Es la ‘pregunta del millón’ estos días: «¿Afectará la sentencia de Álvaro García Ortiz a las dos causas judiciales abiertas al novio de Isabel Díaz Ayuso?» Todo un país pendiente de una sentencia, después de que el Supremo adelantara hace cinco días el veredicto de culpabilidad y las penas contra el fiscal general del Estado, que puede tener un reflejo directo en la situación procesal del querellante, es decir, el empresario Alberto González Amador.
Una de las personas más interesadas en leer la sentencia íntegra es precisamente la pareja de Ayuso, a la espera de conocer si los cinco magistrados de la Sala Segunda que han propugnado la condena al fiscal general consideran que la revelación de datos reservados vulneró su derecho a la defensa. Y si, en consecuencia, su procesamiento por fraude fiscal, falsedad documental, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal pudiera verse aminorado de alguna manera o incluso anulado.
Esta ha sido una de las principales pretensiones del novio de Ayuso, acorralado por la justicia por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros y una maraña de facturas falsas; además de otra causa abierta por un presunto soborno en beneficio de un directivo del grupo sanitario Quirón. González Amador y sus abogados han invocado la vulneración del derecho a la defensa que provocó presuntamente la filtración del correo con la confesión de dos delitos fiscales hecha por uno de sus letrados, Carlos Neira, en su nombre.
También argumentó el «perjuicio» de la nota de prensa que elaboró la Fiscalía, de la que se responsabilizó García Ortiz, para desmentir el bulo de que era el Ministerio Público el que proponía un pacto de conformidad al novio de Ayuso, cuando era al revés.
Juristas conocedores del caso consultados por Público apuntana una previsible utilización de la sentencia del fiscal general para intentar anular las causas judiciales contra González Amador, aunque algunas fuentes creen que la sentencia del Supremo no contendrá un pronunciamiento expreso sobre este asunto.
Estos juristas consideran que el correo de la confesión se envió a la Fiscalía de Delitos Económicos antes de que la causa estuviera judicializada y que todas las diligencias de investigación se practicaron con posterioridad a la aparición en los medios de comunicación y a la nota de prensa, por lo que estiman «poco probable» que el Supremo ordene anular una parte de la causa contra González Amador.
No obstante, el novio de Ayuso puede presentar cuestiones de nulidad con la condena en la mano ante el juzgado de instrucción que investiga la pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y ante el juzgado de lo penal que lo juzgará por la pieza principal relativa al fraude fiscal de 350.000 euros, a las 15 facturas falsas por gastos irreales, por un montante de 1,7 millones de euros, además de por un delito contable continuado y otro de pertenencia a organización criminal.
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El pasado 7 de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid tumbó el recurso del novio de Ayuso, donde pedía la reapertura de la fase de instrucción para practicar nuevas pruebas en la pieza principal de la defraudación fiscal, por lo que solo queda fijar fecha para el inicio de la vista oral.
Segunda causa judicial
La pieza separada, que investiga el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, trata de averiguar si Alberto González Amador utilizó la mercantil Masterman SL como sociedad pantalla para esconder presuntamente una comisión de 500.000 euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Continúa la instrucción de dicha causa.
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El abogado del novio de Ayuso en el juicio del fiscal general, Gabriel Rodríguez Ramos, hizo contundentes referencias a la vulneración de la presunción de inocencia y del derecho de defensa que habría sufrido González Amador por el hecho de que trascendiera públicamente la confesión de dos delitos fiscales y la petición de pacto a la Fiscalía que realizó su letrado Carlos Neira el 2 de febrero de 2024. De hecho, la querella de los abogados del novio de Ayuso contra el fiscal general aludía a la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa.
Según la defensa de González Amador, no era necesaria la nota de prensa para desmentir el bulo «ni para saber de dónde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad». Hay que recordar que el periodista de El Mundo que publicó la noticia tergiversada afirmando que la Fiscalía propuso el acuerdo al novio de Ayuso y que luego lo tumbó por «órdenes de arriba» sostuvo que «era más noticia» que la Fiscalía ofreciera un pacto a un particular que si fuera al revés.
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Daños sociales y económicos
Además de estas presuntas vulneraciones, la acusación popular ejercida por el Colegio de la Abogacía de Madrid invocaba «perjuicios reputacionales de índole social y económica» para González Amador, quien pedía 300.000 euros al fiscal general por daños morales y el Supremo ha concedido solo 10.000 euros, que debe pagar como indemnización Álvaro García Ortiz.
El propio Alberto González Amador clamó con teatralidad en el juicio que el fiscal general «le había matado socialmente» por la filtración de su correo, y que desde entonces era «el «delincuente confeso del reino de España».
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Momentos cruciales del juicio contra el fiscal general en el Supremo.
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El otro escenario posible
El otro escenario posible es que la sentencia de la Sala Segunda, firmada por Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamena; y que cuenta con los dos votos discrepantes de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, considere acreditado que ha habido indefensión para el novio de Ayuso por haberse publicitado la confesión, y, en consecuencia, ordene anular las dos causas mencionadas anteriormente íntegramente o en parte.
De hecho, el fallo adelantado por el Supremo indica que el fiscal general ha sido condenado por el artículo 417.1 del Código Penal, que dice: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años«. En el caso concreto, se le ha impuesto una multa de 7.200 euros y la pena de inhabilitación intermedia, de dos años exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado, por lo que previsiblemente García Ortiz podrá retormar su carrera como fiscal de Sala.
El artículo en cuestión indica en su segundo párrafo: «Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».
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De la lectura del artículo anterior,se infiere que el tribunal no ha considerado un «grave daño» el sufrido por el novio de Ayuso, por no haber condenado al fiscal general del Estado, que este lunes ha renunciado al cargo, a pena alguna privativa de libertad.
Las fuentes jurídicas consultadas indican que al no aplicar este párrafo concreto del apartado primero del artículo 417 del Código Penal, lo más probable es que la sentencia del Supremo no haga un pronunciamiento expreso sobre la extensión de efectos jurídicos a los procedimientos que afectan al novio de Ayuso.
Cuando un diputado pregunta en el Congreso, por escrito, sobre la Casa Real, las probabilidades de éxito son escasas. El Ejecutivo suele abstenerse cuando se le reclama su posición acerca de alguna cuestión que tenga que ver con la monarquía y acostumbra a echar mano de la Ley de Secretos Oficiales o las excepciones que contempla la Ley de Transparencia cuando se le pregunta sobre datos concretos, en especial los económicos. «No entiendo que el Gobierno sea incapaz y tan timorato al calificar las acciones del monarca anterior y del actual», critica Alberto Ibáñez, de Compromís, uno de los diputados más insistentes.
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Los grupos que suelen interrogar más frecuentemente al Ejecutivo sobre la actividad de la monarquía en España y sobre el dinero que le cuesta a los españoles son Esquerra Republicana (ERC), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Compromís. Según el análisis que ha hecho Público, durante esta legislatura, se ha remitido de forma escrita al Gobierno una cincuentena de preguntas (normalmente agrupadas en documentos donde figuran baterías de interrogantes), de las cuales el Gobierno ha respondido solo a tres de forma concisa y otorgando la información que se demandaba el solicitante.
Una de ellas la formuló el ya ex diputado del PNV Aitor Esteban, actualmente presidente del partido. El jeltzale preguntó en septiembre de 2023 si la Armada iba a gastar 1,8 millones de euros para la «construcción y compra» de un nuevo barco de regatas para Felipe VI. El Gobierno respondió que «no existe, ni está
previsto, proyecto ni créditos destinados a la adquisición de embarcación alguna
destinada a la sustitución del AIFOS500″.
Meses más tarde, en junio de 2024, Alberto Ibáñez preguntó por el coste de la conmemoración de la década de la coronación del monarca que se celebró en 2024. También en aquel caso se remitió una respuesta clara. Alquiler de la tribuna de invitados para el acto: 13.019,60 euros. Asistencia técnica: 309,76 euros. Traducción al inglés del texto que se subió a la web del Congreso con motivo de la «exposición conmemorativa»: 45,98 euros. La misma respuesta se ofreció a Gabriel Rufián y Teresa Jordà (ERC) cuando se interesaron por esa cuestión.
Con respecto al resto de las preguntas, o bien son inadmitidas a trámite por parte de la Mesa del Congreso; o el Gobierno evita responderlas; esgrime leyes como la de Secretos Oficiales o Transparencia para esquivar responder con datos o contesta de una forma genérica y sin información precisa. «Cada vez que preguntamos por la monarquía, el Gobierno responde con evasivas, silencios y excusas, evidenciando que existe un pacto tácito para blindar a una institución que no está sometida a los mismos mecanismos de control que afectan a cualquier otra institución del Estado», aseveran fuentes del BNG.
Pero ¿por qué algunas preguntas han sido inadmitidas a trámite? Es el caso, por ejemplo, de una del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las «investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por el rey emérito su majestad don Juan Carlos I, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca». Fuentes de la presidencia del Congreso explican a este medio que cuando la Mesa falla en ese sentido suele tener que ver con que considera las preguntas inconstitucionales o porque tienen defectos de forma.
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En ese caso, como cuando Ione Belarra solicitó una valoración del Gobierno sobre «la creación de una fundación por el rey emérito su majestad don Juan Carlos junto a sus hijas en Abu Dabi para facilitar el traspaso de su herencia a las infantas Elena y Cristina», se hace un «requerimiento de aclaración».
No obstante, la mayoría de las veces las preguntas pasan el corte de la Mesa, pero después reciben respuestas incompletas y difusas por parte del Ejecutivo. Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Néstor Rego, Alberto Ibáñez, Ione Belarra o el diputado también de Esquerra Francesc-Marc Álvaro han preguntado, de distintas formas y vinculándolo con diferentes acontecimientos, por los fondos del Estado destinados o bien al actual rey o al emérito.
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En esos casos, salvo en la ya citada respuesta acerca de la conmemoración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, o no hay respuesta o, si la hay, es críptica. Por poner un ejemplo, la propia Belarra preguntó si se ha utilizado dinero público para «ocultar» la «supuesta relación» del rey emérito con Bárbara Rey. El Gobierno despachó el asunto de la siguiente manera: «Se informa, en relación con las preguntas formuladas, que los presuntos hechos
a los que se hace referencia en la iniciativa, corresponderían a legislaturas anteriores«.
Por poner otro ejemplo, Aitor Esteban preguntó, en relación con las regatas en las que participa Felipe VI, si el Gobierno consideraba que debe «emplearse dinero público para costear una actividad privada del Jefe del Estado». En aquella ocasión, como en otras muchas, el Ejecutivo ni contestó.
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Lo cierto es que el Gobierno casi nunca se moja cuando se le pregunta por una opinión, intención o posición en cuanto a la Casa Real, al menos a la luz de sus respuestas a las preguntas parlamentarias objeto de este análisis. En septiembre de 2024, Gabriel Rufián preguntó si el Ejecutivo está «dispuesto a impulsar reformas para eliminar el privilegio de la inviolabilidad del monarca en ejercicio y garantizar que Juan Carlos I pueda ser investigado por los presuntos delitos cometidos tras su abdicación». La respuesta —escueta e incompleta— es la siguiente: «El rey emérito es un ciudadano de pleno derecho sujeto al ordenamiento
jurídico como el resto de los españoles«.
Tampoco ha respondido el Gobierno si considera que el CIS debería preguntar sobre la monarquía. Como mucho, en una respuesta a Alberto Ibáñez en junio de 2024, ha dicho que en el último barómetro de aquel entonces la monarquía solo representaba el principal problema para el 0,3% de la ciudadanía, «situándose en la posición 50».
Ibáñez, en conversación con este medio, carga contra el Gobierno porque, subraya, «los ciudadanos tenemos el derecho de saber sus opiniones sobre el actor político que es el rey Felipe VI». Es una postura, la del Ejecutivo, que no extraña a Podemos. «El bipartidismo siempre ha protegido a la monarquía, encubriendo su corrupción e impidiendo que rinda cuentas ante la ciudadanía», explican fuentes de los morados a Público.
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«Y esa protección del PP y del PSOE a una institución corrupta y heredera directa del franquismo se manifiesta en la negativa del Gobierno a responder a preguntas que afectan a la casa del rey», completan, «pero también en el bloqueo del PP y el PSOE a todos los intentos de Podemos por poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía o en el empeño del bipartidismo y de este Gobierno por mantener clasificados los papeles del 23F«. Y se remontan, incluso, al momento en el que el «PP y el PSOE pactaron a toda prisa la sucesión monárquica».
Secretos Oficiales y Transparencia
En otras muchas preguntas, el Gobierno recurre a las leyes de Secretos Oficiales y de Transparencia, que incluyen al rey entre los agentes a los que se les hace una «aplicación subjetiva» de la norma. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los recursos económicos destinados a la actividad internacional de Felipe VI o con las regatas de Juan Carlos I en Sanxenxo. Ambas cosas, a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que más de una vez ha instado al Ejecutivo a responder sobre esas cuestiones.
La de Secretos Oficiales es una ley franquista todavía en vigor que el Ejecutivo se ha propuesto reformar. Sin embargo, las formaciones a su izquierda dudan y mucho. Esquerra considera la Ley de Información Clasificada (la que sustituirá la de Secretos Oficiales) una norma «muy limitada que no resolverá todo el problema» y además lamenta que, hoy por hoy, se encuentre «estancada». Para los republicanos, igual que trasladan Podemos o BNG, tanto PP como PSOE protegen a la monarquía.
Alberto Ibáñez observa una «clara tendencia borbónica a la corrupción» y considera que profundizar en la transparencia de la Casa Real es necesario para evitar el riesgo de que «dentro de unos años» podemos volver «a tener noticias de presunta corrupción«. Por lo pronto, todas las fuentes consultadas de entre las formaciones a la izquierda del PSOE lamentan que el Gobierno no colabore en esa tarea tanto como les gustaría.
Quien no los conocía antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 aprendió sus nombres después de dos años de genocidio en la Franja de Gaza. Son Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa. Ambos están siendo investigados desde mayo de 2024 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por haber cometido presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Junto a ellos, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que estaba investigando por los mismos delitos a Yahya Sinwar, Mohamed Diab Ibrahim Al Masri e Ismail Haniyeh.
Los tres eran altos cargos políticos y militares de Hamás y los tres fueron ejecutados por las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF por sus siglas en inglés) o la inteligencia israelí en 2024. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la CPI emitió una orden de busca y captura de Netanyahu y Gallant. Pese a ello, Netanyahu viajó el pasado mes de abril a Hungría, país que en 2001 ratificó el Estatuto de Roma. Con esta firma, Budapest se comprometió, entre otras cuestiones, a acatar el mandato del fiscal del tribunal internacional.
Sin embargo, el pasado mes de abril el actual Gobierno de Hungría, en manos del ultranacionalista Víktor Orbán, eludió esta responsabilidad. Actualmente, tanto Netanyahu como Gallant se encuentran en libertad y ningún país ha tomado represalias serias contra ellos por su posible implicación en los crímenes cometidos en Gaza. En cualquier caso, varias organizaciones que defienden los derechos humanos han señalado repetidamente que no son los únicos responsables de las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza y Cisjordania en los dos últimos años.
Tras cada bomba que cae, cada desalojo forzoso y cada bloqueo de entrada de la ayuda humanitaria, hay personas que toman decisiones y que acatan órdenes. Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch (HRW) o la Fundación Hind Rajab (HRF por sus siglas en inglés), llevan meses rastreando las decisiones tomadas a lo largo de la cadena de mando del político-militar, y recopilando pruebas sobre los presuntos crímenes cometidos por miembros de ambos estamentos.
Según explicó a este periódico Milena Ansaria, investigadora de Human Rights Watch para los Territorios Palestinos Ocupados, el objetivo último de estas pesquisas es que dichas pruebas sean estudiadas por la Fiscalía de la CPI y por los tribunales nacionales con jurisdicción penal internacional. Estas son algunas de las personas a las que HRW, HRF y otras organizaciones han acusado de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel
En noviembre de 2024, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, relevó en el cargo de Defensa a Yoav Gallant. Quien fuera mano derecha de Netanyahu durante el primer año del genocidio en Gaza, tristemente célebre por haber calificado a los palestinos como «animales humanos», fue destituido debido a la disparidad de opiniones entre él y el primer ministro. Entre otras cuestiones, Gallant era partidario de iniciar una investigación sobre los errores de seguridad cometidos durante el 7-O, algo a lo que Netanyahu se oponía frontalmente.
El actual ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante una ceremonia en el Ministerio de Exteriores cuando todavía ocupaba dicha cartera (11/11/2024)
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Bajo la dirección de Katz, el genocidio en Gaza no solo ha continuado -pasando de los casi 40.000 palestinos asesinados durante el mandato de Gallant hasta los 70.000 aproximadament-, sino que las hostilidades se han intensificado en Cisjordania. A principios de 2025, reforzado por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno de Israel llegó a un precario alto el fuego con Hamás. Durante el mes y medio en el que cesaron los enfrentamientos, el Gobierno israelí inició una campaña de militar en Cisjordania llamada Operación Muro de Hierro.
Esta incursión consistió en el desplazamiento forzoso de la población palestina que residía en los campamentos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, con el objetivo de localizar a «elementos terroristas» en ellos. Según las estimaciones de Human Rights Watch, unas 32.000 personas fueron expulsadas de sus hogares violentamente entre los días 21 y 27 de enero y 9 de febrero. No recibieron alimento, agua o una alternativa habitacional segura. Según las informaciones recabadas por HRW, tampoco se les indicó a dónde tenían que ir ni cuándo podrían volver a sus hogares. De hecho, la organización cree que es posible que les impidan volver.
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Todo ello constituye una violación del derecho internacional, tal y como se recoge en varios artículos de la Cuarta Convención de Ginebra, que trata la protección de los civiles en tiempo de guerra. HRW considera también que dichos actos se cometieron con intención criminal dirigida contra la población palestina, en lo que consideran que es parte de la política estatal de Israel. Todo ello elevaría estos delitos a la categoría de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.
El actual ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, encargado de aprobar y supervisar las operaciones de las IDF y miembro del Gabinete de Seguridad del Gobierno, es considerado por HRW como uno de los presuntos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, según la organización, durante la Operación Muro de Hierro.
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Herzi Halevi, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel
El teniente general Herzi Halevi en el corredor de Filadelfia (Rafah) en una imagen difundida por las IDF el 14/08/2024
Entre principios de enero de 2023 y principios de marzo de 2025, el puesto de jefe del Estado Mayor de las IDF fue ocupado por Herzi Halevi. Como máximo responsable del ejército de Israel, el teniente coronel ocupaba un asiento en el Gabinete de Seguridad del Gobierno, donde se tomaron todas las decisiones militares llevadas a cabo en la Franja de Gaza y en Cisjordania durante el genocidio.
Durante todo este tiempo, Halevi ha tenido capacidad para proponer estrategias militares y supervisar todas las operaciones. Incluidas, claro está, aquellas en las que se hayan podido cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. HRW señala directamente a Halevi por su posible responsabilidad penal individual, en virtud de su responsabilidad de mando, en el desplazamiento forzoso de la población palestina de los campamentos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, en Cisjordania.
Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel
Eyal Zamir, sustituto de Halevi en la jefatura de las IDF, ha perpetuado el desplazamiento de los 32.000 palestinos de los campamentos de refugiados cisjordanos en condiciones inhumanas y sin un objetivo claro. Bajo su mando, además, las demoliciones de infraestructuras y viviendas palestinas han seguido produciéndose. Zamir, y antes Halevi, tenían la autoridad de supervisar y, en el caso de que lo consideraran necesario, detener las órdenes de demolición que reducían a escombros los barrios de refugiados palestinos.
Eyal Zamir en el funeral del teniente Hadar Goldin, fallecido en Gaza en 2014 y cuyo cuerpo ha sido recientemente recuperado (11/11/2025)
Pero Zamir no solo continuó con el legado de Halevi, sino que ignoró las demoliciones que se estaban cometiendo en los territorios palestinos ocupados sin órdenes oficiales. En su informe sobre esta operación, HRW explica que uno de los objetivos ocultos de esta destrucción (fuera autorizada o no) era modificar permanentemente la estructura de los campamentos de refugiados para hacer inviable la vuelta de quienes los habitaban.
Abraham ‘Avi’ Bluth, general de división
Su firma consta en las órdenes de demolición de las viviendas y otras infraestructuras palestinas destruidas durante la Operación Muro de Hierro, según ha podido comprobar la organización HRW. Abraham -alias Avi– Bluth es, desde julio de 2024, comandante del Mando Central de las IDF. Esta división se encarga de las operaciones militares que se llevan a cabo en la mayoría de la Cisjordania palestina, ocupada ilegalmente por Israel.
Por ello, su papel en la Operación Muro de Hierro y en otras llevadas a cabo en este territorio, es directo. Esto quiere decir que si bajo su mando se comete algún crimen o delito, él es uno de los principales responsables. En tanto que general de división, debe rendir cuentas ante el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir y quienes se encuentren por encima de este. Si destruyen viviendas de civiles palestinos sin que exista una orden de demolición, él es uno de los principales responsables.
Pero que dicha orden exista, explica en su informe HRW, tampoco significa que sea legal. Es importante recordar aquí que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de la ONU, en varias de sus resoluciones, han indicado que la ocupación de Cisjordania por parte de Israel es ilegal. Esto fue recogido una vez más en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024.
Beni Aharon, comandante de las IDF
La nota de prensa de HRF tenía el siguiente titular: «En su séptimo cumpleaños, sabemos quién mató a Hind Rajab. Y lo llevamos a la Corte Penal Internacional». Fue publicada el 3 de mayo de 2025 por la Fundación Hind Rajab, una organización belga que investiga posibles crímenes cometidos por militares israelíes en la Franja de Gaza. Nació a mediados de 2024 y su nombre trata de honrar a la niña palestina asesinada a principios de ese año por un batallón israelí mientras trataba de huir con su familia en coche de una zona convertida en un campo de batalla.
La fundación asegura que el tanque Itay Cukierkopf que atacó el vehículo pertenecía a la 401ª Brigada Blindada de las IDF, que a su vez actuaba bajo el mando del teniente coronel Beni Aharon. Los juristas de la organización creen que por los actos cometidos aquel día, Aharon y su batallón podrían haber incurrido en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El pasado mes de octubre sumaron a esta querella otros 24 nombres, entre los que constaba el teniente coronel Daniel Ella, comandante de la 52º Batallón Blindado y el mayor Sean Glass, comandante de la «Compañía Imperio Vampiro» del 52º Batallón.
La HRF anunció también haber enviado todas las evidencias -«120 páginas»- a la Fiscalía de la CPI. En ellas se incluyen «pruebas digitales, satelitales y forenses exhaustivas que confirman que los tanques Merkava IV de la compañía Vampire Empire dispararon repetidamente contra el Kia Picanto negro en el que Hind y su familia estaban atrapados, y que posteriormente dispararon contra la ambulancia enviada para rescatarla».
La organización asegura además que «los ataques se llevaron a cabo con pleno conocimiento del estatus civil y protegido de las víctimas» debido a «una coordinación previa entre la Media Luna Roja Palestina y las autoridades israelíes«. De momento, se desconoce si la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, ha incorporado o no estas pruebas a la investigación que tiene abierta sobre la situación del Estado palestino
Daniel G, francotirador de la Unidad Fantasma de las IDF
El pasado mes de septiembre, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos
(ECCHR), el Centro Al-Mezan de Derechos Humanos, la organización Al-Haq y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal Alemana contra un ciudadano alemán e israelí que podría haber participado en el asesinato de civiles palestinos en la Franja de Gaza entre noviembre y marzo de 2024. De su identidad sólo ha trascendido el nombre y una sigla: Daniel G.
De acuerdo a la una comunicación del ECCHR, los primeros indicios sobre la actividad de Daniel G. provienen de un mini documental publicado por el periodista palestino Younis Tirawi en sus redes, en octubre de 2024. En él se describe a la Unidad Fantasma y se recopilan testimonios y vídeos sobre ejecuciones de civiles alrededor del Hospital Al-Quds, en Gaza, y del Hospital Nasser, en Jan Younis. En uno de los vídeos, un soldado israelí explica que su compañero, «Daniel G.», había disparado a personas desarmadas que se encontraban en los alrededores de los hospitales.
A raíz de esta publicación, el periódico alemán Der Spiegel inició una investigación en la que comprobó y amplió los testimonios publicados por Tirawi. En paralelo, el ECCHR y el resto de organizaciones palestinas de derechos humanos recabaron pruebas y presentaron una querella contra Daniel G. en la Fiscalía Federal de Alemania. Otras organizaciones hicieron lo propio con otros miembros de la Unidad Fantasma en Francia, Italia y Bélgica
Quiénes avivan el odio
Muchos investigadores y organizaciones que se dedican a estudiar los genocidios perpetrados en el pasado y en el presente consideran que este fenómeno es un proceso. Para llegar al extermino de un grupo poblacional, considerado por Genocide Watch como la última fase del genocidio, es necesario dar anteriormente otros pasos, como la deshumanización y discriminación de la población oprimida.
Azuzar el odio contra determinados grupos poblacionales es considerado un delito en algunos países. Sólo en ocasiones muy específicas, también puede ser tipificado como un delito de participación en genocidio, debido a la instigación directa y pública a cometer genocidio, tal y como se recoge en el artículo 25 del Estatuto de Roma. Únicamente ha habido condenas por este delito en el caso del genocidio de Ruanda. También la persecución está considerada un crimen de lesa humanidad, y también hubo condenados por estos hechos en el caso de Ruanda y en el de Yugoslavia.
Pese a que no constituye un crimen de guerra, preparan el terreno para que otros delitos sean posibles. En el caso del genocidio palestino, han sido muchas las voces que han promovido la repulsa contra la población árabe. Dos de las más destacadas por su posicionamiento en el Gobierno de Benjamín Netanyahu son Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Interior. Ambos forman parte de Poder Judío, una la coalición de partidos etnonacionalistas con la que el Likud se alió tras las elecciones de 2022 para permanecer en el poder.
Varios países, como España, Reino Unido, Canadá y Países Bajos, han sancionado y prohibido la entrada a sus territorios de ambos mandatarios por sus declaraciones racistas y sus políticas dirigidas a expulsar o exterminar a la población árabe que vive en la Cisjordania ocupada o en la Franja de Gaza. Otras figuras de influencia en Israel que han alentado discursos antiárabes y han promovido su expulsión de toda la Palestina histórica han sido colonos y colonas como Daniella Weiss, Yossi Dagan o Tziporah Plitz.
Unas pocas multinacionales farmacéuticas coparon casi una cuarta parte de la financiación
pública de medicamentos en España durante los años 2020, 2021 y 2022. La belga Janssen
Cilag, las suizas Novartis y Roche, las estadounidenses Pfizer y Merck, y la
francesa Sanofi Aventis fueron las compañías que más fármacos vendieron al
Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto con receta como en los hospitales, en
esos tres años, marcados por la epidemia del coronavirus.
La preeminencia de los grandes del sector se refleja en las memorias que publica el SNS: según sus cifras, los cinco mayores suministradores de medicamentos se llevan aproximadamente el 23% de la financiación pública cada año. Pero el Ministerio de Sanidad ha mantenido hasta ahora en secreto la identidad de esos gigantes farmacéuticos.
Público desvela por primera vez esos nombres. Sanidad se negó inicialmente a facilitar los datos al periodista que solicitó la información. Este recurrió entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en una resolución con fecha del pasado 24 de octubre ordenó que se le entregaran los datos. Sanidad evitó entonces ir a los tribunales y decidió ejecutar la resolución del CTBG.
Multinacionales líderes
De acuerdo con esa nueva información, las cuatro farmacéuticas con un puesto fijo en la parte superior del
ranking esos tres años son Janssen, Novartis, Pfizer y Roche. Merck se aupó al
tercer puesto en 2020 y Sanofi –la creadora del Bisolvón– la sustituyó los dos años siguientes. Pero los
líderes indiscutibles son las dos primeras citadas, con ventas al SNS que
superan los 1.000 millones de euros cada una. En 2022, la belga Janssen –que pertenece a la estadounidense Johnson & Johnson– facturó a
la sanidad pública española 1.315 millones de euros, un 23,6% más que en 2020.
Janssen comercializa una de las vacunas contra el covid, aunque el grueso de
sus ventas son fármacos hospitalarios: 1.089 millones de euros en 2022, casi el
83% de su factura.
Novartis, por su parte, proveyó al SNS en 2022 por un total de 1.045 millones, un 7,8% más que dos años antes. Su cartera incluye medicamentos tan populares como Simtron, Voltarén, Ritalin o Termalgin.
La brecha de Janssen y Novartis con los tres siguientes de la lista es amplia: sus ventas equivalen a poco más de la mitad de los dos campeones. Por ejemplo, la facturación de Roche ascendió a 640,7 millones de euros en 2022.
Si el foco se pone sobre los pagos realizados en 2022, el año más reciente del que Sanidad facilita datos, la financiación
pública que recibieron los cinco líderes de la clasificación –Janssen,
Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer– ascendió a 4.117 millones de euros, lo que equivale exactamente al 21,3% de los pagos realizados.
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Los 50 principales concentran el 83,3% de la prestación
El
peso de las grandes farmacéuticas extranjeras en el reparto del dinero público
dibuja un paisaje donde la concentración es la nota más relevante. Como explica
la memoria del SNS que facilita los datos de 2022, los 10 mayores suministradores de medicamentos financiados por
el Estado sumaron el 36,1% de las ventas en 2020, el 35,6% en 2021 y el 34,5%
en 2022. Ese último año la cifra exacta ascendió a 6.713 millones de euros.
El Top-10 lo integran, además de las seis multinacionales ya mencionados, la suiza Sandoz, que hasta 2023 formó parte del grupo Novartis y se especializa en genéricos; la alemana Boehringer
Ingelheim –explota el Nolotil–; la española Cinfa, también centrada en genéricos, y la
estadounidense Gilead Sciences, que comercializa el Tamiflu.
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Si se suman las ventas de Sandoz en 2022 a las de Novartis Farmacéutica y el resto de las filiales del grupo que han obtenido financiación pública en España para sus medicamentos –Novartis Gene Therapies EU Limited, Novartis Vaccines and Diagnostics SL y Novartis Consumer Health SA–, la factura con el grupo suizo se eleva a 1.603 millones de euros en 2022, por lo que supera a Janssen en el ranking. En cualquier caso, los 10 mayores suministradores superaron todos los 500 millones de financiación pública ese año.
El reparto de la financiación pública de los medicamentos revela una fuerte concentración en unas pocas grandes farmacéuticas.
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Ampliando el foco a los 50 principales vendedores de medicamentos es como se aprecia con
claridad quién se lleva la parte del león de la financiación pública, porque suman nada menos que el 83,3% de la factura en 2022. Ese año, la cifra que financió
el SNS ascendió a un total de 19.340,5 millones de euros, según los datos facilitados por
Transparencia. Son 461.277 euros por encima del dato publicado en la memoria del
ministerio, una vez incluidas las «correcciones» aportadas por las comunidades
autónomas. El 16,7% restante se lo repartieron ese año 403 empresas. La oferta
total de farmacéuticas con medicamentos autorizados que han solicitado y
obtenido financiación pública se compuso en 2022, por tanto, de 453 compañías. Es
un número cambiante: en 2020 fueron 444 y en 2021, 458.
La primera española, Cinfa
Entre
esas más de 400 farmacéuticas, la primera española que aparece entre los principales
suministradores de la sanidad pública es Cinfa, especializada en genéricos.
Entre 2020 y 2022 figura siempre en el Top-10. Su facturación con la sanidad pública ha crecido un 29,6% en
esos tres años, hasta alcanzar los 513,38 millones de euros. De hecho, es la
número uno en suministro de medicamentos en farmacia, con 519,4 millones.
En
la lista de las grandes compañías incluidas en el mecanismo de precios
intervenidos figuran las principales estadounidenses –Bristol-Myers, Lilly
(Prozac), Abbvie (bótox)–, la danesa Novo Nordisk –Ozempic– y la alemana
Bayer. Pero también la israelí Teva, otra empresa de genéricos, que aparece en
el ranking del SNS con 391,72 millones, si se le añade la factura de su filial
Ratiopharm. Accord Healthcare es india y vendió por valor de 200,84 millones de
euros en 2022.
Entre
las alemanas también destaca Fresenius, la compañía propietaria del
grupo Quirón desde 2016. Con sus tres filiales, Fresenius Kabi, Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma y Fresenius Medical Care, ingresó 186,3 millones en
2022.
Además,
yendo al detalle, los líderes del ranking deben su abultada facturación a
que el grueso se destina a medicamentos de dispensación hospitalaria. Por
ejemplo, Janssen recibió 1.089 millones de financiación pública por este tipo
de fármacos en 2022, casi cinco veces lo que vendió en farmacias. Otro tanto
ocurre con Novartis, que facturó 708 millones por dispensación hospitalaria, el
doble que con receta. Roche llegó a los 620,76 millones en hospitales, por sólo 19,97
millones en farmacias. O Gilead Sciences, con una prestación pública
hospitalaria de 503,68 millones, y ni un solo euro vendido en botica.
Así funciona el sistema de precios fijados por el Estado
Gracias
a esta generosa financiación pública, los pacientes pagan de media un 9,5% del
precio del fármaco, según los cálculos del Observatorio del Medicamento,
una iniciativa de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
A fecha de diciembre de 2022, la prestación farmacéutica del SNS incluía 22.438
fármacos, el 64,8% de los autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMP). La mayoría son analgésicos y psicolépticos –ansiolíticos,
hipnóticos y antipsicóticos–. Los genéricos suponen el 59% de los medicamentos financiados.
El precio medio de venta de laboratorio de los medicamentos que se dispensan en
farmacia –y que Sanidad utiliza para hacer sus cuentas, no se trata del precio de venta al
público– es de 21,4 euros, mientras que los que se administran en los
hospitales son mucho más caros, una media de 8.184,6 euros. Los fármacos que no financia
el Estado ascienden a unos 10.366, de acuerdo con los cálculos del
Observatorio.
Si
una farmacéutica quiere entrar en este sistema de precios fijados por el
Estado, debe conseguir primero la autorización de la Agencia Española de
Medicamentos y después pasar por una fase de evaluación, tanto terapéutica como
económica, basada en la información presentada por el propio laboratorio.
También se compara el valor añadido que aporta el nuevo fármaco con las
terapias existentes. Tras analizar su beneficio clínico y su impacto
presupuestario, el Ministerio de Sanidad incluye el medicamento, o no, en la
financiación pública. Así, en 2021 el ministerio resolvió 2.891 expedientes de
medicamentos, con un aumento del 21% respecto al año anterior.
Gasto farmacéutico en ascenso
El
gasto farmacéutico representa una cuarta parte del gasto sanitario, según el
Ministerio de Sanidad. En 2024, superó los 32.000 millones de euros, incluido
el gasto en medicamentos sin receta. Aumentó un 7,9% respecto al ejercicio
anterior.
Separando
el gasto farmacéutico en hospitales –10.685,6 millones de euros– y en farmacias
–14.235 millones–, el año pasado el gasto devengado –aún no pagado– ascendió a
24.921 millones de euros.
Los
datos más actualizados que publica Sanidad se refieren al periodo de enero a
agosto de este año. El gasto total, incluidos los fármacos sin receta, se eleva
ya a 22.021 millones de euros, un 5,1% por encima de lo devengado en el mismo
periodo de 2024.
––––––––––
Mañana se publica la segunda parte de esta investigación, centrada en las empresas españolas.
23 de febrero del año 1976. El escenario es Elda, una localidad alicantina del valle del Vinalopó. Una ciudad industrial, en pleno apogeo económico. Y con una larga tradición zapatera desde finales del siglo XIX. El punto de encuentro es la Plaza de Castelar. Qué mejor símbolo que el que fuera cuarto y último presidente de la Primera República. Allí se reúnen hasta 3.000 trabajadores de diferentes sectores. El metal, el textil, la piel. Todos en apoyo a la lucha de los compañeros del sector del calzado. La lucha por un convenio justo. Una negociación de la que el sindicato vertical ha dejado fuera a los representantes obreros y, con ellos, sus reivindicaciones. «¡Arriba los salarios y abajo los precios! ¡No al despido libre! ¡No más horas extra!». La comitiva avanza y pone rumbo a la ciudad vecina: Petrer. Otra ciudad zapatera. Pero la Guardia Civil y la Policía Municipal les cortan el paso. Llegan los golpes. Se suceden las cargas. Finalmente, la concentración se dispersa. Pero en el ambiente sigue resonando un lema: «¡El pueblo unido jamás será vencido!».
Al día siguiente vuelven las asambleas. Y, a la caída de la noche, se celebra una nueva manifestación. Algo más modesta. Eso sí, esta vez, el gobernador civil de Alacant, Benito Sáez González-Elipe, ha mandado refuerzos. Hay que meter en cintura a la ciudad. A eso de las 11 de la noche, las calles empiezan a recuperar la calma y los furgones policiales se retiran. El último autobús recibe el adiós de un grupo de trabajadores, que lanzan piedras contra los bajos del vehículo. A la orden del sargento Ballesteros, el autobús se detiene y los policías descienden, pistola en mano. Comienzan las persecuciones.
Huelga de trabajadores en solidaridad con el asesinato de Teófilo del Valle.
Ocurrió en la calle San Roque, en el casco viejo de Elda. Eran ya cerca de las 11 y media. Teófilo, un joven trabajador del sector de la piel, se ha quedado solo. Le persigue un policía armado. Está a punto de girar la calle, de lograr escabullirse. De repente, seis disparos. El joven se desploma. Dos impactos le han alcanzado: uno en el tobillo derecho y otro en la nuca. Fallece a los pocos minutos. «Recuerdo que se presentó la Policía en mi puerta. Serían ya la 1 de la mañana. Me lo soltaron tal cual: mi hermano había muerto», hace memoria José Antonio, hermano del fallecido. Por aquel entonces él tenía 28 años; Teófilo, apenas 20. «Nos llevaron al cementerio, donde se hacían las autopsias. Mi padre no se sintió con fuerzas para identificarle, así que me lo pidió a mi», sigue contando en conversación con Público. Allí estaba. Pálido y amoratado. Sin vida.
Al día siguiente se celebró un funeral multitudinario en Elda, en la iglesia de San Francisco de Sales. Se decretó un día de luto y un paro general del sector zapatero en toda la comarca. Todo ello acompañado de una nueva manifestación. Unas 25.000 personas de todos los pueblos de la zona marcharon por las calles de la ciudad. «Las muestras de apoyo fueron enormes. La gente se volcó con nosotros. Con él», valora José Antonio. La respuesta institucional, sin embargo, no estuvo a la altura. El día 26, el gobernador civil emitió un comunicado sobre el suceso. «Al sonar algunos disparos, [los policías] hubieron de hacer uso de las armas», rezaba el documento. No se asumía ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Empezaba la campaña de criminalización mediática del manifestante.
Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial
Las tres muertes de Teófilo del Valle
«A Teófilo lo mataron tres veces», sostiene el director alicantino de cine Manuel de Juan. Lo recuerda bien. Por aquel entonces trabajaba en el sector del metal y estaba afiliado a Comisiones Obreras. La muerte de Teófilo se le quedó clavada como una espinita. «Quería saber la verdad», confiesa a Público el también guionista. «La versión oficial era que el policía había hecho una serie de disparos de advertencia, al aire, y que algún rebote había tenido la mala suerte de impactar sobre Teófilo», refiere De Juan, que nunca llegó a creérselo. Por eso, empezó a investigar el caso, acompañado de su hijo. Contactando con familiares, antiguos compañeros y responsables de la investigación del asesinato. Lo terminó llevando a la gran pantalla, a través de un documental: Las tres muertes de Teófilo del Valle.
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Trailer del documental sobre el asesinato en 1976 de Teófilo del Valle.
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¿Por qué tres? El asesinato, la difamación mediática y la impunidad judicial. «Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial«, critica De Juan. «El fallecido, de vida irregular, había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos, trescientos cincuenta gramos de hachís que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas», publicó la Jefatura de la Policía en una nota de prensa autoexculpatoria en los días siguientes al asesinato. Una información que corrió como la pólvora. Teófilo era un hippy. Un antisistema. Un criminal.
«Le desdibujaron completamente», denuncia su hermano. Teo era un joven trabajador, insiste. Por aquel entonces, estaba empleado en una fábrica de bolsos del barrio de la Tafalera. «Era de los pequeños de la familia, teníamos otros siete hermanos», cuenta José Antonio. Maruja, Victoria, Eugenia, Angélica, Guadalupe, Fernando y Tino. «A Teófilo le recuerdo como un joven afable, muy cariñoso. Y no estaba afiliado a ningún partido o sindicato. Simplemente tenía sus convicciones», asegura tajante. «Le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro».
Fue todo una farsa. Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente
Después del juicio mediático, llegó el juicio en los tribunales. «Nos enteramos de que habían detenido a un policía por los medios. No se nos comunicó nada oficialmente a los familiares, ni se nos permitió personarnos como acusación particular en el juicio», reprocha José Antonio. «De la misma forma nos enteramos del resultado», prosigue. Le habían absuelto. Daniel Aroca del Rey, el policía detenido, había asesinado a Teófilo en pleno cumplimiento de su deber. «Así funcionaba la maquinaria de la impunidad de la dictadura», valora el hermano del fallecido.
Teófilo del Valle, asesinado por la Policía el 24 de febrero de 1976.
No sería hasta mucho más tarde, en medio de la investigación liderada por De Juan, cuando los detalles del caso saldrían a la luz. «Con un poder notarial que me firmó José Antonio, conseguí, por fin, acceder al expediente judicial», relata el director. «Ahí encontramos todas las pruebas del asesinato», señala. Y un nombre, el del juez instructor del caso: Agustín Ferrer. «Se atrevió, a pesar de recibir presiones de la Fiscalía de Alacant, a llamar a las cosas por su nombre: homicidio», concede De Juan. Un veredicto que se matizaría después durante el Consejo de Guerra, aprovechando la eximente de cumplimiento del deber. «Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente. Sus propios compañeros. Yo me lo guiso, yo me lo como», ironiza José Antonio. Una farsa en toda regla. ¿Su resultado? Ni cárcel, ni multa. El asesinato de Teófilo quedó impune.
«No es venganza, es justicia y reparación»
La justicia llega tarde, pero llega. En abril de 2024, José Antonio presentó -con el respaldo de CEAQUA- una querella ante los juzgados de Elda contra los responsables de la muerte de su hermano. Entre los denunciados se incluían el policía Daniel Aroca del Rey, el sargento Laureano Ballesteros Carbajo, el capitán Carlos Holgado Marín, el exgobernador civil Benito Sáez González-Elipe y el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. De los cinco, solo dos siguen con vida casi medio siglo después: Aroca del Rey y Martín Villa. Pues bien, el juzgado de Elda, que admitió la querella en noviembre de 2024, les ha citado a declarar este mes de noviembre. El primero lo hará el día 17; el segundo, dos días después, el 19. Los dos acudirán telemáticamente al juicio. Desde Albacete y Madrid.
«Es un primer paso para derribar el muro de la impunidad», reivindica De Juan. Un primer paso para limpiar -por fin- la memoria de Teófilo. Para reconocerlo como lo que fue: una víctima de la dictadura. «Mis padres se fueron a la tumba desconsolados, sin llegar a conocer nunca la verdad», se lamenta José Antonio. «Este reconocimiento les habría dado la paz que nunca consiguieron encontrar», añade emocionado. Pero no solo eso. El juicio por el asesinato de Teófilo se ha convertido ya en todo un hito. «Por primera vez en España, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar la categoría de crímenes contra la humanidad a dos responsables de la dictadura, como son un exministro y un miembro de sus fuerzas represivas», apunta De Juan.
Los padres de Teófilo y José Antonio en una boda.
«La aplicación de esta categoría es esencial para que el caso prospere», continúa el director. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Segundo, porque son inamnistiables y conseguirían, por tanto, burlar el filtro de la Ley de Amnistía del 77. Tampoco se podría lastrar el procedimiento conforme al principio jurídico de non bis in idem. Traducción: no puede juzgarse dos veces un mismo hecho. «La Ley de Memoria Democrática declara todo juicio y sentencia franquista nulo e ilegal, incluido el del asesinato de Teófilo», explica De Juan. Por todo ello, el caso tiene sustento y visos de prosperar. De cualquier manera, si la querella quedase finalmente archivada -han explicado a Público fuentes de la coordinadora- procederían a interponer un recurso de apelación. Y si el recurso fuera desestimado en la Audiencia Provincial, presentarían una demanda de amparo frente al Constitucional. Hasta recurrir, si fuera necesario, a instancias internacionales.
¡Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura!
«Esto ya no lo para nada», coinciden José Antonio y Manuel. Aprovechando para movilizar tres manifestaciones en torno a la celebración de las vistas del juicio. Dos frente al juzgado de Elda los propios días 17 y 19 de noviembre, a las 12. Otra frente a los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. Allí se reunirán el día 19 también a mediodía, coincidiendo con la comparecencia de Martín Villa. «Es el principio del fin de la impunidad franquista. ¡Verdad, Justicia y Reparación para sus víctimas!», exigen los convocantes.
El caso de Teófilo se suma a tres causas ya abiertas en los tribunales españoles por los crímenes de la dictadura. La primera, por la desaparición forzosa del jornalero Juan Canet, fusilado el 13 de octubre de 1941 y enterrado -junto con otras 2.237 personas- en las fosas comunes del cementerio de Paterna. La segunda -tramitada a finales de junio en A Coruña- investiga las torturas que sufrió el militante de Unión do Povo Galego (UPG) Manolo Reboiras. La tercera y última, por torturas en la DGS de Madrid, la interpuso el pasado mes de enero el activista antifranquista Carlos Serrano.
La sentencia del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que concluyó este jueves, tras seis sesiones intensas, podría conocerse antes de que finalice el año, estiman fuentes del Tribunal Supremo. No habrá opción de recurso más que ante el Tribunal Constitucional, en el caso de una condena.
Después de las 40 testificales escuchadas en el juicio y de las exposiciones definitivas de las acusaciones, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que ha defendido a García Ortiz, ahora el foco pasa a los siete magistrados que han juzgado al fiscal general del Estado, cinco de los cuales ya se habían pronunciado con anterioridad en el mismo asunto, al decidir abrir causa por primera vez en la historia contra el máximo representante del Ministerio Fiscal, en el ya célebre auto de 15 de octubre de 2024.
El fiscal general llegó a juicio pese a los nulos indicios de que él hubiera filtrado a un periodista de la Cadena Ser el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 que contenía la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, como autor de dos delitos fiscales. La filtración y su consiguiente publicación en prensa convirtió al novio de Ayuso en «defraudador confeso», lo que le habría ocasionado unos perjuicios que él mismo calificó como «muerte social».
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Resumen de la intervención del abogado del Estado José Ignacio Ocio.
Para contrarrestar políticamente el impacto de los hechos, es decir, que González Amador había sido denunciado por la Fiscalía en base a la defraudación constatada por Hacienda de 350.000 euros a través de facturas falsas, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), planteó una estrategia consistente en darle la vuelta a la realidad: filtrando otro correo a El Mundo, de 12 de marzo de 2024, en el que el fiscal de delitos económicos le decía al letrado del novio de Ayuso que aún no era tarde, una vez presentada la denuncia, para llegar a un acuerdo, en respuesta a la petición de pacto de González Amador.
El periódico publicó una noticia tergiversada afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso pero que había sido retirado por «órdenes de arriba», cuando era al revés. Horas después, aquella misma noche del 13 de marzo de 2024, La Ser desmintió el bulo, informando de que el novio de Ayuso había reconocido dos delitos fiscales y pedía una conformidad con Fiscalía.
El fiscal general pidió a sus subalternos los correos, quería llegar a la verdad, «cerrar el círculo», llegó a decir. Una vez obtenidos y siendo consciente de que la noticia de El Mundo era un bulo y que la campaña de MÁR y Ayuso estaba cuestionando a la Fiscalía como si hubiera orquestado una trampa para perjudicar a la presidenta de Madrid, García Ortiz decidió que había que redactar y difundir una nota de prensa para desmentir ese bulo.
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Resumen de lo acontecido en el juicio.
El propio fiscal general defendió en el juicio su decisión de difundir una nota de prensa a los medios. «Cuando los correos generan esa confusión es cuando nos disponemos a hablar de esos correos en la nota, teníamos que ser rigurosos». Su letrado en el juicio lo reiteró: «Es imposible desmentir el bulo sin la introducción de los correos», dijo José Ignacio Ocio, para quien «la nota informativa está justificada» y todos los elementos que la contienen estaban ya publicados con antelación, por lo que no constituyó revelación de ningún secreto, según su criterio.
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Lo que decía la nota
¿Qué decía la nota de prensa? En su punto segundo recogía lo siguiente: «Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021».
La nota, difundida la mañana del 14 de marzo, después de que el digital El plural publicara la imagen del correo de la confesión, motivó la denuncia por revelación de secretos del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), abriéndose en el TSJ de Madrid una investigación judicial contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y más tarde contra el propio fiscal general del Estado, por lo que el Supremo asumió la causa.
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Antes de estar investigado, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad de la nota de prensa. En efecto, él recabó los datos y la confeccionó junto con sus colaboradores, como aseguró en el juicio.
En el anteriormente mencionado auto de 15 de octubre de 2024, ponencia de la magistrada Susana Polo, la nota de prensa se descartó como ilícito penal: «De lo anterior se desprende que, aparentemente, no hay
información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los
hechos». Ese «aparentemente» que aparecía en el primer auto del Supremo en la causa contra el fiscal general se convertía después en una suerte de comodín, en una ambigüedad, que ha acabado por coger fuerza en el juicio, hasta el punto de que el abogado que representa a González Amador como acusación particular, Gabriel Rodríguez Ramos, dijo en su turno de conclusiones que la decisión del fiscal general de lanzar la nota «sellaba institucionalmente» la revelación de un dato confidencial, como era la confesión de un delito en el marco de una negociación con Hacienda.
Sin pruebas de la filtración
Cuando es indiscutible que del juicio no ha surgido ni una sola prueba de que el fiscal general hubiera filtrado a la prensa o hubiera ordenado hacerlo el correo de la confesión, si no más bien todo lo contrario, pues los periodistas han declarado que no fue García Ortiz su fuente, la nota de prensa se erige como un elemento que tener en cuenta para la sentencia, opinan varios juristas consultados por Público, que apuntan precisamente a las palabras del abogado del novio de Ayuso y su detenimiento en exponer las consecuencias de dicho comunicado de prensa.
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La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, sostuvieron en el juicio que la nota de prensa no se estaba enjuiciando e incluso el letrado llegó a protestar: «Señorías, no sabemos de lo que nos estamos defendiendo; no sé a estas alturas si tengo que defenderme solo de la filtración del correo o si también de la nota».
Los siete magistrados
El tribunal está formado por cinco magistrados del ala conservadora, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala); y dos considerados algo más progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo. La sentencia necesita de una mayoría de al menos cuatro magistrados. Los discrepantes, si los hubiera, pueden razonar su posición en un voto particular.
Las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos, así como hasta 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros entre la multa y la indemnización al novio de Ayuso. Los delitos son la presunta revelación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
El juicio contra el fiscal general queda visto para sentencia. Tras seis sesiones intensas, la vista oral ha concluido este jueves con una brillante exposición por parte del abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ha defendido, junto a la abogada Consuelo Castro, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Esta última sesión, destinada a la exposición de los informes finales de las partes, ha dejado algunos alegatos insustanciales, pero, sin duda, el de Ocio no lo es. «A estas alturas no sabemos de lo que nos estamos defendiendo», ha clamado el letrado en relación a si se ha enjuiciado, además de la filtración del correo de la confesión del novio de Ayuso, la nota de prensa de la Fiscalía para desmentir el bulo orquestado por el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
El abogado ha expuesto que el caso estuvo rodeado desde el principio de «un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico«. Y ha tumbado, uno a uno, los «siete indicios manoseados por las acusaciones», con los que el juez instructor Ángel Hurtado y la Sala de Apelaciones del Supremo llevaron a juicio a Álvaro García Ortiz. No ha identificado los siete indicios, pero estas son las claves con las que ha desmoronado los argumentos de las acusaciones.
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Momento de la declaración del fiscal general.
1. Las declaraciones de la fiscal Lastra
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dijo en fase de instrucción que le había recriminado al fiscal general haber «filtrado el correo» y él no lo desmintió, sino que le replicó: «Eso ahora no importa». Estas manifestaciones por sí solas constituyeron para el juez instructor, Ángel Hurtado, un indicio contra García Ortiz. El letrado José Ignacio Ocio, ha puesto el foco en la «evidente» «mala relación de Lastra con la cúpula de la Fiscalía General del Estado». Y ha evidenciado que Lastra, que no quiso difundir a los medios la nota de prensa para desmentir el bulo que beneficiaba al novio de Ayuso, ha dado varias versiones de su supuesta frase, como una en la que indicaba que se refería a la nota de prensa: «La has filtrado».
El fiscal general ha negado haber escuchado esa frase pero el juez Hurtado la dio por veraz.
2. El borrado de los mensajes
El borrado de los mensajes del móvil por parte de García Ortiz ha sido considerado uno de los indicios más fuertes por parte del instructor. Él ha argumentado que borra el contenido de los mensajes al menos una vez al mes por motivos de seguridad, debido al tipo de datos que maneja.
Los correos del 8 al 14 de marzo, el marco temporal en el que sucedieron los hechos, «estaban borrados con toda seguridad a finales de abril», ha explicado el letrado, y ha afirmado que García Ortiz conocía desde 12 de octubre de 2024 su imputación [sería imputado por el Supremo el 16 de octubre]. «Si hubiera tenido voluntad de eliminar pruebas, hubiera podido borrarlos antes», ha incidido.
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3. La cuenta de ‘Gmail’
La cuenta de Gmail del fiscal general del Estado, que albergaba el correo investigado, estuvo a disposición de la UCO cuando los agentes entraron en el despacho del fiscal general, el 30 de octubre de 2024. Pero se ha querido «manipular», incidiendo en que fue eliminada coincidiendo con su imputación, ha sostenido el letrado defensor.
La cuenta se eliminó, como ha demostrado el abogado del Estado, a finales de diciembre de 2024, porque le estaban entrando correos hostiles, debido a que el atestado de la UCO se filtró sin tapar los datos personales del fiscal general, como esa dirección de Gmail y su teléfono y le estaban llegando a esa cuenta ‘emails’ «desagradables». «Se ha manipulado el cierre de su cuenta de Gmail como si fuera un indicio de cargo», ha dicho el letrado.
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El fiscal general ha dicho que se manejaba mejor desde el móvil con el correo de Gmail que con el corporativo de la Fiscalía y que por eso pidió que le mandaran a dicha cuenta los correos que intercambiaron el fiscal de delitos económicos y el abogado del novio de Ayuso.
4. La conexión con Moncloa
«Mi representado no conoce a la señora Sánchez Acera [Pilar], ni al señor Lobato [Juan] ni al señor Vallés [Francesc]», ha dicho el defensor, en referencia a la asesora de Moncloa, el líder del PSOE de Madrid y el secretario de Estado de Comunicación en marzo de 2024. Rechaza por falta de pruebas que el fiscal tuviera contacto con dichos cargos y niega órdenes de Moncloa. «Mi patrocinado no ha recibido ni una sola instrucción de Presidencia del Gobierno, hasta ahí podíamos llegar», ha clamado.
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Esta vía, la conexión de la filtración con Moncloa, se desechó por el Supremo como parte de la investigación, pero las acusaciones no lo han tenido en cuenta y han seguido señalando un hipotético vínculo, debido a que se permitió la testifical en el juicio de Lobato, Sánchez Acera y Vallés.
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Momento en el que Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid testifica ene l juicio.
5. La llamada del periodista
Otro de los indicios sobre los que ha pivotado la causa contra el fiscal general es su posible relación con los periodistas que publicaron las primeras noticias sobre el correo de la confesión del novio de Ayuso, el del día 2 de febrero. En este sentido, las acusaciones se han centrado en Miguel Ángel Campos, periodista de La Ser, que fue el primero en mencionar el correo de la confesión, aunque sin dar la imagen de dicho email. Campos llamó al fiscal general a raíz de la publicación del bulo por El Mundo. El fiscal general no cogió la llamada y ni siquiera fue consciente de ella, ha asegurado. Por su parte, el informador indicó que hacía mucho que no le llamaba porque desde que fue nombrado fiscal general no cogía las llamadas. La de aquel día, el 13 de marzo, obedecía a la necesidad del periodista en que el fiscal general le confirmase si era cierta la noticia.
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Este fue uno de los indicios que manejó el instructor para atribuirle a García Ortiz el papel de filtrador. Las acusaciones y la UCO dicen que no es posible comprobar si el periodista contactó posteriormente con el fiscal general a través de llamada de ‘whatsapp’.
6. La nota de prensa
Respecto a la nota de prensa con la que el fiscal general quiso desmentir el bulo, se ha convertido en un elemento central en el juicio, pese a que había quedado excluida del enjuiciamiento, según señaló la Sala de Apelaciones del Supremo. «Señorías, no sabemos de lo que nos estamos defendiendo; no sé a estas alturas si tengo que defenderme solo de la filtración del correo o si también de la nota», ha clamado el letrado, después de la que la teniente fiscal del Supremo haya dejado claro que no era objeto del enjuiciamiento la nota, pues el tribunal afirmó que su contenido ya había sido publicado por los medios, por lo que no había secreto alguno. Sin embargo, la acusación ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha defendido lo contrario y acusa por ello al fiscal general, que admitió que la nota de prensa fue responsabilidad única de él.
La nota de prensa hace alusión a datos concretos extraídos del correo de la confesión y de otro posterior que le envió el fiscal Julián Salto al letrado del novio de Ayuso. Es imposible desmentir el bulo sin la introducción de los correos, ha dicho José Ignacio Ocio, para quien «la nota informativa está justificada», y todos los elementos que la contienen estaban ya publicados con antelación, ha argumentado, tras señalar que desde el entorno de Ayuso se estaba cuestionando a la Fiscalía como responsable de tender una trampa a la pareja de la presidenta madrileña. «Lo que insinuaba era de una gravedad inusual», ha clamado el letrado.
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7. El juez instructor no investigó los cabos sueltos
La Abogacía del Estado ha razonado que «no existe base probatoria» y, en efecto, no ha quedado probado que el fiscal general del Estado sea el responsable de la filtración. Su defensor ha puesto de relieve que el magistrado instructor no investigó los cabos sueltos y que «existió voluntad de no investigar». Se ha referido por ejemplo al resto de vías de acceso al correo filtrado, como fue la carpeta electrónica de los juzgados de instrucción madrileños que albergaba el expediente de Hacienda contra el novio de Ayuso; o la cuenta de correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, a donde llegó el correo de la confesión. Tanto el abogado del fiscal general como la teniente fiscal del Supremo han explicado que más de 500 personas pudieron tener acceso al correo, pero solo se investigó al fiscal general y su entorno, como la fiscal jefa provincial de Madrid.
Respecto a la ausencia de pruebas, el letrado de la APIF ha dicho que no es óbice para una condena, como sucedió con el caso Bretón, sobre el padre que asesinó a sus dos hijos. «Nunca aparecieron los cuerpos de los niños pero se condenó a Bretón», ha argumentado el abogado José Antonio Frago.
«¿De verdad mi vida vale tan poco?», se pregunta Elena Olmos al otro lado del teléfono. El 18 de febrero de 2024, se sometió a una mamografía dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Mama del Servicio Murciano de Salud (SMS). La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador: una carta oficial de la Consejería de Salud —a la que ha tenido acceso Público— le comunicó un «resultado negativo de cáncer de mama» y le recomendó una nueva revisión «dentro de 24 meses».
Dos meses después, una neumonía cambió su vida. Estando en casa, apoyó la mano sobre su pecho derecho y notó un bulto «muy grande» junto al pezón. «Al principio no me alarmé», recuerda en una conversación con Público. Pero cuando acudió a su médica de cabecera, esta le recomendó hacerse una ecografía. El 7 de mayo, el radiólogo decidió repetir también una mamografía. «Me preguntó cuándo había sido la última y le dije que hacía unos meses. Se sorprendió. Vi su cara, y entonces me lo soltó: ‘Yo veo cáncer‘». El 24 de mayo, llegó la confirmación: cáncer de mama triple negativo en estadio 2, uno de los subtipos más agresivos. «Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería y esperado dos años, no estaría viva», lamenta con voz entrecortada.
A través de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), consiguió contactar con la Consejería de Salud de Murcia. «Me hablaron con un tono frío, poco empático. Me dijeron que a veces pasa, que cuando los tumores son pequeños pueden no verse. Pero el mío no era pequeño», denuncia. «Sentí que me culpaban a mí del error». También le aconsejaron que, si no estaba conforme, presentara una queja formal. Elena ha pasado por 16 sesiones de quimioterapia —»12 semanales y cuatro del conocido como diablo rojo»—, una cirugía el 2 de enero, en la que le retiraron el tumor y el ganglio centinela, radioterapia durante 15 días consecutivos y nueve sesiones de inmunoterapia. «Me han quedado muchas secuelas. Tengo las plantas de los pies y las palmas de las manos quemadas. He tenido que moverme en silla de ruedas. Mi vida se ha quedado limitada«.
A la izquierda, el pecho izquierdo de Elena Olmos. A la derecha, su pecho derecho con el tumor.
Ahora, con el tratamiento finalizado, empieza a asimilar lo que ha vivido. «Durante meses estuve centrada en sobrevivir, pero cuando todo paró, llegó el golpe. No podía dormir, tenía ansiedad, me sentía incomprendida. Incluso, me han dado el alta en la Inspección de Trabajo, pero me he tenido que pedir vacaciones porque no estoy preparada para volver. La Elena de hace dos años ya no existe, y me está costando conocer a la que soy ahora«. Además del dolor físico y emocional, recrimina la falta de acompañamiento legal y psicológico en estos casos. «No puedo permitirme una abogada, y debería haber un servicio que nos ampare. No soy un caso aislado: ya se han puesto en contacto conmigo al menos seis mujeres que han pasado por lo mismo en Murcia. Necesitamos que estén más pendientes de nosotras. Esto tiene que cambiar».
Elena Olmos, paciente de cáncer de mama: «No soy un caso aislado, otras seis mujeres más de Murcia me han confesado que han pasado por lo mismo»
Más allá de los números
El caso de Elena es solo la punta del iceberg. Según los datos oficiales publicados por el Servicio Murciano de Salud, 1.223 personas siguen sin fecha asignada para realizarse una mamografía en la región. A ellas se suman 145 mujeres que aguardan entre 0 y 30 días para hacerse la prueba y otras 111 que acumulan más de un mes de espera. En total, la espera media para someterse a una mamografía en Murcia asciende a 19,07 días.
La cosa no termina aquí. La oposición ha puesto el foco en lo que considera un «incumplimiento sistemático del plazo legal de 30 días» para la realización de mamografías. Además, acusan al Ejecutivo autonómico de «manipular los datos oficiales». «Es rotundamente falso que la espera media para una mamografía en la Región de Murcia sea de 19 días, como asegura la Consejería de Salud, cuando casi el 83% de las mujeres en lista de espera ni siquiera tienen cita asignada«, reprochó la diputada socialista Marisol Sánchez en la Asamblea Regional. La parlamentaria criticó también la «falta de transparencia» de los popularesy exigió al consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaciones sobre la paralización del plan de ampliación del programa de cribado de cáncer de mama, que no alcanzará a todas las mujeres de entre 45 y 74 años hasta, al menos, 2027.
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1.223 personas siguen sin fecha asignada para realizarse una mamografía en Murcia, según los últimos datos oficiales
El sindicato CSIF ya había advertido de esto último. Además, atribuyó los retrasos a una «falta estructural de personal sanitario, un déficit que también afecta a la realización de pruebas diagnósticas, incluso en los casos prioritarios». Alertaron sobre el «aumento de derivaciones a clínicas privadas, cuyos resultados, en muchas ocasiones, deben repetirse en la sanidad pública al no ser válidos o no poder compararse con estudios anteriores». «Esta duplicidad de pruebas genera un gasto innecesario de recursos públicos, agrava la sobrecarga del sistema y obliga a las pacientes a pasar dos veces por el mismo proceso», corroboraron. Con todo, la oposición anunció hace no mucho que pedirá al Defensor del Pueblo la apertura de una comisión de investigación para esclarecer la gestión de las listas de espera en las mamografías.
Para más inri, el diario La Opinión de Murcia reveló que, tras ser preguntada por el caso de Elena Olmos, «la Consejería de Salud respondió que el pasado año se realizaron unas 70.000 mamografías dentro del programa regional de cribado, por lo que consideran que la situación vivida por esta paciente es un caso aislado».
El portavoz del Gobierno de Murcia asegura que el programa de cribado de cáncer de mama «funciona con normalidad»
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, defendió a mediados del mes pasado que el programa de cribado de cáncer de mama «funciona con normalidad» y aseguró que «no se ha detectado ningún caso similar a los ocurridos en Andalucía». Insistió en que la administración actúa «con total transparencia, haciendo públicos todos los informes disponibles», y agregó que se trata de un «trabajo serio, riguroso y exhaustivo». Aun así, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad: «Es importante que las murcianas y los murcianos sepan que están respaldados y seguros dentro del sistema».
Fuentes de la Consejería de Salud de Murcia han desmentido a Público que existan más de 1.200 mujeres esperando para realizarse una mamografía. Según el departamento, «estas pruebas no corresponden al programa de cribado y todas se realizan en un plazo medio de 19 días, por debajo de los 30 establecidos en la normativa, tal y como refleja el informe de Listas de Espera del Servicio Murciano de Salud«. Respecto al programa de cribado de cáncer de mama correspondiente al bienio 2023-2024, la Consejería sostiene que se enviaron 237.227 invitaciones, de las cuales participó el 64,75% de las mujeres convocadas, con un total de 153.607 estudios mamográficos realizados.
El departamento también defiende que Murcia fue «la primera comunidad del país en anunciar la ampliación del rango poblacional del cribado de cáncer de mama, de 45 a 74 años». Recuerdan que la Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad «solo contempla actualmente la franja de 50 a 69 años», y que esta extensión es «un extra de calidad que Murcia quiere ofrecer a sus pacientes, costeado con fondos propios». Según la Consejería, la ampliación del programa se está llevando a cabo de forma gradual y por fases, con el objetivo de «garantizar la equidad y la seguridad de las pacientes». Añaden que, en verano de 2024, el sistema público asumió directamente los cribados que hasta entonces se realizaban en colaboración con la AECC. «Estamos trabajando para acortar este cronograma y lograr la ampliación total lo antes posible, siempre garantizando el control y seguimiento de las pruebas», concluyen.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos del programa de cribado poblacional
En el ámbito nacional, lo último sobre los cribados de cáncer de mama es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos del programa de cribado poblacional. La información, según lo negociado, se centrará en tres indicadores: cuántas personas han sido invitadas a realizarse la prueba, qué porcentaje ha acudido y qué proporción ha dado positivo. Sin embargo, queda por ver si se incluirán detalles más completos, como el número de pacientes que han iniciado tratamiento y los tiempos transcurridos hasta su inicio.
Orsola Mussolini mira hacia Madrid. La bisnieta del líder fascista italiano viajará la próxima semana a la capital española para participar en los actos preparados por Falange Española de las JONS ante un nuevo 20N, una de las principales fechas de exaltación franquista y fascista en este país.
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«Ella habla perfectamente español, ha vivido durante mucho tiempo en Hispanoamérica», afirmó el pasado martes el líder falangista Manuel Andrino –uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna en 2013– durante su intervención en el programa semanal de Falange, que se emite en Youtube.
La ultraderechista italiana tiene previsto participar en los actos que organiza la formación falangista para conmemorar el 20N. «Orsola Mussolini es una de las bisnietas de Mussolini, del duce de Italia, y viene ese fin de semana para acompañarnos en las manifestaciones y distintos actos que vamos a hacer los falanigistas».
El acto central tendrá lugar el viernes 21. Falange celebrará ese día una manifestación bajo el lema Contra el genocidio que saldrá desde la calle Génova, donde nació José Antonio Primo de Rivera, y pasará por la sede del PP. Los ultras pretenden acabar la marcha cerca del local del PSOE en la calle Ferraz. El grupo neofascista España 2000 ha anunciado su adhesión a este acto.
«Vamos a denunciar frente a sus puertas, haya o no haya gente en su interior, que queremos acabar con el genocidio que supone el régimen del 78 y esa basura de Constitución que nos ha llevado a la situación de caos y de decadencia en la que nos encontramos», dijo Andrino.
«Esperamos que no haya provocaciones durante estos días ni nada por el estilo, porque las provocaciones uno sabe cómo empiezan pero, como se vio en Vitoria, no sabe cómo terminan», dijo en alusión a los incidentes registrados el pasado 12 de octubre en la capital vasca. El acto organizado ese día por los falangistas acabó con 19 antifascistas detenidos por la Ertzaintza.
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En 2022, Falange fue expedientada por vulnerar la Ley de Memoria Democrática a raíz del mitin por el 20N que celebró ese año, el primero tras la entrada en vigor de la nueva normativa. Los ultras presentaron un recurso judicial contra la multa de 10.000 euros impuesta entonces. El caso aún está por resolverse.
«¿Estado social o dictadura?»
Al día siguiente de esta manifestación, la bisnieta de Mussolini ofrecerá una conferencia en Espacio Ardemans, un local de eventos de la extema derecha madrileña, donde presentará el libro «Fascismo: ¿Estado social o dictadura».
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«Nos va a intentar a desgranar que el fascismo durante los veintitantos años de gobierno de Benito Mussolini sufrió una transformación a todos los niveles, de ser un país atrasado que salía de la Primera Guerra Mundial, alcanzó el nivel que alcanzó, hasta que las potencias aliadas acabaron con Mussolini«, indicó el líder de Falange.
Andrino subrayó que la ultraderechista italiana «explicará con datos, imágenes y vivencias lo que supuso aquella Italia, aquel fascismo primigenio, del cual su fundador y máximo representante era su bisabuelo, el duce Benito Mussolini».
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Encuentro en Predappio
Los principales dirigentes falangistas ya conocen a la bisnieta del dictador italiano. En octubre de 2022, Andrino viajó a Predappio, la localidad donde está enterrado Mussolini, para conmemorar el centenario de la Marcha sobre Roma, que supuso el comienzo del régimen fascista.
«Si seguimos aquí después de 100 años, es para rendir homenaje a quien quiso este Estado y a quien nunca dejaremos de admirar«, declaró en ese acto la bisnieta de Mussolini.
«Ante las restricciones y la persecución policial impuesta por el gobierno de Meloni, los fascistas italianos han rendido homenaje al Duce Mussolini en el aniversario de su asesinato. El Jefe Nacional de La Falange tuvo el honor de gritar el ¡¡Presente!! en la Cripta de Predappio a pesar de la prohibición gubernativa«, señaló por su parte el partido de extrema derecha en una publicación en redes sociales.
Álvaro García Ortiz se ha quitado la toga de fiscal general del Estado, que ha vestido durante toda la vista oral, para ser interrogado este miércoles en la antesala del final del juicio en su contra. Tras cinco sesiones maratonianas, el fiscal general ha roto su silencio, tras el rotundo «no» pronunciado al principio de la vista cuando el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, le preguntó si se declaraba culpable de los hechos.
Este miércoles ha bajado del estrado y se ha sentado frente a los siete magistrados que decidirán si es culpable o no lo es. Como punto de partida, ha negado haber sido el responsable de la filtración del correo con la confesión de González Amador, pareja de la presidenta madrileña. «No, no he hecho llegar el correo de 2 de febrero a personas ajenas a la Fiscalía», ha dicho.
Visiblemente nervioso al principio, García Ortiz se ha expresado con firmeza, quizá ha hablado demasiado rápido, durante una hora y media, y ha configurado un relato de los hechos que descarta absolutamente que la filtración partiera de él, en un alegato muy contenido y sobrio de su inocencia y que se opone frontalmente al victimismo que desplegó el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, durante su comparecencia en este juicio.
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Así se ha defendido Álvaro García Ortiz en el juicio.
Ha advertido García Ortiz al principio de su declaración que no iba a contestar a las preguntas de las acusaciones por una cuestión que él interpreta de «deslealtad» y ha subrayado el hecho de que Alberto González Amador, pareja de Ayuso, haya renunciado a pedir la responsabilidad civil del Estado, cargando las tintas en su única posible responsabilidad patrimonial en caso de condena. Es decir, «que actúa contra mí».
Bajo la dirección del abogado del Estado, García Ortiz ha detallado lo que pasó el 12 de marzo de 2024, cuando la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso publicó un tuit donde mencionaba el pasado de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, como directora general de Justicia en el Gobierno de Rodríguez Zapatero. «Se estaba cuestionando muy gravemente la honorabilidad de la fiscal provincial, del fiscal de delitos económicos y de la fiscalía española». Ha recordado también las palabras de Ayuso acusando de una «persecución» del aparato del Estado a través de la investigación a su pareja.
Ha arremetido, sin mencionarlo, contra el novio de Ayuso por entregar el correo con su confesión «a una tercera persona para que haga un uso político del mismo».
La «insidia» de MÁR
Esa tercera persona es Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), jefe de Gabinete de Ayuso, que pergeñó el bulo publicado en El Mundo, noticia respecto a la cual el fiscal general ha indicado que «se está lanzando la idea de que hay un señuelo de la Fiscalía para que caiga González Amador, porque hay una actuación bastarda de la propia Fiscalía». Sobre el tuit de MÁR, del 13 de marzo, a las 22.41 horas, tras la publicación de El Mundo con la noticia falsa o bulo de que la Fiscalía proponía un pacto al novio de Ayuso y que luego por «órdenes de arriba» se retiró, ha dicho: «Fue una insidia, una calumnia sobre la Fiscalía española».
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Otra de las patas de su declaración ha versado sobre la «actitud obstruccionista» de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, cuya testifical fue claramente perjudicial para el fiscal general. Lastra declaró que le espetó a García Ortiz el día 14 de marzo, cuando por fin pudieron hablar porque ella no le cogió el teléfono: «Has filtrado los correos», a lo que él contestó: «Eso ahora no importa». Pero García Ortiz ha asegurado que no recuerda esa expresión y ha aducido que Lastra ha dado varias versiones: «Alguna vez ha dicho que lo que dijo fue: «Habéis filtrado la nota«. En todo caso, ha insistido en no recordar que Lastra pronunciara la frase. Y ha manifestado que Lastra siente «acritud» hacia la Fiscalía General del Estado.
La nota de prensa
Lo que sí tiene claro García Ortiz es que la fiscal superior de Madrid no colaboró como era preceptivo en la difusión de la nota de prensa para desmentir el bulo. «Me parece que no hubo una colaboración, no me cogía el teléfono, se lo dije por whatsapp: «La nota hay que sacarla por imperativo, es para defender a los compañeros». Ha destacado que hubo «un problema de comunicación con la información que se manejaba en la Fiscalía de Madrid», información que era más proclive a los intereses de Ayuso y de su pareja. Ha incidido en que el espíritu de la nota era dar «una respuesta institucional de la Fiscalía española a una noticia» que cuestionaba «el trabajo de los fiscales de la sección de delitos económicas».
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Ha dejado claro que su interés en el asunto, que conoció el 7 de marzo de 2024, fue a raíz de la noticia de El Mundo, sobre la que ha dicho que estaba «bien trabajada», con «entrecomillados»· y datos sobre facturas. «Yo quería tener ese correo», de cara a comprobar la realidad, porque le parecía «extravagante» que un fiscal ofreciera un pacto a un particular.
Respecto a la inclusión en la nota de prensa de datos incluidos en los correos, ha defendido mencionarlos. «Cuando los correos generan esa confusión, es cuando nos disponemos a hablar de los correos, teníamos que ser rigurosos».
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Uno de los momentos más intensos del juicio.
El fiscal general ha asegurado que cualquier dato sobre el novio de Ayuso «se ha tratado» en la nota «con exquisitez» y ha rechazado haber pretendido perjudicar con dicho comunicado su derecho de defensa. Por ejemplo, ha explicado que de la nota de prensa se eliminaron los datos «que pudieran ser accesorios«, y así se sustituyó la expresión «pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid» por el nombre del interesado, «Alberto González Amador», ha recalcado. Ha destacado una frase que le ha dicho una persona desconocida: «La verdad no se filtra, la verdad se defiende».
Sobre el borrado de los mensajes
Uno de los puntos más delicados que se maneja en el juicio es el borrado que hizo el fiscal general del contenido de su móvil y de su cuenta de Gmail, que albergaba el correo filtrado. Ha explicado pormenorizadamente cómo borra los mensajes de su móvil, de manera «sistemática» una vez al mes. «Los datos que custodio son de terceras personas y por eso hay que eliminarlos cuando ya no los manejo, lo dice la norma española, la norma europea, cualquier guía». «¿Por qué dispuso de la cuenta de Gmail y no la corporativa?», le ha preguntado su letrado. Responde que «porque el de Outlook se maneja peor en el móvil. Manejo de una manera más intuitiva el Gmail».
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Ha descrito, emocionado, que «cuando la UCO entra en mi despacho está mi cuenta de Gmail a su disposición. Y recuerda que le dio a la UCO todas las contraseñas. Recuerda que el informe de la UCO se filtró a la prensa sin borrar sus datos, su número de teléfono, su correo, y recibió «correos hostiles».
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega a su final. Este miércoles será el turno del interrogatorio al investigado; un interrogatorio inédito dentro de un juicio histórico. Antes, por la mañana, pasarán por el tribunal los agentes de la UCO que registraron su despacho y clonaron sus dispositivos móviles.
La línea de la defensa y de la Fiscalía ha consistido en demostrar que el interés del fiscal general en los correos entre el letrado del novio de Ayuso, Carlos Neira, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto era para llegar a la verdad y desmentir las noticias falsas con las que desde el gabinete de Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez al frente, trataban de manchar a la Fiscalía y por ende al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso pero que luego se había tumbado por «órdenes de arriba».
El interés del fiscal general en el correo
Según quedó patente en la testifical de Mar Hedo, jefa de comunicación de la Fiscalía General del Estado, se trataba de limpiar la imagen de la Fiscalía porque parecía si no que se había maniobrado contra una rival política, es decir, Díaz Ayuso, que era el relato que esta trataba de imponer.
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El periodista Miguel Ángel Campos, en el juicio.
Había ocurrido precisamente al revés: la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, pidió a la Fiscalía un acuerdo de conformidad a través de su letrado, Carlos Neira, en el marco del procedimiento abierto por la Agencia Tributaria, para evitar así un plausible juicio por delitos fiscales. La presidenta de Madrid quiso dar la vuelta a la noticia, que no era otra que dichos delitos fiscales de la persona con la que convive en un piso adquirido por González Amador.
El fiscal general del Estado, según consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO)
—cuyo autor precisamente declarará esta mañana antes que García Ortiz—, preguntó a su círculo y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid
—donde habitualmente se llevan este tipo de procedimientos de fraude fiscal en Madrid— por la noticia de El Mundo, que difundía el bulo propagado por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
El correo con la confesión del novio de Ayuso llegó a la cuenta de Gmail de García Ortiz a las 21.59 horas del 13 de marzo, de la mano de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, horas después de que un periodista de La Ser conociera, pasadas las tres y media de la tarde, la existencia y el contenido de dicho correo (de 2 de febrero de 2024), lo viera con sus propios ojos y publicara la noticia a las doce de la noche.
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El jefe de Gabinete de Ayuso explica que guardó el correo que le envió González Amador y luego lo entregó a unos 50 periodistas.
Correo personal
De momento, ninguno de la treintena de testigos que han declarado en este juicio ha aportado una prueba de que García Ortiz sea el responsable del delito del que le acusan, es decir, de revelación de secretos, por el que le piden entre cuatro y seis años de prisión.
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Este miércoles le preguntarán sin duda por qué pidió que le pasaran el correo a una cuenta de Gmail en vez de a la suya oficial. Posteriormente, García Ortiz eliminó esa cuenta personal.
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Momento de la declaración de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que llegó a estar investigada en esta causa.
Nota de prensa cuestionada
Le preguntarán por la nota de prensa con la que la Fiscalía quiso desmentir el bulo y que originó la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid, cuyo decano ha declarado este martes en el juicio, en el que el ICAM ejerce la acusación popular. Según el decano Ribón, se interpuso la denuncia por considerar que se había vulnerado la confidencialidad que rige entre abogado y fiscal y se dio por hecho que la filtración procedía de la Fiscalía. La nota de prensa no es materia de enjuiciamiento, pero su importancia en el posterior discurrir de los acontecimientos ha centrado buena parte del juicio.
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El borrado del móvil
Será interrogado también por el borrado de todos los mensajes que había en su móvil. El fiscal delegado de Protección de Datos,
Agustín Hidalgo de Morillo, ha explicado en la sesión de este martes que estaba facultado para ello pues es el responsable de los datos que aloja en su terminal, y más por ser datos «sensibles y reservados» los que guarda el fiscal general del Estado.
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Resumen de la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado.
La resistencia desde dentro de la Fiscalía para no difundir la nota de prensa que dejaba en mal lugar a Ayuso y a su jefe de gabinete la ejerció la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró en el juicio que estuvo en contra de esa nota de prensa. Según ella, «no había necesidad de dar tanto detalle, no había que dar más información. Solo señalar que la información es falsa».
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El comunicado, difundido el 14 de marzo de 2024, hacía alusión a los correos intercambiados entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Salto. «Muchas veces los abogados se dirigen a la Fiscalía sin hablar con sus clientes», sostuvo Lastra en el juicio, en un claro respaldo a la tesis de González Amador, que será juzgado pronto por fraude fiscal y no quiere dar por sentado que admitió dos delitos fiscales por un montante de 350.000 euros, pese a que reconoce que su letrado le explicó en qué consistía una conformidad con Fiscalía.
El Tribunal Supremo ha celebrado este martes otra jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la declaración de más testigos –en su mayor parte periodistas– sobre la filtración de un correo electrónico en el que el abogado del Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales de su cliente.
16:45
Se acaba la sesión
Tras finalizar las declaraciones de los periodistas previstos para esta tarde, el juez ha levantado la sesión. El juicio se retomará este miércoles a las 10.00 horas. Informa Ana María Pascual.
16:35
La periodista que publicó el pantallazo dice que obtuvo la información a las 8.00 horas
Cynthia Coiduras, la periodista de El Plural que publicó el pantallazo con el correo electrónico que la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que el que reconocía dos delitos fiscales, ha declarado en el juicio que obtuvo la información sobre las 8.00 horas de la mañana del 14 de marzo, y que la publicó sobre las 9.06 horas. Previamente, tres periodistas del diario El País han ratificado el relato ofrecido horas antes en el juicio por su exsubdirector José Manuel Romero acerca de la elaboración de la información, en la que ha asegurado su fuente era de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid y no de la Fiscalía General del Estado.
16:17
Una periodista de ‘El País’ asegura que otro grupo investigaba a la empresa del novio de Ayuso
Berta Ferrero Franch, también periodista de El País, ha reiterado lo dicho por su compañero Fernando Peinado sobre lo acontecido el día 12 de marzo y los intentos de El País por corroborar la información sobre el fraude fiscal por el que estaba siendo investigado el novio de Ayuso. En concreto, se puso sobre la pista del reconocimiento del delito por parte de la pareja de la presidenta madrileña. Además, ha asegurado que otro grupo de periodistas investigaba a la empresa de González Amador, Maxwell Cremona. Informa Ana María Pascual.
16:08
Un periodista de ‘El País’, sobre el día que se conoció el caso del novio de Ayuso: «Fue un terremoto»
Ante la pregunta de la fiscal por el 12 de marzo de 2024, día en el que se conoció que el novio de Ayuso había defraudado a Hacienda 350.000 euros, tras publicarlo eldiario.es, Fernando Peinado ha señalado: «Fue un terremoto aquel día». Informa Ana María Pascual.
16:07
Se retoma el juicio
Se retoma el juicio con la testifical de cuatro periodistas más. Comienza el turno de Fernando Peinado Alcaraz, periodista de El País.
14:15
Se suspende el juicio al fiscal general del Estado hasta las 16 horas
El presidente del tribunal ha decretado un receso hasta las 16 horas, momento en el que se reanudarán los interrogatorios.
13:59
Tenso interrogatorio del abogado del novio de Ayuso al periodista José Manuel Romero
El abogado del novio de Ayuso mantiene un tenso interrogatorio en busca de que José Manuel Romero, actual director adjunto de Eldiario.es, diga quién le facilitó el correo, pese a que el informador invoca continuamente su derecho al secreto profesional de los periodistas. Asimismo, Romero indica que, en sus artículos, se ha referido a González Amador como «defraudador confeso» porque «he visto el expediente que se le abrió por los delitos fiscales y en todo momento reconoce que falsificó facturas». Informa Ana María Pascual.
El antiguo subdirector de ‘El País’, José Manuel Romero-Salazar, a su llegada al Tribunal Supremo.
13:49
Romero sitúa su fuente fuera de la Fiscalía General del Estado
Romero cuenta que, ante la noticia de El Mundo, preguntó a Íñigo Corral como responsable de comunicación en la Fiscalía de la Comunidad de Madrid si podía confirmar que la propia Fiscalía ofrecía un pacto a la pareja de Ayuso y que este le dijo que él no podía, que tenía que llamar a la Fiscalía General del Estado para preguntar por el asunto. Además, Romero dice que El País conoció el asunto sobre la confesión del novio de Ayuso «de una fuente muy solvente de la Comunidad de Madrid» y habla de la «sorpresa» de que el instructor se negara a citarles «a él y sus compañeros para declarar que conocían la existencia de ese correo mucho antes de que el fiscal general comenzara a preocuparse de ello y se pusiera a buscarlo». Informa Ana María Pascual.
13:40
Arranca la declaración de José Manuel Romero,
actual director adjunto de ‘Eldiario’
Turno ahora para José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, antiguo subdirector de El País, actual director adjunto de Eldiario.es, quien admite que tiene una relación profesional con Álvaro García Ortiz y que compartió con él una comida para saber qué iba a hacer, si dimitir o no, ante la apertura de una causa en su contra en el Tribunal Supremo. Informa Ana María Pascual.
13:36
Miguel Ángel Campos, sobre el correo filtrado: «Quién sabe las veces que se ha podido reenviar»
En su declaración, el informador de la Cadena Ser Miguel Ángel Campos explica que 23 fiscales y cuatro funcionarios de la Fiscalía tuvieron acceso al correo de la confesión y que finalmente se difundió «un mes y pico después». «Quién sabe las veces que se ha podido reenviar –dice el periodista–. También lo tuvo la Abogacía del Estado». Informa Ana María Pascual.
El periodista Miguel Ángel Campos, a su llegada a la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Supremo.
13:30
Moncloa, tras la defensa de Sánchez al fiscal General: «El PP ha querido crear una falsa polémica»
La ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado la defensa del Ejecutivo del fiscal General del Estado. Concretamente, Alegría ha salido al paso de las críticas realizadas por el PP sobre las palabras de Pedro Sánchez este fin de semana en una entrevista en El País.
El presidente del Gobierno señaló que tiene la confianza de que Álvaro García Ortiz es «inocente y más aún tras lo visto en el juicio». «No dijo nada que no hubiera verbalizado en otras ocasiones», ha señalado la portavoz. Alegría ha reiterado que tienen «respeto a la justicia» y así lo han manifestado siempre. Pero que eso «no es contradictorio a manifestar una opinión».
Para Moncloa, «el PP ha querido crear una falsa polémica».
Sobre el desarrollo del juicio oral, la portavoz ha destacado que se han podido escuchar múltiples declaraciones y que «es interesante reflexionar un poco» sobre lo vivido. En este punto ha destacado que «no se han establecido pruebas» contra García Ortiz y que «numerosos testigos» han declarado tener la información sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes que el fiscal General.
También ha cargado contra el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, «que ha reconocido que filtró y mintió». «A partir de ahí a quien le corresponde juzgar es a los jueces. No hay intromisión, hay respeto a la justicia. Seguimos manteniendo la confianza en el fiscal General», ha añadido. Informa Miguel Muñoz.
La ministra de educación, formación profesional y deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
13:22
El abogado del Estado protesta ante lo que considera «un elemento capcioso» esgrimido por la acusación
El abogado del Estado protesta porque el letrado de la
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha introducido «un elemento capcioso» al mencionar que Campos llamó a un teléfono del fiscal general del Estado diferente al que consta en el informe de la UCO. El informador no recuerda a qué teléfono de García Ortiz llamó. De hecho, Campos califica aquel 13 de marzo de 2024 como un día «de locos». El periodista relata, asimismo, sus indicaciones aquella tarde a sus compañeros de redacción para que no se hicieran eco del bulo de El Mundo. Informa Ana María Pascual.
13:06
Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER: «Mi noticia revela la verdad»
Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER especializado en tribunales, ha explicado ante el tribunal que, después de queEl Mundopublicara la información tergiversada que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, su fuente le dio el visto bueno a la posibilidad de publicar el contenido del email que Campos había podido ver horas antes. «Mi noticia revelaba la verdad», ha dicho el periodista. Su información contaba la realidad de lo que había ocurrido, a saber; que había sido la defensa de González Amador la que había ofrecido un pacto a la Fiscalía.
13:01
La declaración del periodista de La Ser apuntala la defensa del fiscal general
La declaración del periodista de La Ser apuntala, por tanto, la defensa del fiscal general, pues cuando Miguel Ángel Campos admite haber visto el correo de la confesión, Álvaro García Ortiz aún no disponía de él, ya que se lo reenvió la fiscal Pilar Rodríguez la noche del 13, mientras el informador lo había visto ya por la tarde. En concreto, sobre las 15.30 horas. Informa Ana María Pascual.
12:48
Miguel Campos, periodista de la SER: «El fiscal general del Estado no es mi fuente»
Miguel Ángel Campos admite que después de leer el correo llamó a decenas de fuentes para ver si podía llegar al mismo resultado por otras vías, entre otros a Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso, pero no logró hablar con él.
A las 23.10 horas le puso un mensaje a Neira, admite Campos, que dice que «eligió no mandar ese mensaje a Neira por la tarde» por si «al levantar la liebre, como decimos en la profesión, se intentaba reventar la información en un medio afín a la Comunidad de Madrid«.
La noche del 13 de marzo El Mundo publicó la noticia tergiversada sobre el pacto de la Fiscalía al novio de Ayuso. Campos estaba viendo un partido de fútbol, «no había terminado la primera parte», recuerda. El letrado de González Amador expone que Campos llamó a las 21.38 horas a García Ortiz, según la información facilitada por Movistar. «Fue una llamada que no contesta y no devuelve», asegura Campo.
«El fiscal general del Estado no es mi fuente», confirma con rotundidad Campos ante las preguntas del abogado de González Amador, y detalla que si no mencionó la llamada durante su testifical en la instrucción porque no fue una llamada contestada. Informa Ana María Pascual.
12:35
Miguel Campos asegura que no difundió el contenido del correo porque su fuente le pidió que no lo hiciera
El periodista Miguel Ángel Campos explica que tras escuchar la rueda de prensa de Ayuso del 13 de marzo, en la que denuncia que era mentira que Hacienda investigara a su pareja y que era la Agencia Tributaria la que debía 600.000 euros a su novio, se puso a investigar y, a primera hora de la tarde, una fuente le desmiente las palabras de la presidenta de la Comunidad Madrid, si bien Campos ha invocado su derecho al secreto profesional para no decir quién es esa fuente. «Él me dice vente a mi despacho y te lo demuestro», prosigue el informador
Campos detallas que en el ordenador de su fuente pudo leer el correo de la confesión del novio de Ayuso. «¿Lo vio usted entero el correo, las fechas, los nombres, pero no vio el PDF adjunto?», le pregunta el letrado del novio de Ayuso. «En efecto», contesta.
A continuación, el periodista de la Cadena SER, explica ante el tribunal que su fuente le llamó cuando estaba en el taxi de vuelta a la redacción y le pidió que no publicase nada, «porque nos podemos meter en un lío», porque eran «datos que afectaban a la intimidad», y porque «no sabía cuánta gente podía tener acceso al correo». Informa Ana María Pascual.
12:19
Arranca la declaración de Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER
Comienza la declaración de Miguel Ángel Campos, primer periodista en revelar que fue Alberto González Amador el que buscó un pacto con la Fiscalía para no ir a la cárcel por sus presuntos delitos fiscales, y no al revés, como había difundido Miguel Ángel Rodríguez. Informa Ana María Pacual.
11:54
El fiscal Agustín Hidalgo
refuerza la tesis del fiscal sobre el borrado: «Reduce los riesgos de seguridad»
«La eliminación de datos que son innecesarios contribuye a reducir los riesgos de brecha de seguridad, para minimizar el riesgo de que se usen de manera fraudulenta», indica Agustín Hidalgo de Morillo, en la línea de la defensa del fiscal general respecto a que borró sus mensajes por motivos de seguridad. Preguntado por la abogada de García Ortiz sobre si la obligación de aplicar las pautas de seguridad se intensifica en los terminales que albergan información sensible y reservada, Hidalgo de Morillo responde tajante: «Por supuesto». Para terminar su declaración, el fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado ha asegurando que no existe obligación de que los miembros de la Fiscalía, incluido el fiscal general, le comuniquen si han cambiado de móvil. Informa Ana María Pascual.
11:45
El delegado de Protección de Datos, sobre el borrado de los mensajes: «Tiene la facultad de destruirlos»
Hidalgo de Morillo, preguntado por el abogado del novio de Ayuso sobre si le informaron de los correos que se enviaron a una cuenta de Gmail de Álvaro García Ortiz y de su borrado, así como del cambio de terminal móvil, el fiscal contesta que no a todo ello. Es entonces cuando el abogado de González Amador le ha inquirido por el borrado del fiscal general del Estado de los mensajes de su móvil, uno de los indicios que señala el escrito de acusación contra García Ortiz, a lo que ha respondido: «Tiene la facultad de destruirlos; tiene que ser responsable y si no existe un protocolo claro, como me parece que no lo hay, tiene la potestad para destruirlos». Informa Ana María Pascual.
11:31
El fiscal delegado de Protección de Datos asegura que González Amador no se comunicó con él
Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, ha declarado ante el tribunal que nunca recibió ninguna reclamación proveniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado referida a la
filtración de la denuncia y el expediente tributario de González Amador. Y añadido, dirigiéndose al abogado de González Amador: «En el caso de que, por ejemplo, su patrocinado se hubiera dirigido a mí, que no lo ha hecho, yo le hubiera dado una respuesta sobre las cuestiones planteadas».
11:20
El fiscal Agustín Hidalgo niega que la filtración del correo constituya una vulneración de seguridad
Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal del Tribunal Supremo y desde 2018 delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, explica –en referencia a la nota de prensa– que esta «no constituye una vulneración de la seguridad». Este veterano fiscal indica, con detalle, que la normativa de protección de datos requiere que el interesado por una filtración, como en este caso, sea «proactivo», «tiene que dirigirse a la Fiscalía, cosa que en este caso no ha ocurrido».
Hidalgo de Morillo detalla, ante la insistencia del letrado del novio de Ayuso que pregunta sobre su responsabilidad para investigar la filtración, que su cargo «tiene autonomía pero no puede excederse en el ejercicio de sus funciones». Informa Ana María Pascual.
11:11
Una asociación de abogados denuncia «falta de neutralidad» del ICAM como acusación popular
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) ha denunciado «la falta de neutralidad» del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) durante su actuación como acusación popular en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
11:08
Finaliza la declaración de María Antonia Sanz y llega el turno del fiscal Agustín Hidalgo
Ha concluido la declaración de la fiscal María Antonia Sanz y comienza el interrogatorio de Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado.
11:04
La fiscal jefa de Inspección fiscal
detalla que la Fiscalía llegó a abrir su propia investigación
Comienza el turno de María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección fiscal FGE. Propuesta como testigo por la APIF (Asociación Profesional e Independiente de Fiscales), Sanz Gaite detalla que la Fiscalía sí llegó a abrir dos expedientes (a raíz de sendas denuncias de Manos Limpias y del colegio de abogados de Madrid); que después unificó en uno solo porque trataban de lo mismo.
Sanz Gaite explica que más tarde les llegó la noticia de que se había incoado un procedimiento penal del TSJ de Madrid. «Entonces dicté decreto de 10 de mayo de 2024, dejando en suspenso el trámite de ese expediente, porque decaía nuestra competencia«, indica para explicar por qué se suspendió el expediente. Informa Ana María Pascual.
10:48
Ribón: «Actuamos ante la nota de prensa que lanzó la Fiscalía» y «no ante la publicación de ninguna noticia»
Sobre el correo del 12 de marzo de 2024, en el que el fiscal Julián Salto recuerda que un pacto de conformidad con el novio de Ayuso aún era posible, respondiendo a la petición del abogado de este de llegar a un acuerdo al reconocer dos delitos fiscales, Ribón no se pronuncia, a preguntas del abogado del Estado, y solo señala el correo filtrado, el del día 2 de febrero de 2024, precisamente el mail donde se manifiesta dicha confesión por parte del abogado del novio de Ayuso, González Amador.
Preguntado por el abogado del Estado, que defiende a García Ortiz, por los hechos «concretos» que pusieron en cuestión la labor de la Fiscalía, Ribón se mantiene enrocado en la misma consigna: «Actuamos ante la nota de prensa que lanzó la Fiscalía» y «no ante la publicación de ninguna noticia». De esta manera, rechaza contestar a la noticia deEl Mundo del 13 de marzo, conteniendo el bulo orquestado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Informa Ana María Pascual.
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, a su llegada a la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, en el Tribunal Supremo.
10:38
Ribón asegura que la decisión de tomar acciones legales fue por la «ruptura de la confidencialidad»
Eugenio Ribón, decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), dice que la Junta del Colegio tomó la decisión de iniciar acciones judiciales contra la Fiscalía por la «ruptura de la confidencialidad» entre abogado y fiscal, a la vista de la nota de prensa difundida por la Fiscalía Provincial de Madrid para desmentir el bulo del entorno de la presidenta Ayuso sobre los delitos fiscales de su pareja. Informa Ana María Pascual.
10:31
El decano del colegio de Abogados asegura que la nota de la Fiscalía provocó «alarma» en la Abogacía
El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, relata ante el tribunal que cuando la Fiscalía difundió una nota de prensa para detallar los pormenores de cómo se había producido la solicitud de pacto fiscal por parte de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
«Tanto el resto de los compañeros de la junta de la junta de gobierno como yo mismo comenzamos a recibir multitud de llamadas, multitud de mensajes, pues con honda preocupación de los compañeros», explica. Es entonces cuando, según señala Ribón, pide hablar con la fiscal de la audiencia superior de la Audiencia Provincial, Pilar Rodríguez.
«Pido que se acceda a esa nota por lo insólito que resultaba y lo difícil de creer (…). Una vez que me facilitan la nota, viendo que la nota tiene el sello por parte de la fiscalía de la Audiencia Provincial, envío un mensaje ese mismo día a doña Pilar Rodríguez, solicitándole hablar con ella», detalla Ribón. Informa Ana María Pascual.
10:22
Una asociación de abogados carga contra el Colegio de Madrid por personarse como acusación en el juicio
La Asociación Libre de la Abogacía ha hecho público este martes un comunicado en el que lamenta la «falta de neutralidad» mostrada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de su decano, Eugenio Ribón, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que el ICAM está personado como acusación.
En su escrito, denuncian la «inusitada celeridad» con la que Ribón ha decidido personarse como acusación, mediante un «despliegue sin precedentes» de actuaciones contra el fiscal general del Estado, así como por posicionarse «de forma jurídicamente innecesaria, conforme a las tesis de la defensa» de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
10:12
Arranca la cuarta jornada del juicio contra García Ortiz
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha comenzado con la cuarta sesión del juicio por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, con la declaración como testigo de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. En esta jornada también prestarán testimonio Antonio Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal de Fiscalía General; Agustín Hidalgo de Murillo, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General; y tres periodistas de Cadena Ser, El País y El Plural.
09:31
La Asociación de Fiscales acusa a Sánchez de «inmiscuirse en la función de juzgar»
La Asociación de Fiscales (AF) ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se ha inmiscuido en la función de juzgar», acusándole de «presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales».
09:04
Turno para el decano del Colegio de abogados de Madrid y más periodistas
El Tribunal Supremo reanuda este martes el juicio al fiscal general del Estado con una jornada en la que declaran cinco testigos, entre ellos el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, o el periodista que desveló el correo con la confesión de dos delitos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
«Desde
el 7 de octubre de 2023, no se producen operaciones de exportación de armas
españolas a Israel». Lo ha repetido el ministro de Asuntos Exteriores, José
Manuel Albares, cada vez que se le ha preguntado por qué el Gobierno no
decretaba un embargo total para impedir que material bélico fabricado en España
terminara matando, o ayudando a matar, a palestinos en Gaza. No obstante, esa
suspensión ha estado lejos de ser eficaz. De hecho, el embargo legal, consagrado
en una norma jurídica, no ha existido hasta hace un mes, cuando el Congreso
convalidó el real decreto ley de medidas urgentes contra el genocidio en la
Franja aprobado en Consejo de Ministros en septiembre. Además, el Gobierno tardó un año en anunciar que paralizaba las adjudicaciones de contratos públicos
a empresas de armas israelíes. Lo hizo la ministra de Defensa, Margarita
Robles, en octubre de 2024. Y, según precisó entonces, las licencias de
exportación pendientes no correspondían a armas, sino a «repuestos», que
también estaban paralizadas.
Posteriormente,
en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, el 25 de marzo
de 2025, la secretaria de Estado de Comercio, María Amparo López Senovilla, reveló
que las autorizaciones de exportación a Israel eran «temporales y exclusivamente de
material para reparación y mantenimiento, cuyo usuario final es el Ministerio
de Defensa español para el suministro y actualización de sistemas esenciales
para nuestras Fuerzas Armadas».
Hubo
que esperar a que se aprobara el embargo legal para que el Gobierno cancelara
los primeros contratos previamente adjudicados a empresas israelíes o empresas
españolas que comercializan sus productos, una decena, incluidos algunos de
mantenimiento de equipos.
Según
documentos compartidos por el medio de investigación irlandés The Ditch y verificados por Público, dos
empresas radicadas en España hicieron sendos envíos a Israel en 2024 y 2025, mientras
la guerra en Gaza estaba en pleno apogeo.
Airbus,
el gigante europeo del que España posee un 4,1% a través de la SEPI (Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales), junto con Alemania y Francia –con un
10,8% cada uno–, mandó a Israel el 2 de agosto de 2024 cuatro pallets con unas
torretas que pesaban en total 200 kilos y habían salido de su factoría de
Getafe (Madrid). Para ello utilizó un vuelo regular de Air Europa Madrid-Tel
Aviv, que aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion y pasó las aduanas sin problemas,
tal y como muestran los registros de la Autoridad Fiscal israelí, consultados
por este periódico. Su destino final era la ciudad de Rehovot, donde tiene su
sede la principal compañía de armas de Israel, Elbit Systems.
Blanch
Internacional, una firma española del sector de defensa, con sede en Alcobendas
(Madrid), envió el 7 de mayo de 2025 dos paquetes con equipos electrónicos que
pesaban seis kilos. Lo hizo en un vuelo regular de la línea israelí El-Al que salió
de Barajas y aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion a las 17:25 de la tarde.
También pasaron el control aduanero en Tel Aviv sin incidentes. Su destino, las
instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Lod.
Tarjetas electrónicas
Público ha preguntado a
Airbus y Blanch Internacional por estos dos cargamentos. La multinacional
europea se ha limitado a responder que «cumple con la legislación nacional y
europea sobre exportación de equipos de defensa». Y se ampara en el carácter «confidencial» de los detalles relativos a equipos de sus clientes para no responder a las
preguntas que le ha formulado este periódico y que se pueden consultar al final
de esta información.
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Por
su parte, Blanch Internacional asegura que su envío consistió en unas «tarjetas
electrónicas» que debía reparar el fabricante porque «estaban en garantía». Después,
tenían que volver a España. Precisa que no son material bélico. «Convierten datos
de otros componentes electrónicos y los procesan, pueden amplificar las
señales, filtrar y reducir voltajes y convertir señales analógicas a digitales.
Se reparan analizado los componentes en bancos de prueba del fabricante y luego
sustituyendo componentes como condensadores y diodos», explica la empresa, que
sin embargo no revela si pueden utilizarse en equipos de defensa. Blanch
Internacional, que se describe a sí misma como una firma de «ingeniería de
telecomunicaciones con capacidad de integración», asegura que su relación con
Elbit Systems es «la misma que con cualquier otro proveedor o empresa de
ingeniería de cualquier parte del mundo».
El Ministerio de Economía, del que depende la Secretaría de Estado de Comercio, no ha querido responder a las preguntas de Público sobre estos dos envíos, acogiéndose al carácter secreto de las actas de la
Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que aprueba las licencias de exportación de armas. «Las actas constituyen documentación clasificada conforme a la Ley sobre Secretos Oficiales», alega. Lo que no le impide sostener al mismo tiempo que España cuenta con «uno de los sistemas de control de exportaciones de material de defensa y doble uso más rigurosos, garantistas y transparentes del mundo«. Las autorizaciones, añade, se examinan «caso a caso, con informes técnicos, información de inteligencia y valoración jurídica». Por lo que, a su juicio, está garantizado que cada exportación responde a «criterios objetivos, verificables y plenamente ajustados al Derecho internacional».
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Sidenor,
AMC Mecanocaucho, Nammo Palencia
Sin embargo, los dos envíos antes citados se añaden a otros que han goteado en los medios de comunicación a lo
largo de los dos últimos años. The Ditch reveló que, desde agosto de 2024, la
empresa vasca Sidenor ha vendido 1.207 toneladas de acero al fabricante de
armas Israel Military Industries Limited (IMI), adquirida por Elbit
Systems en 2018: 393 toneladas a bordo del MV Vela el 4 de junio de 2025; 306 toneladas el 20 de mayo en el Zim Atlantic, y 290 toneladas el 7 de
agosto de 2024 en el Zim Eagle.
La
Audiencia Nacional acaba de abrir una investigación al presidente de la
compañía, José Antonio Jainaga Gómez, y a otros dos directivos por contrabando
y complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio. Según el juez Francisco
de Jorge, la firma vasca exportó el acero a Israel con «pleno
conocimiento» de que IMI es un fabricante de armas y de que el material
vendido iba a ser utilizado para fabricar armamento.
Además,
según la denuncia en el origen de la causa, la venta de acero se llevó a cabo «sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin
inscribirse en el registro correspondiente».
Otra
empresa vasca, AMC Mecanocaucho exportó 485 kilogramos de
soportes antivibratorios –utilizados en vehículos, pero también en otros
equipos– que acabaron en la planta de guerra electrónica de Elbit Systems en
Holon. El material salió del aeropuerto de Vitoria-Gasteiz el 12 de septiembre
en un vuelo de DHL. Según comprobó The Ditch, la aeronave con las piezas de AMC
Mecanocaucho a bordo aterrizó en al aeropuerto de Leipzig, en Alemania. Al día
siguiente fueron transportadas en otro vuelo de DHL hasta Tel Aviv.
Antes,
en noviembre de 2023, Nammo Palencia, filial de la multinacional
noruego-finlandesa del mismo nombre, vendió municiones por importe de casi un
millón de euros a Elbit Systems. El Gobierno español precisó que se trataba de «munición sin explosivo de calibre medio» En esta ocasión, el cargamento llegó
a Israel por mar, y se desembarcó en el puerto de Haifa.
Contratos cancelados
El
embargo legal aprobado el pasado mes ha tenido un efecto inmediato en la
importación de suministros bélicos desde Israel. En estos dos últimos meses, el
Gobierno ha cancelado al menos una decena de contratos. El caso más notable es
precisamente el de Blanch Internacional, distribuidor en España de los
productos de Elbit Systems y sus filiales. Según puede comprobarse en la
Plataforma de Contratación del Estado, Defensa acaba de anular cinco
adjudicaciones a la compañía de Alcobendas, por importe de 2,4 millones de
euros. Se trata de contratos de suministro, mantenimiento o reparación de
cámaras térmicas, visores nocturnos y designadores láser, que permiten el
guiado preciso de bombas y misiles.
Antes
de que se formalizara el embargo legal, pero sólo porque la Cadena Ser reveló
su existencia, el Gobierno anunció la cancelación de la compra para la Guardia
Civil de 15,3 millones de balas 9 milímetros Parabelum, gracias a un contrato
de 6,6 millones de euros adjudicado a Guardian Defense & Homeland Security
SA, que aparece como «representante oficial en España de los principales fabricantes israelíes de material policial y militar». Fue en octubre de 2024 y la ocasión
utilizada por Margarita Robles para anunciar la suspensión de las compras de
armas a Israel y la paralización de las licencias para repuestos.
Activistas protestan ante la sede la aseguradora Allianz, por sus relaciones financieras con la empresa de armas israelí Elbit Systems.
Importaciones de 36,7 millones desde octubre de 2023
Según
el último informe del Centro Delàs de Estudios por la Paz, entre el 7 de octubre
de 2023 y el 31 de marzo de este año, Israel ha registrado importaciones de armas
y municiones desde España por valor de 5,3 millones de euros, un importe que
casi quintuplica los datos publicados por DataComex, la web de la Secretaría de
Estado de Comercio que elabora las estadísticas sobre comercio exterior. En
sentido inverso, las importaciones españolas desde Israel de material bélico en
esas mismas fechas sumaron 36,7 millones de euros. «España nunca ha importado
tanto [material bélico desde Israel] como tras el 7 de octubre de 2023», resume
el informe.
Además,
desde ese día, instituciones y organismos públicos españoles adjudicaron a empresas
israelíes de defensa al menos 46 contratos, por importe de 1.044 millones de
euros. La mayoría, detalla el Centro Delàs, correspondieron a dos empresas, Elbit
Systems y Rafael Advanced Systems.
En
cualquier caso, si lo que se envía a Israel son «componentes de armas» que no
se consideran «componente esencial», no necesitan licencia de exportación. Así
lo explica la Secretaría de Estado de Comercio en el informe de Datacomex donde
apunta un total de 160.905 euros en
exportaciones de ese tipo sólo entre enero y abril de este año.
Proveedor de Airbus y del Ejército israelí
Elbit
Systems es un proveedor habitual de equipos para Airbus. Por ejemplo, lleva
años suministrándole sistemas antimisiles que incluyen unas torretas compactas.
La guerra en Gaza no le impidió firmar en julio de este año un contrato de 223
millones de euros para adquirir a esta compañía israelí ese tipo de sistemas,
que se instalarán en aviones alemanes. Elbit Systems provee hasta el 85% de los
equipos militares terrestres y de los drones a las Fuerzas de Defensa de
Israel. Y Airbus presume no sólo de ser uno de los principales fabricantes de
aviones de transporte militar, sino también «el principal socio industrial del
Ministerio de Defensa y del Ejército del Aire» españoles. Es más, destaca en su
página web que lidera desde España su negocio de defensa. En Getafe, el tercer
centro por tamaño de Airbus, ensambla el Eurofighter, el caza europeo, y
convierte en aviones militares los A330. Unas 14.000 personas trabajan en sus
ocho centros españoles. Se atribuye 2.800 millones de euros del PIB nacional y
el 60% de las exportaciones españolas del sector de defensa y aeroespacial.
A
su lado, Blanch Internacional es casi una empresa familiar, aunque tiene oficinas en Portugal y Estados Unidos. Fue fundada en 1997 por los herederos
del almirante general Carlos Buhigas García, breve jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas Españolas entre 1975 y 1977. Y padre de Carlos
Buhigas Viqueira, que declaró como testigo en el juicio por las escuchas del
Cesid, en el que se condenó a Emilio Alonso Manglano y a Juna Alberto Perote a seis meses
de cárcel por un delito continuado de interceptación ilegal de las comunicaciones
telefónicas: habían espiado durante una década a políticos, periodistas y personajes
públicos, desde el Rey hasta el empresario José María Ruiz Mateos pasando por
los directores de El Mundo y Abc, Pedro J. Ramírez y Luis María
Anson. En el juicio, Carlos Buhigas declaró que había suministrado «material técnico» al Cesid, el predecesor del CNI. Se trataba de sistemas de escucha. En el Registro
mercantil figuró como administradora única hasta 2013 su esposa, María José García
Blanch, y desde entonces son administradores solidarios sus dos hijos, Pablo y
Astrid Buhigas García.
Según
anuncia en su página web, Blanch Internacional ha conseguido contratos con los
ministerios de Defensa de España y Portugal, así como con los «servicios de
inteligencia» de ambos países. Las cuentas de 2024 que depositó en el Registro Mercantil
revelan una facturación de 3,58 millones de euros, un 46,7% más que el
ejercicio anterior. Sus administradores las cierran con una cautela: «Como [la
empresa] se basa en contratos con las administraciones públicas, el Ministerio
de Defensa, la Dirección de la Guardia Civil y la Policía, y es material de
defensa, se regirá en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos políticos
a nivel nacional y mundial».
Las preguntas que Airbus no contesta
1. ¿Eludió
Airbus la suspensión de exportaciones a Israel del Gobierno español con el
envío de este cargamento? ¿O le dio el Gobierno español licencia para
exportar esas torretas a Israel?
2. ¿Puede indicar exactamente qué tipo de equipamientos envió, cuáles son las características técnicas de esas torretas y para qué se utilizan en Israel?
3. ¿Cuál fue el importe del contrato?
4. ¿Ha hecho Airbus más envíos a Israel desde octubre de 2023 hasta ahora, además del citado? Si es así, ¿de qué tipo?
En solo dos años, desde enero de 2024 hasta el pasado mes de octubre, Ryanair y Vueling acumulan hasta 14 condenas en España por el fraudulento recargo del equipaje de mano en cabina. La última de ellas, fechada el pasado 30 de septiembre de 2025, obliga a Vueling a reembolsar a unos pasajeros el suplemento de 112 euros que tuvieron que abonar para subir al avión con sus maletas de mano.
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La sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla, contra la que no cabe recurso, impone además los intereses legales acumulados desde la interposición de la demanda. «Dichas maletas, por su peso y dimensiones, son las que habitualmente se transportan en cabina, entendiendo que no se le puede exigir a los pasajeros el cobro de un suplemento por llevar dicho equipaje de mano en cabina. De otro modo, se están infringiendo los derechos de los pasajeros que les reconoce el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, circunstancia que genera un desequilibrio de prestaciones entre las partes, en perjuicio de los consumidores», remata el texto legal.
Se trata de la séptima sentencia lograda por FACUA contra las aerolíneas lowcost por el fraude del equipaje de cabina en los últimos meses. Asimismo, según los datos y documentos oficiales recabados por Público, a esta cifra se suman al menos otras siete condenas contra ambas compañías, resultando 14 en los últimos dos años.
En total, los diferentes tribunales de instancia han obligado a devolver a los pasajeros (intereses aparte) 1.716 euros por el cobro de dicho recargo a través de nueve condenas en firme a Ryanair y cinco a Vueling.
«La pareja que ha ganado esta nueva sentencia trasladó su caso a la asociación para que reclamase en su nombre por el dinero que tuvieron que pagar de más para poder volar a Lanzarote con su equipaje en cabina», narra Facua, que anima a demandar unas prácticas abusivas que comenzaron a implementarse a partir de 2018 por parte de las aerolíneas de bajo coste. «Cabe destacar que este tipo de demandas no tienen ningún coste para el usuario, ya que no es obligatorio interponerlas con abogado ni procurador», agregan desde la organización.
En el marco de la lucha contra esta y otras prácticas abusivas, como el suplemento por reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes, el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy sancionó en noviembre de 2024 por un importe de 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea.
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Asimismo, aunque las sanciones se encuentran recurridas en vía judicial y la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España por no permitir que las aerolíneas apliquen dichos cargos adicionales, estas medidas siguen en curso. «La Comisión Europea no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE», añadieron desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Argumentos jurídicos de sobra
Lo cierto es que esta cuestión ha sido resuelta constantemente en los tribunales españoles a favor de los consumidores. Las distintas sentencias correspondientes al plazo mencionado a las que ha tenido acceso este medio tienen varios denominadores en común. Por un lado, citan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de septiembre de 2014, en la que concluía que había que
distinguir entre el equipaje facturado y el no facturado.
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«En cambio, por lo que se refiere al equipaje no facturado, es decir, el equipaje de mano,
debe señalarse, con objeto de ofrecer una respuesta completa al órgano jurisdiccional
remitente que tal equipaje debe considerarse, en principio, un elemento indispensable del
transporte de los pasajeros y que su transporte, por consiguiente, no puede ser objeto de un
suplemento de precio, siempre y cuando dicho equipaje responda a las exigencias razonables
relativas a su peso y dimensiones y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».
Además de aplicar la doctrina del TJUE de 2014, estas decisiones judiciales aluden también a la resolución del Parlamento Europeo del 4 de octubre de 2023, que reafirmó el derecho de los pasajeros a transportar su equipaje de mano en cabina «de forma gratuita, sin incurrir en cargos adicionales y abusivos».
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Estos enfoques se alinean con el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, el cual establece que «el transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de
mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo, incluidos los adquiridos en las tiendas situada en los
aeropuertos. Únicamente, podrá denegarse el embarque de estos objetos y bultos en atención a razones de
seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto, en relación con las características de la aeronave».
14 sentencias solo en casi dos años
En cuanto a las sentencias, la primera de los últimos dos años (desde Facua aseguran que se han sucedido decenas desde 2018) fue emitida el 21 de febrero del 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pontevedra, que condenó a Ryanair a reembolsar 91 euros.
El 20 de marzo de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Santiago de Compostela hizo lo propio, condenando a la aerolínea irlandesa a devolver 184 euros. El 1 de mayo de 2024, el Juzgado mercantil 4 de Palma de Mallorca condenó a Vueling a abonar 60 euros. El 2 de septiembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia 1 de Valencia falló en contra de Ryanair, condenándole a pagar 96 euros.
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El 11 de octubre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz obligó a esta compañía a devolver a un socio de FACUA los 116 euros que tuvo que pagar como extra por viajar con su equipaje de mano.
El 21 de octubre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia 18 de Valencia hizo lo propio contra Vueling, teniendo que abonar 41 euros. El 27 de noviembre de 2024, el Juzgado de Primera Instancia 5 de Alzira obligó a Ryanair a reembolsar a un afectado 140 euros.
El 17 de febrero de 2025, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de San Sebastián también condenó a Vueling a abonar 11 euros. El 25 del mismo mes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Huesca condenó a Vueling al pago de 315 euros. El 27 de marzo de este año, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vitigudino, en Salamanca, hizo lo propio con la compañía irlandesa, teniendo que pagar 147 euros. El 7 de abril de este año, el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid también condenó a esta aerolínea a pagar 45 euros. Y ese mismo día, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ciudad Real falló contra Ryanair y le obligó a abonar 46 euros. Cabe destacar que estas cinco últimas condenas fueron impulsadas por FACUA.
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Por último, las dos sentencias condenatorias sobre este asunto fueron emitidas en el mes de septiembre. Además de la impulsada contra Vueling por esta organización, mencionada al principio de la información, el Juzgado de Primera Instancia 22 de Sevilla hizo lo propio contra Ryanair, obligándole a pagar 312 euros.
Año 1975. El Sáhara Occidental es una colonia española. Es más, el régimen de Franco la considera la provincia número 53. El dictador agoniza y durante varios meses los acontecimientos se suceden de manera frenética. En mayo, la ONU envió una misión al territorio y se encontró con manifestaciones organizadas por el Frente Polisario, movimiento de liberación saharaui creado años atrás.
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En octubre, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya condenó las pretensiones anexionistas de Mauritania y Marruecos sobre el territorio saharaui. España se comprometió a realizar un referéndum de autodeterminación. Por su parte, el rey marroquí Hassan II anuncia su intención de anexionarse el Sáhara Occidental mediante una manifestación de la población civil a la que denominó la Marcha Verde. A las personas civiles les acompañaban también las tropas. Una ocupación.
Cerca de 350.000 marroquíes se pusieron a disposición y comenzaron su ruta el día 6 de noviembre de 1975. Se cumplen ahora 50 años desde esta fecha, una de las marcadas en rojo en la memoria tanto de saharauis como de españoles. La historia de lo que sucedió después se resume en una salida de los militares españolas, la cesión ilegal del territorio, una cruenta guerra que provocó el exilio de miles de saharauis hacia el desierto argelino, la construcción de un muro por parte de Marruecos, una ocupación que continúa a día de hoy y la incapacidad de la ONU y la comunidad internacional de solucionar este largo conflicto.
Aquellas fechas de 1975 dejaron huella en muchas personas que lo vivieron en primera línea desde diferentes perspectivas. Público ha contactado con varios de los protagonistas de un suceso al que los saharauis llaman «Marcha Negra» y muchos de los militares españoles de la época califican de «traición» histórica hacia lo que entonces eran sus compatriotas.
La adolescencia en El Aaiún
«21 de julio de 1971. Me acuerdo perfectamente de ese día cuando pisé por primera vez El Aaiún». Son palabras de Fernando Íñiguez, periodista musical durante décadas en nuestro país. Su padre, Miguel, era militar y había sido destinado al Sáhara Occidental meses antes. Fernando tenía entonces 14 años y en su casa ya resonaba lo que era el territorio saharaui. «Teníamos todos amigos que habían estado, compañeros de mi
padre», explica. Miguel Íñiguez había hecho ya a mediados de los años 60 prácticas militares en la colonia española.
«Nos vamos para el Sáhara», les dijo su madre. Su padre ya estaba allí desde abril. Fernando, junto con dos de sus hermanos, se plantaron en el piso en el que ya habitaba Miguel. Lo que más recuerda Fernando de aquellos días es el contraste en el modo de vida entre un Madrid inmenso y la capital saharaui. «Estaba todo a menos de cinco minutos andando. Para mí fue un
sueño, era un paraíso porque en Madrid salía de mi casa a las 7 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde», describe.
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«Lo primero que hicimos fue ir a la piscina y al tercer o cuarto día ya estaba metido en el equipo de waterpolo y el de natación», recuerda. Ese primer verano Fernando ya hizo muchas amistades. En el instituto, mixto, había tanto españoles como saharauis. Y en ese contexto comenzó a frecuentar «guateques» en los que sonaban bandas como Pink
Floyd, Rolling Stones o Led Zepellin. «Hay canciones concretas de mi vida que cuando las oigo vuelvo allí», afirma. Una de ellas sobresale por encima de todas: Mamy Blue, de Los Pop Tops. Fernando vivió allí las «primeras veces» de cualquier adolescente en un ambiente diferente.
Piscina en El Aaiún en los años 70.
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Tras tres años se marchó a estudiar periodismo en Madrid en 1974. A su padre le cambiaron de destino en agosto de 1975. «Ya se
hablaba de que el Sáhara había que entregarlo, no se sabía cómo», señala Fernando, que recuerda que de manera progresiva muchos españoles fueron abandonando el territorio ya un año antes de la Marcha Verde. Padre e hijo volvieron a El Aaiún en octubre de 1975 para un acto de condecoración a Miguel, que había ejercido nada menos de que Jefe del Estado Mayor en el Sáhara. Allí pudo comprobar cómo ya quedaba muy poca gente de los de antes, profesores incluidos. «Había una sensación de que iba a pasar algo», afirma.
«Había una sensación de que iba a pasar algo», recuerda Fernando Íñiguez sobre los días previos a la Marcha Verde
La Marcha Verde se fue concretando. «A mi padre le sentó mal, pero era muy militar y muy disciplinado», señala Fernando. En 2005 Miguel escribió un artículo en El País. «Muchos compañeros se sintieron frustrados. Este sentimiento colectivo de frustración lo recoge, mejor que ninguna otra forma de expresión, una afortunada y escueta frase cuando se procedió a dar cumplimiento a la orden recibida: se acató sin alegrías, pero se obedeció con la mayor disciplina«, relató entonces.
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«Yo lo viví cabreado», resume Íñiguez. Su corazón y su relación con los saharauis hizo que participara en sus primeros años de carrera en Madrid en acciones de apoyo al Frente Polisario, como montar un puesto de venta de calendarios solidarios. «Mis compañeros de universidad me llamaban ‘Poli’, en referencia al Polisario», recuerda. Tras unos años de desvinculación, reconoce, volvió a unirse a la causa saharaui hasta el día de hoy. En su primer viaje a los campamentos de Tinduf en el año 1988 se reencontró con un saharaui compañero de clase. Él había sido guerrillero contra Marruecos. «Qué
vida tan diferente a la mía con lo parecida que fue cuando teníamos 14 años», reflexiona.
Imagen de la Marcha Verde impulsada por Marruecos desde el 6 de noviembre de 1975
La visión de los jóvenes militares españoles
«Yo era
deportista y no tenía ni idea de lo que era el Sáhara, no sabía nada». Quien habla es Fernando Peraita al recordar cuando le destinaron a El Aaiún en 1974 a hacer el servicio militar obligatorio, la ‘mili’. Sus primeros recuerdos no son buenos. «Todos estábamos muy asustados», señala. Comenzó con la formación militar en el campamento de la playa. «Era una vida normal de soldado en un sitio que no
tenía nada que ver contigo. Tenía
la sensación de que te mandaban a un sitio que te decían que era España pero
tú no lo tenías tan claro», destaca.
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Peraita comenzó a tener relación con algunos saharauis a través de jugar en el equipo de baloncesto. «No era una relación política con el Polisario», apunta. No fue hasta finales de septiembre de 1975 cuando comenzó a notar la tensión. «Hablaban de que si Marruecos iba a atacar El Aaiún, empezó a irse mucha gente joven, sabíamos que allí iba a pasar algo. Alguna vez tocaron alarma general y nos montaron en los camiones cargados de granadas, se decía que íbamos al frente, que Marruecos iba a atacar la frontera», recuerda.
A Peraita y sus compañeros les dieron la orden de rodear los barrios saharauis con alambradas. «Ahí ya sentí que íbamos a abandonar a
los saharauis y que el Gobierno iba a hacer alguna
jugarreta», afirma. «Los
militares, como siempre muy farrucos, decían que no, que iban a
defender al Sáhara hasta la última gota de sangre. Pero se veía una situación mala», añade. Peraita, por su puesto militar, recibía telegramas que apuntaban a los combates entre saharauis y marroquíes. «Me impactó mucho porque fue muy terrible saber que a los saharauis los estaban matando», apunta.
«Sentí que íbamos a abandonar a los saharauis y que el Gobierno iba a hacer alguna jugarreta», afirma Fernando Peraita
El 29
de noviembre a Peraita le tocó ir a buscar al
ejército marroquí a la carretera para escoltarles hasta el cuartel español. «Les metimos a nuestro cuartel y ellos
entraban por una puerta y nosotros por la otra», señala. El 1 de diciembre de
1975 lo montaron en un avión dirección a Las Palmas y desde allí regresó a Madrid. «Los oficiales estaban viviendo un momento de vergüenza
para ellos y la sensación era de humillación», recuerda.
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Miembros del Frente Polisario durante la guerra con Marruecos en 1981.
Ya en España, Peraita comenzó su labor política en apoyo de la causa saharaui. Iba a manifestaciones y participó en las primeras asociaciones solidarias. Fundó también la organización Sodepaz y años después fundó la Asociación de Amistad del pueblo saharaui de Sevilla, de la que todavía hoy es presidente.
José Taboada o Pepe, como le conoce todo el mundo, tampoco tenía ni idea del Sáhara Occidental cuando le tocó ser destinado allí en 1974. Militaba ya en el Movimiento Comunista (MC), por lo que su conciencia política estaba activa. Por ello comenzó a tener contacto de manera clandestina con integrantes del Polisario con los que conversaba en lugares como los baños árabes. «Me preguntaban si creía que les íbamos a vender y entregar a Marruecos», recuerda.
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«Nosotros le dábamos a los saharauis planos de las pistas, de los sitios de los pozos de agua, le dábamos cuestiones logísticas, zapatos, mochilas y hasta munición. Hacíamos todo lo posible para ya empezar a ayudar a las primeras células», explica. Llegado el momento de la Marcha Verde, incide en que no era una manifestación pacífica. «Era un teatro y detrás estaba ya enfrentándose el ejército marroquí a los primero comandos del Polisario. Un genocidio es lo que se intentó hacer con el pueblo saharaui que huían por el desierto y al que le bombardeaban con napalm y fósforo blanco. Hubiese sido exterminado completamente si Argelia no abre fronteras y les ayuda a entrar en su territorio», afirma.
Taboada habla de la «vergüenza» que sintió al dejar El Aaiún. «Los coches, las neveras, las televisiones de los canarios que llevaban muchos 30 años allí viviendo eran tirados en la bodega de los barcos. Era terrible ver cómo toda tu historia y tu patrimonio era metido por la fuerza en los barcos para llevarlo todo a Canarias», señala. Ante eso, hubo algunos oficiales que les dieron material también al Polisario. Taboada recuerda por ejemplo a Bernardo Vidal, «un gran capitán» de la Unión Militar Democrática «que ayudó mucho para el escape de muchos dirigentes saharauis».
«Un genocidio es lo que se intentó hacer con el pueblo saharaui que huían por el desierto», señala Pepe Taboada
A su vuelta a España no terminó su lucha política. «Desde el primer momento empezamos a hacer panfletos. Yo participaba en lo que podía, hacer reuniones y empezar a hacer charlas explicando que se estaba cometiendo un genocidio con un pueblo que vivía por el desierto», recuerda. La vida de Taboada ha estado marcada por el Sáhara Occidental. Ha sido presidente de CEAS-Sáhara durante muchos años, ahora lo es honorífico y el Frente Polisario le entregó la nacionalidad saharaui. En unos meses quiere publicar un libro con sus memorias.
El combate del Polisario y el exilio
Bachir Ahmed nació en Fuerteventura porque sus padres, saharauis, se habían trasladado allí. Pero al cabo de los años volvió al territorio saharaui. «La vida era tranquila y pacífica, la relación de la gente
era medianamente buena», recuerda. Destaca que «no había choques» aunque reconoce que los saharauis tenían los trabajos «más penosos» o que había desigualdades en el sistema educativo.
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«La
ruptura real y donde el pueblo saharaui se conciencia de que es una
colonia, de que estábamos explotados y que España está allí por unos
intereses sucede el 17 de junio de 1970″, rememora Bachir. Aquel día, conocido como el «levantamiento de Zemla»,
las autoridades franquistas apresaron al líder de la recién creada Organización Avanzada para la Liberación del Sahara, Bassiri, tras una protesta que reivindicaba el derecho a la independencia de la colonia. Fue detenido y nunca más se volvió a saber de él. «Quien creó la conciencia nacionalista fue España», argumenta este saharaui.
La relación cambia poco a poco hacia la desconfianza. De hecho, Bachir recuerda que todos los saharauis que podían ir a estudiar a la universidad en Madrid, él fue en el año 1974, tenían que estar «controlados» en el mismo Colegio Mayor. El Polisario va cogiendo fuerza y en mayo de 1975 la ONU comprueba su fuerza. «El Gobierno español se queda fuera de juego. Con esa reacción del pueblo saharaui y del Polisario ya quedan noqueados», señala.
«Cuando hablo de esto me duele mucho porque fue una traición grande, gente que estaba contigo y que te decía que no te preocuparas porque todos éramos españoles. Los saharauis nos creíamos la promesa de España, confiábamos plenamente. Creíamos que España iba a celebrar el referéndum y que Marruecos no tenía
nada que hacer porque España estaba dispuesta a enfrentarse», destaca sobre la Marcha Verde.
«Cuando hablo de esto me duele mucho porque fue una traición grande», destaca el saharaui Bachir Ahmed
Tan convencido estaba Bachir de la promesa que volvió a matricularse en la universidad en Madrid. A finales de noviembre salió hacia el desierto como miles de sus compatriotas. Bachir vio cadáveres, a los niños y ancianos huyendo sin vehículos, de noche, de día, con frío y hambre y las bombas caer. Su teoría, como la de otros muchos, es que todo fue pactado desde años antes. Actualmente vive en las Islas Canarias y ha sido escritor, sindicalista y economista.
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Daha Bullahi vive en los campamentos de población refugiada. Actualmente es presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas (ASAVIM). Nació en 1959 en uno de los más antiguos barrios de El Aaiún, llamado «Lata». «Recuerdo que todos vivíamos una vida normal cada cual y su forma de vivir. Hay quienes vivían de la ganadería como beduinos, otros comerciantes, otros militares y los jóvenes entre estudiantes y obreros», señala.
Al igual que el resto de personas consultadas, confiaba en España «hasta la última hora» porque eso es lo que les hicieron creer. «Los soldados de la Legión nos confirmaban que Franco les había dicho que no pasaría ningún marroquí», explica. «Los saharauis en general vivimos terror, nos sentimos muy mal porque nadie se puso a nuestro lado», añade. Bulahi fue directamente a las líneas del frente de fuego después de recibir 45 días de instrucción breve por el Polisario. «Vi muchas cosas que nunca hubiese querido ver», señalaba hace unos años.
«Los saharauis en general vivimos terror, nos sentimos muy mal porque nadie se puso a nuestro lado», dice Daha Bullahi
Su vida la ha dedicado en los últimos años a tratar de limpiar las zonas minadas que hay alrededor del muro construido por Marruecos. Él mismo sufrió sus efectos al perder todos los dedos de una mano. «Mi trabajo consiste en la asistencia a los sobrevivientes de las minas terrestres con el fin de minimizar los traumas que sufren», apunta.
A lo lejos, el muro construido por Marruecos para frenar al pueblo saharaui durante la guerra.
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Las mujeres saharauis
«No recuerdo nunca haber visto pelear a un saharaui y un español», ejemplifica Suelma Beiruk. Actualmente es ministra de
Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). «Siempre recuerdo lo bien que se convivía entre
los españoles y los saharauis en aquel entonces», afirma. Al igual que otros saharauis sitúa el 17 de junio de 1970 como fecha importante. Metieron en la cárcel a varios familiares suyos, «injustamente» porque se manifestaron «pacíficamente».
Suelma Beiruk, ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer de la RASD.
«La gente empezó a tener conciencia de reivindicar sus derechos, se empezó a decir que queríamos ya que España se retirara. Queríamos ser independientes«, recuerda. «Puedo
poner la mano en el fuego de que la inmensa mayoría de los españoles no querían
dejarnos solos.
Esto se cocinó a nivel de Madrid y de
algunos oficiales y militares», añade. Beiruk ya comenzó a trabajar con otros estudiantes saharauis en la clandestinidad en torno al Polisario con tan solo 13 años.
A la actual ministra saharaui no se le olvida el día en el que Marruecos ya estaba cerca de su ciudad. Tenía 15 años y un bebé recién nacido. «Vi que delante de la casa de mi familia había un montón
de mujeres, de niños. En el camino se paró un coche, con militar español llamado Fernando. Con las lágrimas en los ojos me dijo: ‘Suelma, los españoles os han engañado, el ejército marroquí ya está aquí, ya están entrando en los cuarteles'».
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«Queríamos ser independientes», incide Suelma Beiruk, actual ministra saharaui
«Me cuesta recordar. Me cuesta hablar de eso», reconoce Beiruk. «Me quedé como sordomuda,
asustada, no entendía nada. Corriendo hacia casa ya empecé a ver tanques
con banderas marroquíes. Eso es un trauma que dura hasta
el momento», recuerda emocionada en conversación con este medio. Con el bebé en brazos y de forma apresurada salió de su barrio hacia las afueras de El Aaiún. «Esa ha sido la noche más larga de mi vida y
creo que ha sido la más larga para todos los saharauis, escuchando niños llorando, gente preocupada, personas que caminaban en la oscuridad y los tanques y coches acercándose», recuerda.
Ya nunca volvieron a El Aaiún. El camino por el desierto fue largo y doloroso. La intención inicial, recuerda Beiruk, era quedarse en su territorio lejos de los bombardeos. «En el último momento se se acordó con Argelia que iba a ceder parte de su territorio para que la gente pudiera vivir mientras
hubiera guerra», destaca.
Las mujeres fueron clave para organizar los campamentos de población refugiada, al estar la mayoría de hombres luchando en el frente. «Se
recuerda con mucha tristeza pero también con mucha
fuerza de decisión, estábamos dispuestos a hacer todo para retornar», explica Beiruk. «Históricamente
la mujer saharaui ha sido siempre una mujer fuerte, una mujer que aporta a la
sociedad, una mujer que siempre ha tenido su papel importante. Pero de la noche al día nos encontramos ante una situación que no se conocía, empezar de cero a recibir a la población sin alimento, sin vestimenta, sin medicamentos, sin jaimas, sin casas, sin absolutamente nada», rememora. Beiruk destaca que nunca se olvidaron la enseñanza, ni en aquellos momentos.
Suelma Beiruk, en una imagen de los años 70.
Zahra Ramdam tenía también 16 años en 1975. «Los españoles respetaban las costumbres, la idiosincrasia y la cultura del pueblo saharaui. Eso era lo más importante para nuestras familias. Tenía muchos amigos españoles y amigas.
Hasta hoy en día tengo amigos españoles de esa infancia», señala.
«En mayo de 1975 yo era ya militante del Frente Polisario y participé en esas manifestaciones cuando la Comisión de Investigadora de la ONU que recorrió todo el Sáhara para ver in situ qué es lo que quería el pueblo saharaui», explica. «Recuerdo perfectamente la salida de España, fue abrupta porque de la noche a la mañana se traicionó al pueblo saharaui, se entregó de manos y pies a una invasión y a una ocupación. Lo recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor. Lo que menos esperábamos es que España nos traicionara, sobre todo después de que el príncipe heredero de entonces, el actual emérito, se comprometiera solemnemente. Después de 50 años seguimos sufriendo las consecuencias de esta ocupación, de esta invasión», explica.
En su caso concreto, Ramdam no estaba presente en el territorio cuando llegó Marruecos. Tenía que hacer una prueba estudiantil pero los catedráticos encargados los citaron en Canarias. «Cuando terminamos los exámenes en Las Palmas nos enteramos que los marroquíes nos iban a a encarcelar por ser miembros del Frente Popular», señala. Tuvo que llegar a Tinduf como pudo, pasando por Madrid y Argel. Cuando llegó a los campamentos, era verano de 1976. «Las condiciones eran infrahumanas, todavía las organizaciones internacionales no se habían afincado, todavía había personas huyendo de las zonas ocupadas y era una situación catastrófica», desgrana.
«Lo recuerdo con mucha tristeza, con mucho dolor. Lo que menos esperábamos es que España nos traicionara», señala Zahra Ramdam
«Las mujeres jugamos un papel muy importante en organizar y administrar los campamentos. Tuvimos que llevar a cabo una gran campaña de alfabetización y también jugar en la sanidad y en los diferentes campos sociales un papel muy importante», señala Ramdam, que destaca que las mujeres saharauis «rompen con los estereotipos occidentales de la mujer árabe y musulmana». Actualmente reside en España, donde fundó en 2002 la Asociación de Mujeres Saharauis en España.
Imagen de los campamentos saharauis en Tinduf en 1978.
¿Autonomía?
Coincidiendo con este aniversario, la pasada semana el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución impulsada por Donald Trump que considera por primera vez la autonomía como base para las negociaciones. Una solución que rechazan todos los consultados para este reportaje. «No entiendo por qué el futuro de un pueblo
tiene que estar en un despacho lejano y ajeno. ¿Por qué lo tiene que decir
Trump, Macron o Sánchez?
Lo tendrán que decidir ellos», señala Íñiguez.
Peraita, que ha estado en los campamentos justo durante esos días, resalta que había «preocupación» y por eso se produjeron manifestaciones. Pero afirma que la determinación de los saharauis es «continuar luchando». «Es un intento de abandonar el derecho internacional y hacerlo girar hacia un problema interno de Marruecos», reflexiona Taboada.
«La
lucha del pueblo saharaui no se acaba con que Trump dé unas órdenes o
Macron o Pedro Sánchez. No mientras haya un saharaui
va a seguir la causa», comenta Bachir. «El pueblo saharaui sigue convencido de que va a
por su independencia, a retornar a su país y a ser libre», apunta Beiruk. «Es otra violación del derecho internacional pero también viene de los aires del trumpismo que se está respirando en todo el mundo. Es lo que ha alentado a Marruecos y a Israel en Gaza y a Marruecos en el Sáhara Occidental de tratar de legitimar su invasión», apunta Ramdam.
«No puedo irme de este mundo sin ver la justicia cumplida. Es lo único que aún puedo hacer por mi hijo», se quiebra Laura Moreno al otro lado del teléfono. Lleva seis años viviendo con la herida abierta que dejó el fallecimiento de su hijo Ilán Barbosa. Murió por suicidio el 28 de agosto de 2019, con apenas 11 años. Todo este tiempo, Laura se ha sostenido entre la tristeza, la rabia, la impotencia y el remordimiento.
Aquella tarde parecía una más. Ilán había comido macarrones gratinados, se había bañado en la piscina con sus dos hermanos y había bailado en el salón. Faltaban tres días para sus vacaciones familiares. Media hora antes de su muerte, se había enfadado con su hermano pequeño por el mando de la consola. El niño, de siete años, tardó mucho tiempo en entender qué había ocurrido. «Sentía que era culpa suya —recuerda Laura—. Tenía devoción por su hermano. No podía asimilarlo».
Ilán fue víctima de acoso escolar. Lo hostigaban los hijos de sus propios profesores. «Lo perseguían. Se apuntaban a las mismas extraescolares solo para seguir humillándolo. Lo insultaban, lo golpeaban, amenazaban a otros niños para que también se metieran con él», confiesa su madre. «Ilán estaba cansado. No pudo más. Pero hasta el final siguió siendo un niño alegre, noble, positivo. En casa era feliz, pero cada vez que iba a la escuela era un ataque continuo».
Laura Moreno, madre de Ilán Barbosa: «Los acosadores de mi hijo actuaban con total impunidad. Los profesores lo taparon todo»
Laura pidió ayuda una y otra vez. Avisó al colegio y denunció lo que estaba ocurriendo. Nadie la escuchó. «Los acosadores actuaban con total impunidad. Sus padres, los propios profesores de Ilán, decían que eran niños nerviosos. Lo taparon todo«, delata. Envió un informe narrando el sufrimiento de su hijo. No recibió ninguna respuesta. Ni siquiera activaron el protocolo contra el acoso escolar. «Fui a la Consejería de Escolarización. Me dijeron que llevaban diez años recibiendo quejas similares, pero que si los padres no denunciaban, no podían hacer nada. Ilán no quería denunciar. Tenía miedo. Yo también. Lo cambié de colegio, pero en el nuevo centro tampoco se activó el protocolo«. Cuando murió el menor, siete familias más retiraron a sus hijos del colegio.
Seis años después, Laura no espera disculpas. Nunca las ha recibido. Exige justicia. Reclama que se cumplan los diez puntos del decálogo para erradicar el acoso escolar de la asociación No al Acoso Escolar (NACE), de la que forma parte desde la muerte de su hijo. Pide formación en empatía y valores para docentes, familias y alumnado. También una atención psicológica real y continua. «No una consulta cada tres meses, como la que nos ofrecían a nosotros». Todo, para que ninguna madre tenga que vivir el dolor que ella carga. Para que ningún menor sufra el acoso que destruyó la vida de su hijo.
El caso de Ilán se reabrió a comienzos de este año. La reciente muerte de la adolescente sevillana que murió por suicidio este mes tras denunciar también acoso escolar ha reavivado todos los recuerdos que Laura intenta sobrellevar cada día. Las historias de ambos menores comparten un mismo patrón: avisos ignorados, protocolos que no se activaron y administraciones que miraron hacia otro lado. Ni en el caso de Ilán ni en el de la chica andaluza se tomaron medidas efectivas. Tampoco se adoptaron cuando murió por suicidio otro menor, en julio de este año. Ni cuando murió otra joven en Barcelona, en 2021. En cada uno de estos casos se incumplió el protocolo contra el acoso escolar.
Se falló a las familias.
Y, sobre todo, se les falló a ellos.
¿Qué le falta al sistema?
¿Por qué?
Es la pregunta que repiten las familias de los menores que murieron por suicidio tras sufrir acoso escolar. Coinciden en una misma conclusión: el sistema ha fallado. El pasado martes, miles de voces lo repitieron en las calles de todo el país. Esta vez, España se detuvo por la menor de Sevilla. No hubo silencios, sino gritos de justicia, de responsabilidad y de memoria. Reclamaron espacios seguros y libres de discriminación, más psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública, y la presencia de profesionales de salud mental en cada colegio, instituto y universidad. Pidieron protocolos reales y efectivos. Pidieron no olvidar. «Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro».
Manifestación estudiantil contra el ‘bullying’ y los discursos de odio, el 28 de octubre de 2025, en Bilbao.
En marzo de este año, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó ante las Cortes Generales el Informe Anual de Actividad de 2024, un documento que ya ponía el foco en una de las grietas del sistema educativo: la ineficacia de los protocolos contra el acoso escolar. Según el análisis, las quejas recibidas por la institución evidencian que los mecanismos oficiales solo se activan cuando el daño ya está hecho, y casi siempre a iniciativa de las familias, no de los centros. «El elevado número de casos de acoso escolar en España hace imprescindible revisar y mejorar los planes de convivencia, actualizar los protocolos autonómicos y reducir su carga burocrática», advirtió el organismo.
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Belén González, Comisionada de Salud Mental: «Los docentes no tienen herramientas ni canales para acompañar a los niños que sufren acoso»
Pero ¿qué está fallando realmente para que estas tragedias sigan ocurriendo? Belén González, psiquiatra y directora del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, lo resume en una conversación con Público: «Debemos mirar más allá del rendimiento escolar y escuchar, de verdad, lo que niños y adolescentes sienten y necesitan. Sin infantilizar, sin juzgar, sin restar valor a su dolor». Para González, el sistema educativo y sanitario continúa mirando el malestar infantil como una cuestión médica, cuando —valora— «el sufrimiento infantil tiene sentido en su contexto y necesita respuestas sociales, educativas y comunitarias, no solo clínicas«.
La especialista señala otro punto ciego: la soledad del profesorado. «Los docentes no tienen herramientas ni canales claros para acompañar a los niños que sufren acoso. Hay que formar y cuidar a los equipos educativos para que puedan reconocer las señales de alerta sin sentirse desbordados», explica. Y amplía que esa tarea debe ir acompañada de una coordinación real entre educación, salud, servicios sociales y comunidad. Defiende también la necesidad de abordar el acoso escolar como un problema de salud pública. «Necesitamos políticas que protejan a las personas y entornos escolares saludables: reducir las ratios por aula, fomentar relaciones seguras y ofrecer atención individual y profesionalizada», insiste.
Antonio Labanda, psicólogo: «Falla la sociedad que mira hacia otro lado, hasta que ya es tarde. Falla todo el que mira, ve y calla»
Sobre los protocolos de actuación, González destaca que aún presentan fisuras: «La regulación actual amplía lo que ya establece la Ley de Educación —incluyendo el acoso escolar, el ciberacoso o la violencia de género—, pero es esencial reforzar la figura del coordinador de bienestar y protección en cada centro». La psiquiatra incide en que el sistema debe asumir sus errores: «La autocrítica es fundamental. Reconocer dónde no se han dado las respuestas adecuadas nos permite avanzar en la prevención«. «Se necesita un cambio profundo, transversal a toda la sociedad. Las experiencias de violencia, negligencia o maltrato dejan huellas físicas y emocionales que pueden acompañar a una persona toda su vida. Por eso debemos construir una sociedad de tolerancia cero frente a la violencia y fortalecer las redes que protejan a la infancia y la adolescencia de forma integral», engarza.
El psicólogo Antonio Labanda, del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, condensa otras grietas estructurales que agravan el problema: el exceso de alumnado por orientador y la sobrecarga administrativa que impide atender con tiempo y calidad. «En un informe del Ministerio de Educación de 2011 se recoge hasta en tres ocasiones que la UNESCO recomienda una ratio de un orientador por cada 250 alumnos«, deja caer. No obstante, el sanitario tiene claro qué y quién está fallando: «Falla el grupo de compañeros que ve y calla, que por miedo o por indiferencia no ayuda. Falla la familia que no enseña el respeto, la empatía ni la compasión. Falla la educación en valores, cuando dejamos que la burla se normalice y el dolor ajeno no duela. Falla la sociedad que mira hacia otro lado, hasta que ya es tarde. Falla todo el que mira, ve y calla».
Silencio y abandono en las aulas
La cadena de responsabilidades también atraviesa las aulas. Según el VI estudio La opinión de los estudiantes, elaborado por laFundación ANAR y Mutua Madrileña, casi la mitad del alumnado (47%) admite que no interviene cuando presencia situaciones de acoso entre compañeros. El documento completa que uno de cada ocho estudiantes, el 12,3%, reconoce haber sufrido —o conocer a alguien que sufre— acoso escolar o ciberacoso. Pero las cifras podrían ser muchísimo más altas: la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) estima que hasta 1,5 millones de menores se encuentran actualmente en esa situación en España.
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Casi un 29% del alumnado valora que el profesorado no actúa ante los casos que conoce. Una percepción que coincide con los resultados del V Estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, donde la mitad de los menores admitió haberse mantenido al margen, aunque sintieran compasión por la víctima.
Coral Latorre, estudiante: «El acoso escolar nos asfixia y, en demasiadas ocasiones, arrebata nuestras vidas»
Coral Latorre es estudiante universitaria y miembro del Sindicato de Estudiantes, la organización detrás de las movilizaciones del pasado martes. «El caso de la menor de Sevilla ha sido un golpe duro para nosotros. Muchos hemos sufrido acoso por cómo vestimos, por nuestro peso, por llevar gafas, por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, o incluso por ser la feminista de clase», cuenta en declaraciones a Público. «Es una lacra horrorosa que nos oprime, nos asfixia y que, en demasiadas ocasiones, arrebata nuestras vidas», lamenta.
Una persona con la cara pintada, durante una manifestación en Madrid.
La joven corrobora la falta de seguridad en las aulas: «El acoso se vive en silencio, con vergüenza, y muchas víctimas llegan a creer que la culpa es suya». Critica los protocolos educativos, que considera demasiado abstractos: «Te explican qué es el acoso escolar, pero luego son cosas totalmente teóricas». Incluso si fueran perfectos, dice, no funcionarían sin recursos ni personal suficiente para aplicarlos. «¿Cuántas familias estarán sufriendo en silencio porque ni se activan los protocolos ni se toman medidas?», se pregunta. «Es importante que sepan que no están solos, no es un problema únicamente suyo y hay personas dispuestas a ayudarles«.
La falta de preparación del profesorado es otro factor crítico en la lucha contra el acoso escolar. Según el informe El estado de la salud mental en el aula 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y Siena Educación, solo el 5,6% de los docentes ha recibido formación específica sobre convivencia o acoso en las aulas. La situación se confirma al cruzar estos datos con los del estudio de ANAR y Mutua Madrileña: el 64,5% del profesorado interviene solo a veces ante casos de acoso escolar, porcentaje que sube al 71% en secundaria. Solo el 32,5% considera que los centros actúan de manera adecuada, y uno de cada cinco profesores (20,9%) reconoce conocer directamente casos de acoso. El texto identifica barreras que dificultan la intervención de los centros: falta de recursos (88,9%), excesiva carga burocrática (65,2%) e insuficiente formación entre el profesorado (51,8%).
Lucas, profesor de un instituto en Madrid: «En muchos casos los protocolos antiacoso escolar no llegan a completarse»
Lucas (nombre ficticio para mantener su anonimato) es profesor en un instituto de la Comunidad de Madrid. Decidió hablar con Público para denunciar que en su centro, en los últimos cuatro años, no se ha abierto ni un solo protocolo de acoso escolar. El docente no duda de la utilidad de estas herramientas, pero su experiencia le demuestra que en muchos casos ni siquiera llegan a completarse. Admite que a él mismo y a sus compañeros les falta formación y respaldo. Reprocha que en los centros se ha instalado casi un mantra: «Si no hay protocolos abiertos, no existe el problema. Si no se ponen muchos partes, la convivencia es buena y se acabó». Además, desliza, la burocracia desborda a los equipos educativos: abrir un protocolo y atender un caso de acoso supone «muchísimo trabajo». También alude a la interinidad de los orientadores. «Si cada año cambias de orientador, todo el trabajo previo se pierde: conocer a los alumnos, al centro, a las familias…».
Sara Andrés es orientadora en otro instituto madrileño. «Hay una falta de aplicación de medidas, de sensibilización y de actuación ante la violencia en los centros educativos», expresa tajante en una charla con este medio. Para la especialista, el profesorado no está formado ni sensibilizado de manera sistemática. «Cuando hay docentes que sí muestran conciencia sobre estos problemas, suele ser un mérito personal, no el resultado de formación profesional o recursos específicos», aclara. También manifiesta la existencia de una cultura escolar que normaliza la humillación, tanto por parte de alumnos como de algunos docentes. «La reacción habitual ante los casos de acoso es minimizarlo: son cosas de niños o no tiene importancia«. «El sistema ha fallado, pero también lo ha hecho la sociedad», concluye con rotundidad.
El 024 es la línea de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas
del día, todos los días del año y de forma gratuita y confidencial. Ofrece
apoyo inmediato a personas con ideación suicida, a familiares y a personas
allegadas, con atención especializada y en varios idiomas.
También se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, existe la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El Gobierno avanza en el procedimiento para lograr la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco. El Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura, ha finalizado la fase de recopilación de información y actuaciones previas y ha notificado ya a la fundación sus conclusiones (que desde este jueves por la tarde, cuando fue notificada, tiene diez días hábiles para presentar alegaciones).
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Las conclusiones a las que ha llegado el departamento dirigido por Ernest Urtasun tras recabar esta información se basan en que la Fundación Franciso Franco es contraria tanto a la ley de fundaciones como a la ley de memoria democrática, y que, por lo tanto, procede instar a su extinción ante la autoridad judicial.
El
proceso para ilegalizar esta fundación comenzó en junio de 2024, cuando Cultura inició una fase de actuaciones previas con el objetivo de recopilar información y pruebas que
fundamentaran el procedimiento. En concreto, los de Urtasun han recibido un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (que Cultura recibió el pasado mes de mayo) basado en cuatro elementos.
Un informe de la Abogacía General del Estado; un informe de Javier García Fernández, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, sobre la extinción de la Fundación Francisco Franco; un informe sobre los contenidos y la actividad de la Fundación en los medios de comunicación entre enero de 2018 y marzo de 2025; y un compendio de testimonios recabados de víctimas del franquismo en relación con las actividades de la Fundación Franco.
En la argumentación jurídica que el Gobierno quiere utilizar para iniciar el expediente de extinción judicial se recuerda que el artículo 1 de los estatutos de la Fundación indica que «está dedicada primordialmente a la difusión de la dimensión humana y política de Francisco Franco, así como a cualquier otra actividad educativa, investigadora y cultural al amparo de la ley de fundaciones».
Esta norma atribuye la categoría de fundación a aquellos organismos que persigan «fines de interés general«, que la propia norma en su artículo tres enumera: «Defensa de los derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional», etc.
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El interés general y la humillación a las víctimas
Pero la Fundación Franco, prosigue el documento de Cultura, al que ha tenido acceso Público, «existe para difundir el conocimiento de la figura del líder de una dictadura que ha sido expresamente condenada por la vigente ley de memoria democrática, pero también en el ámbito internacional (…) mientras que las actividades supuestamente orientadas a la cultura, investigación científica o educación resultan casi inexistentes».
«Ese fin principal, que es el que orienta todas las actividades a que la Fundación se dedica, no puede considerarse de interés general cuando no solamente no coincide con los fines que la ley (de fundaciones) considera merecedores de protección y justificativos, por ello, de la existencia de la figura de las fundaciones, sino que se aparta de ellos», concluye el razonamiento de Cultura.
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Pero este no es el único argumento jurídico esgrimido por el Ejecutivo, que también señala que la Fundación, el principal objetivo que persigue y las actividades que realiza para ello son incompatibles con la actual ley de memoria democrática, ya que enaltecen el franquismo y humillan a sus víctimas.
En este sentido, en el informe de la Abogacía General del Estado que se incluye en la documentación recabada se destaca que el propio artículo 1 de los estatutos de la Fundación, que establece su objetivo de difundir «el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco (…) así como sus realizaciones de los años de su mandato» representan «apología del franquismo y enaltecimiento de sus dirigentes», ya que «las referencias al «legado» y a sus «realizaciones» no son expresiones neutras, sino que contienen claramente una connotación positiva de defensa o alabanza».
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Es en este punto donde Cultura expone la base documental de la información recabada en el informe de análisis de los contenidos y representación en medios de la fundación: «Es constatable que cada vez que se recogen» publicaciones dedicadas a las víctimas del golpe de Estado y de la dictadura «emerge un trato con menosprecio y humillación de su dignidad«, apuntan.
Entre los ejemplos recabados hay publicaciones como «Guernica: tragedia, mentira y falsa, por Miguel Platón»; «El mito del Euskera perseguido por Franco, por Francisco Torres»; «La mentira de los ‘niños robados del franquismo'»; «El franquismo no cometió un genocidio, la II República, sí: en la retaguardia»; o «Sobre la gran mentira de la represión franquista, por Tomás García Madrid».
«Se advierte menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura», se menciona en el informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
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Las fases del procedimiento
También se menciona el compendio de testimonios recabados de las víctimas del franquismo y «se desprende, sin lugar a duda, que el recuerdo de la violencia sufrida y la represión y represalias padecidas por las víctimas del franquismo siguen vivos, y que los derechos a la verdad y a la reparación de la ley de memoria democrática, y los principios del derecho internacional de los derechos humanos se ven afectados gravemente».
Después de que la Fundación haga sus alegaciones al procedimiento remitido por Cultura, el Gobierno elaborará una propuesta de resolución que volverá a remitir a la Fundación (que tendrá otros diez días hábiles para alegaciones). Tras este proceso, la Abogacía del Estado elaborará un nuevo informe preparatorio a la instancia para extinguir el ente, y posteriormente la propia Abogacía lo trasladará a la autoridad judicial. El departamento dirigido por Urtasun tiene nueve meses para remitir la resolución a los tribunales.
Fuentes de Cultura y de Memoria Democrática confirman que su intención es la de solicitar al juez medidas cautelares cuando remitan la instancia con el objetivo de suspender, o al menos limitar, la actividad de la Fundación hasta que se dicte sentencia. Si la resolución judicial da la razón al Gobierno, se procederá a la liquidación de los bienes de la entidad y se destinarán a otra sin ánimo de lucro.
Juan
Carlos de Borbón empezó este miércoles la campaña de promoción
de su libro de memorias con una entrevista en el diario francés Le
Figaro, realizada en Abu
Dabi y en la que admite
su simpatía por Franco y
no da ni una sola explicación sobre las polémicas de corrupción que le han afectado. La biografía autorizada del
exmonarca, de cuyo contenido han adelantado algunos extractos otros
medios galos, como el periódico Le Monde y el semanario Le Point,
saldrá a la venta la semana que viene en Francia. La versión española saldrá en diciembre, el
mes de la campaña de ventas de navidad.
La
entrevista para Le Figaro fue realizada por el periodista Charles Jaigu
en la exclusiva isla de Naraï, frente a la capital de Emiratos
Árabes, donde, según afirma, reside el exjefe del Estado por cortesía del jefe del Estado de la federación, Mohamed bin Zayed Al Nahayan. La entrevista está redactada en estilo indirecto, es decir sin preguntas y respuestas
consecutivas sino con declaraciones del entrevistado intercaladas
con descripciones y valoraciones del entrevistador. Algunos de los
entrecomillados y otras afirmaciones que Jaigu atribuye a Juan Carlos
contienen falsedades o versiones incorrectas de la historia de España y de la vida del exmonarca.
El
antiguo rey también se refiere a su hijo y actual jefe del Estado, Felipe VI, a quien reprocha cierta frialdad en el trato y con quien
insinúa querer recuperar una relación más fluida dada su intención
de regresar a España e instalar definitivamente su residencia en el país. Público ha pedido a la Casa Real su parecer
sobre la entrevista y el momento en el que fue publicada –el
aniversario de la DANA de València–, pero al cierre de esta edición
el departamento de comunicación de La Zarzuela no había respondido.
Esas
son algunas de las
afirmaciones contenidas en la
entrevista de
Juan Carlos de Borbón a Le Figaro que no se ajustan a la verdad o
que no han podido ser contrastadas:
Fuga de España
«Para ayudar a mi hijo, busqué un
lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme
fácilmente», dice el exrey. Lo cierto es que tras estallar el escándalo sobre sus cuentas
corrientes en Suiza, el exmonarca anunció su partida el 3 de agosto de
2020 en una carta a su hijo que la Casa Real hizo pública ese mismo
día. Dos semanas después, la institución confirmó que Juan Carlos
de Borbón llevaba ya en Emiratos Árabes desde el mismo día del anuncio de su salida de España.
De izquierda a derecha, Sofía de Grecia, Felipe VI, Juan Carlos de Borbón y Letizia Ortiz, en una foto tomada en 2020.
Desplante de un embajador
Según Charles Jaigu, el exmonarca español le habría transmitido en Abud Dabi su malestar por las pocas veces que podía ver a sus hijo y nietos y por el hecho de que el embajador de España en Emiratos Árabes se habría negado a darle la mano en una ocasión. Público se ha dirigido al Ministerio de
Asuntos Exteriores interesándose por su versión y para saber si ese incidente ocurrió en
realidad, pero al cierre de esta pieza no había obtenido respuesta.
Periodista encarcelado
«¡La última vez que vino un periodista español, las
autoridades locales lo metieron en la cárcel! Tuve que intervenir
para sacarlo», asegura Juan Carlos de Borbón en la entrevista en Le Figaro, para expresar el aislamiento al que supuestamente se ha sometido de manera voluntaria. Lo cierto es que no existen informaciones en la prensa nacional ni internacional que recojan la detención de un periodista español
en Emiratos Árabes, ni de ninguno que hubiera viajado al país con
intención de informar sobre el exjefe del Estado o tratar de
entrevistarse con él. Público también ha preguntado al Ministerio
de Exteriores sobre este extremo, pero no ha obtenido contestación.
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No fue absuelto porque no fue juzgado
Frente a las críticas por los casos de corrupción con los que se le vincula, el entrevistador de Juan Carlos I le atribuye a él el recordatorio de que «ha sido absuelto en todos los casos que en su momento le habían
convertido en paria en su propio país». No es cierto: el exrey no
ha sido declarado absuelto porque nunca ha sido juzgado por delito
alguno. Los que se le atribuían fueron descartados bien porque,
según la Fiscalía, habían prescrito, bien porque los habría
cometido cuando ejercía la Jefatura del Estado y su figura era
inviolable y no sujeta por tanto, según la Constitución, a responsabilidad penal.
«Para ayudar a mi hijo, busqué un lugar donde los periodistas de mi país no pudieran encontrarme fácilmente» (Juan Carlos de Borbón)
Los 100 millones del AVE a La Meca
El periodista asegura en la
entrevista que para Juan Carlos I, los 100 millones de dólares que
recibió del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúden
en agosto de 2008 –en esa fecha equivalían a casi 107 millones de
euros– fueron «una
generosidad de un rey hacia otro». Sin embargo, según
la empresaria Corinna Larsen, a quien el rey a su vez habría
regalado esa cantidad en la época en la que mantuvieron una relación
sentimental, se trataba en realidad de una comisión por la mediación
de Juan Carlos I en el proyecto del AVE a La Meca, en favor de varias
empresas españolas que finalmente se hicieron con los contratos.
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Tres golpes de Estado el 23-F
«No hubo un golpe [de Estado, el
13 de febrero de
1981], sino tres golpes», le dice Juan Carlos de Borbón al periodista que lo entrevistó en Abu Dabi. «El golpe de Tejero, el de Armada y el de los
políticos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo 17 años a
mi lado. Le quería mucho y me traicionó. Convenció a los generales
de que hablaba en mi nombre», afirma. Lo cierto es que ni
los historiadores que han investigado la asonada del 23-F, ni la sentencia de primera instancia del Consejo Supremo de Justicia Militar en 1982 ni la definitiva del
Tribunal Supremo un año después, recogen la tesis de los tres
golpes en uno.
El
Ministerio de Consumo propone sancionar a Alquiler Seguro con 3,6 millones de
euros por seis infracciones muy graves y una grave contra los derechos de los
consumidores. En concreto, acusa a la agencia inmobiliaria de introducir cláusulas
abusivas en los contratos de los inquilinos que constituyen un fraude de ley, puesto
que les obliga a pagar unos gastos que debería cobrar a los caseros y que se
camuflan bajo la apariencia de unos servicios no solicitados. También le
reprocha que obligue a los arrendatarios a renunciar al derecho de desistimiento
–por el cual a un consumidor se le permite anular un contrato sin tener que
justificar su decisión y sin que se le penalice– de esos servicios, incluidos
en un Contrato de Servicios al Inquilino (SAI) que deben firmar cuando formalizan
el alquiler y que les cuesta 990 euros más el 21% de IVA.
El
resto de las infracciones se deriva de la imposición de «cláusulas no negociadas
individualmente», que figuran en un modelo de contrato «de adhesión» redactado unilateralmente
por Alquiler Seguro y «utilizado de forma generalizada y deliberada durante
años»: la empresa obliga a los inquilinos a formalizar una póliza de seguro del
hogar, les cobra tipos de interés abusivos por la devolución de cualquier recibo,
además de exigirles el pago de un estudio sobre su propia solvencia. Finalmente, el contrato impone la
inclusión del arrendatario en el fichero de morosos en caso de cualquier tipo
de impago y aunque no se trate de «deudas vencidas, exigibles y ciertas» como
exige la jurisprudencia.
Según
la propuesta de resolución a la que ha tenido acceso Público y que la
Inspección ha remitido al secretario general de Consumo, –quien deberá adoptar
la decisión definitiva antes del próximo 12 de diciembre–, Alquiler Seguro ha
cometido las infracciones más graves «al menos desde junio de 2023» y persisten
en la actualidad. Puede consultar aquí la serie de reportajes que ha publicado este periódico sobre la inmobiliaria.
El
Ministerio de Consumo abrió expediente a la inmobiliaria que preside Antonio
Carroza el pasado mes de marzo, tras recibir una denuncia de la organización de
consumidores Facua a la que se adhirieron posteriormente OCU y el Sindicato de
Inquilinas. También se sumaron dos particulares. Tras una
investigación que le ha llevado siete meses, concluye que Alquiler Seguro usó
el contrato SAI como un «subterfugio» para cobrar a los inquilinos lo que les
exigía como honorarios hasta que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos
prohibió esa práctica a partir de mayo de 2023.
De
hecho, a partir de mayo de 2024, la inmobiliaria cambió la cuantía de lo que
cobraba por ese contrato al inquilino: hasta entonces pedía el equivalente a una
mensualidad de renta; ahora pide una cantidad fija, 990 euros más el 21% de
IVA. Y 20 euros anuales de mantenimiento a partir del primer año de contrato. La
propia empresa reconoce en sus alegaciones al expediente, que ha realizado «adaptaciones» a los cambios en las leyes estatales y autonómicas».
También
cambió la cláusula sobre el derecho de desistimiento de los inquilinos. Hasta
agosto de 2023, el contrato negaba ese derecho a los arrendatarios, pues la
inmobiliaria consideraba que, sólo con acceder al área de cliente, el inquilino ya había recibido y disfrutado el servicio. A partir de diciembre de 2024, el
contrato reconoce la facultad de desistimiento del arrendatario, siempre que lo
comunique a la empresa en un plazo de 14 días.
Tanto
en el caso del contrato SAI como en el del seguro del hogar cuyo pago también
impone al inquilino, según considera probado Consumo, la propuesta de resolución
pide que la sanción se imponga en su grado máximo no sólo por el carácter
continuado de ambas infracciones, sino también por su «especial grado de culpabilidad
e intencionalidad». El ministerio sostiene que Alquiler Seguro introdujo esas
cláusulas abusivas «con la intención de eludir los intereses públicos protegidos
por las normas: en el caso del SAI, la prohibición de cobro de gastos de
gestión y formalización a la parte arrendataria impuesta por la reforma de la LAU
operada por la Ley de Vivienda, y en cuanto al resto de las cláusulas abusivas,
la aplicación de las leyes […] dirigidas a la protección de la parte
arrendataria o del tomador del seguro».
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Además,
subraya, lo ha hecho «aprovechando la escasez de vivienda de alquiler en España».
Los inquilinos, explica el ministerio, se ven forzados a aceptar las
condiciones supuestamente abusivas de la inmobiliaria, lo que a su vez «reduce
o elimina su poder de negociación».
La
propuesta de resolución de Consumo detalla en casi 200 páginas la operativa
seguida por Alquiler Seguro, tanto en sus contratos con el casero, cuya
protección es el leit motiv de su negocio, como con el inquilino, del
que presume elegir uno «perfecto».
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Inspecciones encubiertas y conversaciones grabadas
La investigación de Consumo se basó en un total de 20 contratos solicitados a Alquiler Seguro, 10 firmados en enero de 2024 en tres comunidades distintas, y otros 10 firmados en enero de 2025 en otros tantos territorios. De la primera decena, el 40% los habían suscrito extranjeros. De la segunda, el 46,7%.
Además,
la responsable de la instrucción se hizo pasar por una ciudadana interesada en
alquilar un piso. Sus conversaciones telefónicas, por correo electrónico y por Whatsapp
con un agente inmobiliario de Alquiler Seguro fueron grabadas y corroboraron,
según consta en el informe de Consumo, el carácter obligatorio del Contrato SAI
que Alquiler Seguro señala siempre como voluntario: si no lo firma, le dice el comercial,
la única opción es celebrar un contrato particular con el propietario. La
inmobiliaria gestiona ahora sólo 236 pisos en los que el inquilino no ha
firmado el contrato SAI, de acuerdo con las cifras que facilitó al ministerio. Desde
el 26 de mayo de 2023 hasta el 31 de enero de 2024, añade, el 90,17% de los
contratos que firmó Alquiler Seguro incluían la garantía de rentas al casero –recibe
la renta antes del 5 de cada mes, aunque el arrendatario no pague–. La empresa
esgrime estos datos para probar que el SAI no es obligatorio; Consumo mantiene que demuestra lo contrario: si el casero no quiere renunciar a
la garantía de rentas –precisamente por lo que acude a Alquiler Seguro–, el
inquilino tiene que contratar el SAI o renunciar a alquilar el piso.
De izda. a dcha., el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza; su consejero delegado, David Caraballo, y el vicepresidente, Sergi Gargallo.
Otro
dato aportado por la propia inmobiliaria: sólo en 911 «casos» –el informe no
precisa si son inquilinos o las veces que éstos han accedido a los servicios
del SAI– ha concedido «descuentos y rebajas». Por ejemplo, Alquiler Seguro
ofrece descuentos en mudanzas, trasteros o colchones. Alquiler Seguro
asegura que intermedia en un total de 26.730 inmuebles.
En
sus alegaciones, la inmobiliaria acusó a Consumo de hacer «grabaciones ilícitas»,
que equipara a un «interrogatorio en el marco de un registro
domiciliario» El ministerio lo rechaza asegurando que la actuación de
incógnito de la inspectora está amparada por la jurisprudencia y no necesitaba
autorización judicial.
Comisiones cobradas a arrendadores y arrendatarios
Alquiler Seguro facilitó a Consumo cifras sobre
las cantidades que ingresa gracias a los pagos de caseros e inquilinos. A los
primeros les cobra un 10% de la renta anual en el momento de formalizar el
contrato, así como un 5% de la renta mensual por la gestión del alquiler. Si la
gestión es integral, les exige un 2% más de la renta mensual. Los segundos deben
aportar un mes de fianza, otro de depósito adicional, una mensualidad y los 990
euros más IVA del Contrato SAI. Además de una póliza de seguro –129 euros– y el
informe de solvencia
–150 euros–. En total, como desveló Público, le
cobra el triple al propietario que al arrendatario.
Desde
mayo de 2023 y hasta abril de 2024, la inmobiliaria ingresó entre 10 y 20
millones de euros por comisiones pagadas por los caseros, y entre uno y 10
millones de euros por comisiones del contrato SAI de los inquilinos.
Madrid, la única comunidad que sancionó a la inmobiliaria
Consumo preguntó
a las comunidades autónomas si habían sancionado a la inmobiliaria por
cualquier motivo. Y resultó que sólo Madrid lo había hecho. Fue en 2023 y la
multó dos veces. En ambas ocasiones, porque la empresa exige un seguro del hogar con responsabilidad civil a los inquilinos . Pero las sanciones fueron mínimas: 5.600
y 3.500 euros.
El 84% de las pólizas de seguro, tramitadas por una filial
Otra cifra aportada por la propia inmobiliaria. Consumo destaca no sólo que la
inmobiliaria impone al inquilino la firma de un seguro que debería abonar el
casero –que es a quien protege la póliza– , sino que, además, le impone para ello la
correduría de seguros que pertenece al grupo Alquiler Seguro, Generación Plus. Y
allí ve un interés económico.
El derecho a la libertad de empresa prevalece sobre los derechos de los consumidores
Es la primera de las alegaciones de Alquiler Seguro al expediente. Sostiene que
el ministerio está haciendo una «interpretación exorbitante» de la normativa en
materia de consumo. Y que el derecho a la libertad de empresa es un «derecho
fundamental», consagrado en el artículo 38 de la Constitución, mientras que la
protección de los consumidores y usuarios es «un principio rector de la política
social y económica», que no puede ser «aplicado de forma ilimitada». Consumo le
contesta recordando que admitir esa prevalencia supondría «reconocer a los
particulares la facultad de actuar al margen de la ley siempre que constituyesen
una empresa«. También alega que el Tribunal Constitucional ha establecido «de
forma reiterada» que el derecho a la libertad de empresa «no es absoluto e
incondicionado, sino limitado por la regulación que de las distintas
actividades empresariales puedan establecer los poderes públicos». Y cita como
ejemplos las prohibiciones legales sobre horarios, vertidos contaminantes, sustancias
nocivas para la salud o exigencias de seguridad para determinados productos.
Conflicto de interés y doble cobro
Otro de los servicios del SAI que cobra a los
inquilinos es el asesoramiento jurídico que proporciona con una
segunda filial, Generación PlusLegal. El ministerio destaca que la inmobiliaria
incurre en un conflicto de interés, porque asume la defensa y el asesoramiento
legal de dos clientes que tienen intereses contrapuestos: el casero y el arrendatario.
A ambos, además, les cobra por un mismo servicio. Por ejemplo, el
inquilino paga por que se le permita ponerse en contacto con el propietario para
trasladarle las incidencias de la vivienda. Y, al mismo tiempo, el casero debe pagar para que le atiendan esas mismas incidencias.
Tipos de interés abusivos
Los que exige Alquiler Seguro a un inquilino en cuanto el
banco devuelve un recibo. No importa el motivo y aunque la devolución no sea
culpa del arrendatario. Lo que Consumo califica como «sanción automática». El
contrato le obliga a pagar el interés legal aumentado en dos puntos; es decir,
los establecidos en caso de mora procesal. El ministerio dice que es más
elevado que el fijado como indemnización por daños y perjuicios en el Código
Civil. Y eso es ahora. Porque, aunque Consumo no lo cita, Alquiler Seguro fue condenada en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Madrid, en 2020 y
2024, que declaró abusivos los intereses que hasta entonces imponía para
estos supuestos: les aumentaba nada menos que en 20 puntos el interés legal.
Además,
son a cargo del inquilino los gastos bancarios de devolución y de la reclamación
extrajudicial como los notariales o los burofaxes.
Informe de solvencia
Como Alquiler Seguro promete al casero el «inquilino perfecto»,
hace un informe de solvencia a los candidatos. Pero, aunque se trata de un
servicio al propietario, apunta Consumo, se lo cobra al propio arrendatario, 150
euros. Para elaborarlo, además, utiliza la documentación que tiene que aportar
el inquilino (nóminas, contrato). El ministerio no sólo cree que es la
imposición de otro servicio no solicitado, y por eso es abusiva per se, sino
que, además, en un caso denunciado, la empresa ni siquiera entregó el resultado
del informe al candidato a inquilino. La inmobiliaria lo justifica ante Consumo
aduciendo que el servicio cobrado «no implica necesariamente la elaboración de
un documento entregable», sino que se trata de un mero «estudio de riesgos».
Alquiler
Seguro tiene ahora un plazo de 15 días para formular nuevas alegaciones. O bien
pueden reconocer voluntariamente su responsabilidad y pagar la sanción, lo que
le supondrá un descuento del 40%. La propuesta de resolución incluye dos sanciones accesorias: una de publicidad y otra de rectificación de los incumplimientos,
eliminando las cláusulas abusivas.
El odio racista en España tiene siglas, sedes y cuentas bancarias. En este otoño de 2025, una quincena de organizaciones xenófobas mantienen campañas enfocadas en criminalizar a personas migrantes y vender mensajes a favor del «derecho de sangre» como única forma de ser español. El mensaje, decorado con apelaciones a la «defensa de lo nuestro», busca impactar principalmente entre los jóvenes.
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Según ha verificado Público, el entramado de organizaciones racistas en España se extiende por distintos puntos del país y cuenta con la participación activa de grupos inscritos como partidos políticos o asociaciones de carácter «histórico» o «cultural».
«La larga sombra del fascismo aún ensombrece la cultura y la política españolas, con movimientos protofascistas, neonazis y anti-LGBTQ+ activos en el país», advirtió en un reciente informe el centro de investigación Global Project Against Hate and Extremism (GPHE), con sede en la ciudad estadounidense de Montgomery (Alabama).
Capuchas y antorchas
«Solo tú tienes las llaves de las puertas que abrirán el futuro para España», afirma uno de los líderes del grupo Núcleo Nacional en el último vídeo promocional lanzado por este grupo. En este caso, los encapuchados posan con antorchas en un lugar no identificado. No ocurrió lo mismo con el anterior vídeo de esa misma organización, grabado a plena luz del día en la plaza municipal de toros de Algete, donde gobierna el PP.
Núcleo Nacional busca hoy consolidarse como el principal grupo neonazi de España. Este colectivo, registrado como asociación ante el Ministerio del Interior, busca atraer a jóvenes de ultraderecha con un mensaje antisistema que mezcla la inmigración, la delincuencia y los ataques al Gobierno entre jornadas deportivas enfocadas en la resistencia física o en la lucha cuerpo a cuerpo.
La última acción xenófoba de Núcleo Nacional tuvo lugar hace dos sábados en Vicálvaro, donde agitaron el odio contra la apertura de un centro para personas sin hogar en ese distrito madrileño. Allí, delante de varias furgonas de de la Policía Nacional, se produjo un hecho cargado de simbolismo para la ultraderecha: el líder de Democracia Nacional, Pedro Chaparro –uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna– tomó el megáfono y se adhirió a la protesta de Núcleo Nacional.
«Gracias por saber cuál es la prioridad, sin miedo, con el valor que hace falta, cuando hace falta», escribió un ultraderechista en el foro de Democracia Nacional en Telegram, un espacio en el que circulan a diario mensajes xenófobos y supremacistas.
Doble militancia
En el acto de Vicálvaro no sólo habló Chaparro. Allí también estuvo Isabel Peralta, una reconocida neonazi que mantiene contactos con organizaciones antisemitas de distintos países. En España, Peralta ejerce una doble militancia: la ultraderechista ha aparecido públicamente como activista de Núcleo Nacional y de Devenir Europeo, un grupo que reivindica el legado de Hitler y que cuenta con registro como asociación de carácter histórico.
Devenir Europeo contó con la ayuda de Peralta para consolidar sus relaciones con el Movimiento de Resistencia Nórdico, con sede en Estocolmo y filiales en otros países europeos. En junio de 2024, el Gobierno de EEUU incluyó a este grupo en el listado de organizaciones terroristas.
«Como nacionalsocialistas entendemos que el desarrollo personal no se limita a un solo terreno. Tanto al escalar una montaña como al tomar la palabra ante un público estamos tratando de ser mejores», señaló Devenir Europeo en una reseña publicada en su canal oficial de Telegram –con más de 5.600 miembros– sobre una jornada de oratoria celebrada el pasado 4 de octubre en Alicante.
Esta organización vende libros de Adolf Hitler y otros materiales de formación neonazi que sólo están disponibles para quienes figuren previamente como suscriptores. Los pagos se efectúan a través de una cuenta bancaria en la que Devenir Europeo figura como titular.
Artes marciales
Este grupo neonazi cuenta con vínculos con Zaragoza Resiste, una red de activistas ultras de esa ciudad que en 2024 inauguró una sede social. Por allí han desfilado militantes hitlerianos de Devenir Europeo, activistas de Falange y ultracatólicos de Comunión Tradicionalista Carlista (CTC), una organización con registro como partido político que llama «santa cruzada» al golpe de Estado de 1936 y que cada verano celebra un campamento de formación destinado a niños y adolescentes.
Zaragoza Resiste cuenta con el apoyo de Hexafolia, un grupo que opera en esa misma ciudad y que muestra especial interés en preparar a sus miembros para afrontar escenarios de violencia.
«Si de verdad queremos ser fuertes y libres y saber defendernos, hay que combatir y practicar artes marciales de forma disciplinada», señalaron sus responsables en febrero de 2024, pocas semanas antes de un evento de boxeo dirigido a sus militantes.
Hexafolia tiene vínculos con los ultras catalanes de Reconquista, defensores de la «remigración» de personas nacidas en otros países que viven en España. En junio pasado, este grupo participó en un acto junto a activistas de Revuelta, la organización juvenil cercana a Vox.
Sus posturas ideológicas contra la migración se combinan con el entrenamiento físico: el pasado 11 de octubre, Reconquista celebró una jornada en Barcelona junto al grupo ultracatólico Palestra Christiana en la que se ofreció un seminario de «lucha grupal».
La defensa de la «remigración» y la formación en técnicas de combate también forman parte del programa de acciones de Identitas, un grupo ultra con presencia en Palma de Mallorca que organiza jornadas de «disciplina» y entrenamiento físico.
«¿Por qué quieres formar parte de la asociación? Describe brevemente tus razones, y cuál crees que puede ser tu rol en la comunidad», dice el formulario de inscripción de este colectivo. En sus publicaciones en redes sociales no oculta su desprecio hacia el multiculturalismo o la democracia.
Entrenamiento falangista
La preparación física para afrontar actos de violencia también está presente en la agenda de Falange Española de las JONS, cuyos activistas protagonizaron disturbios y enfrentamientos con militantes antifascistas el pasado 12 de octubre en Gasteiz.
La organización juvenil de Falange, que actuó como «primera línea» en los incidentes de Gasteiz, anunció el pasado 16 de octubre en Telegram que prepara un «entrenamiento» en «defensa personal» que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba. Los datos del encuentro se mantienen en secreto por parte de los organizadores.
Asociaciones locales
En el escenario de la ultraderecha española figuran además varias asociaciones de carácter local que comparten una estética similar y que mantienen vínculos con otros grupos de diferentes puntos del país.
Entre ellas figura la Asociación Cultural Málaga 1487, creada para la defensa de la «identidad» española frente al «separatismo» y el «multiculturalismo». Las actividades de boxeo forman parte de su agenda.
En febrero pasado, esta asociación cerró la compra de su sede en Málaga. Según anunciaron sus portavoces en redes sociales, la compra había sido posible «gracias al esfuerzo de toda la militancia».
En Valencia, España 2000 ha organizado campañas contra centros de acogida de menores migrantes. La última iniciativa de este tipo emprendida por esta organización ha llegado incluso a la Fiscalía de Menores, lo que implica una novedad en las acciones xenófobas del grupo.
Asimismo, España 2000 organiza cursos anuales para sus militantes bajo el nombre «Guerra en las calles», en los que se ofrece formación en técnicas de pelea.
La Asociación Cultural Alfonso I realiza actividades en Logroño, Santander o Gijón, focalizadas en el «orgullo de ser español» y en los ataques a la inmigración. Un representante de este grupo estuvo el pasado día 24 en una cumbre contra la inmigración en la localidad italiana de Novara.
El lema «remigración» que utiliza esa organización en sus concentraciones también es empleado habitualmente por Hacer Nación, una formación neofascista que centra su discurso en la criminalización de personas procedentes de otros países que residen en España. Este grupo cuenta con vínculos con otras organizaciones europeas que fundamentan su actuación en el terreno anti-inmigratorio.
En el escenario de la ultraderecha también aparece Facta, el grupo madrileño que organiza conferencias dirigidas a formar a jóvenes de extrema derecha y que está a cargo de Carlos San Frutos, ex miembro de Democracia Nacional.
La casilla de «domicilio de empadronamiento» aparece en cada formulario seguida de una larga línea negra. Sobre ella, cualquier ciudadano que viva en España debe escribir la dirección en la que reside. De esta forma, las diferentes administraciones saben dónde tributa y consume recursos cada ciudadano. El empadronamiento es la llave que abre sucesivas puertas hacia la integración. En función de la comunidad autónoma, este trámite permite acceder a la tarjeta sanitaria, la inscripción como demandante de empleo o la homologación de títulos universitarios. Sin él, es imposible solicitar muchas ayudas públicas, como el Ingreso Mínimo Vital o ayudas para el alquiler o el pago de suministros.
Cuando Marcela Maspero, venezolana de 65 años, llegó a España en 2019, lo hizo como retornada. Es decir, como descendientes de españoles. Este estatus le permitía tener un pasaporte español y acceder a la doble nacionalidad. Pese a todo ello, cuando trató de asentarse en Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), las dificultades para empadronarse resultaron un verdadero quebradero de cabeza. Los primeros meses estuvo viviendo en casa de uno de sus hijos, que se había mudado a la isla con su familia el año anterior. En aquel momento, ningún miembro de la familia trabajaba todavía por lo que recibían laPrestación Canaria de Inserción, que según Maspero, rondaba los 400 euros mensuales.
El empadronamiento cruza estructuralmente la problemática de los retornados y de quienes vienen de terceros países
Marcela deseaba comenzar sus trámites cuanto antes para obtener su DNI y sacar su tarjeta sanitaria, pero no pudo. Explica a Público que si se empadronaba en la casa de su hijo –donde de facto convivían seis personas– perderían la ayuda del Gobierno canario. «La administración saca su propia cuenta y entiende que, si me podían tener ahí sin trabajar, ¿para qué van a necesitar la ayuda?». Tuvo que esperar «unos meses» a que el matrimonio encontrara trabajo y renunciara a la ayuda. Ahora, Maspero tiende una mano a otras personas de origen extranjero para salvar este obstáculo a través de la Asociación Solidaridad Venezuela.
En palabras de la venezolana, el empadronamiento «cruza estructuralmente la problemática de los retornados y de quienes vienen de terceros países», que queda sujeto además al mermado derecho a la vivienda en España. Esto condiciona «el inicio» del proyecto migratorio de la población extranjera más vulnerable y dificulta su acceso a numerosas ayudas. De hecho, para acceder a la mayoría de ellas es necesario estar empadronado en un municipio por un determinado período mínimo.
Aún así, permanece la idea de que quienes vienen de fuera se aprovechan de los recursos públicos y reciben ingentes ayudas nada más llegar al país. La investigación internacional Landscape of change (Entornos cambiantes), en la que ha participado Público, ha constatado que, por lo general, allí donde más población migrante empobrecida reside es también donde menos inversión real hacen los municipios en sus áreas de servicios sociales.
Este trabajo periodístico, coordinado por el medio maltés Amphora Media y financiado por Journalism Fund, ha estudiado los lugares en los que más se ha incrementado el número de personas de origen extranjero entre 2014 y 2023, así como los recursos municipales, y autonómicos (en concreto, sobre educación y sanidad) invertidos en ellos. Esto ha permitido comprobar que, de forma general, donde más necesarios son estos recursos es donde menos se invierte. En el caso de Granadilla, entre 2014 y 2023, el Ayuntamiento redujo el gasto en Servicios Sociales en 10,3 euros menos por habitante, situándose en los 81,9 euros por persona en el último año de dicho periodo, según los datos del Ministerio de Hacienda.
No sólo eso, sino que para acceder a ellos, las personas deben estar previamente empadronadas. Algo que, según los testimonios recogidos por este periódico, es especialmente difícil de conseguir para quienes vienen del extranjero. A esto ha contribuido la derechización de los gobiernos locales. En palabras de Maspero «la cuestión migratoria está completamente desaparecida del Ayuntamiento de Granadilla de Abona», actualmente en manos de Coalición Canaria, PP y Vox.
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En 2023, estaban censadas en este municipio canario unas 55.505 personas, de las que el 26,1% eran extranjeras. La mayoría de ellas procedían de América Latina, especialmente de Venezuela. Asegura el psicólogo y activista Mba Bee, residente en Granadilla, que muchas de las personas que viven allí trabajan en Adeje, uno de los municipios más turísticos de España, y donde el alquiler hace casi imposible el acceso a la vivienda para las rentas bajas. La situación en Granadilla tampoco es mucho mejor: el precio del alquiler por metro cuadrado ha pasado de 5,3 euros en enero de 2014, a los 11,1 en enero de 2023, según los datos de Idealista. Actualmente, el precio del metro cuadrado se sitúa en los 15,3 euros.
Los abusos del mercado del alquiler
Rosario Lucas, responsable del área social y de vivienda de Elche Acoge, lo tiene claro: «Desde que empecé a trabajar aquí, el mayor problema que he visto es el de la vivienda. Cada vez va a peor». Lo ejemplifica con una anécdota: «Hemos llamado a inmobiliarias interesándonos por alquilar una vivienda y nos han dicho que sí cuando acababan de colgarle a un usuario [persona extranjera] al que le habían notado el acento y les había dicho la nacionalidad». Ello, pese a que «cumplía todos los requisitos», apostilla Trinidad Urbán, coordinadora de Elche Acoge.
Como no tienen manera de demostrar que están viviendo allí, no pueden empadronarse y beneficiarse de ayudas
Dichos requisitos no son poca cosa. Lo primero es contar con una nómina. Esta primera condición es imposible de lograr para quienes se encuentran en España sin papeles. Una población que, según la estimación de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) en 2023, rondaba las 686.000 personas. Hay que tener en cuenta aquí que la organización incluyó en esta cifra a quienes tenían un permiso de estudios o uno de residencia –o lo estaban renovando– o estaban a la espera de la resolución de una petición de asilo. «Sin empadronamiento, no existes para la administración», subraya Lucas. Esto imposibilita, de facto, conseguir ninguna ayuda. De hecho, los datos utilizados por Público en esta investigación no tienen en cuenta a quienes se encuentran en España en situación irregular.
Pero también quienes se encuentren en situación regular, especialmente quienes vienen de algún país del sur global, tienen dificultades para encontrar trabajos bien remunerados e incluso, en los que estén legalmente contratados. Además, «acceden a trabajos precarios, inestables, donde trabajan por pocas horas, con lo que es imposible acceder a los precios del mercado del alquiler», abunda Rosario Lucas. Especialmente, si solicitan «tres veces la renta de alquiler» para el mes de entrada.
En aquellos casos en los que la persona logra reunir todos los requisitos solicitados, puede encontrarse con la situación de que el casero no le haga contrato porque no desea declarar ante el Ministerio de Hacienda las rentas que reciben del alquiler de una propiedad.En septiembre de 2024, el organismo público estimaba que el 21,1% del parque de viviendas español, unas 600.000, estaban siendo arrendadas de forma fraudulenta. Esta valoración fue hecha después de que, entre 2015 y 2024, Hacienda informara de que había incorporado 1,3 millones de declaraciones del IRPF que incluían rendimientos de capital inmobiliario. Es decir beneficios por comerciar con una propiedad inmobiliaria.
A este cóctel hay que sumarle el encarecimiento de los precios del alquiler, que desde la crisis financiera de 2008 parecen no tocar techo. Especialmente allí donde hay más presión turística. De poco ha servido la aprobación de una ley estatal en 2023 que prohibía ciertas prácticas abusivas por parte de propietarios y mediadores de la gestión del alquiler. Tal y como denuncian los movimientos por el derecho a la vivienda de todo el Estado, la escasa o nula fiscalización del cumplimiento de estas normas por parte de las administraciones públicas siguen haciendo del alquiler un negocio de las clases más altas a costa de las más bajas y el foco de especulación en España.
De esta forma, la vivienda termina siendo «un derecho básico que la gente no puede satisfacer a través del mercado inmobiliario» y que lastra la mayoría de las ayudas a las que podrían acceder las personas en situación de vulnerabilidad. Incluso, aquellas que están relacionadas con el pago del alquiler. «Como no tienen manera de demostrar que están viviendo allí y no pueden empadronarse, no pueden beneficiarse de ellas», lamenta Lucas.
En su ensayo Silencio administrativo, la periodista Sara Mesa reflexiona acerca de esta espiral sin salida y concluye que «evitar el empadronamiento es una manera de despachar con rapidez ciertos problemas». En un capítulo dedicado a este asunto, explica que las personas que no pueden acceder al padrón no están en riesgo de exclusión, sino que «ya ha[n] sido excluida[s]».
Cuestión de clase: de la Golden visa a la autoconstrucción
«Lo más difícil fue empadronarme», explica a Público Caty con un ojo puesto en su hija, que corretea incansable entre el columpio y su madre. Sentada en el muro que delimita el pequeño parque de Almoradí, en Alacant, explica cómo fue su llegada a España. Caty tiene unos 30 años y su hija todavía no ha cumplido los dos. Vino desde Colombia con su marido en 2023 y se asentó en este pueblo siguiendo las indicaciones de otros compatriotas que habían emigrado antes que ella. Después de siete meses residiendo en un lugar donde no la dejaban empadronarse, la familia del anciano al que cuidaba le permitió hacerlo en la vivienda del hombre. «Tuve suerte», asegura a este periódico. Antes, sólo había podido acudir al hospital por urgencias y no había podido acceder a ninguna ayuda.
No hay nada que evidencie más la división de clase que existe entre la población migrante que los conocidos como ‘visas oro’
Si Caty viniera de Reino Unido, de Noruega u otros países de la UE, como el 59% de los censados en Rojales en 2023, es probable que no le hubiera costado tanto empadronarse. De hecho, es posible que viviera en Ciudad Quesada, una urbanización a pocos kilómetros del parque en el que Caty conversa con Público. Este barrio es conocido en el pueblo por ser un lugar en el que solo viven extranjeros europeos, muchos de los cuales vienen a pasar el final de su vida a España. Aunque tienen un mayor nivel adquisitivo que quienes proceden del sur global, cabe decir que no todos los británicos o noruegos que llegan a la Vega Baja son ricos, como asegura a este periódico la camarera de un bar de Rojales, cuyos padres son ciudadanos escoceses que emigraron a España para levantar el negocio que ahora atiende la joven.
No hay nada que evidencie más la división de clase que existe entre la población migrante en este sentido que la conocida como los «visados de oro», vigentes desde el 2013 hasta el principios de este año, cuando entrará en vigor la derogación de la norma que la hacía posible. Estos visados, promovidos especialmente desde la crisis financiera de 2008, facilitaban obtener la residencia española a los extranjeros que compraran inmuebles de más de un medio millón de euros o adquirieran deuda pública por valor de 2 millones de euros, entre otras opciones. Tal y como informó Público, en estos meses previos a su desaparición, la expedición de estos visados se ha disparado más de un 50% desde que el Gobierno anunciara su desaparición.
Estos casos son la excepción. Quienes llegan a España con pocos recursos y a trabajar deben optar por otras opciones, como compartir piso con desconocidos. «Ha proliferado mucho el alquiler de habitaciones», explican desde Elche Acoge. «Muchas veces están compartiendo viviendas familias con menores, con hombres solos, con las dificultades que eso conlleva», relata Rosario Lucas. Por este tipo de alquiler, una mujer paraguaya a la que entrevistó este periódico en Roquetas de Mar (Almería) –y que prefiere no dar su nombre– paga actualmente 300 euros mensuales con gastos aparte. «La gente se aprovecha de nuestra situación y quiere que le salga gratis su alquiler, así que alquila una casa y sube el precio a todas las habitaciones», explica. «El trato [que se les da a los migrantes] no es lo que uno merece, pero como somos migrantes tenemos que callarnos, porque necesitamos el trabajo».
De todas las personas que migran a España para trabajar, las que están en la capa social más baja son aquellas que ni siquiera pueden acceder a una vivienda. Bien sea por incapacidad para pagar el alquiler o por el rechazo de los propietarios de los inmuebles a arrendarlos a personas extranjeras –sobre todo de aquellas que proceden de los países africanos–, hay quienes no tienen más opción que vivir en chabolas autoconstruidas o en infraviviendas.
Este fenómeno es bastante habitual en lugares donde las personas migrantes desarrollan trabajos agrícolas. Es el caso de Níjar (Almería), en cuyas casi 14.000 hectáreas de invernaderos trabaja buena parte del 47% de la población extranjera que reside en el municipio, según los datos del Censo de Habitantes del INE de 2023. La práctica totalidad de ellos procede de países del sur global, especialmente del continente africano. Esta cifra creció en 7,1 puntos porcentuales desde 2014, lo que hace de este, el municipio con mayor población africana de toda España.
Pero en Níjar no solo viven quienes trabajan allí, sino también quienes lo hacen en los municipios adyacentes. Según las estimaciones del Servicio Jesuita de Migrantes, actualmente viven en la localidad almeriense unas 1.600 personas en asentamientos chabolistas. De acuerdo a un informe publicado por este organismo el pasado mes de julio, otras 1.400 y 1.500 vivían en infraviviendas. Es decir, cortijos abandonados, invernaderos o almacenes. Para quienes viven en estas condiciones, el empadronamiento y, por tanto, el acceso a trámites y ayudas resulta casi imposible. Ello, pese a que las Instrucciones Técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón Municipal del 2015 apuntalaron el empadronamiento de oficio.
Empadronamiento de oficio
La norma que regula las bases del empadronamiento en España es la ley 7/1985, en cuyo artículo 15 establece que el derecho al empadronamiento es obligatorio para todo el que viva en España, y que los municipios deben ofrecer esta posibilidad. Daniel Izuzquiza, coordinador de la delegación de Almería del Servicio Jesuita de Migrantes, asegura que este mandato se cumple a duras penas. Según la experiencia del jesuita, desde 2023 es más sencillo en los asentamientos chabolistas. Antes de esa fecha «ni lo intentaba», lo cual «generaba un gran mercado negro de compraventa de padrones o de gente que buscaba algún amigo que le permitiera empadronarse en su casa».
Esto «distorsionaba la realidad del municipio».
La situación es mucho más complicada para quienes residen en infraviviendas. En estos casos, el Gobierno municipal ha establecido un procedimiento que, de facto, impide el empadronamiento –y por tanto, el acceso a recursos públicos– de quienes viven en esta situación. Debido a que las infraviviendas suelen encontrarse en propiedades de particulares –como un invernadero o una caseta de herramientas– el dueño debe personarse en el Ayuntamiento para autorizar a la persona que vive en su propiedad para que pida el empadronamiento en ella. En la práctica, explica Izuzquiza, esto impide el empadronamiento.
Este tipo de escollos burocráticos toman diferentes formas en función del territorio. Pero, como confirma Elche Acoge gracias a la información que les llega de otras delegaciones de su red de acogida, se reproducen en todos los territorios. El objetivo, sospechan, es recortar el gasto social a través de dificultar el acceso a los recursos de quienes trabajan en España procedentes del extranjero.
Metodología
Público ha analizado la evolución de la población extranjera en los municipios de más de 10.000 habitantes de España entre 2014 y 2023. Esta información se ha puesto en relación con la población de nacionalidad española censada en cada uno de estos municipios.
Además, se han revisado las variaciones del gasto municipal destinado a servicios sociales en 2014 y 2023, disponible en el código de función consolidado 23 de los presupuestos liquidados para cada uno de esos años, recopilados por el Ministerio de Hacienda. En concreto, se han analizado los cuatro capítulos más relevantes de esta partida, ya que constituyen su grueso y aparecen de forma más o menos constante cada año. Estos son: el Capítulo I. Gasto de personal; el Capítulo II. Bienes corrientes y servicios (donde se incluye la prestación de servicios externos); el Capítulo IV. Transferencias corrientes (donde se integran las subvenciones, entre otras cuestiones); y el Capítulo VI. Inversiones reales (como la adquisición de material).
Para hacer estas cantidades comparables y ajustarlas al valor del dinero actual, se han actualizado según la inflación de agosto de 2025, último dato disponible en el momento del análisis. Esta información también se ha cruzado con la ratio de médicos de cabecera por municipio, disponible en la base de datos del Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP).
Por último, se han visitado los municipios de Rojales y Almoradí (Alicante), Adeje y Granadilla de Abona (isla de Tenerife) y Roquetas de Mar y Níjar (Almería). La elección de estas localidades se realizó teniendo en cuenta variables como el porcentaje de población extranjera, la procedencia (para abarcar países del norte y del sur global) y la renta media (para observar la situación en municipios con mayor y menor renta).
Para este trabajo, se han considerado países del norte global a Canadá, Estados Unidos, el norte, occidente, centro y sur de Europa, Rusia y otros países de Europa y Oceanía. Por contraposición, se han considerado países del sur global a México y los del centro y sur del continente americano, así como los países de África, del este de Europa, Oriente Medio, la India y China. Esta clasificación es una generalización basada en la llamada «línea Brandt», elaborada en 1980 por el entonces canciller de la Alemania Occidental, Willy Brandt, que diferenciaba entre los países del mundo con alto desarrollo económico y los que no lo tenían. Aunque desactualizada y con excepciones, esta clasificación también refleja las divisiones raciales y de influencia cultural de una parte del mundo sobre otra.
Este reportaje forma parte de la investigaciónLandscapes of Change, coordinada por el medio maltésAmphora Mediay desarrollada gracias al apoyo deJournalism Fund Europe.
Si tienes cualquier duda sobre esta investigación nos puedes escribir a investigacionydatos@publico.es.
A pocos días de que se cumpla un año desde la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, que cobró las vidas de 229 valencianos y valencianas y que provocó daños materiales incalculables (la zona afectada concentra alrededor del 2,5% del PIB estatal), la protesta ciudadana para reclamar la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat y que asuma las consecuentes responsabilidades políticas no pierde fuelle.
València ha vivido la doceava manifestación convocada por la Plataforma Mazón Dimissió, que agrupa a los movimientos sociales del País Valencià, unas doscientas entidades cívicas y sociales, pero también la mayoría de los sindicatos valencianos, así como las asociaciones de víctimas y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción. Los partidos políticos del ámbito progresista también han apoyado con su presencia y participación la manifestación, pero sin formar parte de la plataforma convocante, por voluntad expresa de todas las partes.
La manifestación, encabezada por las asociaciones de víctimas, estaba convocada para las 18.00 horas en la céntrica plaza de Sant Agustí, pero, media hora después, los manifestantes seguían el espacio hasta la Estació del Nord sin que la cabecera hubiera empezado a caminar. Por delante de ellos, dos columnas: una de agricultores con media docena de tractores y otra de bomberos, que han servido para visualizar el agradecimiento hacia dichos colectivos por la ayuda prestada durante la DANA. Al paso de los bomberos, la gente coreaba el lema de «¡Más bomberos y menos toreros¡».
En este sentido, se daba la casualidad —o la causalidad— que, mientras las calles de València vivían una nueva manifestación multitudinaria, À Punt emitía una corrida de toros de 1997, dentro de un espacio titulado Corridas míticas.
Una pancarta contra Carlos Mazón este sábado.
Abriendo la marcha reivindicativa, los tabals y las dolçaines interpretaban Processó de la memòria, como en otras movilizaciones, y se alzaban algunas muixarangues (torres humanas tradicionales valencianas).
Previamente, por la mañana, la Associació de Víctimes de la DANA – 29 d’octubre ha realizado un acto de homenaje a las víctimas y sus familiares en el Teatro Olympia de València, del que se han ocupado sus ochocientas butacas. El acto ha contado con testimonios de familiares, que relataban sus vivencias e incluso sus últimas palabras con sus allegados.
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Asimismo, el homenaje ha contado con la participación de representantes de varios colectivos —sanitarios, docentes, bomberos, artes escénicas, agricultores, etc—, como muestra de solidaridad y agradecimiento, y con la música de Pau Alabajos, Miquel Gil y Eva Romero.
Manifestación ciudadana en València este sábado.
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También Beatriz Garrote, presidenta de la AVM3J, la asociación de víctimas del accidente del metro del 3 de julio de 2006 en València, ha tomado la palabra para mostrar su solidaridad con las víctimas de la DANA y ofrecerles su apoyo.
Con este acto, desde las asociaciones de víctimas se ha destacado que se quería «dedicar todo el cariño a las víctimas y a sus familiares que no han tenido por parte del gobierno de la Generalitat». Al final, en el escenario se ha desplegado una pancarta con el lema «I ara totes alcem la veu per qui ja no pot alçar-la!» [¡Y ahora levantemos todas la voz por quien ya no puede levantarla!] que, más tarde, ha usado la misma asociación durante la manifestación.
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Así pues, la protesta ha vuelto a las calles de València, después de desplegarse por los pueblos afectados de la zona sur durante los meses de verano. La última vez, había sido en mayo, como colofón de la jornada de huelga general en el País Valencià por la DANA que habían convocado sindicatos como Intersindical, CGT, CNT o COS, así como el Acord Social Valencià y los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción.
Imagen de la manifestación en València este sábado.
A la espera de contrastar las cifras ofrecidas tanto por los convocantes como por Delegación del Gobierno o la Policía Local, se puede constatar, sin embargo, que la protesta ha vuelto a un registro alto. No homologable al de la primera y la segunda convocatoria de noviembre de 2024, que tuvieron lugar entre dos semanas y un mes después de la tragedia y que marcaron un hito histórico, pero sí, sin duda, a la movilización de la huelga general de mayo.
De la misma manera, la convocatoria también ha vuelto a recorrer las calles de Alacant, donde ha partido de la escalinata del IES Jorge Juan, y donde también ha recuperado la presencia urbana y un nivel de participación homologable al que hubo el mayo pasado, durante la huelga general.
Para la manifestación que marcaba el año después, la movilización de la Plataforma Mazón Dimissió ha recuperado pulso en la calle. En este sentido, en la historia reciente del País Valencià es inédito que una protesta mantenga un nivel de movilización similar y continuado en el tiempo durante todo un año. Zahia Guidoum, portavoz de la plataforma Decidim, una de las entidades convocantes, resumía esta sensación negando que la protesta hubiera vuelto a resurgir, porque «el pueblo valenciano la ha mantenido siempre, no la ha abandonado».
Asistentes a la manifestación en València este sábado.
Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA – 29 d’octubre de 2024, ha pedido, en este sentido, que «el pueblo valenciano nos continúe acompañando en la demanda de verdad, justicia y reparación». Gradolí ha sintetizado sus reivindicaciones de la siguiente manera: «Queremos que se asuman las responsabilidades políticas y Mazón y su Consell se vaya a su casa: no nos dieron seguridad el 29 de octubre de 2024 y, un año después, siguen sin dárnosla».
La convocatoria de la Plataforma Mazón Dimissió por el año de la DANA se había trasladado al sábado anterior para evitar coincidir con el funeral de Estado que se celebrará el mismo miércoles, 29 de octubre, en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Ahora bien, la jornada no estará tampoco libre de marchas reivindicativas, puesto que el Acord Social Valencià ha convocado una por los pueblos afectados del sur. La movilización ciudadana por la DANA, por lo tanto, sigue viva en todos los ámbitos un año después.
L’Horta Sud de València todavía desprende un olor extraño. El
ambiente hace meses que no es el de antes. Los vecinos se han acostumbrado al
ruido, también a la presencia de cámaras de televisión. Y, sobre todo, al
miedo. «La sensación que tuvimos aquel día vuelve a nuestra cabeza cada vez que
caen cuatro gotas. No lo podemos olvidar», reconoce una habitante de Catarroja.
El paisaje tampoco pasa desapercibido. Los restos de caliza se mezclan con el
brillo de las puertas y los escaparates que han conseguido revivir. Las
matrículas de los coches empiezan casi todas por la letra M. Las huellas color
terracota todavía saludan desde alguna pared. Y las obras del alcantarillado se
pierden entre los escombros que todavía no han sido retirados. El telón de
fondo lo ponen las pintadas. Gràcies. El poble salva al poble. Mazón a presó.
Y como hilo conductor, lo único que -inevitablemente- queda fuera de la
reconstrucción: las víctimas mortales.
José. Francisco. Eva. Andrés. Jorge. Mónica. Javier. Lorenza. Sara. Miguel. Y así hasta llegar a 229. «Si tuviéramos que hacer un minuto de
silencio por cada uno de ellos, estaríamos tres horas y cuarenta y nueve
minutos callados«, deslizan desde las asociaciones de víctimas y afectados. «Llevamos
un año sufriendo abandono institucional y maltrato institucional por parte de
la Generalitat Valenciana. No hemos podido tener un duelo en condiciones, para
eso necesitamos que se haga justicia. La negligencia aquí es política: no son
muertos, han sido asesinados», lamenta la pareja de un transportista fallecido. Elisabeth y Paco son las dos únicas personas que siguen desaparecidas doce
meses después de la catástrofe, doce meses después de que la huerta valenciana se
convirtiera en «un escenario de guerra», doce meses después de que decenas de
vecinos muriesen ahogados antes de escuchar el pitido de las alertas.
Ver vídeo
Los municipios afectados por la DANA, un año después de la catástrofe.
«Este año ha sido difícil. No podemos olvidar que 229
personas perdieron la vida. El miedo sigue en la piel de los vecinos. No
podemos olvidar el rugido del agua cuando pasaba, aquel silencio sepulcral en
las calles», recuerda José Cabanes, alcalde de Sedaví. Las riadas truncaron el
futuro de nueve hombres y mujeres en esta pequeña localidad de l’Horta Sud de
València. «No lo vamos a olvidar nunca», insiste. Lo mismo apunta Lorena
Silvent, alcaldesa de Catarroja. «El municipio quedó completamente devastado,
pero lo peor son las pérdidas humanas«. Esta es una reflexión prácticamente
unánime. Los daños físicos son irreparables. Los materiales han empezado a ser
intervenidos, no ahora, sino hace «ocho, nueve o diez meses», eso sí, «todo
avanza mucho más lento de lo que nos gustaría«. Es algo en lo que coinciden
casi todos los vecinos y regidores que han hablado durante los últimos días con Público.
Paiporta es uno de los pueblos que todavía muestra más
secuelas. La zona cero de la tragedia. «Y la zona cero de la reconstrucción»,
señalan desde el Consistorio. El Barranco del Poyo atraviesa el municipio. Lo
divide en dos mitades. La DANA se llevó por delante casi todos los puentes que
conectaban las calles del norte con los barrios del sur. Paiporta tardó tres
meses en ser transitable. «La emergencia duró hasta febrero. Las labores ahora
se centran en la limpieza y la reposición del alcantarillado: todos los
desagües de la ciudad se tienen que limpiar. (…) La gente pregunta por la
reconstrucción y parece que no se ha hecho nada, pero no se tiene en cuenta que
aquí estamos viviendo y reconstruyendo al mismo tiempo. Y encima, limpiando el
subsuelo que no se ve», recalca Vicent Císcar, alcalde de Paiporta.
Vicent Císcar, alcalde de Paiporta, durante una entrevista con ‘Público’.
Los vecinos de la localidad siguen «tocados», les cuesta
hablar de lo que pasó el 29 de octubre de 2024. «Es que aquí no llovió, no cayó
ni una gota, no nos lo podíamos imaginar», insisten. Paiporta ha multiplicado
por diez su presupuesto municipal para las tareas de reconstrucción, habida
cuenta de que «la dificultad administrativa es impresionante», matiza el
regidor. Esto hace que todo avance a dos velocidades. Las paredes relucientes
de los comercios y viviendas que han logrado volver a la rutina se alternan en
las calles con andamios y hormigoneras, con las marcas del fango y los carteles
de «cerrado» o «próxima apertura». La falta de mano de obra -pintores,
albañiles, fontaneros- y la subida de los precios son un hándicap con el que han
tenido que lidiar demasiados vecinos.
Esta imagen se repite en casi todas las localidades devastadas
por la DANA. Lo mismo ocurre con los límites de la burocracia y los esfuerzos
por molestar «lo mínimo posible» a los habitantes de los municipios, muchos, familiares
o amigos de alguno de los fallecidos. «Tenemos casas que reparar, comercios que
reparar, pero lo fundamental es recuperar la confianza en vivir aquí, queremos
que los vecinos sientan que es un lugar seguro y protegido ante futuras inundaciones»,
apunta Guillermo Luján, alcalde de Aldaia. El Barranco de la Saleta atraviesa
esta localidad, próxima al aeropuerto de València. Los vecinos que han hablado
con este diario piden acelerar la limpieza del subsuelo y desviar el barranco
porque, apuntan, «no tiene salida» y «no podemos estar todos los inviernos así».
El Barranco de l’Horteta, a su paso por Torrent, doce meses después de la DANA.
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Las miradas también están puestas en las personas mayores y con movilidad reducida, toda vez que muchos
ascensores siguen inoperativos. «No podemos tener gente que siga prácticamente
confinada. Este es uno de los elementos más sensibles», lamenta Luján. Público ha estado en una comunidad de vecinos de Benetússer, donde el ascensor no
funcionó hasta hace dos semanas. La riada dejó tres víctimas mortales en los
garajes del edificio. «Las alertas no habían sonado cuando mi hija y mi marido bajaron
a mover los coches. El cielo estaba raro, pero no llovía. No caía ni una gota»,
cuenta Toñi García, madre y esposa de Sara y Miguel. El lodo alcanzó
los dos metros de altura en la planta baja de la comunidad: una fina línea de
color marrón todavía acaricia el techo del rellano. Y en el suelo, los buzones provisionales
que ha diseñado uno de los vecinos. El primero que llegaba a casa después de la
cartera era hasta hace poco quien se encargaba de repartir el correo.
«Los servicios psicológicos llevamos un año desbordados, acompañando
a muchas personas con ansiedad, miedo y trastornos de estrés postraumático. Y
arropando también a muchos niños. No podemos olvidarnos de ellos. Los niños son
los que peor lo han pasado: han estado sin colegio, han visto a sus padres
llorar, discutir, salir a luchar contra el barro…», relata Inma March,
psicóloga en Sedaví. El grueso de los colegios e institutos han podido arrancar
el curso con visos de normalidad. Las localidades más afectadas, eso sí, todavía
tienen alguno de sus centros en barracones y aulas prefabricadas. «Lo que
tememos es que lo que en un principio se vendió como provisional, acabe
convirtiéndose en definitivo», señala un vecino de Alfafar.
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Los barrios vulnerables, golpeados por partida doble
Las cicatrices siguen abiertas, más aún en los barrios
marginales, los barrios de quienes parece que no existen a ojos de la administración.
José Francisco Martínez Andreu lleva sesenta y siete años viviendo en Torrent.
La nave en la que almacenaba buena parte de su pasado colindaba por un lado con
el Barranco del Poyo. La DANA se llevó la infraestructura, también sus
recuerdos. «Esto sigue igual que hace un año, tienen que arreglarlo, pero tienen
que hacerlo bien. No sirve con una chapuza para que al invierno siguiente
tengamos que salir otra vez corriendo». José Francisco pudo solicitar algunas
subvenciones, pero no ha sido capaz de recuperar el terreno, tampoco los
enseres que tenía dentro de la nave. «Me llegaron a decir que lo que el
barranco se lleva, el barranco se lo queda«, recuerda.
Al otro lado de la carretera, mirando hacia el Barranco de l’Horteta,
vivía hasta hace no mucho Pepa. La distancia entre los dos desfiladeros es de dos
minutos caminando. El alcantarillado suele dar problemas en la zona, pero lo de
octubre del año pasado fue excepcional. «Estamos completamente abandonados. El
barranco sigue igual que hace un año. Lo único que hicieron fue quitar cuatro
hierbas cuando vinieron a demoler mi casa», lamenta la vecina. Pepa tenía uno
de los domicilios más afectados: el primero en una hilera de casi diez viviendas,
el primero que tocó el fango hace ahora doce meses. El Ayuntamiento de Torrent
la ha reubicado en una vivienda pública, pero fuera de la localidad, lejos de
su familia. «También me han dicho que me iban a pagar, pero no sé ni cuándo ni cuánto», continúa. Público ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa
para agendar una entrevista a lo largo de la última semana, sin haber recibido todavía
respuesta.
Jose Francisco Martínez Andreu, vecino de Torrent, desde los restos de su nave, justo encima del Barranco del Poyo.
Juan David Pinzón, vecino de Benetússer, muestra otra de las
caras más duras de la catástrofe. El joven llegó a España hace un año y medio,
es decir, seis meses antes de la DANA. «No había conseguido todavía regularizar
mi situación», reconoce en una conversación con este diario. Esta condición lo
apartó de buena parte de las ayudas económicas, también le complicó encontrar
casa y trabajo. «El empadronamiento era uno de los requisitos principales, si
no, servía con pruebas contundentes de que estabas localizado en una vivienda [de
las zonas afectadas]. Lo presentamos todo, pero nos lo denegaron«, precisa. Las
asociaciones estiman que 40.000 personas en situación irregular tenían su domicilio
en los territorios golpeados por las inundaciones.
La importancia de salir adelante en «comunidad»
El «gran problema» para todas las administraciones consultadas
por este medio es sin duda el alcantarillado, pero la senda adoptada está
demostrando, dicen, ser efectiva. «El dinero y los recursos invertidos, de
momento, han funcionado. Las alcantarillas han tragado mucho barro y muchos
trastos. El lodo quedó solidificado, tenemos zonas muy dañadas, pero las
últimas lluvias [de septiembre] han demostrado que lo que hicimos, funciona»,
explica José Cabanes, alcalde de Sedaví. Lo mismo argumentan desde otros
municipios, entre ellos, Paiporta y Catarroja. «Lo que más preocupa es lo que
menos se ve: todo lo que está en el subsuelo. El reto está en intervenirlo sin
parar la vida del municipio, hacerlo rápido, pero hacerlo bien. No se trata de
reponer los elementos dañados y dejarlos igual de mal que estaban, sino de
crear una ciudad a diez años vista, una ciudad más resiliente», apunta Lorena
Silvent, alcaldesa de Catarroja.
El paso hacia el Barranco de la Saleta, en Sedaví, un año después de las inundaciones.
Los vecinos, para llegar a ese horizonte, tienen que superar
primero «muchos miedos», limar las asperezas que ha dejado la DANA. El camino
no es fácil, pero costará menos si los esfuerzos son colectivos. «Estamos
haciendo muchas actividades comunitarias, porque consideramos que es importante
salir de esto todos juntos, fortalecer el sentimiento de comunidad. El miedo
sigue ahí. Lo vimos con las lluvias del último mes. La alerta de finales de
septiembre nos hico revivir ese día [29 de octubre], esa alerta que llegó
tarde, pero tenemos que normalizarlo. Es normal tener miedo, poco a poco iremos
trabajando y exponiéndonos para poder salir de aquí«, insiste la psicóloga Inma
March. El marrón sigue impregnando el mapa un año después de la catástrofe. Los
municipios tratan de recuperar «cierta normalidad», los comercios han vuelto a «ponerse
las pilas», pero cuesta. Y las familias, intentan que su lucha no caiga en el
olvido, confían en la justicia y cuentan los días para poder empezar a vivir su
duelo: «Las muertes eran evitables. No es una cuestión partidista, porque
víctimas tenemos de todos los partidos y de todos los colores, pero sí
política, porque la negligencia fue política. Y quien estaba al mando era Mazón».
Alquiler
Seguro tardó una década en revelar su vocación internacional. En 2017 puso un
pie en México, asociándose con la local Buró Rentas para poner en marcha el
Fichero de Inquilinos Morosos que ya tenía en España. Y un año después saltó a Miami, donde creó Enacom Capital LLC y Enacom Investment LLC, dos sociedades
limitadas. Luego llegaron Estoica Ventures LLC, Ataraxia Properties LLC y Enacom Global LLC. Aunque la aventura en Florida no fue muy duradera: terminó cinco
años después, cuando vendió las tres primeras por un euro. Carecían de «valor
histórico», según reflejó la sociedad dominante del grupo, Enacom, en las
últimas cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil.
El
consejero delegado del grupo, David Caraballo, explica a Público que
esas sociedades estaban incluidas en el plan de expansión de Alquiler Seguro, que
además de Estados Unidos incluía Portugal, donde aún siguen, a diferencia de México. «Fueron parte del business plan presentado por [el entonces presidente y
consejero delegado] Gustavo Rossi. Pero no dio el resultado esperado»,
resume. Según aparece en los registros públicos de Florida, Enacom Investment y
Enacom Capital adquirieron en 2018 y 2019 sendas viviendas en Miami.
Construidas en 2008, les costaron 275.000 y 184.000 euros, respectivamente. «Era un proyecto piloto», asegura Caraballo, «para comprar dos inmuebles,
reformarlos y ver su viabilidad». No funcionó, añade. Según dice, ese fue
además el «detonante» de la salida de Gustavo Rossi del consejo de
administración en 2022.
Y fue a Rossi a quien Alquiler Seguro vendió las cinco sociedades un año después
como parte del acuerdo que intentó cerrar la brecha abierta entonces en el
equipo gestor del grupo. Según dice la empresa a Público, se trató de un «acuerdo amistoso firmado por ambas partes». Sin embargo, la ruptura fue del todo menos pacífica.
Ésta es la novena y última entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
Rossi
y su padre, Miguel, fundaron junto con Eduardo Fresno Benítez, Sergio Luisilla Oliván
y Antonio Carroza Pacheco Alquiler Seguro en 2007. Hoy sólo Carroza sigue en la
empresa. Es su presidente y consejero delegado. Todos los anteriores trabajaban entonces como profesionales del sector inmobiliario e idearon Alquiler Seguro para
solucionar «los problemas de gestión a que se enfrentaban quienes querían poner
en alquiler una vivienda». La fórmula, rememora David Caraballo, se basaba en reducir las probabilidades de impago del inquilino en un mercado donde los propietarios «no son vocacionales, sino circunstanciales: el 90% de la cartera de Alquiler
Seguro posee sólo una vivienda, son pequeños ahorradores que no tienen tiempo ni
herramientas para seleccionar al inquilino ni para llevar la gestión».
Abrupta salida de dos fundadores
Alquiler
Seguro creció, dentro y fuera de España, hasta formar un conglomerado de una
docena de empresas que cubren todas las facetas de la gestión del alquiler,
desde los seguros hasta las reparaciones o el suministro de luz y gas. Pero el
26 de mayo de 2021 Gustavo Rossi cesó como presidente y fue sustituido por
Antonio Carroza. Un año después, el 10 de junio de 2022, Rossi y Eduardo Fresno
fueron destituidos como consejeros delegados, con su voto en contra. Antonio
Carroza y Sergi Gargallo, que había llegado a la empresa en 2015, votaron a
favor. Hasta ahí el frío relato de los hechos inscrito en el Registro Mercantil.
Porque
la batalla continuó. Pasó otro año de tensiones hasta que Rossi y Fresno vendieron
sus acciones al fondo de inversión Aurica Capital por 18 millones de euros: el
primero tenía el 45,001% del capital de Enacom y el segundo, el 4,997%. Ese 49%
constituye la participación actual de Aurica –19,704% en manos de Aurica Growth Fund
Capital IV SCR y 30,294% en las de Aurica Growth Fund IV FCR–. El otro 51% se reparte
entre Carroza –45,001%– y Gargallo –5,001%–.
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Para
llegar a ese acuerdo hizo falta la intermediación de un tercero, el despacho Filslegal, especializado en litigación y arbitraje.
A ellos acudieron Rossi y Fresno para salvaguardar sus intereses. Ambos habían
dejado de ser miembros del consejo de administración un año atrás, por lo que «desconocían
el estado de la empresa cuando Aurica y Carroza propusieron la operación»,
según explica Filslegal en su lista de casos de éxito. «Diseñamos», detalla, «un régimen de responsabilidad
que les evitara responder por contingencias desconocidas hasta la fecha». En el
esquema participó una aseguradora especializada en seguros de manifestaciones y
garantías, que protegen a un comprador o vendedor ante posibles pérdidas
económicas por incumplimientos tras la firma de un contrato, derivadas de problemas
fiscales, litigios o errores en la información sobre la empresa.
Además,
Enacom le vendió a Gustavo Rossi las sociedades de Miami, «para que las explotara
él», apunta a Público David Caraballo. Ni Rossi ni Eduardo Fresno han
contestado a los reiterados intentos de este periódico para ponerse en contacto
con ellos. Según Caraballo, medió un año entre la destitución de los dos
fundadores y la firma del acuerdo porque fue el tiempo necesario para llevar a
cabo la preceptiva due diligence, la auditoría de las cuentas y
operativa a la que se somete una empresa antes de una compra o inversión.
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De izda. a dcha., el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza; su consejero delegado, David Caraballo, y el vicepresidente, Sergi Gargallo.
Precios más bajos, un fondo controlando la gestión
Las
filiales de Enacom en Florida se vendieron por un euro, pero el valor que la
matriz había apuntado en sus cuentas a tres de ellas –Enacom Investment LLC,
Enacom LLC y Estoica Ventures– hasta 2022 ascendía a 804.267 euros. Ataraxia
Properties LLC y Enacom Global LLC no aparecen en el informe de gestión enviado
al Registro Mercantil.
Todas ellas figuran ahora a nombre de Gustavo Rossi, que trasladó su residencia a Miami en 2019,
según explicó en una entrevista
publicada en julio de 2024 en Reental TV, el canal de Youtube de Reental, una
plataforma de inversión inmobiliaria que utiliza la tecnología blockchain.
Rossi, socio de Reental, también ha creado Ataraxia Holding en Florida, donde sigue
con sus «inversiones y negocios», revelaba en la entrevista, y prepara la
apertura de un restaurante.
Mientras,
Alquiler Seguro ha adaptado su gestión a las exigencias de tener un fondo de
inversión como socio. David Caraballo destaca que ha sido un «cambio radical», porque
la empresa está sometida ahora a «un control económico mucho mayor». El
consejero delegado defiende el modelo de negocio que está investigando el
Ministerio de Consumo por posibles prácticas abusivas contra los inquilinos. «Somos defensores del alquiler residencial», subraya,
frente al alquiler de temporada que ha disparado los precios. Asegura que los
de sus pisos están 100 euros por debajo de la media precisamente por la «garantía» frente al impago –»y el miedo a que le destrocen la vivienda»– que, a su
juicio, Alquiler Seguro proporciona al casero. «[El propietario] Debe entender», concluye, «que es mejor si
modera el precio, porque le conviene que el alquiler sea de larga duración».
Aquí puedes leer todos los artículos de la investigación de ‘Público’
