Más allá de estas modificaciones sobre tributos ya existentes, la propuesta registrada por los socialistas recoge un nuevo impuesto sobre la compra de inmuebles para los extranjeros extracomunitarios que adquieran una vivienda en España -salvo en País Vasco y Navarra- sin residir en la UE. El valor del gravamen está por definir, aunque desde el Ministerio de Vivienda recalcan que será el Estado quien lo fije y no estará cedido a las comunidades. Párrafo aparte, otra de las propuestas es la actualización las tablas del Incremento de Valores de los Terrenos de Naturaleza Urbana -la conocida como plusvalía- que se aplican para calcular el valor de un terreno desde que se compra hasta que se vende.
Además, se plantea modificar la tributación de las denominadas socimis -empresas cotizadas dedicadas a la inversión inmobiliaria-, que pasarán de tributar en el Impuesto de Sociedades del 15% al 25%, salvo que promuevan viviendas destinadas al alquiler asequible. En concreto, se contemplan dos supuestos de reducción: en un 50% si la entidad destina al alquiler asequible más del 60% de su parque total de vivienda y del 100% si además los beneficios de la compañía se reinvierten también, en el plazo de tres años, en alquiler asequible. Se entenderán como inmuebles asequibles aquellos que se alquilen por debajo del índice estatal de precios o que no superen los 26.400 euros anuales, siempre y cuando el total incluyendo los suministros no supere el 30% de los ingresos del hogar.
Asimismo, se quiere modificar la ley de Contratos del Sector Público con el fin de impulsar la colaboración público-privada y la promoción de alquileres sociales y asequibles en suelos o inmuebles de titularidad pública, blindando a su vez la protección de las viviendas públicas hasta 80 años. En lo que a vivienda pública se refiere, la proposición de ley también pone las bases para la transmisión a la nueva empresa pública de vivienda los inmuebles y suelos propiedad del Estado, con el objetivo de que la nueva Sepes tenga cuanto antes estos recursos a su disposición para impulsar políticas de vivienda asequible. En esa línea, se plantea modificar también la ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas para limitar permanentemente el precio de venta de las viviendas bajo la titularidad de la empresa pública de vivienda.