El CGPJ se debía haber renovado en diciembre de 2018, tal y como manda la ley orgánica que regula su funcionamiento. Han sido varios los intentos por sustituir a los veinte vocales -aparte de su presidente-, para lo cual se necesitan al menos dos tercios de Congreso y Senado. Esto implica el acuerdo entre los dos grupos mayoritarios del Parlamento, es decir, PSOE y PP, pero las exigencias de los populares para cambiar la normativa de elección con el objetivo de lo que ellos llaman «despolitización de la justicia» no han sido atendidas por los socialistas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, por su parte, acusa al partido de Alberto Núñez Feijóo de situarse fuera de la ley.
En estos años, han sido numerosos los pronunciamientos de las instituciones europeas instando a PSOE y PP a sentarse a dialogar para renovar el CGPJ, pero también insisten en que España debería explorar otras formas de elección de los vocales del órgano para que haya una mayor participación de las asociaciones de jueces, más allá de proponer una lista de candidatos a los partidos. Así que socialistas y populares se agarran a una u otra excusa para no ceder en sus pretensiones y no alcanzar ningún acuerdo para renovar el Consejo.
La UE se ve obligada a mediar
«Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas), sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita», explicó Reynders la semana pasada desde Bruselas.
La fecha de la dimisión no está clara, más que nada porque Lesmes no dio ninguna, aunque sí habló de días, por lo que todo podría acelerarse la semana que viene. Su amenaza se vio como una fórmula para intentar presionar a Gobierno y PP, pero de momento las partes no parecen darse por aludidas. Y aunque la salida del presidente del CGPJ no implicaría descabezar en la práctica este órgano -le sustituiría el presidente de la Sala Primera del Supremo-, sí lo dejaría en un estado de debilidad mayor si cabe de lo que está ya.
Brecha en el sector conservador
El ambiente, por tanto, va a llegar muy caldeado al Pleno que va a celebrar el CGPJ este jueves y en el que se tratará la obligada renovación de dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que el órgano ha de hacer, otro frente más para la institución. Renovación que, a su vez, también está bloqueada. Aunque el Consejo está incapacitado para hacer nombramientos discrecionales por una reforma legal impulsada por PSOE y Unidas Podemos, otra contrarreforma posterior del Gobierno le habilitó a sólo poder designar a candidatos al tribunal de garantías con el objetivo de buscar en este órgano una mayoría progresista.
El Gobierno quiere dar tiempo al órgano de gobierno de los jueces porque sabe que hay muchas dudas jurídicas de que sea legal nombrar a los dos magistrados sin el CGPJ. Y aunque dio de plazo hasta el 13 de septiembre y ya han pasado casi dos semanas, continúa a la espera. Pero en los últimos días, la ministra de Justicia ha ido elevando el tono: «Supongo que los sueldos también se nos suspenden cuando, por problemas de agenda, no podemos cumplir la ley y nuestros cometidos constitucionales», llegó a decir Pilar Llop.
El propio Lesmes también parece querer dejar renovado el Constitucional y cumplir con la ley antes de dejar definitivamente el puesto al frente del CGPJ. Así que si del Pleno del jueves no salen ya las propuestas, se está planteando convocar una nueva reunión la siguiente semana, el 3 de octubre, trasladando aún más presión a los vocales conservadores que no terminan de dar el paso. Pero más allá, no parece haber plan B, ni C, ni D. El Poder Judical se encamina a la incertidumbre total.