El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó la Ley de Presupuestos de 2022 para modificar seis artículos de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, entre ellos el que le permitió ese mismo año transferir remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el organismo al cargo de las residencias públicas de mayores. El dinero se destinó al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que utilizó los fondos para pagar en 2022 y 2024 las facturas de la sanidad privatizada, los hospitales bajo concesión administrativa que gestionan los grupos Quirón y Ribera Salud.
La Ley de Presupuestos lleva fecha de 23 de diciembre de 2021, cuandola Comunidad de Madridaúnvivía los efectos de la pandemiaylas residencias de mayoreseran una de las áreas de asistencia más problemáticas.Elcovidpusoaún másde manifiesto laescasez de personal y la falta de financiacióne inversionesque sufren estos centros.
LaCámara de Cuentasexplica una parte de la reforma de la Ley de Haciendaen su informe de fiscalización de 2022. Gracias a un nuevo artículo 67bis, el consejero de Hacienda puede ahora transferira la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, «en situaciones excepcionales»,las «disponibilidades líquidas» de todos los organismos autónomos, incluso de aquellos que expresamente estaban exceptuados en la propia ley. Era el caso de AMAS, pero también de laAgencia de Vivienda Social(AVS)elConsorcio Regional de Transportesy elInstituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde entonces,sus excedentes de tesoreríahan dejado de ser considerados recursos propios si se dan circunstancias extraordinarias, y pueden ser transferidos a otros departamentos.
Aunque la ley no precisa en qué consisten esas situaciones «excepcionales», la Consejería de Hacienda las ha reconocido ya en tres ejercicios sucesivos. En total, a la sanidad privatizada han ido a parar 252,73 millones de euros procedentes de los fondos no gastados por AMAS. La primera vez que se pagó así a los hospitales concesionados fue en 2022 y por importe de 191,23 millones, tal y como desveló Público. Para reclamar ese dinero, el Sermas adujo una «necesidad de crédito excepcional (y urgente)» a fin de atender las «facturas de la actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos».
Dos años después, el importe de la transferencia ascendió a61,5 millones de euros, y sirvió para abonar a la Fundación Jiménez Díaz la asistencia médica prestada en 2021 por el hospital emblema del grupo Quirón a pacientes que habían optado por la«libre elección» de centro sanitario, según informó la Cadena Ser.
Sanidad no ha querido revelar cómo repartió los 191,23 millones de la primera operación, si su destinatario fue sólo el grupo Quirón –que gestiona también el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital de Collado-Villalba y el Infanta Elena (Valdemoro)– o también pagó a Ribera Salud –propietario del Hospital de Torrejón–.
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La Consejería de Hacienda, a preguntas de Público sobre el motivo del cambio legal, se remite al párrafo que sobre dicha modificación figura en el preámbulo de la Ley de Presupuestos de 2022: la justifica como una mera adaptación a las«nuevas necesidades de la gestión económico-presupuestaria de lasAdministraciones Públicas»,una manera de dotarla de «mayor agilidad». Sin embargo,el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez vio otros motivos. Así lo expuso en el debate sobre la Ley de Presupuestos que se celebró en la Asambleade Madrid el 21 de diciembre de 2021, cuando afeó al Gobierno madrileño que hubiera aprovechado esa norma para colar «de forma torticera»la modificación, suspensióno adición de apartados a seis artículos de la Ley de Hacienda. Gutiérrez le acusó de«burlar» a la Asamblea de Madridel debatesobrelo que era toda una reforma deesa ley, porque sesuprimían obligaciones del Gobiernoautonómico «importantísimas parala transparencia del buen uso de los dineros de todos los madrileños».
Los remanentes se disparan desde 2016
La Agencia Madrileña de Atención Social es la sucesora desde 2015 del Servicio Regional de Bienestar Social. En 2014 y 2015, todavía con su antiguo nombre,cerró con remanentes de tesorería discretos de 16,8 y 25 millones de euros, respectivamente. Pero, al convertirse en AMAS,disparó esos excedentes. En 2016 ascendían ya a 141 millones.Son acumulativos, y no dejaron de crecer ejercicio tras ejercicio, hasta alcanzar un máximo de 210 millones en 2021, según ha comprobado este periódico en los sucesivos informes de fiscalización elaborados por la Cámara de Cuentas.Ya desde el mismo 2016, este organismo empezó a llamar la atención de los gestores de la Comunidad de Madridparaque «revisaran» sus políticas de planificación presupuestariaycorrigieran esos importes. Ni la Consejería de Hacienda ni la de Familia, de la que depende AMAS, han contestado a las preguntas dePúblico al respecto.
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Tras llegar a ese máximo, el Gobierno deDíaz Ayuso empezó a utilizar esos fondos para pagar a la sanidad privatizada en 2022.Desde entonces, los remanentes han disminuido: 58,8 millones en 2022, 59,9 millones en 2023 y 62,5 en 2024. Loque no fue óbice para trasladar ese último año 61,5 millonesalSermas.
Según consta en los informes de la Cámara de Cuentas,AMAS sólo ejecutó el 39% de su presupuesto de inversiones en 2024, el año en que éste ha sido mayor desde 2018 –77 millones de euros–y un 40% en 2022, cuando ascendía a 43,3 millones. Otros ejercicios el grado de ejecución de las inversiones osciló entre el67% y el 84%, con presupuestos de 14,6 a 17,7 millones. Hubo un año,2023, en que ejecutó el 90,9% de la cantidad prevista para invertir. Pero también fue el ejercicio con la menor partida para inversiones: sólo 4,7 millones deeuros.
«Se trata de ajustes de tesorería, no de ejecución presupuestaria», es la sucinta explicación que la Consejería de Familia ha dado a Público cuando le ha preguntado cómo se han generado unos remanentes tan abultados. Su portavoz niega que procedan de la falta de ejecución de los presupuestos de AMA. «El dinero destinado a nuestros mayores se ejecuta cada año prácticamente al 100%», asegura. Y cita los «2.000 millones de euros al año» que la Comunidad de Madrid dedica a las personas dependientes, «un récord histórico». Después, pasa a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez que, según dice, «priva» a los mayores de «un millón de euros cada día al no financiar el 50% de la dependencia como le corresponde, para seguir pagando la fiesta independentista«.
Fármacos de uso hospitalario
ElGobierno madrileño utilizó elmismométodo también para nutrir de fondos a los hospitales públicos delSermas. Y lastransferencias partieron de otrosorganismos autónomos, no sólo de AMAS.En 2023, el desvío ascendió a 155,88 millones de euros, procedentes de la Agencia de Vivienda Social, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajoy Madrid 112. La situación excepcionalesgrimida por elSermaspara pedir fondosconsistía en la adquisición de medicamentos de uso hospitalario.Además, AMAS proveyó de 17,13 millones de euros a la propia Consejería de Familia, para cubrir «gastos endistintos programas y centros gestores», sin más precisión.
En 2024, fue de nuevo la Agencia de Vivienda Social el organismo autónomo que proporcionó fondos alSermas, de nuevo para pagar medicamentos de usohospitalario: 10,68 millones de euros.En total, 166,56 millones en dos años para comprar fármacos.
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Elañode la transferencia alSermas, laAgencia de Vivienda Socialcerró con un remanentede tesorería negativo nada menos que de 712 millones de euros. De hecho, ésa ha sido la tónicade laagenciaen los últimos años, con remanentes negativos que alcanzaron los 914,4 millones en 2022.
«¡Necesitamos Groenlandia! Es muy estratégica en estos momentos. (…) Está rodeada de barcos rusos y chinos por todas partes». Donald Trump lleva meses, incluso años, tanteando con la cláusula de defensa mutua de la OTAN. El magnate sueña con anexionar la isla más grande del mundo y no descarta utilizar la vía militar para saciar sus ansias imperialistas. «Vamos a hacer algo, por las buenas o por las malas». La excusa vuelve a ser la de la «seguridad nacional», una excusa «peregrina» y «falaz», según los ocho expertos en geopolítica y relaciones internacionales consultados por este diario. ¿Cómo afectaría un movimiento de estas dimensiones a la OTAN? Trump ya reconoce que «podría ser un dilema» tener que elegir entre la colonización del Ártico y la Alianza del Atlántico Norte.
Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, como lo son las Islas Feroe. El Gobierno de la isla controla sus propios recursos naturales y la administración de justicia. La política exterior la gestiona, sin embargo, Copenhague. Y no de la manera en que lo haría Donald Trump. «Dinamarca aumentó la seguridad de Groenlandia, enviaron un trineo de perros más», bromeó recientemente el líder de la Casa Blanca. «El hecho de que desembarcaran allí hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra», reiteró este mismo viernes. Las mofas del magnate enfadaron a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. «Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, también la OTAN», denunció la mandataria el pasado martes. Las autoridades groenlandesas se han pronunciado en los mismos términos: «Basta de presiones, insinuaciones y fantasías sobre la anexión«. ¿Qué planes tiene el trumpismo para Groenlandia? ¿Cómo reciben estas amenazas los países europeos? ¿Y qué pasa con la OTAN?
La Casa Blanca y sus injerencias en Groenlandia
Trump defiende que necesita la isla por motivos de «seguridad nacional». La postura parece firme, inamovible. Los fines expansionistas vienen expresamente recogidos en su plan de seguridad nacional. «Estados Unidos está reclamando parte del territorio de uno de sus aliados. Trump ha llegado tan lejos con sus amenazas que es poco probable que se detenga sin obtener nada a cambio«, arranca Hanna Ojanen, experta en seguridad europea y profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Tampere (Finlandia). El magnate aseguró que «no le importan las restricciones impuestas por el derecho internacional» y considera que la isla está en su «esfera de influencia». Mira fundamentalmente «la cantidad significativa de elementos críticos de la tierra que posee», señala Harri Mikkola, investigador especializado en política exterior y seguridad de la región ártica en el Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA). Esto impregna todos sus movimientos de una incertidumbre cuando menos «peligrosa».
Estados Unidos puede promover en un plazo relativamente corto un referéndum en Groenlandia
La posición actual consiste en presionar a todos los actores implicados para «ganar influencia» en la «mesa de negociaciones», pero las fuentes que han hablado con Público no tienen claro que la idea de anexionar Groenlandia guste realmente a los estadounidenses, ni siquiera a todos los votantes republicanos. «Trump es un magnate inmobiliario, nada hace pensar que sus intereses personales en la isla coincidan con los de Estados Unidos. Esta línea argumental empieza a moverse entre algunos senadores influyentes de su propio partido. Groenlandia no tiene sentido estratégico para Washington«, continúa Steven Blockmans, investigador principal del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) de Bruselas.
El presidente de EEUU, Donald Trump, con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta es una lógica que también comparte José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y autor de La cumbre de la OTAN y la crisis del atlantismo. «Estados Unidos no se va a meter en una guerra, mucho menos con aliados. Esto no quiere decir que se descarte la posibilidad de una intervención armada en Groenlandia, pero todo se enmarca más bien en una política performativa que se plantea en términos de inevitabilidad para Europa», desliza el profesor. «La OTAN se verá más o menos afectada en función de la forma en la que se materialice esa hipotética anexión: no es lo mismo hacerlo de manera negociada y de acuerdo con la población local que utilizar la vía militar. El compromiso norteamericano con sus aliados europeos queda en cualquier caso muy en entredicho», añade Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Esta eventual «negociación» también genera dudas en el plano académico, toda vez que hablamos de un país intentando incidir en el rumbo político de otro –ambos, miembros de la misma organización–. Los expertos apuntan aquí a un posible referéndum de autodeterminación, que sería el segundo en menos de veinte años para los habitantes de Groenlandia. «Estados Unidos puede promover en un plazo relativamente corto ese referéndum e incidir con ofertas económicas, desinformación y otros instrumentos para conseguir un resultado favorable a la independencia. Lo haría para establecer una nueva relación con la isla preservando su soberanía, pero manteniéndola en una posición subordinada, sobre todo en materia de defensa y recursos naturales», señala José Antonio Sanahuja.
Las elites atlantistas europeas no quieren oír hablar del enfrentamiento con Estados Unidos
Las encuestas más recientes juegan a favor de la Casa Blanca: siete de cada diez groenlandeses votarían a favor de su independencia, según un sondeo de la demoscópica Verian. El 85% de los habitantes rechazarían, eso sí, la integración del territorio en el mapa de Estados Unidos. Las autoridades de la isla han emitido un comunicado a última hora de este viernes reivindicando su derecho a «decidir sobre el futuro del país», sin «retrasos o interferencias» de terceros. «Las presiones pueden ser cuestionables, pero están a la orden del día. Lo que realmente perturbaría la relación transatlántica sería el uso de la fuerza para tomar el poder«, insiste Niels Byrjalsen, investigador en el Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague.
Europa se resiste a dar un golpe sobre la mesa
La respuesta de los países europeos a las amenazas estadounidenses tampoco ha pasado desapercibida. Los expertos consultados por este medio la definen como «lenta» y «fragmentada», incluso «fría». Dinamarca ha tardado en incluir este asunto en la agenda europea. El país defiende no obstante la soberanía de Groenlandia, una postura que también han respaldado esta semana Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. «El panorama más allá de los países nórdicos y algunas otras excepciones [como España] sigue siendo confuso, todavía son muchos los dirigentes que siguen reivindicando el apoyo de Washington a la seguridad de Europa», subraya la finlandesa Hanna Ojanen. ¿Por qué es tan tibia la postura de algunas capitales?
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«La Unión Europea se encuentra en una situación delicada, no solo por la proximidad de la guerra de Ucrania, sino también por el aumento de las tensiones políticas y económicas con un país que siempre se ha considerado indispensablepara el mantenimiento de la seguridad del continente, como es el caso de Estados Unidos», apunta Luca Ratti, profesor de Historia de las relaciones internacionales en la Universidad de Roma III y autor de La OTAN durante un segundo mandato de Trump: ¿navegando por aguas desconocidas?. «Las elites atlantistas europeas no quieren oír hablar del enfrentamiento con Estados Unidos, muchos países estarían dispuestos a casi cualquier cosa para evitar que Washington abandonara Europa en pleno conflicto con Rusia», añade José Antonio Sanahuja.
La estrategia de seguridad nacional de los estadounidenses, eso sí, relega el viejo continente a una posición casi anecdótica. El desinterés salta a la vista. Bruselas, sin embargo, se resiste a dar un golpe sobre la mesa, como piden casi todas las voces que han respondido a las preguntas de Público. «Europa sigue tolerando los movimientos del trumpismo porque carece de una alternativa sólida a corto plazo, especialmente en el contexto de una guerra con Ucrania», matiza el danés Niels Byrjalsen. «Los europeos deberían empezar a prepararse para lo peor y detallar un plan de posibles represalias ante las eventuales agresiones de Estados Unidos: desde sanciones individuales a miembros del Gobierno de la Casa Blanca hasta restricciones en la compra de deuda americana o en el mercado único de la UE», sostiene Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). «Bruselas no puede seguir en silencio y someterse de esta manera al acoso de Trump. Las amenazas de apoderarse del territorio de un aliado son incompatibles con la lógica fundamental de la OTAN», insiste Steven Blockmans.
¿La OTAN todavía tiene sentido?
La OTAN es actualmente responsable de la defensa de Groenlandia. Esto hace que una posible incursión de tropas estadounidenses en la isla atente contra los principios rectores de la organización. Los expertos que han hablado con Público no creen que esto suceda y, por tanto, tampoco contemplan que la alianza pueda llegar a romperse, al menos de forma «inmediata». Aseguran, eso sí, que su razón de ser quedaría fuertemente tocada. «Lo que cada país miembro tiene que ver es qué gana y qué pierde si abandona la OTAN. La alianza pasaría de perseguir una defensa colectiva a practicar una defensa discriminada, pasaría de defender valores a defender intereses», advierte Félix Arteaga. Los miembros de la organización tienen supuestamente un compromiso para resolver cualquier disputa internacional por medios pacíficos y abstenerse del uso de la fuerza en sus relaciones, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
La confianza de los estadounidenses como garante de seguridad se ha visto mermada, pero las funciones críticas de nuestras sociedades dependen de Washington
Steven Blockmans cree que «es poco probable que una acción estadounidense contra Groenlandia pueda suponer la muerte instantánea de la OTAN», sobre todo, mientras en muchas capitales se mantenga viva la creencia de que «a corto plazo puede haber un cambio en el Gobierno de la Casa Blanca y, por tanto, en la política exterior de Estados Unidos». El investigador del CEPS añade: «A los aliados europeos no les compensaría declarar el fin de sus acuerdos [por lo que resta del mandato de Trump], aunque el movimiento pudiera calificarse a posteriori como algo imperdonable». Los expertos consideran además que si alguien llegara a poner en duda la alianza transatlántica serían los estadounidenses, «mucho más que los europeos». ¿Cuáles son los motivos?
La ciudad de Nuuk, en Groenlandia, con la bandera danesa.
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«Estados Unidos podría desvincularse de la organización [y de la guerra de Ucrania], pero no lo hace porque la utiliza para amenazar a Europa. Washington presiona desde la alianza para que los países europeos aumenten el gasto en defensa, pero no a cualquier precio, sino comprándole armas a la industria estadounidense; también lo hace para conseguir que se dobleguen ante sus exigencias comerciales y lo hará para acabar con la regulación digital de Bruselas», reconoce el catedrático José Antonio Sanahuja.
La falta de una alternativa seria en el escenario europeo dificulta además la determinación de muchos dirigentes contra el trumpismo y ralentiza su posible salida de los tratados de la organización. «No tenemos en el mercado demasiadas opciones para sustituir a la OTAN. La confianza de los estadounidenses como garante de seguridad y protección se ha visto mermada, pero las funciones críticas de nuestras sociedades dependen de las tecnologías y los procesos de Washington», señala Harri Mikkola, investigador del FIIA. «Los aliados europeos tienen que asegurarse antes de que pueden seguir cooperando sin la participación de Estados Unidos», añade Hanna Ojanen.
Las incoherencias son, con todo, fácilmente identificables. Así lo resumen los expertos al ser preguntados por Público sobre el futuro de la OTAN. «La cuestión tiene truco, porque no tiene sentido que el socio principal de la organización suponga a la vez su principal amenaza. La pata europea de la alianza tiene que aprovechar esta situación para defender sus intereses por encima de las ansias imperialistas de Trump», insiste Héctor Sánchez Margalef. «Los países europeos tienen que asumir que el mundo ha cambiado, tienen que asumir su soledad estratégica y desplegar luego una verdadera red de alianzas con otros actores, incluido el Sur Global», sentencia José Antonio Sanahuja, porque, mientras esto no ocurra, «Trump va a seguir utilizando la alianza para chantajear a Europa«.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» al país en términos de recursos naturales y de otra índole, mientras ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno «no se porta bien» o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación con la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo».
En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.
A su vez, Trump reiteró que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por «narcoterrorismo» a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas, responde a una nueva de intervención en Latinoamérica que bautizó como Doctrina Donroe, parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que «el hemisferio (occidental) es nuestro».
El mandatario hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde estuvo las dos últimas semanas, a Washington.
El republicano aseguró que tanto la misión Resolución Absoluta, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su doctrina Donroe persiguen «la paz en el mundo».
Amenaza de nuevos ataques
El presidente estadounidense subrayó que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda.
Al ser preguntado sobre si en la actual situación –con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando– ese segundo ataque está descartado. Trump fue tajante: «No, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque».
También volvió a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ya que dijo que le sonaba «bien» la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Maduro.
Trump aseguró que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y añadió que está «gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EEUU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».
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Lucha contra el narcotráfico en México
También volvió a hablar sobre las ofertas para enviar al Ejército estadounidense a México a combatir los narcotraficantes de ese país, un tema, que según sus palabras, le ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que repitió que «es una persona estupenda» pero que «tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México».
«Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México», afirmó.
Trump aseguró que «cada vez» que ha hablado con Sheinbaum ha ofrecido enviarle tropas, lo que la mandataria ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país.
Sobre Cuba, consideró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel «está a punto de caer» y que no cree que haga falta «acción alguna» por parte de su país en la isla.
«No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense.
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Declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Venezuela a bordo del Air Force One.
«Gobernamos nosotros»
Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump volvió a contestar de forma tajante.
«No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida», le espetó a una periodista. «¿Qué significa eso?», prosiguió la reportera. «Que nosotros estamos a cargo», respondió el magnate neoyorquino.
Trump ya puso en duda este sábado que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y que miembros de su Gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, o el director de la CIA, John Ratcliffe, «gobernarán» el país suramericano por un periodo indeterminado.
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Trump pareció descartar a su vez la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. «Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre«, aseguró.
«Fui el más crítico con esta ley y 15 años después te puedo decir que fue lo mejor que hizo Zapatero«. Así resume un hostelero de 53 años la reforma de la ley antitabaco de 2005 que entró en vigor el 2 de enero de 2011. Sentado en el comedor recién fregado de un conocido restaurante de menú del centro de Madrid, recuerda cómo a sus 38 años veía el futuro negro si se constataba la prohibición de fumar en los bares. «En plena crisis económica, lo que nos faltaba era perder el curro», recuerda.
Pero nada de eso ocurrió. La ley se aprobó, entró en vigor y la gente siguió yendo a su restaurante. El hostelero madrileño, que por aquel entonces trabajaba en el local en el que atiende a Público en 2025, terminó haciéndose cargo del negocio. «Yo he llegado a tragar mucho humo«, desliza rememorando sus primeros años en el oficio. Por eso celebra que terminara aprobándose aquella norma y reconoce con honestidad que «el que estaba equivocado» era él.
En España se ha ido poniendo coto al tabaco en varias fases; en varios tiempos. Y el tercero de ellos está ya en proceso. Mónica García está preparando una nueva regulación para prohibir fumar en las terrazas de los bares y restringir el vapeo. La ministra de Sanidad explica que también ahora existen presiones, sobre todo por parte del lobby del tabaco y de la hostelería, para que no se apruebe la nueva norma. No obstante, el ruido es menor que hace 15 y 20 años. «Ahora hay más consenso social«, explica en conversación con este medio: «Ahora jugamos con un viento mucho más a favor».
Un hostelero, desde su restaurante en Madrid: «Fui el más crítico con esta ley y 15 años después te puedo decir que fue lo mejor que hizo Zapatero»
En cualquier caso, hay algo que no ha cambiado con respecto a aquel 2011. Las tabacaleras y la hostelería siguen augurando un descalabro económico para el sector ahora si se prohíbe el tabaco en las terrazas. «Hay que rechazar esa dicotomía entre economía y salud», afirma en palabras para este medio Leire Pajín. Hoy eurodiputada, la socialista fue la ministra de Sanidad que logró la aprobación de la segunda ley antitabaco de José Luis Rodríguez Zapatero en un clima de mucha tensión.
«No podemos aceptar esa dicotomía porque el impacto negativo que se decía que iba a tener la ley no existió», subraya: «El aumento sostenible de los beneficios está ahí».
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Dos leyes para romper una costumbre dañina
La primera ley antitabaco se aprobó en España en 2005 y entró en vigor en 2006 de la mano de la ministra socialista Elena Salgado. Fue entonces cuando se prohibió fumar en lugares como los centros de trabajo. Ahora se cumplen 20 años. No obstante, tal y como explica el periodista Manuel Sánchez, que ha trabajado cubriendo información del Gobierno en El Mundo, Público o elDiario, la verdadera revolución llegó unos años más tarde con la iniciativa que despegó con la ministra Trinidad Jiménez y culminó con Leire Pajín, las dos últimas titulares de Sanidad del presidente Zapatero.
«Jiménez planteó a Zapatero que había que ser valiente, que la sociedad española no podía permitirse seguir más tiempo sin avanzar en las restricciones del tabaco y que había que prohibir su consumo en todos los lugares cerrados, sin excepciones», relata en su libro Zapatero, el legado progresista (Penguin Random House, 2024).
Antes de la entrada en vigor de la ley, había
«un extraordinario nerviosismo en el PSOE»
Sánchez explica a Público que durante la preparación de la ley y en los primeros días tras su aprobación había «un extraordinario nerviosismo en el PSOE». Y los motivos eran dos. Por una parte, las presiones de las tabacaleras y de los sectores del ocio y la hostelería habían generado un clima que hacía suponer que la nueva norma podía representar un importante coste electoral para los socialistas. Por otra, existía incluso el miedo de que una vez entrara en vigor la ley —el 2 de enero de 2011 para que la gente pudiera fumar en Nochevieja y Año Nuevo— los fumadores se rebelaran y no renunciaran al cigarrillo en el bar.
Pajín reconoce que «esas preocupaciones siempre existen cuando se impulsa una legislación que viene a cambiar costumbres arraigadas«, como lo era en aquella España la de fumar en los bares. El hostelero madrileño con el que ha hablado Público lo resume así: «Un ciudadano español lo aguanta todo, pero hay una cosa que no le puedes tocar, el bar».
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Sin embargo, Pajín añade que el Gobierno de Zapatero y, en concreto, su ministerio tenían muchos datos de cómo se habían producido avances parecidos en países como Italia o Irlanda y, pese a la inquietud, confiaban en la pronta implantación de la norma y en que los altercados serían mínimos.
El sociólogo Mariano Urraco, investigador y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), coincide con Manuel Sánchez en que «parecía que iba a ser imposible que la sociedad española se acostumbrara a no fumar en el bar» y recuerda además que se orquestó toda una campaña que pretendía convencer a la gente de que «lo que se iba a crear con esta decisión del Gobierno era un régimen distópico«.
Según el sociólogo Mariano Urraco, se orquestó una campaña por la prohibición del tabaco que parecía que se inauguraba un «régimen distópico»
Todo fue un poco menos grave de lo que parecía. «La gente siguió yendo a los mismos sitios y le gustó comer sin que el sabor de los alimentos se mezclara con el humo y a llegar a casa sin tener toda la ropa oliendo a tabaco«, explica. En otras palabras, «aquel rechazo inicial a la ley quedó silenciado por una mayoría que resultó estar a favor de la limitación«.
Presión de los ‘lobbies’ en 2010… y en 2025
«Mientras trabajábamos la ley que iba a prohibir fumar en los bares fue cuando yo percibí las estrategias de desinformación tal y como las conocemos hoy», explica Leire Pajín: «Hubo informaciones, incluso de medios que podrían considerarse afines, que circularon con total impunidad y que eran totalmente mentira». «Por ejemplo», concreta, «que nos habíamos inventado una aplicación para denunciar a los fumadores».
Leire Pajín: «Mientras trabajábamos aquella ley fue cuando percibí las estrategias de desinformación tal y como las conocemos hoy»
«La presión en aquellos momentos era muy grande». Pajín relata cómo, además, las tabacaleras viraron su estrategia a medida que fueron viendo que el Gobierno no iba a dar su brazo a torcer. Si al principio trataron de evitar que la ley se aprobara, más adelante intentaron «retrasar la implantación de las medidas«. Pero la única decisión que se tomó fue la de posponer un día, al 2 de enero de 2011, su aplicación para no coincidir con las fiestas de Nochevieja. «Ni un día más». El Gobierno quería, además, que las nuevas restricciones encajaran en el tiempo con los habituales propósitos de año nuevo —dejar de fumar es uno de los habituales— de la población.
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15 años después, con un anteproyecto de ley para eliminar el tabaco en las terrazas, en los campus universitarios o en las instalaciones deportivas y una equiparación del cigarrillo electrónico al tabaco convencional, la presión social es menor que la de 2010-2011, pero la del lobby tabacalero —y también la de la hostelería— sigue ahí. «Es un revival«, apunta Mónica García.
«Las presiones de los lobbies económicos y empresariales no paran», añade. Se suman ahora los intereses que representan los cigarrillos electrónicos. La ministra de Sanidad lamenta que se estén introduciendo como «un mecanismo de control de daños», como algo «poco tóxico». «Pero nosotros», resuelve, «no nos movemos en el eje de la toxicidad, sino en el de la salud». Además, apunta que el vapeo se ha convertido en una puerta de entrada para los jóvenes hacia el tabaco. Por su parte, la patronal de los hosteleros Hostelería de España ha calificado la nueva propuesta gubernamental de «desproporcionada».
Mónica García: «Nosotros no nos movemos en el eje de la toxicidad, sino en el de la salud»
«Pero la ley de 2011 y antes la de 2005 ya demostraron que las iniciativas que son coherentes, valientes, ambiciosas y que quieren proteger la salud de los ciudadanos siempre funcionan», zanja García. «A pesar de los malos augurios, de los anuncios de apocalipsis y de la dificultad que representa cambiar los hábitos de una sociedad, si detrás hay coherencia y evidencia científica, la ley se va a cumplir desde el primer momento». «Además», completa la ministra, «ahora vemos cómo son incluso personas fumadoras las que piden una ley como esta».
El sociólogo Mariano Urraco pronostica —en caso, claro, de que la ley prospere— un proceso de adaptación parecido al de 2011. El periodista Manuel Sánchez lo resume así en su libro: «Llegó la fecha elegida, entró en vigor la ley… Y no pasó nada. La ciudadanía asumió de forma sorprendente y contra todo pronóstico dejar de fumar en bares y restaurantes y, salvo incidentes aislados, la normativa se cumplió mayoritariamente en todos los rincones de España». Hizo falta, eso sí, un proceso de adaptación más o menos corto, aunque no falto de anécdotas.
El hostelero de Madrid que ha atendido a Público habla, por ejemplo, de cuando entraba en un salón algo más escondido de su restaurante y olía a tabaco. «Pero nadie estaba con el cigarrillo en la boca». Nadie admitía estar fumando. «Luego, al final de la jornada, te ponías a barrer y salían unas cuantas colillas«.
«Si finalmente se termina por prohibir el tabaco en las terrazas», comenta Mariano Urraco, «los fumadores tendrán que adaptarse y no fumar en sus reuniones sociales o moldear su costumbre». Cuando se prohibió fumar en el interior de los locales, se generó un nuevo escenario de socialización, que fue la puerta del bar. Está por ver cuál es el texto final de la nueva ley y la profundidad del cambio en el comportamiento social que origina.
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Mínimo histórico de fumadores
Habida cuenta del clima político actual, parece imposible que una ley como la que entró en vigor en 2011 —polémica y, en aquel momento, controvertida— reúna el consenso necesario, pero Mónica García aspira a ello y lo cierto es que por el momento parece que hay una cierta predisposición a negociar. «La salud es un factor aglutinante en la política«, explica: «Y no entendemos que haya partidos políticos que puedan llegar a ponerse del lado de quien quiere seguir intoxicando a la población».
Tal y como explica Manuel Sánchez en su libro, Trinidad Jiménez consiguió rápidamente el favor de Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) y de Gaspar Llamazares (IU) para que dieran apoyo a la reforma del 2010-2011. Lo de convencer al Partido Popular fue un poco más difícil. Sin embargo, Jiménez se entendió bien con Soraya Sáenz de Santamaría y con Ana Pastor y estas convencieron a su vez a Mariano Rajoy. Zapatero, que era fumador, había pedido a su por aquel entonces ministra de Sanidad un consenso parlamentario de entre el 60% y el 80% para promover la iniciativa. Con el sí del PP, esos parámetros se cumplían, así que la ley fue enseguida al Consejo de Ministros y más tarde al Congreso de los Diputados.
Con Trinidad Jiménez ya como ministra de Exteriores tras una crisis de Gobierno de Zapatero, la reforma terminó viendo la luz con Leire Pajín al frente de Sanidad. Pasados los años, Pajín recuerda que muy pronto empezaron a mejorar los datos de hospitalización por motivos cardiovasculares. Una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria publicada en 2012 (meses después de su aplicación) cifraba en un contundente 82% el apoyo de los españoles a la ley antitabaco.
Las cifras de fumadores son las más bajas de la historia
La encuesta EDADES 2024, publicada en este caso por el Ministerio de Sanidad, arroja unos datos también muy significativos. Solo un 25,8% de los españoles consume hoy tabaco de forma diaria, la cifra más baja desde que hay registros (1995). Un estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 refleja la caída drástica del consumo de cigarrillos. En 2013, en España se consumieron 29.905.200 cigarrillos. En 2023, 16.274.280.
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El final de esta legislatura decidirá si España sigue en la senda del progreso en términos de salud con la puesta en marcha de la nueva reforma. Por el momento, la propuesta está todavía lejos de llegar a la Cámara Baja, pero no es descartable que 2026 sea otro año para el recuerdo en términos de antitabaquismo.
En una suerte de memorias políticas (A calzón quitao), Alejandro Fernández, actual líder del PP en Catalunya, preguntaba a los lectores si consideraban una coincidencia que Ciudadanos y Vox, partidos escindidos de la derecha, se forjaran en Catalunya y Euskadi. Él, contrario a creer en casualidades, celebraba el éxito de partidos conservadores que rechazan sin ambages los acuerdos con formaciones nacionalistas. El discurso duro es lo que había hecho a estas formaciones florecer y él defiende ese mismo enfoque para su partido, en una disputa interna permanente entre acercarse o no a Junts y PNV.
Sin embargo, las últimas encuestas en Catalunya dejan en mal lugar al Partido Popular catalán. La irrupción de Aliança Catalana (AC), fuerza de extrema derecha independentista, y el crecimiento de Vox colocan a los populares en una posición de debilidad al convertirse en el partido de ese ámbito ideológico con menos fuerza en el Parlament. A pesar de haber logrado cierta estabilidad y haber recuperado sus números históricos (actualmente cuenta con 15 escaños), en 2017 y 2021 rozó su desaparición y sobrevivió con 4 y 3 escaños, respectivamente. Sus vaivenes y la aparición de fuerzas que superan en radicalidad al PP, sumado al perfil del votante de la formación de Alejandro Fernández, lleva a preguntarse por el futuro del PP en Catalunya, que actualmente gobierna tan solo en cinco alcaldías (Badalona, Castelldefels,
Gimenells i el Pla de la Font, Pontons y Monistrol de Montserrat) de las 947 que hay en total. Uno de esos alcaldes, Dante Pérez, se dio de baja del partido tras conocerse las negociaciones entre PP y Junts para investir a Alberto Núñez Feijóo.
La línea dura y el discurso radical impuestos por Fernández han sido claves para la supervivencia del PP, pero ahora vuelve a estar en tela de juicio. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) reveló que el votante popular se conforma fundamentalmente por personas mayores y no es capaz de conquistar el voto joven. Xavier Calafat, politólogo de la Universitat de València ligado a la política catalana, prevé un futuro complicado para el PP en Catalunya: «No tiene un espacio sociológico de crecimiento, ha perdido la capacidad de incorporar votantes. Vox y AC están impulsados por un voto anti establishment, hay una rebelión entre el votante y ven que el PP es demasiado débil», asegura a Público. Las aspiraciones de la ciudadanía conservadora dejan al PP en fuera de juego, falto de credibilidad cuando intenta el discurso antisistema.
El PP tiene una de las fidelidades más bajas (65%) observadas en el campo de la derecha en el último CEO, solo más alta que la de Junts (60%), mientras Vox (85%) y Aliança Catalana (87%) cuentan con las más altas. El último barómetro apunta que Vox le quita un 10% de sus votantes, el PSC un 5% y Aliança Catalana otro 5%.
El voto por edad en los partidos de derechas, según el último CEO
La marca PP sufre mucho en Catalunya, comunidad a la que impuso el artículo 155 de la Constitución durante el procés y contra la que promovió el encarcelamiento de sus líderes independentistas. Y esas acciones pueden haber dictado el futuro de la formación. «El PP es un partido muy mal valorado en Catalunya y eso es algo que ha ido avanzando con el tiempo. En los últimos tiempos ha habido algo de mejora, y hay indicadores de que un perfil hooligan les aguanta el espacio, pero no son capaces de crecer, porque el votante se va a la extrema derecha. Si votas al PP, votas a una derecha elitista, y en cierta forma, ese elitismo que transmite el PP no lo transmiten ni Aliança ni Vox», explica Calafat.
¿Futuros entendimientos con Aliança Catalana?
Julia Miralles, doctora en Ciencia Política y profesora universitaria, denota un cambio de perfil en el electorado conservador catalán, un síntoma que en realidad forma parte de una internacional reaccionaria que afecta a todo Occidente: «Cada vez vemos un electorado más vinculado a la derecha antidemocrática, contrario a las instituciones y favorable a las teorías de la conspiración», apunta. Esa aparición provoca que los partidos tradicionales de derechas adopten la agenda ultra, con consecuencias negativas para su futuro: «Ante la copia, todo el mundo elige lo original y el PP intenta competir en un espacio donde la extrema derecha crece. Y hay una parte del electorado conservador, tradicional y democrático que está huérfano de referentes», considera Miralles, que aunque reconoce que «el PP siempre ha tenido muchos problemas» para gustar entre los catalanes, «ahora empieza a verse que no tiene un espacio claro».
El actual votante del Partido Popular tiene un perfil muy evidente: «Tiene una identidad española muy fuerte, claramente a favor de la unidad de España, pero un votante socializado políticamente con el esplendor que trajo al partido José María Aznar. Es entre esos votantes de mayor edad donde más fuerza tiene. De hecho, Vox y Aliança no calan entre la población mayor, pero la gente mayor aún se decanta por el bipartidismo. Da la sensación de que los votantes ultras son muy anti establishment, y los del PP aún son más racionales», analiza Calafat tras los últimos sondeos.
La politóloga Miralles constata cómo el enfoque centrista ha perdido fuerza en el PP catalán. Y, lejos de una supuesta distancia o brecha que pueda haber entre Aliança Catalana y el PP por sus diferentes enfoques nacionalistas, cree que la necesidad se convertirá en virtud y habrá alianzas si eso habilita la posibilidad de gobernar. «Cuando hablamos de la propuesta social y económica, Vox, Aliança Catalana y Partido Popular tienen mucho en común. Silvia Orriols (líder de AC) ha dicho que está en contra del sistema de pensiones, y eso es un discurso neoliberal que vemos en Vox y PP. Puede parecer difícil un entendimiento, pero no dejan de ser proyectos excluyentes que promueven los intereses de las grandes empresas y fortunas», zanja la experta.
Más de un año después de la DANA del 29 de octubre de 2024 y tras el relevo de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat por Juanfran Pérez Llorca, la movilización de las asociaciones de víctimas y la sociedad civil valenciana no cesa. Así, cada mes, verano o Navidad (como es ahora el caso de este sábado, 27 de diciembre), València vive una nueva convocatoria de protesta.
Si el lema de las primeras manifestaciones era «Mazón dimisión» y Mazón ya ha dimitido, ¿por qué, pues, continuar la protesta? Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, explica que «aunque se ha conseguido que Mazón dimita, el gobierno de Pérez Llorca continúa con las mismas políticas negacionistas del cambio climático y en él continúan también cargos con responsabilidades el 29 de octubre de 2024″.
«Continúan los mismos cargos y las mismas políticas de negacionismo climático»
«Carlos Mazón continúa con el acta de diputado, y, por lo tanto, aforado y cobrando de los valencianos y las valencianas; y, además, premiado con la portavocía de una comisión que no se convoca desde hace años, para cobrar un sobresueldo sin trabajar», dice la representante de las víctimas.
El lema de la protesta ha mutado a «Mazón a prisión«. Desde las organizaciones convocantes exigen que Mazón entregue el acta de diputado y se ponga a disposición de la jueza de Catarroja que instruye la causa. Asimismo, instan a Pérez Llorca a reclamársela y a expulsarlo del grupo, en caso de no acatar la exigencia.
Carbón para Mazón, Pérez Llorca y los consellers
Las principales asociaciones de víctimas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que convocan las movilizaciones se han pronunciado nuevamente esta semana durante la rueda de prensa celebrada el pasado martes frente a Les Corts, donde han entregado simbólicamente carbón a Mazón, a Pérez Llorca y a los consellers que siguen en el cargo desde la DANA, Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, ya que «antepusieron otras prioridades a la vida de los valencianos y las valencianas».
La manifestación de este sábado será la número 15 que se convoca para exigir responsabilidades políticas por la gestión negligente de la DANA. Ahora hace un año, también durante la Navidad, se produjo una de las movilizaciones clave. El 9 de noviembre las calles de València se llenaron, menos de dos semanas después de la tragedia, con los pueblos afectados aún llenos de fango y el transporte público sin funcionar. En Alacant, Elx o Castelló se celebraron también grandes manifestaciones.
Las asociaciones de víctimas y entidades convocantes de la protesta entregan frente a Les Corts simbólicamente carbón a Mazón, Pérez Llorca y los consellers de la DANA.
Para el 29 de noviembre, justo un mes después de la catástrofe, se repitió la misma imagen, con València llena de manifestantes. Asimismo, una semana antes también se había celebrado una protesta centrada en la educación que estaba convocada con anterioridad. Pero se puede decir que fue la nueva movilización en diciembre, en plena Navidad, la que confirmó que la protesta no era flor de un día y que no pararía de llenar las calles hasta conseguir sus objetivos.
«La sociedad no puede pasar página sin las víctimas»
Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de las principales entidades sociales que forman la plataforma convocante, explica que su «objetivo sigue siendo el mismo que el primer día: acompañar a las víctimas, estar a su servicio y responder a sus peticiones. Y lo que piden es que la sociedad no olvide«.
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Así, «la sociedad no puede pasar página, si las víctimas no pueden: hay que luchar porque no se repita la misma historia que con el accidente de metro, con una dimisión en falso de Mazón, que sigue aforado y con un sobresueldo en una comisión que no se convoca y con un PP que lo sigue protegiendo».
Para Oliver, «nos encontramos con un PP, con su presidente al frente, que sigue falseando y mintiendo y, cada día que pasa, siguen apareciendo nuevas informaciones que demuestran todas sus mentiras, como ha sido el caso con las conversaciones de WhatsApp con Mazón del día de la DANA que Alberto Núñez Feijóo ha entregado a la jueza, una entrega parcial y en el último día antes del periodo de vacaciones judiciales, con unas conversaciones mutiladas y en las que se pretende eludir las responsabilidades«.
Además, Oliver valora que «sigue habiendo problemas que es impensable que continúen en una sociedad occidental un año después, como la poca transparencia con la gestión de las donaciones ciudadanas para ayudas de la DANA, las escuelas en barracones, las personas de movilidad reducida sin ascensores, el alcantarillado que sigue sin arreglarse y se satura cada vez que caen cuatro gotas…».
Por todo ello, Oliver concluye que «es una burla para las víctimas, pretender que ya se ha acabado todo con una dimisión fakede Mazón».
Rut Moyano, miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Benetússer y del Acord Social València, coincide en el diagnóstico y advierte de que «Pérez Llorca representa las mismas políticas de muerte que Mazón» y por ello la protesta no cesará. Señala que no quieren «estar gobernados por negacionistas del cambio climático ni seguir en manos de quienes están haciendo negocio con la reconstrucción y olvidando la reconstrucción social de las comarcas: solo hace falta pasearse por los polígonos o los centros comerciales para ver cómo hay sectores que han vuelto a la normalidad, mientras en los pueblos se sigue sin disponer de espacios de socialización necesarios para una vida digna, como instalaciones deportivas, auditorios, escuelas de música, centros de salud, actividades culturales, etc.».
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«Pérez Llorca representa las mismas políticas de muerte que Mazón»
Moyano añade que «las infraestructuras que facilitan que el tejido económico se reactive sí que están en marcha, pero las infraestructuras que ayudan a recuperarse de la tragedia siguen paradas y sigue habiendo niños en barracones sin que haya previsión de que las escuelas se reconstruyan». Es decir, para Moyano «esta reconstrucción, que se está haciendo a espaldas de los vecinos y las vecinas, es una reconstrucción que no sirve, porque se está volviendo a reproducir el mismo modelo que había antes de la DANA, que ya se ha demostrado que es un modelo que no funciona y que causa muertes«.
Frente a ello, Moyano valora que se «necesita una reconstrucción que priorice siempre la seguridad de las personas que viven en estas comarcas, y, en este sentido, es necesario un proceso de deconstrucción y de renaturalización, lejos de la reconstrucción del hormigón y el ladrillo que están imponiendo».
Proyectos de recuperación social en peligro
La protesta social vinculada a la gestión de la DANA no frena el sábado 27, sino que tiene una continuidad cotidiana. Como todos los meses. Así, el lunes 29 de diciembre habrá también una manifestación en Alfafar, en el barrio de Orba, el Parque Alcosa, uno de los barrios con menos renta per cápita del Estado, convocada por la coordinadora de colectivos para denunciar los impagos de la Generalitat a proyectos sociales de recuperación de la vida del barrio tras la DANA y que, según los convocantes, ponen en riesgo proyectos como el supermercado popular o los centros infantiles y de jóvenes.
Para Rut Moyano, se trata de «ataques que van más allá de la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, ya que son ataques a todo el tejido social de la comarca, a toda la ciudadanía organizada, que fue clave para salvarnos en las horas y días posteriores a la tragedia, a toda una agrupación de vecinos que es capaz de organizarse y dar una respuesta con alternativas sociales, políticas y económicas que rompen completamente con las políticas que se imponen desde el ayuntamiento de Alfafar o la Generalitat».
En
su último mensaje de Navidad antes de su abdicación, cuando la
crisis financiera ya había hecho migas el tejido productivo de
España, destruido la economía familiar de millones de hogares y
puesto el sistema bancario al borde del concurso de acreedores, el
entonces rey Juan Carlos de Borbón apareció en televisión apelando
a «la fuerza de la familia» para superar el bache. Criticó duramente «los casos de falta de ejemplaridad en la
vida pública» que habían dañado, según él, «el
prestigio de la política y de las instituciones» que debían
sacar al país del agujero.
«La salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento
ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes», dijo
solemnemente en su discurso en la Nochebuena de 2013.
Todo el mundo interpretó entonces
que se refería a la trama
corrupta del PP que desvelaron los papeles de Luis Bárcenas. Porque
por entonces
aún no se sabía que él, el monarca, también tenía
cuentas en Suiza a través de una fundación con ánimo de lucro, ni
que el año anterior le había regalado
a una de sus
amantes
65 de los 100 millones de euros que había recibido del rey de Arabia
Saudí, tras mediar
desde su cargo de
jefe del Estado español en
la construcción de una línea de AVE en ese país. Era
la misma amante con la que un año antes se había ido a cazar
elefantes a Botsuana mientras la crisis
de deuda amenazaba de quiebra a
España. Aún así, en su
mensaje navideño de 2013, el
último antes de abdicar,
Juan Carlos I insistió
en la relevancia
de la familia y de
la ética política: «Asumo
las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la
sociedad».
El
sucesor del
hoy exrey, Felipe de Borbón, que era uno de los beneficiarios de aquella
fundación paterna y
que no renunció a la herencia de su padre hasta que se hizo pública la
existencia de
su fortuna opaca al fisco,
ha mantenido la tradición del mensaje navideño que
su progenitor, a
su vez, había
copiado
del mensaje de año viejo
con el que Francisco Franco aleccionaba al
país desde 1938, por radio primero y después
por televisión. Como
ellos, el
actual jefe del Estado, que
este 24 de diciembre cumplirá doce discursos navideños, aparece
en pantalla
con cuidada escenografía
y apariencia
de auctoritas amable, de legítima superioridad moral y presunta cercanía
a los problemas que
cada año la Corona intuye como prioridades
ciudadanas. Con
una salvedad, como
también ocurría con su padre:
suceda lo que suceda, el leit motivsiempre
es la defensa del establishment político y
económico que sostiene a la monarquía,
sin reconocimiento expreso de sus errores, escándalos y corruptelas
ni mención alguna, nunca, a las víctimas de la dictadura de la que
proviene.
2014. Crisis, Corona y corrupción .
En diciembre
de 2014,
el año del primer discurso de Nochebuena de Felipe VI como jefe del
Estado tras
la abdicación de Juan Carlos I, España
sigue en crisis con cerca del 24% de paro mientras los
recortes están
minando la cobertura social. El
movimiento político surgido alrededor del 15M, de cariz republicano, se
consolida
como alternativa al
bipartidismo y a una
clase política que la ciudadanía intuye sistémicamente corrupta, empezando por la Corona. El
rey lanza ese año mensajes encadenados que recogen
esa denuncia pero
sin apuntar, ni insinuar siquiera, a
su padre, que
sigue cobrando un sueldo público, ni a su hermana Cristina de Borbón y a su marido,
imputado por varios delitos fiscales y de blanqueo:
«Las conductas que se alejan del
comportamiento que cabe esperar de un servidor público, provocan,
con toda razón, indignación y desencanto (…) Necesitamos una
profunda regeneración de nuestra vida colectiva (…) Debemos cortar
de raíz y sin contemplaciones la corrupción (…). La honestidad
de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra
convivencia». Felipe VI pide a los ciudadanos «recuperar la
confianza», y, como era habitual en los mensajes de su
progenitor, defiende la Constitución como «la garantía de una
convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad». Por
primera vez en la historia de los mensajes reales, el rey se despide
en las cuatro lenguas oficiales: «Feliz navidad, Eguberri on,
Bon nadal, Boas festas».
Felipe VI, en su primer mensaje de navidad en la nochebuena de 2014.
2015. La amenaza de una ruptura.
El
domingo 20 de diciembre de 2015 se celebran elecciones generales.
Podemos, que ha aglutinado buena parte del descontento social de los
últimos años, obtiene 69 escaños, por 123 del PP, 90 del PSOE y 40
de Ciudadanos. La izquierda alternativa no sólo propone un cambio de
ciclo, sino de sistema político, que incluye el fin de la monarquía.
Cuatro días después de los comicios, el rey enarbola la defensa de ese sistema con críticas veladas a cualquier proyecto que lo cuestione,
como si la victoria de la izquierda (PSOE más Podemos) en votos y en
escaños sobre la derecha (PP más Ciudadanos)
no fuera democrática:
«La
ruptura de la ley, la imposición de una idea o de un proyecto de
unos sobre la voluntad de los demás españoles, solo nos ha
conducido en nuestra historia a la decadencia, al empobrecimiento y
al aislamiento. Ese es un error de nuestro pasado que no debemos
volver a cometer», advierte,
para añadir: «Debemos desterrar los enfrentamientos y los rencores«. En
años posteriores, Felipe VI volverá a utilizar en sus discursos
navideños el término «rencor» en aparente alusión a las
demandas de reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas
de la dictadura.
2016. Recortes y «heridas cerradas».
Lo
hace un año después, lo
de usar el término «rencor«, en
la Nochebuena de 2016. Casi
al final de su discurso
se postula por construir una
España «de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite
viejos rencores o abra heridas cerradas«.
Se
han
repetido las elecciones
generales en
junio, y el PP de Mariano Rajoy (137 escaños) ha logrado mantenerse
en el poder gracias al apoyo de Ciudadanos (32), frente al PSOE (85),
cuya cúpula ha
echado a su líder –Pedro Sánchez–, y Unidos Podemos (71). La amenaza
de la ruptura política se aleja por
la izquierda y Felipe VI
ofrece y demanda calma: «Hemos
superado una compleja situación política que conocéis bien.
Es importante ahora que
en nuestra sociedad se haya recuperado la
serenidad», afirma.
La ruptura, sin embargo, se
acerca por Catalunya, donde Carles Puigdemont, nuevo president de la
Generalitat, avanza en el procés
hacia el referéndum de independencia, contra el que el rey clama en su mensaje, entre líneas pero de forma nítida a ojos de la mayoría de analistas: «Tampoco
son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o
desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los
españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las
normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva,
primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven
nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad».
2017. Catalunya y, por primera vez, violencia de género
El
referéndum de independencia se ha celebrado el 1 de octubre entre
cargas y represión policial que lo conducen al fracaso, pero el
Parlament de Catalunya declara la independencia el 27 de ese mes y eso provoca que
el Gobierno de Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución
para intervenir la Generalitat y destituir a Puigdemont y a todo su
gabinete. Menos de dos meses después, Catalunya centra el discurso
de navidad del
rey, al que las fuerzas
soberanistas acusan de abandonar su obligada equidistancia
institucional para situarse del lado de quienes se opusieron a la
consulta. El monarca les
acusa de querer «imponer
las ideas propias frente a los derechos de los demás» y
de optar por el «enfrentamiento» y la «exclusión», que, a
su juicio, «solo
generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral,
cívico y –por supuesto– económico de toda una sociedad».
Unos
meses antes, la Audiencia Nacional ha condenado a su
cuñado por varios delitos de
corrupción, pero Felipe VI no se
refiere él en su mensaje y solo se
limita a constatar, en una línea, que la
corrupción
se mantiene «como una de las principales preocupaciones de la
sociedad española». Por primera vez desde que fue coronado, sí habla expresamente de
la violencia de género, «una lacra inadmisible (…) criminal y
cobarde».
Juan Carlos de Borbón: «La salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes»
2018. 8M, nuevas generaciones y memoria democrática
El
8 de marzo de 2018 se celebra el primer paro internacional de
mujeres, una huelga con un seguimiento masivo en España que la
Corona intuye como una referencia de enorme malestar social como no se conocía desde el 15M, y
que lleva al rey a citar a la violencia contra las mujeres en las
primeras líneas de su mensaje de Nochebuena, para lamentarla en
plural mayestático: «Merece
siempre nuestra repulsa y condena más enérgica». El
31 de mayo, Pedro Sánchez ha desbancado a Mariano Rajoy con
una moción de censura tras la sentencia que condena al PP por el caso Gürtel, pero, paradójicamente, este es el año en que el monarca
dedica menos espacio de su mensaje a condenar la corrupción: le sigue «preocupando, por supuesto, muy seriamente».
La mayoría de su discurso se dirige a promocionar
la Constitución ante las nuevas generaciones, a las que insta a
defender «los ideales» de la transición, que identifica
con el diálogo y el consenso, frente, de nuevo, al «rencor y el
resentimiento» que forman parte de «la peor historia»
de España.
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2019. El discurso neoliberal.
La
condena al «rencor» también está presente en el discurso
del 24 de diciembre de 2019, que, como todos los mensajes navideños
de Felipe VI, se centra sobre todo en defender el sistema político y
económico establecido. Si en años anteriores el rey esgrimió
argumentos clásicos del relato neoliberal, como definir los recortes
sociales como «sacrificios necesarios» por la crisis o
alabar la ética del esfuerzo como garantía de ascenso social, en
este se esmera en identificar las desigualdades sociales y de
género no como un efecto
estructural del sistema sino como un consecuencia derivada de la
crisis, para defender las benevolencias de aquél:
«Vivimos en un
Estado social y democrático de derecho que asegura nuestra
convivencia en libertad y que ha convertido a España en un país
moderno, con prestaciones sociales y servicios públicos esenciales
como en educación y en sanidad»,
dice. Las elecciones generales de noviembre han disparado a
Vox (52 escaños) pero hundido al PP (89) y a Ciudadanos (10); y Pablo Iglesias, líder de Podemos, la referencia del discurso
republicano en la política nacional, asoma como vicepresidente de
Pedro Sánchez en las negociaciones para formar Gobierno. El rey se
refiere a ellas y reclama: «No debemos caer en los extremos
(…) ni en una autocrítica destructiva».
El Rey emérito Juan Carlos I durante las regatas de Sanxenxo.
2020. Pandemia y fuga.
Ha transcurrido un año trágico, con decenas de miles de fallecidos
por el
covid-19 y
la economía derrumbándose de nuevo por el confinamiento, que ha
obligado al cierre de empresas y negocios y ha paralizado el comercio
mundial. A finales de diciembre se atisba algo de luz al final del
túnel, pero el jefe del Estado aún habla en términos de tragedia
colectiva. Se refiere a profesionales, empresas y trabajadores,
especialmente sanitarios, para lanzar alabanzas conjuntas; a
la investigación, la ciencia y la «responsabilidad individual», pero
no dedica ni
una línea en defensa expresa de
la sanidad pública como
constructo común que ha permitido salvar miles de vidas. Además
del reto sanitario, Felipe
VI habla
de la
necesidad de idear soluciones para evitar
que la crisis económica «derive en una crisis social», pero,
de nuevo, sin una palabra sobre las medidas económicas –los EREs,
el escudo social– adoptadas por el Gobierno de coalición (PSOE más Unidas Podemos) que se había formado
a principios de año, sólo dos meses antes de la emergencia
sanitaria. En diciembre, las restricciones para prevenir el contagio
del virus limitan a seis el número de personas permitido en las
celebraciones navideñas, pero en
la familia real serán uno menos, pues en agosto Juan Carlos de
Borbón se ha fugado a Abu Dabi huyendo
de sus escándalos de corrupción. Pese a la polémica que el caso
levanta en
todo el país,
el rey no se refiere a su padre en
su discurso de diciembre,
ni a su propia condición de beneficiario de su fortuna oculta, a la
que se ha visto obligado a renunciar pocos meses antes, cuando salió a la luz. Se
limita a decir que «los
principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman (…) están
por encima de cualquier consideración (…)
incluso de las personales o familiares», y
que eso demuestra «el
espíritu renovador que inspira» su reinado.
2021. Las vacunas de las infantas
El
volcán de la Palma entra en erupción en septiembre y el rey empieza
su mensaje de Navidad tres meses después con cariñosos recuerdos a
los afectados. Pero el 2021 ha sido el año del principio del fin de
la pandemia y el monarca lo celebra: «Hemos avanzado
sustancialmente en la
lucha contra la pandemia gracias al descubrimiento y autorización de
las vacunas», proclama.
En
marzo ha trascendido que sus hermanas, Elena y Cristina de Borbón,
habían volado a Abu Dabi,
y que allí, junto
a su padre, el
exrey Juan Carlos, habían aprovechado
para vacunarse contra la covid-19, saltándose así las listas de espera que en España priorizaban a los
grupos de riesgo, especialmente a las
personas mayores. El
rey no se pronuncia sobre
ello,
pero sí critica a «las instituciones» del Estado –además
de la Corona, que él ostenta, son el Gobierno, el Poder Judicial y
las Cortes– , y les reclama «respetar
y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral«.
2022. Ucrania y la erosión institucional.
«Cuando
creíamos haber superado lo peor de la pandemia (…)
en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania». Felipe
VI empieza
su discurso de 2022 condenando
la invasión y sustentando el discurso armamentista –»Nuestra
seguridad también se ha visto afectada»–, aunque
también, por primera vez tan directamente, el de la
protección
social: «Encender
la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba
siendo una fuente de preocupación e implica –en muchos casos–
importantes sacrificios personales y familiares. Porque, en
efecto, hay familias que no pueden afrontar esta situación de una
manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes
públicos«. En el orden político interno, con Alberto Núñez Feijóo recién
aupado al liderazgo del PP, el monarca se refiere a los que considera
los riesgos más graves a los que se expone el país:
la «división», el «deterioro de la convivencia»
y, de nuevo, «la erosión de las instituciones», a las que
pide que «sean un ejemplo de integridad y rectitud«. Su
padre, que forma parte de la familia real, sigue en Abu Dabi, aunque en
mayo de
2022 ha
vuelto a España para regatear en Sanxenxo (Pontevedra),
donde ha
contestado con displicencia a los periodistas que le preguntaron si
iba a aprovechar
la visita para explicar
sus fraudes a Hacienda: «¿Explicaciones, de qué?».
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Felipe de Borbón: «Las conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar de un servidor público provocan, con toda razón, indignación y desencanto»
2023. La Constitución, medio y fin
Las visitas de Juan Carlos desde Abu Dabi se hacen cada vez más
frecuentes –media docena de veces en un año–, una vez que han
sido archivadas, bien por prescripción de los delitos, bien por la protección
constitucional de su figura, las causas contra él. Su presencia, sin
embargo, desarma una y otra vez los intentos de Felipe VI por
recuperar la imagen de la Corona. En su discurso de Nochebuena de
2023, el monarca arranca reconociendo la preocupación por «las
dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de
muchos españoles», así como por el empleo, la sanidad, la
calidad de la educación, el precio de los servicios básicos,
la violencia contra la mujer y, por primera vez, «el acceso a la
vivienda» y las pensiones –»un retiro digno», las
llama–. Lo hace para vincular la defensa de esos logros a la de la
propia Constitución, que, además de consagrar la monarquía,
representaría no sólo «un valor democrático» en sí sino un
«instrumento» de garantía del bienestar colectivo.
2024. Ni rastro de Gaza
La
DANA ha arrasado València hace dos meses y en la Nochebuena de 2024
Felipe VI se dirige en primer lugar a sus víctimas para decirles que
entiende «la
frustración, el dolor, la impaciencia y
las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las
administraciones». Intencionadamente
o no, eso aproxima
su discurso al de
quienes usaban
idéntico
argumento para liberar
de responsabilidad al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos
Mazón. El rey también
habla de inmigración y de integración; de la democracia liberal y
de la Constitución; del paro y la vivienda; la
pobreza y la exclusión
social; Europa e Iberoamérica.. Y
de las amenazas sobre
el multilateralismo y la universalidad de los derechos humanos,
aunque
sin citar ni una vez a Estados Unidos y a Donald Trump ni al Netanyahu y al exterminio planificado por
Israel en Palestina, a pesar de que a finales de 2024 el genocidio ya acumulaba más muertos civiles inocentes que la
invasión rusa de Ucrania, que el
jefe del Estado sí condenó
expresamente. También se
dirige con orgullo a la
juventud española, que acudió «en masa» a València para
socorrer a las víctimas de la DANA y que, a la vez «ha hecho brillar nuestro nombre en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos y en la última Eurocopa».
El experimento de Alberto Núñez Feijóo ha fracasado en Extremadura. El PP, que pretendía librarse del yugo de la ultraderecha y gobernar con mayoría absoluta la Junta extremeña, seguirá dependiendo del partido de Santiago Abascal. Con el 99% de los votos escrutados, María Guardiola tendrá que negociar con los ultras si quiere formar Gobierno y sacar adelante los Presupuestos y demás leyes en la Asamblea de Mérida. En Vox se frotan las manos, pues el PP tendrá que escuchar sus exigencias también en Extremadura, tal y como ya ha sucedido en el País Valencià.
El PP ha mejorado ligeramente sus resultados de mayo de 2023. Guardiola tan solo ha aumentado en uno el número de diputados en la asamblea autonómica, logrando 29. Con casi el 100% escrutado, el PP ha obtenido 228.300 votos, un 43,18%. En 2023 los populares lograron 28 diputados y 236.235 votos el 38,84% del apoyo total.
Vox, por su parte, es el otro ganador de la noche. La candidatura liderada por Óscar Fernández Calle logra 11 escaños en la Asamblea regional, con 89.360 votos y el 16,90%. En 2023 tan solo tenía cuatro representantes, cuando había obtenido 49.400 papeletas, el 8.12%. La ultraderecha obtiene unos resultados espectaculares en Extremadura y tendrá la llave del Gobierno y de la próxima legislatura.
La noche electoral lanza otros titulares que llevan las miradas, inevitablemente, al PSOE. Miguel Ángel Gallardo ha cosechado los peores resultados históricos del socialismo en Extremadura. Unos resultados que tendrán consecuencias en Ferraz, pues los comicios extremeños son el arranque de un ciclo electoral que se prolongará en los próximos meses en Aragón (8 de febrero), Castilla y León (marzo) y Andalucía (durante el primer semestre de 2026).
El PSOE se hunde hasta los 18 diputados, pierde una decena de representantes autonómicos, al conseguir 136.017 votos y el
25,72%. En mayo de 2023, el PSOE ganó las elecciones en Extremadura, obteniendo 28 escaños, 242.659 papeletas y el 39.9% del total de votos. Es el peor resultado del partido en este feudo histórico del socialismo y las consecuencias trascienden Extremadura y resuenan con fuerza en Moncloa y Ferraz. La candidatura de Gallardo, procesado por tráfico de influencias, ha supuesto un auténtico fracaso.
El respiro para el bloque progresista ha llegado por parte de Unidas por Extremadura. La candidatura liderada por Irene de Miguel ha obtenido el mejor resultado histórico de la izquierda alternativa en la región. Ha obtenido siete diputados (tres más que hace dos años), 54.189 papeletas, el 10,25% del total. De este modo, el proyecto de unidad entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde lanza un mensaje a las izquierdas a nivel estatal, en pleno proceso de reconfiguración de cara al ciclo electoral que acaba de arrancar.
Derechización de la sociedad
Los resultados provisionales muestran una clara derechización de la sociedad extremeña con respecto a las elecciones celebradas hace dos años. El Parlamento queda escorado hacia las posiciones conservadoras y reaccionarias. En estos momentos, la suma de PP y Vox sumaría 40 escaños de los 65 que reúne la cámara extremeña. Por su parte, las opciones progresistas tan solo sumarían 25.
La variación es llamativa, teniendo en cuenta el empate casi técnico con el que quedó dibujado el reparto de diputados y diputadas hace dos años, cuando PP y Vox sumaron 33 representantes, mientras que PSOE y Unidas por Extremadura reunieron a 32.
Las dos provincias
Por provincias, en la circunscripción de Cáceres el PP ha logrado 13 diputados, mientras que el PSOE tan solo ocho. La ultraderecha de Vox ha llegado hasta los cinco diputados. Por su parte, Unidas por Extremadura ha obtenido tres representantes cacereños.
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Hace dos años, la provincia de Cáceres repartió 13 escaños para el PP, que quedó como primera fuerza política al obtener 91.915 votos, 40.24% del apoyo en la provincia. La segunda posición fue para el PSOE, que obtuvo 86.080 papeletas, el 37.69%, y 12 representantes. Vox logró dos diputados por Cáceres, al conseguir 19.238 sufragios, el 8.42% del total provincial. También obtuvo 2 asientos en esta provincia Unidas por Extremadura, que sumó 13.833 votos, el 6.05%.
En cuanto a la provincia de Badajoz, el PP también ha ganado las elecciones obteniendo 16 escaños, uno más que hace dos años. El PSOE se ha dejado seis por el camino y sentará a 10 representantes pacenses en la asamblea autonómica. Vox ha logrado seis diputados en esta circunscripción, el doble que en 2023. Unidas por Extremadura, por su parte, saca cuatro diputados en Badajoz, también el doble que en 2023.
En aquella ocasión PSOE ganó, en esta circunscripción, las elecciones, consiguiendo sentar en el Parlamento de Mérida a 16 representantes socialistas, los cuales obtuvieron 156.579 votos, el 41.23% del total. El PP, obtuvo 15 diputados pacenses, con 144.320 papeletas, el 38% del apoyo total provincial. El partido ultraderechista consiguió tres asientos por Badajoz, al lograr 30.162 votos, el 7.94%. Por último, Unidas por Extremadura obtuvo dos diputados, con 22.546 sufragios, el 5.93%.
Los principales municipios
Los buenos resultados del PP se reflejan también en cómo ha quedado el marcador en los principales municipios de la comunidad autónoma. Tanto en la capital de la región, Mérida, como en las dos capitales provinciales, Cáceres y Badajoz, la candidatura de Guardiola ha sido la más votada con mucha diferencia. También en otros municipios relevantes como Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena o Navalmoral de la Mata.
Así, en la capital cacereña el PP ha logrado más de la mitad de los sufragios, el 50,05%, mientras que el PSOE tan solo ha logrado el 16,46%, quedando muy cerca de Vox (14,8%) y Unidas por Extremadura (13,5%). Llama la atención los resultados en Badajoz. En la capital pacense el PP consiguió un 46,34% de los sufragios y la segunda fuerza es Vox, con un 20,81% de los votos. El PSOE quedó relegada a la tercera fuerza política de la ciudad, con tan solo el 16,64% del apoyo. También en Almendralejo y en Navalmoral de la Mata la ultraderecha ha quedado como segunda fuerza, por delante del PSOE.
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En Mérida, el PP también obtuvo unos buenos resultados con el 42,07% de los votos. En la capital regional el PSOE tan solo ha logrado el 21,44% de los votos, la mitad que el PP. Y los socialistas están seguidos de cerca por Vox, que ha logrado el 17,9% del apoyo del electorado.
Este domingo se celebran las duodécimas elecciones de Extremadura desde la reinstauración de la democracia. Los primeros comicios autonómicos se celebraron en 1983 y desde entonces y durante cuatro décadas la comunidad se había acostumbrado al dominio del PSOE. Diez victorias de los socialistas, la mayoría con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente, por tan solo una del Partido Popular en 2011, con José Antonio Monago. En las elecciones de 2023 también ganaron en votos los socialistas, esta vez con Guillermo Fernández Vara, pero el empate en escaños hizo que Vox tuviera la capacidad de desempate y María Guardiola formó el hasta ahora segundo gobierno popular en la región.
La campaña electoral de este 21D ha pivotado sobre pocas ideas, sin medidas concretas para Extremadura y con cierto eco en clave nacional: la imputación de Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, en la causa de David Sánchez, hermano del presidente; el optimismo de Vox, disparado en las encuestas y a las puertas de un nuevo reventón histórico en votos; el alarmismo de Guardiola al clamar por un supuesto pucherazo tras el robo de 124 votos en una oficina en Correos, despertando su lado más trumpista; el efecto dominó que Feijóo confía empezar en Extremadura, dado que ha orquestado un calendario de elecciones autonómicas que pretende que encadenen victorias y añadan más presión a Sánchez.
El CIS pronosticó una victoria holgada de Guardiola, que incluso sueña con alcanzar la mayoría absoluta, la primera que el PP lograría en Extremadura. Ningún sondeo predice otra cosa, mientras el PSOE se desplomaría a un nuevo suelo histórico. A estas elecciones están llamados a votar 890.985 ciudadanos, según la Junta de Extremadura. 551.372 en Badajoz, 339.613 en Cáceres y 30.610 en el extranjero. El dato es superior al de 2023 por 3.835 votantes. Estos electores tendrán que responder con sus votos a cinco preguntas claves este domingo:
¿Conseguirá María Guardiola la mayoría absoluta?
La presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, ha comenzado la jornada de reflexión en el santuario de la Virgen de la Montaña.
El adelanto electoral tenía como principal objetivo la mayoría absoluta de María Guardiola y el Partido Popular. Aunque tras los sondeos hasta Feijóo haya rebajado las expectativas, alcanzar los 33 escaños era el propósito del PP para desactivar a Vox y apuntarse un tanto frente al PSOE. Ninguna encuesta ha dado por segura una mayoría absoluta, ni siquiera las publicadas en la prensa afín al PP.
Esa inquietud puede haber sido el motivo para que los populares se hayan lanzado en las últimas horas a hablar de fraudes electorales, una estrategia propia de la extrema derecha. Obtener o no la mayoría absoluta puede ser el único elemento que defina si esta convocatoria ha sido un acierto o un error. Si los actuales 28 escaños de Guardiola no crecen sustancialmente, pero sí lo hace Vox, actualmente en cinco, el PP tendrá que evaluar si valió la pena esta apuesta. Si se llega hasta los 33, Guardiola habrá abrochado la gobernabilidad de Extremadura, acotado a Vox y hundido al PSOE.
¿Logrará salvar los muebles el PSOE?
Miguel Ángel Gallardo y el PSOE conforman la parte más sensible de estas elecciones. Actualmente, los socialistas ya están en mínimos históricos en Extremadura. Sus 28 escaños son el peor resultado de la historia y aun así fueron la formación más votada. Pero dos años y medio después, ninguna encuesta ha sido tan optimista como para apuntar un crecimiento. Ni siquiera mantener esos 28 diputados en la Asamblea. El CIS les coloca entre los 22 y los 19 escaños.
Unidas por Extremadura, pero también el PP, se quedarían con un porcentaje de sus votos. En el PP extremeño confían además en que parte del electorado socialista no vote, se quede en casa, y esa baja participación termine de auparles hasta la mayoría absoluta. Todo lo que sea bajar de 28 escaños será excavar hacia un nuevo suelo histórico del PSOE en Extremadura. Gallardo intenta ligar su futuro al de Guardiola y confía en un resultado del PP que no cumpla las expectativas. Si no hay mayoría absoluta popular, el candidato socialista hablará de fracaso de Guardiola y justificará sus esfuerzos en campaña. Otra cosa es que la militancia lo entienda.
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha pasado la mañana de la jornada de reflexión en una plantación de olivos.
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¿Hasta dónde llegará el ascenso de Vox?
El examen de este domingo servirá para comprobar cuánto está creciendo Vox entre el electorado. Precisamente Extremadura podría ser una de las regiones donde menos competición tenga en el electorado de la derecha, puesto que Guardiola ha centrado el tiro en el votante socialista y de centroderecha. Solo ha sido al final cuando la candidata del PP se ha sumergido en una estrategia trumpista.
Los sondeos colocan a Vox entre los 7 y los 12 escaños. Si no hubiera mayoría absoluta, la extrema derecha, que en Extremadura lidera Óscar Fernández, tendría la llave de la gobernabilidad, como ya la tuvo en la anterior legislatura, pero ahora con más escaños. En los últimos tiempos, Vox ha demostrado que no tiene demasiado interés en acceder a los gobiernos autonómicos, estrategia que perjudicó al partido en los sondeos. Las decisiones en los territorios se toman desde Madrid y Óscar Fernández hará lo que diga Santiago Abascal.
¿Será Unidas por Extremadura una fórmula de éxito?
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Las coaliciones y partidos a la izquierda del PSOE han sufrido durante los últimos años un terremoto que ha dejado un reguero de dudas. Pero esos interrogantes se desvanecen si hablamos de Unidas por Extremadura, la coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que tiene representación parlamentaria y aspira a mejorar sus cuatro diputados hasta los seis, en el mejor de los escenarios.
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante su día de reflexión, este sábado, en el campo de unos amigos cerca de Mérida.
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La coalición extremeña, liderada por Irene de Miguel, ha conseguido una implantación territorial ajena a disputas y fracturas públicas. La formación transmite una imagen genuina de partido regional y eso ayuda a su credibilidad. No es una formación que haya formado coalición para las elecciones, es una combinación de fuerzas mantenida en el tiempo y eso ha dado buenos resultados, aunque tampoco han logrado romper el techo de cristal de la izquierda alternativa en la región, que está en seis escaños, obtenidos una vez por Podemos y otra por Izquierda Unida.
¿Cómo afectará a la participación unas elecciones solo autonómicas?
Por primera vez en la historia de Extremadura, las elecciones autonómicas serán en una fecha diferente a las municipales. Con el adelanto electoral, María Guardiola descompasa así el calendario en una jugada que puede favorecerle porque deja todo el peso del PSOE en su candidato. Los centenares de municipios donde gobiernan los socialistas (211) no han hecho campaña especialmente a favor de la marca y Gallardo se ha visto forzado a asumir todo el protagonismo.
En esta ocasión, las siglas del PSOE no harán efecto un arrastre gracias a sus alcaldes, algo que puede favorecer a María Guardiola. La fecha elegida, en los prolegómenos de las Navidades, también deja en interrogante el nivel de participación, que en los años anteriores ya marcó índices bajos.
Con el 69,26% y 70,35%, los de 2019 y 2023 son, respectivamente, los peores datos de participación de la historia electoral de Extremadura.
Un letrado del Congreso de los Diputados, en una conversación con un redactor de Público hará poco menos de un año, dijo que “cuando se diseñó la Constitución, jamás se hizo pensando en un rey delincuente”. El comentario intentaba justificar así que en una Constitución de finales del siglo XX se hubiera incluido la inviolabilidad del rey, lo que a su vez ha impedido que el defraudador Juan Carlos haya podido ser objeto de una investigación parlamentaria porque dos partidos políticos, uno de ellos solo republicano de boquilla, han preferido proteger a un delincuente que defender los intereses de los españoles frente al delincuente en cuestión.
El letrado, no lo dudo, será un cerebrito en Derecho, pero tiene ganado un cero patatero en Historia Contemporánea de España. Teniendo en cuenta que de los seis borbones que han reinado desde que se inauguró en 1812 la historia constitucional de España los seis han delinquido, está claro que tenemos todas las papeletas para que cualquier borbón que instalemos en la Jefatura del Estado salga con las mismas hechuras. Lo extraordinario sería lo contrario. Todos y todas (Fernando, María Cristina, Isabel, los dos Alfonsos y Juan Carlos) han quebrantado leyes y constituciones al amparo de su inviolabilidad. Los que no han sido golpistas y perjuros han sido comisionistas y evasores, y cuatro de ellos, dicho sin ambages, ladrones. Y todos adúlteros… aunque esto incumba más a la endémica impudicia de los borbones que al Código Penal.
Entre los seis borbones delincuentes referidos está claro que no me he atrevido a incluir al séptimo por razones obvias. Aunque se coman la indignación y se cuiden mucho de decir ni mu, porque ya saben ellos que no está el horno para bollos, el artículo 491 del Código Penal sigue ahí. El actual jefe del Estado tendría mucho de lo que avergonzarse si no fuera inmune a la vergüenza, y aunque aún no existan pruebas de sus delitos, sí hay evidencias de complicidad. Qué menos. Es su padre. Cómplices de Juan Carlos han sido todos sus hijos, Sofía, la nuera, yernos, ascendentes y descendientes que conocían sus delitos y se beneficiaban de ellos. Protegían al adúltero, al evasor, al comisionista… porque así defendían su estatus, sus ingresos y sus privilegios.
Y tras Juan Carlos, la historia se repite. Felipe, la ciudadana Letizia, las privilegiadas hijas y todos los ascendentes y descendientes del señor majestad siguen a salvo de todo, mientras que los demás estamos expuestos a cualquier denuncia de cualquiera de esos… ¿parásitos? ¿Parásitos es injuria? ¿Es calumnia? El diccionario de la RAE dice que es un adjetivo que define a la persona que vive a costa ajena, y cuyos sinónimos son “aprovechado, abusón, vividor, chupón, gorrón, sablista”. Yo creo que no hay duda alguna de que el rey y la familia medio real viven a costa ajena con carácter perenne, y que incluso la antes asalariada ciudadana ni siquiera se molestó en pedir una excedencia laboral (deduzco sin pruebas) porque ya sabía que se subía al carro monárquico para los restos.
Dicen que no hay cuórum en el cuerpo de letrados del Congreso sobre si se puede o no investigar a Juan Carlos. Lo que sí hay en el cuadro de letrados es mucho cortesano decimonónico sin perendengues para ponerse del lado de la ciudadanía estafada en vez de en el lado del estafador.
Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla
Quince o dieciséis veces han estado de acuerdo el PP y el PSOE en vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón. Incomprensible que un partido que se dice progresista votara proteger al que había robado a la nación, evitando que las víctimas del robo conozcamos cómo nos había robado. Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla.
Y allá va el dato para el cuerpo de letrados de la Cámara: el 1 de diciembre de 1854 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuatro principales irregularidades cometidas por María Cristina de Borbón. Parece que el cuerpo de letrados a mediados del XIX, aun conociendo la misma situación de inviolabilidad de la regente, tenía más conciencia ciudadana que los actuales.
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López.
Por qué, ante las mismas circunstancias, lo que fue posible hace casi 200 años no ha sido posible ahora. Porque los políticos del PP y el PSOE han optado por proteger al delincuente para protegerse a sí mismos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, otra emboscada de la más pura derecha, casi nos llamó idiotas a los españoles cuando quiso explicarnos que no procedía investigar a Juan Carlos porque eso sería como cuestionar las instituciones. La señora Robles considera, pues, que en una democracia no se pueden cuestionar las instituciones, aunque esas instituciones son sospechosas de ser corruptas. Ole tú, Marga… Pues anda que tenemos un bonito Poder Judicial… por no hablar del propio Ministerio de Robles, que incumple deliberadamente la Ley de Memoria Democrática del gobierno al que pertenece. Mejor proteger la memoria de un golpista que la de sus víctimas.
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Con María Cristina de Borbón estaba vigente la Constitución promulgada en junio de 1845. En su Título VI, artículo 42, se dice que “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables sus ministros”. En todas las constituciones desde 1812 hasta la de 1876 se protege al rey y se responsabiliza a los ministros. En la de 1978 mantuvieron lo de la inviolabilidad, pero quitaron la frasecita de la responsabilidad ministerial. Así ya salen todos indemnes.
La comisión parlamentaria para investigar a María Cristina se centró solo en cuatro puntos, porque si no, tal y como se destacó entonces, la relación de irregularidades era tal que provocaría que la comisión se eternizara. Esos cuatro puntos eran, uno, el tráfico de influencias en construcción y gestión de recursos. Dos, la crisis provocada por las irregularidades de su segundo matrimonio que impedía el ejercicio de su regencia. Tres, la gestión de la herencia de su marido el mastuerzo Fernando VII (que aquí robó lo más grande), y cuatro, y esto lo recojo textualmente, “la comisión considera que la parte más repugnante es la participación e intervención en distintas empresas económicas”.
Existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. Este huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros. María Cristina había sido expulsada y le fue expresamente prohibido volver a pisar España
Alguien se estará preguntando dónde estaba María Cristina de Borbón mientras la comisión parlamentaria investigaba sus delitos. Qué pregunta… pues dónde iba a estar, viviendo en el extranjero de lo robado en España. María Cristina, su segundo esposo, Fernando Muñoz, y sus siete churumbeles estaban empadronados en París, a veces en su precioso palacete de la Rue Courcelles, a ratos en el palacio de la Malmaison, que había pertenecido a Josefina, la esposa de Napoleón.
Pero existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. El padre de Felipe huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros porque no fue expatriado oficialmente. María Cristina había sido expulsada, desterrada, puesta en la frontera, y le fue expresamente prohibido volver a pisar España; prohibición que quedó en agua de borrajas en cuanto la también delincuente Isabel II autorizó el regreso.
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Pese a la vigencia de la inviolabilidad de la reina, y en contra de lo que pudiera parecer, la comisión abierta en 1854 tuvo consecuencias. Según el profesor Miguel Ángel López-Morell, de la Universidad de Murcia, sirvió para solucionar asuntos pendientes, al conseguir que finalmente se materializara el dictamen de una comisión de investigación abierta contra María Cristina en 1840 (¡¿otra?! Sí, otra. María Cristina estuvo sometida a dos comisiones de investigación) y que obligó por fin a la reina madre a devolver 46 millones de reales y el palacio de Vista Alegre, valorado en 11,5 millones más, sisado todo ello de la herencia de su primer marido, Fernando VII. Tampoco crean que esta es una buena noticia, los 46 millones y el palacio fueron a manos de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda.
En 1854 la comisión abierta no tuvo más consecuencias para la delincuente que las citadas, y tampoco las tendría ahora para Juan Carlos, pero al menos la de entonces sirvió para el debate político y sirve hoy para recordarles a los señores letrados que sí se puede, que querer es poder, que meter la mierda debajo de la alfombra del Congreso no nos ha gustado, y que no nos gustan que nos traten como a tontos niños chicos.
El caso de María Cristina de Borbón es tan calcado al de Isabel II, al de Alfonso XIII y al de Juan Carlos I que desespera comprobar la indefensión ciudadana propiciada por la deliberada desidia política.
Entre otras circunstancias que ahora no vendrían al caso, fueron los abusos de la Corona y las camarillas de ambas borbonas (reinaba Isabel II y negociaba a su amparo su madre), en connivencia con un gobierno conservador e insoportablemente corrupto, los que propiciaron la revolución de 1854. Los ciudadanos incendiaron la residencia de la reina madre, el Palacio de Las Rejas, un antro de corrupción a la vista de todos donde las comisiones y los chanchullos financieros estaban a la orden del día. Por algo los madrileños bautizaron la mansión como La Bolsa. El incendio del Palacio de las Rejas lo definió Benito Pérez Galdós como “la justicia misma en todo su esplendor”. Qué arte…
Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, marido morganático de la regente María Cristina de Borbón.
María Cristina, su marido y los siete hijos se refugiaron en el palacio real, fuertemente custodiado para frenar a la chusma, bajo la protección de Isabel II, que intentó negociar con Francia la salida honrosa de su madre, su padrastro y sus hermanos plebeyos. Pero el recién estrenado presidente del Gobierno, Baldomero Espartero, había prometido que la reina madre “no saldría ni de día ni de noche ni furtivamente”. Tenía que hacer frente a sus innumerables delitos por mucha inviolabilidad que le asegurara la Constitución. Lo que la Carta Magna no impedía era acusarla formalmente de haber quebrantado las leyes; otra cosa es que no se le pudiera condenar por ello. Pero oírlos, los iba a oír.
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Espartero, sin embargo, se arrugó: “Con el objeto de evitar las complicaciones que podían sobrevenir si por más tiempo permanecía en el país la Reina madre Doña María Cristina de Borbón, el Ministerio presidido por el ilustre Duque de la Victoria [Espartero] obró con previsión y acierto extrañando del Reino a dicha señora, y reteniendo en depósito sus bienes hasta que las Cortes resuelvan lo más conveniente”. Este fue el pretexto que dio el Gobierno a las Cortes meses después, en febrero de 1855, cuando se le pidieron cuentas por haber expulsado a la reina madre sin que hiciera frente en España a sus responsabilidades.
María Cristina fue puesta en la frontera con Portugal ante la indignación ciudadana al ver por segunda vez cómo la reina era expulsada del país sin que sus actos tuvieran consecuencias. Se anuló la pensión (Felipe se creyó un valiente por haber hecho lo mismo con su padre), se le confiscaron los bienes (Felipe no tuvo lo que hay que tener para hacer lo mismo) y la enviaron a hacer gárgaras con órdenes de no regresar (también aquí Felipe, junto con el Gobierno español, demostraron una cobardía supina). Y tan despegado de la realidad como lo está Juan Carlos lo estaba su abuelita María Cristina, que se manifestó conforme con abandonar el país, pero recibiendo honores en su despedida. Por supuesto, la mandaron a freír espárragos.
Los bienes confiscados, evidentemente, se refieren a los que había en España, porque las propiedades que tenía en el extranjero las continuó disfrutando, y parte de la ingente fortuna que amasó y había evadido del país la había repartido entre los hijos: un millón de francos para cada uno.
Un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres
Bien es cierto que, a decir de los estudiosos, a partir de 1854 María Cristina y su tropa entraron en una decadencia económica a raíz de varios negocios fallidos y por culpa de su irrefrenable despilfarro, siempre teniendo en cuenta que un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres. López-Morell tiene publicado que, de los 196 millones de reales que la pareja llegó a amasar, al final de la vida de la manirrota María Cristina solo quedaban 39. Una birria para un Borbón. Para un ciudadano sería el cuponazo.
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Y para no correr el riesgo de que quede en el tintero: pasado un tiempo los bienes le fueron restituidos, la pensión restaurada y tuvo autorización para regresar a España con su nutrida familia cuando le saliera de su peineta morena. Por eso hubo que expulsarla una tercera vez del país, en 1868. Esta vez salió en el mismo pack que su hija Isabel II.
Podríamos preguntarnos si pudo tener algo que ver a la hora de abrir una investigación a Cristina de Borbón que fuera reina y no rey. Pues según algunos investigadores que han estudiado el juicio político a Cristina de Borbón desde la perspectiva de género, sí. Por citar a uno de ellos, según Oriol Luján, de la Autónoma de Barcelona, “la corrupción consumada por una mujer era descrita como un acto deshonroso e indecoroso que quebrantaba el ideal de mujer respetable, mientras la denuncia de la corrupción cometida por parte de varones se percibía como una actuación que lesionaba la caballerosidad”. Lo mismo tiene razón, pero, sea como fuere y por lo que fuere, la comisión de investigación parlamentaria se abrió por acuerdo unánime.
Las conclusiones se presentaron en 1856, confirmando el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la corrupción administrativa por lo que afectaba a sus actividades privadas, aunque la comisión reconoció la imposibilidad de acceder a todos los negocios de los que sacó tajada. Y se confirmó igualmente el robo de las joyas patrimonio del Estado (la muy cuca intentó en un principio culpar a José I Bonaparte de la desaparición de muchas alhajas), la destrucción de documentos claves que la incriminaban y la manipulación de otros para incrementar la herencia de ella y de las dos hijas en común con el mastuerzo Fernando VII.
También la comisión consideró manifiestamente probada la ilegalidad del matrimonio morganático con su guardaespaldas Fernando Muñoz en 1833, que la hubiera obligado a renunciar a la regencia, a toda prerrogativa política y a todo ingreso relativo a su cargo.
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Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar en el Congreso que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador
Entre tanto delito probado por la comisión se confirmó otro absolutamente extravagante que ahora lleva a sonreírse y decir… ¿en serio?… pero entonces tuvo mucho más calado de lo que podemos imaginar: el intento de María Cristina y Fernando Muñoz de colocar al mayor de sus hijos como rey de Ecuador utilizando recursos de España y tropas del Ejército para tomar el poder por la fuerza. ¿¡En serio!? En serio.
Aquella comisión de investigación parlamentaria promovida por un gobierno progresista, y siempre teniendo en cuenta que el progresismo de entonces era conservador, consideró necesario poner sobre la mesa, en el Congreso, a la vista de los diputados, todas las irregularidades y delitos en los que había incurrido María Cristina de Borbón. Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya tenido un comportamiento tan pusilánime y haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar, en ese mismo Congreso, que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador. Y ese era Juan Carlos, nada más y nada menos que el padre del siguiente jefe del Estado.
No pudieron sorprenderse hace siglo y medio de que Isabel II estuviera cortada por el mismo patrón que su madre. Tampoco habrá sorpresas con Juan Carlos y Felipe. Doscientos años de experiencia nos avalan.
El logo del PP apenas se vislumbra en la imagen de campaña electoral que María Guardiola ha utilizado en sus carteles. Las siglas, reducidas al mínimo y colocadas sobre el hombro izquierdo de la presidenta y candidata del PP, intentan pasar desapercibidas. Guardiola ha optado por una campaña sin alaridos, sin titulares y sin compañía. Solo se ha dejado ver junto a Alberto Núñez Feijóo en dos ocasiones y el resto de viajes que el presidente del PP ha realizado a Extremadura ha sido recibido por el secretario general de la formación, Abel Bautista. Los encuentros entre Guardiola y Feijóo se han reducido al máximo, como también se han minimizado las intervenciones públicas de la presidenta durante la campaña electoral.
Mientras los candidatos de PSOE y Vox han apostado por un fuerte presencialismo, la presidenta y aspirante del Partido Popular ha afrontado la campaña desde otro punto de vista. En las últimas dos semanas ha participado tan solo en cinco actos, siendo el acto de cierre de campaña en Badajoz su sexta y última intervención antes de la jornada de reflexión y noche electoral. Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, ha habido jornadas en las que ha hecho siete apariciones públicas. Guardiola, durante estos últimos martes y miércoles previos al domingo electoral, ni siquiera ha tenido agenda pública. Tampoco acudirá al debate electoral organizado en RTVE.
«Es una campaña que abandona los mitines, donde van los convencidos», explica Abel Bautista, secretario general del PP en Extremadura. La mano derecha de Guardiola rehúye considerar que la presidenta haya desaparecido del foco, solo lo ha movido a otro lugar, a «una campaña de cercanía» y de visitas a particulares que hayan pedido conocerla. Mientras los líderes territoriales sí han usado estrategias más polarizadoras, como sembrar sospechas sobre el funcionamiento del voto por correo, Guardiola se ha mantenido al margen.
Cartel electoral de María Guardiola en Mérida durante la campaña del 21D.
Una menor presencia y la falta de tensión rebaja la polarización de los adversarios. Mientras el PSOE lucha por movilizar votantes y no caer a un mínimo histórico en la región, Guardiola no ha entrado a una batalla diaria que pueda reavivar a los socialistas. Fuentes del PP extremeño creen que el éxito de la campaña puede ser la desafección del votante socialista, pero no porque haya un trasvase de votos, sino porque se quede en casa debido a la imputación del candidato en la trama de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. De ahí que Guardiola haya llevado a cabo una campaña de baja intensidad. Igualmente, a menos intervenciones, menos margen de error y menos veces se ha preguntado a la candidata por sus planes de pactos una vez pasen las elecciones. No hay mayoría absoluta a la vista, el propio Feijóo la considera difícil, y el futuro del PP quedaría de nuevo en manos de Vox. Ese gobierno en minoría fue la excusa para adelantar elecciones, y de no resolverse la problemática, Guardiola podría quedar marcada. La presidenta de Extremadura se ha negado a responder durante la campaña si pactará con Vox, aunque en una entrevista en La Razón ha asegurado que no pondrá cordón sanitario «a nadie» a la hora de negociar pactos.
Sus escasos actos con Feijóo se justifican desde Génova, al considerar más oportuno que los líderes de mayor impacto se repartan los actos para dar más juego. En el PP nacional argumentan que es mejor eso a reunir sus caras más mediáticas en un mismo evento, aunque la diferencia con Vox es llamativa. Santiago Abascal ha optado por todo lo contrario y ser la principal atracción de los actos de Vox en los diferentes eventos que ha organizado en los grandes municipios de la comunidad.
La tormenta entre Vox y la organización Revuelta no consigue borrar un pasado reciente en el que ambas organizaciones tuvieron vínculos estrechos. Donde hoy sólo existen sospechas e intercambios de acusaciones, ayer hubo aplausos, campañas de apoyo y hasta invitaciones para acudir a las instituciones.
Pese a no existir ningún nexo orgánico entre Revuelta y Vox, lo cierto es que el grupo juvenil y el partido de extrema derecha han mantenido contactos hasta, al menos, septiembre pasado.
En medio de acusaciones sobre posibles desvíos del dinero recogido para las víctimas de la DANA en València, la dirección de Vox busca borrar cualquier conexión con Revuelta. La línea marcada desde la dirección del partido es clara: no tienen ni han tenido nada que ver con ellos.
Sin embargo, existen distintas pruebas que certifican los vínculos entre el partido que lidera Santiago Abascal y la organización que nació durante las protestas contra el PSOE en noviembre de 2023 y que en las últimas semanas ha difundido mensajes supremacistas blancos.
Público ha recogido una serie de evidencias sobre los vínculos entre ambas organizaciones desde finales de octubre de 2024, a partir de la campaña abierta por Revuelta en apoyo a las víctimas de la DANA, una iniciativa que ha sido denunciada ante la Fiscalía por dos exmiembros de Revuelta debido a un posible desvío de fondos.
«En colaboración con Revuelta»
«Ayer mismo nos pusimos en marcha para intentar, a través de nuestras estructuras organizativas, y también del sindicato Solidaridad y por supuesto de Revuelta, que están haciendo ya acopio de todo el material y ayudas de primera necesidad para hacérselos llegar lo antes posible”, afirmó el 31 de octubre en Letur (Albacete) el presidente de Vox Castilla La Mancha, David Moreno.
Ese mismo día, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, difundió una convocatoria de recogida de donaciones para los afectados por la DANA que se realizaría en Fuenlabrada y que, según indicó la ultraderechista, se llevaría a cabo «en colaboración con Revuelta».
Captura de pantalla de la publicación realizada por Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, en Facebook.
Pocos días, después, el 4 de noviembre de 2024, Pérez Moñino puso en valor la
«labor de los jóvenes de Revuelta y de los miles de madrileños que desde
Arganda del Rey han enviado más de mil toneladas de material y apoyo
humanitario a las víctimas de la gota fría».
«Los chavales de Revuelta»
Los halagos hacia Revuelta continuaron. El 9 de noviembre de 2024, el ahora
candidato de Vox en Extremadura, Oscar Fernández, publica un artículo en El
Periódico de Extremadura bajo el título «Solo el pueblo salva al pueblo» en el
que destaca el trabajo de «los chavales de Revuelta» en la DANA.
Captura de pantalla del artículo publicado por Óscar Fernández, ahora candidato de Vox, en El Periódico de Extremadura.
Buxadé los invitó a un campus
El 10 de noviembre de 2024, el eurodiputado Jorge Buxadé difundió un video en el que invitó a los militantes de Revuelta a un campus para jóvenes organizado por Vox. «Vosotros los jóvenes de España, a través de Revuelta,
de Solidaridad y de tantas otras asociaciones y organizaciones habéis
demostrado el compromiso con la nación, compromiso y trabajo, llevando
material, ayuda y esperanza al pueblo de Valencia», afirmó. «Por eso el 22, 23 y 24 de
noviembre os convoco al primer campus de jóvenes patriotas«, agregó entonces Buxadé.
Ver vídeo
Jorge Buxadé agradece en un vídeo la acción de Revuelta en València
Comparecencia frustrada
El 14
de noviembre de 2024 Pérez
Moñino solicitó la comparecencia de la portavoz de Revuelta, Elsa Almeda Mateo,
ante la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, al objeto de «informar sobre el trabajo
desempeñado tras la catástrofe de Valencia por los jóvenes madrileños«. El
grupo parlamentario del PP en la Comunidad de Madrid bloqueó esta comparecencia
y Moñino lo recurrió sin éxito.
Vox señaló entonces en redes sociales que «Revuelta es la asociación juvenil patriota que ha organizado la mayor recogida de material y envío de ayuda a los damnificados valencianos».
Captura de pantalla de la publicación de Vox Centro (Madrid).
Donativos desde Ceuta
El 2 de diciembre de 2024, Vox abrió una campaña de recogida de donativos en Ceuta que se destinarían a Cáritas
Castrense y Revuelta. «Ponemos en marcha, un año más, nuestra campaña
navideña de recogida de juguetes. Este año colaboramos con Cáritas Castrense. También con la asociación Revuelta, para la que recogemos donativos con los que
harán llegar a niños de Valencia la ilusión de la Navidad en forma de regalo», indicó el partido de ultraderecha.
La campaña navideña se coordinó desde la Oficina del Grupo Parlamentario en el Ayuntamiento de Ceuta y en la sede del partido en esa ciudad, situada en el número 90 de la calle Real.
En otro mensaje publicado el 17 de diciembre de 2024, el partido anunció que colocaría una mesa informativa en la que se recogerían «juguetes y donaciones para Revuelta».
Captura de pantalla de la publicación de Vox Ceuta.
Llanos Massó con los ultras
Los contactos entre Vox y Revuelta continuaron a lo largo de 2025. El pasado 14 de junio, la presidenta de las Cortes
Valencianas, Llanos Massó, acudió junto a otros miembros de Vox a un
encuentro de «asociaciones juveniles patriotas» en la que estuvieron presentes
miembros de Revuelta y de otros grupos ultraderechistas como Reconquista o
Alternativa Estudiantil. En esa reunión también estuvo el diputado de Vox en
Catalunya Alberto Tarradas.
Representantes de Vox junto a ultraderechistas de varias organizaciones, entre las que se encontraba Revuelta, tras una reunión mantenida el 14 de junio de 2025 en Castellón.
Reunión en la sede de Almería
El 2 de julio de 2025, Vox abrió su sede de Almería a Pablo González Gasca, líder de Revuelta, quien mantuvo allí un encuentro en el que participó también la diputada Rocío de Meer. La reunión fue anunciada por la delegación provincial del partido en su canal oficial en Telegram.
Captura de pantalla del canal oficial de Vox Almería en Telegram.
Tras celebrarse el encentro, Vox Almería publicó una reseña en su cuenta de Facebook en la que mostraba su adhesión a Revuelta.
Captura de pantalla de la publicación en la cuenta de Vox Almería en Facebook.
La reunión entre dirigentes de Vox y Revuelta también fue reflejada por la formación de extrema derecha en su boletín oficial correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025.
«Nuestros jóvenes se unen a Revuelta para seguir luchando por el futuro de la provincia de Almería. Saben que somos su esperanza y cada día son más los que confían en las políticas de Vox ¡Somos la alternativa patriótica!», señaló en esa publicación.
Donativos para Revuelta
El 21 de agosto de 2025, la cuenta oficial de Vox en el distrito centro de Madrid publicó un mensaje en el que pedía donativos para Revuelta. «La unión nos hace mas fuerte, Revuelta lo ha vuelto a hacer, no existen vacaciones, cuando el pueblo necesita ayuda, no se pregunta, se actúa», indicaba el partido ultra en alusión a los incendios registrados en esas fechas en España.
Vox ofreció entonces a sus seguidores un número de cuenta bancario e indicó que los donativos debían hacerse a nombre de ASOMA, la asociación pantalla utilizada por Revuelta para recaudar dinero. En la denuncia presentada a finales de noviembre ante la Fiscalía, los ex dirigentes de la cúpula de Revuelta acusaron a esa asociación de falta de transparencia.
Captura de pantalla de la publicación de Vox Centro (Madrid) del 21 de agosto de 2025.
«Conviértete en miembro»
El 20 de agosto pasado, la agrupación de Vox en Sant Adrià
de Besòs (Barcelona) –donde cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento– publicó un mensaje en Facebook en el que animaba a sus
seguidores a afiliarse a Revuelta.
«Conviértete en miembro para tener acceso ilimitado y apoyar a las voces que quieres escuchar más», afirmaba el mensaje. El enlace disponible junto al texto llevaba directamente a la web de Revuelta, en concreto a la sección donde están disponibles los formularios para hacer aportaciones económicas.
Según ha verificado Público, los responsables del partido
ultra en esa ciudad barcelonesa han mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a
las acciones y campañas de Revuelta.
Captura de pantalla de la publicación de Vox Sant Adrià de Besòs.
«Juventud patriota y sacrificada»
El 16 de septiembre de 2025, el portavoz de Vox en la
Diputación de València, Sergio Pastor, recibió a Raúl Ramos, un joven que “estuvo
muchos días como voluntario en las naves de ayuda humanitaria en Silla,
luchando por hacer llegar la ayuda a todas las familias que lo necesitaban y
peleando contra el cansancio y las adversidades que se presentaban en momentos
tan difíciles y de solidaridad”.
“Raúl además de ser responsable de prensa y comunicación
de Vox en Ponferrada, ha sido quien ha coordinado gran parte de las actuaciones
contra los incendios declarados en agosto en El Bierzo, de la mano de Revuelta
y los voluntarios que acudieron de toda España para ayudar a todas las familias
que veían sus vidas truncadas por el fuego”, afirmó el partido en una publicación
en Facebook.
«Esta es la juventud patriota y sacrificada que necesita España y que indudablemente, surge sin miedo alguno ante la llamada de socorro del pueblo español», subrayó.
El 28 de agosto, Raúl Ramos había sido entrevistado
por el medio de ultraderecha EDATV, donde destacó «el gran trabajo» de Revuelta
en el caso de los incendios en el Bierzo. «Mientras el Gobierno mira a otro
lado, los jóvenes patriotas de Revuelta luchan contra el fuego en El Bierzo.
Con mochilas de agua y cortafuegos, voluntarios como Raúl Ramos defienden la
tierra», señaló entonces EDATV en un mensaje publicado en Instagram.
El caso Nevenka contra Ismael Álvarez, cuya primera condena por acoso sexual a un político tuvo lugar en el 2002, puso en jaque al PP. Desde el entonces presidente Aznar, a su esposa Botella, hasta Álvarez Cascos y los populares del territorio de Castilla y León en pleno -incluido el actual presidente Mañueco– cerraron filas con el alcalde de Ponferrada.
Ni la condena judicial, ni la mediática, consiguieron que esto pasara factura política alguna al PP y ni siquiera al propio condenado, que volvió a presentarse con una agrupación vecinal en Ponferrada, donde llegó a conseguir una representación suficiente de concejales para pactar con el PSOE y darle el gobierno a los socialistas. Todo ello bajo el amparo del entonces secretario general de los socialistas en Castilla y León y hoy ministro, Óscar López.
A quien sí pasó factura su alianza con el acosador de Nevenka fue al propio López, incluso después de pedir perdón con lágrimas en los ojos por ese pacto de la vergüenza. El hoy ministro y secretario general del PSOE en Madrid consiguió como candidato a presidente de Castilla y León el peor resultado de la historia del PSOE en esta comunidad. Y es que, como en casos más recientes de la política española, las peores actitudes políticas del PP acaban solo pasando factura a los socialistas.
Pero veintidós años después de aquella condena, donde parte de la ciudadanía de Ponferrada sigue tratando como un héroe a Álvarez -de hecho no cabía un alfiler en la presentación de su libro sobre su versión del caso Nevenka en 2023, mientras se rociaba ese mismo año con ácido la placa de homenaje a la víctima- el bipartidismo mantiene en la comunidad actitudes machistas y de abuso con las feministas y las propias compañeras de partido.
El último escándalo ha estado protagonizado esta misma semana por el ya exsenador socialista Javier Izquierdo, acusado de acoso sexual por compañeras de partido en la comunidad. Un nuevo episodio de abusos sexuales que ha removido los cimientos de Ferraz.
Feminismo de alto riesgo
Una de las referencias feministas en la región, la secretaria de Igualdad de CCOO y portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, confirma a Público «que en Castilla y León es de alto riesgo ser feminista». Lo achaca, entre otras cosas, «a los cuarenta años del PP en gobiernos casposos, donde se ha normalizado la falta de respeto al feminismo«. En este sentido, y ante las últimas denuncias contra líderes socialistas, deja claro que «las mujeres del PSOE han sido más valientes. Las del PP están escondidas y no se atreven a hablar».
«Las mujeres del PP están escondidas y no se atreven a hablar»
La sindicalista recuerda que «pocas cosas nos pasan si tenemos en cuenta que este año el Gobierno de Mañueco recortó conceptos de acoso y explotación sexual en la ley de violencia de género pactada con el diálogo social». Una norma, explica, que ni siquiera se aprobará en esta legislatura.
Las socialistas que más se están movilizando en este territorio por apoyar a las víctimas reconocen que «nos acusan de revanchismo porque no estábamos en el foco actual de Ferraz». Las feministas defienden un nuevo MeToo «y que salgan a la luz todos los casos, también los del PP «.
Alicia Palomo, procuradora del PSOE por Segovia y feminista reconocida en la comunidad, se muestra ante Público «indignada por el caso de Izquierdo y el resto de casos de acoso sexual» y la poca contundencia que ha tenido su partido en estos temas. «A la vista está que no se han hecho las cosas bien», afirma, y pide a Ferraz «la mayor de las firmezas en este tipo de asuntos deplorables». Reconoce que nunca pensó que estos casos pudieran darse en su partido.
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Víctimas
Una de las víctimas del PP que nunca acudió a los tribunales es Rosa Valdeón, exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León y quien hubiera sido la sustituta natural del presidente Herrera si el hoy senador Martínez-Maillo y Mañueco no hubieran puesto todo su empeño en impedirlo.
Rosa Valdeón, en rueda de prensa para anunciar su dimisión tras dar positivo en un control de alcoholemia.
Un control de alcoholemia, tras un accidente leve de tráfico, y cuyo parte llegó antes a la prensa que a ella misma, acabó con su carrera política y dejó vía libre a Mañueco. Durante años, fue humillada en público, incluso con obras de teatro organizadas por Maíllo en Zamora, donde presidía la Diputación. La protagonista era una actriz con sobrepeso, moño y abanico, caracterizada como caricatura para ridiculizar a Valdeón. Estas representaciones recibían carcajadas y ovaciones de los presentes, ante la sonrisa del presidente de la institución provincial.
Curiosamente, meses después y ya de presidente, Mañueco fichó a un exconcejal de Salamanca obligado a dimitir tras triplicar la tasa de alcoholemia permitida, durante un control realizado tras un accidente leve de tráfico.
Jamás hubo una indicación o crítica privada o pública del PP de Castilla y León por estos atentados a la dignidad de Rosa Valdeón. Hoy, ya recuperada tras años de angustia y recomposición personal e incorporada a su plaza de inspectora médica, la exvicepresidenta de la comunidad afirma a Público que «no olvidemos el silencio cómplice. Con Maíllo viví escarnios públicos, que todo el mundo vio, pero siempre estaba sola».
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Dos décadas de abusos machistas
Y entre Nevenka y las víctimas de Izquierdo, hay más de dos décadas de usos y abusos machistas en un territorio donde estas prácticas pasan desapercibidas cuando alcanzan al PP, ante una prensa territorial que sigue al dictado los intereses de los populares -ahora de Mañueco- porque mantiene cabeceras con cifras millonarias a través de la publicidad institucional.
Cierta sonoridad fuera de Castilla y León tuvieron los comentarios machistas del que fuera alcalde de Valladolid por el PP, Javier León de la Riva en 2014. En una entrevista en Onda Cero Valladolid, sobre una investigación por una violación en la capital vallisoletana dijo aquello de: “Yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, pero hay veces que a las seis de la mañana un mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va”.
Este mismo alcalde del PP fue quien dijo sobre la entonces ministra Leire Pajín: «Cuando veo la cara y los morritos de Pajín pienso lo mismo». Hoy el Ayuntamiento de Valladolid le va a dedicar una plaza.
Entre los casos sonados del PSOE en Castilla y León está el del procurador socialista Ángel Hernández por violencia machista, que fue condenado a un año y nueve meses de cárcel. Dimitió de todos sus cargos y el partido cerró la crisis.
Por su parte, Juan Luis Cepa, procurador y portavoz de Agricultura y Ganadería en el PSOE, también renunció este año 2025 tras un presunto delito de abuso sexual a un menor, ocurrido en los vestuarios de la piscina de Ciudad Rodrigo
Ribera
Salud, la multinacional que gestiona el hospital de Torrejón
(Madrid) y cuyo CEO, Pablo Gallart, ha instado a sus directivos a
priorizar los tratamientos que dejan más beneficios a la empresa y a
aumentar las listas de espera, no tiene como único modelo de negocio
la administración privada de centros de titularidad pública.
También se lucra del presupuesto sanitario de todos a través de sus
propios hospitales, mediante acuerdos que contemplan diversas
fórmulas de remuneración.
El
mayor de esos centros, la clínica Povisa de Vigo (Pontevedra), con
alrededor de 500 camas y cerca de 1.500 trabajadores –más de 300
médicos y alrederor de 800 enfermeros y auxiliares–, lleva años
dando servicio a centenerares de miles de personas adscritas al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia. El último
convenio de Ribera con el Sergas entró en vigor el pasado abril,
durará dos años y permitirá a la empresa facturar 195 millones de
euros en ese período, prorrogable otros tres años.
Povisa
–acrónimo de Policlínico de Vigo Sociedad Anónima– abrió sus
puertas en 1973 como el proyecto de sanatorio privado de un grupo de
médicos que se lo vendió en 1997 a un acaudalado naviero vigués.
Para entonces, los gobiernos de Manuel Fraga –con Alberto Núñez Feijóo de número dos en su Consellería de Sanidade– ya lo habían
consolidado como una referencia de la privatización de la prestación
de servicios sanitarios en Galicia, convirtiéndolo en el hospital de
cabecera de miles de pacientes del Sergas en Vigo y su comarca a los
que la Xunta daba la opción de adscribirse a él o a los centros de
gestión pública.
Zaplana en Valencia
Ribera
Salud, surgida también al amparo de las privatizaciones de la
Generalitat Valencia del PP de Eduardo Zaplana, compró el hospital
por 22 millones de euros en 2019. Hoy, el centro da servicio a 112.600 personas con tarjetas de la sanidad pública, y más del 80%
de su volumen de negocio proviene del convenio con el Sergas.
Hasta
este año, la Xunta abonaba a Ribera una cantidad fija por cada
cartilla adscrita a Povisa –540 euros al año en el anterior
acuerdo–, más una cantidad variable por otros conceptos como el
gasto en tratamientos farmacológicos especiales o la formación del
personal. Según la prensa local, en 2023 el Sergas pagó 80 millones
de euros a la empresa de Gallart, y en 2024, otros 84 millones.
Según los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, de junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda la sanidad de Galicia
Sin
embargo, la progresiva pérdida de cartillas –llegaron a ser más
de 135.000, pero cayeron a 115.000 el año pasado y hoy no llegan a
113.000– hizo que Ribera considerara que el acuerdo no era
rentable, y bajo la sombra de la amenaza tácita de dejar sin
hospital de referencia a decenas de miles de personas –una táctica similar a la que Ribera empleó en Madrid–, forzó a la Xunta
a idear una nueva fórmula: la del pago por prestación de cada
servicio y tratamiento, que prevé incrementar la factura fija en
un 16% hasta los 97,5millones anuales, manteniendo los conceptos variables.
Según
los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, referidos a
junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda
la sanidad pública y concertada de Galicia: 53,3 días de media para
una intervención, frente a los 70,9 de la media de la comunidad y a
los 72 de la del área sanitaria de Vigo, la más grande de las siete
en las que se divide el sistema hospitalario gallego –565.000
usuarios–. Público ha pedido a la Xunta los datos de las
listas de espera de Povisa para consultas de especialista y pruebas
diagnósticas, pero la Consellería de Sanidade de Alfonso Rueda, que
dirige Antonio Gómez Caamaño, no ha respondido a este diario ni se
ha dado por enterada de la consulta.
Rentabilidad
Al
hilo de los audios en los que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud,
reclamaba a sus directivos que promovieran en Torrejón los
tratamientos más rentables para su cuenta de resultados económicos
y que idearan estrategias para «desandar el camino» mediante el
que habían logrado reducir las listas de espera, Público también
ha preguntado a la dirección de Ribera si
existe o existió alguna indicación en ese sentido al personal de
Povisa, para incidir en la práctica médica sobre los pacientes de
la sanidad pública en función del coste de sus tratamientos; en
el
rechazo o admisión de enfermos en función de la rentabilidad de
aquellos, o para que se fomentara eldeterioro
de las listas de espera en el hospital vigués.
La
compañía ha rechazado esa posibilidad, ha reiterado que los audios de Gallart están «fuera de contexto» y ha asegurado que su
prioridad «son y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno
de los centros que gestiona, tanto públicos como privados». «En ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas
contrarias al interés general de los ciudadanos«, dicen las fuentes oficiales de la empresa, que, refiriéndose
expresamente a Povisa, sostienen
que el centro «mantiene unos indicadores asistenciales excelentes y
un compromiso total con la Administración para ofrecer la mejor
atención sanitaria a los ciudadanos». «El hospital está 100%
comprometido con mantener estos estándares de calidad» asegura la
dirección, que subraya que el trabajo del hospital está además «bajo la supervisión de la Administración con unidades de control
encargadas de garantizar que la atención prestada es excelente».
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El alcalde de Vigo Abel Caballero, el pasado jueves en la manifestación en defensa de la sanidad pública.
Público
también se ha dirigido al presidente del comité de empresa, Rafael
Agrás, quien ha asegurado que Povisa es «un modelo de negocio diferente» al de Torrejón y que la representación social de la compañía no tiene constancia de que se hayan transmitido consignas como las que desvelan los audios de Gallart en referencia al hospital madrileño. Agrás también indica que la gerencia de Povisa, que en los últimos meses había sostenido un sordo enfrentamiento con el personal médico que derivó en la fuga de médicas y enfermeros hacia la sanidad pública, ha procedido recientemente a hacer fijos a medio centenar de sanitarios y ha contratado a más personal médico.
El
pasado jueves, miles de vigueses se manifestaron por las calles de la
ciudad convocados por la plataforma SOS Sanidade para protestar
contra el deterioro del sistema público de salud por la falta de recursos en la ciudad, de la que
responsabilizan a la Xunta, y en la que reclamaban la «reconstrucción» de todo lo que se ha deteriorado durante lustros de recortes y privarizaciones. A la
manifestación asistió la líder de la oposición en el Parlamento de
Galicia, Ana Pontón, portavoz del BNG, y el
alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien manifestó su «apoyo total» a la
protesta y responsabilizó a Rueda de las carencias del área sanitaria de
la ciudad y
su comarca.
Tras 19 días de espera desde que se adelantó el veredicto, la sentencia íntegra del Supremo que condena a Álvaro García Ortiz ha sido publicada este martes en medio de una fuerte polémica por las motivaciones esgrimidas por cinco de los magistrados frente al voto particular de las dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo.
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En primer lugar, consciente de que no existe una prueba directa que señale a García Ortiz como el filtrador del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con la confesión de delitos fiscales, la sentencia alude a una «convergencia de los indicios acreditados» para señalar como el autor de la filtración al propio fiscal general del Estado, que renunció al cargo el pasado 24 de noviembre.
1. Convergencia temporal
Esa «convergencia» consiste en la secuencia temporal que para los juzgadores va desde la «urgencia» con la que el fiscal reclamó el correo en cuestión, su acceso, la llamada del periodista de la Cadena Ser, «el posterior borrado de los registros,
los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración», enumera la sentencia. Los jueces van eliminando a los fiscales relacionados con el caso, como Julián Salto, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra como posibles filtradores, para señalar al fiscal general del Estado.
Esto «lleva necesariamente a afirmar,
como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno
inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en
la Cadena Ser», dice el fallo, sin lograr identificar a esa persona.
Respecto al hecho de que cientos de personas pudieron acceder al correo en sí, a través de las plataformas de los juzgados y de la Fiscalía, donde estuvo albergado, la sentencia lo descarta de plano. «Se trata de una acusación grave que pondría de manifiesto un funcionamiento anormal de un servicio público, poco acorde con las continuas invocaciones a la protección de datos, como criterio guía para proceder al borrado de los datos alojados en los terminales, y al adecuado funcionamiento del servicio, que nos consta se presta». Y advierte: «Tal alegación necesitaría, antes de su insinuación, de un mínimo de
prueba para que alcanzara un rango de verosimilitud».
2. Una nota de prensa
García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota de prensa con la que quiso desmentir la noticia tergiversada de El Mundo que decía que era la Fiscalía la que pedía un pacto al novio de Ayuso y que después por órdenes de arriba lo tumbó, un bulo orquestado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. La defensa del ya ex fiscal general del Estado invocó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (artículo 4.5) que obliga a los fiscales a la persecución de la verdad como un derecho de la ciudadanía.
Pero los jueces consideran que, de nuevo, la secuencia temporal, perjudica la tesis del fiscal general, que solicitó los correos del caso para conocer la verdad. Dice la sentencia que «no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto de González Amador».
Y concluye: «La divulgación se materializa tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa, que constituyen, en realidad, una unidad de acción (…) La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la «oficializa'» añade la sentencia, repitiendo las palabras que empleó el letrado del novio de Ayuso en el juicio.
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3. El testimonio de los periodistas
La sentencia no ha tenido en cuenta los testimonios de los periodistas que sostienen que no recibieron el correo de manos de García Ortiz. Sujetos a su deber de preservar sus fuentes, sí que reiteraron que no fue el fiscal general dicha fuente, pero los jueces consideran que su testimonio no es suficiente para que concurra una duda razonable en torno a la autoría de García Ortiz.
La sentencia se detiene en Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, que explicó en el plenario que tuvo acceso al correo en cuestión seis horas antes de que informara finalmente del correo que desmentía la noticia tergiversada de El Mundo. El tribunal le reprocha haber dado detalles sobre la ubicación de la fuente, diciendo que había acudido a una tercera planta, apuntando a que su fuente podría encontrarse en la Fiscalía de Madrid, cuya jefatura se encuentra en una tercera planta.
Precisamente, respecto a Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, se basa otra de las claves de la sentencia: la credibilidad sin fisuras de su testimonio, que choca contra el de García Ortiz.
4. Almudena Lastra
Respecto a su testimonio y a su postura claramente acusatoria contra García Ortiz, al que Lastra asegura que le recriminó que había filtrado el correo y este le contestó: «Eso ahora no importa», la sentencia la alaba en el sentido de destacar que Lastra fue «fiel a su superior, alertó a éste de lo que estaba ocurriendo [en relación a que Miguel Ángel Rodríguez estaba esparciando en un chat de periodistas el bulo] y convino con él en cómo se debía proceder». Lastra indicó en el juicio que no estuvo de acuerdo con García Ortiz en publicar la nota de prensa, con «una información que atentaba seriamente a la intimidad de terceras personas y a la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una posible conformidad», dice la sentencia, dando absoluta credibilidad al testimonio de Lastra.
5. Registro y clonado de móviles
La sentencia mayoritaria respalda los registros efectuados por la UCO en los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Precisamente en el material hallado en los dispositivos móviles de esta última se sustentó toda la causa. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ha defendido al ya ex fiscal general, invocaron una posible desproporcionalidad de los registros y de los clonados de sus respectivos móviles, abarcando ocho meses de mensajes y correos cuando los hechos se limitaban a unos pocos días. Según fuentes jurídicas, este podría ser uno de los motivos de más peso para la hipotética admisión de un recurso de amparo de García Ortiz.
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El Supremo da la razón a los mandos de la UCO que declararon en el juicio y sostuvieron entre titubeos que no era posible acotar el clonado a los días investigados.
6. Un «borrado concienzudo»
Los magistrados afean que García Ortiz no quisiera contestar a las preguntas de las acusaciones y vuelven a cargar las tintas en el borrado de los mensajes de móvil que ejecutó García Ortiz «casualmente» el día 16 de octubre de 2024, «tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación.
Tal como señaló la pericial, fue «un borrado concienzudo -doble borrado-«.
Con todo, la sentencia mayoritaria critica que «se eligiese ese día tan singular, el siguiente al de la incoación del proceso, para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa».
A pesar de que esta acción no «puede considerarse decisiva a efectos probatorios», sí tiene «relevancia probatoria». «La Sala concluye que la causa explicativa del borrado no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, el señor García Ortiz”.
El siguiente paso del ex fiscal general del Estado será la presentación de un recurso de nulidad ante la misma Sala, que ya se da por hecho que será rechazado, dejando la vía libre para el recurso de amparo ante el Constitucional.
Comenzó su trayectoria política a finales de los años 90 en el Ayuntamiento de Alcobendas. Allí ejerció como concejala y teniente de Alcaldía hasta el año 2007, cuando dio el salto a la Asamblea de Madrid. En dicha cámara ha sido diputada autonómica en varias etapas. Gran conocedora del PSOE de Madrid, solo interrumpió su actividad regional durante el periodo entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Durante esos meses acompañó en Moncloa como principal asesora a Óscar López, que ejercía de jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Su nombre saltó a los principales titulares cuando al anterior líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, llevó a una notaría varios mensajes cruzados con ella en relación al caso de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ese asunto desembocó precisamente en la salida de Lobato de la federación socialista madrileña. Su sustituto sería el propio López, que la eligió como secretaria de Organización. Pilar Sánchez Acera (Madrid, 1974) declaró hace unas semanas como testigo en el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Allí negó que Moncloa estuviera detrás de la filtración de la confesión de la pareja de la presidenta madrileña. De este proceso y otros asuntos relacionados con la política madrileña habla en esta entrevista con Público.
Ver vídeo
Entrevista completa a Pilar Sánchez Acera.
Usted
declaró como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro
García Ortiz. ¿Qué valoración hace del fallo y la condena impuesta por el
Tribunal Supremo?
Yo creo que hay dos cosas que han quedado bastante claras. Una que es sorprendente ese fallo después de las declaraciones de tantos periodistas sobre esa posible filtración que existió de aquel correo. Muchos periodistas ya dijeron claramente que no fue del fiscal. Entonces es un poco sorprendente que se haya seguido dando vueltas hasta llegar a ese fallo. Pero también que todo esto parte de una situación bastante insólita, sorprendente y sobre la que todavía no se ha arrojado luz.
«El caso del fiscal general nace de una mentira perpetrada por Ayuso»
Y que nace de una mentira que perpetrada y montada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su gabinete en connivencia con la pareja de la señora Ayuso. Y no se ha dado todavía respuesta de por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió diciendo que había una operación de Estado. Mintió diciendo que había una inspección salvaje contra su pareja cuando lo que a día de hoy todos sabemos es que se va a abrir ese juicio por presunto fraude fiscal y facturas falsas. Y también que sabemos perfectamente que hay otra pieza que se sigue investigando, la cual va sobre corrupción en los negocios.
¿Cómo
vivió desde dentro el juicio? El propio presidente del Gobierno apuntó durante
el transcurso del mismo que García Ortiz era inocente y
más viendo lo ocurrido ahí.
Mi figura era de testigo. Yo fui a aportar todo lo que podía aportar en ese juicio, que era bien poco porque ni conozco al fiscal general ni a nadie de la Fiscalía. Aquel documento que yo recibí vino de los medios, como también comenté.
Pero sí, es sorprendente saber que a veces se pueden retorcer las cosas para que la verdad no quede tan clara. Pero yo confío en la Justicia y estoy segura que todo saldrá como tiene que ser. España es un país garantista y además vivimos en Europa, que también da garantías en justicia.
“A Ignacio González se le pilló por un ático en Marbella. Pues a la señora Ayuso parece que también le van los áticos”
«La verdad se acabará imponiendo», ha dicho varias veces el presidente del Gobierno.
Yo estoy segura que será así. No soy de las que piensan que las injusticias salgan adelante. Al final la justicia se hace hueco en este país y en Europa.
«Ninguna
sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está
pasando en la Comunidad de Madrid». Es una frase de Óscar López. ¿Qué es lo que está pasando?
Si lo relacionamos ya con la Comunidad de Madrid de una manera directa, aquí desde hace años gobierna el Partido Popular, el Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Lezo y el Partido Popular ahora de Quirón y de la presidenta Díaz Ayuso que ha hecho en estos momentos de su apuesta por la sanidad privatizada la mayor de las fortalezas de su política. Hablamos de más de 5.000 millones de euros desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid a Quirón, a un grupo empresarial concreto con el que además tiene relaciones de vinculación económica su pareja. En el PSOE de Madrid siempre decimos lo mismo, que a Ignacio González se le pilló por un ático en Marbella. Pues a la señora Ayuso parece que también le van los áticos.
«Si echamos la cuenta, la familia de la señora Ayuso nos sale cara»
Desde
el PSOE de Madrid, a través de su secretario general, se ha denunciado la
impunidad de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a los negocios de su pareja. ¿Qué se puede hacer para revertirlo si realmente existe esta impunidad?
En la Comunidad de Madrid el PP lleva muchos años gobernando. Eso ha hecho que tengan una red importante. Yo no diría clientelar pero si una una red de influencia también en muchos medios de comunicación que son garantes o deberían ser garantes también de la verdad. Y eso hace que haya noticias que se silencien, lo voy a poner entre comillas. Y podemos hablar en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de aquel episodio sobre las mascarillas, con el contrato este que tenía el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que acabó con el señor Casado. Era un contrato de mascarillas de la propia Consejería de Sanidad de la que ella era presidenta. O podemos hablar también de aquel extraño préstamo que nunca se devolvió por parte de su familia en Aval Madrid de más de 300.000 euros. La verdad es que si echamos la cuenta la familia de la señora Ayuso nos sale cara.
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El préstamo de Aval Madrid de 300.000 euros, más 200 y pico mil que conozcamos de aquella comisión y luego todas las comisiones que tiene la pareja de la señora Ayuso, ese presunto fraude que también nos está costando a los madrileños. Pues sí, sale caro y parece que hay impunidad. Pero la impunidad se encuentra siempre con algo enfrente y es con que la mayor parte de los ciudadanos de esta comunidad no están en la película de aceptar que alguien la haga y no la pague. Así que no tengo ninguna duda de que la impunidad se va a acabar en las urnas a pesar de que hasta estos momentos el Partido Popular haya conseguido con esa red de influencia mediática que no traspase a mucha ciudadanía. Pero estoy segura de que va a traspasar.
Sánchez Acera, durante la entrevista en la redacción de ‘Público’.
«La impunidad de Ayuso se va a acabar en las urnas»
Una pregunta muy directa: ¿cree
que hay una persecución judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez?
Yo no voy a hablar de una persecución judicial. Creo que hay casos muy peculiares y que se inician todos con recortes de prensa que llevan a la Justicia organizaciones ultraderechistas.
Pero, insisto, en este país hay una cosa que se llama garantía judicial. Yo creo en las garantías, creo en la justicia, creo que que hay que ir pasando todas aquellas etapas por las que estamos pasando y que al final la verdad se impondrá.
Más
allá de esta cuestión en sí, ¿en qué situación se encuentran los servicios
públicos en la Comunidad de Madrid? Por ejemplo, hablemos de sanidad. Hace unos días se conocían unos audios del Hospital de Torrejón en los que el CEO del
grupo Ribera defendía aumentar el beneficio económico del centro.
La sanidad madrileña se encuentra en un punto bastante complicado. Quizás en un punto en el cual no sabemos si vamos a tener una posibilidad de retornar hacia lo que los madrileños pensábamos que era la mejor sanidad del mundo. En Madrid tenemos los mejores profesionales, tenemos hospitales de referencia nacional, que es donde se hace la mayor inversión. No solamente se invierte desde la Comunidad, también se invierte desde el Gobierno de España. Pero tenemos un modelo que empezó el PP hace ya muchos años y que a día de hoy lo que se demuestra es que está colapsando. Es ese modelo de colaboración público-privada.
«El modelo de colaboración público-privada de la Sanidad en Madrid está colapsando»
¿Por qué digo que está colapsando?
Porque cuando llega el momento de echar las cuentas y ver si la inversión de esos privados les está siendo rentable o no pues ahora se están dando cuenta de que no. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues mirar hacia otro lado cuando está bajando la calidad asistencial, como es en el caso del Hospital de Torrejón para sacar esos 4 o 5 millones de beneficios. Mientras que en el caso de Quirón, por ejemplo, lo que han hecho es abrir la caja y están pagando todo lo que les presenta Quirón. Y ya veremos si eso es posible o no es posible. Vamos a estar muy encima para que se fiscalicen todos esos pagos por encima de lo que estaba presupuestado que ha realizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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¿Barajan algún tipo de acción legal o judicial?
Vamos a ejercer todas las acciones legales y judiciales que podamos hacer en relación a estos contratos. No solamente del Hospital de Torrejón sino con los del grupo Quirón, que también ahí hay situaciones un poco complicadas de explicar por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
“A día de hoy en los presupuestos está contemplado el 0,4% del PIB para la universidad pública madrileña y deberíamos llegar al 1%”
También
hay un asunto en el que se ha incidido mucho, que es la infrafinanciación de las
universidades públicas. ¿Qué posición tiene el PSOE y qué se puede hacer para
revertirlo?
Lo que se puede hacer es invertir en la universidad pública madrileña. Tenemos que invertir en esa universidad.
A día de hoy en los presupuestos está contemplado el 0,4% del PIB para la universidad pública madrileña y deberíamos llegar al 1%. Es decir, hay más que duplicar el presupuesto que llevan las universidades públicas.
Y lo que hay que hacer es reestructurar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y la fiscalidad y empezar a hacer políticas públicas que sean para toda la ciudadanía.
Y eso pasa pues por quitar esos beneficios fiscales y esos regalos fiscales que dan a los más ricos en la Comunidad de Madrid y empezar a invertir en cosas tan sencillas de decir y tan fáciles de poner en un presupuesto si se tiene voluntad como es en invertir en las universidades públicas de Madrid. O tener una ley de financiación adecuada, consensuada, participada por los rectores pero también por los estudiantes y también por el profesorado. Y poder tener también un sistema universitario de calidad.
Ya es un sistema universitario de calidad pero estamos hablando de un sistema universitario de calidad sostenible y de futuro.
Un
asunto de actualidad: ¿se ha gestionado mal el caso de las denuncias contra
Paco Salazar? ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha protegido de manera adecuada a las
mujeres que han denunciado?
Creo que tenemos que tener claro que lo primero es que cuando alguna compañera del PSOE se sienta agredida sexualmente o sienta que hay un abuso sobre su persona, o sienta que hay acoso sobre ella de cualquier compañero del partido, ya tiene un canal de denuncia anónimo. Yo sí que voy a pedir y sí que quiero pedir que las compañeras lo hagan, que denuncien en este canal y también que seamos responsables en el partido para aplicar ese protocolo del que nos hemos dotado. Porque no son situaciones fáciles para ellas pero sobre todo porque tenemos un compromiso con la ciudadanía y con este país. Cuando nosotros decimos que tenemos un protocolo que va a actuar para estos casos, tenemos que llegar hasta el final.
«Cuando alguna compañera del PSOE se sienta agredida sexualmente, tiene un canal de denuncia anónimo»
Y si pensamos en eso yo estoy segura de que no volveremos a tener ningún caso que no sepamos si ha ido rápido o ha ido lento porque estaremos cumpliendo con esos protocolos de los que nos hemos dotado, que necesitamos y que yo estoy segura que próximamente deberían estar en otros partidos políticos. Porque esto no solamente pasa en el PSOE.
La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, en otro momento antes de la entrevista.
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¿Por
qué lleva el PSOE de Madrid más de 30 años sin gobernar la Comunidad? ¿Hay algún tipo de autocrítica?
Tuvimos el tamayazo aquel en 2003. Tras tener una mayoría de izquierdas no pudimos realizar ese cambio de Gobierno.
Segundo, en 2015 la suma de los votos de izquierda era superior a los de los votos de derecha. Tampoco pudimos gobernar porque en este caso la división a nuestra izquierda entre aquel Podemos e Izquierda Unida hizo que estos no llegaran al 5%. Se quedó a menos de un punto y provocó que entonces no se sacara ese diputado que faltaba para que la izquierda pudiera gobernar.
Y tercero, en 2019 el PSOE ganó las elecciones con el señor Gabilondo. Ahí estaba aquel partido que parecía que venía a regenerar en toda España, que era Ciudadanos, pero vimos que no venía a regenerar sino que era la muleta de la derecha y que consolidó una vez más al PP de los chanchullos, que es el de Madrid.
«En el PSOE de Madrid siempre que hemos estado a punto de gobernar luego nos echamos muy para atrás»
Pero sí hay autocrítica. La autocrítica es que siempre que no hemos gobernado y hemos estado a punto de gobernar luego nos echamos muy para atrás en vez de seguir diciendo: «Oye, ciudadanos y ciudadanas de Madrid, tenemos la oportunidad de cambiar esto y de cambiar el destino de nuestras vidas». Hacia un modelo mucho mejor, mucho más social, donde la igualdad de oportunidades la pongamos en el centro y donde haya crecimiento económico pero con reparto hacia todo el mundo.
Yo creo que eso es una de las grandes cosas que también ha hecho el Gobierno de España. Podemos crecer económicamente con un Gobierno de izquierdas y distribuir hacia a quienes más lo lo necesitan. Podemos crecer todos.
Usted
es secretaria de Organización. Una de las cuestiones que más se han visto en
las últimas décadas es la proliferación de familias en torno al partido. ¿Está
el PSOE de Madrid unido en estos momentos?
Yo veo al partido muy concienciado de que vamos a ganar en 2027. Y eso es lo que nos hace que ni hay familias, ni hay rencillas, ni hay desencuentros ni hay cosas que nos despisten. Tenemos claro que vamos a ganar más municipios en la Comunidad de Madrid y vamos a tener más alcaldes o alcaldesas. Tenemos claro que vamos a pelear por la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid en estos momentos es una de esas ciudades de las cuales el PP quiere echar a los jóvenes con estos precios que hay de la vivienda, está echando al comercio tradicional con estas apuestas por todas las franquicias y por los apartamentos turísticos. Está haciendo una ciudad absolutamente desconocida a lo que ha sido el Madrid de toda la vida.
«En 2027 va a haber una reacción contra ese abuso de poder que está llevando el PP en Madrid»
También estoy absolutamente segura de que va a pasar por el tema de las universidades públicas porque los jóvenes van a defender lo suyo. Y va a pasar por el tema de las residencias, de lo que pasó con aquellas 7.291 víctimas. Creo que hay bastantes elementos para que los madrileños y madrileñas en 2027 le digamos al PP que esté una temporadita en la oposición aquí en Madrid.
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¿Cómo
es la relación con el resto de partidos de izquierda, especialmente Mas Madrid?
En los tiempos de bloques que vivimos parece inevitable contar con ellos para
hipotéticos gobiernos.
En muchos gobiernos municipales estamos gobernando con ellos. Unas veces con mejor relación y otras veces con algunos desencuentros. Por cierto, con la dirección autonómica de Más Madrid los vamos resolviendo. Hemos resuelto algunas tiranteces en algunos municipios. Pero tenemos buena relación con Más Madrid.
No competimos con Más Madrid ni competimos con ningún partido de izquierda. Nosotros competimos con el PP, a quien queremos desbancar del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no tenemos ningún problema en pactar con otro partido como puede ser en este caso Más Madrid, que es referente a la izquierda de nuestro partido.
«No competimos con Más Madrid ni competimos con ningún partido de izquierda»
Antes me comentaba lo que sucedió en 2015 con el voto de izquierdas. Hemos hablado sobre Más Madrid, pero también están IU o Podemos. ¿Les preocupa que haya división?
Creo que cuanto más claro tengan los ciudadanos que la izquierda quiere gobernar en Madrid más facilidad vamos a tener y les vamos a dar para que se realice ese cambio.
Así que yo espero que los partidos que están a nuestra izquierda puedan reorganizarse y puedan sumar. Y que por otro lado nosotros hagamos esa propuesta atractiva de renovación de proyecto y amplia para la mayor parte de la ciudadanía de Madrid.
«Yo espero que los partidos que están a nuestra izquierda puedan reorganizarse y puedan sumar»
El PP ha infectado casi todas las instituciones de la Comunidad de Madrid. No hay nada que toques y no tenga. Esa Telemadrid, por ejemplo. El Consejo de Transparencia o la Cámara de Cuentas, por no seguir hacia otros espacios como la Fundación (Fundación para el conocimiento Madri+d) esta que se dedica a decir si las universidades lo hacen bien o lo hacen mal. Aquí en ella hemos visto que tienen de gerente a un exdiputado del PP y que fue también alcalde de Getafe. No se cortan ni un pelo. Luego critican mucho. Pero la señora Ayuso no se corta ni un pelo en poner a sus peones a remar para la privatización y para los negocios.
La extrema derecha cambia de vestuario para seducir a sus
votantes. Los candidatos usan americana, corbata y la venda del diálogo. Leif-Erik Holm ha dado un paso al frente en Alemania. Alice Weidel sigue
llevando la batuta, representa ese «rupturismo» con los nazis del siglo pasado, pero sabe que para mejorar los datos de las últimas elecciones debe seguir renovando la imagen de AfD. Jordan
Bardella también ha tomado las riendas en Francia. Le Pen tiene un futuro judicial complicado y necesita un relevo. Bardella tiene treinta años recién cumplidos, ha conseguido vender una imagen de moderado, al menos, más moderado que sus predecesores. Y triunfa en las redes. Lo mismo ocurre con Thierry Baudet en Países Bajos. ¿Qué sucede en España? Vox tiene
una estructura diferente, marcada por el «liderazgo fuertemente personalista» de Santiago Abascal.
El ascenso de Carlos Hernández Quero, no obstante, puede enmarcarse en esta estrategia
de rebranding a nivel mundial. El fondo es el mismo, cambian las caras.
«La
extrema derecha ha crecido gracias a una normalización perfectamente calculada. [Los líderes] han moderado sus formas, han ampliado la agenda y han explotado los miedos sobre
seguridad, identidad e incertidumbre económica. No se presentan como herederos del fascismo, sino
como defensores de la gente corriente«, señala Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant). La también profesora recalca además que los pactos con las fuerzas conservadoras, «tanto a nivel local como autonómico y nacional», terminan de diluir el estigma antifascista y hacen que sus programas se cuelen en el debate público.
Esta tendencia es prácticamente generalizada en Europa, también en otros países como Estados Unidos o India. ¿El resultado? La extrema derecha lidera las encuestas en Alemania, Francia y Reino Unido. Vox tampoco deja de crecer en España. Y sus homólogos han tocado poder en Italia, Finlandia o República Checa. «La clave está en adoptar discursos más pseudoizquierdistas para dirigirse a las clases trabajadoras. Es lo que conocemos como secuestro semántico. Los candidatos intentan presentarse como algo distinto de lo que los votantes asocian con el neofascismo y ponen en un segundo plano sus puntos más extremistas. Lo hacen para captar votos, sobre todo votos nuevos», advierte Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea y autor de Democracias en extinción: el espectro de las autocracias electorales (Akal). Las voces consultadas por este diario, no obstante, recuerdan que son muchos los partidos y países en los que conviven la vía de la «desdiabolización» y las intervenciones crudas, excluyentes y reaccionarias.
Los planes para desvincularse del fascismo de entreguerras empezaron a coger fuerza a finales de los ochenta y durante los noventa. Lo que pasa es que en la última década se han ido perfeccionando. Marine Le Pen, Giorgia Meloni y Alice Weidel son algunas de las figuras que mejor lo representan. «Las caras visibles han cambiado primero con los liderazgos femeninos. Y ahora están volviendo a reclamar atención con la entrada de perfiles nuevos, hombres jóvenes y elegantes, mucho más fáciles de presentar [en sociedad] que los dirigentes vinculados a la extrema derecha del siglo pasado«, desliza Arsenio Cuenca, sociólogo e investigador en l’École Pratique des Hautes Études de París. Los ultras quieren más. Y el margen de mejora tiene mucho que ver con la intensificación de ese rebranding.
La ¿modernación? de los ultras
El Diccionario de Cambridge define el rebranding como la estrategia comercial que se utiliza para «cambiar la forma en la que una organización o empresa es vista por el público». La extrema derecha es aquí el producto. Lo son las siglas. Y lo son los líderes. «El ascenso de nuevos perfiles evidencia este deseo por desradicalizar la
apariencia, no necesariamente los discursos, un deseo que funciona como hoja de ruta: actualizar las caras, mejorar la comunicación y presentar un envoltorio más normal para conectar con electores que rehúyen de los vínculos históricos«, insiste la politóloga Anna López Ortega.
Alice Weidel ha sido una de las últimas en entenderlo. La extrema derecha alemana está capitaneada por una mujer
relativamente joven para el partido AfD, lesbiana, con formación
académica y una ligera sensación de moderación con respecto a la generación anterior. «Las posiciones de la formación son más bien antifeministas y anti LGTBIQ+, pero saben mezclar los conceptos semánticos y consiguen parecer más aceptables. Esto explica el crecimiento de los partidos ultraconservadores en términos electorales. La llegada de candidatas mujeres ha reducido mucho el gap de género en Italia, Francia o Alemania», continúa Steven Forti. Merz ganó las últimas elecciones alemanas con Weidel rozándole los talones. Lo hizo además en un país en el que el recuerdo del nazismo sigue cuando menos presente.
Alice Weidel, líder de AfD.
¿El objetivo de la extrema derecha? No perder votos, penetrar en nuevos sectores. Y para eso no basta con una sola cara. Weidel tiene que alejarse –al menos, físicamente– de sus compañeros más extremistas, los que siguen evocando un pasado sangriento. Leif-Erik Holm asoma la cabeza desde el otro lado del tablero. El economista y hasta hace no mucho locutor de radio tiene cincuenta años, cara de muchos amigos. Holm viste en americana y camisa, se define como «un buen tipo»; podría ser el padre de tu mejor amiga, tu profesor enrollado de secundaria, tu vecino el del quinto, pero es la nueva promesa de la extrema derecha alemana. AfD quiere dar la batalla entre el electorado conservador, ponérselo difícil al actual gobierno de centroderecha. Y Holm es una pieza clave en esta partida de ajedrez. Las encuestas le dan de momento a la formación ultra la primera posición.
Marine Le Pen ha presentado a Jordan Bardella como su relevo natural, un hombre joven, «cuidadoso con sus discursos» y con una imagen más actual, vinculada sobre todo a las redes sociales. El patrón es prácticamente el mismo que en el escenario alemán. La patronal francesa y «algunos medios» están colaborando de manera activa con esta normalización. «La sensación de ruptura con la extrema derecha de hace veinte años resulta evidente, pero también vemos ligeras continuidades. Marine Le Pen llevaba tiempo trabajando en este rebranding del partido, hace no mucho votó a favor de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y los sondeos apenas muestran diferencias entre ella y Bardella, lo que demuestra que muchas veces pesan más las siglas y los discursos que las caras», sostiene Arsenio Cuenca.
La Finns Party llegó al poder como parte de una coalición en Finlandia. Lo hizo gracias al liderazgo de una mujer, «relativamente joven» y con «formación superior». Las fuentes consultadas por este medio destacan además su estilo «más institucional», menos bronco y conflictivo. Países Bajos, donde la extrema derecha también se disputa el Gobierno, tiene una situación similar. «La extrema derecha no necesita ir acompañada del
estereotipo clásico fascista para prosperar: basta con reconfigurar su marketing y su imagen pública, mantener sus mensajes clave adaptados a
preocupaciones reales», matiza Anna López Ortega. La seguridad y la migración son aquí dos elementos vertebrales.
Jordan Bardella y Marine Le Pen.
Hernández Quero y el nuevo votante de Vox
Vox también se ha dado cuenta de que tiene que pescar votos más allá de los barrios ricos y los vecinos de apellido compuesto. Abascal sigue controlándolo todo en el partido, pero ha ido dando paso –sutilmente– a nuevos perfiles, entre ellos, Carlos Hernández Quero. Este historiador de poco más de treinta años trabajó antes como investigador en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre 2016 y 2020. ¿Cómo puede contribuir al rebranding de Vox? Quero tiene la mirada puesta en el votante de izquierdas desencantado, lleva semanas haciendo refencias a problemas de cualquier familia humilde, como la vivienda. Lo que falta por ver es el impacto que puede tener su irrupción en encuestas y urnas.
«Vox ha intentado algo parecido a lo que han estado haciendo sus homólogos europeos, pero con un liderazgo tan personalista como el de Abascal, resulta más complicado. Hernández Quero puede venir a renovar los cuadros de la extrema derecha española, hablamos de una figura joven y mediática que encaja en la lógica del rebranding, sobre todo a la hora de competir en un entorno [Bruselas] en el que los ultras avanzan con envoltorios más profesionales y menos estridentes», añade Anna López Ortega. Vox quiere «hegemonizar todo el espacio de la derecha, cada vez más radical«, y por eso prefiere de momento moverse en una suerte de puzle que fusiona las dos estrategias. La antigua y la nueva; ni máscaras, ni disfraces. Steven Forti, de hecho, lo resume así: «Vox apuesta por la estrategia del rebranding en términos generales, porque utiliza un discurso más amable en según qué temas, pero no cambia en absoluto su marco ideológico. El rebranding que utiliza no trasciende como sí ocurre en otros países, por eso podemos definirlo como un rebranding de pacotilla».
A pocos días de que se cumplan cien años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, la agrupación local socialista de su villa natal, Ferrol, y la dirección de la formación en Galicia, han acusado al Partido Popular de boicotear la reposición de una placa de homenaje cuyo original fue destruido por los fascistas tras el golpe de estado de 1936.
Los
socialistas afirman que el Ayuntamiento, en manos del popular José Manuel Rey Varela, exconselleiro de Política Social en la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, quiere ahora poner la placa en un lugar demasiado
apartado y escasamente visible, junto a un árbol seco, en una
ubicación alejada de las zonas transitadas y donde otra mención en
honor de Iglesias ya fue vandalizada hace años sin que los servicios municipalesla hayan reparado.
«Vamos
a pedir el apoyo de todas las agrupaciones de UGT y del PSOE de
España, proponiéndoles que envíen al Ayuntamiento de Ferrol una
reclamación oficial para que se coloque la placa en el lugar que
merece«, explica Ángel Mato, alcalde de la ciudad entre 2019 y
2023. «Es una cuestión de dignidad», añade.
A pie a Madrid huyendo del hambre
Pablo
Iglesias Posse, de cuya muerte se cumplen cien años el próximo
miércoles, fue un modesto tipógrafo nacido en 1850 Ferrol, que
emigró a pie con su madre de Galicia a Madrid huyendo del hambre y
la miseria tras la muerte de su padre. Criado en un hospicio de la
capital del Estado desde que tenía diez años, inició su carrera
política como columnista en los diarios donde empezó a trabajar
como aprendiz de impresor, hasta convertirse en el ideólogo y la
referencia clave del movimiento obrero en España a finales del siglo
XIX y principios del XX por su compromiso con la defensa de los
derechos laborales, el socialismo democrático, la organización
sindical, la educación pública y la lucha por la justicia social.
Tras
su fallecimiento en 1925, los
militantes del PSOE de Ferrol hicieron una colecta entre los vecinos
y encargaron
una placa conmemorativa al escultor Agustín López Miras que fue colocada en la
sede del antiguo consistorio. Representaba
su efigie, coronada de laurel junto a un joven con un martillo
encadenado a un yunque, como símbolo del trabajo y de los trabajadores. Querían rendir homenaje, según rezaba el texto grabado en el bronce, “a su
vida austera, al temple heroico de su voluntad y a la honradez en su
conducta”.
La ubicación donde el Ayuntamiento quiere colocar la placa en honor a Pablo Iglesias.
El
golpe de Estado del 36 triunfó en Ferrol en pocas horas y los
franquistas,
que se hicieron enseguida con la ciudad, iniciaron una represión
sanguinaria con centenares de asesinatos, que sumaría decenas de miles en toda Galicia y centenares de miles en toda España. La placa de Iglesias fue
retirada y destruida. Pasaron 64 años hasta que en
el 2000,
bajo el mando del regidor nacionalista Xaime Bello, el
fundador del PSOE y de UGT
recibió el título de hijo predilecto de la ciudad. Años después también se bautizaría con su nombre un pequeño parque a la
entrada de su barrio natal, Esteiro.
«Esto no debería ser objeto de debate político, porque de lo que se trata es de un acto de respeto democrático a la historia de Ferrol, de reparación y justicia»
Pasado el tiempo, durante unos trabajos de digitalización en los
astilleros públicos de Navantia, varios militantes descubrieron una
fotografía antigua en la que se veía la placa que había sido destruida por los franquistas. Decidieron de nuevo
hacer una colecta y, a partir de ella, encargar una réplica, que pensaron podía
situarse en la plaza que albergó el antiguo Concello, porque el edificio de la casa donde nació Pablo Iglesias ya no existe, o algún lugar emblemático. «Hablamos con el alcalde, le explicamos nuestra intención de restituirla y aunque en principio dijo que sí, luego fue poniéndonos dificultades, hasta que nos informó de que la ubicación sería en el parque, pero no en su entrada, sino en una zona alejada y oculta donde apenas se vería», lamenta.
Dictadura y represión
Ferrol
es una de las ciudades más icónicas de lo que representaron no sólo
la dictadura –allí también nació Franco, que la rebautizó
pomposamente como El Ferrol del Caudillo–, la
represión y el horror fascistas, sino también la lucha obrera
antifranquista. La memoria histórica y democrática está presente casi en
cada esquina y en cada familia. El propio Mato recuerda que su padre
fue trabajador de Bazán, que su abuelo paterno, secretario de
organización del PSOE, fue asesinado en 1934 durante el levantamiento de Asturias; y que su otro abuelo, oficial de la
Armada, falleció en prisión tras recibir tres sentencias de muerte
de un tribunal militar franquista por su lealtad a la República.
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El exalcalde también recuerda que la importancia de la figura de
Pablo Iglesias es anterior al franquismo, y que además trasciende la
rivalidad partidista y el combate de siglas. «Esto no debería ser objeto de debate
político, porque de lo que se trata es de un acto de respeto democrático a la
historia de Ferrol, de reparación y de justicia para con uno de los
mayores defensores de la libertad, la igualdad y la equidad social de
este país», añade Mato.
El
PSOE celebró el pasado octubre el acto de descubrimiento de la
placa, al que asistieron, entre otros, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la
secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, y el
secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Pero la
agrupación local se ha negado a ubicar el monumento en el emplazamiento ordenado por el
Concello, y, tras guardarla en su sede, ha decidido exponerla en las
instalaciones del Ateneo Ferrolán, creado en 1879, el mismo año en que Iglesias fundó el PSOE. Hasta su clausura por el
franquismo, al tiempo en el que el partido era ilegalizado, el Ateneo fue uno de los principales motores de la vida social y
cultural de la ciudad.
El pasado 20 de noviembre, los socialistas denunciaron en la comisión institucional del Parlamento de Galicia la «censura política» del alcalde Rey Varela. «Lo que hizo hace años la dictadura, el PP pretende repetirlo simbólicamente hoy: apartar, ocultar y desnaturalizar un homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia de la clase trabajadora», advirtió el diputado Aitor Bouza.
Público se ha dirigido al Ayuntamiento de Ferrol para obtener su versión de los hechos y ofrecer al consistorio y a su alcalde la posibilidad de responder a la acusación del PSOE de querer invisibilizar por «voluntad política» el recuerdo a Pablo Iglesias. A la hora en la que se terminó de redactar esta pieza, este diario no había obtenido respuesta a las llamadas y correos enviados a su gabinete de comunicación.
El arranque de la campaña electoral para las elecciones extremeñas amerita un minuto de reflexión para conocer las expectativas que tienen las formaciones en los comicios del próximo 21 de diciembre. Cada partido tiene previsiones muy distintas y fracasar tiene diferente acepción según la formación política. Las inminentes elecciones, adelantadas por María Guardiola, son un experimento del PP para poner distancia con el PSOE e intentar contener a Vox, pero las encuestas auguran que la extrema derecha puede arruinar los planes populares y convertirse en una fuerza con más poder que nunca en Extremadura.
Los programas electorales ya han sido publicados, a falta de Unidas por Extremadura, que promete hacerlo en unos días. La presidenta decidió dar por terminada la legislatura al comprobar que no tendría apoyos para aprobar los presupuestos autonómicos, que ya venían prorrogados desde 2024. Ante el bloqueo, Guardiola vio en las elecciones una jugada para ganar terreno electoral, una idea que suena cada vez más peregrina. Estas son las previsiones de los partidos políticos que actualmente tienen representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.
PP: o mayoría absoluta o alas a la extrema derecha
María Guardiola y Alberto Núñez Feijóo durante un mitin del PP, a 4 de diciembre de 2025, en Don Benito,
Los planes de María Guardiola al convocar elecciones confiaban en rematar el año con una mayoría absoluta desde la que gobernar en solitario y sin presiones de la extrema derecha. Sin embargo, ese escenario cada vez parece más una utopía. El CIS apuntaba, en sus predicciones más optimistas con el PP, que Guardiola mejoraría tan solo un escaño respecto a 2023, alcanzando así los 29 diputados y muy lejos de la absoluta, para la que se necesitan 33 escaños. Por eso, Guardiola se ha lanzado a por el votante socialista que ahora rechaza al PSOE: «Aquí tienen una opción seria y responsable y pido la confianza», aseguraba en su último mitin, este jueves, antes de arrancar la campaña.
Para el PP, y en consecuencia para Alberto Núñez Feijóo, instigador del plan de convocar elecciones, sería un fracaso estratégico no conseguir una mayoría absoluta, aunque ser la formación más votada y revalidar el Gobierno sería un hito para el PP en Extremadura. Guardiola es la segunda presidenta popular tras José Antonio Monago, que gobernó cuatro años la región y rompió el monopolio del PSOE en la región entre 2011 y 2015.
PSOE: riesgo de un nuevo mínimo histórico
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante el primer acto de la precampaña en Mérida.
El PSOE es el partido más susceptible a encontrarse un resultado duro el próximo 21D. Los socialistas ya marcaron un mínimo histórico en 2023 con 28 escaños y el 39,9% de los votos, su dato más bajo en unas autonómicas extremeñas. En la formación consideran que si los resultados electorales se mantuvieran en porcentajes similares, pese al mal resultado, no sería considerado un fracaso. La mejor de las versiones que baraja el PSOE, liderado en estas elecciones por Miguel Ángel Gallardo, es pelear por reconquistar Extremadura, aunque son aspiraciones que no se sostienen, según lo publicado en las últimas encuestas. La presencia de Gallardo en el caso de David Sánchez, donde ambos están imputados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y su posterior entrada como diputado en la Asamblea para estar aforado, ha condicionado la imagen del partido en estas elecciones.
Un fracaso indudable para los socialistas sería empeorar aún más sus resultados, ya de por sí malos. Y ese escenario parece muy probable. Por ahora, el CIS estima su porcentaje de voto en el 31%, un resultado que supondría su mínimo histórico casi 8 puntos por debajo de sus datos actuales, que actualmente marcan el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura. En su mitin de este jueves desde Plasencia, Gallardo pasaba por alto su imputación, presumía de sus hitos personales y centraba su mensaje en sus adversarios: «Pese a los obstáculos, no van a engañar a los extremeños», apuntaba el candidato en la única frase que podía entenderse como una referencia a su imputación, de la que siempre ha defendido ser un caso de lawfare.
Los socialistas están lanzados hacia el votante indeciso, que según el último CIS oscila en el 55%, que respondieron que votarán «lo que más les convenza» en el momento. Además, en la formación son conscientes de que será la primera vez en la que las elecciones municipales se separen de las municipales. Separar las papeletas puede pasar factura al PSOE, con una gran presencia en la región y una marca muy consolidada que podría compensar la mala acogida de Gallardo.
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Vox: el fracaso les queda lejos
El candidato de VOX en Extremadura, Óscar Fernández, interviene durante la clausura de un acto público del partido, a 2 de diciembre de 2025 en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (España).
La extrema derecha es la única formación sobre la que no sobrevuela el miedo al fracaso. Óscar Fernández, candidato de Vox en la región, prevé duplicar las fuerzas de su partido en la Asamblea de la Junta de Extremadura. Los de Santiago Abascal quieren ganar presencia en la región y confirmarse como un aliado imprescindible para la gobernabilidad del PP.
Un fracaso para Vox estaría relacionado con su pérdida de protagonismo, y eso solo podría ocurrir con una mayoría absoluta del PP, aunque si mantuviesen sus actuales resultados, cinco diputados, también se vería como una mala noticia después de muchos meses con previsiones muy optimistas.
Unidas por Extremadura: aprovechar la crisis del PSOE
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante una reunión con la presidenta de la Asamblea de Extremadura.
La formación progresista, coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, tiene actualmente cuatro diputados y han recibido con mucho optimismo el último CIS, que les mejora hasta los seis escaños su resultado del 21D.
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La lista encabezada por Irene de Miguel vería como un fracaso inapelable no llegar al 5% de los votos, mínimo exigido para obtener representación parlamentaria, aunque no parece un escenario probable. En cuanto a las expectativas favorables, alcanzar los seis escaños supondría igualar el máximo histórico de la izquierda alternativa en la Asamblea extremeña, logrado por Podemos en 2015. Los más cautos, conscientes del aumento ultra y de la crisis de la izquierda alternativa, celebrarían mantener los cuatro diputados que tienen actualmente, aunque esperan verse beneficiados de la crisis que atraviesa el PSOE.
El grupo neonazi The Base prepara a sus militantes en distintos países para cometer actos terroristas. Los responsables internacionales de esta organización, cuyos activistas en España fueron detenidos el pasado 24 de noviembre por la Policía Nacional, cuenta con un manual en el que se instruye a sus miembros sobre cómo actuar a la hora de cometer asesinatos.
Público ha tenido acceso a un documento de 55 páginas que fue distribuido por The Base el 27 de septiembre de 2024 a través de su cuenta en la red social rusa VK. El líder internacional de esta organización, Rinaldo Nazzaro, es un ciudadano estadounidense que colaboró con el Departamento de Seguridad de EEUU entre 2004 y 2006 y que desde 2018 vive en San Petersburgo. Desde allí coordina y radicaliza a los miembros de la red, que contaba con una célula en Castellón.
La Policía Nacional detuvo el día 28 a tres integrantes del grupo e incautó dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas y un completo equipamiento táctico militar, además de material de apología nazi. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó este martes el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto líder de la célula terrorista en España.
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El manual en inglés distribuido por los responsables internacionales de este grupo al que accedió Público está repleto de instrucciones sobre cómo actuar en enfrenteamientos contra los «enemigos», e incluso incorpora gráficos sobre las posiciones que los terroristas deben ocupar en los ataques para lograr sus objetivos criminales.
Las células que forman parte de este grupo reivindican la defensa de los ciudadanos «blancos» de sus respectivos países y plantea formar un «etnoestado» racista. Para ello optan por el aceleracionismo, una teoría que propugna la violencia xenófoba y el terrorismo de ultraderecha.
«El fuego inesperado lo desconcertará»
Según ha verificado Público, el documento con instrucciones para sus militantes está basado en los contenidos de un manual táctico elaborado por Max Velocity Tactical, una empresa de entrenamiento militar ubicada en Virgina Occidental (EEUU).
El grupo terrorista The Base señaló el 27 de septiembre en su perfil en la red social VK que este documento «contiene varios capítulos importantes del libro de Max Velocity sobre tácticas para unidades pequeñas». «Es una lectura imprescindible para cualquiera que esté interesado en unirse a The Base«, añadió. El documento cuenta con varios apartados subrayados en azul por los neonazis para destacar su importancia.
«Tu
respuesta inmediata y disciplinada tiene como objetivo confundir al enemigo y
desequilibrarlo, con la esperanza de que entre en pánico, lo que te permitirá
recuperar y mantener la iniciativa. El fuego inesperado procedente de una
dirección inesperada lo desconcertará», señala el documento.
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Las células de The Base distribuidas por varias zonas de EEUU y por distintos países europeos –entre los que figuraba España– cuentan con armamento y realizan prácticas de tiro, según consta en varios videos visualizados por Público.
El auto dictado por la Audiencia Nacional establece que el líder de la célula española de este grupo » ha realizado labores de adiestramiento a terceras
personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases
de armas en los alrededores de su localidad» en la provincia de Castellón, «en los cuales se han observado a varias personas en sus
prácticas».
El manual militar distribuido por el grupo incide precisamente en la necesidad de efectuar ejercicios que permitan coordinar «tácticas» para» derrotar al enemigo». Entre los consejos sobre cómo perpetrar sus crímenes figura la recomendación de efectuar «dos disparos rápidos y certeros: apuntar, disparar,
disparar».
El documento incluye además instrucciones sobre la forma de actuar ante casos de «enfrentamientos», previsiblemente con fuerzas policiales. «Si te
disparan y hay alguna duda, o no puedes ver al enemigo, la prioridad es ponerse
a cubierto«, explica. Seguido, insta a responder «con fuego adecuado».
Por otro lado, el manual aporta recomendaciones sobre cómo actuar en caso de un enfrentamiento desde una «barricada», lo que incluye utilizar como barrera de protección el capó de un vehículo. «Cuando se utiliza una cobertura, es importante ocultar la mayor parte posible del cuerpo detrás de ella. Esto suele significar que, para un tirador con el lado fuerte a la derecha,
disparará alrededor del lado derecho de la cobertura», afirma.
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Destaca además que «en un entorno boscoso» los árboles «se utilizan para proporcionar cobertura adicional frente a la vista y el fuego, a una distancia prudencial
de ellos». «Si te acercas o te alejas del enemigo,
utilizarías los árboles para situarte detrás de la oscuridad de
sus troncos, de modo que, mientras te mueves, el enemigo no
pueda dispararte y, por lo tanto, estés cubierto mientras te desplazas. Esto
no solo se aplica a los árboles, sino a cualquier objeto sustitutivo», afirma.
«Los fusiles estarán listos»
En otro apartado, el manual de obligada lectura para los militantes del grupo neonazi señala cómo actuar bajo una lluvia de balas: «Mientras
te concentras en el fuego enemigo, estarás respondiendo agresivamente con fuego
reflejo y, al mismo tiempo, disparando en movimiento mientras te pones a
cubierto. Por lo tanto, el debate sobre disparar o ponerse a cubierto es
irrelevante: harás ambas cosas y, así, protegerás a tus compañeros y, con
suerte, evitarás ser alcanzado, lo que te permitirá seguir luchando».
También hay instrucciones sobre los pasos a seguir en caso de una operación de asalto. «El enemigo puede estar muerto, herido, escondido o
haberse desplazado a otra posición. Durante el asalto, el elemento asaltante
avanzará a un ritmo constante, pudiendo disparar con precisión desde la
posición de marcha. Los fusiles estarán listos y los fusileros estarán atentos
a cualquier enemigo oculto», subraya.
El documento obtenido por este periódico incide en las características de esos ataques: «Utilizando información sobre la ubicación, el terreno, el
número de efectivos, las capacidades y el estilo de vida/rutinas del enemigo,
junto con las capacidades de las fuerzas amigas, se creará un plan».
«En una incursión, sabes dónde está el enemigo, te diriges a él y lanzas un ataque sorpresa», subraya. Explica a continuación que «este ataque comenzará inicialmente con una descarga de fuego de apoyo, antes de que los elementos de asalto avancen».
Granadas como «dispositivo de choque»
El manual ofrece indicaciones sobre la utilización de granadas de fragmentación. «Se
recomiendan para espacios cerrados, como habitaciones, búnkeres o trincheras.
Usarlas en exteriores o en zonas boscosas aumenta el riesgo de accidentes
amistosos. No intentes lanzarlas a través de ventanas; en su lugar, coloca la
granada por la abertura y déjala caer», indica.
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Destaca además que «las granadas de fragmentación no son tan peligrosas como se suele creer y no se puede confiar en ellas para despejar un espacio; se utilizan mejor como dispositivo de choque, seguido de una acción decisiva».
La imagen de pacientes hacinados en los pasillos ha dejado de ser noticia. Se ha normalizado que falten camas en los hospitales y que el personal sanitario denuncie el desbordamiento del sistema público. A casi nadie le sorprende ya que su centro de salud dé cita para dentro de un mes o que acudir a Urgencias se convierta en una odisea interminable. ¿Por qué esto ya no impresiona? ¿Era previsible que se llegara a este punto? Quizá sí. Tal vez ha podido influir que sanitarios y pacientes lleven años advirtiendo de las grietas de un sistema que se cae a pedazos.
Se vio este verano, con el cierre de camas, las plantillas bajo mínimos y unos refuerzos «insuficientes». También se sufrió el otoño pasado, cuando las infecciones respiratorias estacionales arrasaron unos centros ya debilitados. Y también el año anterior, y el otro, y el de antes. ¿Y este? El cuento de nunca acabar. Aunque ahora con un «pequeño» matiz: la gripe se ha adelantado varias semanas respecto a lo habitual. ¿La consecuencia? Ya se conoce. Más colapso, más desgaste y un sistema público que vuelve a quedarse sin aire.
Así lo corrobora Antonio Blanco. Es médico de Urgencias en el hospital madrileño 12 de Octubre. Reconoce a Público que la hospitalización está desbordada: «La planta no da abasto y muchos ingresos se quedan atascados en Urgencias. Eso dispara el sobreaforo y complica la atención». El resultado es inmediato. «Pacientes graves acaban esperando en un sillón o en una camilla improvisada, cuando deberían estar ingresados en una cama, monitorizados y con una vigilancia adecuada. Aumenta el riesgo y disminuye la seguridad«. Los sanitarios sufren. «Sientes frustración y miedo. Sabes que el sistema, sin esta presión asistencial, podría ofrecer mucho más«, se desahoga. Pese a todo, Blanco reconoce que en su hospital se han incorporado refuerzos y se han activado algunas medidas para intentar descomprimir la presión asistencial.
Gloria Hernanz, trabajadora en el hospital La Paz: «Hacinados unos encima de otros… perfecto para que una epidemia se propague»
Gloria Hernanz trabaja en el Servicio de Urgencias del Hospital La Paz. «A las 13.00 horas de este miércoles había 80 pacientes pendientes de ingreso. La ocupación es tremenda, hacinados unos encima de otros… perfecto para que una epidemia se propague», dice en conversación con este diario. Achaca que la falta de personal es estructural: «Esto lleva todo el año así. La gestión del hospital deja mucho que desear frente a los problemas diarios con pacientes y trabajadores». Según Hernanz, el plan de ajuste económico vigente desde el año pasado en Madrid ha recortado aún más la cobertura de personal. No se limita al servicio de Urgencias: «En la planta de Cardiología estamos en mínimos. Llevamos una semana pidiendo cobertura por dos enfermeras de baja y hasta el día 21 de diciembre no las sustituyen. El próximo fin de semana, en turno de noche, habrá una sola enfermera para 28 pacientes. Si ocurre algo grave, no habrá quién lo atienda».
Este medio también ha recogido denuncias similares en distintos puntos del país. En A Coruña, una paciente presentó una reclamación —a la que ha tenido acceso Público— tras pasar 31 horas en una camilla en el pasillo de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) antes de ser ingresada. Desde el propio centro aseguraron a Público que el servicio no está colapsado, sino que «afronta un incremento de la demanda propio de estas fechas». En Santiago de Compostela, Fernando Abraldes, presidente de la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), confirma a este diario que los pasillos vuelven a estar llenos de pacientes. Según explica, en las últimas 24 horas se registraron 517 atenciones y una ocupación del 89%, «lo que implica que habría hasta 166 camas físicas susceptibles de ser utilizadas si se asignara personal médico y de enfermería».
Antonio Macías, UGT Andalucía:
«El sistema está tan cogido con pinzas que cualquier aumento de presión hace saltar todo por los aires»
La situación se repite en Andalucía. Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Servicios Públicos, sostiene que el colapso es generalizado. «El sistema está tan cogido con pinzas que cualquier aumento de presión —esta vez, la gripe— hace saltar todo por los aires. El desbordamiento empieza en Urgencias, se traslada a los quirófanos, después a las plantas… y al final se desviste un santo para vestir a otro. Es un despropósito propio de un sistema con una gestión muy mejorable», resume en conversación con Público.
Un ingrediente más se suma a la situación de colapso. Los niveles de incidencia de gripe en España son tres veces superiores a los del año pasado. En Catalunya, la situación tampoco mejora: según los datos del Sistema de Vigilancia de las Infecciones en Catalunya (SIVIC), la incidencia sigue en ascenso y con un aumento más pronunciado que en temporadas anteriores. Entre el 17 y el 23 de noviembre, se registraron 81 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque todavía se considera un nivel bajo, las previsiones apuntan a que podría superar el umbral moderado en apenas dos semanas. Además, se observa un repunte del virus respiratorio sincitial (VRS), aunque su circulación por ahora sigue en niveles basales.
Los niveles de incidencia de gripe en España son tres veces superiores a los del año pasado
La consellera Olga Pané advirtió este miércoles en Catalunya Ràdio de que la comunidad está a punto de entrar en nivel alto de circulación —218 casos por cada 100.000 habitantes— y que el pico epidémico coincidirá de lleno con las fiestas navideñas. Según aclaró, la presión actual ya «ocupa» buena parte del sistema sanitario, y varios hospitales catalanes empiezan a notar signos claros de saturación. Público enumera en un artículo las comunidades autónomas y los centros donde es posible vacunarse contra la gripe sin necesidad de pedir cita previa.
¿Qué está fallando?
¿Por qué se repite el colapso año tras año? ¿Qué está fallando en la gestión sanitaria? Para Miguel Barrueco, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la respuesta es clara: si no se actúa sobre las causas, el problema se reproduce una y otra vez. «No solo no se han incrementado las camas ni las plantillas, sino que en algunos casos incluso se han reducido. Y seguimos con plantas cerradas que deberían estar operativas«, denuncia en declaraciones a Público. El resultado, dice, es inevitable: «Mismas causas y mismas decisiones conducen a las mismas situaciones, con una población cada vez más envejecida».
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Barrueco subraya que esta falta de recursos obliga a gestionar camas y personal «al límite», lo que dispara el burnout y, en consecuencia, las bajas entre los profesionales. «El sistema no se hunde gracias a la entrega de quienes trabajan en él. Pero no se puede sostener así», insiste. «La asistencia sanitaria cuesta dinero. No hay soluciones mágicas. Lo sensato, casi siempre, es aplicar criterios de sentido común».
Pacientes esperan por un/a médico para poder ser atendidos, en Catoira (Pontevedra).
Para Xosé María Dios, médico de familia jubilado que ejerció en el municipio rural y costero de Outes (A Coruña), el origen del problema está en una Atención Primaria «languidecida». En Galicia, recuerda, la situación es especialmente grave: «De los 313 ayuntamientos de la comunidad, unos 200 carecen de pediatra». «Los centros de salud funcionan con menos personal y menos recursos, así que las consultas se desbordan con 50 o 60 pacientes al día», explica. En ese escenario, completa, muchas personas optan por buscar alternativas: «La ciudadanía termina acudiendo a los PAC o directamente a las Urgencias hospitalarias por problemas que, en condiciones normales, deberían resolverse en Primaria«.
Desde el sindicato SATSE Madrid alertan de que el Plan de Invierno no puede implementarse eficazmente cuando los centros asistenciales ya muestran signos de saturación por la gripe. «Tememos que vuelva a fracasar, como ocurrió el año pasado; las urgencias ya están desbordadas, con más pacientes que camas disponibles». El sindicato pone ejemplos sobre la mesa: «La Urgencia de La Paz amaneció el miércoles con 128 pacientes ingresados, pese a contar solo con 116 camas. Todo el servicio estaba atendido por apenas 16 enfermeras por turno». Reprochan que «harían falta, al menos, 2.000 enfermeras adicionales Servicio Madrileño de Salud para garantizar condiciones laborales mínimas y poder atender con seguridad a la población».
Lo último que se sabe es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han logrado, por fin, cerrar un acuerdo en la Comisión de Salud Pública para aplicar un plan común frente a la gripe y otros virus respiratorios. El documento recupera entre sus medidas el uso de mascarilla en centros sanitarios, junto a otras actuaciones destinadas a mitigar el impacto de la ola vírica.
Las mascarillas vuelven a verse en el espacio público. Esta vez no es por un déjà vu de la pandemia, sino por un repunte gripal que ha pillado a España con el pie cambiado. La circulación del virus se ha adelantado varias semanas respecto al calendario habitual y ya ha superado el umbral epidémico. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto el foco en una variante «más contagiosa». La cepa A(H3N2) está circulando de forma «inusualmente temprana» en la península.
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Los datos confirman también la tendencia. El sistema de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III, SiVIRA, que mide la incidencia mediante el indicador conocido como «proxy de gripe» —tasa de infecciones respiratorias agudas en primaria × porcentaje de muestras positivas a gripe—, dibuja una curva muy pronunciada. En la semana 44 de 2024, la incidencia estimada era de 12,9 casos por cada 100.000 habitantes; un año después, en esa misma semana, la cifra se ha disparado a 43,4. Es decir, 3,4 veces más. Lo mismo ocurre en la semana 45: 19,7 casos en 2024 frente a 62 en 2025. España entró en nivel epidémico en la semana 39 de este año.
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A este escenario se suma otro ingrediente: las coberturas de vacunación. El último balance del Ministerio de Sanidad, con datos provisionales de 2024, señaló un retroceso en la inmunización de adultos y mayores de 60 años respecto al año anterior. Entre el personal sanitario y sociosanitario, la tendencia descendente también se mantuvo. Solo las embarazadas registraron una mejora notable, acercándose a los niveles alcanzados en plena pandemia. En la población infantil, pese a una subida de más de diez puntos, la cobertura siguió por debajo del 50%.
El último balance de Sanidad, con datos provisionales de 2024, señaló un retroceso en la inmunización de adultos y mayores de 60 años
En el ámbito estatal, la cartera de Mónica García aún no ha hecho públicas las coberturas de vacunación de esta temporada. Por ende, Público ha revisado los sistemas de seguimiento autonómicos. Algunas comunidades han actualizado sus cifras de vacunación. El Observatorio de Salud Pública de Galicia informa de 720.501 personas vacunadas hasta la fecha, con un 67,41% de cobertura en mayores de 65 años, un 59,59% entre el personal sanitario y un 46,83% en menores de 12. En la Comunidad de Madrid, el último informe semanal contabiliza 747.416 vacunaciones, de las cuales cerca de medio millón corresponden a personas de 65 años o más. Castilla y León, por su parte, actualiza semanalmente sus datos y gráficos de evolución a través de su portal de datos abiertos. Sanidad insiste en reforzar las recomendaciones de vacunación para la campaña 2025–2026.
El colapso que todos veían venir
La gripe ha encontrado un sistema sanitario agotado, que lleva años avisando de que no da más de sí. ¿El resultado? Previsible: los pasillos de los hospitales vuelven a ser salas de espera improvisadas, las listas de espera se eternizan y las plantillas trabajan al límite. El 25 de noviembre, Marta González acompañó a su madre —paciente oncológica— a Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Tras pasar por boxes, ambas quedaron varadas en un pasillo durante 31 horas. «31 horas en una camilla, sin intimidad y sin dignidad», denuncia Marta en conversación con Público. La única explicación que recibió fue que no quedaban camas disponibles. El ingreso no llegó hasta la tarde del día siguiente.
Marta, acompañante de una paciente oncológica: «Mi madre estuvo 31 horas en una camilla en el pasillo, sin intimidad ni dignidad»
En Santiago de Compostela, el periodista Juan Oliver recogió el 28 de noviembre la denuncia de decenas de pacientes que soportaron esperas superiores a cinco horas en camillas o sillas de ruedas en los pasillos del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Todo ello pese a que, según la dirección del centro, había más de 200 camas libres. Los afectados apuntaron directamente a la falta de personal como origen del colapso. La gerencia del CHUS y el Servizo Galego de Saúde (Sergas), sin embargo, negaron a Oliver que la situación consiguiera desbordar el sistema y aseguraron que existe un «plan de contingencia activado para responder a picos puntuales de demanda».
Carla (nombre ficticio para preservar su anonimato) acudió la semana pasada a las Urgencias del Hospital La Paz, en Madrid, acompañando a su madre por un problema cardiaco. «Vimos el hospital completamente colapsado por la falta de recursos, y a los sanitarios sacando su trabajo adelante como buenamente podían. Los distintos boxes de Urgencias estaban saturados; había personas mayores siendo atendidas en sillones destrozados por la falta de camas, y médicos y enfermeras intentando localizar a los pacientes entre todo el caos…», relata a este diario. La orden de ingreso para su madre se emitió el martes por la noche. «El jueves seguía aún en Urgencias. Fuimos varias veces a reclamar a Atención al Paciente y la respuesta siempre fue la misma: no hay camas«.
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En el Hospital 12 de Octubre, trabajadores de Urgencias llevan semanas trasladando a este medio cifras que evidencian el desbordamiento del servicio. El 27 de noviembre, por ejemplo, 54 pacientes esperaban cama a primera hora; la sala P2, con capacidad para 42 personas, albergaba 68, y en P3 aguardaban otras 72.
Fuentes del CHUAC aseguran que el hospital no está colapsado y que se encuentran en fase 1 de su plan de contingencia
Público ha contactado con los distintos centros sanitarios mencionados en este artículo para conocer la situación del servicio de salud. Desde el CHUAC aseguran que el hospital no está colapsado, que la única reclamación registrada es la citada en este texto y que se encuentran en fase 1 del plan de contingencia, «activado habitualmente durante los periodos de mayor demanda». Reconocen, eso sí, un aumento en las urgencias «como ocurre todos los años por estas fechas». Por su parte, La Paz no respondió a las llamadas de este medio, mientras que desde el 12 de Octubre indicaron que facilitarían información, aunque hasta el momento de la publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.
La respuesta que España aún no consigue cerrar
Más gripe y menos vacunación, ¿y ahora qué? Este miércoles está previsto que la Comisión de Salud Pública vuelva a someter a aprobación el plan contra la gripe. El año pasado, el documento naufragó en el Consejo Interterritorial: las comunidades gobernadas por el Partido Popular lo vetaron y optaron por aplicar sus propios planes para enfrentar la ola de gripe. La misma situación se repitió el pasado 13 de noviembre. Los gobiernos autonómicos populares rechazaron de nuevo el texto. Aun así, tras semanas de negociación, el equipo de García asegura que esta vez confía en sacarlo adelante.
El proyecto plantea una respuesta escalonada según los indicadores de transmisibilidad del sistema de vigilancia SiVIRA, que distingue cinco escenarios: basal, bajo, medio, alto y muy alto. En cada nivel se establecen recomendaciones adaptadas, desde el uso de mascarilla —especialmente en interacciones cara a cara, centros sanitarios o contextos de alta circulación viral— hasta la mejora de la ventilación, la limpieza refuerzo en interiores, la reducción de aglomeraciones y la activación de planes de contingencia en hospitales y residencias para asegurar la continuidad asistencial.
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Vacunación sin cita previa
Algunas comunidades autónomas están reforzando la campaña de inmunización frente a la gripe —y, en algunos casos, también contra la covid-19— con dispositivos que permiten vacunarse sin necesidad de cita previa. En Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal atiende a la población adulta de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 20.30 horas, mientras que los menores de 18 años deben seguir acudiendo a sus centros de salud. Aragón fue de las primeras en abrir la vacunación libre en centros sanitarios, con varios puntos operativos en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza desde las 9 hasta las 19 horas.
Andalucía organiza desde noviembre jornadas semanales sin cita dirigidas a los grupos diana, repartidas por distintos puntos de la comunidad. En el Principado de Asturias, el SESPA ha habilitado 34 puntos de vacunación vespertinos para facilitar el acceso. Castilla y León ofrece inoculaciones sin cita los fines de semana en numerosos Puntos de Atención Continuada de provincias como Palencia y Zamora. País Valencià mantiene la vacunación sin cita en la campaña actual, aunque sin reabrir los vacunódromos utilizados el año pasado. En Catalunya, los CAP cuentan con instrucciones para vacunar a personas de riesgo tanto con cita como sin ella. Euskadi, por su parte, ha reforzado el operativo e incluye acceso libre al vacunódromo de Bilbao,
abierto durante unos 15 días de 8.00 a 20.00 horas.
La Rioja ha programado jornadas puntuales sin cita en el Hospital San Pedro de Logroño, y Navarra ha abierto puntos especiales en centros de salud como los de Estella-Lizarra y Buztintxuri, además de dispositivos temporales en el Área de Tudela. En la Región de Murcia, municipios como Caravaca de la Cruz han reforzado sus centros de salud para ofrecer vacunación accesible sin cita previa.
Los activistas de la célula neonazi desarticulada por la Policía Nacional en Castellón en los últimos días querían dar un salto en sus campañas en defensa de la «raza». Según consta en un texto elaborado por uno de los responsables locales de The Base, el grupo pretendía distanciarse de otras organizaciones de ultraderecha y ofrecerse como espacio clandestino para quienes estuviesen dispuestos a combatir contra la «sustitución» de españoles por migrantes.
«¡Hermanos,
despertad! Hay una causa crucial que os necesita y es la supervivencia de
nuestra raza. Manteneos alejados de los sectores reaccionarios y de los falsos
nacionalistas blancos que os hacen creer que una revolución nacional aún es
posible», afirma M. M., miembro de The Base en España, en una nota publicada por la dirección del grupo en la red social rusa VK en abril de 2025 y a la que ha tenido acceso Público.
Tras plantear «cómo
podrían los jóvenes nacionalistas blancos de mentalidad revolucionaria
contribuir realmente a la causa», el autor del texto insta a promover la «secesión blanca» mediante «un alto nivel de implicación y compromiso, pasando a la ofensiva y participando en
organizaciones como The Base» o sumándose a iniciativas de formación de «etno-villas», en alusión a la formación de poblados por parte de grupos xenófobos.
El activista se mostraba crítico con aquellos que «ni siquiera están dispuestos
a derramar una sola gota de sangre por su nación (que ya está rota, ocupada y
desprovista de soberanía) o por nuestra raza».
La publicación de aquella carta estuvo precedida de imágenes en las que aparecían miembros de la célula española neonazi enseñando sus armas o portando la bandera negra de este grupo.
Según ha verificado Público, The Base difundió durante los últimos meses una serie de fotos de activistas de esta organización en España, Italia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Bulgaria, Ucrania o Rusia. También cuenta con militantes en distintas zonas de EEUU. En varias de esas imágenes los ultras aparecen portando armamento.
En julio pasado, la rama ucraniana de este grupo se atribuyó el asesinato del coronel Ivan Voronych, miembro del Servicio de Seguridad de ese país.
«Defender a la población blanca»
En el operativo efectuado el pasado martes en Castellón –y que no trascendió hasta este lunes–, la Policía Nacional incautó dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas y un completo equipamiento táctico militar, además de material de apología nazi. Uno de los ultras detenidos ha ingresado en prisión.
Miembros de la célula española en una foto publicada en la red social VK.
«Promocionar públicamente The Base es un riesgo calculado necesario para fines de reclutamiento y para obtener apoyo financiero que nos ayude a financiar nuestra formación», explicaron sus responsables en una publicación en VK del 26 de febrero de 2025.
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En otro mensaje en esa red social, el grupo explicaba que «cada
célula local de The Base» tiene asignada la «misión» de «proteger» a la «población blanca local». «Queremos establecer células en tantos lugares como
sea posible para poder defender al mayor número posible de comunidades blancas»,
explicaban en una declaración publicada en febrero pasado.
«Para ser una fuerza de defensa eficaz se necesita
entrenamiento, y un entrenamiento eficaz requiere dinero para cubrir los gastos
de viaje de nuestro equipo de entrenamiento móvil», añadían en esa publicación, destinada a encontrar nuevos donantes. «Cuanto más
apoyo financiero recibamos, más células podremos crear en distintos lugares.
Quizás uno de esos lugares sea incluso donde tú vives», subrayaban.
«Violencia racial y terrorismo»
La dirección de esta red de células neonazis está a cargo de Rinaldo Nazzaro, un estadounidense que dirigió una empresa de seguridad y que hoy vive en San Petersburgo. Según distintos informes recopilados por Público, este activista de ultraderecha ejerció como colaborador del Departamento de Seguridad de EEUU entre 2004 y 2006.
El centro de investigación Counter Extremism Project, con sede en EEUU y Alemania, afirma además que Nazzaro «presuntamente colaboró en 2014 con las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio en medidas antiterroristas».
El ultraderechista, que también actúa bajo el seudónimo de Norman Wolf, publicó en junio pasado una carta del Cuerpo de Marines de EEUU en la que se reconocía su colaboración en operaciones especiales.
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Nazzaro asegura que se involucró en actividades de ultraderecha tras abandonar su colaboración con el Gobierno de EEUU y explica que fundó la red supremacista blanca The Base en 2018.
«Aproximadamente al mismo tiempo, me mudé a Rusia estrictamente por motivos familiares: tuve mi primera hija y no quería que creciera en Estados Unidos porque me parecía un país demasiado degenerado. Mi esposa y yo consideramos mudarnos a varios países diferentes, pero Rusia era la opción más realista porque ella tiene la ciudadanía rusa», relata.
La red a la que pertenecía la célula desarticulada por la Policía Nacional se ubica en el ámbito del aceleracionismo de extrema derecha. Según destaca un informe del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU), el aceleracionismo «incita a sus seguidores a cometer actos de violencia racial y terrorismo, incluyendo ataques a infraestructuras críticas, para explotar las divisiones raciales y acelerar el colapso de la sociedad occidental, permitiendo así la formación de etnoestados blancos dirigidos por supremacistas».
El próximo 17 de diciembre se cumplirá el mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ricardo Enríquez, José María Macías, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que es el actual presidente. Los dos primeros pertenecen al bloque conservador y los dos últimos, al progresista. Fueron nombrados por el Senado en 2017 y corresponde ahora a la Cámara Alta proponer cuatro nuevos nombramientos, tal y como obliga la Constitución.
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Para conseguir la mayoría de tres quintos de la Cámara Alta necesaria para que queden ratificados los cuatro candidatos, el PP y el PSOE deben pactar los nombres. Pese a la amplia mayoría de los populares en el Senado, con 145 asientos de 266 senadores, no tendrían la capacidad para sacar adelante por sí mismos a cuatro candidatos conservadores, ni con el apoyo de Vox, UPN y Junts podrían lograr los 160 votos necesarios para ello.
En estos momentos, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría progresista de siete a cinco, que se conformó en diciembre de 2022 a raíz de la última renovación en el tribunal, la que correspondía a dos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos, a cargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esa renovación, a la que se llegó tras un bloqueo auspiciado por el PP, dio un giro a la mayoría conservadora que imperó en el TC una larga década, con seis a cinco. El cambio se produjo después de un episodio inédito como fue la suspensión cautelar por parte de aquel TC controlado por la mayoría conservadora de una reforma legislativa del Parlamento para precisamente moficiar la forma de renovar el tribunal, impidiendo este tipo de bloqueos.
Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Ricardo Enríquez llevan nueve años en el TC, que es el mandato de cada uno de los doce magistrados que conforman el más alto tribunal que interpreta la Constitución. Por su parte, José María Macías entró en septiembre de 2024, por la cuota del Senado, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022, y falleció en marzo pasado.
Lo más probable es que Macías repita al no haber estado en el TC más de tres años, una posibilidad que permite la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Él formó parte del acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ en junio de 2024 tras más de cinco años bloqueada su renovación por la actitud obstrucionista de Feijóo y sus antecesores al frente del PP.
Fuentes del TC indican a Público que dan por sentado que habrá bloqueo y que Conde-Pumpido, que ya ha cumplido los 76 años, seguirá siendo el presidente en funciones hasta que haya pacto entre los dos principales partidos.
El mecanismo en el Senado
El propio presidente del TC envió hace cuatro meses al presidente del Senado, Pedro Rollán, una misiva recordándole el próximo vencimiento del mandato del tercio designado por la Cámara Alta. Y Rollán, del PP, dio traslado de la misiva a la Mesa, primer paso para activar el protocolo. Sin embargo, a día de hoy no existe una propuesta de diálogo con los socialistas ni lista de nombres que negociar, indica Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado.
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«No se ha activado el mecanismo para pedir a los parlamentos autonómicos que designen candidatos –dice Espadas– y es algo que se hace meses antes de que acabe el mandato en el TC. En alguno territorios, como en València, veremos candidatos con el aval del Vox», advierte.
El senador socialista asegura que «no hay ningún movimiento para proceder a la renovación preceptiva del TC por parte del presidente del Senado, al que solo le preocupan los conflictos de atribuciones», dice Espadas en relación al registro de una decena de estos conflictos con el Gobierno en lo que va de legislatura por parte de una Cámara Alta con una holgada mayoría del PP.
Posible prórroga
En el Constitucional, fuentes del sector progresista coinciden en considerar que de nuevo habrá bloqueo en este órgano. El propio Conde-Pumpido, al ser preguntado a finales del pasado mes de octubre, por la posibilidad de un nuevo bloqueo, indicó que el mandato caducado de una alta institución «puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico» y expresó su deseo de que «no hubiese demora alguna», pero evitó pronunciarse directamente por no «interferir» en «la labor política de búsqueda de consenso», dijo Cándido Conde-Pumpido durante la presentación de la Cumbre de Justicia Constitucional que se celebró en Madrid.
Transparencia, competencia leal y protección de los consumidores. Son las tres exigencias que ha puesto este martes sobre la mesa del Congreso el Grupo Plurinacional Sumar a dos de los gigantes del sector inmobiliario: Idealista y Fotocasa. Lo ha hecho presentando una solicitud de comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja de un responsable de cada plataforma. En concreto, María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal Fotocasa, y Pablo Álvarez-Cascos, director de Tecnología de Idealista Contexto. La solicitud, interpuesta por las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas, subraya la opacidad de estas plataformas sobre sus entresijos, sus engranajes invisibles: los algoritmos.
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Unos algoritmos a los que señalan por influir de forma decisiva en la evolución de los precios de la vivienda, en la competencia desigual entre pequeños propietarios y grandes tenedores y, en definitiva, en las posibilidades de acceso al mercado de miles de familias. Incumpliendo, por el camino, la normativa europea y española en materia de transparencia. El debate está servido. ¿Afectan los algoritmos de las grandes plataformas a la configuración de los precios y tendencias del mercado? ¿Son estas compañías, por lo general, transparentes sobre el funcionamiento de estos algoritmos y de su impacto?
«Condicionan la mirada sobre el mercado»
Esther Paniagua, experta en IA y gobernanza digital, además de autora del Manual de defensa algorítmica (Prodigioso Volcán), se muestra tajante: sí a la primera pregunta; no a la segunda. «Lo más obvio de cómo pueden influir estas plataformas y sus algoritmos en el mercado de la vivienda es el hecho de que se pueda pagar para que tu anuncio aparezca más arriba en los resultados de búsqueda», comienza explicando la investigadora. En otras palabras: quien tiene mayor capacidad económica, tiene preferencia a la hora de mostrar su vivienda, sus condiciones y sus precios. Lo que -razona Paniagua- es ya de por sí una forma de modular el acceso y la percepción de los usuarios sobre el estado del mercado.
Las plataformas inmobiliarias discriminan por medio de la «segmentación de usuarios»
«Cuando no es un filtro según tus intereses, sino los intereses del dueño de la plataforma, ya no estamos hablando de una recomendación, sino de una manipulación que condiciona una decisión del consumidor», incide, por su parte, Borja Adsuara, doctor en Derecho y experto en estrategia y comunicación digital. Y eso, continúa el docente, está expresamente prohibido. «Ya lo estaba en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad. Pues lo mismo ahora con algoritmos», completa el investigador. Una prohibición establecida en la DSA, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada a principios del año pasado.
Hay más vías para conseguir que te favorezca el algoritmo. «También se puede pagar para mejorar tus fotos o hacerte algunas nuevas, lo que puede mejorar igualmente el posicionamiento de tu anuncio en la web», continúa la experta. Otra posibilidad es contratar alguno de los servicios de tasación de viviendas o de contratación de inmobiliarias que ofrece el propio portal. Con el mismo objetivo: conseguir más visitas. Unos sistemas de tasación informáticos -advierte Paniagua- que se han revelado «problemáticos, con sesgos y, en muchas ocasiones, erróneos». «Entre otras cosas por el alto dinamismo del mercado, que estos sistemas no pueden incorporar», completa la escritora.
Las plataformas inmobiliarias también discriminan. ¿Cómo? Por medio de la «segmentación de usuarios». En base a criterios geográficas, demográficas o de comportamiento online. «Bien porque el propio anunciante haya pedido una segmentación específica, bien porque sea una discriminación inherente al propio algoritmo», aclara Paniagua. Barrio, capacidad económica, origen nacional… Las posibilidades son múltiples, difíciles de monitorizar y dependen -insiste la investigadora- de lo que cada plataforma decida calibrar. «Al final los algoritmos son programas informáticos con su propio sistema de pesos, a los que se atribuyen diferentes puntuaciones», explica la experta en gobernanza digital. «Se puede decidir valorar cualquier cosa: desde que la foto tenga mejor calidad hasta que el precio esté por encima de x cantidad o que el anunciante haya pagado una comisión», sentencia Paniagua.
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¿Se puede hablar de una burbuja en los anuncios inmobiliarios?
Un piso no cuesta lo que dicen los anuncios ni de Idealista ni de Fotocasa. Al menos esa es la conclusión de un informe reciente de UVE Valoraciones. Según esta sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, en los últimos cinco años, la brecha entre los precios de oferta que marcan estas dos plataformas y los que se registran en las compraventas ante notario ha crecido hasta 32 puntos porcentuales. ¿Traducción? Los precios que ofrecen las inmobiliarias son, de media, un 44% más altos que «los reales». Una diferencia, que, en 2021, se situaba en el 12%. Tiene su base metodológica. Para llegar a esta conclusión, la compañía ha comparado la evolución de los precios de ambas plataformas con los datos del Ministerio de Transportes, las notarías, los registradores o el propio INE.
«La hipótesis de que estas plataformas hayan podido tirar de los precios de oferta hacia arriba puede ser razonable», valora Adsuara. Ahora, matiza el experto, las causas pueden ser múltiples y la implicación en esta subida de los algoritmos no deja de ser elucubración «mientras no haya un auditor independiente que lo certifique». «Ya la mera existencia de estas plataformas, que no es algo que se pueda prohibir o penar, afecta irremediablemente a los precios», continúa el docente. Los conocidos como riesgos sistémicos. Tiene su explicación. «Hoy en día cualquiera puede saber a cuánto alquila su casa su vecino. Cuáles son los precios de su zona, de su ciudad. Y, con todo ello en mente, ajustar el de su propia vivienda al alza, claro», opina el doctor en Derecho. Considerando, además, que los precios tienden a bajar en medio de las negociaciones con el futuro comprador.
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Borja Adsuara: «En vez de multar a estas plataformas, a la que van a multar es a España por no aplicar la legislación comunitaria»
Paniagua coincide con esta valoración, aunque con matices. «El acceso a estos datos, de los que es verdad que antes no se disponían, no es del todo democrático», apunta la investigadora. «Las empresas de inversión cuentan muchas veces con sistemas automatizados que les permiten detectar la publicación de nuevas ofertas o incluso de ofertas ventajosas», prosigue. Cosa que un ciudadano de a pie no puede permitirse.
Toca buscar soluciones. «Nadie sabe cómo funcionan sus algoritmos más que ellos mismos y ese es el principal problema», se muestra tajante Adsuara. Una cuestión de transparencia que tendría fácil solución, sugiere el docente. «Esa información la podría -y debería- reclamar la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por medio de una auditoría», continúa explicando. Para ver si realmente están manipulando el mercado, si incurren en prácticas colusorias de la competencia, si hay algún tipo de concertación de precios… Entonces, si el organismo competente ya existe, ¿cuál es el problema? «Que la DSA, el reglamento europeo, se tenía que haber aplicado en España desde febrero del 2024 y el gobierno, sin embargo, todavía no se ha molestado en modificar el estatuto referente a esta comisión», advierte Adsuara. Una torpeza por la que el Tribunal Europeo de Justicia podría terminar imponiendo a España algún tipo de penalización. «Es un escándalo del que no se habla suficiente», valora. «Al final, en vez de multar a estas plataformas por posibles prácticas fraudulentas, a la que van a multar es a España, a todos nosotros, por no haber aplicado todavía la legislación comunitaria», sentencia el investigador.
Público se ha puesto en contacto con Idealista y Fotocasa para preguntarlas si algún responsable de la entidad comparecerá en el Congreso, como ha solicitado Sumar, para dar las explicaciones pertinentes en materia de transparencia. También les ha preguntado por las conclusiones del informe de UVE Valoraciones. ¿Han realizado algún estudio propio sobre su impacto en el mercado? ¿En caso afirmativo, han tomado medidas al respecto? Por último, este diario ha querido saber si alguna de las plataformas considera que sus algoritmos podrían fomentar la competencia desleal, favoreciendo a entramados empresariales y grandes tenedores frente a pequeños particulares. Hasta el momento de la publicación de este artículo, ninguna de las dos entidades ha ofrecido respuestas.
