Además, aunque el TC decida que el delito de malversación es amnistiable, el Supremo podría plantear una cuestión prejudicial sobre la ley a la justicia europea, que suele tardar una media de año y medio en resolver.
También la justicia europea debe pronunciarse sobre la amnistía, a raíz de las cuestiones prejudiciales que varios jueces y tribunales han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que resuelva si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo tienen encaje en la legislación comunitaria.
El Tribunal de Cuentas fue el primero en elevar sus dudas al TJUE, lo que dejó en suspenso el procedimiento contable sobre los gastos del procés. Le siguió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que frenó la amnistía de los excargos de ERC artífices del referéndum, entre ellos el presidente del grupo en el Parlament Josep María Jove, por las dudas sobre la malversación.
También está en el tejado de la justicia europea el olvido penal de los delitos de terrorismo, después de que la Audiencia Nacional planteara una cuestión prejudicial sobre el caso de los CDR acusados de planear acciones violentas contra edificios públicos.
Sí se han visto beneficiados por la ley los manifestantes encausados por los disturbios del procés y los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional investigados por las cargas del referéndum: las cifras que manejan entidades independentistas como Ómnium o Alerta Solidària se mueven entre los 170 activistas y los 150 agentes.