Ábalos, que en sucesivos escritos ante el Supremo desde que el tribunal abrió causa contra él e incluso en una denuncia ante la Fiscalía ha acusado a la UCO de llevar a cabo pesquisas ilegales en su contra, ha contado que «ha sido la propia Guardia Civil» quien le ha llamado este martes por la mañana para pedirle que «bajara a abrirles» y que «el trato ha sido excelente», con una intervención «mínima» y «muy profesional», mientras que por su parte ha hablado de «absoluta colaboración». Y ha aprovechado para decir una vez más que en su causa «hay más sospechas que indicios»: «Yo he defendido mi inocencia y la voy a seguir defendiendo hasta el final».
Fue el pasado abril cuando el instructor del caso Koldo ordenó a la UCO investigar la adjudicación de las obras públicas que aparecen destacadas en fluorescente en unos documentos aportados por el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama. En concreto, pidió a la Guardia Civil que identificara a la empresa que finalmente resultara adjudicataria de cada una de ellas y que fiscalizara todo el procedimiento de adjudicación.
En un informe entregado al juez ese mes de abril, la UCO ya apuntaba que el exministro de Transportes habría tenido un «papel relevante y de responsabilidad» en la corruptela y que la organización criminal se lo recompensó presuntamente con diversas dádivas como el pago de chalets para sus vacaciones o el piso de Plaza de España en el que se alojó Jésica Rodríguez. También destacaba su posible rol en el rescate de Air Europa o en los enchufes en empresas públicas de los que se habrían beneficiado Rodríguez y otra mujer asturiana con quien estaba relacionado.