El pasado 6 de octubre, la jueza Silvia Plaza Ballesteros, titular del Juzgado de lo
Social 17 de Madrid, rubricaba una sentencia revolucionaria en el marco del derecho laboral y daba la razón a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que había demandado a la institución y al decano de la Facultad de Matemáticas por vulnerar su derecho fundamental a la integridad moral y a la salud física y psíquica por impedirle llevar a su puesto de trabajo a su perra enferma y en un contexto de depresión de la propia profesora.
La sentencia, a la que ha podido acceder Público y que es recurrible, condena al decano, Antonio Brú, y a la Complutense al pago solidario de 15.000 euros en concepto de daños morales a la profesora, que ha estado representada legalmente por Isaac Guijarro, cofundador del bufete Olympe Abogados. Desde el despacho, se celebra el éxito final de un procedimiento que «a priori pintaba mal, pero que la contundencia de las pruebas condujo a un vuelco final».
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La mujer prestaba sus servicios como profesora e investigadora del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la
Facultad de Matemáticas de la Complutense desde el 12 de julio de 2019, y desde el principio comenzó a llevar a su perra Grey a su puesto de trabajo, como apoyo emocional por la ansiedad producida por su actividad laboral y por motivos familiares y de pareja, consta en la demanda. La mujer siguió llevando de manera sistemática a la perrita, una schnauzer mini de ocho kilos, cuando fue diagnosticada de una cardiopatía respiratoria, enfermedad mitral degenerativa crónica en fase B2, con la función sistólica mantenida y disfunción diastólica moderada, que obligaba a la profesora a estar constantemente pendiente del animal, para evitar su asfixia y darle su correspondiente medicación.
Pero un día, en enero de 2024, al entrar en su centro de trabajo descubrió un cartel en la entrada con el símbolo de «prohibido animales». Perpleja, preguntó al decano y a la gerente de la facultad, recordándoles que llevaba cuatro años llevando a la perra al despacho. La respuesta recibida fue que en aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales se consideraba adecuado prohibir la entrada de animales en la facultad.
La profesora volvió a solicitar que pudiera acudir con su perra en virtud de su estado de salud, proponiendo en correos electrónicos aportados a la causa seguir protocolos similares a los implementados en Google o Metro de Madrid, es decir, que el animal lleve bozal, no usar el ascensor y preguntar a los alumnos por alergias o miedos antes de recibirlos en tutorías. Pero el 7 de febrero de 2024 las autoridades de la facultad y de la universidad le respondieron lo mismo: que no podía entrar con la perra, ya que no está considerada oficialmente como perro de asistencia, como en los casos de las personas invidentes.
Negativa de la facultad
La gerencia esgrimió la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que indica que «salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas». Pero le informó que los centros de la Universidad Complutense son los que tienen que determinar si permiten la entrada de animales de compañía y, si la prohíben, se deberá señalizar con un distintivo visible desde el exterior. Cosa que finalmente hizo el decano.
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La situación desembocó en una baja laboral por depresión por parte de la investigadora, entre el 12 de febrero y el 9 de mayo de 2024; y en un procedimiento sancionador contra ella por parte del decano. Este alegó que «se le impuso sanción de amonestación por introducir a su mascota en la facultad, al incumplir la orden decanal que devino firme ante la falta de impugnación», como consta en la sentencia, en referencia a la orden de 6 de febrero por la que prohibió la entrada de animales al centro.
Dos faltas graves
El 18 de julio, el decano solicitó la intervención de la inspección de servicios por dos faltas graves contra la profesora: «Dicha profesora ha intentado meter a su perra a la cual se la dejó estar por un
tiempo en las dependencias de la Facultad, debido a una serie de argumentos esgrimidos
por dicha profesora, todos ellos de dudosa veracidad. Posteriormente, al intentar continuar
haciéndolo como un derecho adquirido y ante una postura intransigente de (…) decidí aplicar la legislación y prohibir expresamente la entrada del perro de la
profesora (…) Así pues, creo que, a la vista de la Ley de la CAM [Comunidad de Madrid], la profesora (…) no
puede acceder con su mascota mientras no obtenga el reconocimiento oficial como perro de
asistencia por parte de la CAM, por mucho que cuente con recomendaciones o informes
favorables de distintos estamentos de la UCM [Universidad Complutense de Madrid]», expuso el decano, según consta en la sentencia.
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A continuación, el decano reconoció en su exposición ante la inspección de servicios la existencia de informes psicológicos que aconsejaban la entrada de la perrita como medida terapéutica. «La profesora (…) ha intentado obtener el permiso de entrada del
perro por medio de diversas instancias, y alegando diferentes argumentos en el tiempo,
como se puede verificar en el informe 1: desde que su trabajo sería más provechoso con la
perra aquí, hasta la salud de la perra, pasando por diversos argumentos como el de apoyo
psicológico de ella al tener el perro cerca o que los estudiantes se sienten más cómodos
para hablar con una profesora si hay un perro en su despacho…»
En el juicio, celebrado el 18 de septiembre pasado, testificaron diversos peritos y profesionales médicos que ratificaron lo expuesto en dichos informes, una documentación solvente que conocían las autoridades de la Complutense, como dio por probado la jueza.
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Dichas autoridades «conocieron la situación de riesgo psicosocial que sufría la actora y los informes médicos y psicológicos que así lo indicaban, consecuencia de la negativa a permitirle acudir a la facultad con su perra, así como la posibilidad de evitar o reducir el riesgo psicosocial permitiéndole como medida terapéutica acudir con su mascota, pero no sólo no hicieron nada en materia preventiva, sino que incluso terminaron por ponerle una sanción», dice la jueza.
Medida terapéutica
Especialmente destacable es el informe de uno de los doctores del Gabinete de Psicología de la Complutense, firmado el 5 de febrero de 2024, al que acabó acudiendo la profesora. Este profesional tiene potestad para hacer propuesta de medidas en prevención de riesgos laborales: «Teniendo en cuenta el mayor interés, desde una perspectiva
psicológica, tanto para la trabajadora como para la U.C.M., y considerando las
recomendaciones efectuadas desde Salud Mental de Salud Madrid se considera
que la medida preventiva más apropiada, dentro del ámbito laboral, sería
facilitar el desempeño de su docencia acompañada de su mascota personal dados
los efectos terapéuticos que tiene, en la medida en que la estructura educativa lo
permita».
«Del análisis de los informes presentados, así como de los datos obtenidos, en
las entrevistas y pruebas realizadas, estimamos que en la actualidad Dña. (…) presenta una amplia y acusada sintomatología psicopatológica de
elevada intensidad, con un alto grado de hipersensibilidad y psicorreactividad
que le supone un elevado sufrimiento psíquico, de carácter persistente y
cronificado en el tiempo», concluía el profesional.
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Más informes
Uno de los informes estudiados en la universidad fue el de la psicóloga que trata a la profesora desde 2022, que indica: «A nivel personal la preocupación por su perra crece, ya que el diagnóstico requiere mucha vigilancia. La consultante presenta pensamientos intrusivos con relación a la posibilidad de que su perro fallezca, lo que la lleva a vigilar mucho las conductas de la perra con la intención de prevenir su fallecimiento. Todo esto hace muy complejo que pueda concentrarse en trabajar en la elaboración de textos de investigación (…) Al ser su principal figura de apego y proporcionarle fuertes sentimientos positivos se espera que acudir con ella al centro de trabajo favorezca un contra condicionamiento del mismo».
Proteger al trabajador
La jueza recuerda que es competencia del empleador «la obligación de evaluar y evitar riesgos, de proteger a la persona que presta sus servicios, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias (artículo 15 LPRL, de prevención de riesgos laborales), es también suya».
«La Universidad y el decano, conociendo la situación de la trabajadora (necesidad de acudir con su perra como medida para controlar su salud mental), debió evaluar y adaptar las condiciones para minimizar ese riesgo psicosocial. No hacerlo supuso una omisión de su deber de prevención», dice la jueza.
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Y destaca la magistrada que «el decano como máxima autoridad académica, tiene potestad para proponer medidas preventivas si conoce una situación de riesgo o en todo caso para proponer, coordinar, instar, informar, colaborar con el Servicio de Prevención de la UCM, para que se adopten medidas».
Y en el caso de autos, «ha quedado probado que no sólo omitió hacer ninguna propuesta o comunicar al servicio de prevención la situación de riesgo psicosocial en la que se hallaba la actora, sino que en email de fecha 18 de julio de 2024 puso en duda la veracidad de los argumentos esgrimidos por la actora y hasta su baja médica, pese a reconocer que contaba con recomendaciones o informes favorables de distintos estamentos de la UCM«, reprocha la jueza.
Vertiente psicosocial
En definitiva, la sentencia subraya que el decano obvió «en todo momento que tener la compañía de su perra en la facultad era una medida terapéutica y no una posición intransigente de la demandante».
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La sentencia indica que el decano y la universidad incumplieron la ley de prevención de riesgos laborales en la vertiente psicosocial, con vulneración del derecho a la integridad psíquica y salud de la profesora demandante. «Se incumple con lo dispuesto en los artículos 15 (integridad física y salud), 40.2 (seguridad en el trabajo) y 43 (protección de la salud), de la Constitución Española, así como con los artículos 1,3,4,7,14,15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y los artículos 3,4 y 6 del Reglamento del Servicio de Prevención.
Indemnización
Accede la magistrada a imponer la indemnizada reclamada por la profesora: «ante la gravedad de los hechos (…) haciendo caso omisivo a toda medida preventiva que comporta una falta grave de diligencia preventiva, llegando incluso a imponerle una sanción y a la existencia de un proceso de incapacidad temporal desde el 12 de febrero al 9 de mayo de 2024 considero procedente la indemnización solicitada de 15.000 euros».
Evaluación de riesgos
Una de las consecuencias más innovadoras de esta sentencia es que condena a la Universidad Complutense de Madrid para que realice en la Facultad de Ciencias Matemáticas una evaluación de riesgos psicosociales en relación a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras acudan con animales de compañía a los puestos de trabajo, «todo ello en aras a garantizar la protección (y la posibilidad de adaptación de sus puestos) de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales de tipo psicosocial». Abre así una puerta la jueza a que otras personas puedan beneficiarse de un protocolo laboral en una universidad madrileña que ahora no pone el foco en los cuidados de los animales y en el impacto en la salud mental.
Desgraciadamente, la perra Grey murió nueve meses después de que su propietaria solicitara permiso para poder seguir llevándola a la facultad. Su enfermedad de corazón no le permitió compartir la alegría de su dueña por el éxito judicial.
Alquiler
Seguro se ha construido como un negocio integral que engloba las múltiples facetas del alquiler: de las reparaciones del hogar y los seguros a los suministros de
luz y gas. Es más, incluso ha creado su propio índice para actualizar la renta
al inquilino cada año. Se llama ARCA (Actualizador de la Rentas de Contratos de
Alquiler) y hasta hace poco tenía su propia
página web. Basándose en la Ley
de Arrendamientos Urbanos, donde se establece que la renta se actualizará
cada año «en los términos pactados por las partes», y en la Ley
de Desindexación de la Economía, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en
2015 y desligó del IPC la revisión de los contratos públicos, Alquiler Seguro confeccionó
su propio índice para aplicarlo a las rentas que cobra a los arrendatarios. Dice
que sus autores son «técnicos y economistas» de la empresa, sin precisar más, y
que éstos contaron con la colaboración del portal inmobiliario Idealista.
En
su web, la agencia publica
la fórmula con la que elabora el ARCA, así como la evolución que ha tenido
en el tiempo. El índice se construye sumando el importe medio de las rentas
firmadas en el mes, el importe medio de todas las rentas en vigor y el importe medio
de las rentas de una «muestra representativa» de inmuebles facilitada por Idealista. Y de la que no explica cómo se diseña. La primera variable pesa un 10%, la segunda un 20% y la tercera, la muestra de
anuncios de Idealista, un 70%.
La fórmula matemática del índice ARCA.
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Así,
el índice ARCA era del 4,95% este septiembre, pero había escalado a su máximo
histórico en noviembre de 2024 y mayo de 2025, cuando alcanzó el 6,26% y el
6,25%, respectivamente. Por tanto, casi duplicó el IPC del mes pasado, que estaba
en el 2,9%, pero triplicó la inflación de noviembre de 2024 –2,4%– y mayo de
este año –2%–. Sólo se hundió durante el covid, incluso fue negativo en los
meses de la pandemia, de noviembre de 2020 a septiembre de 2021. Pero desde
julio de 2021 no ha dejado de subir. El único periodo en que el IPC fue
superior al ARCA coincidió con la crisis inflacionista provocada por la guerra
de Ucrania. Sin embargo, durante 2022 y 2023 el Gobierno limitó la subida de
las rentas del alquiler al 2%. Y durante 2024, al 3%. Así que el ARCA siempre estuvo
por encima de ambas cifras durante todo este tiempo, aunque no pudo aplicarse.
Ésta es la segunda entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar la primera entrega].
Precios inflados en Idealista
Los
cambios introducidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda han afectado especialmente
a la actualización de las rentas. Desde enero de 2025, deben revisarse
aplicando el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV),
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. De 2022 a 2024 se utilizó el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado por la Ley de Desindexación
de la Economía, para actualizar los alquileres cuando los contratos no
especificaban qué índice debía usarse. El IRAV es el valor mínimo entre la tasa
de variación anual del IPC, la tasa de variación anual del IPC subyacente
–la que excluye alimentos y energía– y una
tasa de variación anual media ajustada.
Como
puede verse en el gráfico adyacente, el ARCA siempre ha superado ampliamente tanto
el IGV como el IRAV.
«No
es lo mismo los precios de oferta de los grandes portales inmobiliarios que los
de cierre del contrato», apunta Javier Burón Cuadrado, gerente de
Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de Navarra y antes de la de vivienda
del Ayuntamiento de Barcelona. «En nuestro estudio sobre
las empresas de alquileres comprobamos que los precios de los grandes
portales como Idealista o Fotocasa están hinchados un 30% sobre los precios
reales que pagan los inquilinos», abunda Jaime Palomera, investigador del Instituto
de Investigación Urbana (IDRA). Lo que, a su vez, termina inflando también el
ARCA, donde la mayor parte del peso de la fórmula –un 70%– recae precisamente en
la «muestra representativa» de los anuncios aportados por Idealista.
Una imagen del portal de anuncios inmobiliarios Idealista.
Palomera
dice que Alquiler Seguro no es la única inmobiliaria que ha creado su propio índice
de actualización, hay más, pero «no lo publicitan tanto». También las administraciones
públicas confeccionaron los suyos: el Gobierno central utilizó datos de Hacienda
y del catastro, mientras que el catalán recurrió a las fianzas para diseñar uno en 2017. Cree que ambos son «mejorables». Además, critica lo que considera un «evidente» conflicto de interés de los que gestionan la oferta, los portales inmobiliarios
–que Javier Burón describe como grandes «outlets de anuncios»–: son los
primeros beneficiarios de la subida de las rentas, porque sus comisiones se calculan
basándose en el precio final de los alquileres.
Carlos
Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas, dirige sus críticas al posible carácter
abusivo de estos índices hechos a la carta. «Habría que ver si ha existido una negociación real entre las partes» se pregunta. Alquiler Seguro responde a Público
que el ARCA «ofrece una medida real de la variación del mercado del alquiler», con el objetivo de «facilitar las negociaciones desvinculando el precio de las
rentas del IPC». A su juicio, el ARCA «es mucho más preciso», al estar
relacionado «de forma directa» con el mercado del alquiler, mientras que el IPC
es un índice «general» construido usando una serie de «productos que no tienen
nada que ver entre sí».
Cumplimiento escrupuloso de la ley
En
un contrato de 2019 de Alquiler Seguro al que ha tenido acceso este periódico, se
establece que la renta será revisada de acuerdo con el ARCA. Y no hubo negociación
previa de ningún tipo ni con la agencia ni con el arrendador, según el
inquilino que lo firmó. Se le dijo que era el índice que utilizaba la empresa,
sin más alternativa. En un contrato de 2023, también se fija el ARCA como
actualizador de la renta, pero se precisa a continuación que la variación no
podrá superar el IPC, en cumplimiento del real decreto de 2022 que limitaba los
precios por la espiral inflacionista provocada por la guerra de Ucrania.
Alquiler
Seguro tampoco ha respondido cuando Público le ha preguntado si tiene
algún contrato –y en ese caso, cuántos– en el que casero e inquilino hayan
pactado, en uso de la libertad que les concede la ley, utilizar el IPC para
actualizar la renta. Se ha limitado a reseñar que cumple «de forma escrupulosa» la Ley de Arrendamientos Urbanos. También dice que cumple «a rajatabla» la Ley
por el Derecho a la Vivienda en lo que respecta a la revisión anual de la renta,
que obliga sólo a los nuevos contratos. Así que mantiene y sigue actualizando
el ARCA en su página web. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones
Inmobiliarias (FAI), se sorprende de la existencia de este índice. «Ni sabía que existiera, no lo he utilizado
en 30 años de profesión, sólo el IPC», resalta, «y ahora la ley obliga a
utilizar el IRAV para la vivienda habitual, no se permite otra cosa. Incluso
podría ser denunciable».
«Trabajan
para los propietarios. Si eres inquilin@ estás perdid@». Cuando en marzo de
2025 el Ministerio de Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas
abusivas contra los arrendatarios, tres demandas del Sindicato de Inquilinas
llevaban ya un año en los juzgados y dos años las denuncias de Facua y OCU ante
organismos de defensa del consumidor autonómicos y nacionales. La web Trustpilot, donde los consumidores alaban o critican productos y servicios de
empresas, bullía esta primavera con reseñas negativas; a día de hoy acumula cerca
de 700, el 85% de ellas desfavorables. Como la que encabeza este párrafo. Y no
sólo de inquilinos insatisfechos, sino también, sorprendentemente, de caseros
descontentos.
Una
reacción inesperada, en principio, teniendo en cuenta que Alquiler Seguro se
creó para dar «protección y seguridad a los propietarios». Y, después, proclama
su web, para facilitar «soporte integral a inquilinos». Ésa fue la marca
que la convirtió en referente para quien quería poner en alquiler una vivienda
sin correr ningún riesgo: garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes,
presumen de una tasa de morosidad del 0% y se encargan de la gestión integral
para que el casero pueda mantener el anonimato, olvidándose del inquilino y de
cualquier avería o incidencia.
Público inicia, con este artículo, la publicación de una serie de investigación sobre Alquiler Seguro, que estará integrada por nueve artículos.
El origen
Alquiler Seguro fue creada en 2007 por cinco socios: Antonio Carroza, Eduardo Fresno, Sergio Luisilla, Gustavo Rossi y Miguel Rossi. Desde 2013 pertenece a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), en ese momento
propiedad de Antonio Carroza, Eduardo Fresno y Gustavo Rossi. Desde 2023, el fondo
de inversión Auricaposee
el 49% de Enacom y tiene un puesto en el consejo de administración, donde también se sientan Carroza –a través de su sociedad Tau Advisors United SL– y Sergi Gargallo –a través de Active Growth Consulting SL–. Este último llegó a la compañía en
2015.
Pero
Alquiler Seguro es mucho más que una agencia inmobiliaria al uso. Y no sólo
porque se dedique exclusivamente a los alquileres. O porque lo suyo sea el
alquiler garantizado. Enacom es la sociedad dominante de un grupo en el que,
además de Alquiler Seguro SA, han llegado a funcionar una decena larga de
empresas. Anexia Tecnologías SL, que le da soporte informático; la correduría
de seguros Generación Plus; Generación
Pluslegal SL, que proporciona asesoramiento jurídico a sus clientes; General de
Contratas y Energías SLU, encargada de las reparaciones en las viviendas
alquiladas; la comercializadora de luz y gas Alquiler
Seguro Energía,
e incluso La Radio que Viene SL, que pidió –sin éxito– una licencia de FM al
Principado de Asturias en 2023. También posee Hospital General Veterinario SA, una
red de clínicas veterinarias en Madrid. Y una filial
en Portugal, SWGP – Proteção de Arrendamento e Mediação Imobiliária, UNIP LDA. Allí opera como Aluga Seguro.
Hasta
2022, además, el grupo incluía a Fichero de Inquilinos Morosos SL, ya extinguida
y que tuvo una filial en México; Invermax
Propiedades Rentables SL, liquidada en 2023 pero que sigue sirviendo de marca
para ofrecer inversiones inmobiliarias a particulares, y la publicitaria Iniciativas Empresariales Una Más SL, absorbida ese mismo año. Finalmente,
Alquiler Seguro ha tenido tres socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria)
en los últimos años, de las que vendió una en julio de 2024, al tiempo que
creaba otras dos, una de ellas sin actividad aún.
De un país de propietarios a otro de inquilinos
Alquiler
Seguro nació justo cuando estaba a punto de pinchar la burbuja inmobiliaria y la
crisis económica posterior empujó a los españoles al alquiler. Los despidos, la
caída de los salarios de quienes conservaban sus empleos y el cierre del grifo
antes tan generoso del crédito hipotecario acabaron con un país de propietarios
y dispararon la demanda de pisos para arrendar. Hoy nueve millones de personas residen
en una vivienda alquilada, 3,3 millones más que en 2007, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). El final de la historia es conocido:
los precios del alquiler se sitúan ahora en niveles de récord. En los últimos
10 años han subido un 94%, según los datos de Fotocasa. Si se mide el precio por
metro cuadrado, el Banco de España, con datos de la Agencia Tributaria, revela un crecimiento que entre 2015 y 2022 supera el 50% en València y alcanza el 44%
en Málaga, el 33% en Barcelona y el 30% en Madrid. Este año los alquileres aumentarán
un 15%, según los cálculos de la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios
de Madrid (AIM). El volumen de operaciones, calcula la AIM, se acercará a los
900 millones de euros.
Semejante
pujanza atrajo al alquiler a las inmobiliarias que con la burbuja tenían todo
su negocio en la compraventa. De modo que en un mercado hasta entonces pequeño
y donde los únicos protagonistas eran particulares, un casero y un inquilino, irrumpieron
las agencias, los profesionales de la intermediación: en Barcelona, las
inmobiliarias gestionan tres de cada cuatro contratos; en Madrid, el grado de
penetración es menor, un 34,1%, según un estudio del Instituto de Investigación
Urbana de Barcelona.
Una de las más de 60 oficinas que Alquiler Seguro tiene por toda España.
Y
allí estaba ya Alquiler Seguro. Aunque no es la única que ofrece blindaje a los
propietarios de las viviendas en alquiler. Hay otras similares, como la Agencia
Negociadora del Alquiler –que vende el Tranquiler como producto estrella–, Renta Garantizada –del grupo inmobiliario Neinor Homes–, la Sociedad Española
de Alquiler Garantizado o incluso dos proptech –inmobiliarias del mundo
digital– como Housfy y Rentuos.
Un caso de éxito: quintuplica beneficios en cinco años
Pero,
de todas ellas, Alquiler Seguro es la que cuenta con una cartera mayor: 30.000
viviendas, según los datos facilitados por la inmobiliaria a preguntas de Público.
Rentuos dice que gestiona 1.200 alquileres. La Agencia Negociadora del Alquiler
cifra en 76.000 los contratos que ha firmado en 13 años. Alquiler Seguro también
es la que más dinero gana. Según las cuentas que ha depositado en el Registro
Mercantil, cerró 2024 con unos beneficios de casi 2,6 millones de euros, lo que
casi quintuplica sus ganancias de 2019. El año pasado su volumen de negocio
ascendió a 28,01 millones de euros, más que doblando la cifra de cinco años
atrás –12,07 millones–. En su informe de gestión, atribuye la mejora al aumento
de los honorarios cobrados a los inquilinos –13,12 millones– en un 20,5%
respecto al ejercicio anterior, y al crecimiento en un 25% de los ingresos por
cuotas mensuales de propietarios –11,65 millones–. Además, 2024 fue un buen año
gracias al alza de «los honorarios de la gestión integral y la monitorización
de rentas», que sumaron 1,67 millones, un 42,5% más, así como al de los «ingresos por certificados, estudios de inquilinos y garantías por
desistimiento», 954.344 euros, nada menos que un 217,5% por encima de 2023, según
revela la propia empresa. Alquiler Seguro se gasta dos millones de euros en
publicidad. Cuenta con una plantilla de 570 trabajadores.
Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por la sociedad dominante Enacom son las correspondientes a 2023. El grupo consolidado facturó ese año 34,23 millones, un 11%
más que el ejercicio anterior.
«Es
mejor que el sector esté profesionalizado, porque el alquiler es una actividad
económica. La foto del casero que sólo tiene una vivienda, la alquila y luego
ni se preocupa de ella ni le presta servicios es una imagen bucólica del
pasado. La realidad ahora es que el mercado del alquiler está muy intermediado
y la empresa que te busca el mejor inquilino y garantiza el cobro de la renta
no es una cosa maligna per se… El problema es quienes utilizan la
dificultad de encontrar vivienda para ser superagresivos y ofrecer servicios
muy atractivos para el casero que se basan en exprimir al máximo al inquilino».
Quien así se expresa, sin referirse específicamente a Alquiler Seguro, es
Javier Burón Cuadrado, gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de
Navarra, y antes gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Experto en
temas inmobiliarios, acaba de publicar El problema de la vivienda. Cómo
desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España.
El casero paga 1.536 euros; el inquilino,
4.326
Según
ha podido comprobar Público y corrobora la propia empresa, al propietario
de un piso se le cobra
en el momento de la firma un 10% de la renta anual más el 21% de IVA por los
gastos de formalización del contrato, y cada mes se
le descuenta un 5% de la renta más el 21% del IVA por la gestión del alquiler.
Si, además, el casero contrata la gestión integral, se le cobra otro 2% de la
renta mensual. Es decir, para un alquiler de 1.000 euros al mes, el propietario
paga en el momento de firmar un total de 1.536,7 euros, contando con la gestión
integral (1.452 + 60,5 + 24,2 euros).
En
2019 los contratos que firmaban los inquilinos de Alquiler Seguro incluían los
siguientes pagos: la fianza –que debe ser depositada por el propietario en el
organismo de vivienda de cada comunidad autónoma y equivale a una mensualidad–, un depósito de la misma cuantía que se queda la inmobiliaria –y funciona como la fianza: se devuelve al finalizar el contrato y del que se puede
descontar cualquier desperfecto de la vivienda–, la propia mensualidad, un
seguro del hogar y unos honorarios –a cambio del acceso al área privada de
cliente, la redacción de los «documentos para el desarrollo de la relación
arrendaticia» y la gestión del pago de las rentas– también equivalentes a un mes
de renta. Además, cobraba el certificado de solvencia –ocho euros en el
contrato al que ha tenido acceso este periódico– y el 21% de IVA.
En
otro contrato con fecha de 2023, se repiten la fianza, el depósito y la
mensualidad, pero desaparecen los honorarios. También exige una póliza de
seguro del hogar, que puede aportar el inquilino o bien dejar que Generación
Plus, la correduría de Alquiler Seguro, se la proporcione a cambio de 129
euros. «El cliente reconoce expresamente, de conformidad con la legislación
vigente, que los honorarios de gestión inmobiliaria y de formalización del
contrato serán a cargo del arrendador», se lee en el punto 7 (con el epígrafe «Información
previa») del contrato de condiciones particulares. En su lugar, el inquilino firma
un «contrato de servicio de atención al inquilino (SAI)», en el que se repite esa
misma frase sobre los honorarios. El precio de este servicio es ahora fijo, 990
euros más el 21% de IVA. La empresa tambiéncobra ahora 20 euros más IVA de cuota de mantenimiento
del SAI a partir del primer año de contrato.
Es
decir, para un alquiler de 1.000 euros al mes, el inquilino debe pagar en el
momento de firmar el contrato un total de 4.326,9 euros. Casi tres veces más que lo
tiene que abonar el casero, por tanto.
«La
lógica de nuestra profesión es cobrar el servicio al que se le presta y te lo
ha encargado», explica José María Alfaro, presidente de la Federación de
Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que cuenta con unos 8.000 asociados. A su juicio, el coste para el inquilino debe
ser «limitado y por servicios de valor añadido, ya que no han sido elegidos
voluntariamente por él», mientras que «la mayor parte de la carga» debe recaer en
el arrendador, que es quien contrata a la inmobiliaria.
Jaime
Palomera, antropólogo, investigador y cofundador del Instituto de Investigación
Urbana de Barcelona y del Sindicat de Llogateres, va mucho más allá. «Ofrecer un
servicio premium que paga el inquilino contra sus propios intereses es una manipulación de mercado de manual», critica. En otros países, abunda, sería «impensable» cobrar honorarios «a la demanda por un servicio que se presta a la
oferta».
Teléfono de atención en horario comercial
Es
precisamente en los honorarios que cobra Alquiler Seguro a los inquilinos donde
ha puesto la lupa el Ministerio de Consumo, que no ha querido revelar a Público en qué fase se encuentra el expediente abierto a la empresa esta primavera. La firma ya ha presentado sus alegaciones, según ha indicado a este periódico. El
departamento de Pablo Bustinduy investiga las denuncias presentadas por el Sindicato
de Inquilinas-CECU, Facua, Consumidores en Acción y la OCU, según las cuales
Alquiler Seguro y otras agencias cobran a los inquilinos por la gestión del
arrendamiento, imponen la suscripción de un seguro o les obligan a contratar
servicios no solicitados. Esos abusos pueden suponer multas de hasta un millón
de euros. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, prohíbe «trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y
de formalización del contrato».
El
Sindicato de Inquilinas ya había presentado ese año demandas judiciales en
nombre de tres clientes de Alquiler Seguro, por toda una serie de ilegalidades.
Están en fase de instrucción, pendientes de las audiencias previas
que se celebrarán en marzo y octubre de 2026. Según aducían los arrendatarios, la inmobiliaria
les cobró 200 euros por visitar un piso. No atendió las incidencias y
averías durante la vigencia del contrato y les exigió datos bancarios
excesivos para probar su solvencia. En noviembre de 2023, Facua había
denunciado a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos.
A
cambio de 990 euros más IVA, Alquiler Seguro presenta ahora al inquilino una
oferta un poco más elaborada que en 2019: la misma «área privada de acceso» desde su página web, donde puede avisar y hacer seguimiento de cualquier
incidencia en el piso y recibir «asesoramiento técnico», además de tener «la
posibilidad de certificación fehaciente de la notificación de la incidencia al
propietario [sic]». También se le ofrece un correo electrónico y un teléfono de
atención en horario comercial, así como los «documentos contractuales» del
alquiler en formato digital. Finalmente, dice que se le proporciona «asesoramiento jurídico» sobre problemas legales en materia de arrendamientos
urbanos, a cargo de «abogados expertos», y «asesoramiento de suministros
energéticos», que es como llaman al cambio de titularidad de los recibos de la
luz y el gas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Igualmente
deja claro en otra cláusula del contrato que el arrendatario no puede acogerse
al derecho de desistimiento –por el cual a un consumidor se le permite anular
un contrato sin tener que justificar su decisión y sin que se le penalice–
porque «el servicio ha sido ejecutado y disfrutado/consumido por el cliente». Sin embargo, en la última carta de servicios del SAI, aprobada en abril de 2024 y que está en vigor hasta abril de 2026, Alquiler Seguro sí reconoce al arrendatario el derecho de desistimiento, que debe comunicar a la empresa en un plazo de 14 días a partir de la fecha de formalización del contrato.
¿Servicio de asistencia u honorarios camuflados?
Sin
embargo, los inquilinos se quejan en Trustpilot de que ese «servicio» por el
que les cobran 990 euros más IVA y una cuota anual de mantenimiento es poco
menos que «inexistente». «Brilla por su ausencia: si tienes algún problema,
reza por que puedas contactar con la propiedad y sea medianamente competente,
porque ellos no van a solucionar nada». «Su área de cliente lleva más de un mes
sin funcionar y dicen que lo están solucionando». «Llevo tres semanas sin aire
acondicionado con una incidencia abierta y me indican que hable con la casera,
que no pueden hacer nada. ¿Entonces en qué consiste el servicio cuyo valor
corresponde a una mensualidad del alquiler?». «Nunca hicieron caso a ninguna de
las incidencias que hemos reportado». «El día 2 de mayo de 2025 alquilamos un
piso en Mataró con ellos, con una visita online, ya que, según el
comercial. no se podía de otra manera. Al abrir el piso el primer día estaba
destrozado (inhabitable). Hoy estamos a día 28 y se siguen lavando las manos,
pasando la pelota de unos a otros y sin dar solución. Me llama el comercial y
me dice que el dueño no piensa arreglar nada (alucino, después de que vinieran dos
personas a dar presupuesto) y ahora pido la rescisión del contrato por
incumplimiento por parte del arrendador y me dicen que pierdo la fianza y el depósito
(increíble). Me parece de juzgado de guardia».
Al menos desde abril de 2024, Alquiler Seguro incluye en su carta de servicios del SAI el compromiso de responder a las incidencias abiertas por los inquilinos en un plazo inferior a 10 días laborables.
Consumo
investiga además si, como denuncian Facua y el Sindicato de Inquilinas,
Alquiler Seguro obliga a los arrendatarios a firmar ese contrato de asistencia
que, en realidad, es una forma de camuflar lo que antes les cobraban como honorarios y ahora prohíbe la ley. Los testimonios recogidos en Trustpilot
reproducen un patrón: los comerciales advierten a los posibles clientes de que,
si no firman el contrato SAI, el propietario «podría dar marcha atrás en su
decisión de alquilarle el piso». «Nos dijeron que, si no lo pagamos, el arrendador
tiene entonces que hablar directamente con el inquilino para todo, y la mayoría
se niega«. De hecho, una de las ventajas que la empresa publicita para atraer a
los caseros es que podrán «mantener el anonimato con sus inquilinos».
Según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, cerca del
20% de los inquilinos que tratan con una inmobiliaria desconocen quién es el
propietario de la vivienda: uno de cada cuatro en Barcelona y uno de cada cinco
en Madrid. «Si no lo cogemos [el SAI], tenemos que formalizar nosotros mismos con el
propietario«, se quejaba otro usuario.
Por
el contrario, Alquiler Seguro asegura que ese contrato de asistencia al
inquilino es «totalmente voluntario». «Cumplimos escrupulosamente con la ley
desde hace más de 18 años», resalta la empresa a este periódico. «Los gastos de
gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador,
como viene recogido en el contrato de prestación de servicios. Los propietarios
e inquilinos con los que trabaja la empresa tan sólo pagan por los servicios
que desean contratar«, explican.
Alquiler
Seguro también utiliza Trustpilot para contestar a los clientes descontentos,
aunque su última respuesta data del pasado 23 de mayo. En sus réplicas, la
inmobiliaria repite una y otra vez que el SAI «no es obligatorio», pero que lo «recomienda» a los futuros inquilinos por las «ventajas que ofrece durante todo el contrato
de alquiler:acompañamiento, gestión,
asesoramiento y resolución de incidencias». Lo llama «plataforma digital
personalizada».
José
María Alfaro sostiene que la Ley de Derecho a la Vivienda ha sido «contraproducente»: hay
agencias que han abandonado la gestión del alquiler. «Ahora los arrendadores
saben que tienen el poder negociador al haber más demanda que oferta y no están
dispuestos a pagar por un servicio que antes les salía gratis», detalla. También reconoce
que «no todas» las agencias cobran al casero. «En ocasiones siguen cobrando al
inquilino y FAI lo ha denunciado», destaca, «porque hay que cumplir la ley, no
valen atajos, sino adaptarse, dando mayor cobertura de servicios al propietario
y al inquilino». Al sacar de la ecuación al profesional, en un
mercado «fuertemente desequilibrado«, se ha dejado «al
pie de los caballos al arrendatario, que carece de poder negociador frente al
propietario. Por eso se han disparado las rentas y se le imponen condiciones
leoninas e incluso abusivas al inquilino».
El investigador Jaime Palomera.
A cambio de un 5% de la renta mensual, la cartera de servicios que ofrece Alquiler Seguro al casero incluye un «exhaustivo estudio de solvencia» de los candidatos a inquilino, acceso a los ficheros de morosos y un contrato redactado por abogados expertos. Si contrata la gestión integral por un 2% más de la renta, les proporciona un asesor personal, gestionar las incidencias y coordinar las averías y reparaciones, además de financiarlas sin interés. Todo a través de una «plataforma integral de comunicación».
Condenas judiciales
En
cualquier caso, la operativa de Alquiler Seguro con los arrendatarios ya ha
merecido el reproche de la Justicia. La Audiencia Provincial de Madrid dictó
dos sentencias, en 2020 y 2024, que declaraban abusivos los intereses con los que
Alquiler Seguro penalizaba a los inquilinos cuyos recibos eran devueltos por el
banco: se les aumentaba en 20 puntos el interés legal. Tras las condenas
judiciales, los incrementa en dos puntos. «Siempre estamos en proceso de
mejora», responde la empresa cuando Público le pregunta por ambas sentencias.
Los
jueces también obligaron a mejorar a Alquiler Seguro cuando establecieron que la relación con dos de sus comerciales senior era laboral. La empresa los
contrataba cuando son junior para tratar con los inquilinos, pero al ascenderlos
para que traten con los caseros, los convertía en trades (autónomos que facturan
en un 75% a un mismo cliente). Ahora Alquiler Seguro tiene a sus 570 empleados «dados de alta en la Seguridad Social», responde a este periódico.
Desnudando al inquilino
Otras
prácticas, aunque legales, no dejan de suscitar inquietud en quienes se acercan
a Alquiler Seguro para alquilar una vivienda. Por ejemplo, una fuente usual de
críticas es la investigación a que someten al posible arrendatario para
dilucidar si es el “inquilino perfecto”
que prometen al casero. La empresa pide a cada candidato las tres últimas
nóminas, el contrato laboral, así como el saldo y los movimientos de su cuenta
bancaria durante los tres últimos meses. La información financiera puede pedirla a su
banco el futuro inquilino… o puede solicitarla Alquiler Seguro. Un servicio que
también cobra. En 2019 eran ocho euros y lo gestionaba a través de una de sus filiales, Fichero
de Inqulinos Morosos (FIM). Ahora utiliza a Unnax, una firma tecnológica
española que se dedica al banking as a service. Cuenta con licencia del Banco de España como proveedor de
servicios de información de cuentas (AISP), proveedor de servicios de
iniciación de pagos (PISP) y entidad de dinero electrónico. Permite conectar
cuentas bancarias, por ejemplo, pero también proporciona «una imagen completa
de las finanzas» de los clientes de una empresa «con indicadores que muestran ingresos, gastos, riesgo, endeudamiento y muchos otros factores», según
publicita en su página web. Alquiler Seguro dice que es «una plataforma de
verificación segura y encriptada», que protege los datos del inquilino y ofrece «una evaluación objetiva de la solvencia».
A
algunos arrendatarios, no obstante, les suscita una gran desconfianza –»Te
piden el usuario y contraseña de tu banco», protestan algunos en Trustpilot–.
Los expertos en ciberseguridad consultados por Público niegan que deba
facilitarse el usuario y contraseña de la cuenta bancaria para que Unnax
verifique la solvencia del usuario. Y mantienen que sus procedimientos están
homologados y testados, y son seguros. Lo utilizan también Cofidis o la
consultora holandesa Wolters Kluwer. Pero muchos inquilinos sienten que deben
desnudarse ante Alquiler Seguro, mientras se protege el anonimato de los
caseros. «Te piden hasta el color de tus calzoncillos», protesta uno.
«Algunos
procesos de selección parecen castings», corrobora Carlos Castillo,
abogado del Sindicato de Inquilinas, quien critica los «bombardeos publicitarios» que casi «criminalizan» y «demonizan» a los arrendatarios, presentándolos como «posibles
deudores». Así, al 76% de los propietarios les preocupan los impagos, de
acuerdo con una encuesta publicada por el Ministerio de Consumo y la OCU. La
cifra contrasta con el hecho de que sólo el 8% de los arrendadores preguntados contestó
que habían sufrido retrasos en el pago de la renta mensual y un 14%, impagos. Otra encuesta de
Housfy Alquiler ofrece un dato aún más bajo de morosidad: un 7% de los inquilinos
se demora en el pago un mes, pero sólo un 1% mantiene el retraso más allá de 30
días. «El alquiler es lo último que se deja de pagar», subraya Jaime Palomera.
Casi 33 millones en efectivo
En
las cuentas de Alquiler Seguro llama la atención el gran volumen de efectivo
que manejan. Los inquilinos ingresan la renta en las cuentas de Alquiler
Seguro, no en las del casero. En el contrato de 2019 la exigían el último día
hábil del mes anterior; en el de 2023, entre el 1 y el 3 del mes en curso. El
día 5, Alquiler Seguro se la ingresa al propietario.
Pero, además, a la firma del contrato, la inmobiliaria también cobra un depósito al arrendatario, equivalente a un mes de renta, que no devuelve hasta su finalización. Incluso la fianza: si se contrata la gestión integral, Alquiler Seguro se encarga de ingresarla en el organismo autonómico designado; en caso contrario, se la cobra igualmente al inquilino, pero luego se la traslada al casero para que sea él quien la ingrese. En 2024, los depósitos y fianzas recibidos de los inquilinos ascendían a 24,4 millones de euros. De esa cantidad, la empresa se quedó con 269.336 euros por los desperfectos o incumplimientos de los arrendatarios que se les descontaron a la hora de devolverles el depósito.
También circulan por sus cuentas bancarias las rentas mensuales que le pagan los inquilinos y luego Alquiler Seguro envía a los caseros el mes siguiente. A 31 de diciembre de 2024, tenía 21 millones de euros con este origen, correspondientes a las rentas de enero de 2025.
En
total, sus cuentas acumulaban 32,8 millones de euros al cierre del año pasado,
sobre los que «no existen restricciones a su disponibilidad» y que devengan
intereses. Alquiler Seguro no ha contestado cuando Público le ha preguntado en
qué emplea esa gran cantidad de efectivo. Se ha limitado a responder que «la
tesorería responde a la operativa habitual de la empresa» y que ésta «cumple
unos exigentes estándares de solvencia».
En pocos días llegará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo poco usual, el de Luis Acayro Sánchez (Tenerife, 1976), juez condenado por prevaricación a diez años de inhabilitación, lo que conlleva la expulsión de la carrera judicial. Analizando la documentación del procedimiento judicial, a la que ha podido acceder Público, llaman la atención varios hitos que convierten el caso en un paradigma con anclajes en la cúpula judicial y consecuencias de alcance, según se desprende del voto discrepante de dos de los magistrados del tribunal que votaron en contra de la sentencia mayoritaria.
Luis Acayro Sánchez, juez de la promoción de 2002, destinado en 2007 a Cantabria, al juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad de Castro Urdiales, en plena vorágine del ladrillo, instruyó una veintena de causas de corrupción urbanística, lo que le dio fama en la provincia de juez serio y puntilloso.
Pero con la fama de azote contra la corrupción, y decenas de investigados en complejos sumarios, a Acayro le llegaron también las denuncias en su contra; muchas de las cuales fueron interpuestas por los abogados que formaban parte de las propias causas abiertas por corrupción. Este juez tramitó unos 24.000 asuntos en cuatro años, según él mismo explicó en una comparecencia sobre corrupción organizada por una universidad madrileña. «En el 99,9% no tuve ningún problema, pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas», dijo. «Todas las denuncias y quejas fueron archivadas», indican a ese diario fuentes cercanas al juez, que apuntan a que fueron en torno a 35 quejas en el ámbito disciplinario, en las que se denunciaba «en falso» cuestiones con relevancia penal, como que había acordado detenciones ilegales y coacciones a testigos.
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«Pueblo pequeño, infierno grande», dice el refrán y en el caso de Acayro Sánchez se cumplió con creces, señalan las mismas fuentes. En Castro Urdiales, considerada en aquella época del boom inmobiliario como la Marbella del norte, instruyó causas por delitos de prevaricación, cohecho y malversación, como fueron los casos La Loma, Sobresueldos o Proconor, por los que llegaron a ser condenados en primera instancia dos exalcaldes, un interventor y varios promotores por recalificaciones irregulares. Una década después, la Audiencia Provincial de Cantabria absolvió a varios de ellos.
En 2015 el juez obtuvo el traslado al Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo 2 de Santander. Tres años después, durante la tramitación de un asunto relacionado con la impugnación de una licencia de derribo, el juez solicitó, en diciembre de 2018, documentación al Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) sobre unos contratos menores con asesores y abogados externos al consistorio, porque no constaba esa información en el expediente urbanístico en cuestión. Uno de los abogados aludidos interpuso una queja en el CGPJ alegando «abuso en la actuación del juez»; queja que se archivó.
Pero en abril de 2021, es decir, más de dos años después, el mismo letrado, en colaboración con el Colegio de Abogados de Cantabria, denunció al juez por considerar que la medida ordenada por el magistrado buscaba perjudicarle. Y la querella prosperó.
Pedir documentación
Un informe de la Intervención General del Estado, al que ha podido acceder este diario, avaló como legal la petición que cursó el juez al consistorio para conocer los contratos y cómo se habían gestado; en el sentido de indicar que esa documentación debía formar parte del expediente administrativo en cuestión.
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Auto firmado por el juez Acayro donde solicita información al consistorio y por lo que fue denunciado y ha acabado fuera de la Carrera Judicial.
Una plaza en liza
A finales de julio de 2020 se había convocado la plaza para la presidencia del TSJ de Cantabria, que ostentaba desde 2015 el magistrado José Luis López del Moral y que volvió a presentarse, resultando finalmente reelegido, en octubre de aquel año. Acayro, que se había postulado a la plaza, recurrió el nombramiento porque consideró que su programa incluía medidas en materia de transformación digital, a las que el CGPJ concedía especial importancia, que no habían sido suficientemente valoradas, teniendo en cuenta que su juzgado fue pionero en los juicios telemáticos por la pandemia, desarrollando el primer protocolo en España en esa materia; noticia que salió en TheNew York Times.
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El juez Acayro Sánchez formalizó en marzo de 2021 el recurso contra el nombramiento de López del Moral, que había sido director general de Justicia en el Gobierno de Rajoy. Un mes después llegó la querella del letrado y del Colegio de la Abogacía de Cantabria por el asunto del Ayuntamiento de Castañeda. López del Moral admitió a trámite la querella. Acayro lo recusó considerando que tuvo que abstenerse al mantener un litigio con él y tener interés directo, pero la recusación no prosperó. Más tarde, el Supremo diría que López del Moral era «un demandado formal» y no tenía en ese caso el deber de abstenerse.
Juicio y condena
El juez Acayro fue juzgado por prevaricación en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El informe de la Intervención General del Estado, que avalaba la actuación del magistrado encausado, fue considerado como una mera «opinión» de una funcionaria. La sentencia, de 31 de octubre de 2022, lo consideró culpable, imponiéndole cinco años de inhabilitación y una indemnización al abogado querellante de 5.000 euros.
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Como hechos probados, la sentencia estimaba que «no hacía falta, ni procedía, requerir a la Administración a los efectos de completar el expediente administrativo», pero consideraba que Acayro «creía erróneamente actuar en el cumplimiento de su obligación profesional» cuando solicitó la documentación; «actuó en el convencimiento de que su obligación profesional era la de investigar posibles irregularidades, tanto en la propia decisión de contratar la Administración a técnicos externos, como en el modo en que dicha contratación se llevó a cabo».
Error, sin dolo ‘a sabiendas’
Es decir, el TSJC descartó que el juez hubiera pedido los referidos contratos a sabiendas de que no lo podía hacer, con el afán de perjudicar al abogado.
El recurso de casación de Acayro Sánchez llegó al Supremo en marzo de 2023, pero no se resolvió hasta abril de 2025. La sentencia
STS 535/2025, de 11 de junio, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ponencia de Vicente Magro, con los votos a favor de Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta, ha supuesto un hito que los juristas analizan para determinar su alcance. La resolución hace una reinterpretación de los hechos probados, algo vetado en los recursos de casación, y concluye que el juez condenado «actuó a sabiendas de su injusticia», por lo que establece dolo, en vez de error, y por lo tanto aumenta la pena hasta diez años de inhabilitación y expulsión de la Carrera Judicial.
La sentencia no fue por unanimidad, sino por una ajustadísima mayoría, de tres a dos. Los dos magistrados discrepantes, Leopoldo Puente y Antonio del Moral, advirtieron de las implicaciones: «A nuestro juicio estamos ante valoraciones probatorias propias del factum [hechos probados] que un tribunal de casación no está habilitado para imponer».
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El voto particular firmado por ambos magistrados recuerda que en el ejercicio de la casación no se puede introducir elementos que no existían en la sentencia de instancia, porque hacerlo «equivale a introducir un nuevo hecho, aunque se presente como interpretación jurídica».
«Si en los hechos probados consta que el Ilmo. Sr. Magistrado querellado actuó con la errónea convicción de que su conducta quedaba amparada (…) al obrar en cumplimiento de un deber, resulta imposible sostener la condena por el delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal», indica la abogada Mercedes Nieto Fajardo en un artículo doctrinal en la Editorial Jurídica Sepín, en el que analiza las implicaciones de la sentencia del Supremo.
Qué es la casación
El recurso de casación es un recurso extraordinario que lleva a cabo el más alto estamento judicial, el Tribunal Supremo. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 9 de junio de 2016 estableció que «los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio». Para la jurista Mercedes Nieto, «esta autolimitación no era un mero formalismo: respondía a la necesidad de preservar el principio acusatorio, de garantizar la igualdad de armas y de blindar la seguridad jurídica«.
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Como hechos probados en la sentencia del TSJC, consta que Acayro actuó bajo la convicción de que su proceder era correcto. Pero el Supremo, al revisar el caso en casación, realizó una relectura de los hechos probados para concluir que sus actuaciones lo fueron «a sabiendas» de su injusticia.
Contra el reo
Esa es la argumentación de los magistrados discrepantes, que prevén un impacto en la seguridad jurídica a tenor del pronunciamiento de sus compañeros; y argumentan que el acusado no pudo defenderse de la acusación de «dolo» a sabiendas porque nunca fue juzgado por ello. «Forzar en casación la condena por una calificación alternativa no solo excede los límites del recurso, sino que vulnera
directamente el principio acusatorio y el derecho de defensa», considera en su artículo la referida letrada.
«Más allá de la figura concreta de la prevaricación judicial, late
un debate más profundo sobre la naturaleza del recurso de casación y sobre los límites del control jurisdiccional en la cúspide
del sistema. Lo singular de esta resolución no reside solo en su desenlace», indica Mercedes Nieto, que añade que también es crucial cómo llega a él, a través de «una reinterpretación casacional (…) que desplaza la frontera entre el error sobre la legalidad o no
de la resolución y el dolo a sabiendas«.
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Los argumentos de Vicente Magro
El ponente de la sentencia, Vicente Magro, ha tenido ocasión de pronunciarse en otra reciente resolución de la Sala Segunda, sobre el incidente de nulidad planteado por Acayro, como antesala de la presentación del recurso de amparo en el Constitucional. Magro, que fue senador del PP entre 1996 y 1997, sostiene que «no se trata, como apunta el voto particular, de que para ello se hayan modificado los hechos probados y se haya revalorado la prueba. No es así, sencillamente porque no es cierto que este haya sido el proceder de esta Sala consciente de que ello no se puede llevar a cabo en esta sede», indica en el auto del pasado 22 de septiembre, en el que desestima el incidente de Acayro. «No es
correcto decir que la sentencia revalora la prueba», asevera el ponente.
Mientras Luis Acayro Sánchez ultima su recurso de amparo, el magistrado José Luis López del Moral se ha postulado recientemente para una plaza de magistrado de la Sala Quinta del Supremo, la Militar, ante el próximo final de su mandato en el TSJ de Cantabria.
En cuestión de meses, Donald Trump ha transformado la Guardia Nacional en su brazo represor con el que castiga aquellas ciudades que considera rebeldes y persigue lo que él llama «el enemigo interno». En cuestión de meses, el presidente ha estrechado el cerco: ahora ya no solo hay que dar caza a las personas sin papeles –el eslabón más débil– sino todo aquel que no encaje en determinados estándares (se han autorizado a los agentes de inmigración practicar detenciones basándose en el perfil racial) o que no se alinee con el gobierno, es decir, antifascista. El mismo mandatario ha sido el que ha catalogado el movimiento antifascista y “la extrema izquierda” como “organizaciones terroristas”.
Antes de que el presidente llegara al poder e instrumentalizara el cuerpo de reservistas para sus fines políticos, la principal función de la Guardia Nacional dentro del país era actuar en caso de catástrofes naturales. Su tarea como militares se relegaba solo a operaciones exteriores. En cuestión de meses, en Los Ángeles los vecinos pasaron de ver a los soldados como los salvadores que los ayudaron durante los dramáticos incendios de enero, a mirarlos con recelo y resentimiento ante la ocupación de la ciudad en junio.
Cada estado tiene su propio contingente de la Guardia Nacional, que responde primeramente ante el gobernador. Solo el cuerpo de Washington DC está directamente a órdenes del presidente. En estos últimos cuatro meses, Trump ha estado usando cinco ciudades del país –todas ellas demócratas– como laboratorio donde probar hasta donde puede extender su control sobre los militares y cómo usarlos para acelerar las redadas de inmigración e intimidar la disidencia.
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Chicago (Illinois)
Después de reiteradas amenazas, el fin de semana pasado Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a Chicago en contra de la voluntad del gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker. El mandatario federalizó a 200 miembros del contingente de Illinois y movilizó otros 300 del cuerpo tejano. Los cerca de 500 soldados llegaron la tarde del martes a las puertas de Chicago y actualmente están desplegados por el área. El operativo ha quedado en suspenso después de que la noche del jueves una juez de distrito bloqueara la movilizaciónal considerar que permitir la presencia de tropas en el estado “solo echaría más leña al fuego” en las protestas que han ocurrido los últimos días.
En su resolución, la magistrada ha señalado cómo las protestas en la ciudad han sido provocadas por el comportamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 9 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional activó la operación Midway Blitz, e intensificó las redadas contra las personas migrantes y latinas en la ciudad. El operativo ha dejado escenas insólitas, como una incursión en plena noche dentro de un bloque de pisos con helicópteros Black Hawk que acabó con 130 personas, incluidos niños, esposadas y sacadas en la calle. Anteriormente, también hubo el episodio de que un agente de ICE mató a una persona de un disparo cuando intentó huir con el coche de un control.
«Lo hacen porque quieren crear un pretexto para hacer venir a las tropas a la ciudad. Son ellos los que crean esta zona de guerra», denunciaba Pritzker, en una entrevista en televisión. Durante todos estos días, Trump ha estado asegurando que Chicago es una “zona de guerra”, cuando realmente muchas de las protestas son mínimas. Por ejemplo, apenas un grupo de una docena de personas ha estado manifestándose ante las puertas de un centro de detención de Inmigración.
Trump despliega la Guardia Nacional en Chicago.
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Hasta ahora la mayoría de las detenciones que ha habido en la ciudad son más fruto de las redadas de inmigración que de los altercados. En la última semana, la policía ha detenido a una veintena de personas por las protestas. En cambio, desde que empezó la operaciónMidway Blitzhay más de 1000 personas arrestadas por los agentes de inmigración.
Portland (Oregón)
El 28 de septiembre, Trump federalizó a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón para enviarlos a Portland en medio de las protestas cerca de una instalación de ICE. El presidente tachaba las protestas de agresivas y aseguraba que la ciudad estaba “bajo un ataque de Antifa”. La realidad es que las imágenes muestran apenas una veintena de personas congregadas ante el centro de detención, algunas de las cuales disfrazadas con trajes de unicornio o rana y bailando al son de la música.
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Las únicas escenas de violencia que han salido de las protestas son las de los agentes de ICE lanzando gas lacrimógeno a las personas. Hay un vídeo en el que se vecómo uno de los agentes gasea directamente el filtro de ventilación del disfraz de ranaque lleva uno de los manifestantes. Desde que empezaron las movilizaciones en junio – como respuesta solidaria a la militarización de Los Ángeles y las redadas llevadas a cabo- ha habido unos 60 arrestos.
Los agentes lanzan gas lacrimógeno en las protestas delante de las oficinas del ICE en Portland.
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Más allá de presionar a otra ciudad demócrata, lo cierto es que Portland es la cuna de Rose City Antifa, una de las organizaciones antifascistas más grandes del país.
Aunque Trump ordenó enviar la Guardia Nacional, una jueza federal bloqueó temporalmente la movilización el fin de semana pasado. La magistrada tuvo que emitir dos órdenes porque el republicano trató de hacer una peineta administrativa, ya que cuando le denegó federalizar los reservistas de Illinois, intentó movilizar los 300 guardias nacionales de California, que aún sigue controlando.
Washington (Distrito de Columbia)
En la capital del país ya se cumplen dos meses con los soldados de la Guardia Nacional patrullando armados las calles de Washington y no hay fecha aún para su retirada. Cuando Trump activó a los reservistas el pasado mes de agosto, también federalizó el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad durante 30 días.
Para poder hacerlo, Trump declaró que había una emergencia criminal en la ciudad, a pesar de que los datos del departamento de policía mostraban cómo las tasas de crímenes han descendido el último año. El crimen violento ha disminuido un 26% en la ciudad en comparación con agosto de 2024, según datos de la policía de Washington. En cuanto a los homicidios, han descendido un 12%. El presidente usó la seguridad como pretexto para militarizar la ciudad, porque en la capital apenas hay protestas y las pocas que ha habido han sido completamente pacíficas.
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La Guardia Nacional patrulla por la ciudad de Washington.
Hasta el 29 de septiembre, los agentes federales y locales habían llevado a cabo más de 3.550 arrestos. Casi 1.400 de esos arrestos se contabilizaron como arrestos administrativos por parte de ICE con la finalidad de encontrar personas sin papeles para deportarlas. No está claro cuántos de los arrestados por ICE tenían antecedentes penales, además de sus supuestas violaciones civiles de inmigración.
Los demás arrestos, según los datos, tenían un vínculo criminal. Hubo 13 arrestos por sospecha de homicidio, casi 500 arrestos relacionados con narcóticos y alrededor de 300 arrestos relacionados con armas de fuego. Más de dos docenas de los arrestos involucraron a individuos acusados de delitos sexuales.
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Memphis (Tennessee)
El pasado 15 de septiembre Trump movilizaba tanto soldados de la Guardia Federal como otros agentes federales en Memphis bajo el mismo pretexto que Washington: restaurar el orden público en medio de las supuestas altas tasas de criminalidad y que según el presidente, habían alcanzado “niveles tremendos” que habían “sobrecargado la capacidad del gobierno local para responder de manera efectiva”. El alcalde de Memphis, Paul Young, demócrata, ha sostenido que la ciudad ha estado avanzando en la reducción del crimen después de un aumento en 2023.
Igual que en el resto de ciudades, los efectivos de la Guardia Nacional no tienen capacidad de practicar detenciones. Solo pueden retener individuos temporalmente en casos muy claros de amenaza hasta que llegue la policía para practicar el arresto. A diferencia de Chicago, Portland y Los Ángeles, la movilización de los reservistas sí se ha hecho con el consentimiento del gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee.
Los Ángeles
La ciudad californiana de Los Ángeles fue la que sufrió el castigo ejemplar para el resto de bastiones demócratas y que supuso el inicio de la creciente militarización. Trump siguió el mismo patrón que ha aplicado en Chicago: desembarcó cientos de agentes federales en las calles de Los Ángeles, uno de los núcleos del país con mayor concentración de población latina, hasta que una violenta redada en un parking de un Home Depot – una cadena de tiendas de bricolaje- desató la furia en las calles con cientos de manifestantes concentrándose en el centro de la ciudad frente a uno de los centros de detención de ICE.
Trump escaló la retórica y cuando tuvo las primeras imágenes de violencia no perdió el tiempo: desplegó más de 4000 efectivos de la Guardia Nacional y envió 700 marinespara proteger los edificios federales y acompañar los agentes de ICE en las redadas. Todo en contra del consentimiento del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien se ha erigido como uno de los principales rivales políticos del presidente. Más tarde, un juez de San Francisco declaró ilegal el despliegue de soldados ejecutado por Trump.
Durante las protestas, la alcaldesa de la ciudad también aplicó un toque de queda al centro de Los Ángeles. En los primeros cuatro días de protestas, que duraron cerca de una semana, la policía practicó más de 338 arrestos, muchos de los cuales estaban relacionados con el incumplimiento del toque de queda. A pesar de que las manifestaciones duraron poco, los soldados estuvieron desplegados en la ciudad por dos meses. Actualmente, Trump sigue teniendo el control sobre 300 efectivos de la Guardia Nacional californiana.
Exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia ya están imputados en ocho procedimientos judiciales distintos por la discriminación sufrida por las personas mayores que vivían en residencias. Así lo ha anunciado este viernes una de las abogadas de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, en una rueda de prensa.
Jacinto ha recordado que la primera causa se abrió, en mayo de este año, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular citó a declarar como investigados a los exdirectores de Coordinación Sanitaria y firmantes de los conocidos como protocolos de la vergüenza, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo. Sus declaraciones se suspendieron después de que sus abogados alegaran no haber recibido las actuaciones y necesitar más tiempo para analizarlas.
Un mes después, en junio, ambos estaban citados en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, pero la comparecencia volvió a aplazarse, ya que este juzgado se inhibió en favor del Juzgado 3 de Madrid.
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Estos dos eran los procedimientos conocidos hasta ahora. A ellos se suman causas abiertas en otros dos juzgados en Madrid capital y uno en Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro. Mur figura como imputado en los ocho procedimientos, Peromingo en siete y el exdirector del Summa 112, Pablo Busca, en seis.
De izquierda a derecha, Carlos Mur de Víu, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca.
Un año de la macrodenuncia
«Basta ya de impunidad», «Ayuso, escucha, seguimos en la lucha», «No eran números, eran personas». A las 10.45 horas de un 10 de octubre como hoy, hace justo un año, se escuchaban estas frases a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las portavoces de las asociaciones de familiares Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, Carmen López y María Jesús Valero, acababan de presentar la primera macrodenuncia contra antiguos altos cargos del Gobierno de Ayuso por haber negado atención sanitaria a miles de mayores durante la pandemia.
En la rueda de prensa ofrecida este viernes, precisamente para hacer balance de la situación de la denuncia un año después, participaron los otros dos miembros del equipo jurídico –Carlos Castillo y Eduardo Ranz–, además de las portavoces López y Valero. Hubo coincidencia a la hora de calificar como «esperanzadora» la noticia de que los ex altos cargos están ya imputados en ocho procedimientos.
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La «desidia» de algunos juzgados
Junto a esa «satisfacción» por la investigación en ocho juzgados, los abogados «lamentaron» que todavía no haya sido posible tomarle declaración a los ex altos cargos en ninguno de ellos, por motivos que van desde la falta de acceso previo a la causa alegada por sus defensas hasta «el problema de competencias» surgido.
Esa disputa competencial se refiere al hecho de que en más de una decena de juzgados se hayan inhibido en favor del número 3 de Madrid, que fue el primero en abrir una investigación, pero este haya rechazado acumular todos los procedimientos. Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid quien decida si todas las causas deben acumularse en ese juzgado de Madrid, como defienden los denunciantes, el Ministerio Fiscal y Peromingo, o si deben investigarse por separado, como sostiene la jueza de Madrid 3 y la defensa de Mur.
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El equipo jurídico: «Estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune»
Los letrados confesaron que uno de los aspectos que más les preocupa «es que algunos procedimientos puedan prescribir debido a la desidia de los juzgados. Si finalmente se produce la prescripción en algunos casos, evaluaremos si la inactividad judicial fue irregular y estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune», señalaron.
Además, pusieron otros ejemplos concretos de desidia judicial. En los Juzgados de Instrucción número 6 de Móstoles y 5 de Navalcarnero aún no han adjudicado ni número de diligencias previas a sendas querellas interpuestas a principios de abril. Y el Juzgado 39 de Madrid ha tardado medio año en notificarles un auto de inadmisión de la denuncia.
El equipo jurídico y las asociaciones de las familias de las víctimas, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, en una rueda de prensa, a 10 de octubre de 2025.
La situación de los procedimientos
Detrás de esa denuncia colectiva hay 109 familias que representan a 115 mayores, de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020 sin recibir atención hospitalaria. El escrito acusa a los responsables de cometer delitos tipificados en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la «denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios». En la denuncia se señala a 29 personas: Mur, Peromingo, Busca, el exresponsable del Plan de Choque que debía «medicalizar» las residencias, Antonio Burgueño, y los geriatras de enlace de 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Burgueño está imputado en al menos una causa, la del Juzgado 3 de Madrid.
La macrodenuncia reunía un conjunto de pruebas y documentos oficiales, buena parte de ellos inéditos. Según los denunciantes, dichos documentos confirman el veto que se produjo a las derivaciones a hospitales públicos, la falta de medicalización de las residencias y que no se utilizaran recursos como el hospital de campaña creado en Ifema, los hospitales privados (salvo para los residentes que tenían seguro privado) y los hoteles medicalizados. El dosier incorporaba también actas de inspección elaboradas por la Policía Municipal, así como informes internos del Gobierno de Ayuso que detallaban el día a día en los 475 geriátricos madrileños durante los meses más trágicos de 2020. También se adjuntaban siete informes de la Consejería de Políticas Sociales y un documento de la Consejería de Sanidad sobre la «medicalización de las residencias», que confirmaba que esta se tradujo únicamente en la presencia de 24 médicos y 25 enfermeras entre marzo y abril de aquel año.
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El Ministerio Fiscal decidió fragmentar la denuncia colectiva, abriendo diligencias separadas para cada uno de los 109 denunciantes. Algunas de estas investigaciones derivaron en la presentación de denuncias ante los juzgados por parte de la Fiscalía. En el caso de 48 denunciantes, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la reapertura de procedimientos previamente archivados, relacionados con querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, presentados en su día por Marea de Residencias.
Además de la denuncia colectiva, otros familiares presentaron durante el último año directamente querellas en algunos Juzgados. En conjunto, la combinación de la denuncia colectiva y las querellas individuales, dio lugar a 92 procedimientos judiciales distintos. De ellos, 73 continúan en fase de instrucción, diez están pendientes de resolución de recursos ante la Audiencia Provincial y en cinco casos los denunciantes desistieron.
En los cuatro casos restantes, los juzgados de instrucción se negaron a reabrir causas archivadas provisionalmente, una decisión que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial. Dos denunciantes ya han presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otros dos estudian presentarlo durante los próximos días.
El asalto a la Flotilla por parte del Ejército israelí ha despertado manifestaciones multitudinarias en todo el mundo durante la tarde de este jueves.
En España, varias ciudades se han abarrotado de manifestantes que han mostrado su apoyo a la Global Sumud Flotilla. Las concentraciones en Madrid, Barcelona, Bilbao o Palma suponen la previa a las grandes manifestaciones que se han convocado para el próximo sábado 4 de octubre.
A lo largo de la tarde, cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid. Los manifestantes han coreado «la Flotilla no se toca», en apoyo a los tripulantes detenidos por el Ejercito israelí este miércoles.
Miles de personas se han concentrado también esta tarde en Barcelona, en la plaza de las Drassanes, con cánticos contra el «genocidio de Israel». Entre los participantes -ataviados con banderas y pañuelos palestinos-, familias, vecinos de la ciudad, activistas y estudiantes, muchos de los cuales este mediodía ya habían tomado las calles contra el genocidio de Israel y en protesta a la detención de los navegantes de la Flotilla.
En la concentración han participado igualmente representantes políticos de ERC, CUP, Comuns y PSC, entre otros. En atención a los medios, la eurodiputada Diana Riba (ERC) ha reclamado la liberación inmediata de los detenidos por Israel, además de acciones más contundentes del Gobierno español.
Concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla en Barcelona.
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Sin embargo, en la cabecera de la marcha en Barcelona, se han vivido momentos tensos entre los manifestantes y las autoridades, cuando los participantes han intentado bajar por una de las vías hacia la ronda Litoral para cortar el tráfico.
Dos personas fueron detenidas en Barcelona y cuatro menores en Girona por diversos incidentes durante las manifestaciones. Las dos personas arrestadas en la Ciudad Condal han acusadas de desórdenes públicos, daños, posesión de artefactos incendiarios y atentado a agentes de la autoridad, mientras un tercer manifestante ha quedado en situación de investigado por los mismos hechos.
En Logroño, una multitudinaria concentración se ha solidarizado con el pueblo palestino. La protesta se ha desarrollado a las 19.30 horas en la plaza del Mercado de la capital riojana, convocada de forma urgente por Acampada La Rioja por Palestina.
Antes de la concentración, Fares Khader, que ha actuado como portavoz, ha señalado que es un día de «rabia» en el que la gente ya salió este miércoles a la calle, y también ahora para «parar esta barbaridad que está sufriendo no solo el pueblo palestino, sino también los activistas humanitarios que llevan la Flotilla».
Otra manifestación multitudinaria ha tomado las calles de Palma. Bajo la convocatoria de Marxes per a Palestina a Mallorca y el Moviment Global a Gaza Mallorca, aproximadamente un millar de personas han salido a la calle para pedir el «fin del genocidio y la liberación de la Flotilla tras el secuestro».
Con pancartas de «Palestina libre» y «Viva la lucha del pueblo palestino», bajo gritos de «No es una guerra, es un genocidio» y «La solidaridad no es un crimen», las personas se han manifestado cerca de una hora en la plaza de Cort.
En Salamanca, la Policía ha impedido que la manifestación multitudinaria siguiera su curso ya que estaba solicitada como una concentración.
Las calles de Euskadi también se ha llenado de miles de personas que coreaban «Palestina, askatu» (Palestina, libre) y «No es una guerra, es un genocidio».
Tras las movilizaciones multitudinarias de esta mañana, secundadas sobre todo por estudiantes, por la tarde, a las 19.00 horas, miles de personas de todas las edades se han sumado a las manifestaciones en las tres capitales vascas.
En Vitoria la marcha ha salido de la plaza de Bilbao, encabezada por una pancarta con el lema «Gora Palestina. Israel estatu terroristarekin harreman oro eten» (Viva Palestina. Romper toda relación con el Estado terrorista de Israel).
En Bilbao ha partido de la plaza del Sagrado Corazón, hacia el Ayuntamiento. Los manifestantes, muchos con pañuelos y banderas palestinas, han exhibido fotos de niños y adultos muertos por la invasión israelí.
Manifestación en apoyo a Palestina celebrada en Alacant.
Las manifestaciones se extienden por el mundo
Las protestas también se han extendido por toda Europa. Italia, Alemania y Francia han acogido algunas de las manifestaciones más multitudinarias.
En Berlín, cinco personas han sido detenidas por arrojar pintura roja al Ministerio de Exterior alemán. Más de un centenar de manifestantes propalestinos también han sido arrestados en Marsella este jueves, acusados de bloquear la fábrica de armamento Eurolinks. La empresa ha sido señalada por haber proporcionado componentes militares a Israel para su ofensiva en la Franja de Gaza.
Una persona muestra las manos manchadas de rojo en la manifestación de Berlín.
«Más de 100 personas fueron detenidas y puestas bajo custodia policial durante una concentración no autorizada», ha indicado la Prefectura de la Policía de Bocas del Ródano (a la que pertenece Marsella), en un comunicado.
En Italia, más de 10.000 personas, según la Policía, convocadas por el colectivo Global movement to Gaza Italia,se han manifestado en las inmediaciones del Coliseo de Roma por el asalto a la Global Sumud Flotilla.
El objetivo es protestar contra el asalto y caldear la atmósfera de cara a este viernes, cuando el mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades. Las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur).
En Bruselas se han congregado unas cuatro mil personas, según varios medios de comunicación belgas, tras una primera protesta espontánea, que tuvo lugar este miércoles en la capital comunitaria.
Los manifestantes han comenzado la marcha frente al ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas y se han dirigido hacía la Plaza de Luxemburgo, al lado de la sede de la Eurocámara y cerca del resto de las instituciones europeas.
Los participantes no solo han denunciado la intervención del ejército israelí en el asalto a la Flotilla Global Sumud, sino que también han exigido el fin inmediato del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.
En Brasil, un grupo de estudiantes se ha manifestado para apoyar a los activistas de la Flotilla Global Sumud y pedir al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que rompa relaciones con el Estado judío.
La protesta, promovida por la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, se ha celebrado frente al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Manifestación en apoyo a la Global Sumud Flotilla en Brasilia.
«Queremos que el Gobierno brasileño actúe con altura de miras para proteger a los brasileños y a todos los que fueron detenidos de forma ilegal y que rompa relaciones con el Estado terrorista de Israel», ha exigido un joven.
Este jueves también se esperan otras concentraciones en centros universitarios de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.
La historia de la pequeña Hidn Rajab es dolorosa hasta casi lo insoportable. Una niña de cinco años, dentro de un coche acribillado por las balas de los soldados israelíes y rodeada de los cadáveres de su familia, suplicando aterrorizada que la ayudaran… y finalmente asesinada junto a los paramédicos que fueron a rescatarla. Su pánico, sus lágrimas, su tristeza infinita han acompañado a las miles de personas que se han manifestado denunciando el genocidio en Gaza, al finalizar la proyección de La voz de Hidn en el Festival de San Sebastián.
Saja Kilani y Motaz Malhees, la pareja protagonista, se unió a la marcha al lado del director del festival, José Luis Rebordinos; del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de muchos nombres propios del cine presentes en el certamen. Los cineastas Isaki Lacuesta y Julio Medem fueron a la cabeza portando la pancarta.
La película de Kaouther Ben Hania, que muestra este aterrador episodio,recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Lástima que el jurado que presidió Alexander Payne fuera tan cobarde y tan tibio. Un León de Oro hubiera sido un altavozcontundente, una vozsolidaria, yhumanapara señalar a los asesinos del genocidio.En Italia el público la aplaudió durante veinte minutos. En San Sebastián hoy se ha reunido a miles de personas, cineastas y trabajadores del cine y del festival, además de ciudadanos, que abandonaron sus apretadísimas agendas para gritar al mundo: ¡No al genocidio!
Cinema with Palestine
El cine salió a las calles donostiarras en esta marcha de protesta, organizada por la comunidad palestina del País Vasco y por personalidades y colectivos del sector cinematográfico,reunidos en la plataforma Cinema with Palestine, con nombres como los de Montxo Armendáriz, Isaki Lacuesta, Puy Oria, Antonio de la Torre, Itziar Atienza, Loreto Mauleón, Paul Urkijo, Klara Badiola, Mikel Losada, o Urko Olazabal.
El palestino afincado en Euskadi Mohammed Farahjallah y RahafShamani, cantante del grupo de Gaza Sol Band, que estuvo ocho meses bajo elgenocidio, salió y hoy está como refugiado en Donosti, leyeron un manifiesto. «Cada voz importa, cada palabra hace ladiferencia. En mi nombre y en el de todo el pueblopalestino decimos: vosotros sois nuestra esperanza y nuestra luz en medio de tanta oscuridad.No paren, no se cansen, no se rindan. Los necesitamos”.
El director, Motaz Malhees, y la actriz, Saja Kilani, en la concentración en San Sebastián.
Al final, también hubo unas palabras del colectivo del cine. Itziar Atienza, Mikel Laskurain, Mireia Gabilondo y Jon Olivares leyeron el comunicado en euskera, mientras que Alberto San Juan, IsakiLacuesta, Daniela Fejerman y Dolores Fonzi lo hicieron en castellano.
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«Ante lo que Israel está haciendo las palabras son insuficientes y lo que se necesitan sonhechos. Aquí y ahora, exigimos el fin de la pasividad y complicidad de todos los gobiernos e instituciones y les llamamos a romper todo tipo de relaciones con Israel para aislarlo internacionalmente y poner fin al genocidio, al apartheid y a la ilegitima ocupación en la nación palestina», dijeron. «Que no pase ni un día más para que actúen y tomen decisiones, así como cada una de nosotras actuemos en el ámbito que podamos, porque a Gaza y a Palestina ya no le queda más tiempo. ¡Actúen ya, actuemos ya!»
A todo ellos se unieron más de quinientos artistas, como Pedro y Agustín Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón, Aitor Arregi, Alauda Ruíz de Azúa, Alberto San Juan, Álex de la Iglesia, Arantxa Etxebarria, Borja Cobeaga, Carmen Machi, Cesc Gay, Icíar Bollaín, Inma Cuesta, Itziar Ituño, Javier Bardem, Javier Cámara, Jon Garaño, Juan Diego Botto, Luis Tosar, Malena Alterio, Pepe Viyuela o Raúl Arévalo, por mencionar solo a algunos de ellos.
El cine reclama una Palestina libre
“Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror”.Un par de semanas antes de su inauguración, el 73 Festival de Cine de San Sebastián publicó un comunicado condenando el genocidio de Israel en Gaza.Hoy, en el ecuador del certamen, el negro, rojo, blanco y verde de la bandera Palestina, prohibida en Gaza y Cisjornadiatras la guerra árabe-israelí de 1967, inunda el festival.Periodistas, cineastas, intérpretes, miembros del equipo del certamen, distribuidores, productores, técnicos… muestran un Genozidioa Stop sobre una sandía en las solapas.
Por las calles donostiarras se han visto banderas palestinas en un par de manifestaciones. No hay rueda de prensa o entrevista en la que no se hagan preguntas o alusiones a la barbarie que está cometiendo Israel y a la complicidad de Trump y los trumpistas en ella… El cine reclama una ¡Palestina libre!
Y, sin embargo, una hora antes de que se celebrara el pasado viernes la ceremonia de inauguración de esta edición se vivió un espectáculo grotesco, desolador y tristísimo, lamentable reflejo de la realidad del mundo hoy. Mientras cientos de ciudadanos aprovechaban las cámaras de televisión que cubrían la entrada a la gala, en la misma calle, al otro lado de la alfombra roja, a escasos metros de la denuncia de tanto asesinato brutal, otros cientos de personas gritaban excitadísimas y se empujaban para hacer fotos a los equipos de las películas que iban entrando… Un mundo preocupado, desesperado por el genocidio, angustiado por el horror, conviviendo con otro entregado a la banalidad de los focos.
«Paren ya»
La desolación de ese momento se compensó un poco dentro del cine, con el discurso que pronunció la productora Esther García al recoger su más que merecido Premios Donosti, en el que defendió el poder de la unidad “para defender los derechos y luchar para detener situaciones tan injustas y aberrantescomo las que viven cientos de miles de personas en Ucrania o el genocidio en la Franja de Gaza».
«Paren ya. Ante esta corriente generalizada de la ley del más fuerte, luchemos con uñas y dientes para defender al frágil. Todos somos frágiles. Confío en el poder de la cultura. El cine es, sin duda, un hogar para soñar y también un altavoz para reivindicar. Las películas son nuestras herramientas para hacer un mundo más bonito y, sobre todo, mejor», sentenció.
La actriz Juliette Binoche, un poco antes resaltó lo necesario que son los sueños hoy, «sueños fuertes y sinceros, sueños de transformación», dijo y señaló que ella estaba del lado de “quienes sueñan conponer fin a las masacres en Palestina, sueñan con terminar con el dolor y la crueldad». Terminó deseando también que se liberara a los israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023.
«Los quieren matar a todos»
De todos, y han sido hasta ahora muchos, los que han confesado su espanto ante la atrocidad que está cometiendo Israel, el más contundente ha sido el actor Eduard Fernández, que conmovió profundamente al recoger el Premio Nacional de Cine. Lo hizo con la kufiya palestina. «Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia (…) Quien no se conmocione con las atrocidades que vemos cada día en televisión tiene un profundo problema con su humanidad».
«Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no», afirmó y leyó los nombres de varios niños de menos de dos años que han sido asesinadosen Gaza. «Y así hasta no sabemos cuántos, no sabemos si nos lo dirán. Son cientos de miles, está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo, y algunos están pensando qué espejo ponen en el baño del edificio que van a construir. Con permiso de EEUU, es la debacle de nuestro siglo, de nuestro pensamiento, de nuestra época».
Prácticamente todos los asistentes al festival, de industria, prensa y cine, muestran pegatinas con banderas palestinas o sandías con el lema Stop Genocidio. Y, prácticamente todos, nada más llegar a San Sebastián,lo primero que preguntan es dónde pueden encontrar una de estas insignias. mucho más preocupados por intentar aportar algo contra esta masacre, aunque solo sea su gesto, que por defender sus propios trabajos.
Así se suman y apoyan la declaración que hizo el festival: «Hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino […]. Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional».
Es sábado, al alba, en los alrededores de la cárcel de Carabanchel. Tres hombres esposados suben a un furgón. Se dirigen al patíbulo de Hoyo de Manzanares. Allí les espera su sentencia. Una sentencia resultado de un proceso sin garantías, sin derecho a defensa, sin rastro de legalidad. Son aún muy jóvenes. De 21, 24 y 27 años. Militantes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Parte de un escarmiento, de un golpe de fuerza de una dictadura que agoniza. Que intenta desesperadamente esconder su debilidad. Tres vidas con nombres: José Luis Sánchez-Bravo, Xosé Humberto Baena y Ramón García Sanz.
Se enfrentan a la muerte por turnos. A cara descubierta. En una fecha que quedará salpicada de sangre para siempre en el calendario. 27 de septiembre de 1975. No son los únicos. Esa misma madrugada otros dos hombres han corrido la misma suerte. Dos miembros de ETA. El primero es ejecutado frente al muro del penal de Burgos. Ángel Otaegui, de 33 años. El segundo, en Barcelona, en un bosquecito junto al cementerio de Cerdanyola del Vallès. Jon Pardes, Txiki, de 21. Entre los cinco cierran la lista de fusilados del franquismo. Con la firma y el beneplácito de un dictador ya moribundo.
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‘Público’ conversa con Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral.
Los asesinatos de José Luis, Xosé, Ramón, Ángel y Txiki fueron el resultado de cuatro consejos de guerra. Unos consejos en los que hubo más procesados. «Nuestras detenciones se produjeron a lo largo del mes de julio», recuerda en conversación con Público Manuel Blanco Chivite, superviviente del segundo de estos consejos. «No nos ocurrió nada excepcional. Pasamos por lo que era el canon de comportamiento de las fuerzas represivas de la dictadura«, continúa el antiguo militante del FRAP. Palizas, torturas, interrogatorios.
Torturas en la Puerta del Sol
Todo ello en la conocida sede de la Dirección General de Seguridad (DGS). En la emblemática Puerta del Sol. «La Policía de la dictadura detenía por decenas, por centenas, y luego aplicaba el terror en la DGS», confirma Pablo Mayoral, otro de los encausados. «Eran redadas masivas, publicadas en la prensa. El diario ABC titulaba Desarticulado el comando del FRAP y salía la fotografía de 20 personas, fueran o no militantes de esa organización. Así funcionaba», explica. «Por la DGS pasamos miles de personas. Todavía son muchos los que cuando cruzan por allí se estremecen al ver las rejas de las celdas bajas. Esa es la historia que debería contarse». La historia de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Una vez detenidos -y apaleados-, tocaba prestar declaración. «Se abre un sumario militar. Evidentemente sin abogados ni defensa ni nada», describe Blanco. «El coronel instructor de nuestro consejo, el primero de los dos que se celebró en El Goloso (Madrid), acudía a la DGS a un despacho de la Brigada Político-Social. Ahí declarábamos delante de él esposados y con dos policías a cada lado. Si aquello no le satisfacía, volvíamos a ser apaleados. Y de vuelta al interrogatorio«, rememora el que fuera periodista. «Había que rehacer las declaraciones o recomponerlas hasta que cuadraran con su versión de los hechos. Hasta que pensaran: Bueno, creo que ya hemos conformado -por no decir fabricado- el caso adecuadamente para nuestros objetivos«, continúa denunciando.
Manuel Blanco Chivite: «Estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo»
De ahí, les trasladaron a la cárcel de Carabanchel. A la espera de juicio. “Estuvimos en las celdas de aislamiento de una galería subterránea que se llamaban CPB, celdas de prevención bajas”, hace memoria Blanco. «Allí, por la noche, entre las 12 y la 1 de la madrugada, seguían apareciendo el servicio de información y el juez para tomar nota», asegura. Hasta finales de agosto, todavía sin un abogado a la vista. «Nos detuvieron en torno al 20 de julio y hasta el 22 de agosto o así no tuvimos un primer contacto con nuestras defensas. Es decir, estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo. En una celda en las que había que sentarse en el suelo y donde solo había un agujero», refiere el antiguo militante del FRAP.
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Confesiones bajo tortura, sin pruebas ni testigos
Llegó el día de su juicio. 12 de septiembre. “En 20 minutos, el coronel instructor Mariano Martín Benavides había rechazado todas las pruebas que aportaban las defensas. Unas 120 pruebas. Por tanto, los abogados no podían presentar ni alegar nada”, explica Blanco. “Además, en los sumarios de la Brigada Político-Social se recogía que había habido tres testigos de los hechos, del ataque al policía armado del que se nos acusaba. Tres testigos de la propia Fiscalía”, incide el entonces encausado. Tampoco se les llamó a declarar. Todo el procedimiento se basó en las supuestas confesiones de los detenidos, obtenidas bajo tortura. En un juicio sumarísimo, resuelto a las pocas horas.
Al día siguiente se conocieron las sentencias. Tres penas de muerte, de las 11 que llegaron a firmarse entre los cuatro consejos. «Fue todo una cosa programada, acordada en un despacho de forma premeditada. Se eligieron las localizaciones, quiénes formaban los tribunales y hasta las propias sentencias. Dos aquí, tres allí, cinco en el otro lado, uno en este otro sitio», critica Mayoral. «Las sentencias estaban firmadas de antemano. Nos lo estaba diciendo hasta el último mindundi de la Policía, del ejército o de los funcionarios de la prisión», insiste.
Extracto de prensa de la época sobre los fusilamientos.
La presión internacional y de las calles surtió efecto. Se consiguieron seis conmutaciones por penas de cárcel. Entre ellas la de Manuel. No se pudo hacer nada, en cambio, por los otros cinco condenados. Finalmente los fusilaron. «Cuando nos dejaron salir de la celda serían ya a las 10 o las 10.30 de la mañana. Ese día nos incorporaron a una galería que no tenía ese régimen de absoluto aislamiento. Podías salir al patio una o dos horas al día. Allí, los compañeros de otras tres o cuatro organizaciones, de siglas diferentes, se acercaron a nosotros en silencio total y nos fueron abrazando», rememora Blanco.
Cincuenta años después, Manuel y Pablo siguen trabajando para preservar su memoria. Este año lo hacen participando en la escritura y publicación de un libro: 27 de septiembre 1975, los últimos fusilamientos de la dictadura franquista (El Garaje), de la plataforma abierta Al Alba. También organizando una exposición en la Fundación Anselmo Lorenzo. Sin olvidar los actos de homenaje organizados para el propio día del aniversario. «Dentro del movimiento por la memoria histórica se suele reivindicar Verdad, Justicia, Reparación y, de una forma un tanto angelical, garantías de no repetición.
La impunidad en que ha quedado ya el francofascismo, la dictadura y sus más significativos representantes, beneficiarios y represores es un primer paso para la posibilidad de que se repita.
La impunidad facilita la repetición«, advierten los entrevistados.
Más de una hora esposado. Arrodillado en una cuneta. Ahí mismo, donde le habían detenido. Así pasó la tarde del pasado 7 de septiembre Miguel. ¿Su delito? Participar en una de las protestas pacífcias contra el genocidio en Gaza que acompañaron el paso de La Vuelta en su decimoquinta etapa. De Vegadeo a Monforte. De Asturias a Galicia. «Ya nos habían identificado a todos preventivamente. Por protocolo, según nos confirmó la propia Guardia Civil», recuerda el manifestante. «Pero fue cuando nos colocamos en el borde de la carretera cuando nos detuvieron», sigue contando. Así ocurrió. A medida que se acercaba el pelotón ciclista, un grupo de ocho personas, incluido el propio Miguel, extendieron una pancarta a lo largo del arcén. «Palestina libre«, rezaba la lona. Los agentes no tardaron en actuar. Esposas y al suelo. ¿Bajo qué cargos? Invadir la vía pública.
De ahí, Miguel y sus compañeros fueron directamente transportados a los calabozos de la comandancia de Lugo. Entraron a las 4 de la tarde. Salieron pasadas las 10 y media de la noche. «En el parte de detención, nos llegaban a acusar de poner en peligro la seguridad de los ciclistas y de otros viandantes», detalla el detenido. «Nosotros solo estábamos mostrando nuestra repulsa con lo que está pasando en Gaza«, añade con impotencia. Por lo menos, el tema quedaba zanjado. O eso parecía. Esta mañana le ha llegado una carta certificada. «Todavía no he podido leerla, pero al ver que están empezando a imponer sanciones, me temo lo peor», refiere con preocupación el manifestante.
Miguel y otros manifestantes de la plataforma Lugo por Palestina protesta al paso de La Vuelta por O Corgo (Lugo).
No está exagerando. Este miércoles, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte anunciaba 17 propuestas de sanciones para manifestantes identificados y detenidos durante el desarrollo de La Vuelta. Concretamente en tres de sus etapas. La etapa 12, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en Cantabria. La 14, entre Avilés y La Farrapona, en Asturias. Y la 15, a la que acudió Miguel de la mano de la plataforma Lugo por Palestina. Entre 3.000 y 4.000 euros. Son las cantidades que tendrían que desembolsar los afectados. Además de la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período de hasta seis meses.
«Estamos hablando de infracciones graves«, confirman voces del Ministerio de Interior, que ejerce la presidencia y portavocia de la comisión. Es la categoría en la que se incluirían los actos reivindicativos protagonizados por los manifestantes a los que señala Antiviolencia. Ya sea por el incumplimiento de las medidas de seguridad o por «comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes». Así lo recoge la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que rige las actuaciones de la comisión. Las infracciones graves son la categoría intermedia, penada con hasta 60.000 euros. Por debajo quedan las infracciones leves, por un valor de entre 150 y 3.000 euros; por encima, las muy graves, que podrían ascender a los 650.000 euros. Una millonada.
«Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza», aseguran fuentes ministeriales
Eso sí, no son firmes. «Tendrán que pasar por las delegaciones de gobierno autonómicas, que son las encargadas de dar el visto bueno definitivo. De tramitarlas», señalan desde Interior. Pero no está muy claro que vayan a dar marcha atrás. «Al final, las sanciones se basan en los atestados policiales y de la Guardia Civil, que es de quienes parte la proposición«, desarrollan voces ministeriales. «Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza». «Es su palabra contra la nuestra», responde Miguel. En la mayoría de casos, se han agarrado a la cantidad mínima: 3.001 euros. «En otros se ha podido elevar un poco la cantidad porque se considere que había circunstancias agravantes», explican desde Interior. Resistencia a la autoridad, provocaciones o insultos.
Aquí viene lo sorprendente. En el mismo comunicado en el que Antiviolencia anuncia las propuestas de multa para las protestas, se incluye la sanción a un aficionado del Real Oviedo. Y no por presentarse en el estadio con kufiya. «Por proferir insultos racistas a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Junior«, detalla el documento. En otras palabras, por incurrir en comportamientos racistas.
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Ocurrió el pasado 5 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. En el minuto 37. Las cámaras enfocaban a un aficionado que, aprovechando el foco de atención, «hacía gestos corporales de imitación de un mono«. La Policía Nacional lo identificó en seguida como miembro de un grupo ultra del equipo local. Procediendo a su detención. Pues resulta que este aficionado se enfrentaría a la misma multa que algunos manifestantes propalestinos: 4.000. Protestar por un genocidio es tan grave como ser racista.
“Es un delito de odio contra el pueblo judío”
Ni condenados por kale borroka, ni yihadistas, ni gentuza. El bulo del diario El Mundo, azuzado por el Partido Popular, ha puesto el broche a semanas de criminalización mediática de las protestas. De la mano de reconocidos periodistas y representantes políticos. Pero parece que el cuento es más bien al revés. Hubo violencia en las manifestaciones, sí. Pero no por parte de quienes ejercían su derecho a la protesta.
«Ya había terminado la etapa de La Vuelta. Había terminado su trabajo», insiste Rosana Prieto, responsable comarcal del BNG en el sur de Lugo y concelleira en el municipio de Pantón. “De repente se me acercó un policía y me pidió que me identificara”, sigue contando. «Pregunté qué iban a hacer después y se lanzó contra mí», hace memoria la política. Nunca le comunicaron los cargos en su contra. «Me llevaron a comisaría antes que al hospital», subraya con indignación. Quedó bajo custodia policial a las 6. Salió algo después de la 1 de la mañana.
Miguel, manifestante: «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino»
Moretones, fisuras en las costillas, el riñón afectado. «¿Esto no es violencia? ¿Esto no tiene ninguna sanción?», protesta la concejala. No es la única que lo piensa. «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Por denunciar un genocidio», remarca Miguel. Las recurrirán. «Es que encima la interpone una comisión que se dice de antiviolencia. Es todo una broma», valora el manifestante.
Todavía no se sabe a quién irán a parar las multas. Con una excepción. Una mujer, en Laredo, con una sanción por un valor de 3.001 euros. Es la información que ha facilitado la Delegación de Gobierno en Cantabria sobre el posible alcance de las multas en su comunidad. De la identidad de la multada, por el momento, no hay noticia. «Hasta que no sean definitivas, en principio no se le comunican a los afectados», explica Interior. ¿Y en el resto del recorrido? ¿Habrá nuevas multas? ¿Qué pasa con los 97 identificados en Madrid? «Amenazas de la policía no han faltado, desde luego», sostiene Pablo García, manifestante en la última etapa de La Vuelta. «Cuando me detuvieron, me llegaron a decir que me iba a caer una denuncia por delito de odio contra el pueblo judío», hace memoria el manifestante. «Pensé que era para intimidar, pero ahora con esto…», deja caer. Cabe además la posibilidad de otro tipo de sanciones, en base a la ley de protección de la seguridad ciudadana. La famosa ley mordaza.
Cada madrugada en Gaza comienza con el estruendo de las bombas que sacuden el enclave palestino y rompen el silencio de la noche. Para Lara Eljamala, una joven gazatí de 29 años, vivir allí significa hacerlo bajo un miedo constante y con la incertidumbre de no saber si mañana podrá seguir contando su historia. «La situación empeora cada vez más, los bombardeos no cesan, el miedo crece mientras vemos cómo se derrumban los edificios a nuestro alrededor. Israel abre docenas de puertas infernales en la ciudad de Gaza», relata a Público.
A pesar del horror diario, Lara se aferra a una pequeña luz de esperanza: lograr asilo humanitario en España, donde vive su tío. Sin embargo, el Consulado de España en Jerusalén le ha negado la solicitud, alegando que solo puede evacuar a familiares de primer grado, como hijos o pareja. Ahora, lucha para que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconsidere su caso, después de conocer otros casos de familiares de segundo grado que sí han logrado salir de Palestina hacia suelo español. Este medio se ha puesto en contacto con Exteriores y no ha recibido respuesta al momento de la publicación de este artículo.
La joven, que es farmacéutica y traductora médica, hasta hace unos días vivía en el oeste de la ciudad de Gaza junto a su padre, Abdalsalam; su madre, Ola; sus hermanas, Eslam y Mariam; y sus hermanos, Osama y Mohamed. Todo cambió el pasado martes, cuando las fuerzas armadas israelíes ordenaron la evacuación total de la ciudad.
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Desde entonces, Gaza capital ha sido declarada «zona de combate peligrosa», un lugar en el que ningún civil estaría a salvo del fuego israelí. «La mañana del martes recibimos muchas llamadas de las Fuerzas de Defensa de Israel, amenazándonos con que si no abandonábamos la zona seríamos considerados combatientes de Hamás y nos matarían«, cuenta Lara.
Nos amenazan con que si no abandonamos la zona seríamos considerados combatientes de Hamás y nos matarían
Tras meses de devastación de amplias zonas de Gaza, hace un par de semanas el Ejército israelí anunció su intención de derribar también los edificios altos en el oeste de la ciudad, donde Lara y su familia vivían. «Cuando escuchamos la noticia, el miedo nos invadió«, recuerda.
La primera reacción de su familia fue intentar huir hacia el sur de la Franja, a Deir al-Balah, donde alquilaron una vivienda por 3.000 dólares al mes y trasladaron sus pertenencias. Sin embargo, en ese momento decidieron no marcharse. «Sentimos que algo nos detenía, que no podíamos hacerlo», reconoce, consciente de que podía sonar «irracional». Para ella y los suyos, abandonar su casa no significaba sólo dejar atrás paredes, sino cortar con una vida de generaciones, con recuerdos y raíces. Por eso, optaron por resistir hasta el último instante y no huyeron de su hogar hasta hace unos días. «Hemos decidido esperar hasta el último momento, cuando este martes se ha anunciado la orden de evacuación», apunta durante su conversación con este periódico.
El mapa publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel clasifica toda la capital gazatí como zona roja, es decir, de combate, sin protección posible para los civiles. El resto del territorio de Gaza aparece igualmente en rojo, con la excepción de Deir al-Balah -donde ahora se encuentra Lara con su familia-, marcada en blanco, supuestamente libre de ataques; y otra en Jan Yunis, coloreada de amarillo y definida como «zona humanitaria».
Vista de la ciudad de Gaza desde el edificio de Lara.
Seis veces desplazada
«Me desplazaron seis veces y luego, cuando entró en vigor la tregua, regresamos a nuestra casa en la ciudad de Gaza», recuerda Lara. La experiencia de haber tenido que abandonar el hogar una y otra vez explica por qué ahora su familia decidió resistir. «Sabemos lo que se siente al dejar tu hogar. Ya lo hemos vivido. Por eso nos negábamos a dejar nuestro hogar esta vez porque no habrá retorno».
Lara recuerda que el conflicto existe desde hace décadas, por ello no le sorprendió la respuesta desmedida de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023: «Todos sabíamos que Gaza pagaría el precio, la locura de Israel no es una advertencia. Desde el primer minuto de este genocidio en Gaza, experimenté el horror en primera persona. Aquí sabemos cómo responde Israel porque lo he vivido antes en 2012, 2014, 2018, 2021 y 2023. Sabemos lo que significa la ‘respuesta’ de Israel: destrucción masiva, matanza indiscriminada y la devastación de todo a su paso«.
Aquí sabemos cómo responde Israel porque lo he vivido antes en 2012, 2014, 2018, 2021 y 2023
El 83% de los fallecidos en Gaza son civiles
Más de 64.400 palestinos han muerto desde que comenzó el genocio israelí en Gaza. De ellos, al menos el 83% de los fallecidos hasta mayo eran civiles, según una investigación publicada por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí.
A la violencia se suma el hambre. Al menos 109 personas han muerto, incluidos 23 menores, por causas relacionadas con la desnutrición, según el recuento de la Sanidad gazatí. De hecho, el pasado 22 de agosto Naciones Unidas declararon oficialmente la hambruna en la Franja.
El genocidio continúa mientras Israel sigue restringiendo deliberadamente la entrada de suministros básicos para la población civil. «No hemos recibido ningún paquete de ayuda humanitaria en casi siete meses», denuncia Lara, que se muestra especialmente preocupada por la falta de medicamentos. «Mi padre sufre complicaciones de diabetes e hipertensión, y apenas podemos conseguir los fármacos necesarios. Hay una gran escasez de medicamentos aquí en Gaza; incluso los analgésicos son escasos», denuncia.
Además, la situación sanitaria es cada día más crítica. Gran parte del sistema hospitalario está destruido o fuera de servicio. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, 22 hospitales han dejado de funcionar por completo y otros 16 apenas operan de forma parcial. La ocupación hospitalaria supera ya el 200%, lo que convierte en un reto casi imposible atender a la población herida y enferma.
Un proyecto para ayudar a huérfanos
Lara ha sufrido la pérdida de sus dos tíos a causa del genocidio en Gaza. Tras esta tragedia, decidió transformar su dolor en acción y empezó un proyecto para apoyar a sus primos, que quedaron huérfanos después de la muerte de sus padres. Ese esfuerzo personal terminó convirtiéndose en la ONG Light for Gaza Orphans.
«Lo que en un principio pretendía ayudar a 10 niños -sus primos- se ha convertido en un proyecto con el que hemos ayudado a más de 75 huérfanos y hemos recaudado más de 40.000 dólares para ellos», explica la joven, que está al mando de la iniciativa junto a un amigo de Países Bajos que le ayuda sobre todo a difundir en redes sociales.
El propósito principal es brindar a los menores lo esencial para vivir con dignidad: artículos de higiene, ropa, alimentos, tiendas de campaña y una ayuda económica mensual destinada a cubrir las necesidades básicas de las familias.
La pretensión de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) de suspender La Vuelta ciclista, ante un supuesto «riesgo cierto e inminente de la vida e integridad de los deportistas», no salió adelante al inadmitir el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la denuncia por falta de competencia. En su petición, la organización sionista presidida por Ángel Guillermo Mas ponía el foco sobre los promotores de las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición.
En concreto, la denuncia de ACOM se dirigía contra la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida e, incluso, el director técnico de la Vuelta, Kiko García. En ella, la organización sionista achacaba los delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
Este último movimiento, inadmitido por la Audiencia Nacional, se suma a las múltiples acciones desarrolladas por esta organización especialmente desde 2015 (se fundó en 2004), que abarcan el ámbito político, social y judicial. En este último campo, sus decenas de denuncias y querellas han desembocado en la apertura de al menos 15 causas judiciales, según los datos y documentos oficiales recabados por Público. Seis de ellas, presentadas por diferentes delitos contra la exministra Ione Belarra, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, varios manifestantes propalestinos y diversos ayuntamientos con gobiernos progresistas, tampoco tuvieron éxito.
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Por otro lado, diferentes tribunales han avalado en otras siete ocasiones las peticiones de ACOM contra las resoluciones y acuerdos adoptados por otros consistorios de izquierdas a favor de la campaña Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) y de apoyo al pueblo palestino.
Contra el «antisemitismo de la izquierda y la ultraizquierda»
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con dicha organización, sin éxito. No obstante, tal como explicó su director en el portal Nuevo Mundo Israelita, el evento detonante para su fundación fue «la concienciación de que existía una oportunidad en España para presentar la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista político, mediático e incluso legal, de parte de ciudadanos españoles que pensábamos que había una comunión de intereses y valores entre España e Israel».
Varias personas con banderas de Israel durante una concentración convocada por la asociación ACOM.
Su director, natural de Murcia, señaló que «España, como toda Europa y muchos países del mundo, sufre el fenómeno del antisemitismo, pero tiene particularidades, sobre todo, que la actividad antisemita venía de la izquierda y la ultraizquierda».
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Amparo a la libertad de expresión
En el camino judicial emprendido por ACOM, el lobby sionista ha sufrido sonados reveses. En septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Sueca, que no vio delito de odio en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a favor del pueblo palestino.
En mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso de apelación interpuesto por este lobby contra miembros de
la Junta de Gobierno Local de esta ciudad. Según ACOM, el consistorio liderado entonces por José María González Kichi «aprobó adherirse a un movimiento
discriminador y antisemita como es ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) y BDS». En ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo lo propio al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la organización contra el auto de 12 de septiembre de 2018 sobre un acuerdo adoptado en favor de la causa palestina en Valencia.
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Las siguientes derrotas llegaron en 2024, alcanzando un mayor impacto mediático. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la iniciativa de ACOM contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien acusaba de los delitos de odio (pena de prisión de uno a cuatro años) y prevaricación (incluye penas de prisión e inhabilitación) por suspender las relaciones del Ayuntamiento con Israel.
También, el Tribunal Supremo archivó la
denuncia de ACOM contra Ione Belarra por sus declaraciones sobre Israel cuando
era ministra. El lobby sionista acusó a la líder de Podemos de un delito de odio por señalar, entre otras cosas, que “Israel está llevando a cabo
un genocidio planificado», pero el alto tribunal consideró que sus expresiones «están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionadas penalmente».
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Asimismo, la Audiencia Nacional desestimó en septiembre de 2024 dos recursos de apelación formulados tras desestimarse dos querellas por la presunta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Estos iban dirigidos contra
unos manifestantes que profirieron cánticos contra el genocidio israelí en una
manifestación en Madrid.
En otras ocasiones, las iniciativas de ACOM en los tribunales o ante el mismo Gobierno ni siquiera fueron admitidas a trámite, en este caso contra el ministerio de Pablo Bustinduy. En 2024, la organización presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales por el envío de cartas a empresas españolas que operan en territorios ocupados por Israel recordándoles sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional inadmitió el recurso en julio de 2024. En el mes de diciembre de ese año, ACOM presentó un recurso de reposición, también sin éxito, contra un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se destinaban, a través de Derechos Sociales, 900.000 euros a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Bustinduy explicó en un tuit publicado en su cuenta personal cómo opera esta organización sionista: “Estas técnicas de intimidación están tristemente de actualidad. Su objetivo no es otro que coartar la capacidad política de nuestra democracia y, en este caso, silenciar el genocidio del pueblo palestino”.
Victorias judiciales
Por otro lado, ACOM ha salido airoso hasta en siete ocasiones tras sus denuncias contra varios ayuntamientos progresistas por mostrar su apoyo a la causa palestina a través de resoluciones y mociones. De hecho, la más importante fue la última, cosechada en el Tribunal Supremo en septiembre del 2022. El alto tribunal consideró que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelíes, ni contratar con empresas vinculadas con este país, son «discriminatorios» y «vulneran» derechos fundamentales.
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El Supremo fijó este criterio tras analizar el caso concreto del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), que en julio de 2016 aprobó un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), anunciando además medidas concretas respecto a la relación hacia empresas e instituciones de este país.
De esta manera, anuló el punto que pedía «adoptar las medidas legales oportunas» para impedir «contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Asimismo, hizo lo mismo con el apartado que acordaba «no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional».
Mucho antes, en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid de anular, a raíz de una denuncia de ACOM, el acuerdo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de adhesión a la campaña
«Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí». Esta iniciativa partió de los grupos municipales Somos Rivas y Rivas Puede
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En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 15 de Barcelona estimó un recurso de
ACOM y anuló un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montcada i
Reixac (Barcelona) del 22 de diciembre de 2017 (punto 7.1), en el que el consistorio se adhería a la campaña BDS contra el Estado de Israel.
Asimismo, en diciembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Santander estimó el
recurso interpuesto por ACOM contra una resolución del pleno del Ayuntamiento de Camargo que manifestaba su adhesión y
apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014, por la
que «se reconocía el Estado de Palestina y mostraba su solidaridad con la
población de Palestina».
También en diciembre de 2019, el mismo órgano estimó el recurso interpuesto por ACOM contra una resolución
del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) por la que se
acordó declarar la localidad «Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)». En consecuencia, el tribunal anuló el citado acuerdo.
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Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra revocó, tras un recurso interpuesto por ACOM, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Huarte a favor de una «moción sobre Palestina».
El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en diciembre de 2021 la anulación de parte de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valencia en apoyo del pueblo palestino y del movimiento BDS.
Un espacio para radicalizarse. Un lugar virtual donde compartir ideas sobre cómo pasar a la acción. Un chat en el que más de 400 ultras, seguidores de Democracia Nacional (DN), agitan el odio xenófobo. El grupo en Telegram de este partido de extrema derecha está repleto de mensajes racistas y llamamientos a «defenderse» ante la presencia de inmigrantes, incluso con pistolas.
«Hace un par de días tuve el primer encontronazo con dos marroquíes«. Así empezaba la reflexión de «Jav», uno de los integrantes del foro de DN en un mensaje publicado este domingo. Seguido, alertó que «hay que estar preparados, desde clases de artes marciales, manejo de armas, y estudiar la posibilidad de tener armas de fuego, aunque España es muy limitada en esto último».
Otro usario, identificado como «Sarkastik», apoyó esa tesis e incluso sugirió cómo esquivar las dificultades legales. «Se pueden conseguir fácil desde Andorra comprando con prepago y tal sin registrar a tu nombre», afirmó en relación a cómo adquirir «pistolas nuevas». «Yo no soy agresivo, pero una defensa en casa voy a tener», agregó.
El intercambio de mensajes entre esos dos integrantes del grupo tuvo lugar en torno a las 20.00 del domingo. Dos horas después, el administrador del foro reenvió un mensaje de la delegación de ese partido ultra en Madrid sobre un buzoneo de panfletos contra el «gran reemplazo» –una de las teorías racistas que utilizan DN y otras formaciones ultras– en hogares de la localidad de Pinto. Según esas imágenes, los activistas también dejaron propaganda xenófoba en los buzones de la sede de Cruz Roja.
El espacio en Telegram donde circulan estos mensajes comenzó a funcionar el 21 de septiembre de 2024. «Habilitamos comentarios desde el nuevo FORO de DN. Animamos a consultar dudas sobre coordinación y desarrollo de las delegaciones», señalaron en el primer mensaje publicado.
«En este grupo se irá añadiendo a gente de toda España. Ponte en contacto con el delegado de tu zona para que te incluya en el grupo de Telegram correspondiente», indicaron sus responsables.
Desde entonces, el chat ultra –que aparece como grupo de «conversación» ligado al canal oficial de DN en Telegram– ha servido de escenario para la difusión de actividades ligadas al partido, indicaciones sobre cómo afiliarse o instrucciones a los afiliados. «Buscad zonas de conflicto y delincuencia y colocad nuestra propaganda allí», señala un mensaje publicado el pasado 28 de julio y dirigido a sus militantes.
Algunos días antes, DN había animado a sus activistas a «apoyar las patrullas existentes» en Torre Pacheco, donde se desataron cacerías contra inmigrantes tras la agresión sufrida por un vecino. Asimismo, el partido ultra que dirige Pedro Chaparro –uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna– instó entonces a «localizar centros de ayuda al inmigrante y dejar testimonio y visibilidad en las redes».
«Tic tac…»
Junto a ese tipo de indicaciones aparecen otras publicaciones realizadas por distintos activistas, normalmente bajo seudónimos. «Esto acabará por detonar algún día y nos tomaremos la justicia por nuestra mano de manera generalizada», escribió uno de los usuarios con identidad oculta. Seguido, otro que responde al seudónimo de «Alpaxino» escribió: «Tic tac… se viene la Justicia Social».
Según ha podido verificar Público, entre las publicaciones que aparecen reflejadas en el foro de DN en Telegram hay abundantes mensajes con insultos y señalamientos contra inmigrantes sudamericanos –a los que denominan despectivamente «panchos»–, africanos o de religión musulmana.
Captura de pantalla de mensajes publicados en el Foro de Democracia Nacional en Telegram.
«Queremos que reaccionen de una vez ante todos los atropellos que están sufriendo todos los días frente a la criminalidad extranjera, ya sean menas o tengan a sus padres; legales o ilegales; nacionalizados o no; moros, sudamericanos, africanos o de cualquier otro rincón del mundo; que vengan a trabajar o a parasitar», escribió el día 3 de este mes el administrador del foro.
«Siempre ir armados»
La «amenaza» inmigrante y los modos de responder ante ese supuesto peligro forman parte del argumentario habitual de los ultras. Un activista que se hace llamar «San Marcos 44» respondió el pasado 2 de septiembre un mensaje de respuesta a otro usuario que hablaba sobre el temor a una Europa «islámica y afroasiática» con una apelación a ejercer de «lobos solitarios», en alusión a la denominación que reciben los atacantes que actúan por su propia cuenta.
El chat también es utilizado por activistas que buscan conocer a otros militantes de ultraderecha con similares inquietudes. «Hola estoy en Madrid hay alguien por el centro… y hablar (sic). Es importante que nos conozcamos… el enemigo avanza», afirmó el pasado 24 de agosto un individuo identificado como «Santom».
Otros ultras aprovechan el espacio para señalar a sus compañeros cómo deben actuar. «Consejo para los que se vayan a enfrentar a un moro, negros o cualquier musulmán. Siempre hay que atacar en grupo (igual que ellos) y siempre ir armados (navaja, pistola, llaves, cadena, spray pimienta, etc) porque el moro nunca sale a la calle sin su navaja en el bolsillo. Es cultural, la llevan siempre con ellos», escribió una ultraderechista bajo el nombre de María D.
«No puedo olvidar lo que sufrí, siempre que escucho el nombre de Frontex siento una gran injusticia por todo lo que viví«. Jeancy Kimbenga tenía apenas 16 años y era un menor no acompañado cuando, el 8 de mayo de 2020, entró por primera vez en aguas territoriales griegas después de dejar atrás la República Democrática del Congo, su país de origen.
Su travesía comenzó en una lancha neumática hacia la isla de Lesbos, pero antes de llegar a la costa, la Guardia Costera helénica, en una operación conjunta con Frontex -la agencia encargada de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea-, interceptó a la barca en la que viajaba junto a una veintena de personas. Los migrantes fueron remolcados hacia aguas turcas, forzados a subir a balsas salvavidas y abandonados en el mar, hasta que los guardias turcos los rescataron al día siguiente.
Jeancy Kimbenga, migrante congoleño, en una imagen cedida.
Ese fue solo el inicio. En total, Jeancy fue víctima de siete devoluciones forzosas en el mar Egeo. Estas devoluciones en caliente, realizadas sin considerar las circunstancias individuales de los migrantes y sin brindarles la posibilidad de solicitar asilo, son ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos.
El 12 de junio de 2020, un mes después de su primera travesía, Jeancy volvió a intentar llegar a Grecia, de nuevo sin éxito y con un desenlace trágico. Vio a su mejor amigo, otro menor no acompañado solicitante de asilo, caer al mar y ahogarse, un recuerdo que lo persigue hasta hoy.
Tras varios intentos fallidos, en noviembre de 2020, el joven decidió tomar acciones legales. Se reunió en Turquía con los abogados de la ONG neerlandesa Front-LEX, que lleva años litigando contra las actuaciones de Frontex, y presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando la suspensión de las operaciones conjuntas de la agencia en Grecia. Sin embargo, según apunta la organización, los jueces no examinaron ni las pruebas ni el fondo del asunto sino que desestimaron el caso basándose en las normas procesales del Tribunal sobre la admisibilidad. «Estas normas impiden prácticamente a las víctimas de las actividades de Frontex siquiera acceder al Tribunal», apuntan a Público.
Hoy, tras perder el caso, Frontex le reclama al joven 7.680 euros por costas legales. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de la agencia europea para conocer los motivos de la solicitud de dicha cantidad al migrante y su postura oficial tras las acusaciones de ser cómplices de devoluciones en caliente en el mar Egeo, pero no obtuvo respuesta.
Si bien, Frontex ha reiterado en múltiples ocasiones su «firme compromiso» con el respeto de los derechos fundamentales y la legalidad en todas sus operaciones. En 2022, tras acusaciones sobre la gestión de incidentes de devoluciones ilegales, su entonces director ejecutivo, Fabrice Leggeri, renunció. Desde entonces, la agencia dice haber tomado medidas para reforzar la «transparencia y la rendición de cuentas». Su sucesor, Hans Leijtens, se comprometió públicamente a garantizar que todas las operaciones de Frontex se lleven a cabo «respetando plenamente los derechos humanos». Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la situación que denuncia Jeancy.
Primera vez que Frontex apunta a una víctima individual
Frontex manejó un presupuesto cercano a 1.000 millones de euros en 2024 y planea desplegar 10.000 nuevos agentes en 2027. Frente a esa poderosa maquinaria, Jeancy, que aún lucha por superar el estrés postraumático provocado por sus múltiples travesías en el mar, debe enfrentarse a una deuda que no puede pagar. «Es todo tan injusto, y los traumas de todo aquello me persiguen hasta hoy. Así como no tenía dinero para pagar a mis abogados -que trabajaron gratuitamente-, tampoco tengo ahora el dinero que Frontex reclama», explica a Público.
Frontex manejó un presupuesto de 1.000 millones de euros en 2024
Esta es la primera vez que Frontex apunta directamente a una víctima individual de sus operaciones. En una carta enviada a Frontex en agosto de 2025, a la que este medio ha tenido acceso, la ONG Front-LEX subraya que la agencia nunca abordó el fondo del caso ni refutó las pruebas presentadas por Kimbenga, incluido un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y documentos de ACNUR que demostraban expulsiones sistemáticas en el Egeo. Según la organización, Frontex se limitó a copiar argumentos de procesos anteriores, alegando inadmisibilidad y acusando al joven de actuar «con fines políticos o publicitarios». Además, denunció que los 7.680 euros reclamados son «totalmente desproporcionados» respecto al trabajo real realizado, ya que, según explican, el caso no generó una carga compleja de pruebas ni audiencias.
«Cobrar estas cantidades infladas a una víctima directa de violaciones de derechos humanos no solo es inmoral: genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia«, advirtió Front-LEX en su réplica. La ONG recordó que el Parlamento Europeo ya había pedido en 2021 a Frontex que se abstuviera de perseguir costas legales en casos similares, por el «efecto amedrentador» que esto tiene sobre la sociedad civil y sobre las propias víctimas.
«Cobrar estas cantidades infladas genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia»
Para el joven, que ha podido comenzar una nueva vida en Francia tras concederle la protección subsidiaria, la reclamación es un golpe adicional tras el sufrimiento vivido años atrás. «Me parece una vergüenza que la agencia ni siquiera haya intentado refutar mis denuncias, y que ahora tenga la osadía de pedirme que pague sus facturas. No tengo dinero para eso», manifiesta. La organización Front-LEX será quien asumirá los gastos que la agencia reclama al migrante, si es necesario.
«Hans Leijtens, el director ejecutivo de Frontex, está, intencionalmente, robando al pobre el único cordero que posee. Mientras la Comisión Europea utiliza personal interno para el litigio, Frontex contrata abogados externos a costes ridículamente elevados, solo para alegar que una acción legal es inadmisible», apunta a Público, Iftach Cohen, responsable legal de Front-LEX.
Esfuerzos europeos por contener la migración
Las críticas hacia Frontex se multiplicaron tras salir a la luz una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2022. El informe concluyó que Frontex, bajo el mando del ex director ejecutivo Fabrice Leggeri, fue cómplice de los esfuerzos griegos para obligar a los migrantes que cruzaban el mar Egeo a regresar a Turquía en 2020 y 2021. La investigación desveló que al menos seis de estas devoluciones involucraban a barcos de la guardia costera griega cofinanciados por Frontex.
En paralelo, Turquía ha intensificado sus medidas para controlar los flujos migratorios. En marzo, el gobernador de la provincia turca de Edirne, en el noroeste del país, anunció la construcción de un muro en la frontera con Grecia para prevenir las entradas irregulares hacia la Unión Europea. Este movimiento se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Ankara y Bruselas para contener la migración.
La historia de Jeancy ilustra claramente cómo estas políticas migratorias enfrentan a un David contra un Goliat institucional. Los migrantes no solo deben sortear los peligros del mar, sino también un sistema legal que, según expertos, les niega incluso la posibilidad de reclamar sus derechos. «Lo viví, lo sufrí y nadie fue investigado. Eso es lo más injusto de todo», concluye el joven.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra el «genocidio» de Israel contra la población palestina. Entre ellas destaca la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, de un real-decreto ley para garantizar jurídicamente el embargo de armas como adelantó Público.
También se establecerá la prohibición de importar productos procedentes de los territorios palestinos ocupados. El objetivo es «combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados».
Ver vídeo
Comparecencia de Pedro Sánchez.
Sánchez ha hecho estos anuncios en una declaración institucional realizada en Moncloa. «No van a bastar para frenar la invasión y los crímenes
de guerra pero esperamos que sirvan para añadir presión contra Netanyahu y su Gobierno,
aliviar el sufrimiento de la población palestina y que para que la ciudadanía española sepa que su
país, ante este infame episodio, estuvo en el lado correcto de la historia», ha destacado Sánchez.
Entre las medidas «para detener el genocidio, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina», según ha explicado Sánchez, también se encuentra la «prohibición del tránsito a todos los barcos que destinen combustible» a Israel, la «denegación de entrada a España a todas las aeronaves que transporten materia de Defensa israelí» o la «prohibición de acceso a todas las personas que participen de forma directa en el genocidio» contra la población de Gaza.
El paquete anunciado por Sánchez se completa con la limitación máxima de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles que viven en los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino (se reducen «a la mínima asistencia legalmente obligatoria); el aumento del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina para incrementar los efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la UE tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica; la ampliación de la dotación económica a la UNRWA, agencia de refugiados palestinos, con 10 millones de euros adicionales, y un aumento de la ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta llegar a los 150 millones de euros.
Al comienzo de su intervención, el líder del Ejecutivo ha recordado que el «pueblo judío» ha sufrido innumerables persecuciones, siendo el Holocausto «la más atroz de todas». Por ello, ha dicho, «merecen tener un Estado propio y sentirse seguro en él». Sánchez ha reiterado en este punto su condena a los «ataques terroristas de Hamás» y el apoyo de España al «derecho de Israel a existir».
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«Pero con
la misma convicción el Gobierno cree queuna cosa es proteger tu país y otras
bombardear hospitales y matar a niños inocentes», ha destacado a continuación. El presidente ha incidido en que lo que está sucediendo contra la población palestina es un «genocidio» y que «los datos hablan por sí solos». «La comunidad internacional no lo está sabiendo detener», ha añadido, al tiempo que ha deslizado la «complicidad» con el Gobierno de Netanyahu para explicarlo.
«España
no tiene bombas nucleares. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva
israelí», ha añadido Sánchez. Pero ha puesto en valor que España haya adoptado «medidas valientes» como la presentación de varias resoluciones en la ONU, el apoyo a las causas judiciales internacionales abiertas, el envío de ayuda humanitaria a Gaza o el apoyo a la UNRWA. Todo esto más allá de «procesos políticos clave» como el reconocimiento del Estado de Palestina oficializado en 2024 o la suma de apoyos para la celebración de una conferencia internacional que ponga encima de la mesa la solución de los dos Estados.
Mientras el mundo mira horrorizado la masacre en la Franja de Gaza, Israel está llevando a cabo la anexión de facto de numerosos territorios palestinos en Cisjordania. El avance de los colonos, es decir, de civiles israelíes armados que hostigan a la población autóctona y se asientan en sus tierras, se ha acelerado desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo. Según los datos dePeace Now, entre 1998 y 2025, las declaraciones oficiales de tierras palestinas como israelíes han alcanzado los 54 kilómetros cuadrados. De facto, el territorio ocupado por colonos es mucho mayor.
A finales de agosto, el Gobierno israelí anunció que había aprobado la creación de unas 3.400 viviendas en los territorios palestinos próximos a Jerusalén Este. El nuevo asentamiento permitiría la continuidad territorial entre Jerusalén y Maale Adumim, una de las mayores colonias israelíes de Cisjordania. No satisfecho con ello, Bezalel Smotrich (Sionismo Religioso), ministro de Finanzas del Gobierno israelí, anunció en la primera semana de septiembre que propondría a Benjamín Netanyahu la anexión del 82% de Cisjordania. Tanto los nuevos como los antiguos asentamientos israelíes en este territorio incumplen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para que la usurpación de tierras palestinas sea posible, es precisa la eficaz colaboración de los colonos israelíes, quienes llevan años ampliando de facto las fronteras de Israel y expulsando a la población autóctona. La técnica tiene siempre sigue el mismo patrón: acosan y maltratan a los palestinos, además de quemar sus cultivos y asesinar su ganado, impidiendo su subsistencia. Esto es algo relativamente fácil de conseguir debido a la desprotección que enfrentan los palestinos que viven en estas regiones de Cisjordania. Muestra de ello es el hecho de que muchas de las viviendas de palestinos construidas ahí son ilegales a ojos de la administración israelí.
Es Tel Aviv quien debe otorgar los permisos de construcción en ciertas áreas de Cisjordania, lo cual es imposible de conseguir para la población árabe. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OCHA) lleva años denunciando esta práctica en sus sucesivos informes de situación. Cada tanto, bulldozers apoyados por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) llegan a las comunidades palestinas a arrasar lo construido. Escuelas, parques, granjas y viviendas quedan reducidos a escombros en minutos.
Paralelamente, las FDI llevan a cabo sus propias escaramuzas: irrumpen en los hogares palestinos por la noche, detienen a algunos de sus miembros –sobre los que, en muchas ocasiones, no pesan ningún cargo–, cortan carreteras e impiden el paso de vehículos dificultando la movilidad de la población. Como explicó el exsoldado israelí Yehuda Shaul a este periódico, el objetivo de las FDI es hacer notar su presencia. Es decir, «que cada palestino tenga el sentimiento de que estamos en su nuca y de que nunca va a saber cuándo vamos a llegar, qué vamos a hacer, cuándo va a empezar, cuándo va a acabar».
Este papel se complementa con el inmovilismo de las FDI cuando los colonos atacan a la población palestina. En su rol de observadores, las autoridades israelíes no intervienen ni impiden los pogromos. Tampoco llevan a cabo investigaciones sobre los asesinatos de la población palestina y obstaculizan la atención médica a aquellos que han sido heridos, tal y como explicó recientemente el periódico israelí Ynet en un artículo. En muchas ocasiones, cuando la expulsión de la población autóctona es un hecho consumado, el Knéset –Parlamento de Israel– aprueba leyes para anexionar dicho territorio a Israel.
La intervención de los colonos tiene así un papel crucial en la anexión de Cisjordania. Sus ataques físicos y sus discursos prenden la mecha de la violencia en estos territorios, donde entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre ya habían sido asesinados unos 612 palestinos. Público pone cara a algunos de los líderes colonos que han facilitado la ampliación de las fronteras israelíes a costa de los territorios palestinos. Todos ellos han sido sancionados por algún país del norte global debido a la usurpación de tierras a los palestinos y/o por llamar a la limpieza étnica contra los árabes.
Daniella Weiss: la líder colona que promueve la anexión de Gaza
Daniella Weiss se niega a responder al famoso presentador estadounidense Piers Morgan, cuando este le pregunta qué opina sobre «el hecho de que 20.000 niños palestinos hayan sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre». «Creo que los palestinos deberían enseñar a sus hijos a no odiar y a no matar a los judíos» es la única respuesta que da. La pronuncia con una sonrisa amable en los labios. Su apariencia entrañable contrasta con sus ideas de extrema derecha y racistas, gracias a las cuáles se ha ganado el apodo de la «madrina» de los colonos israelíes.
Weiss nació dos años antes de que se fundara el Estado de Israel, en 1945, cerca de lo que posteriormente sería Tel Aviv. De su familia, emigrantes judíos de EEUU y Polonia, ha heredado buena parte de su ideología ultraortodoxa, sionista y contraria a la presencia de los árabes en la Palestina histórica. Durante toda su vida adulta ha vivido en Kedumim, un asentamiento ilegal erigido en 1975 cerca de Nablus –al norte de Cisjordania– y del que fue alcaldesa durante diez años. Anteriormente había militado en el grupo fundamentalista judío Gush Emunim, que contaba con un brazo armado y que promovía los asentamientos en los territorios palestinos conquistados por Israel tras las guerras de 1967 y 1974.
La promoción de nuevos asentamientos israelíes –únicamente judíos, según sus palabras– en la Palestina histórica, incluida la Franja de Gaza, ha sido siempre el objetivo vital de Weiss. En 2024 organizó un crucero frente a la costa de Gaza para que un grupo de colonos israelíes divisaran la tierra que deseaban conquistar. Debido a sus ideas y a las llamadas de violencia contra la población palestina, Canadá y Reino Unido han aprobado sanciones contra ella en los últimos años.
Yinon Levi: el colono acusado de asesinar a Odeh Hadalin
Fue el Gobierno del anterior presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, el que aprobó sanciones contra Yinon Levi por crear el puesto adelantado –como se conoce a las colonias ilegales de israelíes en territorios palestinos– de Meitarim Farm, al sur de Hebrón. La colonia se situaba cerca de los cultivos de las comunidades palestinas vecinas, algunos de los cuáles fueron quemados, presumiblemente por los colonos israelíes, según informó Associated Press.
La llegada de Donald Trump al poder y la retirada de las sanciones devolvió la impunidad a Levi. El 28 de julio de 2025, se hizo conocido en todo el mundo al viralizarse un vídeo en el que dispara aleatoriamente contra un grupo de palestinos que trataban de evitar que un bulldozer destruyera sus hogares en Umm al-Khair, al sur de la Cisjordania ocupada. Según Yuval Abraham, codirector de No Other Land, una de esas balas perforó el pulmón de Odeh Hadalin, un conocido activista palestino que también había participado en la grabación de la cinta. Así lo certificó el medio +975 Magazine, según las informaciones recogidas por Ara.
Días después, un tribunal israelí ordenó el arresto domiciliario de Levi mientras se investigaban los hechos. Se desconoce en qué punto se encuentra actualmente la instrucción del caso. Actualmente, Canadá mantiene las sanciones contra el colono.
Tziporah Piltz: 23 años en Jerusalén Este
Vive en el barrio árabe de Ras Al-Amud, en Jerusalén Este, y trabaja como guía turística. Sin embargo, los paseos de Tziporah Piltz por el Este de la ciudad santa -considerada por la ONU territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel- no tienen objetivos meramente informativos. «Incentivamos a madres e hijas [judías] a que vengan a Israel y les hablamos de la construcción del Tercer Templo», explica al reportero de The Guardianque conversa con ella en un mirador de la disputada urbe. Según Piltz, el Tercer Templo sería el epicentro de la religiosidad judía, tal y como lo fueron los dos anteriores -Templo de Salomón y Templo de Herodes- destruidos hace más de 2.100 años.
Tziporah Piltz durante un tour por Jerusalén Este en un fotograma del canal de YouTube צפורה פילץ
Hasta su construcción, la misión de Piltz, es la de alentar la creación del lugar sagrado de los judíos en el lugar en el que actualmente se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes. Su creación, cree la mujer, marcará la llegada del nuevo mesías. Para Tziporah Piltz, la presencia de mezquitas y árabes en Jerusalén es sólo «algo temporal». Pronto, explica, los judíos tendrán todo el territorio de la antigua Palestina.
Cuando el reportero le pregunta qué pasará con los palestinos que deseen continuar viviendo en su territorio, Piltz explica que «todo el mundo será bienvenido», pero que «tendrán sus obligaciones» como, por ejemplo, «aceptar que vamos a tener el Tercer Templo». Sin embargo, también sugiere que «existen muchos países árabes alrededor del mundo y nosotros sólo tenemos este territorio. Todo el mundo debe aceptar que este es nuestro territorio».
Yossi Dagan: jefe del Consejo Regional de Samaria
En una entrevista reciente en Haaretz, el politólogo israelí Gayil Talshir afirmaba que el líder israelí de extrema derecha, Yossi Dagal, era uno de los mayores reclutadores de votos para el Likud entre los colonos. Su influencia en el actual Gobierno de Israel se relaciona con el papel que desarrolla en el Consejo Regional de Samaria, autoridad que preside desde hace una década. Este organismo administra los recursos públicos que Tel Aviv destina a los 35 asentamientos israelíes que se encuentran dispersos por el norte de la Cisjordania palestina ocupada. Este vasto territorio es lo que los sionistas denominan Samaria.
Pero el rol de Dagal va más allá de la gestión de las infraestructuras en este territorio. Bajo su mandato, el Consejo ha promovido numerosos eventos para promocionar las visitas turísticas a las colonias y limpiar la imagen que las vincula a la usurpación de tierras palestinas. Dichas actividades van desde las visitas a yacimientos arqueológicos como el de Tel Shiloh, presentado como una prueba más de la veracidad del relato bíblico seguido por los judíos ultraortodoxos, a la financiación de tours para políticos europeos. A finales de 2024, Dagal invitó al líder de la extrema derecha en Países Bajos, Geert Wilders, a visitar el norte de Cisjordania. Poco después, el Parlamento holandés pidió al europeo establecer sanciones contra Dagal.
Bezalel Smotrich: un ministro israelí crecido en una colonia en Siria
Si hay un ministro del Gobierno de Israel que habla en nombre de los colonos ese es el titular de Finanzas, Bazalel Smotrich. Defendió a Yinon Levi y a otros colonos cuando la Administración Biden los sancionó y les prometió que intercerdería por ellos. La retirada de sanciones de EEUU evidencia su logro. La empatía de Smotrich con los colonos no sólo se debe a una cuestión ideológica. El líder de Sionismo Religioso nació en 1980 en Haspín, un asentamiento en los Altos del Golán que según la ONU Israel ocupa ilegalmente desde 1967.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, sostiene un mapa de una zona cercana al asentamiento de Maale Adumim, en la Cisjordania ocupada / 14.08.25
En su juventud se trasladó a Beit El, otra colonia de Israel situada en Cisjordania ocupada. Desde ahí, Smotrich comenzó a trazar su carrera política. Su fundamentalismo religioso le ha llevado a recibir sanciones por parte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Eslovenia y Países Bajos. La razón por la que estos países le han penalizado es porque consideran que el ministro de Netanyahu, como otros miembros de su Gabinete, incita a la violencia contra los palestinos.
Algunas de sus últimas declaraciones dan fe de ello. Recientemente, Smotrich expresó su voluntad de presentar a Netanyahu un plan para anexionarse el 82% de Cisjordania y en el que únicamente se respetaría la existencia de seis ciudades palestinas: Ramala, Nablus, Belén, Hebrón, Jenín y Tulkarem. El objetivo del plan, según las palabras del ministro, sería lograr «la máxima extensión de territorio con la mínima población árabe», aseguró durante la presentación del documento.
Con septiembre llega el regreso a las aulas en España. El pistoletazo de salida en la mayoría de regiones se produce el día 8. Este año, el arranque del nuevo curso escolar viene cargado: junto a libros y cuadernos, la comunidad pública educativa arrastra una mochila repleta de asignaturas pendientes
—muchas de ellas estructurales— que quedaron en el aire el curso pasado. Profesores, estudiantes, sindicatos y expertos coinciden en que la lista para este nuevo curso no solo es extensa, sino también «urgente» para salvar la educación pública.
Entre los temas por resolver figuran la precariedad laboral, el avance de la privatización, la persistente segregación escolar, los recortes que afectan a las lenguas cooficiales, la falta de recursos para atender la diversidad en las aulas, las becas insuficientes y el aumento de los gastos que deben asumir las familias. El mochilón tampoco distingue etapas: acompaña tanto a la Educación Infantil como a la Primaria, la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional e incluso a la Universidad.
El curso pasado, la comunidad educativa manifestó algunas de estas demandas con paros y movilizaciones, aunque denuncian que «no contaron con el respaldo de las instituciones«. Este año esperan ser escuchados, pero insisten en que muchas de las tareas pendientes «deberían haber sido resueltas antes del inicio del curso», algo que finalmente no ha ocurrido.
Mejorar las condiciones laborales del profesorado
La situación de los docentes es una de las principales asignaturas pendientes para el curso académico 2025-2026. Profesores y sindicatos comparten con Público las cuestiones que no pueden pasar inadvertidas este año. Erica Polo, profesora de Física y Química en Salamanca, señala como prioridad «reducir las ratios» de alumnado por clase. «Una ratio superior a 20 dificulta mucho llegar a todos los estudiantes, conocer sus problemas y ofrecerles ayuda personalizada», explica. Según la profesora, en materias como Biología, Geología y Física y Química, «es materialmente imposible trabajar con un nivel aceptable de seguridad en el laboratorio si un solo profesor tiene que atender a 25 o 30 alumnos a la vez».
Erica Polo, profesora en Castilla y León: «Exigimos reducir ratios, aliviar la burocracia, mejorar recursos y corregir la desigualdad salarial»
La salmantina también denuncia la «ingente burocracia» que, en su opinión, ha ido en aumento en los últimos años y que «ahoga al profesorado y reduce el tiempo para dedicarse a su principal labor: enseñar». Asimismo, incide en la falta de recursos materiales en los centros públicos: «En Castilla y León la mayoría de los docentes tenemos que aportar nuestros propios ordenadores para poder trabajar. Se nos restringe el acceso a materiales básicos como bolígrafos, rotuladores, lápices o papel. Pagamos estas herramientas de nuestro bolsillo». Critica que, en muchas ocasiones, se fomente cobrar a los alumnos por fotocopias de fichas que se usarán en clase. También ratifica que las infraestructuras de muchas escuelas están obsoletas, «con goteras o ventanas poco eficientes desde el punto de vista energético». Y confirma que existe «desigualdad salarial» entre comunidades: «Por ejemplo, el salario en Castilla y León es más bajo que en otras regiones, por lo que reivindicamos una equiparación salarial«.
Borja Llorente, CCOO Asturias: «La temporalidad del profesorado impide que los centros desarrollen proyectos a medio y largo plazo»
A 430 kilómetros por carretera de Salamanca, Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias,
enumera otras tareas pendientes que deben abordarse. La primera de ellas: las «políticas fallidas de estabilización» del profesorado. «Casi un 30% de la plantilla es interina, con contratos de máximo un año de duración, y cada año muchos cambian de centro al menos una vez. Algunas compañeras deben trasladarse incluso más veces porque no disponen de vacantes», cuenta a Público. Atestigua que un gran porcentaje de estos docentes trabaja con vacantes de media jornada. «En las zonas rurales más despobladas, la interinidad se concentra hasta el punto de que algunos centros cuentan con toda su plantilla formada por interinos». «Esto dificulta, e incluso imposibilita, que los centros educativos desarrollen proyectos a medio y largo plazo«, explica.
Imagen de archivo de una manifestación por los derechos de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
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Al sur del mapa, en Andalucía, Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia, añade a la lista la necesidad de «reforzar la formación del profesorado, tanto para implementar la LOMLOE como para atender la creciente diversidad del alumnado en las aulas».
Los docentes madrileños ponen en el punto de mira la gestión de los 52 nuevos ‘Medios CEIPSOS’ que implementó Ayuso
En la capital, los docentes madrileños también piden para este nuevo curso académico revisar la gestión de los nuevos Medios CEIPSOS. La modalidad, implantada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, incorpora 1º y 2º de ESO en 52 colegios públicos de Infantil y Primaria. Según denuncia el profesorado, estos puestos no estarán ocupados por funcionarios de carrera, sino por interinos, muchos de ellos a tiempo parcial o repartidos entre varios centros, y «en muchos casos impartiendo materias que no corresponden a su especialidad». Los profesionales reivindican que esta situación supone «una ruptura en la continuidad pedagógica del alumnado«.
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Para Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, el futuro del profesorado pasa por avanzar en compromisos pendientes de la LOMLOE: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente, incluyendo la incorporación de todos los docentes al grupo A1 con la revisión de los niveles retributivos, la reducción del horario lectivo, la disminución del número de alumnos por aula y un nuevo sistema de acceso e ingreso en la profesión docente, entre otros». García sostiene que «no se han revertido todos los recortes educativos de 2012 y, además, la situación no es homogénea en toda España». Desde el sindicato confían en la necesidad de iniciar un proceso negociador que permita mejoras reales para la profesión: «Nuestro profesorado está harto de promesas que no se cumplen«.
Beatriz García, secretaría de Enseñanza de UGT: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente»
Desde el Ministerio de Educación recalcan a Público que «las competencias en materia educativa son autonómicas«. «Los retos pendientes de cada comunidad deberán ser planteados y detectados por ellas mismas. Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre eso». Aun así, se remiten a informes y estadísticas oficiales, como el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación y el anuario estadístico Las cifras de la educación en España, donde se recopilan datos sobre personal docente, rendimiento académico, infraestructuras y recursos educativos, entre otros.
Lo privado gana terreno a lo público
Otra de las cuestiones que atemorizan al personal docente de cara al nuevo curso es el avance de la privatización. Víctor Muñoz es profesor de un centro educativo público en la Comunidad de Madrid. Para él, una de las grandes tareas pendientes del sistema educativo es «desmontar el plan estructural basado en el desmantelamiento de lo público». Asegura a este medio ser testigo de cómo la educación pública se infrafinancia año tras año. «La estrategia es que la pública se perciba como algo de poca calidad, mientras que la privada y la concertada se presentan como el modelo ejemplar».
Víctor Muñoz, docente en la Comunidad de Madrid: «Se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada»
El profesor abre el melón del peso creciente de la educación concertada en España. Según precisa, se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada, o bien se limita tanto la oferta que las familias no tienen más opción que matricular allí a sus hijos. Aunque habla desde la realidad madrileña, subraya que el fenómeno de la privatización se extiende ya por todo el país. «Las escuelas infantiles son un buen ejemplo: quedan muy pocas porque muchas han sido privatizadas o cerradas con la excusa de la falta de niños». «Se está mercantilizando la educación pública«, concluye tajante.
Concentración para protestar contra los recortes en la educación pública y la «asfixia económica». Imagen de archivo.
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El avance de lo privado también salpica a la enseñanza universitaria. Este mismo año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en la decimocuarta universidad privada de la región, después de que el Ejecutivo central anunciara nuevas regulaciones con mayores controles y exigencias para la creación de centros universitarios privados. Mientras, en la capital apenas resisten seis universidades públicas, que durante todo el curso pasado denunciaron la asfixia provocada por la falta de financiación.
En este nuevo curso se prevé la aprobación de la Ley de Enseñanzas Superiores de Universidad y Ciencia, impulsada por el Ejecutivo de Ayuso. La normativa, diseñada por la administración del Partido Popular, equipara a universidades y Formación Profesional, sin diferenciar entre centros públicos y privados. Además, la ley introduce nuevas fórmulas de inversión para la universidad pública y, según adelantó Público, contempla que esta pueda crear o participar en fondos de inversión.
Un modelo anclado en la segregación escolar
Otro de los grandes desafíos que enfrenta la escuela pública en España es «dejar atrás un modelo anclado en la segregación y la discapofobia«. Así lo denuncia Bernardo Cabañas, vocal de la Confederación de Asociaciones de Padres, Madres y Familias del Alumnado de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), en una conversación con Público. Cabañas corrobora que la enseñanza pública es la que concentra a más estudiantes en situación de vulnerabilidad: alumnado con desventaja socioeconómica, con necesidades educativas especiales, con discapacidad o de origen extranjero. «Esta agrupación de perfiles que requieren apoyos específicos necesita de recursos sólidos y estables, pero la realidad es que la dotación actual es insuficiente. Como consecuencia, el alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada en los centros ordinarios».
Bernardo Cabañas (CONFAPA): «El alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada por falta de recursos y profesionales»
El miembro de CONFAPA recuerda que «las aulas son actualmente más diversas que hace años» y que «urge crear las condiciones para responder a esa pluralidad». Entre las medidas prioritarias plantea la reducción de las ratios —un máximo de 20 estudiantes por clase en Primaria y ESO, y de 15 en Infantil—, así como la apuesta por equipos docentes «estables y especializados». «Es imprescindible contar con maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, técnicos de integración social y orientadores cualificados. No puede ser que en demasiados casos estas plazas las ocupen interinos sin la formación mínima necesaria«, dice.
Alejandro Tiana, profesor emérito de Historia de la Educación en la UNED, acredita que los métodos tradicionales «ya no sirven en aulas cada vez más heterogéneas». «Ante un alumnado diverso, la uniformidad no garantiza el aprendizaje«, explica a Público.
Para este experto, el reto exige replantear la organización escolar con mayor flexibilidad, incorporando nuevas figuras profesionales y recursos adaptados. «Es necesario aplicar fórmulas como las agrupaciones flexibles, la codocencia —dos o más docentes comparten la planificación, la enseñanza y la evaluación de un mismo grupo de estudiantes— o los espacios polivalentes, y al mismo tiempo apoyar al profesorado en esa transformación». Tiana apuesta por una adaptación progresiva, con una estrategia sostenida en el tiempo: «Hay que ir ajustando los centros a las nuevas realidades y, sobre todo, acompañar ese proceso con inversiones que permitan acometer las reformas necesarias».
Fran Curto, docente en Castilla y León: «Las leyes se hacen sin contar con el profesorado; necesitamos ser escuchados»
Fran Curto, profesor de secundaria y Bachillerato en Valladolid, avala desde las aulas la urgencia de atender la diversidad en la educación pública. «Nuestro sistema educativo debe ser capaz de ofrecer una atención más personalizada y adecuada para cada estudiante», afirma a Público. Para lograrlo, propone reducir las ratios de alumnos por clase y aumentar los recursos humanos: más profesorado de apoyo, logopedas, pedagogos terapéuticos y personal auxiliar especializado en atención a la diversidad, así como la implementación de metodologías inclusivas. Aun con todo, augura que si la educación se sigue gestionando al margen del profesorado, «será imposible alcanzar los objetivos». «Los docentes deben tener una participación real en la elaboración de nuevas leyes, que se nos escuche de verdad. Nosotros estamos en las aulas todos los días, y hay muy poca relación entre la realidad que vivimos y lo que reflejan las leyes y los políticos«, denuncia.
Aulas bajo control: recortes de derechos y represión
El estudiantado, sobre todo el de las enseñanzas universitarias, es el otro gran damnificado de la educación pública en la península. El curso pasado los alumnos denunciaron lo que consideran «un retroceso en sus derechos». Sabela Martínez, estudiante y portavoz de la Plataforma UCM por la Pública en la Universidad Complutense de Madrid, lo resume con dos asignaturas pendientes en la agenda educativa: la reforma de la ley de universidades y «la represión estudiantil». Lo dice con conocimiento de causa: presenció cómo sus compañeras, que acampaban en la universidad contra el genocidio en Gaza o protestaban contra Vox y por la vivienda, fueron represaliadas.
En el curso 2025-2026 se aprobará la ley de universidades de Ayuso, con mayor protagonismo de las empresas en la educación pública
Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España) Imagen de archivo.
El curso pasado dejó numerosos ejemplos relacionados con la falta de libertad de expresión en los campus: activistas represaliadas tras protestar por la presencia del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en Somosaguas; intervenciones contra miembros de la Organització Juvenil Socialista (OJS) en Alacant; dos estudiantes de la Universidad de Granada sancionadas tras participar en una protesta contra la intervención de la exdiputada de Vox Macarena Olona en un coloquio sobre feminismo y derecho; o las pintadas aparecidas en el despacho del jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, atribuidas a la Juventud Falangista Española.
La portavoz de UCM por la Pública critica la reacción política frente a estas movilizaciones estudiantiles: «Dos manifestaciones multitudinarias y una huelga no fueron suficientes para que tomen medidas».
Cuando la política silencia la lengua
Otra asignatura pendiente para este curso, según el profesorado, son los recortes en la enseñanza de lenguas cooficiales. «Cuando llegó Alberto Núñez Feijóo en 2009, el gallego, que ya estaba poco presente en los institutos, pasó a estar marginado directamente», explica a este medio Iago Martís, profesor de secundaria de gallego.
Iago Martís, profesor de gallego: «Desde 2009, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego»
Según el profesor, antes de ese año, gallego y castellano se repartían aproximadamente el 50% de las asignaturas. «Hoy, el reparto es de un 30% para cada lengua más un 30% de inglés», informa. Martís denuncia que hoy está prohibido impartir materias como Matemáticas o Física y Química en gallego. «Tenemos casos de profesores que fueron perseguidos por reivindicar el uso del gallego en Matemáticas», revela. Y lamenta: «Desde 2009 y ahora con la presidencia del popular Alfonso Rueda, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego».
Núria Gisbert es docente en el País Valencià, la comunidad que afronta el próximo curso con menos cimientos: ocho colegios públicos afectados por la DANA seguirán cerrados. En lo que atañe a la cuestión de las lenguas cooficiales, aclara en declaraciones a Público que «la nueva Ley de Libertad Educativa, promovida por el PP y Carlos Mazón, ha logrado excluir la lengua valenciana de las aulas. Este próximo curso habrá alumnos que no la tendrán como lengua vehicular, cuando era uno de los pocos contextos en los que realmente iban a usarla». La profesora informa que la normativa ha modificado la forma en que se organizan los grupos: «Ahora se prioriza la elección de los padres sobre la lengua vehicular, sin considerar primero las necesidades, dificultades y fortalezas del grupo, como se hacía antes».
Aumento de los gastos escolares
Este año, la vuelta al cole también atiza al bolsillo de las familias que optan por la escuela pública. Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) basado en una encuesta a 687 progenitores con 976 hijos de entre 3 y 18 años, el coste medio anual por alumno en centros públicos asciende a 1.221 euros, un 2% más que el curso pasado. El mayor gasto recae en el comedor, con un promedio de 107 euros al mes. Le siguen las actividades extraescolares, que cuestan 56 euros mensuales, y los libros de texto, que suman 157 euros al año. Otros gastos incluyen excursiones y visitas culturales, con un coste medio de 176 euros anuales, y material escolar, con 92 euros. Además, uno de cada cinco menores utiliza un dispositivo electrónico para fines escolares, lo que supone un gasto adicional de 297 euros al año. Esto se suma, según los profesionales consultados por este medio, a una «política de becas insuficiente, que no logra compensar las desigualdades socioculturales y económicas existentes».
Una manifestación organizada por los sindicatos de enseñanza, a 1 de junio de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Imagen de archivo.
Cada año, la mochila que la comunidad educativa lleva a sus espaldas se vuelve más pesada. El desgaste físico y emocional de docentes, estudiantes y familias es cada vez más evidente: estrés, ansiedad, incertidumbre y miedo recorren las aulas. Aun así, el hartazgo no frenó su protesta en las calles. Las manifestaciones más recientes, multitudinarias y sonadas en la Comunidad de Madrid y Asturias, se convirtieron en un símbolo de la lucha educativa en todo el país.
El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el 2 de octubre por Gaza y la Plataforma Menos Lectivas anuncia una movilización el 19 de octubre en Madrid
La comunidad educativa no se rinde. El colectivo confirma a este medio que se está preparando para volver a salir a la calle y alzar la voz en defensa de la educación pública. Lo anunció este jueves el Sindicato de Estudiantes convocando una huelga para el próximo 2 de octubre en protesta por el genocidio en Gaza. También la Plataforma Menos Lectivas adelantó a Público que planea una movilización el 19 de octubre en la región madrileña. ¿Se pondrán al día estas asignaturas el próximo curso o seguirán pendientes?
Corría el 3 de agosto de 1936. Un caluroso día de verano. Todavía de madrugada, el zumbido de un avión que sobrevolaba la ciudad a baja altura despertó a los zaragozanos. Al aproximarse a la zona de la Basílica del Pilar, dejó caer hasta cuatro proyectiles. Cuatro bombas que, sin embargo, nunca explotaron. Una cayó sobre el Ebro; otra en mitad de la plaza. Las dos últimas hicieron diana en la iglesia, provocando algunos daños menores. La anécdota -cuya veracidad continúa discutiéndose- no pasaría desapercibida. El bando sublevado, acantonado en la ciudad, la convirtió enseguida en su munición moral. La virgen del Pilar les había salvado. Dios estaba de su parte. Con los buenos, la España católica.
Las bombas se recogieron y se exhibieron en el interior de la basílica. Como trofeo de guerra y evidencia del milagro. «Por la virgen, por el Papa y por la Patria», reza la inscripción que las acompaña. Porque sí, casi 90 años después, ahí siguen. Expuestas a la vista de todos sus visitantes. Más de 4 millones a lo largo del año pasado, según las cifras oficiales de la diócesis de la capital aragonesa. ¿Son los únicos restos de la dictadura que quedan en edificios patrimonio de la Iglesia? ¿Se puede hablar de símbolos neutros, reflejo de una época, o se trata más bien de una forma de propaganda, de reforzar una narrativa muy concreta sobre la Guerra Civil y la dictadura?
Explosivos de la Guerra Civil expuestos en la Basílica del Pilar, en Zaragoza.
No es un tema menor. Los ejemplos de vestigios franquistas en iglesias y parroquias se cuentan por cientos. «Lo más habitual son las cruces. Siempre de piedra, con la idea de que perduraran en el tiempo», explica Miguel Ángel del Arco, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y autor de Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española. «Además del escudo franquista y el de Falange, solían incluir la leyenda ‘Caídos por Dios y por España’ y una lista de los mártires de cada pueblo, a menudo encabezada por el caído por excelencia, José Antonio Primo de Rivera», desarrolla el historiador. La mayoría se han conservado. Retirando -si eso- la inscripción que las identificaba como homenaje a los caídos del bando golpista. O dándole la vuelta: A todos los caídos de España.
«De un día para otro no se les puede ni resignificar ni hacer pasar por símbolos meramente religiosos, como intenta muchas veces la Iglesia. Son homenajes levantados en un momento y con un propósito muy concretos», insiste Del Arco. En otras palabras, el patrimonio tiene su significado histórico. «Por detrás de estos elementos siempre subsistirá la lectura franquista de la historia«, incide el docente. Cruces, santos, festividades. La religión en sí misma funcionó como un pilar fundamental de la construcción simbólica de la dictadura. «La religión y la institución de la Iglesia jugaron un papel bastante relevante y no precisamente positivo durante todo el franquismo. En ningún momento se mantuvieron neutrales», apunta Ricardo Gayol, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas. «Desde la coartada de la santa cruzada contra los enemigos de España durante la guerra hasta la legitimación de la opresión de la dictadura por el bien de la paz y la concordia de las décadas posteriores», completa el letrado. «Mantener esos símbolos, que aluden directamente a la relación dictadura-Iglesia, es un tiro en su propio pie«.
«Son elementos que llevan ahí décadas. La gente ha vivido más con que sin ellos y muchas veces desconoce su significado», reflexiona el sociólogo Óscar Rodríguez
Más allá de las cruces
No solo son cruces. También placas, tumbas o hasta conjuntos escultóricos. Así lo corrobora el sociólogo Óscar Rodríguez, que ha recorrido España fotografiando huellas de la dictadura de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Algunas están incrustadas en las fachadas; otras en el interior de los edificios. En muros, pilares o incluso en los altares. También hay muchos ejemplos en los espacios próximos a las parroquias», enumera. En espacios o bien concurridos o que, por el contrario, permitieran un cierto recogimiento para honrar a los caídos. «Uno de los mayores desafíos es ser capaz de identificar estos símbolos», sigue contando el fotógrafo. «Son elementos que llevan ahí décadas. Que se han intentado blanquear con la retirada de las placas. La gente ha vivido más con que sin ellos y muchas veces desconoce su significado«, advierte Rodríguez. Con todos los peligros que supone la desmemoria. El olvido.
«Quedan, por ejemplo, muchos homenajes al decreto de unificación de falangistas y requetés», señala el fotógrafo. Un caso llamativo: el Monasterio de Montserrat, en Barcelona. «Hace algunos años se retiró del entorno del monasterio la estatua del Terç, dedicada a esta segunda organización. No se ha hecho nada, en cambio, con el columbario», reprocha Rodríguez. Y es que la abadía benedictina alberga una cripta en la que reposan los restos de más de 300 soldados carlistas. «Para que entendamos lo que significa cuando la gente sale a la calle con la cruz de Borgoña», comenta el sociólogo. No es tampoco -corrige Del Arco- una forma de recordar a las víctimas de la guerra. «La Iglesia se olvida de la otra mitad de España. Es una forma consciente de exclusión«, subraya el historiador. «Que no deja de colocar como víctimas a los responsables del golpe de Estado, a los iniciadores de la guerra», matiza. Als nostres morts, anuncia la entrada del mausoleo. Poco más que decir.
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Entrada a la cripta de requetés del Monasterio de Montserrat, en Barcelona.
¿Y los colegios?
Cambiamos de comunidad. Pero seguimos en el norte, esta vez en Asturias. Concretamente el 19 de julio de 1936. En pleno estallido de la Guerra Civil. Por aquel entonces, lo que hoy es el Colegio de la Inmaculada de Gijón servía de acuartelamiento al 40º Regimiento de Infantería de Montaña ‘Simancas’. Tras el golpe de Estado, los mandos de la unidad, encabezados por el coronel Antonio Pinilla Barceló, instaron a las tropas a sublevarse contra la República. Como ya había ocurrido, con éxito, en la capital, Oviedo. Unos seiscientos oficiales, suboficiales y soldados respondieron a la llamada. Insuficientes, sin embargo, para tomar la ciudad. ¿Qué hicieron entonces? Acantonarse en el cuartel, a la espera de refuerzos.
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Acabaron cayendo. Pero la dictadura convirtió el episodio en toda una gesta de resistencia. Al estilo del Alcázar de Toledo. Llegando a dedicar a sus protagonistas un monumento: los Héroes del Simancas. Un conjunto escultórico que continúa adornando la fachada del ahora colegio jesuita. «Caídos por Dios y por la Patria, presentes», se puede leer en su inscripción. «En toda la cara exterior del edificio, afectando al espacio público. Es un símbolo que debería retirarse de inmediato», juzga Del Arco. La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) ha ido un paso más allá, presentando el pasado mes de julio una denuncia contra la inacción del ayuntamiento y del gobierno autonómico. «La memoria no se defiende con palabras huecas. Se defiende actuando contra los símbolos, los privilegios y las estructuras del franquismo todavía vigentes», reivindicaba entonces la asociación.
El monumento ‘Héroes del Simancas’, en la fachada del Colegio de la Inmaculada, en Gijón.
«La Iglesia tiene un patrimonio inmenso, de muy distinto tipo. Una parte considerable sustraído ilícitamente, gracias a la legislación franquista», recuerdo Gayol. Y al amparo, en 2006, de una modificación de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar. «Pero es que además disfruta de una serie de privilegios, sancionados por la propia Constitución. En un Estado que se declara aconfesional. Lo mínimo que puede hacer es estar a la altura de estos beneficios y apartarse de la promoción de cualquier tipo de referencias o loas a la dictadura», indica el letrado. Sobre todo en lo referente a su papel en el sistema educativo. «Hay una contradicción ética enorme en la conservación de homenajes franquistas en sus colegios. Primero porque va en contra de la propia enseñanza de la historia, más allá de ideologías«, apunta del Arco. «Segundo porque estamos hablando de colegios concertados, que reciben financiación pública», subraya el historiador. «Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado».
La pregunta se hace evidente: ¿qué hay que hacer con estos símbolos? «Los que están dentro de las parroquias, un espacio que no deja de ser privado, me parece que requieren de menos urgencia», valora del Arco. «Muchas veces son listas de curas asesinados en la guerra. Tiene su lectura, es evidente, pero no dejan de ser sus víctimas», continua el historiador. «Que también las hubo por el otro lado, los famosos curas obreros. Una parte de la historia que se ha silenciado completamente». «En cualquier caso, lo principal es retirar estos homenajes de cualquier lugar que afecte a la vida pública. Para lo que haría falta una legislación más valiente, que contemple plazos y un régimen sancionador«, concluye el escritor. Gayol, por su parte, baraja dos posibilidades. La primera, y la que debería priorizarse, su retirada. La segunda, para casos muy excepcionales, su traslado a algún tipo de museo o su contextualización histórica, «si se considera que disponen de algún tipo de valor artístico o cultural». Una decisión que -asegura- deberá quedar en manos de los historiadores.
La DANA del 29 de octubre afectó en mayor o menor medida a 115 centros educativos públicos, que contaban con 48.721 alumnos, según cifras de la Conselleria de Educación. El curso escolar quedó interrumpido prácticamente en toda la zona afectada y su reanudación fue muy desigual, de manera que, como norma general, se suele hablar de un curso perdido y se equipara la situación a la que se vivió durante la pandemia de Covid-19.
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La afectación estructural de los centros también fue muy variada. Los que quedaron mejor parados pudieron regresar a la actividad tras un mes de duro trabajo de limpieza, generalmente ejecutado por las familias y la comunidad educativa. Muchos otros, con menor suerte, tuvieron que ser reubicados en otros centros, a los que los alumnos se desplazaban con un servicio de autobuses.
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De entre toda la casuística de incidencias, hay ocho centros que son los que, sin duda, se llevaron aquel día la peor parte, ya que los edificios sufrieron tantos daños estructurales que fueron declarados en ruina y quedaron pendientes de derribo. Unos 4.000 alumnos están adscritos a estos centros.
Se trata del CEIP Carme Miquel, en El Raval de Algemesí, y el CEIP Blasco Ibáñez, en Alginet, ambos en la comarca de la Ribera Alta; el IES Alameda, en Utiel, comarca de Requena-Utiel; el CEIP Orba de Alfafar, el IES Berenguer Dalmau, en Catarroja; el CEIP Horta, en Paiporta, y la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives, en Massanassana, todos en la comarca de L’Horta Sud.
Promesas incumplidas
Fuentes de la comunidad educativa consultadas explican que desde la Conselleria de Educación se les aseguró que los alumnos desplazados de sus centros podrían volver a dar clases en ellos después de las vacaciones de Pascua, con la habilitación de aulas prefabricadas. No fue así. La gran mayoría, de hecho, acabó el curso en el centro donde habían sido reubicados.
En junio, Mazón volvió a repetir la promesa, pero ahora en público y con un tono solemne: todos los alumnos de los centros afectados comenzarían en septiembre el nuevo curso en sus centros, con la habilitación de aulas prefabricadas. Mazón dio una fecha concreta —el 8 de septiembre— y una cifra —el 100%—. A unos días de la vuelta al cole, José Antonio Rovira, el conseller de Educación, ha vuelto a matizar la promesa: unos 600 alumnos verán retrasado el inicio de curso mientras se acaban de acondicionar las aulas prefabricadas.
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Este anuncio no ha cogido por sorpresa a las familias de los centros afectados, antes al contrario. En junio, poco después del anuncio de Mazón, Rubén Pacheco, presidente de la federación de familias FAMPA València, aseguraba en declaraciones a Público que “nadie se cree” la promesa de Mazón sobre que todos los alumnos afectados por la DANA volverán a estudiar en sus municipios el próximo curso.
No se equivocó Rubén Pacheco. De hecho, la rectificación de facto de conselleria se producía como respuesta a una denuncia de STEPV-Intersindicat, el sindicato mayoritario en el sector, que describía la situación en los días previos al inicio de curso como de “abandono total” de las comunidades educativas por parte de la conselleria y, así mismo, planteaba dudas sobre el cumplimiento del calendario.
Sin protesta, no hay escuela
En general, las comunidades educativas tienen la sensación de que la conselleria actúa siempre como reacción a sus denuncias, pero no se sienten acompañados ni escuchados. Carlos Moreno, educador de la escuela infantil Rabisancho de Alfafar, ubicada en el barrio del Parc Alcosa y vinculada al CEIP Orba, explica todo un historial de tiras y aflojas que podría representar perfectamente el periplo vivido en otros centros.
Después de la DANA, la escuela infantil quedó muy tocada, pero, a diferencia del CEIP Orba, no haría falta derribarla para construir un nuevo edificio. Moreno explica que, de hecho, se les aseguró que, para final de año o después de Navidad, los niños podrían volver al centro a seguir el curso en aulas prefabricadas. Mientras tanto, serían reubicados en el CEIP Sant Ignasi de Picassent.
No fue así. El curso avanzaba y las promesas se incumplían. La comunidad educativa del Rabisancho protestaba. En una de estas movilizaciones, anunciaron una concentración frente al solar donde se preveía que se ubicaran las aulas prefabricadas, precisamente para denunciar que no se había colocado ninguna. En vísperas de la protesta, se colocó una aula. Pero así se quedó. Sin más.
En la escuela infantil Rabisancho, como en el CEIP Orba, tienen muchas dudas que el curso podrá empezar el día marcado. De hecho, aún no han podido entrar a su centro, ya que aún no se ha emitido el certificado de fin de obra. Una de las actuaciones que se debían de llevar a cabo era la retirada del techo de amianto. Moreno desconoce el estado en que se encuentra y alerta de la incertidumbre que esto provoca.
Estado de las obras de acondicionamiento en el CEIP Orba de Alfafar a menos de una semana del inicio de las clases.
Dos de tres en Massanassa
Massanassa es una de las localidades más afectadas. De los tres centros educativos que hay en el pueblo, dos tienen que ser derribados y construidos de nuevo: la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives. Según denuncia STEPV-Intersindical, la conselleria aún no ha comunicado ni la fecha de inicio del curso para estos centros. De hecho, desde el sindicato apuntan que “al ver el retraso con el que avanzan las obras, hay dudas de que el curso pueda empezar antes del final de mes o, incluso, en octubre. El ayuntamiento ha cedido un espacio de gimnasio a cada una de las escuelas, que no disponen de ordenadores, impresoras, conexión de wifi para ir avanzando faena y por ello el profesorado se tiene que reunir en el polideportivo”.
En este sentido, el AMPA de Lluís Vives y Ausiàs March denuncia que las obras de las aulas prefabricadas “siguen en una situación muy preocupante, con elementos indispensables aún sin finalizar” y que “no se ha recibido ninguna notificación oficial sobre la fecha real de inicio del curso ni alternativas para las familias”.
Es por ello que han convocado un acto de protesta para el día oficial del inicio de curso, es decir, el lunes, 8 de septiembre, a las 9.00 horas, en que se leerá un manifiesto y, más tarde, a las 10.00, FAMPA-València realizará una rueda de prensa para informar sobre el inicio del curso 2025-2026. Tras la rueda, las familias se dirigirán a la puerta del Ayuntamiento de Massanassa para leer nuevamente el manifiesto.
Siguiendo la misma tónica que explicaba Carlos Moreno para la escuela infantil Rabisancho de Alfafar,Alex Caraval, de la asociación de familias que agrupa la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives de Massanassa, también comparte la misma sensación de no solo no sentirse acompañados por conselleria, sino de que esta siempre actuaba, cuando lo hacía, a remolque de sus denuncias.
Caraval pone como ejemplo que la ubicación escogida inicialmente para las aulas prefabricadas donde se instalaría el centro provisional era un descampado donde se fueron depositando centenares de coches que la barrancada se había llevado por delante. Un solar de aquellos que se hicieron famosos por haberse convertido en un cementerio de vehículos, unos amontonados encima de otros. Con las correspondientes filtraciones de combustible, químicos, grasas, etc. ¿Era el lugar más adecuado para un centro de infantil y primaria?
La comunidad educativa se movilizó y consiguió que el ayuntamiento, como explicaba el comunicado del STEPV-Intersindical, cediera las instalaciones de un polideportivo, con lo que, además de poder disfrutar de una pista que no se utilizaba como patio, también disponen de otras instalaciones necesarias para una escuela de estas características.
Se da la circunstancia, además, que el CEIP Lluís Vives es donde murió el operario que la Conselleria de Educación había enviado a realizar trabajos en el centro, a pesar de que el ayuntamiento ya había alertado del peligro de derrumbe en se encontraba el edificio.
Instalación de barracones para el CEIP Lluís Vives de Massanassa a menos de una semana del inicio de curso.
Una escuela frente a un parque lleno de vidrios rotos
Las aulas prefabricadas en que se convertirá el CEIP Carme Miquel de El Raval de Algemesí se han comenzado recientemente a agrupar, pero ello no ha despejado las dudas en la comunidad educativa —antes al contrario— de que estén listas para empezar el curso en la fecha señalada. Además de falta de información, la sensación generalizada es de retraso respecto a lo previsto.
El edificio del colegio quedó en ruinas después de la DANA, pero su derribo aún está por ejecutar.El centro sufrió tal estado de abandono que se convirtió en un narcoedificio. Si bien se tapió, no se actuó en el parque y en el patio de la guardería, que justo queda enfrente de las aulas prefabricadas que se convertirán en el nuevo colegio. Esto supone un riesgo evidente, ya que,a tan solo un par de pasos de su escuela, los niños se pueden encontrar con una zona abierta con vidrios rotos y todo tipo de peligros.
Las aulas prefabricadas se ubican en una zona un poco más alejada del río y un poco elevada, respecto al edificio del colegio. ¿Pero es suficiente? Si se volviera a repetir una DANA como la del octubre pasado, ciertamente no. Es el mismo caso de las aulas prefabricadas para el Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa: la zona también se inundó. El hecho de que los barracones además estén construidos con rejas en las ventanas no ayuda a tranquilizar a las familias, que explican que desconocen si conselleria ha tomado prevenciones ante inundaciones. Los retrasos, las prisas de última hora y la falta de información generan incertidumbre al respecto.
Vuelta a los barracones
“¿Quién me iba a decir que un día me alegraría por ver que mis hijos irían a una escuela en barracones?”. Esta es una pregunta que, llena de perplejidad, es recurrente entre las familias de los centros afectados. Las aulas prefabricadas —barracones, en el lenguaje coloquial menos aséptico— fueron la imagen de la educación valenciana durante las dos primeras décadas de los años 2000. Se convirtieron en algo habitual, cotidiano.
Si los gobiernos conservadores no apostaron por la educación pública como prioridad, el déficit crónico de financiación de la autonomía y la corrupción, con el escándalo de CIEGSA, la empresa pública creada para la construcción de centros educativos, hicieron el resto. Cuando el PP perdió la Generalitat, en 2015, había 27 centros educativos que aún se componían íntegramente de barracones.
En 2023, cuando el PP volvió a recuperar el gobierno de la Generalitat, después de dos legislaturas de gobiernos progresistas, aún quedaban barracones, pero los 27 centros que se componían íntegramente de ellos ya se habían construido. Por el camino, un buen número de valencianos cursaron toda su escolarización en barracones, desde el colegio al instituto.
Este miedo vuelve a las familias. En muchos de los centros afectados, de hecho, los barracones no llegan ahora, después de la DANA, sino que vuelven. Otro problema común que reportan las familias es que no hay fecha para que se ponga en marcha la construcción del nuevo centro. No tienen noticias al respecto y el derribo del antiguo empezó ya acumulando retrasos o, incluso, no tiene fecha tampoco. Si se hacen los cálculos, muchos se temen que sus hijos, una vez entren en los barracones, no saldrán hasta que no lo hagan también del centro. Y la historia se volverá a repetir.
«Confieso que pertenezco a la manosfera, confieso que soy culpable (…) Y hoy me siento mujer, no me lo discutan, me llamo Francisca Javiera, que les llevo por delito de odio a un tribunal». Con estas y algunas otras burlas ha intervenido el exmagistrado del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego,
en la jornada negacionista que ha organizado Vox en el Congreso. Sus palabras dan pista del tono que se ha mantenido a lo largo de las tres mesas de ponentes, donde se han desplegado todo tipo de mensajes que no solo ningunean los avances en derechos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+, sino que además culpan a los feminismos y a las políticas públicas que desde estos movimientos se han impulsado de ser las verdaderas responsables de la violencia y de una supuesta «destrucción de la sociedad».
En teoría, el epicentro de la jornada iban a ser las «denuncias falsas», si bien en toda la mañana apenas se ha aludido dos veces -y mucho menos se ha explicado- a la ínfima cifra de denuncias falsas registradas en nuestro país. Un dato que, como informan cada año desde el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, apenas ronda el 0,01%.
Jurídico-político. ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?, Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la LIVG (Ley Integral contra la Violencia de Género) en nuestra sociedad?, y Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?, han sido los tres bloques que han mantenido ocupada la sala Ernest Lluch desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas, aproximadamente. Si bien no sería de extrañar que varias de las cosas que allí se han escuchado hubieran salido en una conversación de sobremesa o en la barra de un bar, lo cierto es que muchas de las premisas de las que partían suponen en sí mismo una conquista para el relato que los feminismos llevan mucho tiempo haciendo valer.
Rocío de Meer, diputada de Vox, ha comenzado su intervención arremetiendo contra los medios de comunicación que se han hecho eco de las críticas que ha recibido la jornada, asegurando que su partido quiere dirigirse a la ciudadanía «sin el filtro morado del feminismo hegemónico».
La diputada también se ha manifestado contraria a los actos de memoria y el reconocimiento a las víctimas de violencia machista: «¿Por qué solo tenemos que llorar por las mujeres asesinadas que a ellos les interesa? ¿Por qué no importan los hombres?», ha dicho. Al inicio, de hecho, toda la sala ha guardado un minuto de silencio por «todas las víctimas». Un ejercicio que poco tenía que ver con los vetos habituales de Vox a conmemoraciones por el 8M o 25N, y su oposición firme a participar en minutos de silencio institucionales.
Otro de los ponentes, Jesús Muñoz -de la asociación ANAVID- ha cargado directamente contra la LIVG y contra las feministas, a las que ha responsabilizado de buena parte de los «males» que adolecen nuestras sociedades. «Me habéis pedido ayuda cuando las tinieblas del feminismo han entrado por vuestra casa«, ha proclamado, antes de señalar a Argentina como ejemplo de lo que, según él, ocurre cuando el feminismo «arrasa la sociedad al completo». Con mención especial a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Y no le falta razón. La lucha por la libertad y contra la violencia hacia las mujeres ha extendido sus raíces como nunca antes de un tiempo a esta parte.
Vista de una pantalla informativa en unas jornadas impulsadas por Vox.
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Algunas de las ideas sobre las cuales han discurrido en la jornada son, efectivamente, conquistas feministas. Una de las psicólogas que ha participado, por ejemplo, mencionaba nada más y nada menos que el hecho de que el feminismo quiere acabar con el arquetipo de familia y maternidad tradicional, a través del derecho al aborto y los anticonceptivos. La salud sexual y los derechos reproductivos costaron, como la hemeroteca constata, muchos años de lucha.
La abogada Patricia Anzoátegui, por su parte, ha llevado más lejos el discurso negacionista. Al igual que otros ponentes, ella no ve la existencia de la violencia de género, a pesar de las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003, pero sí un negocio: «Es un instrumento para tener caja», ha dicho, señalando que la ley de 2004 se diseñó para «destruir la credibilidad judicial», y llenar todo de cursos y programas que generan ingresos a sus promotores.
Lo que ocurre es que su relato se corresponde poco con la realidad. Si acaso se invierte dinero en poner fin a la violencia de género y la violencia sexual es también por el impacto económico que supone, que en 2022 fue concretamente de 4.933 millones de euros. Esto es, el 0,37 % del PIB de España y 104 euros per cápita, según el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022. La mayor parte de ese coste lo soporta el sector público (2.562 millones, un 85%), en segundo lugar las víctimas (247 millones, un 8,2%), después las empresas (150 millones, un 5%), los familiares y amigos (1,6%) y, por último, el tercer sector (0,2%).
Anzoátegui ha pedido «proteger a los hombres» y se ha lanzado a proponer al resto de mujeres que estaban en la sala a participar de la que ha bautizado como la «quinta ola feminista», que según ella estaría formada por quienes defienden a los hombres porque «esos hombres fueron niños». Una defensa de la igualdad parcial, para variar, que también se ha contradicho en reiteradas ocasiones con la criminalización de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
Su compañero en el Observatorio de Falsas Denuncias, el abogado Rubén Melloni, ha intervenido en la misma línea para cuestionar la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia machista, pidiendo que se prioricen los sentimientos y el bienestar familiar por encima todo… ¿Quizá incluso por encima de la protección inmediata a las víctimas? Lo que puede que Melloni no ha considerado es que, en 2025, solo el 20% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia previa. Es más, hay comunidades como Madrid donde ni siquiera cuando se atreven a denunciar son siempre protegidas. En esta región se denegaron algo más de la mitad de las solicitudes de órdenes de protección en 2024, con 3.532 denegaciones de un total de 6.330. Mientras, a nivel nacional la cifra ronda el 70%.
Samuel Vázquez, policía nacional, miembro de Vox en cuestiones de migración y seguridad y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, por su parte, ha creído apropiado establecer esta comparación: «Cuando yo era pequeñito un profesor le pegaba a cualquier compañero mío que hiciera una trastada. Un profesor le daba un bofetón a un niño y cuando llegaba a casa el padre le daba otro para remarcar la autoridad de profesor. Hoy en día un profesor le da un bofetón a un niño y acaba detenido. La forma en la que afrontamos la violencia se ha transformado en toda la sociedad, también en la familia«. Todos los ponentes estaban ahí para contar la «verdad», abrirnos los ojos frente al «relato único», al «socialismo» y sus leyes que solo buscan «destruir la familia» y la «nación»; pero nadie en esa sala exponía cifras oficiales. No ya del Ministerio de Igualdad, ese que consideran la materialización misma de todo lo que desprecian; sino de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a quienes reivindican muy a menudo.
La única información incontestable y a la que todo el mundo tiene acceso es que, desde la aplicación de la ley contra la violencia machista, la cifra anual de mujeres asesinadas ha pasado de 71 a 50, suponiendo un descenso del 32,4%. Aún así, desde el año 2013, 65 menores han sido asesinados por agresores machistas en España. Además, 485 niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista tras el asesinato de sus madres.
Estas cifras reflejan el devastador impacto que la violencia de género tiene no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus familias, especialmente los menores. Sobre el origen de los agresores sexuales, el 68,8% registrados durante este año tienen nacionalidad española, frente al 32% de otras nacionalidades.
Y, acerca de las denuncias falsas: en 2023 apenas se incoaron 12 causas por denuncias falsas en materia de violencia de género, una cifra ridícula en comparación con el volumen total de procedimientos abiertos. De esas causas, además, muchas acaban archivadas por falta de pruebas, lo que significa que las condenas efectivas son todavía menores. «El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084%. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio, el porcentaje total alcanzaría al 0,00945%», establece el portal de la Fiscalía.
En paralelo, los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en 2023 sentencias condenatorias en el 92% de los casos enjuiciados. Por lo que, lejos de apuntar a un abuso del sistema, los datos reflejan que, cuando los procedimientos llegan a juicio después de haber presentado una enorme cantidad pruebas, por otra parte, muy difíciles de demostrar -dado que la prueba principal es el testimonio de la propia víctima-, la constatación de la violencia es abrumadora, tal y como ya se explicó en este artículo.
Nada de esto parece importarle a la ultraderecha que, como ha explicado muy detalladamente Samuel Vázquez, lo tiene claro: las políticas migratorias, las luchas feministas y para frenar la crisis climática con todas las incertidumbres y cambios que conllevan son las tres grandes «claves» de «la política» de nuestro siglo. Y con política también quieren decir votos.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Banderas, pancartas, kufiyas. Bilbao se vistió este miércoles de los colores de la bandera palestina para albergar la undécima etapa de La Vuelta. Una etapa con un final inesperado. No hubo un ganador. De hecho, solo uno de los ciclistas, el británico Tom Pidcock –tercero en la clasificación general– llegó a cruzar la línea de meta. Sin perder la oportunidad para lanzar un mensaje a los medios: «El ciclismo no tiene nada que ver con lo que está pasando». ¿Pero qué está pasando? Desde que empezara la competición deportiva, el pasado 23 de agosto, La Vuelta se ha convertido en el escenario de movilizaciones multitudinarias en favor de la causa palestina. En contra del genocidio de Israel. Con un objetivo claro: forzar la expulsión del equipo del Estado sionista, el Israel-Premier Tech.
«La cita de Bilbao ha sido todo un éxito», valoran los convocantes. La presión ejercida por los manifestantes forzó que la etapa finalizara a tres kilómetros de la meta, sin ganador oficial y tirando de los cronos de la montaña y el esprint intermedio. Pero hay algo más importante. Han conseguido colarse en los titulares de la prensa internacional. Y en una de sus secciones más populares, el universo deportivo. Dando voz a la resistencia palestina. «Llamando a las cosas por su nombre», matiza Lidón Soriano, activista de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. «Se acabó la complicidad con las políticas de apartheid, limpieza étnica y colonización que está desplegando el Estado de Israel en Palestina», incide la activista. «El deporte no puede servir de escenario para blanquear un genocidio«, denuncia.
«Es un caso de ‘sportswashing’ de manual. Deporte y política van de la mano», traslada Lidón Soriano
Desde la ciudad italiana de Turín hasta el municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, los manifestantes, organizados en torno a la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, han protagonizado pitadas, cortes de carreteras y todo tipo de acciones reivindicativas. «El boicot deportivo lo llevamos moviendo muchos años, pero nunca habíamos conseguido este nivel de coordinación, de seguimiento y, sobre todo, de impacto», refiere Soriano. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? «Han coincidido una serie de elementos. Especialmente el nivel de brutalidad de la agresión que está cometiendo Israel sobre Palestina, utilizando el hambre como arma, lo que ha disparado la indignación de la gente«, apunta la activista. No es para menos. Según las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, de las casi 70.000 víctimas oficiales, al menos 370 han fallecido de inanición, 131 de ellas niños. También han tenido mucho que ver las posibilidades que ofrece el propio ciclismo. «Es un deporte que pasa directamente por las carreteras de los pueblos. La gente se ha ido sumando, a través de asociaciones locales o incluso por su cuenta», asegura la portavoz de la plataforma.
La acogida de las protestas ha sido desigual. Para unos, un ejemplo de solidaridad para la comunidad internacional; para otros, una forma de violencia injustificada. «Ayer la vuelta de España volvió a convertirse en el chivo expiatorio de un fanatismo de otro tipo, infinitamente menos peligroso que el etarra, pero incapaz igualmente de respetar las libertades públicas. Boicotear La Vuelta no es un acto democrático, es una manifestación más de radicalismo», defendía Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, en el espacio radiofónico de la COPE. En la misma línea -y la misma cadena- se había pronunciado el comentarista deportivo Juanma Castaño: «Estoy convencido de que había algunos de los que llevaban banderas palestinas que estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares». Una postura antagónica a la defendida por el periodista Manu Carreño en el programa El Larguero, de la Ser. «La gente se ha atrevido a hacer lo que no se atreven a hacer los organismos internacionales del deporte«, señalaba el presentador.
Protestas en Los Corrales de Buelna, en Cantabria.
Pero el debate ha trascendido más allá de los medios de comunicación. Alcanzado a los propios corredores. «La sensación es un poco de incertidumbre. Pero hay que dejar una cosa clara: ninguno de los otros 22 equipos ha pedido por el momento -como parecen insinuar algunas informaciones- que se excluya al equipo de Israel. Tampoco han dado señales de barajar la posibilidades de retirarse», afirma Juan Clavijo, comentarista de Eurosport. Donde sí han emergido las dudas sobre la participación del conjunto israelí ha sido en el núcleo mismo de la organización de La Vuelta. Este miércoles, Kiko García, director técnico de la carrera, ponía sobre la mesa una posible retirada voluntaria del equipo hebreo. «Solo hay una solución ahora mismo. Que el equipo asuma que estando no facilita la seguridad de todos los demás», dejaba caer en declaraciones a la Ser.
No tiene pinta de que vaya a pasar. «Si abandonamos aquí, sabemos que en cada carrera a partir de ahora seríamos el objetivo. Sería el cierre del equipo», ha declarado ante los medios el director del conjunto israelí. «¿Qué hacemos con las 180 familias que trabajamos para hacer este deporte?», ha lanzado al aire. Desde la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel responden tajantes. «Cuando un profesional ficha por un equipo deportivo cuya insignia es el nombre del Estado que perpetra un genocidio y cuya bandera lleva en el maillot, sabe lo que hace. Está aportando su cuerpo y esfuerzo para representar a ese país«, indica su portavoz. «Y más con todas las noticias que están saliendo sobre el dueño del equipo, un multimillonario amigo de Netanyahu que ha declarado públicamente que su objetivo es blanquear las políticas de Israel», añade Soriano con indignación.
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Las protestas –insisten desde la plataforma- se encuadran en el marco de la resistencia pacífica. «Quitando algún momento puntual de gente presa de la indignación, todas las movilizaciones han seguido un protocolo. Para cortar las carreteras la gente va con chalecos, para que se les distinga bien. Y permanece inmóvil, sin actitud agresiva y nunca con la intención de tirar a los ciclistas«, asegura la activista. No se ponen en riesgo en ningún momento –insiste una vez más– ni la integridad física ni la seguridad de los deportistas. Los sindicatos de corredores no están tan seguros. «Lo que demandan los ciclistas, algunos de los que pueden estar incluso de acuerdo con el motivo de fondo de las movilizaciones, es prudencia y respeto», señala Clavijo. «Más que nada para evitar cualquier accidente que ponga en peligro, ya no a la caravana de La Vuelta, también a los propios aficionados», completa el comentarista deportivo.
«Los corredores no tienen responsabilidad en nada de lo que está pasando. Ni siquiera La Vuelta, Unipublic, tenía mucho margen de actuación. La exclusión de Israel es una decisión que depende de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que no destaca precisamente por su determinación», continúa el locutor. Un comentario al que Soriano añade algunos matices: «El propio reglamento de la Federación Española de Ciclismo, en su punto 6.a, incluye una cláusula por la que se puede echar a un equipo cuando se considere que daña la imagen de una carrera o del deporte en general. Y están ocurriendo las dos cosas». «Basta de echar balones fuera. Es un caso de sportswashing de manual. Deporte y política van de la mano», sentencia la activista. Que se lo digan al equipo de ciclismo ruso, el Gazprom-RusVelo, apartado de las competiciones internacionales poco después de la invasión de Ucrania.
Movilizaciones convocadas en la etapa decimotercera etapa de La Vuelta, en Asturias, para el viernes 5 de septiembre.
No van a parar. «Seguiremos hasta que consigamos que Israel quede fuera de la carrera», aseguran desde la plataforma organizadora. Ya son públicas las convocatorias para las próximas seis etapas: tres en Asturias y tres más en Galicia. A través de las provincias de Lugo, Pontevedra y Orense. «Israel tendrá que pagar por sus crímenes de guerra y resarcir a sus víctimas. Seguiremos exigiendo que se cumpla íntegramente el derecho internacional«, concluyen los convocantes.
El borrador del proyecto se llama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation –Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza- y en 38 páginas sienta las bases de la fantasía colonizadora que el presidente estadounidense, Donald Trump, proyectó hace unos meses sobre la Franja de Gaza. Entonces la llamó la «Riviera de Medio Oriente». Las siglas del proyecto en inglés,GREAT Trust, evocan el eslogan de la campaña electoral –Make America Great Again-, con la que el republicano reconquistó la Casa Blanca en 2024.
La presentación del proyecto ha sido publicada en exclusiva por el diario The Washington Post el pasado 1 de septiembre. En ella se detallan los pormenores de uno de los proyectos que baraja EEUU para el futuro de Gaza. El GREAT Trust se presenta como una oportunidad económica para inversores arriesgados. El coste de su construcción oscilaría entre los 70.000 y los 100.000 millones de dólares, que se lograrían gracias a la creación del Fideicomiso de Tierras de Gaza. Este arrendaría, aproximadamente, el 30% de las tierras públicas de Gaza.
El proyecto plantea que los gazatíes coloquen sus tierras en el mecanismo financiero, a cambio de las cuáles recibirían tokens. Estas propiedades, a su vez, se pondrían a disposición de inversores que ayudarían a reconstruir Gaza.
El proyecto promete a sus posibles interesados cuadruplicar su inversión inicial, a la par que se dispara el valor económico del enclave. Este progreso económico se presenta como algo relativamente fácil de lograr debido a que el borrador explica el colapso de la economía gazatí como un mero fracaso de Hamás. Ignora así que el empobrecimiento de la Franja se debe, sobre todo, al bloqueo al que fue sometida por parte de Israel y Egipto tras la llegada del grupo islámico al poder por la vía democrática.
La información publicada por el medio estadounidense viene a confirmar lo adelantado por el Financial Timesa principios de julio, cuando se tuvo conocimiento por primera vez de este plan. Desde entonces hasta ahora se ha debatido mucho en torno a la autoría del borrador. Según el medio económico, en su desarrollo participó el Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI), un think tank creado por el expresidente británico con la mirada puesta en «acabar con el extremismo» en Oriente Medio. El TBI negó tajantemente tener nada que ver con dicho plan, si bien posteriormente confirmó que lo conocía y que su papel había sido el de «escuchar» las opciones que distintos grupos planteaban para el futuro de Gaza.
A su vez, el TBI señaló que parte del plan GREAT Trust llevaba la firma de miembros del Boston Consulting Group (BCG), una consultora estratégica global vinculada a la Fundación Humanitaria de Gaza, encargada del reparto de ayuda en el enclave palestino. También la BCG negó tener ningún papel en el desarrollo del GREAT Trust. Al ser preguntados por The Washington Post a raíz de la publicación del borrador del plan, la consultora ha explicado que «el trabajo sobre el plan del fondo no fue aprobado expresamente y que dos sociosprincipales que dirigieron el modelo financiero fueron posteriormente despedidos».
El 27 de julio, Donald Trump se reunió con el mismísimo Tony Blair, con su yerno, Jarden Kushner y con el enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff en la Casa Blanca para discutir sobre el futuro de la Franja. Sea cuál sea este, Witkoff aseguró en Fox que el plan que están trazando «es muy exhaustivo» y que «mucha gente va a ver lo sólido y lo bienintencionado que es, y cómo refleja los motivos humanitarios del presidente Trump». Dado que no han transcendido detalles sobre el contenido de dicho encuentro no es posible saber si el GREAT Trust fue una de las opciones barajadas.
La salida a la luz del borrador permite conocer los pormenores del proyecto, con el que sus impulsores buscan rentabilizar el genocidio construyendo una suerte de hub tecnológico con plantas de vehículos eléctricos, centros de datos, complejos turísticos de lujo y rascacielos. La visión que el plan proyecta sobre Oriente Medio engarza con la prioridades comerciales y geopolíticas de la Administración Trump.
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Captura de pantalla de la presentación del ‘GREAT Trust’, uno de los planes que baraja Trump para el futuro de la Franja de Gaza.
En el documento se nombra específicamente la importancia que el GREAT Trust tendría para el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC). Esta idea se maquinó en reuniones informales celebradas durante la cumbre del G20 en Delhi (India) en 2023. El objetivo, crear rutas alternativas al Canal de Suezque conectaran occidente y oriente, contaba con el pleno respaldo de EEUU. Recientemente, la relación entre India y EEUU se ha enfriado debido a la apuesta del país asiático de estrechar lazos con Rusia y China. En cualquier caso, el borrador del GREAT Trust, se redactó meses antes de la reunión que mantuvieron la semana pasada los líderes euroasiáticos.
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Un ‘hub’ sobre las ruinas del genocidio
El plan del GREAT Trust enumera diez megaproyectos. El primero de ellos es el desminado de artefactos explosivos aún sin detonar y que actualmente están repartidos a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Israel ha vertido sobre la Franja el equivalente a siete bombas atómicas como la que arrasó Hiroshima en 1945. Así lo afirmó la relatora de la ONU para la defensa de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, durante su visita a España el pasado mes de junio para la recogida del Premio Público 2025.
Su desescombrado «podría tardar años», explicó a este periódico Haizam Amirah. El fundador del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC) afirmó entonces que quienes hablaban de la colaboración público-privada con otros países árabes para la tarea de desescombrado «saben que Israel no quiere hacerlo ni lo va a permitir», entre otras cosas, «porque no desea que vea ni verifique sus acciones» en la Franja.
Diapositiva del borrador del proyecto ‘GREAT Trust’.
En él también se recoge la creación de un centro logístico regional en Rafah con conexión a un aeropuerto y varios puertos que se crearían en Gaza. La ciudad, rebautizada como el Portal de Abraham también permitiría la conexión con infraestructuras de países vecinos gracias a la construcción de varias circunvalaciones, carreteras y tranvías alrededor de la Franja. Todo ello compondría el Corredor de Infraestructura Abrahámica, que aspira a ser una de las paradas obligatorias del IMEC.
Además, el proyecto contaría con: un Centro Regional de Agua con plantas solares y desalinizadoras en la Península del Sinaí, entre seis y ocho «ciudades inteligentes» impulsadas por la IA, resorts turísticos frente al mar e islas artificiales similares a las Islas Palmeras de Dubái, un Refugio Americano de Datos Seguros regulado por una IA estadounidense y una Zona de Fabricación Inteligente Elon Musk. Es decir, zonas industriales en las que se desarrollaría material de defensa, entre otras opciones.
El GREAT Trust no ignora una cuestión fundamental y es que, para erigir estos macroproyectos, primero tienen que apartar del territorio, al menos temporalmente, a los dos millones de palestinos que malviven en el enclave.
Dos fórmulas para desplazar a los palestinos
El desplazamiento forzado de una población de su territorio está tipificado por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra y de lesa humanidad. Los impulsores de GREAT Trust, en cambio, ven este delito como una mera transacción económica. Así, según el documento, el fideicomiso pagaría a cada palestino 5.000 dólares por marcharse de sus tierras. Además, le serían concedidos subsidios para cubrir los cuatro primeros años de alquiler en otro país así como un año de alimentos. El borrador del plan estima que aproximadamente medio millón de personas salgan de la Franja gracias a esta fórmula. Es decir, en torno a un 25% de su población. Según las estimaciones reflejadas en el borrador, sacar a los palestinos de Gaza tendría un precio de unos 5.000 millones de dólares.
Sin embargo, parece poco probable que los países vecinos acepten acoger a cientos de miles de palestinos. Especialmente, teniendo en cuenta que Egipto lleva desde el 7 de octubre limitando la entrada de ayuda humanitaria al sur de la Franja de Gaza y muchos más años restringiendo el acceso al enclave, siguiendo la estrategia inaugurada por Israel en 2007, cuando Hamás se hizo democráticamente con el poder en la Franja de Gaza.
Tampoco parece que Jordania vaya a aceptar el traslado de la población a su territorio de manera tan abierta, donde actualmente existen diez campos de refugiados palestinos. No han sido pocas las tensiones que han mantenido a lo largo del siglo XX las autoridades jordanas y los grupos nacionalistas palestinos que se consolidaron en su territorio, como la Organización para la Liberación de Palestina.
La expulsión de los árabes de sus tierras se combinaría con una segunda opción: la reubicación de los gazatíes dentro de la Franja de Gaza. El borrador espera a que a este plan se acoja el 75% restante de los gazatíes. De ellos, estiman que el 90% necesitaría alojamiento temporal que, según el borrador contaría con infraestructuras de educación, agua y saneamiento. Dicho proyecto podría costar unos 6.000 millones de dólares. Este plan se parece peligrosamente a los barajados recientemente por el Gobierno de Benjamín Netanyahu (Likud), y que muchos expertos no dudan en calificar de «campo de concentración».
Es importante subrayar el evidente rechazo de la población palestina a abandonar sus tierras. Pese a los reiterados esfuerzos de Israel para expulsar a la población autóctona -se estima que un millón y medio palestinos han sido obligados a salir de sus tierras desde 1948-, esta continúa luchando por permanecer en sus tierras. Es de esta resistencia de donde surgieron, a finales del siglo pasado, grupos nacionalistas armados como los seculares como Fatah -ahora desmilitarizado- o los islámicos Hamás o la Yihad Islámica, responsables del 7-O.
Esta amenaza es bien conocida por los diseñadores de GREAT, que reconocen en el documento que la seguridad es su principal riesgo: «Gaza es un puesto avanzado iraní en una parte moderada de la región que amenazará la arquitectura IMEC/abrahamica y socavará cualquier futuro autogobierno palestino». Para combatir dicha amenaza, el documento evidencia que únicamente mediante la aniquilación de Hamás, el proyecto será posible. Esta idea casa con la dirección tomada por Netanyahu de ocupar militarmente toda la ciudad de Gaza-. Contra ella se han posicionado miles de israelíes debido al riesgo que supone para la veintena de rehenes que siguen vivos en el enclave.
Los incendios forestales han arrasado 362.473 hectáreas en todo el país durante estas semanas se agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, a 30 de este mes. 138.689 hectáreas han ardido en Galicia. El Gobierno de Alfonso Rueda, sin embargo, habla de momento de 95.000, es decir, en torno a 45.000 hectáreas menos de las que contabilizan los satélites europeos. «No es una diferencia discutible. La brecha es enorme, hablamos de que se oculta casi una tercera parte de la estimación de Copernicus. La Xunta tiene los datos reales, pero prefiere maquillar la realidad para que parezca que el daño medioambiental y patrimonial es menor», señala Francisco Lueiro, portavoz del colectivo ecologista Arco Iris.
Es cierto que las estadísticas que publica el satélite europeo, prácticamente en tiempo real, son provisionales y tienen en cuenta toda la superficie calcinada que van captando las camáras a decenas de kilómetros de distancia. Lo que suelen hacer luego las comunidades es descontar todas aquellas zonas que han sobrevivido a las llamas, conocidas como islas, así como las carreteras, los pastizales y los terrenos agrícolas o urbanos. «La Xunta, al mismo tiempo, suele ir aumentando su propia cifra hasta que ambas se aproximan. No hablamos tanto de una cuestión técnica, como de una estrategia de comunicación», apuntan distintos brigadistas consultados por Público, que prefieren, eso sí, no hacer pública su identidad. La Consellería de Medio Rural confirma a este medio que el dato que han revelado esta semana puede sufrir variaciones porque, «mientras no se controlan o extinguen» los focos, «no se pueden conocer las superficies exactas» que ha arrasado el fuego.
La administración autonómica recuerda además que en sus cálculos «no se contabilizan las hectáreas de índole agrícola» y trata de minimizar la polémica generada por el evidente desfase que existe por ahora entre ambos datos. «Dentro del perímetro de los incendios sigue habiendo áreas sin quemar. La diferencia con Copernicus puede responder a esta cuestión. (…) El satélite no distingue bien y preferimos ir sobre seguro», responden desde la cartera. La Xunta no solo rechaza las acusaciones de falta de transparencia, sino que recalca: «Todos los años, con la actualización del Pladiga [plan de prevención y defensa contra los incendios forestales], queda registrada con total claridad la información técnica (…) de todos los incendios forestales del año anterior». El problema es que el citado plan suele presentarse en la primavera del año siguiente, es decir, casi diez meses después del periodo de alto riesgo, cuando prácticamente nadie acude ya a cotejar información del número de hectáreas arrasadas por los incendios de la temporada anterior.
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Copernicus también ha publicado sus estimaciones para el resto de las comunidades afectadas por los fuegos de las cuatro últimas semanas. El satélite europeo cifra en 150.000 el número de hectáreas quemadas este agosto en Castilla y León. Extremadura, por su parte, habría visto dañada una superficie de 45.000 hectáreas. Público ha contactado con las dos administraciones. La primera no ha respondido a las preguntas de este medio, pero hasta dos miembros de distintas brigadas autonómicas han podido confirmar que no se dan datos diarios de las hectáreas calcinadas y que, una vez concluida la época de incendios, «hacen la medición y suelen rebajar lo que llega desde el satélite», excluyendo de nuevo los terrenos no forestales y «las superficies que no han ardido por completo, en las que ha quedado un poco de verde, por poco que sea». El objetivo, según estos profesionales, sería «hacer creer que han ardido menos montes y espacios de los que realmente han ardido, aparentar menos gravedad».
El Gobierno de María Guardiola sí ofrece resultados cuantitativos a medida que avanza en la extinción de los focos, tanto en el portal INFOEX como en los canales del 112 Extremadura. La Dirección General de Incendios explica así a Público cómo funciona su operativo: «Tenemos un helicóptero de coordinacion que realiza ortofotografías y nos permite conocer la superficie afectada por cada incendio casi en tiempo real». Los populares, aquí sí, ponen en valor tanto su propio sistema como el trabajo de los satélites del EFFIS. «Lo solemos comparar y las dos mediciones son similares, muy fiables y muy parejas«, insisten desde el departamento.
Asturias, donde se han quemado según Copernicus 2.405 hectáreas, realizó una primera estimación a partir de los cálculos del EFFIS, «basada en imágenes satelitales y análisis espectral, lo que garantiza la fiabilidad de los datos», tal y como confirman a este periódico fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión Forestal. Los agentes medioambientales del Principado revisarán ahora los informes provisionales del satélite para hacer los oportunos ajustes antes de trasladar la suma definitiva al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta cartera no ha conseguido explicar a Público antes de la publicación de este artículo cómo realiza el cómputo total de las estadísticas de todas las comunidades y si tiene pensado establecer de aquí en adelante un criterio unificado para medir las superficies calcinadas en el conjunto del Estado.
El uso de medios del siglo pasado para cuantificar las cenizas
Este es, de hecho, otro de los grandes dilemas para los representantes políticos y los profesionales del sector. Galicia, por ejemplo, utiliza fotografías aéreas y herramientas manuales para medir la extensión de lo arrasado por las llamas. Así lo explica a Público la propia Consellería de Medio Rural: «Los sistemas de medición, mientras los focos no se han extinguido, toman como base la información que ofrecen los medios aéreos [fotografías desde helicópteros o aviones que luego se digitalizan] y también el personal que opera desde tierra. (…) Una vez controlados los incendios, se utiliza el GPS para determinar las superficies afectadas«. La Xunta, de hecho, insiste: «Estos sistemas tienen una amplia acreditación internacional en el sector». Los expertos forestales, sin embargo, consideran que la medición vía satélite es mucho más rápida, precisa y efectiva, sobre todo ante incendios tan grandes y virulentos como los de este verano.
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«La perimetración manual te puede servir para clasificar un incendio pequeñito, pero no uno de 15.000 o 20.000 hectáreas. Los satélites son en estos casos la herramienta más fina. El GPS o las fotos aéreas pueden dar lugar a errores, principalmente humanos. El satélite es matemática pura: tienes cinco hectáreas, le restas dos [no calcinadas] y te quedan tres. Es como un tablero de ajedrez, no tiene truco», compara Carlos Madrigal, decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Galicia también tiene «180 cámaras de vigilancia fija» desplegadas en sus montes. No es, eso sí, la única comunidad que utiliza fórmulas «convencionales» pese a los avances tecnológicos cosechados en los últimos diez años. Castilla-La Mancha y Asturias, de hecho, son dos de las pocas que recurren al satélite para la realización de estas tareas. «La diferencia es evidente», subraya el ingeniero.
Lo que sí hacen todas las autonomías es cubrir antes de final de año un parte de incendios normalizado a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto también tiene sus matices. Los agentes medioambientales de cada comunidad recogen en este formulario los datos definitivos de superficies quemadas e incorporan otros aspectos técnicos como el tipo de vegetación o el volumen de madera incendiada. El parte es el mismo para todos los territorios, pero cada uno, eso sí, mide a su manera el número de hectáreas afectadas. «El cálculo tendría que hacerse de la misma manera en todas las comunidades, sobre todo en lo referido a los grandes incendios forestales. Las competencias es cierto que son autonómicas, pero muchas cosas deberían estar unificadas a nivel nacional y una es, sin duda, la medición de superficies», continúa Madrigal.
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Imagen de la superficie calcinada en Larouco (Ourense) por el peor incendio de la historia de Galicia.
Galicia solo informa de las quemas de más de 20 hectáreas
La manera que tiene cada comunidad de informar de los incendios también da para un capítulo aparte. Galicia vuelve a ser aquí una de las más polémicas, habida cuenta, eso sí, de que es la única que dispone de una cuenta oficial y específica para realizar las comunicaciones que tienen que ver con las emergencias forestales: @incendios085. Castilla y León, por su parte, tiene la plataforma INFORCYL, donde se informa del avance de los fuegos «en tiempo real», sin incluir, como se venía advirtiendo, el número de hectáreas calcinadas. El Gobierno de Mañueco también envía durante la época de alto riesgo dos partes de prensa diarios, uno a las 10.00 y otro a las 19.00. «Y todos los incendios de los que los que se va teniendo conocimiento, siempre que estén por encima de una hectárea, se van metiendo en la base de datos con la que trabajamos, de donde sale luego ese parte de prensa», explica Agustín Argulo, técnico de incendios en el operativo autonómico y delegado nacional de medioambiente de CSIF. Extremadura utiliza las cuentas de INFOEX. Y Barbón se sirve de las redes del 112 Asturias y saca notas de prensa diarias «en función de la evolución de los incendios», pero informando de todos ellos, «desde uno pequeño hasta uno de cientos de hectáreas».
¿Cuál es entonces la polémica con Galicia? El PP llegó al Gobierno de la Xunta en 2009. Feijóo desbancó al bipartito y se hizo con el control del Parlamento gallego. Los populares pusieron en marcha ese mismo año una «instrucción interna» para notificar únicamente por los canales públicos los incendios de más de 20 hectáreas, tal y como advierten fuentes jurídicas y sectoriales consultadas por Público y confirman desde la Consellería de Medio Rural. La administración alerta también de aquellos focos que afectan a parques naturales y de los que están en situación operativa 2. «El criterio de informar proactivamente de los incendios de más de 20 hectáreas se estableció en 2009, atendiendo a criterios técnicos y de responsabilidad», argumentan desde Medio Rural. El motivo sería, dicen, evitar un posible efecto llamada. «Informar de todos y cada uno de los registros que se producen podría generar alarma social y tener un efecto no deseado de incentivar la acción incendiaria«, precisan desde la Consellería.
La Xunta sostiene, eso sí, que ofrece «información detallada y puntual de cualquier foco por el que consulten los profesionales de los medios de información, independientemente de su superficie». La medida se tomó tres años después de otra de las grandes olas de incendios que amenazó Galicia, la emergencia de 2006. La comunidad estaba entonces gobernada por PSdG y BNG. «No es normal que se apueste desde un organismo público por esconder todos los incendios de menos de 20 hectáreas, porque tenemos muchos y afectan igualmente a nuestro patrimonio», critican desde el colectivo Arco Iris. Los brigadistas consultados por Público recalcan, no obstante, que esto es una «cuestión meramente informativa», porque tanto ellos como la Xunta «saben realmente lo que arde», y piden abandonar «por una vez» la batalla electoral: «No sirve de nada maquillar los resultados. Hacerlo es una decisión política y el fuego no entiende de colores políticos«.
La parálisis del partido demócrata ante la derrota de las pasadas elecciones parece que llega a su fin. El gobernador de California, Gavin Newsom, y su equipo de comunicación han movido ficha: combatir el fuego con fuego. Literalmente.
Newsom ha empezado a publicar tuits en mayúsculas y la cuenta de su equipo de comunicación ha compartido imágenes estilo IA del gobernador: la cara de Newsom en el Monte Rushmore; Newsom santificado y rodeado por los iconos trumpistas Kid Rock, Tucker Carlson, y un Hulk Hogan angélico. Newsom ha puesto un espejo delante de las bases MAGA y no les ha gustado.
El resultado no solo ha sido incomodaralas basestrumpistas, sino también engañaralalgoritmo de Xycolarse en todas partes. De repente,losposts en mayúsculas de la Oficina de Comunicación del gobernador californiano tienen mucha más visibilidad. Incluso dentro de la burbujaMAGA. El estilo delosposts es calcadoal del presidente Trump: mayúsculas, tono ofensivo e incluso una firma final con las siglas.
Cualquier oportunidad es buena para meterse con los posts de Trump, a quien ahora llama «DONALD MANOS PEQUEÑAS«, en un claro guiño al «CROOKED JOE» (Joe el corrupto) y el «NEWSCUM» (una combinación entre el apellido del gobernador y la «palabra escoria»). Tampoco faltan las fotos de Newsom en estilo patriótico y comparando publicaciones de la cuenta oficial de la Casa Blanca con algunas suyas. «LOS VOTOS ESTÁN DENTRO: Los patriotas tienen mejores fines de semana que los MAGA!». Porque sí, también ha empezado a usar la palabra «patriota» para resignificarla.
El gobernador de California, Gavin Newsom.
Al inicio muchos perfilestrumpistas en X se burlaron deNewsomysu oficina por postear de esta manera: «ridículo», escribían.Ahora las basestrumpistas si que veían como estrafalaria la conducta que han estado idolatrando en su presidente. Incluso en Fox News, la cadenaamiga deTrump, criticóal gobernador poractuar de esta forma en redes. «Si fuera su esposa, le diríaque se está retratando como un estúpido», decíala comentarista de la Fox Dana Perino. «Tiene un gran cargo como gobernador de California, pero si quiere un cargo mayor, tiene que ser un poco más serio».
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Sin saberlo, la Fox habíacentrado el gol en su propia portería. La respuesta del equipo de comunicación deNewsom, no se hizo esperar. «CASI UNA SEMANAYSIGUEN SIN PILLARLO», escribíala cuenta. «FOX ESTÁ PERDIENDO CUANDOYO TECLEO,AMÉRICAAHORA GANA!!!».
Finalmente, Perino intentó reconducir la situaciónyrespondióal post en otro episodio del programa The Five en la Fox: «Creíaque odiabanaTrump, pero están intentando parecerse másaélytienen que pagarala gente para hacerlo. La cuestión es que, lo que decíaayer, es que creo que todo el mundo necesita encontrar su propio camino». Según Perinoytodas las basesMAGA, las mayúsculasylas imágenes ficticias deNewsomson ridículas porque no gozan de la supuestaautenticidad deTrump.
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Tomar el peloalas basesMAGA,alalgoritmo de Xyala mismísima Fox no solo hizoaún enfadar másalas voces conservadoras, sino que ha dadoalasauna oleada de memes que siguen la parodia iniciada porNewsom. Hay imágenes generadas con IA deNewsomdescamisadoymontadoalomos de un tiburóncon una bandera estadounidense, o bien con una camiseta que diceHAGO LLORAR A LOS MAGA.
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«Está intentando imitaral presidenteTrump», decíaSteve Bannon, una de las voces más influyentes del mundoMAGA,aPOLITICO. «No esTrump, pero si mirasal Partido Demócrata,al menos está escalando posiciones,yestá intentando imitar una visióntrumpista de lucha, ¿no? Parece la única persona en el Partido Demócrata que está organizando una pelea que sienten que pueden ganar.
Mesesantes de la campañadeNewsom, en una entrevista en elFinancial TimesBannon vaticinaba que el «populismo es el futuro de la política». El equipo de comunicación deNewsomha tomadoal pie de la letra la predicciónyha hechoalgo quelosdemócratas habían rehuido hasta el momento: bajarseal barro. Hasta entonces, las campañas del partido progresista habían sido mucho más contenidas por miedoagolpear en el lugar equivocado. Ese encorsetamiento que se le criticóala candidata electoral Kamala Harris parece estar rompiéndose.Newsomes una de las puntas de lanza, pero el candidatoalaalcaldíade NuevaYork, Zohran Mamdani, es otra.
Pero por si los memes y los tuits no fueran suficientes, el gobernador de California también ha sacado toda una línea de merchandising que imita las gorras rojas MAGA y rehace los lemas. La semana pasada, Trump aparecía en el Despacho Oval con la característica gorra roja y el lema Trump tenía razón en todo. Ahora existe esa versión con Newsom tenía razón en todo. También hay camisetas con Trump no es hot (un término que ha usado mucho el presidente para atacar, por ejemplo, a Taylor Swift) y tazas con Newsom 2026.
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Apoco más de unaño para las elecciones legislativas, que prometen ser cruciales paralosdemócratas, el gobernador de California calienta motores mientras también se enzarza en la batalla por el rediseño delosdistritos electorales.Aunque tampoco se puede descartar queNewsom, quienya sonó como posible presidenciable después de que Joe Biden renunciaraala candidatura en julio del 2024, también tantee el terreno para 2028.
