Nacida en 1962, Delgado ha desarrollado casi toda su carrera en la Audiencia Nacional, donde llegó en 1993 y permaneció durante 25 años, centrada primero en la lucha contra la droga y después como experta en terrorismo etarra y yihadista. Miembro de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF), en abril de 2018 fue elegida vocal del Consejo Fiscal -el principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado-, pero duró poco en ese puesto. Apenas dos meses después, en junio, tras la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa por sorpresa, Delgado prometía el cargo de ministra de Justicia.
Esas controversias provocaron que el Congreso aprobara hasta tres veces una reprobación contra ella, una figura parlamentaria sin efectos legales pero que supone una declaración de desconfianza del legislativo a un miembro del Gobierno. No obstante, eso no fue óbice para que, en febrero de 2020, Pedro Sánchez nombrase a Delgado como fiscal general, una decisión que fue duramente criticada por la oposición y por la mayor parte de la carrera fiscal e impugnada ante el Tribunal Supremo por PP y Vox, que denunciaron falta de imparcialidad al haber llegado directamente Delgado a la Fiscalía desde el Ministerio de Justicia.
Su desempeño como fiscal general
Ese no fue el único conflicto de la fiscal general con la Asociación de Fiscales, que ha llegado a llevar a Delgado ante los tribunales. Esa organización denunció a la dirigente por su negativa a dar a los vocales conservadores del Consejo Fiscal información sobre la actuación del despacho de Baltasar Garzón en el caso Villarejo y las presuntas irregularidades denunciadas por el fiscal Ignacio Stampa para apartarle de este procedimiento.
La última de las polémicas que ha tenido como protagonista a Delgado se produjo en el Congreso, y fue a raíz de un movimiento del PSOE para garantizar, por la puerta de atrás, un ascenso a Delgado una vez abandonara su puesto. Hace unas semanas, los socialistas registraron una enmienda para convertir en fiscal de Sala del Tribunal Supremo a Delgado en el futuro, y lo hicieron tratando de incluir este cambio en la ley concursal, que no tiene nada que ver con la carrera fiscal. El PSOE, no obstante, se vio obligado a renunciar a sus intenciones por la negativa de PP y Unidas Podemos a apoyar esa enmienda.