Por una parte, el Gobierno aprobará el Plan de Salud Bucodental para que el dentista se incluya en la asistencia sanitaria pública. Tras pasar por el visto bueno del Consejo de Ministros, el reparto de los 44 millones será sometido a la aprobación de las comunidades -las que tienen las competencias sanitarias- en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se celebrará de nuevo de forma presencial, esta vez en Valencia.
El Plan que aprobará el Consejo de Ministros busca «homogeneizar» prestaciones de salud bucodental» que ya incorporan algunas comunidades, pero otras no. «Incrementar los servicios comunes que hasta ahora no se prestaban por la sanidad pública, con especial atención a los siguientes colectivos: infanto-juvenil, embarazadas, personas con discapacidad, personas con cáncer y personas mayores», dice el componente 18, el capítulo dedicado a Sanidad del Plan Nacional de Recuperación.
La ampliación y homogeneización de la cartera de prestaciones incluirá para ellos revisiones periódicas y la determinación de riesgo de caries, tanto si tienes dientes de leche como si ya han cambiado la dentadura definitiva. Como medidas de prevención de las caries, se les aplicará sustancias remineralizantes, antisépticas y desensibilizantes y para quienes tengan caries, la sanidad pública pasará a cubrir los empastes en la dentadura definitiva y «actuaciones de mínima intervención» cuando todavía se trate de dientes de leche. Sin detallar, Darias adelantó que también hará otras prestaciones para población juvenil de más de 14 años.
Privatización de la sanidad
Sin embargo, hay una cuestión más polémica que la parte socialista del Gobierno subraya como verdaderamente trascendente y la morada, como insuficiente, que es la que tiene que ver con la privatización de la sanidad. La futura ley prohibirá en términos generales la gestión privada de la sanidad pública -por medio de concesiones como existen ahora en muchas comunidades-, mediante la derogación de un decreto que aprobó en 1997 el gobierno de José María Aznar que abrió la puerta a que empresas se hicieran con la gestión de la sanidad pública.
En el otro extremo, la ley de Equidad también cuenta con la oposición de la sanidad privada, que considera que es «deplorable» que se la considere una simple excepción «con listas de espera récord».
Unidas Podemos aseguró que enmendará la ley para prohibir la privatización bajo cualquier circunstancia cuando llegue al Congreso, un paso que empezará a partir de que el Consejo de Ministros apruebe este martes un proyecto de ley que, según apuntan fuentes del socio socialista de la coalición, mantiene la gestión privada como algo excepcional.