sitios que, una y otra vez, haya gobernado quien haya gobernado, se han quedado los últimos y que ven que su vida es cada vez más difícil. Que no se puede pagar un alquiler en ningún sitio, para los que llenar la nevera cada vez es más caro—compres en el Mercadona o en Carrefour— y que ve que sus sueldos ya no le dan para absolutamente nada, a pesar de que haya un desempleo relativamente bajo. Lo que antes podías hacer con el salario mínimo, ahora es estar en riesgo de pobreza. La gente tiene que saber que sí hay una fuerza política dispuesta a defender esto hasta las últimas consecuencias. ¿Para eso qué hace falta? Enfrentarse al poder económico en Madrid, porque Ayuso no es la que manda. Es una lacaya del poder económico, de Florentino Pérez, de Blackstone, de los fondos buitre, de los rentistas. Y hay que tener la valentía suficiente y, sobre todo, estar dispuesta a pagar el precio que te hacen pagar por enfrentarte a ese poder económico y decir las cosas que nadie más va a decir. Cualquiera que quiera sumarse a ese proyecto político es muy bienvenido, pero lamentablemente lo que hemos comprobado en estos últimos años es que lo que hay en Madrid no ha servido para hacerle ni un solo rasguño a la señora Ayuso. Y eso es también uno de los motivos que nos lleva a dar este paso: que con lo que hay no basta.
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La izquierda tiene que volver a hacer política en primera persona
Le he preguntado por IU, le pregunto ahora por Más Madrid. Me dice que no plantean un proyecto para todos los madrileños. ¿Ven, por tanto, difícil un acercamiento con una izquierda —como ellos mismos se presentan— madrileñista, que no deja de ser la principal fuerza de la oposición en la Asamblea?
Yo creo que la reflexión política está clara y es que, con lo que hay ahora mismo, no vale. Veo al Partido Socialista —y les conozco bastante bien y les he visto de cerca muchas veces— y sé perfectamente que a Madrid no quiere ir nadie. Es así. Puedes hablar con ellos. Seguramente delante de las cámaras y en las entrevistas te dirán lo contrario, pero todas y todos los que les conocemos sabemos muy bien que en el PSOE nadie quiere ir a Madrid, porque piensan que es una pelea demasiado difícil y porque creen que a Ayuso no se le puede ganar. Con esa actitud es imposible ir a una campaña electoral. Hay que ir con todo. Eso sí, creo que hay que proponer un proyecto que sea suficientemente ambicioso y que tenga claras cuáles son tus prioridades y quién es la gente a la que vas a defender en las instituciones y, si es posible, también desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el PSOE ha demostrado en el Gobierno de España en reiteradas ocasiones que ellos no están dispuestos a enfrentarse al poder. Y lamentablemente todo el resto de fuerzas, incluido Más Madrid, tampoco sirven. No le han hecho un solo rasguño a la señora Ayuso, que sigue en un nivel de fortaleza enorme. En esta campaña hace falta dar un golpe encima de la mesa y hay que hablarle a gente a la que solo le puede hablar Podemos. En estos años hemos demostrado que nosotras no solo ponemos cosas muy bonitas en un programa electoral, sino que estamos dispuestas a pagar el precio que hay que pagar para que esas propuestas se conviertan en realidad en los ministerios y en el Gobierno. Por eso nos echaron, por eso no querían una fuerza que hiciera ruido, como decía el Partido Socialista, y por eso yo creo que hay mucha gente nerviosa con esta candidatura. Porque saben que esto es lo que le hace falta a la izquierda de Madrid, una izquierda que sepa a quién representa y que no tenga miedo de pagar las consecuencias que hay que pagar para cambiar las cosas de verdad. Yo sé que lo que estamos haciendo puede implicar un coste muy alto, pero es que, si no, no se le va a poder ganar nunca a la señora Ayuso.
Belarra durante la entrevista con Público
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Podemos se quedó fuera de la Asamblea en las pasadas elecciones. Según los últimos sondeos, que todavía son muy preliminares, si hubiera una repetición de la papeleta Podemos-IU-Alianza Verde, la expectativa de voto no superaría el 5%, el umbral autonómico. ¿Cómo esperan darle la vuelta a estos números?
Nos han dado por muertas tantas veces que, como dice mi secretario de Organización, Pablo Fernández, “los muertos que matáis gozan de buena salud”. Si nos hubiéramos creído todas las encuestas, todo lo que se ha dicho de nosotras, todo lo que nos han vaticinado en tantas ocasiones, no estaríamos aquí. Este proyecto merece la pena, esta apuesta para Madrid merece la pena y la voy a defender con uñas y dientes. La sensación, por lo menos desde el sábado, que me ha transmitido la gente —y no solo la militancia de Podemos— es que había mucha gente esperando y con ganas de poder votar a una izquierda valiente en Madrid que se atreva a hacer las cosas que nadie más va a hacer. La gente lo estaba esperando. Confío en que, durante todo este año, podamos hacer un trabajo muy de base, muy en la calle, muy lo que llevamos haciendo en Podemos en esta legislatura, que es reconstruir y acompañar a los movimientos sociales que están viendo que haber delegado en el PSOE la consecución de objetivos políticos ha sido un error. Mucha gente que confió en Pedro Sánchez para conseguir viviendas más baratas, sanidad pública y educación pública está viendo con total claridad que haber confiado en el PSOE ha sido un error y está alucinando porque esperaba de esta legislatura lo mismo que la anterior y, en el momento en el que echan a Podemos del Gobierno, lo que se ve es un momento en el que ya solo manda el PSOE, en el que no hay ruido, en el que nadie pelea. Tú pensabas que ibas a tener, como cuando Podemos peleaba en el Gobierno, alquileres más bajos, mejores salarios, subidas del salario mínimo, protección social y protección frente a los desahucios. Y lo que te estás encontrando es el mayor rearme de la historia, corrupción y especulación salvaje con la vivienda. Mucha gente se está dando cuenta, como pasó en el 15M, de que delegar en el PSOE es un error y que lo que hay que hacer es volver a hacer política en primera persona. No es casualidad que estemos viviendo la primavera de movilizaciones más caliente desde que gobierna el PSOE. Para ser la herramienta de esos movimientos sociales y llevar esas reivindicaciones al Congreso, a la Comunidad de Madrid y a los gobiernos, todo el mundo sabe que se puede contar con Podemos. Tenemos un buen ejemplo en esta legislatura, la medida más social que se ha hecho: la regularización. La consiguió Podemos de la mano de la plataforma Regularización Ya, que son unas compañeras absolutamente excepcionales que pelearon primero la recogida de las firmas de la ILP —800.000 firmas peleadas una a una cuando nadie estaba hablando del tema— y que, después de eso, pelearon en este Congreso cuando el PSOE y Sumar estaban intentando convencer al PP de que se aprobara la regularización, cuando era evidente que esa era una vía muerta. Esa alianza entre los movimientos sociales y una fuerza que esté dispuesta a darlo todo para que esas medidas se hagan realidad, ha conseguido, tumbando la delegación racista de competencias a Catalunya en materia migratoria, sacarle al Gobierno la regularización. Todo ello a pesar de que —ya lo estáis viendo— todas las dificultades de implementación que está viviendo la regularización. Por eso estamos pidiendo ahora que se amplíe el plazo y que cese la represión contra las personas migrantes. En cualquier caso, la medida social más efectiva que se ha hecho en esta legislatura fue porque la negoció Podemos.
Ayuso no es solo de derechas, es que es una mala persona
En caso de no recoger los resultados esperados, ¿se plantea dar un paso al lado como secretaria general, tal y como hizo, en su momento, Pablo Iglesias?
Me parece un poco prematuro hacer esa pregunta porque yo creo que a los proyectos hay que darles tiempo para que puedan demostrar lo que son. Yo estoy 100% convencida de que este proyecto tiene todo el futuro y toda la esperanza en la Comunidad de Madrid y creo que el objetivo tiene que estar nítido: echar a Ayuso del gobierno. Si trabajamos con mucho esfuerzo apelando a la gente que no vota, apelando a los sectores que se han visto decepcionados con una oposición que no ha conseguido hacerle ni un rasguño, creo que se puede construir un proyecto de izquierdas valiente, que saque a esta señora de una vez por todas de aquí. Por lo menos en mi barrio, la gente odia a Ayuso [la diputada vive en Vallecas]. La odia. No es que solo que sea de derechas, es que es una mala persona, que disfruta con el dolor que genera con sus políticas. La humillación a las víctimas de las residencias, a las familias…. No tiene ni la más mínima empatía con personas que han perdido a un familiar por culpa de sus políticas. No ha sido capaz de hacer ni una mínima reparación. Creo que solo se puede comparar al señor Mazón en València. La derecha que representa la señora Ayuso es enormemente peligrosa, no solo por las políticas que aplica, sino también para la propia ética política en este país.
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Ampliando el zoom a la arena nacional, hace algo más de un año que Irene Montero anunció que encabezaría la candidatura de Podemos en las próximas generales. ¿Por qué no usted como secretaria general? Por otro lado, hace un par de meses veíamos a Montero protagonizar un debate con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. ¿Siguen valorando la idea de hacer tándem?
En Podemos hemos roto gran parte de las cosas que siempre se hacían así en política. Lo hemos hecho en el mejor sentido. No hay ningún otro partido encabezado por mujeres y con la fuerza que tiene el equipo de mujeres que dirige Podemos en este momento. Creo, además, que en política siempre ha habido una competición entre los perfiles que están al más alto nivel en los partidos, una lógica, en mi opinión, muy patriarcal. Nosotras le hemos dado la vuelta en el mejor sentido. Nosotras somos un equipo y estoy tan orgullosa de ser eso. Lo que hemos construido juntas, trabajando en equipo junto con el resto de compañeros, me hace sentir muy orgullosa de que ella vaya a dar esa pelea. Pienso, además, que es la mejor persona para representar a Podemos en un gobierno por méritos propios. Ninguna mujer y ninguna ministra ha llevado tan lejos las políticas feministas como ella demostró que se podía hacer en España. Creo, además, que sigue siendo el principal azote de la derecha y una persona que todo el mundo sabe, pienses lo que pienses de ella, que ella lo va a hacer, que lo que se proponga lo va a llevar a la práctica. Eso tiene un enorme valor en política, la palabra dada y el ser capaz de convertir en real lo que planteas. Creo que lo va hacer muy bien. Vamos a hacer una campaña muy buena a nivel de la Comunidad de Madrid también como equipo. A las generales como equipo y a la Comunidad de Madrid como equipo. Por otro lado, Irene acierta totalmente cuando le propone a Gabriel esa conversación. Nosotras lo hemos dicho muy claro: son las dos personas que mejor pueden recorrer el camino que necesita recorrer la izquierda para hablarle a la gente que está peleando en las calles, a los movimientos sociales, y para darle la esperanza de que a la derecha se le pueda ganar. Siento que el PSOE ha renunciado también a nivel estatal en gran medida. [Montero y Rufián] son dos personas en las que la gente confía porque sabe que van a dar la pelea hasta el final y que harían un equipo maravilloso, más allá de cómo pueda ser esa colaboración. Por supuesto, nosotras siempre disponibles para ese camino. Y, si no, nosotras pensamos que alguien necesita recorrer ese camino y que, si no lo hace Podemos, lamentablemente ya hemos visto que hay muchas cosas que nadie va a hacer. La visita del Papa fue muy evidente. Allí estaba prácticamente toda la bancada progresista, salvo nosotras y el BNG, a quien le quiero reconocer también la valentía. El resto asistieron y aplaudieron durante siete minutos un discurso antiabortista y antieutanasia. Como dije el otro día, si eso no es una derrota ideológica, que baje Dios y lo vea.
La operación Sumar ha servido para darle un Gobierno al PSOE en el que solo manda el PSOE
¿Cómo valoran la confluencia en la que trabajan Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Comuns? ¿Se sienten interpelados por el proyecto? ¿Hay algún tipo de conversación, formal o informal, para plantear la incorporación de Podemos a esa alianza?
Podemos lleva mucho tiempo recorriendo un camino muy difícil, pero que ahora se está viendo hasta qué punto era imprescindible. Todo el mundo puede ver que para lo que ha servido la operación Sumar: para darle un Gobierno al PSOE en el que solo manda el PSOE, en el que se hace lo que quiere el PSOE. Eso lo que le ha traído a la gente —que a mí es lo que más me preocupa— es el mayor rearme de la historia de nuestro país, duplicar el gasto militar en solo tres años, y especulación con la vivienda hasta generar la mayor crisis de vivienda que ha habido en la historia de este país. Ahora, encima, casos de corrupción que son absolutamente inaceptables. Nosotras lo hemos dicho claro, Podemos no participaría de un gobierno en el que todo esto se estuviera haciendo y en el que el PSOE estuviera —y está— acusado de gravísimos casos de corrupción, demostrando que no ha aprendido nada de lo que supuso el 15M. Yo, humildemente lo digo, me esperaba muchas cosas del PSOE, porque le hemos obligado a hacer todas las políticas transformadoras de la pasada legislatura. Fueron los primeros que dijeron que subir el salario mínimo iba a hundir la economía española o los primeros que no querían tomar ninguna medida de protección social frente a la pandemia. Tengo ejemplos para todo el día: la ley trans, los derechos feministas…Pero es verdad que pensaba que, por lo menos, habían aprendido del 15M que había muchas cosas que el bipartidismo había hecho siempre en España y que ya no se pueden hacer. Y ni siquiera han aprendido eso. Han vuelto a caer en las peores prácticas del bipartidismo y yo no sé si son conscientes de hasta qué punto han decepcionado y han traicionado el propósito de esta legislatura y, lo que me da más rabia, de toda la gente que trabajamos tanto y que les ayudamos a echar a Mariano Rajoy. Porque, sin esa consecución de organizaciones y de esfuerzos, sin la moción de censura que presentó, en primer lugar, Unidas Podemos, el PSOE nunca habría podido echar a Rajoy de la Moncloa. El camino político a recorrer es de alternativa, por volver a la pregunta. Tiene que ser un proyecto de alternativa, de diálogo con los movimientos sociales y con las organizaciones que realmente están viendo que no hay un atajo para conseguir derechos y que, si la gente quiere derechos, tiene que volver a hacer política en primera persona, como mi generación aprendió en el 15M. Quien haya hecho esa reflexión, puede caminar con Podemos. Nosotras siempre hemos trabajado con organizaciones muy diferentes y con personas muy diferentes. Hemos sido un canal de incorporación de los movimientos sociales a la política institucional, como es precisamente mi caso. Pero esa reflexión se tiene que hacer, alguien la tiene que hacer.
La secretaria general de Podemos recibe a Público en las instalaciones del Congreso.
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¿Cómo valora el reguero de informaciones que hemos conocido en las últimas semanas sobre la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra? ¿Qué esperan de la comparecencia del presidente del Gobierno, prevista para la semana que viene?
Con todo lo que he visto en esta legislatura, ya no espero nada del PSOE. No hay prácticamente nada que el presidente pueda decir que explique todo lo que estamos conociendo, porque no es una cosa puntual. Es un reguero de informaciones de muy diversa índole que afectan a un montón de altos cargos del PSOE y que revelan una forma de estar en política. Una cosa que intentan es establecer un cortafuegos, pero es que el incendio ya lo ha ocupado todo. Entre todas esas personas —Zapatero, Leire Díez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos—, ninguna podría haber hecho lo que hizo si no fuera porque tenían acceso al Gobierno y porque tenían acceso al presidente. Nadie le habría abierto una puerta a Leire Díez si no fuera porque tenía línea. Eso es una cuestión que el presidente y el Gobierno no pueden soslayar. A mí, dos de los elementos que más me preocupan son, por un lado, cómo el bipartidismo sigue entendiendo el poder y el ejercicio del poder y, quizás lo más grave de todo, —aunque pase más desapercibido que las joyas— el caso de Leire Díez. Se produce después de los cinco días de reflexión del presidente y en un momento en el que Podemos le había repetido por activa y por pasiva al PSOE que sí, que claro que hay guerra sucia en España. Guerra sucia judicial y mediática. Nosotros la sufrimos, las fuerzas independentistas la sufrieron. El PSOE no la había sufrido y la empieza a sufrir tímidamente en esta legislatura. Y, en vez de utilizar las herramientas del Estado y de fortalecer las herramientas democráticas para hacer frente a esa guerra sucia, como hasta ahora no les tocaba a ellos y se beneficiaban electoralmente, pasaron del tema. En su lugar, volvieron a utilizar los viejos mecanismos del bipartidismo. Que lo haga el PP es gravísimo y le hace un daño irreparable a la democracia, pero que lo haga el PSOE trasciende ese nivel. Ojalá nos hubieran hecho caso y hubieran ido con las herramientas democráticas que tenían en el Gobierno y en el Congreso. Entre ellas, renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría plurinacional y democrática. Se escudaron en que Europa no les dejaba. Luego, cuando han querido, han ido a Europa a negociar y pelear. En este caso, podrían haberlo hecho, pero prefirieron pactar con el PP para que la justicia siga siendo el coto privado de caza de la derecha. Sobre la reforma del acceso a la carrera judicial, en este país siguen siendo jueces los mismos, de las mismas familias, con los mismos apellidos. Por no hablar del sistema de acceso con preparadores. Meterle mano a eso habría estado también muy bien, porque tiene mucha tela que cortar. Y en vez de hacer eso, deciden ir por detrás con medidas que igual no son literalmente ilegales —seguramente algunas sí—, pero que desde luego no son éticas y no son las herramientas de fortalecimiento de la democracia que había que haber usado para enfrentarse a eso. Yo entiendo que es horrible que te hagan la guerra sucia judicial, en Podemos lo sabemos perfectamente, pero no puedes responder a eso con las mismas herramientas de la guerra sucia.
El PSOE ha pactado con el PP la reforma del CGPJ para que la justicia siga siendo el coto privado de caza de la derecha
¿Creen desde Podemos que la justicia tiene dos velocidades?
Cuando dice eso el Gobierno, que está muy insistente con ese planteamiento de que todo es guerra sucia, no es verdad. No todo es guerra sucia judicial. Al fiscal general del Estado —y créeme, yo he dicho cosas mucho peores de las que ha dicho el Gobierno con lo del fiscal general— se lo cargó la señora Ayuso. Hay que decirlo así. Nosotras somos las primeras que hemos dicho que eso es guerra sucia judicial, que había que respaldar al fiscal y que había que ir con todo para renovar el CGPJ. Pero no con el PP, que es el que se ha cargado el fiscal, sino con la mayoría democrática y plurinacional. La justicia está actuando en algunos casos con herramientas judiciales muy cuestionables, como es el caso del juez Peinado. Pero luego está actuando también como debería actuar con normalidad la justicia. ¿Cuál es el verdadero problema, la otra cara de la moneda? Creo que un diagnóstico más ajustado es que la justicia protege al PP y protege a los corruptos del PP. No está mal que la justicia investigue, está mal que proteja a los corruptos del PP, como hizo, por ejemplo, García Castellón. La justicia efectivamente tiene dos velocidades, pero para garantizar la impunidad de la derecha cuando mete la mano en la caja. En ese sentido, el objetivo político que tenemos que tener en esta campaña a la Comunidad de Madrid no es solo echar a la señora Ayuso, sino que la señora Ayuso acabe en la cárcel por todas las cosas que ha hecho.
Con un Partido Socialista acorralado por los casos judiciales y una aritmética parlamentaria compleja, ¿qué sentido le ven a lo que queda de legislatura?
El Gobierno se lo ha puesto difícil a sí mismo. Si hubiese señalado un horizonte de transformación democrática y social y si hubiese implicado a los socios en ese horizonte, con una agenda en la que hubiese podido vincular a Junts, PNV, Esquerra, Bildu o Podemos, creo que la legislatura habría transcurrido de una manera muy diferente, porque todo el mundo se habría sentido interpelado. El PSOE ha utilizado, en cambio, una lógica muy electoralista y muy partidista de ir dando a cuentagotas una pequeña cosita a cada uno. No desde una lógica de transformación, sino desde una lógica parlamentaria de ir ganando pequeña votación a pequeña votación, sin una visión de futuro o de medio plazo. Es precisamente el haber renunciado a transformar y el haber empezado la legislatura echando a Podemos, que era el motor de las transformaciones, lo que nos ha llevado a una situación absolutamente imposible, que finalmente ha implosionado con los casos de corrupción, con la especulación de la vivienda y con el rearme. Estamos viendo estas semanas una primavera de movilizaciones, mucha gente echada a la calle y peleando por sus derechos frente a un PSOE que, no solo no es parte de la solución, sino que, en muchas ocasiones, ha sido y es parte del problema.
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Estaría muy bien derogar la ‘ley mordaza’, pero estaría mucho mejor haberla derogado hace ocho años
¿Son partidarios de un adelanto electoral, como llevan pidiendo públicamente otros socios de lo que fue el bloque de investidura?
Esa decisión no depende para nada de Podemos. Esa decisión la va a tomar Pedro Sánchez única y exclusivamente por motivos partidistas y personales, lo cual ya es un muy mal indicador. Además de eso, creo que, independientemente de que las elecciones sean antes o después, el proceso político que hay que hacer pasa por poner a la izquierda en pie, pasa por fortalecer a la izquierda dialogando con los movimientos sociales y con la gente que está peleando en la calle. Estuve en la vaga indefinida del País Valencià y lo que vi ahí es la emoción, la esperanza y la fuerza de profesoras y profesores que están en una situación lamentable. Me contaron de que los institutos se caen a trozos y que lo reparan ellos mismos porque no va nadie del ayuntamiento a reparar las ventanas o las goteras. Y, aún así, ahí estaba la voluntad de reconocerse, de trabajar y luchar juntas. Hemos puesto en pie una huelga indefinida sin precedentes, en la que hay una voluntad de cambio que creo que es la energía política que necesitamos para construir algo muy bonito y que devuelva la esperanza, porque —insisto— con lo que hay en Madrid y en el Estado, si no hacemos nada, si las cosas se quedan como están con esta legislatura, le estamos poniendo una autopista de seis carriles al Partido Popular y a Vox. Es regalarle al PP, el partido más corrupto de Europa, que venga cada miércoles a golpear a Pedro Sánchez con la corrupción. El daño al proceso político y a toda la gente que nos implicamos en echar a Rajoy y que nos movilizamos el 15M es terrorífico.
Belarra durante la conversación con Público.
¿Habría que introducir algún límite legal al tiempo que un político puede ostentar cargos públicos?
Es un debate muy importante. En Podemos tenemos limitación de mandatos supeditados a las primarias y yo creo que ese es el camino: que decida la gente en primarias. Si hubiéramos fortalecido esos procedimientos democráticos dentro del espacio no se habría producido lo que se produjo en julio del 2023 y hoy estaríamos a salvo de los peores vicios de la política que, por desgracia, han cundido demasiado.
Este lunes, PSOE y Sumar hacían público un acuerdo para avanzar en la despenalización de los delitos de injurias a la corona y las ofensas religiosas. ¿Creen que el Gobierno va a ir un paso más allá y a reactivar la negociación para derogar la ley mordaza?
Es terrible cuando los socios del Gobierno se dedican a anunciar cosas. Esto lo anunció Yolanda Díaz hace dos años, diciendo, además, que iba a derogar la ley mordaza. Hubo un estallido de entusiasmo en las redes sociales para enterarnos, hora y media después, de que, en realidad, solo iban a tocar una reforma del Código Penal muy pequeña. Ese tipo de prácticas son peligrosas porque generan una expectativa que luego no se cumple y eso provoca mucha decepción y mucha desafección. Yo trataría de evitar —si me aceptan un consejo en el Gobierno— las expectativas que luego no se cumplen, porque lo que están alimentando es una enorme decepción contra el Gobierno y los partidos del Gobierno. Nosotras, como decía antes, vamos a ser insistentes y perseverantes con la agenda democrática. Es una anomalía que la ley mordaza siga en vigor ocho años después de que Pedro Sánchez saliera diciendo que nada más llegar al Gobierno la iba a derogar. El último informe que se ha publicado sobre represión muestra que este Gobierno, no solo no ha reducido la represión, sino que la ha aumentado a niveles nunca antes vistos. Creo que el Gobierno tiene que hacer una reflexión sobre por qué ha retrasado la derogación de la ley mordaza para la que sí hay una mayoría. Es evidente que el PSOE está poniendo palos en las ruedas para no derogarla al 100%. ¿Por qué teniendo el Gobierno y el Ministerio del Interior, no solo no han reducido la represión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que la han aumentado? Porque lo de decir que súper bien los manifestantes de la Vuelta y luego cascarles multas de miles de euros no es muy coherente. Estaría muy bien derogar la ley mordaza, pero estaría mucho mejor haberla derogado hace ocho años.
El Tribunal Supremo de Brasil ha asestado un nuevo golpe al entorno político y familiar del expresidente Jair Bolsonaro. La Primera Sala de la máxima corte brasileña condenó este martes a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos más influyentes del exmandatario ultraderechista, por tratar de obtener apoyo de la Administración de Donald Trump para presionar a los jueces que juzgaron a su padre por la intentona golpista posterior a las elecciones de 2022. La sentencia incluye cuatro años y dos meses de prisión, ocho años de inhabilitación política y una multa económica.
La resolución fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados de la sala que también participaron en el juicio contra Jair Bolsonaro, condenado el pasado año a 27 años de prisión por su responsabilidad en la trama que intentó revertir el resultado electoral que llevó al poder a Luiz Inácio Lula da Silva.
Según la Fiscalía y los jueces, Eduardo Bolsonaro desarrolló desde Estados Unidos una campaña destinada a influir en el desarrollo de los procedimientos judiciales abiertos contra su padre. El exdiputado, que reside en Texas desde principios de 2025, habría promovido contactos y gestiones para que Washington adoptara medidas de presión contra Brasil, incluyendo sanciones a magistrados del Supremo y la imposición de aranceles comerciales, con el objetivo de condicionar las decisiones judiciales.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de las causas vinculadas al intento de golpe de Estado y principal objetivo de las campañas de presión impulsadas por el bolsonarismo, sostuvo que las actuaciones de Eduardo Bolsonaro constituyeron una forma de coacción contra las instituciones brasileñas. Durante la lectura de su voto, defendió que las maniobras del exparlamentario no solo afectaron al tribunal, sino que perjudicaron los intereses del conjunto del país.
Eduardo Bolsonaro fue juzgado en ausencia. Tras abandonar Brasil y establecerse en Estados Unidos, perdió posteriormente su escaño parlamentario por ausencias reiteradas, lo que también supuso la desaparición de las protecciones asociadas a su condición de diputado. Al no designar representación legal propia, fue defendido por un abogado de oficio.
El condenado reaccionó a través de las redes sociales denunciando una supuesta persecución política y alegando que no fue debidamente notificado del procedimiento. Su defensa ha sostenido durante todo el proceso que sus actividades en Washington se limitaron a la interlocución política y a denunciar lo que considera abusos del poder judicial brasileño. Sin embargo, los magistrados rechazaron esos argumentos y concluyeron que existió una estrategia deliberada para interferir en el curso de la Justicia.
Una condena con fuerte impacto político
La decisión judicial llega en un momento especialmente delicado para la derecha brasileña. Aunque Jair Bolsonaro permanece inhabilitado y cumple condena en arresto domiciliario por motivos de salud, su familia continúa siendo uno de los principales referentes de la oposición al Gobierno de Lula.
En este contexto, la figura emergente dentro del bolsonarismo es el senador Flávio Bolsonaro, hermano del ahora condenado y considerado uno de los posibles candidatos de la derecha para las elecciones presidenciales previstas para octubre. La sentencia contra Eduardo añade una nueva dificultad a la estrategia del clan Bolsonaro para mantener su influencia política en un escenario marcado por las divisiones internas de la oposición conservadora.
La causa también ha tensionado las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Durante los últimos meses, dirigentes próximos a Trump y al movimiento ultraconservador estadounidense respaldaron públicamente las denuncias del bolsonarismo sobre una supuesta persecución judicial. La Fiscalía brasileña sostuvo que Eduardo Bolsonaro buscó precisamente aprovechar esas conexiones internacionales para obtener medidas de presión capaces de alterar el desenlace de los procesos judiciales abiertos en su país.
Los investigadores señalaron que parte de la estrategia consistió en promover sanciones contra miembros del Supremo Tribunal Federal y alimentar amenazas comerciales contra Brasil. Algunas de esas iniciativas llegaron a materializarse parcialmente antes de ser revisadas o limitadas posteriormente.
La condena de Eduardo Bolsonaro supone, además, un precedente relevante para la justicia brasileña. Los magistrados han querido enviar un mensaje de firmeza frente a cualquier intento de utilizar presiones extranjeras para condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. El fallo refuerza la línea mantenida por el Supremo desde los procesos relacionados con el asalto a las instituciones brasileñas tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro.
Mientras el exdiputado permanece en territorio estadounidense, la sentencia abre una nueva incógnita sobre su futuro político y judicial. Si regresara a Brasil, podría enfrentarse al cumplimiento efectivo de la pena impuesta. Entretanto, el caso continúa alimentando la polarización política en el país y se convierte en un nuevo capítulo de la larga batalla entre el bolsonarismo y las instituciones que investigaron y juzgaron la ofensiva contra la democracia brasileña.
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Después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya tumbado la enmienda de Junts y el Partido Popular para impulsar una votación sobre un adelanto electoral, los populares han avanzado que se reservan su derecho a llevar la cuestión al Tribunal Constitucional, todo ello entre críticas por el movimiento adoptado por PSOE y Sumar.
De esta manera, la portavoz del PP en la Cámara Baja ha tachado este martes, tras conocer la resolución de la Mesa, de “arbitraria” dicha decisión, avanzado que su grupo parlamentario presentará un recurso contra ella y, en caso de volver a ser rechazada, se reservarán su derecho de acudir a los tribunales.
Tal y como ha desgranado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso la portavoz del Grupo Popular Parlamentario, Ester Muñoz, ha vertido críticas contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, quien, según ha deslizado, “trabaja única y exclusivamente” para el presidente del Gobierno: “Si como ellos mismos han dicho durante toda la mañana no es vinculante y no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?«, se ha preguntado la dirigente parlamentaria del PP, para quien los grupos que integran el Gobierno central han hecho gala de “un cinismo, una hipocresía y una cobardía absoluta”, a su juicio.
Por ende, ha subrayado que la decisión de la Mesa, de mayoría progresista por PSOE y Sumar, “acredita que la legislatura está muerta y que ha llegado a su fin”, acusando a Sánchez de pretender seguir “parasitando las instituciones hasta que no le quede más remedio que convocar elecciones”. De esta manera, desde el PP consideran que este escenario es sinónimo de la consciencia “de que no tienen una mayoría y de que la legislatura ha llegado a su fin”.
Muñoz ha eludido a la proposición no de ley que presentó Junts contra Sánchez en 2024 para someterse a una cuestión de confianza, pese a ser una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno; una iniciativa que tampoco salió adelante por no pasar el visto bueno de la Mesa en su fase de tramitación.
Junts lo tacha de “inaudito”
Por parte de los neoconvergentes de Carles Puigdemont, han tachado de “inaudita” la decisión de la Mesa del Congreso, al considerar que se trata de una muestra de “debilidad extrema” del Ejecutivo central. En su enmienda, ya vetada, Junts asumía que la exigencia de elecciones generales no supone una obligación para el presidente del Gobierno, que es quien tiene la competencia exclusiva de disolver las Cortes Generales.
“Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”, es lo defendido por Junts.
En la resolución de la Mesa del Congreso, se suscribe que “en virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española, ha inadmitido las enmiendas presentadas este mediodía por los grupos parlamentarios PP y Junts per Catalunya. La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno”.
Todo ello después de que esta mañana del martes los neoconvergentes hayan dado un paso adelante en su confrontación con Moncloa al considerar que sus pactos han sido “incumplidos” por la parte nacional, por lo que han presentado un escrito en el que instaban a “proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones”.
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