La agenda diaria se está viendo especialmente condicionada por la frenética actividad que se está dando en los juzgados españoles, sobre todo en lo referido a la cantidad de personalidades del mundo político que están debiendo de acudir a las distintas instancias judiciales a prestar declaración, bien sea en calidad de testigos o de investigados. La actualidad relativa a los tribunales ha cobrado enorme peso en los últimos años en España, bien sea por casos de corrupción que han hecho llevarse las manos a la cabeza a muchos por su magnitud, como por la manera en la que determinados magistrados gestionan las causas de las que se encargan. La polémica viene rodeando de manera continuada al ámbito jurídico, donde las actuaciones tanto de los imputados como de algunos jueces están siendo especialmente notorias y dejando numerosos titulares.
La cantidad de casos que se están juzgando de manera simultánea en estos últimos meses puede llevar tanto a sentir una falta de contexto como confundir unas causas con otras. Todas vienen recabando gran atención mediática y, sobre todo, teniendo enorme peso en el discurso político. Esto último es algo que viene siendo enormemente cuestionado, ya que existe una gran controversia en torno al protagonismo que algunos jueces están adquiriendo por sus actuaciones, siendo señalados por parecer que traten de influir en la opinión pública o afectar a determinados partidos, así como habiendo un juego de filtraciones a la prensa que condiciona el transcurso de los procesos judiciales y se tornan elementos arrojadizos.
En lo referido a ello, especial polémica está despertando en los últimos días la filtración de distintos datos personales de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado en el ‘Caso Plus Ultra’. Los registros policiales recabaron diferentes elementos para investigar las actividades por las que se ponía en duda si el expresidente podría haber cometido algún delito. Así, se incautaron tanto agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros, como se procedió a la clonación de varios dispositivos móviles, como el teléfono de de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas.
La información recabada por los agentes ha sido utilizada en el procedimiento judicial para esclarecer los hechos puestos en duda. No obstante, lejos de quedar únicamente en los tribunales, a la prensa han llegado miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025. Un hecho este que viene despertando gran debate sobre los límites que existen en este tipo de casos, una dicotomía entre el derecho a la información, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
De esta manera, ante este acontecimiento, vienen dándose distintas conversaciones en las cuales se pone sobre la mesa si se han podido vulnerar los derechos de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso él, tal y como confirmaron fuertes de su entorno a este medio, está estudiando denunciar esta filtración y tratar de conocer de dónde partió, si del juez Calama o de la propia UDEF.
Entre toda esta secuencia de numerosas declaraciones públicas que vienen dándose en relación a este suceso, el secretario de organización del Partido Socialista de León, Javier Cendón, remarcaba que «filtrar y utilizar datos personales o comunicaciones de expresidentes, dirigentes o políticos en activo no es una anécdota: es intimidación política y erosiona el pluralismo democrático». No solo eso, sino que apuntaba a una infracción legal.
La filtración masiva de datos personales y comunicaciones del presidente Zapatero vulnera la Ley Orgánica 7/2021 y la durísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vida privada y protección de datos
El Plural.com ha querido saber si esta apreciación de Javier Cendón podría llegar a anticipar un recorrido en los tribunales y, para ello, ha consultado a Joaquín Urías, quien fuera Letrado del Tribunal Constitucional, para entrar más en detalle y también al magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín.
Según señala el Urías, existen distintos preceptos en el Código Penal que castigan la revelación de varios tipos de secretos. De esta manera, señala que, por ejemplo, uno castiga hechos como revelar un sumario declarado secreto, así como hay otros penas hechos como revelar secretos de la intimidad de las personas y otros actos. «Esto pasa, por ejemplo, con las declaraciones, cuando se filtran los audios y los vídeos de alguien que ha ido a declarar como testigo, con lo cual lo hacen aparecer ante la opinión pública como como si fuera culpable cuando realmente simplemente está como testigo», relata.
Urías define esto como algo especialmente grave y que «atenta contra la Constitución y contra la función que tienen los jueces de garantizar los derechos fundamentales». Tal y como detalla, cuando se interceptan comunicaciones telefónicas o cuando se entra en un dispositivo móvil o en un ordenador se está accediendo a la intimidad de las personas con el permiso del magistrado, pero ese permiso, según recalca, está motivado por una investigación.
Es una vulneración flagrante de la Constitución en la que la garantía judicial ya no sirve para proteger el derecho
«Eso quiere decir que el permiso del juez solo cubre las cosas relacionadas con la investigación. Normalmente cuando son unas escuchas, el juez que está vigilando la instrucción ordena que se destruya antes de que siquiera pueda llegar a nadie, se destruyan todos los datos que pueden afectar a la intimidad de alguien», explica Urías. No obstante, apunta que en España se está dando una situación por la cual «cuando la policía, por orden de un juez, accede a un dispositivo móvil, los agentes cogen todo lo que hay en el dispositivo móvil, incluso cosas íntimas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se está investigando». En este sentido, afirma que, en ocasiones, algunos jueces, y refiriéndose al caso de Zapatero, «algunos jueces lo envían a las partes».
«El juez ha permitido que acusaciones particulares como Hazte Oír reciban mil páginas de la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, referidas a su vida personal, a cuando iba al peluquero, a las conversaciones, a si compraba flores a su mujer… Esas son conversaciones privadas y es el juez el que ha dado la orden de que se envíen a las partes, aunque no tienen nada que ver», describe.
Son unos hechos que cuentan con unas importantes consecuencias por las cuales Urías entiende que «no nos sirve de nada que después el juez nos diga a ver quién lo ha difundido». De esta manera, remarcar que «nunca tenía que haber llegado a las partes porque se vulnera la intimidad por el mero hecho de que las partes que están personadas, sobre todo en España, que hay acusación popular, puedan tener acceso a esos datos de la vida privada. Entonces eso es realmente lo más grave de las filtraciones».
Por su parte, José Antonio Martín Pallín pone el foco sobre los registros y escuchas previamente a ser autorizados por parte del juez. Tal y como señala, son actuaciones que, según la jurisprudencia presente en la mayoría de los países europeos, han de aplicarse de manera excepcional y cuando no haya otros medios para comprobar determinados hechos, pues según la normativa constituye una importante invasión de la intimidad personal.
Además de ello, también apunta que la filtración de las conversaciones y anotaciones en la agenda de Zapatero podría derivar en la nulidad del caso, ya que explica que este tipo de actuaciones deben de ir acompañadas por una clausura de reserva por parte del juez. Es una clausura que marca que una vez realizados los registros y las escuchas, se ha de destruir todo lo que no esté relacionado con el motivo de la investigación.
Por último, remarca que debe de abrirse una investigación para esclarecer cómo ha llegado a la prensa esta información. Indica que este ha sido uno de los acontecimientos más graves que ha presenciado a lo largo de su trayectoria profesional y que considera que se ha de actuar, ya que parece que podría haberse cometido un delito.
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Los múltiples intentos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de acercar posturas con Junts para ser capaz de reunir los apoyos suficientes para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa han sido entorpecidos este miércoles por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y su llamamiento a la construcción de una “mayoría nacional” alejada de los posconvergentes y cualquier otra formación independentista. Una posición que contrasta con la exhibida por Feijóo en los últimos días y semanas. De hecho, el dirigente popular llegó a hacer mención en su intervención en la 41 Reunión del Cercle d’Economia del pasado 2 de junio a una “mayoría social, política y parlamentaria” en la que incluía al partido liderado por Carles Puigdemont, que había logrado sacar adelante diversas iniciativas en las Cortes Generales.
El pasado sábado, Feijóo reiteraba desde Barcelona su voluntad de hacer equipo con Junts en su intervención durante el XVI Congreso del PP de Cataluña. En ella afirmaba querer “pasar página” respecto al procésy aseguraba que el partido de Puigdemont “se unió a la mayoría” al pedir una convocatoria de elecciones anticipadas. Asimismo, presionaba a los posconvergentes para pasar de los dichos a los hechos, defendiendo que “apretar el botón que las convoca”, en referencia a una hipotética moción de censura, “estaría mejor y sería bastante más responsable”.
No solo Feijóo ha remado a favor de un acercamiento con Junts dentro del PP. También lo han hecho otros cargos de la dirección del partido. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, reivindicaba que a lo largo de la legislatura habían conseguido “cerrar acuerdos” con los posconvergentes que “han permitido propinarle sonoras derrotas al Gobierno de Sánchez” y remarcaba que son un partido con el que pueden coincidir, “sobre todo en materia socioeconómica”.
Los esfuerzos de la cúpula de Génova por tender puentes con Junts se han encontrado con una piedra en el camino, la de Aznar. El exdirigente popular se ha mostrado dispuesto a alejar al partido que un día lideró de los posconvergentes y ha instado a Feijóo a apartar a Junts de la mayoría que intenta forjar en un desayuno informativo organizado por Foro Nueva Economía Fórum (NEF), en el que ha participado junto a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. «Esa mayoría será nacional o no será”, ha declarado el expresidente.
Aznar insta a Feijóo a desconfiar de Junts
Aznar ha explicado lo que entiende él por mayoría nacional, la cual consiste en “una amplia mayoría centrada con capacidades de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica”, en la que no cabe Junts. Según el expresidente, Feijóo no debe confiar en los posconvergentes debido a que tanto ellos como el resto de fuerzas que han apoyado al Gobierno de Sánchez pretenden “evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo al Estado”.
Además, Aznar ha criticado la propuesta expresada la semana pasada por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, de que Sánchez se aparte para dejar paso a un sustituto que “sí que tenga la capacidad de cumplir con Cataluña y los catalanes”. “Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla”, ha manifestado el exdirigente, que ha sostenido que cumplir con lo que los socialistas han pactado con los posconvergentes significa, entre otras cuestiones, otorgarles la “plurinacionalidad” y ampliar la amnistía.
Como representante de Génova, Ester Muñoz ha señalado que ve “difícil” que el PP pueda llegar a un acuerdo con Junts, aunque ha opinado que “todo depende de lo que pase el 16 de julio” y ha recordado que han “votado muchas veces juntos”, así como han llegado a acuerdos en cuestiones concretas como la ocupación, los impuestos o la pesca. “Hay líneas rojas, que son el Estado, la Constitución y la Ley. De todo lo que está dentro de ese marco podemos hablar”, ha indicado.
Aznar apela a la prioridad nacional y a la unidad con Vox
En su intervención en el desayuno informativo, Aznar también ha aprovechado para apelar a la prioridad nacional impulsada por Vox que el PP ha aceptado en comunidades autónomas como Extremadura y Castilla y León y que ahora negocia en Andalucía para poder sacar adelante la investidura de Juanma Moreno. En este sentido, ha abogado por la unidad política a pesar de que “no se piense lo mismo” para acabar con el Gobierno de Sánchez y ha opinado que “la convivencia democrática implica un nosotros nacional”.
Justamente, la unidad de los populares con Vox es uno de los asuntos que separan a Junts del PP y complican cualquier acuerdo para sacar adelante una moción de censura o, en caso de que se diese el caso, para hacer posible una investidura de Feijóo. “Si para Junts hay una línea roja, esta se llama Vox”, recalcaba este lunes Nogueras.
De la misma manera, el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejaba claro el pasado jueves a Feijóo que si quiere contar con su apoyo, “Vox no puede aparecer de ninguna manera en la ecuación”. Sin embargo, de momento, el PP necesita al partido de Santiago Abascal todavía más que a los posconvergentes, lo que impide formar la mayoría que busca Feijóo y que Aznar ahora rechaza.
Ayuso apoya la postura de Aznar y señala que permitiría librarse de «la amenaza independentista constante»
La postura de Aznar en contra de cualquier acercamiento de Génova a Junts ha sido respaldada por otros nombres importantes del PP, entre los cuales se encuentra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sumado este miércoles en un acto en el Club Siglo XXI a la defensa de la mayoría nacional por la que apuesta el expresidente del Gobierno, apuntando que “una mayoría significa ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias”, en clara referencia a los posconvergentes y los socios del Ejecutivo de Sánchez.
Según Ayuso, las formaciones a las que califica de dictaduras minoritarias “siempre tienen presos a los Gobiernos” y, en línea con las palabras de Aznar, ha subrayado que estas impiden que haya una “alternancia política”. Igualmente, ha destacado que conseguir la amplia mayoría que ha reivindicado Aznar permitiría librarse de “la amenaza independentista constante”. De esta manera, también la presidenta madrileña ha enmendado a Feijóo y su estrategia de acercamiento a Junts.
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Aunque no ha acaparado grandes focos informativos, España ha obtenido en los últimos días dos victorias diplomáticas significativas. El escenario ha sido la ONU, más concretamente el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de los Derechos del Niño. Y es que dos candidaturas españolas avaladas por el Ministerio de Exteriores han sido elegidas para formar parte de esos organismos en el próximo periodo de cuatro años.
En primer lugar, el 26 de junio Ana Peláez Narváez fue reelegida con 125 votos para formar parte del CEDAW, donde participa desde el año 2018. Se convirtió entonces en la primera persona con discapacidad que formaba parte de ese órgano. Peláez es invidente y nació en Zafra, Badajoz, en el año 1966. Es licenciada en Ciencias de la Educación y en Psicología por la Universidad de Sevilla, y Máster de Postgrado en Necesidades Especiales de las Personas con Discapacidad por la Universidad de Salamanca.
Por otro lado, Ignacio Campoy fue elegido el 24 de junio con 114 votos para formar parte del Comité de los Derechos del Niño. Es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, con premio extraordinario de doctorado con la tesis doctoral sobre el tratamiento jurídico debido a los niños. Actualmente ejerce como profesor titular de Filosofía del Derecho en esa misma Universidad y forma parte del Consejo del Instituto de Derechos Humanos «Gregorio Peces-Barba».
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El CEDAW es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. El Comité de la CEDAW está formado por 23 expertos en derechos de la mujer de todo el mundo. El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de sus Estados miembros. También supervisa la aplicación de los Protocolos Facultativos de la Convención, sobre la participación de niños en conflictos armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil.
Ana Peláez
Con una amplia trayectoria, Peláez es vicepresidenta Ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres; Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y profesora del Máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. Además es secretaria general del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) y representante ante la Plataforma de Discapacidad de la Comisión Europea.
Entre los objetivos, según se refleja en la información oficial sobre su candidatura, alojada en la web de Exteriores, se encuentra «romper el ciclo de la invisibilidad en CEDAW». Y es que pese a los avances realizados para incorporar la dimensión de la discapacidad en el trabajo del Comité CEDAW, «las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran todavía al margen con respecto al ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud de la Convención», se añade. Con su reelección, continúa el texto, Peláez «podrá contribuir de forma decisiva al desarrollo de la nueva Recomendación General sobre los derechos de las mujeres y la discapacidad, que pueda ofrecer una orientación clara y directriz a los Estados partes y a otras partes interesadas en esta cuestión».
En declaraciones a Público Peláez afirma que ha recibido la decisión sobre su candidatura «con alegría» y también con «mucha responsabilidad». «En estos momentos de tantos retrocesos en los Derechos Humanos y particularmente para las mujeres, trabajar junto a mis colegas del Comité CEDAW para tratar de minimizar esta esta situación me parece verdaderamente muy importante. Así que con alegría pero también con responsabilidad, con preocupación y mirando ya hacia el futuro», afirma.
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Ana Peláez Narváez, en la reunión del Consejo Real del Patronato Sobre Discapacidad y entrega de los Premios Nacionales de Discapacidad ‘Reina Letizia’, en CREA Alzheimer, a 03 de diciembre de 2025
La experta considera que en términos generales «España está a la vanguardia en el ámbito de la legislación y de la política pública sobre los Derechos Humanos». Temas como las mujeres, la infancia o la discapacidad son para Peláez «buenos ejemplos» en los que nuestro país es reconocido por los avances que se han dado. «Contamos con un movimiento muy fuerte de la sociedad civil que moviliza y que realmente interactúa muy bien con la población en general pero también con otras partes interesadas, movilizando energías y poniendo en marcha sinergias para no retroceder en derechos conseguidos», añade.
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Para Peláez también influye en su elección, y en otras, la posición geopolítica que tiene España con respecto a varios conflictos internacionales como la situación en Gaza o en Irán. «El estar a favor de la paz y no de la guerra, desde luego se ha dejado ver claramente en estas últimas elecciones tanto en las de Ignacio Campoy como en las mías», afirma.
Según la experta, el cuestionamiento del multilateralismo se está utilizando para justificar posiciones que son insostenibles con los principios fundamentales de igualdad, de Derechos Humanos o de justicia social. «Naciones Unidas está inmersa en un proceso de análisis y evaluación muy importante. Tantas veces hemos escuchado hablar de políticas que van a reorganizar el sistema multilateral pero al final nunca sucede nada», afirma. «Naciones Unidas necesita verdaderamente un cambio sustantivo y confío mucho en que para ello la próxima secretaria general sea una mujer», destaca.
«Enhorabuena a Ana Peláez por su reelección en el Comité CEDAW de la ONU. Un reconocimiento a una trayectoria de compromiso con los derechos humanos, la igualdad y los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. Un orgullo para nuestro país», escribió el ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el pasado día 26. Precisamente este miércoles Peláez mantiene un encuentro con el ministro.
Ignacio Campoy
Por su parte, Campoy cuenta con una trayectoria académica consolidada y una amplia producción científica en materia de derechos de la infancia, siendo autor de obras de referencia sobre la Convención sobre los Derechos del Niño y su desarrollo en el sistema internacional de Derechos Humanos. Ha dirigido proyectos financiados por la Comisión Europea y por instituciones públicas, así como estudios e informes en colaboración con UNICEF y otras organizaciones internacionales, contribuyendo al desarrollo normativo y a la evaluación de políticas en materia de infancia.
Entre los objetivos fijados se encuentra «asentar su trabajo y compromiso para que la plena integración de los niños y las niñas en el sistema de los Derechos Humanos sea una realidad y para que, independientemente de cuáles sean sus condiciones o circunstancias, todos los niños y niñas tengan reconocidos y protegidos sus derechos». Se destaca también su «rigor jurídico», el compromiso con los Derechos Humanos, «la independencia» y la «imparcialidad».
Ignacio Campoy, en una imagen de archivo.
Campoy afirma a este medio que tiene «muchos sentimientos». Por una parte «mucha responsabilidad» porque hay muchas cosas que hacer dentro del Comité, mejorar muchas situaciones de la infancia y adolescencia en todo el mundo. Pero también tiene «muchísima ilusión» por su extensa trayectoria. «Poder trabajar con expertos de los otros países del mundo y poder realmente ser efectivo en esta protección me hace mucha ilusión», añade.
Considera el experto que tanto su nombramiento como el de Peláez significa precisamente que hay un trabajo relacionado con con los Derechos Humanos que se realiza desde España, tanto en el ámbito universitario como desde la sociedad civil que sí que se aprecia y valora en el ámbito internacional.
Para Campoy la importancia que tiene la ONU «es absolutamente trascendental». Concretamente destaca que la Convención de los Derechos del Niño surgió en el año 1989 y fue la que más rápidamente y extensamente fue ratificado por casi todo los Estados del mundo. «Ahora mismo todos los países del mundo salvo Estados Unidos han ratificado la Convención», recuerda.
«Me parece absolutamente básico y trascendental y apostar por esto una vez que hemos llegado a un consenso sobre lo que son los Derechos Humanos a nivel mundial y en caso concreto de los niños y las niñas y los adolescentes. Hay que garantizarlo, protegerlo y fortalecerlo. Hay que esforzarse al máximo en esa protección», añade Campoy.
Su candidatura ha sido impulsada también por el Ministerio de Juventud e Infancia que lidera Sira Rego «con el objetivo de reforzar el compromiso del país con la defensa y promoción de los derechos de la infancia en el ámbito global». «Campoy representa una trayectoria sólida, rigurosa y profundamente comprometida con los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente en ámbitos clave como la inclusión y la igualdad de oportunidades», afirmó la ministra la semana pasada.
Bajo el telón de fondo del anuncio este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar más de 500 millones de euros para un plan de integración migratorio, cabe hacerse una pregunta obligada: ¿En qué situación se encuentra actualmente la inmigración en España? Sin ir más lejos, cerca de diez millones de personas residentes nacieron en el extranjero, lo que se traduce en el 19% del total.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de abril de este año, la población actual de nuestro país es de 49.687.120 habitantes, siendo las principales nacionalidades inmigrantes la colombiana, marroquí y venezolana, situándose la población residente extranjera en 7.346.414 personas.
Teniendo en cuenta que los últimos datos del INE situaron el crecimiento de la población española en cerca de 50 millones de personas, y que cerca de un 20% de la misma es población migrante, la diversidad de la visión demográfica de nuestro país se hace aún más relevante.
La realidad económica que sustenta la población migrante
Sumado a ello, tal y como defendió el principal mandatario de La Moncloa este martes al dar a conocer este anuncio, sin inmigración en España, el país “perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 32% en 2075”. Asimismo, y frente al “supuesto efecto llamada” del que hace gala Vox, en lo que va de año, puntualizó que la llegada de migrantes en situación irregular a España se redujo “un tercio” con respecto a las mismas fechas en 2025, “y más de un 70% en Canarias”.
Desde el punto de vista empresarial, Sánchez advirtió de que, en términos prácticos, “90.000 bares tendrían que bajar la persiana” o “50.000 aulas de Primaria y Secundaria se quedarían sin alumnos”, también “desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, una de cada tres”.
Con esta radiografía por delante, el presidente del Gobierno puso en evidencia que el país sin inmigración “es el que quieren algunos”, en clara alusión a la “prioridad nacional” que viene defendiendo la extrema derecha de Vox: “Un país ensimismado, por tanto, vacío. Más pobre, más débil y con menos recursos para financiar el bienestar y la cohesión social y territorial. Además de garantizar su crecimiento económico para poder después ser redistribuido”, explicó.
Este nuevo plan gubernamental estará focalizado para un año destinándose 505 millones de euros para integrar en nuestra sociedad a la población migrante, que se verá acompañada con la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana que reunirá funciones y recursos para impulsar una gestión “mucho más sencilla, coordinada y eficaz”.
El Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con más de 500 M€, es la propuesta de España para gestionar las migraciones de una forma ordenada, justa e inteligente.
Un plan para mejorar la vida de quienes llegan a nuestro país, aprovechar las oportunidades que… pic.twitter.com/byQJQwJus5
El plan constará de cuatro ejes vertebradores y 16 medidas concretas. El primero de ellos, la conocida como regularización extraordinaria –“con más de un millón de solicitudes presentadas”, celebró Sánchez-, así como la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, y una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana que mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y residencia.
Como segundo punto, con una inversión de 185 millones de euros, las medidas de impulso al acceso al empleo en sectores de alta demanda, una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral y el refuerzo de la Inspección de Trabajo.
El tercer eje, vertebrado en la convivencia con una dotación de 30 millones de euros a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores, o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y dar un mayor apoyo a las víctimas de discriminación. El cuarto y último punto, sobre la ciudadanía efectiva, con más de 260 millones de impulso para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.
Esta batería de medidas englobadas en esta nueva hoja de ruta se gestionará por medio de una Comisión Interministerial presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la cual se revisará año a año, en función del despliegue de las medidas y de los resultados obtenidos.
Sánchez, en su presentación, reivindicó la apuesta de su Gobierno de defender y reforzar una política migratoria “responsable, legal, segura y ordenada”, situando tan sólo dos vías para afrontar los fenómenos migratorios en auge: por un lado, gestionarlo; por el otro, “negar esa realidad” agitando “discursos xenófobos” conjugados con el “miedo”, advirtió sobre la fórmula de las derechas. “Frente al odio, humanidad y empatía”, resolvió.
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El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, todavía en activo en el momento de los hechos a los que se hace mención, habría ofrecido su mediación en favor de Plus Ultra ante Vox. Así lo ha dado a conocer infoLibre tras acceder a un chat interno de la cúpula directiva de la aerolínea, en el que el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, asegura que el juez aprovecharía una cena privada con el líder de Vox, Santiago Abascal, para trasladarle la posición de la empresa en relación con la causa judicial abierta por el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021.
De acuerdo con esos mensajes que el diario digital saca a la luz, Martínez Sola informó al resto de directivos el 19 de marzo de 2022 de que «el próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox» y añadió que el magistrado «se ha ofrecido a hablar de nuestro tema». El presidente de Plus Ultra solicitó entonces que cada uno de los integrantes de la dirección aportara ideas para elaborar un resumen con los argumentos que el juez debía trasladar durante ese encuentro, que tendría lugar el día 24, insistiendo además en que el asunto se manejara con discreción.
En aquel momento, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigaba el rescate de la aerolínea. En esas diligencias figuraban como acusaciones populares Vox, el PP y Manos Limpias, mientras que entre los denunciados estaban la propia Plus Ultra, varios altos cargos de la SEPI y responsables del Gobierno vinculados a la aprobación de la ayuda pública.
La conversación entre los directivos refleja cuál era la principal preocupación de la compañía. Tal y como señala infoLibre, el responsable financiero, Alejandro Delgado, defendió la importancia de mantener contactos políticos, mientras que el secretario del consejo, Santiago Fernández Lena, planteó que García-Castellón hiciera ver a Abascal que existía «una fábula montada alrededor» del caso. A continuación distinguía entre el plano político y el judicial para concluir cuál era el objetivo prioritario: «La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran».
Según el diario digital, los mensajes posteriores apuntan a que aquella cena finalmente sí se celebró. A la mañana siguiente de la fecha prevista para el encuentro, Martínez Sola escribió en el chat: «Después os cuento. Muy bien el tema de Vox». El único directivo que respondió fue Delgado, con dos emoticonos de aprobación.
Sin embargo, el entorno de Santiago Abascal niega que esa reunión llegara a producirse. Fuentes cercanas al líder de Vox aseguraron a infoLibre que ese día permaneció hasta la noche en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y rechazaron tanto la existencia de la cena como cualquier intermediación del magistrado. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También negaron que la decisión posterior de Vox de no recurrir el archivo provisional de la causa guardara relación con una supuesta gestión de García-Castellón.
La causa fue archivada provisionalmente en enero de 2023 por la jueza Esperanza Collazos. Finalmente, ni Vox ni el PP recurrieron esa decisión. El artículo publicado en el diario digital también recoge otra supuesta gestión atribuida por los directivos de Plus Ultra al entonces juez, consistente en facilitar contactos con Bankinter para intentar desbloquear 3,7 millones de euros a favor de la compañía. García-Castellón no respondió a las preguntas remitidas por el medio sobre estas informaciones.
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Menos de 100 personas ejercen desde el diminuto Luxemburgo un poder sin igual que les faculta para definir las normas que rigen la vida de 500 millones de ciudadanos. Los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueden obligar a los gobiernos a modificar leyes y forzar a las empresas a desembolsar miles de millones de euros; también tienen la última palabra sobre la legislación del mayor bloque comercial del mundo.
Estosmagistrados y expertosestán sujetos a normas muy estrictas para evitarla más mínima sombra de duda sobre sus decisiones. El Código deConducta del tribunal establece quesus miembrosdeben evitar toda situación «que pueda dar lugar a un conflicto de intereses (…)o que pueda percibirse como tal».La realidad, sin embargo, es otra. Una investigación del consorcio internacional Investigate Europe, en la que ha participado Público, confirmaque un número sorprendente de juristasy magistradosdel TJUE tiene vínculos con las mismas empresassobre lasque el tribunal puede regular de forma efectiva.
Más del 40% de los actuales jueces y abogados generales han declarado intereses financieros privados,tal y como evidencia unanálisis exclusivo desusdocumentos de transparencia. Las carteras de los juristas incluyen acciones en los gigantes petrolerosEniy Total, participaciones en amplias operaciones inmobiliarias y de infraestructuraso su presencia enempresas tan conocidas como AstraZeneca, Airbus, Amazon y Boeing.Algunos de los miembros españoles del órgano también figuran en este listado.
Según ha descubierto Investigate Europe, en algunos casos los juristas del TJUE trabajaron antes en asuntos relacionados con empresas o competidores en los que tenían intereses económicos, lo que suscita dudas sobre posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para prevenir dichos riesgos. Esta dinámica plantea serias dudas sobre los posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para protegerse frente a tales riesgos.
Número de veces en los que un juez ponente ha intervenido en casos relacionados con su país de origen (2018-2024).
Los periodistas de InvestigateEurope trabajaron durante seis meses en una investigación en la que han descubierto lagunas llamativas en la información pública facilitada por los juristas,así como un sistema en el que los asuntos de los dos órganos que integran el TJUE —el Tribunal de Justicia, la instancia superior, y el Tribunal General, la instancia inferior— se asignan sin control externo. También ha desvelado toda una serie deriesgos para la imparcialidad derivados de los vínculos de los jueces con sus gobiernos nacionales.
Tras preguntarle Investigate Europe, el presidente del Tribunal General de la UE avanzó que los resultados de la investigación serán revisados por un comité interno. El Defensor del Pueblo Europeo, por su parte, anunció que abrirá una investigación después de que Investigate Europe presentara una denuncia ante este órgano administrativo por el hecho de que el tribunal no hubiera hecho públicas las declaraciones patrimoniales históricas de los jueces.
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«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue sin cumplir los estándares de transparencia que hoy en día se esperan de los tribunales supremos», critica Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la UE en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC) de París y en el Colegio de Europa, que lleva más de una década escribiendo sobre transparencia judicial e integridad pública.
Los jueces y abogados españoles en los Tribunales de la UE: de izda. a dcha. y de arriba abajo: Miguel Sampol Pucurull, María Lourdes Arastey Sahún, José Martín y Pérez de Nanclares y Manuel Campos Sánchez-Bordona.
Los nombres españoles que figuran en la lista
España tiene derecho a uno de los 27 jueces que componen el Tribunal de Justicia de la UE, igual que el resto de los Estados miembros. María Lourdes Arastey Sahún es la jueza española que ocupa ahora ese sillón. El Tribunal General cuenta además con dos magistrados por Estado. La cuota española la representan José Martín y Pérez de Nanclares y Miguel Sampol Pucurull, cuyo nombramiento fue confirmado para el mandato que comenzó en 2025. España también dispone tradicionalmente de un puesto permanente entre los abogados generales del Tribunal de Justicia: Manuel Campos Sánchez-Bordona.
María Lourdes Arastey Sahún entró a formar parte del Tribunal de Justicia de la UE en 2021. Y ejerce como presidenta de Sala desde el 8 de octubre de 2024. La magistrada tiene acciones en Repsol, tal y como consta en la declaración de intereses que presentó antes de su nombramiento, el 7 de octubre de 2024. En un escrito previo, de octubre de 2021, la jueza no declaró ninguna acción o interés, ni financiero ni inmobiliario. La situación no cambia mucho en el caso de José Martín y Pérez de Nanclares. El letrado forma parte del Tribunal General de la UE desde el 26 de septiembre de 2019. Su última declaración lo sitúa con un fondo de inversión y otro de pensiones en Caja Rural de Navarra así como un segundo fondo de pensiones en ING. Además, tiene cuentas bancarias en la entidad luxemburguesa Spuerkees y en la caja navarra. El documento de intereses es idéntico al que presentó en 2021.
Miguel Sampol Pucurull tiene una carta de presentación un poco más compleja. El magistrado ejerce como presidente de la Sala del Tribunal General de la UE desde septiembre de 2025. Las últimas declaraciones de intereses que tenía colgadas en el portal de transparencia del organismo –una de 2021, otra de 2023 y la última de 2024- recogían acciones en BBVA y en una inmobiliaria familiar, Gestdoc SL. La primera lo situaba además como accionista de Prisa y las dos siguientes recogían participaciones en Amazon. Además, Sampol Pucurull cambió varias veces su declaración de intereses. En 2023, puso a nombre de su esposa las acciones de BBVA y Amazon. En 2024, no especificó a quién pertenecían. Y en la última, actualizada hace poco más de un mes, tras las reiteradas solicitudes de información de Investigate Europe, volvió a situarlas como un activo de su pareja. El TJUE no ha respondido a las solicitudes de información de Investigate Europe para aclarar a quién pertenecen realmente estas participaciones.
Y hay un detalle adicional. Miguel Sampol participó como juez en una resolución del TGUE sobre un caso que afectaba a UPS y TNT Express, dos de los competidores directos de Amazon en Europa. La Comisión Europea prohibió en 2013 la compra por parte de UPS, la mayor empresa de mensajería del mundo, de su rival holandesa TNT Express, porque restringiría la competencia en la entrega rápida de paquetes pequeños en 15 Estados miembros. UPS demandó a las autoridades comunitarias por considerar que el bloqueo a la operación le había causado pérdidas millonarias y consiguió que se anulara esa decisión por vulneración de sus derechos de defensa. La multinacional reclamó, además, una indemnización de 1.740 millones. El TGUE rechazó esa pretensión de UPS en 2022, con la firma del magistrado Miguel Sampol Pucurrull.
Manuel Campos Sánchez-Bordona, por su parte, tampoco recoge en su declaración ninguna participación o «interés financiero» en empresas o sociedades, ni en España ni en Europa ni en EEUU.
Los casos de las grandes farmacéuticas
Juliane Kokott es una figura destacada del Tribunal de Justicia y una autoridad en derecho de la competencia. La abogada alemana cuenta con una variada cartera de acciones que, según su última declaración pública, incluye una empresa de infraestructuras ferroviarias, un fondo de inversión en oro físico y tres grandes firmas farmacéuticas: AstraZeneca, BioNTech y Merck.
No es algo que contravenga las normas del tribunal. El Código de Conducta simplemente exige a los magistrados que declaren sus intereses económicos al tomar posesión de su cargo y que actualicen dicha información cada tres años o siempre que se produzcan cambios. Deben señalar cualquier posible conflicto cuando se les asigne un caso y, si es necesario, apartarse.
Pero el TJUE no ofrece ninguna definición de «conflicto de intereses» en sus directrices. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo define como aquella situación en la que los intereses privados de un funcionario público «podrían influir indebidamente» en sus responsabilidades. El organismo considera que existe un «conflicto percibido» cuando estos intereses pueden influir en sus funciones, pero en última instancia no lo hacen.
Nacionalidad de los jueces con más de cien intereses económicos declarados.
En 2019, Kokott recibió un caso que enfrentaba a la empresa farmacéutica francesaServiercon la Comisión Europea, en relación con un tratamiento para la hipertensión. Y dos años más tarde, compró acciones de las tres empresas farmacéuticas. Kokott explicó entonces que lo hizo para «contribuir, en una medida muy limitada», al desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. La abogada general emitió su dictamen en el caso Servieren 2022.
Kokott ha sido llamada a emitir dictámenes sobre al menos ocho casos relacionados con el sector farmacéutico y los dio en cuatro de ellos desde 2016. Los dictámenes de los abogados generales tienen mucho peso y los magistrados los siguen aproximadamente en ocho de cada diez casos para redactar sus sentencias definitivas.
InvestigateEurope se puso en contacto con Kokott, quien afirmó «haber cumplido estrictamente todas las normas pertinentes, (…) en particular las relativas a la imparcialidad y los conflictos de intereses». Y respecto alcasoServier, Kokott señaló que, en última instancia, su dictamen no había sido favorable para la empresa. «Sostuve que los acuerdos alcanzados por el grupoServiercon empresas de medicamentos genéricos constituían restricciones a la competencia», explicó la letrada. «Esto no beneficia en modo alguno a otro fabricante de medicamentos, como AstraZeneca, y, por tanto, no aumenta el valor de sus acciones», argumentó.
Kokott confirmó asimismo a los periodistas que solo tiene cinco acciones en AstraZeneca, otras cinco en Merck y siete en BioNTech.Y cuando se le preguntó si el hecho de poseer acciones en un sector en el que también había trabajado podía plantear cuestiones de conflicto de intereses, Kokott deslizó: «No comparto esa impresión».La abogada no respondió a las preguntas que Investigate Europe le formuló sobre si el tribunal había examinado la existencia de un posible conflicto de intereses.
«El hecho de que un jurista apoye al sector farmacéutico en general es problemático, aunque el valor de las acciones sea más bien simbólico«, advierte una figura jurídica de alto nivel familiarizada con el funcionamiento del TJUE que pide permanecer en el anonimato. «Se trata de la percepción que transmite este tipo de casos, y ahí es donde radica el problema», insiste la misma fuente.InvestigateEurope no ha encontrado indicios de que Kokott hubiera obtenido beneficios materiales de ninguno de los casos. Pero la abogada alemana no es la única cuyos intereses privados se acercan mucho a su trabajo.
Los vínculos con el sector de la banca
En 2023, Geert de Baere formó parte como juez de una sala de cinco magistrados que se pronunció sobre un asunto relacionado con BNPParibas. El juez belga del Tribunal General de la UE había declarado previamente un conflicto de intereses con la filial belga del banco francés, BNPParibasFortis. El presidente del Tribunal General, Marc vanderWoude, explica aInvestigateEurope que De Baere no era accionista de BNP. Pero sí tenía allí una cuenta corriente y otra de ahorro, así como una «cartera de acciones y valores de terceros» gestionada en su nombre.
De Baere recibió entonces un caso, relacionado con una factura de BNP a una agencia bancaria de la UE y finalmente ganado por el banco, como parte de un conjunto de asuntos que afectaban a más de 40 entidades financieras.La participación del magistrado era necesaria para «preservar la coherencia de las sentencias», sostiene VanderWoude. El presidente del Tribunal General reconoce que no examinó la situación de conflicto de intereses cuando se asignó el caso a DeBaere, pero afirma que, aun así, habría aprobado la participación del juez en el caso.
Los intereses privados del TJUE abarcan distintos sectores.
DeBaereno posee acciones en BNP, pero sigue manteniendo una relación con el banco y esa circunstancia, «desde el punto de vista de la percepción es problemática», resalta la fuente jurídica anónima con conocimiento de los procedimientos del TJUE. «La imparcialidad judicial debe quedar fuera de toda duda», añade Shari Hinds, responsable sénior de políticas de Transparency International UE. «Lo que ocurre es que algunos de estos casos dejan preguntas sin respuesta sobre si se tuvieron plenamente en cuenta las consecuencias de los conflictos de intereses percibidos a la hora de asignar los casos», continúa.
«El sistema se basa en la autoevaluación»
InvestigateEurope no ha encontrado indicios de que ninguno de estos casos constituya un conflicto de intereses como tal. La investigación, no obstante, sí plantea dudas sobre los controles que lleva a cabo el tribunal a la hora de asignar las causas. «El sistema se basa casi por completo en la autoevaluación«, asegura el profesor Alberto Alemanno. «La manera de proceder es que cuando un miembro identifica un posible conflicto, tiene que notificarlo al presidente del tribunal,quien tiene ‘debidamente en cuenta’ dicha declaración a la hora de asignar los asuntos.[El problema es que] no existe ninguna verificación externa al respecto, ni se publica ningún razonamiento», resalta la misma fuente.
El tribunal sostiene que tal secretismo es necesario para proteger a los jueces de interferencias externas.Y, por la misma razón, los magistrados deliberan en salas colegiadas en lugar de hacerlo individualmente. Durante la investigación, el tribunal rechazó las múltiples solicitudes de información que le envió InvestigateEurope, todas ellas relativas a los intereses de los jueces y la toma de decisiones en torno a la asignación de los casos. El órgano alegó la necesidad de preservar la confidencialidad de las deliberaciones internas.
El tribunal se negó también a facilitar versiones anteriores de las declaraciones de intereses de los jueces, pese a que se trata de documentación pública.En los días previos a la publicación de este artículo, la Defensora del Pueblo de la UE, Teresa Anjinho, aseguró aInvestigateEurope que abrirá una investigación sobre la decisión de no publicar las declaraciones previas y confirmó que se reunirá con el tribunal para tratar el asunto a mediados de septiembre. No obstante, los periodistas pudieron obtener distintas versiones anteriores de las declaraciones de intereses a través de sitios web de archivos de Internet.
Amplia gama de participaciones en empresas
Así, InvestigateEurope ha constatado a partir de documentos de acceso público que, en total, 36 magistrados alegaron intereses en 124 entidades, según sus últimas declaraciones. Entre las empresas más destacadas se encuentran los gigantes de los combustibles fósilesEni, Total y Repsol, la fabricante de medicamentos para adelgazar NovoNordisk, los titanes de la aviación Boeing y Airbus, y el gigante tecnológico estadounidense Amazon.
Los intereses en el sector financiero fueron, con diferencia, los más comunes. Y abarcaban desde instituciones europeas comoErsteBank,Swedbanky BankofValletta hasta el conglomerado estadounidense Berkshire Hathaway, dirigido por el millonario Warren Buffett. La investigación ha revelado que cinco juristas concentraban la mitad de todos los intereses declarados: la maltesa Ramona Frendo, el estonio Lauri Madise, la finlandesa Tuula Pynnä, Juliane Kokott y el austriaco Andreas Kumin.
El 50% de los intereses económicos declarados pertenecen a cinco miembros del TJUE.
Sin embargo, los detalles sobre el volumen y la naturaleza de las participaciones seomiten casi siempre en las declaraciones publicadas.InvestigateEurope ha podido confirmar que casi un tercio de las declaraciones se subieron hace más de tres años, lo que parece contradecir la propia política de transparencia del Tribunal de la UE. Poco después de queInvestigateEurope se pusiera en contacto con el TJUE para recabar sus comentarios en los días previos a la publicación, volvieron a subirse a la página web del organismo más de 35 declaraciones públicas de juristas, la mayoría de las cuales estaban desactualizadas, con nuevas versiones. Al menos tres seguían sin incluir ninguna fecha en el momento de la publicación de este artículo.Y en un caso, además, ni siquiera se llegó a publicar declaración alguna.
Según consta en el código de conducta del tribunal, existe una versión independiente y más detallada de las declaraciones que se distribuye internamente, pero que no se hace pública. Silje Hermansen, profesora adjunta especializada en política judicial de la Universidad de Copenhague, cree que el hecho de permitir que los jueces tengan cualquier tipo de participación accionarial supone un riesgo innecesario para la integridad percibida del tribunal. «Hay que tener en cuenta que, cuando una empresa que cotiza en Bolsa gana un juicio, la noticia suele tener un efecto inmediato en su valor bursátil«, subraya. «El tribunal debería plantearse una reforma por la que los jueces tengan que vender sus acciones antes de tomar posesión de su cargo. Nunca encontrarás a nadie en las instituciones de la UE que cobre más que estas personas», concluye la profesora danesa.
El presidente del Tribunal General, Marc vanderWoude, explica aInvestigateEurope que, en su anterior puesto de trabajo en un bufete de abogados privado, tanto a él como a sus compañeros se les prohibía tener acciones directas. «Estaba absolutamente claro y no había ninguna ambigüedad», recuerda.
En cambio, otro portavoz del TJUE apunta que «los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia son ciudadanos que tienen una vida privada y, por tanto, deciden por sí mismos cómo desean gestionar sus bienes». Al ser preguntado sobre esta amplia gama de participaciones accionariales, señala que «no hay nada de malo en tener acciones o participaciones, siempre que ello no afecte a la buena administración de la Justicia». Y argumenta que, hasta la fecha, nunca ha sido necesario recusarse.
Una vida pasada en el terreno político
InvestigateEurope descubrió también durante estos meses que muchos jueces, nombrados por sus países de origen para mandatos renovables de seis años, habían ocupado anteriormente cargos políticos a nivel nacional, lo que, según algunos expertos, puede suponer un riesgo potencial para la imparcialidad de los casos.
Entre ellos se encuentra el luxemburgués François Biltgen, quien fue ministro durante 14 años, además de estrecho aliado del veterano primer ministro Jean-Claude Juncker. En 2023, formó parte -como uno de los cinco jueces de la sala- de un caso de gran repercusión relacionado con la deuda tributaria de Amazon en el Gran Ducado. La Comisión Europea quería que Luxemburgo recuperara 250 millones de euros que le había eximido de pagar en impuestos al gigante estadounidense. Y alegó que se le había otorgado una ventaja competitiva mediante decisiones de la administración tributaria que se remontaban a la época en que Biltgen formaba parte del Gobierno. El tribunal finalmente falló a favor de Amazon y Luxemburgo.
Biltgen declaró aInvestigateEurope que su participación no constituía en modo alguno un conflicto de intereses: «No puede haber aquí apariencia alguna de conflicto de intereses, salvo que el concepto de conflicto de intereses se amplíe indebidamente». El magistrado alegó que la decisión impugnada la habían tomado las autoridades fiscales de Luxemburgo y no el propio Gobierno. «Desde que me convertí en juez del TJUE, no mantengo ningún contacto oficial con el Partido Socialcristiano [el partido de Juncker]», añadió. «Además, nunca he sido objeto de presiones políticas por parte de ninguna entidad política, ya sea gubernamental o de otro tipo», zanjó.
Silje Hermansen sostiene que no es infrecuente ni va en contra de las normas que los jueces formen parte de un tribunal que se pronuncie sobre un asunto que afecte a su país de origen, así como tampoco se contemplan restricciones a que participen antiguos políticos. El tribunal intenta garantizar, con todo, que los magistrados no actúen como ponentes para evitar cualquier riesgo de parcialidad nacional. En esta función crucial, un juez elabora un borrador de sentencia sobre el que deliberan sus colegas.
Pero InvestigateEurope ha descubierto que, entre 2018 y 2024, los jueces ejercieron de ponentes en unas 30 ocasiones en asuntos que afectaban directamente a su país de origen, tal y como revela el análisis de una base de datos recopilada por IUROPA, un proyecto de investigación que realiza un seguimiento de los asuntos del TJUE.
El «deber de lealtad»
Los magistrados del TJUE tienen «un deber de lealtad hacia el Estado que los nombró, y son esos mismos Estados los que tienen la facultad de renovar sus mandatos», indica Carles Aulés-Blancher, investigador de la Universidad de Yale. El ha estudiado la percepción de parcialidad en el tribunal y considera que los mandatos renovables de seis años son una especie de «espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los jueces y que debería abolirse en favor de mandatos más largos».
En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modificó sus propias normas de nombramiento precisamente por este motivo, introduciendo mandatos de nueve años no renovables para los jueces. «No encontrarás ni un solo tribunal constitucional o supremo en toda Europa en el que los jueces tengan mandatos renovables», avisa una destacada figura del ámbito jurídico que pide permanecer en el anonimato. «Te puedo asegurar que, un año antes de que finalice su mandato, cunde la ansiedad entre los jueces. Y aumenta el número de viajes que hacen para reunirse con ministros o con quien sea necesario, porque quieren seguir en el cargo», insiste la fuente.
Los activistas llevan mucho tiempo criticando el proceso de selección de los jueces, en el que los candidatos son ratificados a puerta cerrada por un comité poco conocido que lleva por nombreComité 255. Este órgano está compuesto por siete juristas europeos, muchas veces antiguos miembros del TJUE. En 2024,Politicoinformó de que un alto cargo de la FIFA formaba parte delComité 255, pese a que el tribunal estaba tramitando múltiples casos relacionados con el organismo rector del fútbol mundial.
Koen Lenaerts, presidente del TJUE, defendió durante una entrevista en 2020 que un juez no debía tener «el más mínimo interés personal» en un asunto. «Esa imparcialidad es también una cuestión de percepción: ninguna de las partes debe albergar ninguna duda razonable sobre la imparcialidad del juez».
Editor: Chris Matthews
Additional reporting: Lisa Pace, Nico Schmidt
Esta investigación ha sido dirigida y coordinada por Investigate Europe, un consorcio periodístico transfronterizo. Se publica en colaboración con EU Observer, Follow The Money, Le Monde, Publico.pt, Publico.es, Le Soir y Taz.
Begoña Gómez solicita al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la devolución temporal de su pasaporte. Así lo pide su abogado, Antonio Camacho, quien expone en un escrito al que ha podido tener acceso este medio que la mujer de Pedro Sánchez ha de formar parte de la delegación española que viaja a la 36º Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del presidente del Gobierno.
Camacho indica en el documento presentado que se solicita poder disponer de este documento oficial de identidad y viaje, concretamente, entre los días 7 y 10 de julio. Una expedición breve a Turquía para regresar a España desde Londres, ciudad a la que acudirá para poder asistir a la graduación de su hija.
El abogado de Begoña Gómez señala que la mujer de Pedro Sánchez ha sido invitada a la Cumbre de la OTAN por Emine Erdogan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía. Además, Antonio Camacho expone que participará en este viaje acompañada en todo momento por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera «plenamente garantizada su localización» y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.
La causa contra la mujer de Pedro Sánchez entra ya en la fase previa al juicio oral
La investigación judicial contra Begoña Gómez ha quedado formalmente concluida después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, dictara el auto de apertura de juicio oral, poniendo fin a más de dos años de diligencias. Con esta resolución, el magistrado considera que existen indicios suficientes para que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.
La apertura del juicio oral no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los acusados, sino que supone el cierre de la fase de instrucción y el inicio del procedimiento que desembocará en la celebración del juicio. El juez acordó además medidas cautelares para Begoña Gómez, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, decisiones que han sido recurridas por su defensa.
La Fiscalía ha mantenido durante toda la instrucción su criterio favorable al archivo de la causa por considerar que no existen elementos suficientes para sostener una acusación, mientras que las acusaciones populares defienden que el procedimiento continúe hasta el juicio. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva los recursos presentados contra la apertura del juicio oral y determine si confirma el criterio del instructor antes de que pueda señalarse la fecha para la vista oral, prevista ante un tribunal del jurado.
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Cuando las inundaciones arrasaron el estado sureño brasileño de Rio Grande do Sul en 2024, causando la muerte de cerca de 200 personas y afectando a más de dos millones, el municipio de Eldorado do Sul fue el más afectado. Casi el 81% de la ciudad quedó inundada y sumergida, y barrios enteros se vieron obligados a reubicarse. Casi dos años después, para muchas familias, la esperanza de quedarse y reconstruir sus vidas sigue siendo escasa.
Algunas personas, como Ursula Silva Pedroso, de 48 años, siguen viviendo en una casa declarada inhabitable tras quedar completamente sumergida. Le han aprobado un nuevo alojamiento a través de un programa de vivienda pública, pero aún no hay fecha confirmada para su entrega.
Arisson Freitas quisiera quedarse en el pueblo, pero las inundaciones de 2024 no le dejaron otra opción.
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Para Arisson Freitas, de 31 años, las opciones son aún más limitadas. Al no encontrar vivienda dentro del programa de compensación pública, se prepara para mudarse a más de 130 kilómetros de distancia. Su antigua casa, junto con el minimercado que regentaba con su madre, ha quedado reducida a escombros. Si bien su madre ha conseguido una vivienda en Eldorado, la mudanza separará a la familia. Han reabierto temporalmente el mercado de enfrente, pero la zona está programada para ser evacuada debido al riesgo constante de inundaciones. «Me gustaría quedarme, pero es imposible», dijo Freitas.
Sin embargo, en uno de los pocos terrenos que se salvaron de las inundaciones, se está construyendo un centro de datos a hiperescala. Se prevé que la futura Ciudad de la IA, desarrollada por la destacada empresa tecnológica latinoamericana Scala Data Centers, se convierta en el centro de datos más grande de América Latina. Tan solo la primera fase implica una inversión de hasta 500 millones de dólares y se estima que su coste total ascenderá a 90.000 millones de dólares una vez finalizado.
En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la compañía, se afirma que el emplazamiento de la Ciudad de la IA de Scala «fue elegido por su probada seguridad frente a desastres naturales –incluidos los fenómenos climáticos–, su abundante suministro de energía y su capacidad inmobiliaria que permite una expansión continua durante décadas».
A poco menos de dos millas del emplazamiento propuesto para el centro de datos, una pequeña aldea indígena guaraní también lucha por permanecer en un lugar seguro. Durante las inundaciones, la comunidad, liderada por Estevan Garai, se vio obligada a evacuar su territorio original, situado a cierta distancia. Al regresar, encontraron sus hogares destruidos. Pero los daños no fueron causados únicamente por las inundaciones. El pueblo también se vio afectado por las excavadoras del gobierno que trabajaban en un proyecto de ampliación de la carretera.
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Actualmente, la comunidad vive a unos tres kilómetros del emplazamiento previsto para el centro de datos, por lo que no tiene garantía de que se le permita quedarse. Al preguntarle sobre su posible nuevo vecino, Estevan expresó que no sabía nada: «¿Un centro de datos? No lo sabía«.
La comunidad indígena se encuentra ahora en una pequeña zona al borde de una carretera, lo que la expone al riesgo de sufrir accidentes de tráfico.
La difícil situación del jefe tribal refleja las preocupaciones surgidas en otros países, donde la rápida expansión de los centros de datos ha sido acusada de marginar a las comunidades locales. Una investigación del Environmental Reporting Collective en la India documenta el presunto desplazamiento de familias dalit de bajos ingresos —una de las comunidades más vulnerables del país— de su barrio en Mumbay para dar paso a un nuevo proyecto. En Tailandia, los residentes de las provincias de Chonburi y Rayong afirman haber sido mantenidos en la ignorancia sobre los proyectos urbanísticos previstos, en particular sobre su posible impacto ambiental.
Muchas comunidades indígenas de la zona afectada por el centro de datos desconocen el proyecto
Roberto Liegbott, coordinador de Cimi-Sul —una organización vinculada a la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Brasil que defiende los derechos indígenas—, afirma que numerosas comunidades indígenas de la zona afectada por el centro de datos desconocen el proyecto. Brasil es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, que exige la consulta previa con los pueblos indígenas sobre proyectos que afecten a su modo de vida tradicional.
El cacique Estevan y el pueblo guaraní fueron reubicados en un lugar cercano al futuro campus del centro de datos.
En un asentamiento cercano del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, por sus siglas en inglés), ocho familias también han solicitado ser reubicadas en terrenos más elevados. «Eldorado do Sul tiene terreno elevado y buena tierra», apunta João Francisco Morais Cardozo, también conocido como Tigre, del asentamiento MST. «Lo que se necesita es que el gobierno estatal compre un terreno del tamaño del centro de datos y lo ponga a disposición del municipio para construir una universidad, un centro de salud y desarrollar un nuevo barrio». Sin embargo, el gobierno de Rio Grande do Sul no respondió a las preguntas sobre la reubicación de las familias afectadas por las inundaciones ni sobre la situación de la comunidad indígena.
Scala ha declarado que está tomando medidas para «mejorar la resiliencia» de su infraestructura y mitigar el impacto de futuros desastres naturales y relacionados con el clima, incluidas las inundaciones. En su informe de sostenibilidad, la empresa afirmó que las inundaciones de 2024 demostraron cómo los impactos climáticos interconectados pueden afectar a zonas que anteriormente no se habían clasificado como de alto riesgo.
Según las proyecciones del modelo elaborado por el Environmental Reporting Collective, los efectos en cadena de las lluvias y el desbordamiento de los ríos impactan a varias ciudades, incluidas aquellas con baja exposición a inundaciones. Añadió que combina la modelización de datos con evaluaciones cualitativas para comprender mejor las vulnerabilidades generales y los impactos indirectos. Para Estevan, sin embargo, la consulta sigue siendo la principal preocupación. «Sería importante saber más», comenta, en referencia a a las estrategias de resiliencia ante inundaciones. «Pero los blancos nunca hablan con nosotros».
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.
El PP ha puesto la diana en la Ley de Nietos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Gobierno está haciendo «ingeniería electoral» para «conseguir los votos que le faltan». Trata de amplificar, así, el fantasma de la manipulación de las elecciones como ya hizo Vox durante la comparecencia de Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Este martes, en una entrevista en esRadio, Feijóo se ha sumado con todo el equipo. El jefe de la oposición ha tratado de sembrar la duda sobre la limpieza del procedimiento de nacionalización al que están pudiendo acceder casi dos millones y medio de descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. En concreto, ha cuestionado que el proceso en Cuba vaya a contar con todas las garantías y ha asegurado que el Gobierno se reserva «la capacidad» para asignar provincia a un solicitante de nacionalidad cuando este no sepa «muy bien en qué provincia quiere votar».
Un portavoz del Ejecutivo, en conversación con Público, niega rotundamente que el proceso de nacionalización de hijos y nietos de exiliados por la acción de la dictadura tenga ningún fin electoral. «Es un proceso garantista«, aseguran fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Desde Exteriores defienden, con esa misma palabra, la limpieza del procedimiento y descartan que se esté incurriendo en ninguna irregularidad en Cuba o cualquier otro país. También que el Gobierno tenga algún tipo de capacidad de decisión en la asignación de provincias —circunscripción electoral— a los solicitantes de la nacionalidad española.
El proceso está regulado por la conocida como Ley de Nietos, que en realidad es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué dice exactamente? Que «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española«. También «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y los descendientes de los españoles a los que ya se les reconoció la nacionalidad con la aplicación de la Ley de Memoria de 2007.
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Tal y como aclaran fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, los datos son los siguientes: hasta el 31 de marzo, la fecha límite para realizar solicitudes de cita para la nacionalización, se registraron 2,4 millones de peticiones. De esos 2,4 millones, se han tramitado 1,2 millones de solicitudes en las oficinas consulares. 544.722 han sido ya aprobadas y, de ellas, 306.000 personas están inscritas ya en el registro, es decir, tienen la nacionalidad española y podrán votar en las próximas elecciones.
Las solicitudes de nacionalización en Cuba
Feijóo ha deslizado, en su entrevista en esRadio, que el PP está «preocupado» por el hecho de que, concretamente en Cuba, se haya confiado el proceso de la «revisión de las solicitudes» a una empresa cubana. Público ha preguntado al Ministerio de Exteriores por ello. «Es falso», zanjan. El Ejecutivo concreta que «en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la aprobación del expediente de nacionalidad corresponde exclusivamente al personal funcionario del Consulado General».
Lo que ocurre es que «es habitual que las embajadas contraten a personal local» para el trabajo administrativo. En el caso concreto de Cuba, la Embajada de España colabora con Palco, un grupo empresarial del país. Esa colaboración, según el Gobierno, se extiende «desde hace más de 10 años«. Y especifica: «La legislación cubana obliga a las representaciones extranjeras que necesitan trabajadores locales para el ejercicio de labores administrativas en Cuba a hacerlo bajo la intermediación de Palco (entidad empleadora)». Así que no es algo que se someta a elección del Gobierno español. En cualquier caso, las fuentes de Exteriores consultadas remarcan que «las labores del personal local contratado en relación con los expedientes de nacionalidad y con cualquier otro expediente consular se limitan a un trabajo administrativo, en ningún caso a la aprobación del expediente final, que —subrayan de nuevo— corresponde en todo momento al personal funcionario del Consulado General».
La elección de provincias
Tanto Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han lanzado, este lunes, otra acusación. En concreto, han asegurado que la Ley de Memoria Democrática habilita al Gobierno central para asignar una provincia «cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar«. Así lo ha explicado Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha afirmado que «el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según dónde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño«. Es una acusación de pucherazo en toda regla. «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece«, ha añadido la baronesa madrileña, «ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal».
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Nadie en el Gobierno entiende de dónde han sacado Feijóo y Ayuso un argumento de esas características. Desde luego, es un punto que no aparece en la Ley de Memoria Democrática. «En el momento de adquisición de la nacionalidad en el exterior, ha de presentarse un formulario firmado por el interesado de elección de municipio a efectos electorales», explica el Ministerio de Exteriores. «La elección por parte del interesado», completan, «la hará exclusivamente en función de los criterios previstos en el propio formulario: última residencia en España, municipio de mayor arraigo propio, municipio de mayor arraigo de sus ascendientes, y otros motivos, que deberán ser especificados».
En cuanto al papel de los funcionarios consulares, «no intervienen en ningún caso en la elección del municipio por parte de los interesados y se limitan a subir la declaración firmada al sistema, que es recibida por la oficina del censo». ¿Y si el solicitante no rellena la casilla del municipio en el que se quiere censar? Exteriores especifica que «si los formularios no están completos, se inadmiten» y «si aun así se envían con algún defecto, el CERA los rechaza». Las fuentes del ministerio de José Manuel Albares recuerdan, además, que «los votos emitidos en el exterior llegan a España exclusivamente por valija diplomática con todas las garantías de custodia«.
El formulario adjunto a continuación es el documento de la Oficina del Censo Electoral que tienen que rellenar las personas que solicitan votar desde el extranjero y que aplicará, también, a aquellas que obtengan la nacionalidad por la Ley de Nietos. En él, se aprecia una casilla en la que se le pide, al solicitante en cuestión, el municipio en el que quiere se quiere adscribir y otra para el motivo que alega.
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Documento de la Oficina del Censo Electoral que tienen que rellenar las personas que solicitan votar desde el extranjero.
En el 23J, el voto CERA benefició al PP
Feijóo ha incidido con Jiménez Losantos en que Buenos Aires, con 640.000 peticiones de nacionalidad, se convertirá «en una de las grandes ciudades españolas». De hecho, según datos del Gobierno obtenidos por este medio, Argentina, con 1.096.000 solicitudes, acapara casi la mitad del total. Esto es, tal y como explica el Ministerio de Ángel Víctor Torres, porque la Ley de Nietos también incluye a los exiliados por motivos económicos producto de la dictadura. Muchos marcharon a Argentina.
Lo que creen en el PP, en cualquier caso, es que Sánchez busca con esta ley generar una fábrica de votantes. Sin embargo, el análisis del voto CERA en las elecciones del 23J —las de julio de 2023— desprende que el voto extranjero otorgó un triunfo al PP. Feijóo fue el candidato más votado con 66.422 votos, por los 58.973 que obtuvo Pedro Sánchez. El PP llegó a arrebatar al PSOE, incluso, un escaño por Madrid y fue la lista más votada, en términos de voto CERA, en siete comunidades autónomas: Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Balears y la Región de Murcia. En Galicia, por ejemplo, Feijóo se impuso en las cuatro provincias.
De todas formas, no es nada nuevo que Feijóo trate de generar dudas alrededor del voto por correo. La hemeroteca está ahí. Ya en 2008, el popular ponía el acento en que los emigrantes gallegos en Argentina podían decantar las elecciones autonómicas y pedía «extremar la cautela» para asegurar «transparencia y neutralidad» en el voto por correo de los residentes en el exterior. Transmitir desconfianza no es una práctica particular de 2026.
Al mismo tiempo, en el PP dan importancia electoral a los españoles que viven fuera. Lo hacían antes y lo hacen ahora. Feijóo viajó a Argentina y Uruguay, en 2011, para pedir apoyo para Mariano Rajoy. 15 años después, este mismo lunes, Borja Sémper, portavoz nacional de la formación, ha subrayado que el PP «intentará» que les voten «esos dos millones y medio», en referencia al número de personas que potencialmente puede acceder a la nacionalización por la Ley de Nietos.
Preguntas al PP sin respuesta
Público ha planteado dos preguntas al PP acerca de las afirmaciones de Feijóo, que estaban sin respuesta en el momento de publicación de este artículo. Son las siguientes:
– Alberto Núñez Feijóo afirmó que «se ha dado» a una empresa cubana la responsabilidad de la «revisión de solicitudes» para la nacionalización de personas en el marco de la denominada Ley de Nietos. ¿A qué se refiere? ¿Dónde creen que puede encontrarse el fraude o la irregularidad?
– También ha dicho que el Gobierno «se deja la capacidad» para asignar la provincia cuando «el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar». ¿En qué documento figura que es el Gobierno quien elige la provincia?
2 – Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Douglas Santos; Lucas Paquetá (Endrick, m.46), Casemiro (Fabinho, m.92) y Bruno Guimaraes (Danilo Santos,m.97); Rayan, Matheus Cunha (Martinelli, m.66) y Vinicius Junior.
1 – Japón: Zion Suzuki; Takehiri Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Sugawara, m.65), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Tanaka, m.75), Keito Nakamura (J. Suzuki, m.66); Junya Ito (Machino, m.75), Ayase Ueda y Daizen Maeda (Ogawa, m.98).
Árbitro: Maurizio Mariani (ITA). Mostró cartulina amarilla a Casemiro (m.15), de Brasil, y a Sano (m.12), Kamada (m.45) y a Junnusuke Suzuki (m.84), de Japón.
NRG Stadium de Houston (Texas). 68.777 espectadores.
–Efe–
Brasil ha logrado una victoria muy trabajada para eliminar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un encuentro en el que solo se puso por delante después de 95 minutos de juego.
[Vuelve a ver el Brasil – Japón del Mundial 2026 íntegro en RTVE Play]
Le ha costado, pero lo ha logrado la pentacampeona con el tanto definitivo de Gabriel Martinelli que ha sellado este lunes su pase a octavos, donde se enfrentará al ganador del Costa de Marfil – Noruega.
El encuentro empezó con mucha intensidad, con Brasil exigido por la presión de los japoneses. Pasados los primeros minutos de tanteo, la Canarinha empezó a merodear el área de su rival y tuvo la primera ocasión con un disparo de Matheus Cunha que despejó el portero Zion Suzuki, uno de los mejores de su equipo este día en Houston.
La ofensiva de los sudamericanos se intensificó por momentos, pero los Samuráis Azules la contuvieron y poco antes de la media de juego aprovecharon un error de Danilo en la construcción en el centro del campo para abrir el marcador. Kaishu Sano robó el balón, se fue de Casemiro, condujo desde el centro del campo con maestría y velocidad para estresar a la defensa de Brasil. Y cuando vio que tenía espacio, el centrocampista del Mainz se sacó un tremendo chut desde la frontal que acabó en las redes pegado al palo. Golazo.
Gol de Kaishu Sano en el minuto 28 del Brasil – Japón (0-1) | Mundial 2026
En el descanso, Ancelotti ordenó las ideas de los suyos, que salieron con mucha más decisión. En cinco minutos crearon más peligro que en la primera parte con constantes centros. Guimarães tuvo la primera clara y Casemiro una que no entró casi de milagro, ambas de cabeza.
Casemiro se desquita
Fue un ensayo para la siguiente, en la que el centrocampista del Manchester United se desquitó al rematar de nuevo con la testa un sensacional centro colgado al segundo palo de Gabriel Magalhaes. Casemiro marcó con los tiempos en su remate, pero medio gol fue del central del Arsenal, que ha demostrado una vez más que no solo destaca en defensa.
La oleada de Brasil no amainó y Vinicius estuvo a punto de marcar el gol del Mundial con un control que se convirtió en el mismo toque en un caño a Takehiri Tomiyasu. Después el madridista volvió a irse de otro defensor ya en el área y su disparo lo desvió lo justo Suzuki para que se fuera el palo.
Luego el cansancio hizo mella, pero la emoción no bajó. Y después de buscarlo durante tanto tiempo, cuando la eliminatoria parecía abocada a la prórroga, llegó el gol de Martinelli.
Gol de Martinelli en el minuto 95 del Brasil – Japón (2-1) | Mundial 2026
Con los nipones hundidos, Tanaka falló en la salida de balón y Bruno Guimarães le dio un pase sensacional entre los centrales que el delantero en el Arsenal no desaprovechó para delirio de su afición.
Mientras, Japón se vuelve a ir de una Copa del Mundo sin pasar una eliminatoria, pero lo hace con la cabeza alta después de vender cara su única derrota en esta edición del torneo.
La regularización extraordinaria de personas migrantes en España llega a su primera gran meta con unas cifras que han superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. El plazo para presentar solicitudes concluye este martes 30 de junio, después de un proceso que comenzó el pasado 16 de abril y que ha permitido a cientos de miles de personas iniciar los trámites para obtener una autorización de residencia y trabajo.
Según los datos conocidos hasta ahora, las peticiones registradas rondan ya los 1,3 millones, una cifra muy superior a las aproximadamente 500.000 personas que el Ejecutivo calculó en un primer momento que podrían acogerse a esta vía extraordinaria. Tal y como recoge ‘El País’, e mediados de junio, el sistema ya acumulaba unas 900.000 solicitudes, de las cuales cerca de 360.000 habían sido admitidas a trámite. Ese primer paso permite a los solicitantes residir y trabajar de manera provisional mientras la Administración resuelve su expediente.
La medida, aprobada mediante real decreto, está dirigida a personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar una permanencia continuada mínima y que no tengan antecedentes penales. También incluye a solicitantes de protección internacional anteriores a esa fecha. El cierre del plazo no supone, por tanto, el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa: la de la revisión, comprobación y resolución individual de cada expediente.
El verdadero reto empieza ahora
La avalancha de solicitudes coloca ahora el foco sobre las oficinas de Extranjería y sobre la capacidad del Estado para gestionar un volumen administrativo de enorme magnitud. El Gobierno dispone de un plazo de tres meses para resolver cada expediente, aunque algunas autorizaciones definitivas ya han comenzado a concederse. La cuestión clave será si la Administración cuenta con medios suficientes para evitar retrasos que puedan dejar en el limbo a miles de personas durante meses.
Las organizaciones sociales que han acompañado este proceso advierten de que el éxito de la regularización no se medirá únicamente por el número de solicitudes presentadas, sino por la agilidad y las garantías con las que se resuelvan. Colectivos de apoyo a la población migrante, entidades humanitarias y plataformas ciudadanas llevan años reclamando una respuesta estable a una realidad que consideran estructural: la existencia de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en España, participan en su economía y sostienen sectores esenciales, pero lo hacen sin papeles y, en muchos casos, sin derechos laborales efectivos.
La regularización tiene también una lectura económica evidente. Muchas de las personas que han solicitado acogerse al proceso ya trabajaban en sectores como los cuidados, el empleo doméstico, la hostelería, la agricultura, la construcción o el reparto. La diferencia es que, si sus expedientes son aprobados, podrán hacerlo con contrato, cotizaciones y mayor protección jurídica. Para el Estado, esto puede traducirse en un aumento de ingresos para la Seguridad Social y en una reducción de la economía sumergida.
El volumen de solicitudes revela, además, una realidad incómoda para quienes han negado durante años la dimensión de la irregularidad administrativa en España. Buena parte de estas personas no acaban de llegar: ya vivían aquí, ya trabajaban aquí y ya formaban parte del tejido social del país. La regularización no crea esa realidad, sino que la reconoce. Y al reconocerla, abre la puerta a que miles de familias salgan de la precariedad y puedan construir un proyecto vital con mayor estabilidad.
La medida también ha generado críticas desde la derecha y la extrema derecha, que han insistido en el supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, el diseño del procedimiento limita el acceso a quienes ya estaban en España antes de una fecha concreta, precisamente para evitar que se convierta en una vía abierta e indefinida. Frente a ese discurso, las entidades sociales defienden que regularizar no significa premiar la irregularidad, sino ordenar una situación que ya existe y que, sin respuesta administrativa, alimenta abusos laborales, exclusión social y vulnerabilidad.
A partir de ahora, la atención se centrará en la tramitación. La Administración deberá comprobar documentación, acreditar permanencias, revisar antecedentes, requerir posibles subsanaciones y dictar resoluciones. No todas las solicitudes serán aprobadas, pero el volumen registrado confirma que la demanda era muy superior a la prevista.
España encara así una de las mayores operaciones de regularización de su historia reciente. Para el Gobierno, el desafío será demostrar que puede gestionar con eficacia una medida de gran impacto social. Para más de un millón de solicitantes, el resultado será mucho más que un trámite: puede marcar la diferencia entre seguir atrapados en la economía informal o acceder, por fin, a una vida con derechos reconocidos, empleo regular y plena integración en la sociedad española.
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El guion rara vez cambia. Una gran empresa tecnológica llega a la ciudad con mucho dinero y presenta sus planes para un enorme campus de centros de datos que consumirá muchísimos recursos. El gobierno extiende la alfombra roja, confiando en la promesa de crecimiento económico, avances tecnológicos y un lugar privilegiado en el mapa mundial de centros de datos. Para las comunidades locales, si bien el empleo suele presentarse como uno de los principales beneficios de tener una instalación de hiperescala como vecina, no siempre se materializa.
Cuando Sirlei Souza, de 62 años, se enteró de que se iba a construir un centro de datos en Eldorado do Sul, en Brasil, prometiendo puestos de trabajo, se mostró optimista. La empresa brasileña Scala Data Centers había anunciado la construcción de AI City, considerado el centro de datos más grande de Latinoamérica, a tan solo cuatro kilómetros de su pueblo. Scala Data Centers tiene su sede en Brasil y fue fundada por DigitalBridge, una firma estadounidense de inversión global en infraestructura digital.
Los habitantes de Eldorado aún luchan por recuperarse de las devastadoras inundaciones que azotaron la región en 2024, las cuales dañaron sus cultivos, ahogaron el ganado y destruyeron el 81% de las viviendas y los negocios locales. El municipio fue uno de los más afectados de la región. «La gente estaba muy contenta con la noticia del centro de datos porque muchos de ellos necesitaban abandonar la región para trabajar en otros lugares», declara Souza, líder comunitaria en el municipio de Guaíba.
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Los residentes también esperaban que el proyecto aportara nueva infraestructura al territorio, mejorara sus carreteras deterioradas y trajera transporte público a la zona. Sin embargo, las dudas se apoderaron de los residentes cuando empezaron a leer artículos periodísticos sobre el posible impacto de los centros de datos, como el uso intensivo de recursos hídricos y energéticos. Se dieron cuenta de que prácticamente no sabían nada sobre el proyecto. «Estamos intentando obtener más información», comenta la líder comunitaria. «Pero la empresa no se ha puesto en contacto con nosotros».
Cuando Sirlei Souza escuchó por primera vez que se construiría un megacentro de datos en su vecindario, se llenó de esperanza. Pero ahora le preocupa que la promesa de empleos no se materialice.
Mientras tanto, Raquel do Reis Roman, de 45 años, está preocupada de que la promesa de empleo sea solo una «ilusión» y no llegue a quienes lo necesitan. «Los puestos de trabajo que requieren mayor cualificación irán a parar a gente de fuera, porque la mayor parte de la población local no tiene las cualificaciones necesarias.»
Sobrevivir a las inundaciones
En la ciudad, Marginato Matos, de 59 años, sociólogo y uno de los coordinadores de la campaña de emancipación de Eldorado do Sul a finales de la década de 1980 —cuando buscaba la independencia del municipio de Guaíba—, expresa que incluso los trabajos más básicos serían bienvenidos. «La situación social en la ciudad es muy grave. No creo que la ciudad se recupere [de las inundaciones] en menos de diez años», afirma. «Los albañiles no tienen trabajo, ni tampoco las empleadas domésticas. Si se les da una oportunidad, podría ser un paso positivo en la recuperación».
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Scala Data Centers anunció que la primera fase de construcción generaría más de 3.000 empleos directos e indirectos e impulsaría sectores como la energía, la construcción y las telecomunicaciones. La compañía se ha comprometido a priorizar la mano de obra y los proveedores locales, apoyar el desarrollo de la región e invitar a empresas de su cadena de suministro a establecerse en ella. No obstante, Scala no proporcionó más detalles sobre la naturaleza ni la duración de los empleos. En su lugar, se limitó a afirmar que, una vez en funcionamiento, su centro de datos no afectaría a los recursos energéticos e hídricos locales.
En todo Eldorado do Sul los vestigios de la devastación causada por las inundaciones son omnipresentes.
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El Gobierno local tampoco respondió a las preguntas sobre los empleos prometidos en el centro de datos. La alcaldesa de Eldorado do Sul, Juliana Carvalho, y su equipo han estado trabajando para ayudar a la ciudad a recuperarse de las inundaciones y consideraron que el proyecto AI City contribuiría a la reconstrucción de la ciudad. «Tanto desde el punto de vista de recuperar la confianza… como en términos de inversión. De hecho, supondrá un cambio de paradigma«, aseguró el pasado mes de abril. No respondió a las últimas solicitudes de declaraciones.
Cuando los empleos generados no son suficientes
En la India, por su parte, se necesita una inversión media de 770.000 dólares para crear un solo puesto de trabajo en un centro de datos, según un análisis de los registros de decenas de centros de datos. Este análisis se ha basado en la recopilación y revisión de 140 documentos gubernamentales relacionados con 67 proyectos de centros de datos que solicitaban autorizaciones ambientales entre 2021 y 2025. De ellos, 46 proyectos incluían detalles sobre inversiones y empleos.
Los centros de datos en toda la India generan pocos empleos en relación con la inversión realizada, según revela el análisis. Sin embargo, requieren enormes cantidades de energía, agua y territorio, lo que supone una gran presión para el medio ambiente y las comunidades que ya viven en situación de vulnerabilidad.
Entre las empresas analizadas, los centros de datos de Amazon crearon la menor cantidad de empleos en relación con la inversión realizada. Amazon tiene previsto construir seis centros de datos cerca de Hyderabad y Mumbai. En conjunto, estos centros ocupan 118 hectáreas . La compañía de Jeff Bezos planea invertir 3.900 millones de dólares en estos proyectos. Sin embargo, solo generarán alrededor de 929 empleos, aproximadamente un puesto de trabajo por cada 4,2 millones de dólares invertidos.
En comparación con otras empresas, los centros de datos de Amazon también generaron la menor cantidad de empleos por unidad de terreno y por unidad de potencia informática generada. Los representantes de la firma no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. «La IA ya está reemplazando a personas en puestos de trabajo en todos los sectores», afirma Nityanand Jayaraman, investigador y activista de Chennai, en la India. «Ahora, los centros de datos, que generan muy pocos empleos, compiten directamente por los recursos humanos».
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.
Lista de artículos:
Este es uno de los artículos de una seri de reportajes. Puedes leer el esto aquí:
Luis García Valverde y Aurora Gómez celebraron la navidad de 2024 de un modo diferente. Lo hicieron repasando cientos de páginas de documentación técnica sobre el faraónico proyecto que Amazon está levantando en Aragón. Una red de centros de datos que la multinacional aspira a convertir antes de 2030 en probablemente su mayor infraestructura física fuera de Estados Unidos.
Hasta 11 complejos, tras la última ampliación anunciada en marzo, desplegados por la región, interconectados entre sí y diseñados para hacer funcionar un cierto tipo de inteligencia artificial. Sobre todo, aplicaciones generadoras de texto, imagen y vídeo que requieren enormes cantidades de energía y agua para funcionar. Y que al mismo tiempo son la gran apuesta de gigantes como Amazon para seguir aumentando unos beneficios anuales récord.
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La fiebre de la IA aterriza en Aragón con el macrocomplejo de Amazon: todo lo que debes saber.
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Gómez y Valverde recuerdan aquellas semanas como un «infierno». El análisis de aquellos informes desembocó a la vuelta del parón navideño en varias alegaciones formales contra el complejo de Amazon Web Services (AWS), la filial de computación de la firma estadounidense. Pero sobre todo plantó la semilla de un proyecto más ambicioso. Que con el tiempo ha cristalizado en el primer movimiento organizado en España contra los centros de datos de la era de la IA generativa.
Esta industria en expansión por todo el planeta ha encontrado en tierras aragonesas un verdadero filón. Los centros de AWS son sólo los primeros de una larga lista de macrocomplejos que aspiran a brotar en la región y que tienen en el gobierno autonómico a su principal valedor. Otro gigante tecnológico como Microsoft ya tiene todos los permisos para levantar tres nuevos centros.
También grandes nombres de los sectores inmobiliario, energético y de la construcción se han sumado a esta fiebre promotora. Firmas españolas como ACS, Forestalia, el fondo Azora y la socimi Merlin Properties, y corporaciones globales como el fondo Blackstone, tienen aquí proyectos en diferentes fases de tramitación.
Pero si el desembarco de grandes centros de datos, conocidos como hiperescalares, había navegado hasta ahora en España en un clima social de cierta indiferencia, el panorama parece estar cambiando. El colectivo del que Gómez y Valverde forman parte junto a otros activistas e investigadores lleva meses plantando cara a esta industria tanto en la calle como en los tribunales.
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Aurora Gómez, fundadora y portavoz de Tu Nube Seca Mi Río, un colectivo pionero en la oposición a los centros de datos para la IA en España.
En el marco del proyecto internacional Dirty Data coordinado por la organización periodística Environmental Reporting Collective (ERC), Público relata por primera vez desde dentro, a través de información y testimonios inéditos, cuál es su historia. También detalles exclusivos de la demanda que este colectivo está a punto de interponer ante el Gobierno de Aragón por la tramitación exprés del macroproyecto de Amazon.
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La fuerza de la presión popular
En mayo las autoridades de Box Elder en el estado de Utah aprobaron el proyecto Stratos. Un complejo de servidores para la IA que ocupará un terreno equivalente a dos veces la isla de Manhattan y que según diferentes estudios amenaza al Gran Lago Salado contiguo a este condado. Varios centenares de vecinos acudieron a la audiencia pública para tratar de frenar el proyecto.
Escenas similares llevan meses ocurriendo por todo EEUU. Aunque los vecinos de Box Elder no han conseguido por ahora su objetivo, grupos ciudadanos en diferentes rincones del país ya han logrado paralizar proyectos multimillonarios. En respuesta a esta creciente oposición una larga lista de gobiernos locales han aprobado legislaciones contrarias a la construcción de nuevos centros.
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El guante lo han recogido Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, figuras del ala progresista del Partido Demócrata, que en marzo propusieron una moratoria nacional a esta industria. Por el momento en España la conversación, y el propio despliegue de esta industria, avanza varias pantallas por detrás. Pero desde hace casi un año las cosas se están moviendo en Zaragoza y sus alrededores.
En septiembre las calles de la capital aragonesa vieron cómo una columna de manifestantes marcharon hasta la plaza de San Pedro de Nolasco, en pleno Casco Antiguo. El recorrido escogido para la primera manifestación contra los centros de datos en España no fue casual. La marcha partió del barrio de Torrero, donde se ubicará uno de los tres complejos de Microsoft, y concluyó frente al departamento de Medio Ambiente del Gobierno aragonés.
«No esperábamos a tanta gente», relata más de medio año después Cristina García, miembro deNo es sequía, es saqueo, el colectivo que organizó la protesta. Este grupo se había creado unos meses antes con el objetivo de cambiar una narrativa hasta entonces dominada, señala García, por las propias empresas, el Ejecutivo autonómico y sus medios afines.
Desde entonces y a través de sus redes sociales el grupo difunde la cara menos amable de estas infraestructuras, denunciando por ejemplo cómo el ejército de Israel ha usado la nube de Microsoft y AWS en el genocidio de Gaza. O cómo estas mismas empresas dan soporte al ICE, punta de lanza de Trump en su cruzada antimigratoria, a través de estos centros.
Imágenes de la manifestación celebrada en Septiembre de 2025 por las calles de Zaragoza para protestar contra la construcción de grandes centros de datos en Aragón.
Su otro foco está en la organización de charlas públicas en los municipios de Aragón donde han sido anunciados nuevos centros. Y de actividades como un reciente «paseo tóxico» por las inmediaciones del enorme solar que planea ocupar Microsoft al sur de Zaragoza.
Cristina García, activista digital: «Podríamos replicar lo que está pasando en EEUU»
Rememorando la manifestación del año pasado, García apunta a la «sensación de esperanza» que sintió al ver que su primera convocatoria pública no había caído en saco roto. «Recuerdo que pensé que toda esa gente que estábamos ahí podríamos replicar lo que está pasando en EEUU», señala, aludiendo a la «fuerza popular» que ha logrado frenar ya varios proyectos.
Las empresas constructoras de centros de datos saben que un punto clave de su negocio es dar con autoridades dispuestas a tramitar con la mayor celeridad proyectos que tienen una compleja infraestructura asociada. Desde una conexión a una fuente energética capaz de saciar su ingente sed de vatios, a buenas comunicaciones ante una eventual situación de crisis, pasando por terrenos disponibles que garanticen su capacidad de crecer.
El caso aragonés es paradigmático en ese sentido. El Ejecutivo de Azcón está tramitando todos los complejos mencionados en este reportaje mediante la figura de los PIGA (Proyecto de Interés General), una categoría administrativa reservada para inversiones de «especial trascendencia» para el territorio. Y que conlleva, entre otros puntos, bonificaciones fiscales, una priorización frente a otras iniciativas y una reducción de los plazos de tramitación.
Una demanda pionera en ciernes
En agosto de 2025 el Gobierno de Jorge Azcón aprobó el PIGA del primer proyecto de expansión de AWS, que incluye cinco complejos en varios municipios aragoneses. La autorización definitiva del Ejecutivo no requirió a la empresa hacer cambios sustanciales en el proyecto, tal y como pedían varias de las organizaciones que presentaron alegaciones.
Solo uno de los 11 complejos planteados a día de hoy prevé consumir el 16,5% de toda la energía que usa Aragón
Casi cualquiera de las cifras asociadas a este macro proyecto, una especie de avanzadilla de esta industria en tierras aragonesas -desde finales de 2022 AWS ya tiene tres centros operativos, más pequeños, y actualmente en expansión- son inéditas. Solo uno de los 11 complejos planteados a día de hoy por la empresa prevé consumir el 16,5% de toda la energía que usa la comunidad y se espera que el conjunto de todos ellos supere con creces la demanda actual de todo Aragón.
Los números en torno al agua son igualmente una fuente de preocupación, en especial por las maniobras de la empresa para tapar su impacto hídrico y la opacidad demostrada también para sus centros en España. Desde AWS declaran que «su primer objetivo» es «ser un vecino comprometido con aquellas comunidades» donde se intalan. «Para ello, estamos en continuo contacto con los diferentes agentes sociales y económicos de la región, desde asociaciones vecinales, grupos ecologistas, sindicatos, instituciones públicas y administrativas, así como organizaciones de empresas locales, entre otras», alegan. «Fruto de estas colaboraciones han surgido diferentes proyectos comunitarios centrados en formación STEM, protección y cuidado del medioambiente, desarrollo económico del tejido empresarial local, innovación y tecnología, etc.».
Aspecto exterior del centro de datos de Amazon Web Services ubicado en el municipio de El Burgo de Ebro (Zaragoza), uno de los tres complejos operativos desde 2022 y actualmente en expansión.
Luis Valverde, de Ecologistas en Acción, y Aurora Gómez, de Tu Nube Seca Mi Río, recuerdan que una vez agotada la vía de las alegaciones debatieron internamente cuáles podrían ser sus siguientes pasos. Junto con el grupo de académicos que les está acompañado en este proceso –entre las que está el investigador Enol Nieto, de la Universidad de Vic–, decidieron entonces darle forma a una idea que les rondaba la cabeza desde hacía tiempo. Llevar al Ejecutivo de Azcón ante los tribunales por la manera en que ha tramitado este macro proyecto, que tachan de «ilegítima».
«Hacen oídos sordos a la ciudadanía preocupada y se saltan procesos democráticos«, señala a Público Gómez, poniendo el foco en la reducción de los plazos de participación pública que conllevan los PIGA.
Valverde apunta que en ese momento se toparon con dos importantes obstáculos: cómo financiar el procedimiento judicial y dar con letrados dispuestos a embarcarse en esta causa. Tras descartar acudir al fondo jurídico de Ecologistas en Acción, el grupo decidió crear una campaña de micromecenazgo abierta a la ciudadanía, que en apenas seis días alcanzó los 7.300 euros que se habían marcado como objetivo mínimo.
El método de financiación escogido, explica este medioambientalista, además de solventar la cuestión económica, buscaba también dar a conocer su causa y comprobar hasta qué punto la gente estaba interesada en apoyarla. «Frente a un PIGA que no es realmente de interés general para Aragón, nosotros podíamos evidenciar cual es el verdadero interés de los aragoneses», señala.
«Todo el rato nos estamos inspirando en otros países y en colectivos, incluso en otras épocas«, apunta por su parte Gómez, aludiendo a las experiencias exitosas de micromecenazgo de la organización británica Global Action Plan, especializada en litigios sociales y medioambientales.
Una vez superado con éxito el obstáculo del dinero -la campaña logró recaudar finalmente 15.000 euros- el grupo encontró en el Fons de Defensa Ambiental, una pequeña asociación de Barcelona especializada en la defensa de litigios ambientales, el soporte jurídico que necesitaban.
Amazon mueve ficha
El equipo de letrados que está llevando el caso presentó en enero el recurso contencioso administrativo contra el Gobierno aragonés, el paso previo a la interposición de una demanda ante una administración. Pocas semanas después el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) lo admitió a trámite, abriendo así un plazo todavía abierto para el estudio del enorme expediente asociado a este proyecto multimillonario.
En este tiempo, Amazon no se ha quedado de brazos cruzados. Según ha podido saber Público de fuentes conocedoras del procedimiento, la empresa interpuso un recurso de reposición, ya desestimado por la sala del TSJA, contra la admisión del contencioso por parte del alto tribunal, alegando que este se había presentado fuera de plazo.
Estas mismas fuentes señalan que la compañía se ha opuesto también a la ampliación del expediente que reclama la acusación, para así poder integrar en la causa los informes de todos los complejos que la multinacional ha hecho públicos hasta el día de hoy.
Luis García Valverde, miembro de Ecologistas en Acción, lleva varios años siguiendo el desarrollo de grandes centros de datos en España, en especial los proyectos ubicados en Aragón.
A preguntas de Público, un portavoz de la compañía admite que AWS ha intervenido en «algunos de los trámites procesales» del procedimiento, pero declina dar más detalles al tratarse de un proceso judicial en marcha. Desde el Gobierno aragonés, por su parte, argumentan haber «actuado conforme a la ley» y señalan estar dispuestos «a defender su acción de gobierno en las instancias que sean pertinentes».
Preguntadas también sobre un posible acercamiento a las entidades de la sociedad civil demandantes, fuentes del Ejecutivo de Azcón señalan que «ni acercamiento, ni lo contrario». «Lo que corresponde es contestar el procedimiento contencioso dando respuesta a lo que se haya planteado por parte de los recurrentes», responden por escrito a este medio.
La jurista Mireia Orra de Salsas señala que desde una mirada jurídica el contencioso abierto en Aragón es una estrategia muy novedosa en el contexto español. A diferencia de tradiciones como la anglosajona, donde una única sentencia favorable puede fijar jurisprudencia ante casos similares, aquí el camino es más complejo. «Un litigio ganado puede ayudar, pero solo eso».
Orra de Salsas, quien apunta también a la gran cantidad de «tiempo y recursos» que requieren estos procesos, ha estado directamente implicada en los últimos años en varios litigios estratégicos frente a los abusos de la tecnología en sus diferentes derivadas. Uno de ellos fue la denuncia contra la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) por el uso de reconocimiento facial que en 2022 desembocó en una multa de la agencia catalana de protección de datos.
Karen Hao, periodista: «Cuando la gente se levanta, los imperios se derrumban»
Este caso, explica la jurista hoy miembro del colectivo DonesTech, ejemplifica cómo estos procesos pueden alargarse durante años. Tras la multa inicial, las entidades litigantes abrieron un contencioso contra la agencia catalana por apartarlas del proceso. Una demanda que más de tres años después sigue sin resolverse. «Lo de Aragón va para largo«, concluye esta experta.
Desequilibrio de fuerzas y un fin ambicioso
«Cuando la gente se levanta, los imperios se derrumban». La periodista y autora estadounidense Karen Hao cerró así hace unas semanas su charla inaugural en re:publica, uno de los encuentros de referencia en Europa sobre tecnología y derechos.
En su reciente libro El imperio de la IA. Sam Altman y su carrera por dominar al mundo (Península, 2025), Hao usa la metáfora de los imperios para diseccionar las estructuras de poder que los gigantes de la IA están levantando en todo el planeta, incluidos los centros de datos. Pero también apunta cómo la creciente contestación ciudadana en todo el planeta puede hacer tambalear hasta a las empresas más poderosas.
Más allá del resultado final en los tribunales, las diferentes fuentes consultadas para este reportaje describen el contencioso abierto contra el Gobierno aragonés como una pata de una estrategia mucho más amplia, con objetivos ambiciosos. Desde el movimiento de resistencia aragonés aseguran que su fin último no es otro que «sentar un precedente legal crucial para todo el Estado, un muro contra la burbuja especulativa de los datos».
Imagen del centro de datos de AWS en El Burgo de Ebro, donde se observan los tanques para el almacenamiento de agua y, sobre el edificio, los generadores de energía.
«El actual proceso en torno a los centros de datos va a explotar en cualquier momento y va a pillar a mucha gente por el camino«, advierte Carlos López, miembro de Ecologistas en Acción en Aragón, haciéndose eco del creciente número de voces que alertan de una burbuja en torno a la IA. «La única manera de que esto no ocurra es a través de la oposición social».
En una línea similar se expresa Cecilia Rikap, profesora del University College London (UCL), quien analiza desde hace años cómo la gran industria tecnológica impacta en la soberanía y el desarrollo de los países. «Estos centros siempre requieren la autorización de los gobiernos locales, quienes por ignorancia, desidia o por apoyar antes a las empresas que a la población local, terminan no solo autorizando su instalación sino también haciéndoles exenciones de impuestos«.
Esta economista otorga a la sociedad civil organizada un papel «fundamental» para crear conciencia sobre los costes de estas infraestructuras. «La visibilización del problema solo se logra gracias a la movilización colectiva desde los territorios», añade Rikap.
Cualquier observador externo detectaría fácilmente el desequilibrio de fuerzas entre las partes de la batalla que se ha abierto en Aragón. De un lado, una industria con los bolsillos llenos de liquidez y una amplia plantilla de abogados que tiene en Amazon a su particular punta de lanza. Del otro, un incipiente movimiento ciudadano que se ha apoyado en un crowdfunding para su primer movimiento de peso en esta partida.
Esta realidad no parece por el momento desanimar a este colectivo. «Estas empresas parecen todopoderosas, pero realmente no lo son«, indica Cristina García.
Esta activista tira de los ejemplos que llegan de EEUU para asegurar que, a pesar de todo, «estos proyectos sí se pueden parar». Recordando que en ocasiones son los propios promotores quienes los retiran si se topan con una resistencia organizada. «El desembarco de esta industria nos va a afectar y va a hipotecar nuestro futuro, por eso es importante que nos movilicemos», concluye.
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.
Los medios de comunicación en internet están sufriendo una importante y sostenida pérdida de audiencia. Esta situación se ha agudizado en los dos últimos años y se produce en todo el mundo. Aunque las cifras pueden bailar ligeramente, todos los estudios y análisis publicados por diferentes instituciones coinciden en señalar ese pronunciado descenso de usuarios que visitan las webs de los medios de comunicación tradicionales.
El informe publicado hace apenas dos semanas por el Instituto Reuters, el Digital News Report 2026 —una especie de Biblia para el sector— pone cifras a esa pérdida de audiencia entre los medios digitales. Desde 2021, el porcentaje de usuarios que usa al menos una vez a la semana la web o la app de un medio de comunicación para informarse ha pasado del 63% al 51%. El dato más significativo es que, por primera vez, las redes sociales y las plataformas de vídeo se convierten en el canal más utilizado para acceder a las noticias: el 54% de los encuestados las utiliza semanalmente para informarse, mientras que el 51% entra en las webs o las aplicaciones de los medios.
Con todo, el dato más llamativo es que, por primera vez a nivel global, las redes sociales y las plataformas de vídeo se imponen a la webs y aplicaciones de los medios tradicionales como fuente principal de información. En concreto, un 54% de los usuarios se informa cada semana a través de redes y plataformas de vídeo, mientras que un 51% recurre a webs y aplicaciones de medios.
España no es ajena a este fenómeno. El informe de Reuters indica que aquí también las redes sociales y el vídeo ya son fuentes más populares que los medios para informarse. Las redes sociales suponen la vía principal de acceso a la información para el 47% de los usuarios, ya por encima de las webs de noticias, que alcanza un 44%.
La tendencia, sin embargo, es preocupante para las cabeceras periodísticas. Un vistazo a la evolución temporal permite atisbar que en 2015, un 75% de los usuarios españoles utilizaban las webs de medios como vía principal para informarse, 29 puntos más que en 2026.
La evolución de la audiencia
Los últimos datos publicados por GfK DAM, el medidor oficial de audiencias digitales en España, confirman el fuerte retroceso del sector de los medios. Los principales periódicos generalistas de ámbito estatal han perdido de media más del 20% de su audiencia en un solo año, si se comparan las cifras de mayo de 2026 con el mismo mes de 2025.
Entonces, había catorce medios con una audiencia media diaria por encima del millón. Ahora solo quedan doce, después de que bajasen de ese listón Infobae y El Debate
Datos de GfK DAM para mayo de 2026.
De esos doce medios, diez han perdido audiencia en el último año. En algunos casos, han sufrido verdaderos desplomes, como La Vanguardia, The Huffington Post o 20 Minutos, que prácticamente han perdido la mitad de sus lectores en tan corto período de tiempo.
También son muy significativos los retrocesos que han experimentado La Razón, ABC, El Confidencial y eldiario, con pérdidas que oscilan entre el 31% del primero y el 23% del último. El Español ha bajado más de un 17% y Okdiario cerca del 16%.
Solo hay un medio que ha crecido con fuerza en este último año, El Periódico, con una subida del 18%. También ha ganado algo El Mundo, un 3%, mientras que El País ha tenido una leve bajada, del 0,5%
Comparación de mayo de 2026 con mayo de 2025. Datos de GfK DAM.
El análisis de los principales medios generalistas también muestra un evidente sesgo ideológico. Al igual que en la televisión, en la radio y en la prensa escrita, también entre los digitales son clara mayoría los medios con líneas editoriales próximas a la derecha o la ultraderecha. En este espacio ideológico se sitúan ocho de los doce principales periódicos.
Si se amplía el foco, en el espacio progresista hay cinco medios que han logrado en mayo de 2026 una audiencia media diaria superior a las 50.000 personas, entre ellos Público, con 370.000.
Datos de GfK DAM para mayo de 2026.
La evolución del último año sitúa aPúblico como una absoluta excepción: es el único de los cinco que ha crecido y lo ha hecho con fuerza, con una subida que supera el 21%. Todos los demás han bajado, siendo el descenso más significativo el de eldiario.
Comparación de mayo de 2026 con mayo de 2025. Datos de GfK DAM.
La pujanza de la IA
¿Qué está ocurriendo para este pérdida de audiencia por parte de los medios de comunicación? Responde Luis Collado, director de Google Books y Google News en España y Portugal: «Hay varias razones. Hay cierta fatiga informativa por parte de los usuarios y también un cambio de hábitos, sobre todo entre audiencias más jóvenes que buscan información a través de redes sociales y de plataformas de vídeo».
Sin embargo, Collado apunta también a un nueva herramienta muy poderosa que está restando visitas a las webs de los medios de información: la Inteligencia Artificial (IA). «La aparición de herramientas y chatbots de IA responden a la curiosidad o necesidad de información que tiene la gente directamente, sin que eso suponga una derivación de tráfico hacia las fuentes originales de información», destaca Collado.
David Sánchez, director de GfK DAM, introduce un matiz en su respuesta: «¿Hay un descenso generalizado? Yo creo más que hay cierta contracción no muy grande en el número de usuarios que accede de forma generalizada, pero no se ha perdido el interés por las noticias».
Aunque concede la existencia de «fenómenos que están incidiendo en la forma de consumir noticias», como son las redes sociales y el vídeo, Sánchez asegura que «este consumo de noticias sigue siendo tan popular como lo ha sido siempre». «Lo que pueden cambiar son los canales de distribución de las noticias, que ahora no siempre pasan por los medios. Por ejemplo, ahí está la IA», apostilla el directivo de GfK DAM.
Sánchez no achaca «esa contracción de usuarios» exclusivamente a la IA. Explica que también influyen «otras formas de distribución de contenido, por ejemplo, el algoritmo que utiliza Google a la hora de posicionar a unos medios frente a otros, o de hacerlos más o menos dependientes del consumo que tienen los usuarios a través de Discover en sus smartphones«.
Respecto a los cambios de algoritmo y cómo pueden afectar al tráfico de los medios, Luis Collado recuerda que «al final Google o cualquier otra plataforma está reaccionando a cómo cambia el mercado, a cómo cambia la audiencia. El algoritmo no cambia porque sí«.
Luis Collado: «La IA es menos competidora cuando el usuario busca rigor, cuando quiere informarse de verdad»
En el caso de Discover, un buscador predictivo que tiene notable influencia en el tráfico de los medios, Collado señala: «Su objetivo es satisfacer los intereses y las necesidades de cada usuario. El producto tiene que ir adaptándose para cumplir con esos objetivos. Y por lo tanto, el tráfico en Discover en algunos momentos puede ser más volátil». Collado añade que ante el cambio de los patrones de consumo, es «lógico» que Discover dé cabida a creadores de contenido y también que evolucione para «presentar más contenido audiovisual».
La estrategia para competir
Redes sociales, nuevos formatos, el vídeo, los chatbots de IA, los algoritmos… Son demasiadas piedras en el camino de los medios de comunicación. Pero la guerra no está perdida. Tanto Collado como Sánchez ven una estrategia clara a seguir: apostar por el periodismo de calidad.
«Es verdad que la IA está afectando al consumo de noticias, pero sobre todo a los contenidos denominados evergreen, contenidos más atemporales y más ligeros tipo ‘mira cómo se cocina el salmorejo cordobés’. La IA es menos competidora cuando el usuario busca rigor, cuando quiere informarse de verdad. Es ahí donde las cabeceras, el periodismo en definitiva, debe jugar su baza», apunta David Sánchez.
Luis Collado es de la misma opinión. «Con la aparición de los chatbots y la inteligencia artificial, ese volumen puede haber descendido, pero también el valor del tráfico que se redirige hacia las webs de los medios es un tráfico de mucha más calidad. Es gente que está interesada en tener más información de un tema en concreto y a la que no le vale lo que diga la IA», comenta el ejecutivo de Google.
«El tráfico en volumen, en efecto se está reduciendo, pero creemos que es un tráfico cualitativamente más interesante para los medios», concluye Collado.
La apuesta por la calidad abre otras puertas. El tiempo de lectura y de permanencia en una noticia será mayor cuanto mayor sea la calidad del contenido, apunta David Sánchez. «Esto en el fondo forma parte de la idiosincrasia de cada medio», añade. «Si tus lectores son principalmente suscriptores y leen muchos los contenidos, pues evidentemente la intensidad de su consumo va a ser más alta, van a permanecer más tiempo, aunque tengas una audiencia menor. Pero si tu estrategia es la de alcanzar la máxima audiencia, probablemente para ello vas a utilizar redes sociales y vas a depender mucho de Google. En resumen, vas a utilizar mucho contenido que a lo mejor tiene un valor periodístico limitado», ilustra el directivo de GfK DAM.
Sánchez, sin embargo, también advierte de que este planteamiento puede pecar de «ingenuo». Lo explica así: «Solo con periodismo de calidad, probablemente vas a llegar a una audiencia de 500.000 usuarios en lugar de los ocho millones que necesitas para sostener ingresos publicitarios. Por tanto, es verdad que es un equilibrio en el que tiene que primar mucho esto, pero claro, sin hacer caer otro tipo de contenidos que hacen que el medio tenga mayor alcance».
En cualquier caso, la apuesta para Sánchez es clara: «El medio siempre tiene que estar dirigido hacia un periodismo de calidad que realmente es la mejor herramienta para poder defenderse con respecto a la IA, para poder construir relaciones potentes para las marcas y para ser diferencial con respecto a otras alternativas de información y hacer que el usuario quiera pagar una suscripción para acceder a la información que le ofreces».
El porvenir judicial del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), afronta un severo punto de inflexión que sitúa el caso más allá de una estricta disputa civil por un legado familiar. Según ha podido comprobar este medio, el foco de la investigación se centra de manera prioritaria, en determinar si la operativa ejecutada por parte del regidor sobre el patrimonio común constituye un delito continuado de apropiación indebida.
Esta calificación penal, que maneja con fuerza la acusación y que sobrevuela los primeros pasos de la fiscalización del Administrador Judicial, tiene un objetivo estratégico claro: romper la barrera de la prescripción ordinaria de los 5 años. Al tratarse de una supuesta conducta prolongada y sistemática en el tiempo, el plazo de caducidad no empezaría a contar desde las primeras operaciones, sino desde el último acto delictivo.
Esto abre la puerta inevitable a un escenario que aterroriza al entorno del alcalde: la auditoría obligatoria de los últimos 10 años de movimientos bancarios de la cuenta de su madre, María Dolores Hermida. Un rastreo minucioso que busca aflorar un goteo constante de desvíos económicos y que sitúa al «Caudillo» de Vilanova ante la amenaza real de una pena que podría alcanzar hasta los diez años de prisión.
El «modus operandi» digital: la trampa de la banca electrónica
La investigación ha destapado un modus operandi ejecutado con una frialdad matemática. María Dolores Hermida, cuya salud se había deteriorado en sus últimos años de vida, pertenecía a una generación ajena a las tecnologías; era una mujer de acudir a la sucursal bancaria a gestionar sus asuntos cara a cara. Aprovechando esta vulnerabilidad y la confianza depositada en su hijo pequeño, Gonzalo Durán —que actuaba muchas veces en connivencia con su hija mayor, Julia— tomó las riendas de la cuenta de facto y de forma opaca mediante la banca electrónica. Desde un teléfono móvil o un ordenador el alcalde operaba a su libre albedrío.
La cuenta bancaria en cuestión era el pulmón financiero del patrimonio familiar, donde se ingresaban religiosamente los alquileres de los catorce pisos y tres locales comerciales que poseen en Santiago de Compostela. El patrón contable bajo lupa es demoledor: el mismo día que entraban las rentas de los inquilinos, el dinero se esfumaba de inmediato mediante transferencias a favor del propio alcalde o de alguien de su entorno, de su círculo más íntimo.
Para rizar el rizo, Gonzalo Durán camuflaba presuntamente el saqueo de las cuentas de su madre bajo el concepto de «nómina». Una maniobra doblemente grave y rocambolesca, considerando que Durán es un servidor público con dedicación exclusiva y sueldo oficial del Ayuntamiento, lo que hace radicalmente incompatible cualquier otra percepción salarial regular.
Un agujero de 270.000 euros para el hermano
Mientras las cuentas de la anciana eran sistemáticamente esquiladas, el patrimonio común se hundía en la quiebra. Al dejar la cuenta permanentemente sin fondos, el banco rechazaba los recibos de las tres comunidades de vecinos de Santiago, las tasas de basura y el Imp. sobre Bienes Inmuebles (IBI). A fecha de hoy, la deuda acumulada no ha dejado de aumentar y supera ya los 270.000 euros.
Este boquete financiero ha caído a plomo sobre el hermano del alcalde, José Juan Durán, copropietario al 50% del legado familiar pero completamente excluido de la gestión.
J.J. Durán descubrió la trama tras recibir un embargo ejecutivo directo de 10.000 euros en su propio patrimonio personal. Ahora se encuentra contra las cuerdas, respondiendo ante Hacienda y los acreedores por las deudas masivas originadas por el alcalde.
La respuesta de Gonzalo Durán ante las peticiones judiciales no ha sido la colaboración, sino la insumisión. El regidor directamente pasa de la justicia: no contesta a los llamamientos oficiales de la jueza, esquiva con absoluta soberbia las notificaciones de embargo y actúa como si las leyes que aplica a sus vecinos no fuesen con él. Mientras tanto, el Administrador Judicial externo nombrado por el juzgado actúa ya como un auténtico forense contable, recopilando las pruebas que servirán de pasarela directa hacia la Fiscalía de Área.
¿Casualidad o causalidad?: el imperio de un millón de euros del círculo íntimo
La gran pregunta que la opinión pública y los tribunales se formulan es inevitable: ¿A dónde fue a parar el dinero que se detraía de la cuenta de la madre? Al cruzar las fechas del vaciado bancario con los registros de la propiedad, emerge una coincidencia cronológica demoledora. Los fondos desviados bajo el concepto de «nómina» parecen haber funcionado como la gasolina financiera para que el círculo ultra íntimo del alcalde levantara un opaco imperio inmobiliario y automovilístico que supera holgadamente el millón de euros.
Covadonga (la mujer del alcalde): Pasó de ser una maestra de instituto con un sueldo de 1.800 euros al mes a irrumpir por la puerta grande en el sector inmobiliario. En febrero de 2024 adquirió un piso de 70 metros cuadrados en Vilagarcía destinado a vivienda turística. En enero de 2025 constituyó una sociedad exprés administrada por José Manuel Aspérez, un edil tránsfuga de Meaño a quien el PP premió con la concejalía de Turismo tras apoyar la moción de censura en la Mancomunidad do Salnés (el Tamayazo gallego).
A los pocos días, la sociedad, con apenas 5.000 euros de capital, compró un edificio entero en el centro de Vilanova por 200.000 euros, cuyas costosas obras de reforma las ejecuta, en un flagrante quid pro quo, la empresa eléctrica que recibe las mayores adjudicaciones de contratos públicos del propio Ayuntamiento de Durán.
Rosalía (la hija menor): Al frente de una sociedad domiciliada en la propia vivienda del alcalde, optó a la franquicia de un conocido supermercado en Rianxo por un desembolso cercano a los 400.000 euros. Todo ello, a pesar de contar con una vida laboral raquítica y con amplios espacios en blanco, combinada con un ritmo de vida propio de quien da la vuelta al mundo de forma constante en viajes de lujo expuestos en sus redes sociales.
Además, apenas tres meses después de fallecer su madre, Rosalía adquirió a su nombre otro inmueble residencial en el casco urbano de Vilanova (planta baja y dos alturas). Una maniobra registral que la calle atribuye al alcalde, quien evita tener bienes a su nombre para esquivar la transparencia pública.
Julia (la hija mayor): Señalada como la mente fría del clan y administradora de hecho junto a su padre, compró dos viviendas en Santiago de Compostela en 2019 a las que da una utilidad turística. En un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, presumía del rediseño de los espacios e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria de la primogénita del regidor.
En el año 2023, en un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria de la primogénita del regidor.
Un patrimonio, el del clan del alcalde y su entorno íntimo, que no deja de crecer, y a las que se suman otras dos viviendas vacacionales en la cotizada Playa de As Sinas, en Vilanova.
A este parqué del ladrillo se le une una flota automovilística de escándalo con más de una docena de coches: un Mercedes descapotable AMG con motor de 5.000 cm³ valorado en 200.000 euros, un todoterreno AMG plateado de 150.000 euros y un histórico Rolls-Royce conocido en el pueblo como «el Rolls del alcalde».
Las matemáticas de Vilanova no cuadran. Un alcalde que cobra 59.241,57 euros públicos anuales y una maestra de escuela no pueden justificar un patrimonio millonario mientras dejan morir de deudas el legado familiar. La «patata caliente» quema en las manos de Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo; sostener por más tiempo al regidor ya no es proteger a un activo político, es apadrinar un escándalo de dimensiones penales impredecibles.
El impacto penal y político de una década bajo sospecha
En definitiva, este caso ya no es una simple pelea familiar por una herencia; ahora es una investigación que podría tornarse en breve en una investigación penal en toda regla por una presunta apropiación indebida continuada.
Al situar el foco de la investigación en una operativa sistemática a lo largo de una década, los tribunales no solo abren la caja de Pandora de los movimientos bancarios históricos, sino que sitúan al regidor de Vilanova ante un abismo de consecuencias institucionales y personales sin precedentes en su dilatada carrera.
En el plano estrictamente penal, el riesgo que afronta Gonzalo Durán excede con creces cualquier sanción administrativa o restitución civil. De consolidarse la tesis de la continuidad delictiva, la acumulación de tipos penales —donde la apropiación indebida concurre de forma agravada por el volumen del perjuicio económico y la especial vulnerabilidad de la víctima— sitúa el horizonte de la pena en el umbral de los diez años de privación de libertad, una franja reservada para los delitos patrimoniales de mayor gravedad.
Sin embargo, el impacto más inmediato se juega en el tablero político. Para un regidor que ha hecho del control municipal su principal bastión durante más de treinta años, el mero hecho de que la vía penal formalice una investigación por el vaciado sistemático de las cuentas de su propia madre introduce una presión insoportable sobre las siglas del PPdeG.
Alfonso Rueda y la dirección autonómica se asoman a un dilema ético y de imagen pública letal: el listón de la ejemplaridad institucional se vuelve incompatible con el amparo a un alcalde cuyo entorno más íntimo exhibe un imperio de un millón de euros mientras los requerimientos de los juzgados y los avisos de embargo son despachados con el silencio.
El avance de la investigación sobre estos diez años de gestión dictará el final político de Gonzalo Durán y aclarará, de una vez por todas, si usó el patrimonio de su familia con su propio cajero automático.
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Los dos terremotos que han sacudido Venezuela en apenas 40 segundos han vuelto a evidenciar una de las grandes paradojas de la sismología. La ciencia sigue siendo incapaz de anticipar cuándo se producirá un gran seísmo, pero sí dispone desde hace décadas de herramientas para identificar qué zonas presentan un mayor riesgo y cuál podría ser la intensidad de las sacudidas. Esa información queda reflejada en los denominados mapas de peligrosidad sísmica, documentos técnicos que sirven de base para diseñar edificios, planificar infraestructuras o elaborar normas urbanísticas con el objetivo de reducir el número de víctimas cuando la tierra tiembla.
El doble terremoto registrado en Venezuela ha vuelto a situar el foco sobre una herramienta poco conocida fuera del ámbito científico, pero presente en la planificación territorial de numerosos países. Lejos de ser simples mapas geológicos, estos documentos condicionan desde la resistencia que debe tener un hospital hasta las exigencias estructurales de una vivienda o la ubicación de determinadas infraestructuras estratégicas. Su utilidad, sin embargo, depende de que la información científica termine trasladándose a la normativa y a las políticas públicas.
No dicen cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí dónde puede ser más devastador
Una de las ideas más extendidas tras cada gran seísmo es que, si los científicos conocen las fallas activas de una región, deberían ser capaces de anticipar el siguiente terremoto. Sin embargo, la comunidad científica insiste desde hace años en que no existe ningún método capaz de predecir con precisión el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Lo que sí puede hacerse es calcular la probabilidad de que determinadas zonas registren movimientos sísmicos de una determinada intensidad durante periodos prolongados de tiempo.
Para elaborar esos mapas, los investigadores combinan información sobre el movimiento de las placas tectónicas, la localización de las fallas activas, los registros históricos de terremotos, estudios geológicos y modelos matemáticos que permiten estimar cómo se propagará la energía sísmica en cada territorio. El resultado no es una predicción, sino una estimación del peligro sísmico que sirve como referencia para las administraciones.
El caso de Venezuela ilustra bien esa diferencia. Su ubicación sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana hace que el riesgo sísmico de buena parte del país sea conocido desde hace décadas. Los especialistas sabían que esa región podía registrar terremotos importantes, pero no era posible anticipar que dos seísmos de gran magnitud se producirían con apenas 40 segundos de diferencia.
Las placas tectónicas del planeta. Venezuela se sitúa sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una de las zonas con mayor actividad sísmica del norte de Sudamérica. Wikimedia Commons.
Por qué los terremotos no matan tanto como los edificios
La verdadera utilidad de estos documentos comienza cuando abandonan el ámbito científico y se convierten en una herramienta para arquitectos, ingenieros y administraciones públicas. Los mapas de peligrosidad sísmica sirven para establecer códigos de construcción, definir los requisitos estructurales que deben cumplir los edificios o determinar qué infraestructuras necesitan mayores medidas de protección.
En la práctica, un mismo edificio no tiene por qué construirse igual en todos los lugares. Las exigencias técnicas cambian en función del riesgo sísmico de cada zona, lo que explica que países con una elevada actividad tectónica, como Japón, Chile o Nueva Zelanda, hayan desarrollado algunas de las normativas de construcción más estrictas del mundo.
Infografía con los terremotos superiores a magnitud 7 registrados en todo el mundo desde el año 2000. Europa Press.
Los expertos recuerdan desde hace años que la magnitud de un terremoto no explica por sí sola el número de víctimas. La calidad de las construcciones, la antigüedad del parque inmobiliario, el cumplimiento de las normas técnicas o incluso el tipo de suelo sobre el que se levantan los edificios pueden marcar diferencias sustanciales entre dos terremotos de características similares.
No es casual que uno de los mensajes más repetidos entre ingenieros y sismólogos sea que los terremotos no suelen matar por sí mismos, sino por el colapso de las construcciones. Esa afirmación, aunque simplificada, resume el motivo por el que la prevención sigue siendo el principal instrumento para reducir el impacto de estos fenómenos naturales.
Lorca, el aviso que recordó a España que también tiembla
Aunque la actividad sísmica en España es menor que la de otros países situados sobre grandes límites de placas tectónicas, el territorio español también cuenta con zonas donde el riesgo es significativamente más elevado. El Instituto Geográfico Nacional elabora desde hace años la cartografía oficial de peligrosidad sísmica, utilizada como referencia para la normativa que regula el diseño de nuevas edificaciones.
Terremotos registrados en la Península Ibérica. La distribución de los epicentros refleja que el sureste español concentra buena parte de la actividad sísmica histórica. Instituto Geográfico Nacional.
Ese mapa muestra que el riesgo no es uniforme. El sureste peninsular, con provincias como Granada, Murcia, Almería o Alicante, concentra algunos de los niveles de peligrosidad más elevados, mientras que otras zonas presentan una actividad sísmica considerablemente inferior. También los Pirineos y Canarias cuentan con características geológicas que obligan a un seguimiento específico.
La existencia de esta cartografía hace que las exigencias estructurales aplicadas a un edificio no sean las mismas en todo el país. Hospitales, colegios, puentes o infraestructuras críticas deben diseñarse teniendo en cuenta el comportamiento esperado del terreno, una planificación que busca minimizar daños en caso de que se produzca un terremoto.
El caso de Lorca sigue siendo la referencia más reciente en España para entender por qué un terremoto moderado puede causar daños graves si se combina con poca profundidad, cercanía al núcleo urbano y vulnerabilidad de los edificios. El 11 de mayo de 2011, la ciudad murciana sufrió un seísmo de magnitud 5,1, precedido por otro de magnitud 4,5 menos de dos horas antes. El balance fue de nueve muertos, 324 heridos y cuantiosos daños materiales, según los datos recogidos entonces por los servicios de emergencia y los informes técnicos posteriores.
La magnitud no fue extrema en términos globales, pero el impacto fue elevado porque el terremoto tuvo un foco muy superficial y se produjo muy cerca de la ciudad. El episodio afectó a viviendas, edificios públicos, infraestructuras y patrimonio histórico. El casco histórico de Lorca sufrió daños importantes y decenas de inmuebles tuvieron que ser demolidos o reparados, lo que convirtió la reconstrucción en un proceso largo y costoso.
Lorca dejó una lección que encaja con el debate abierto tras Venezuela: el riesgo sísmico no depende solo de la magnitud del terremoto. También influyen la profundidad del seísmo, el tipo de suelo, la proximidad al epicentro, el estado del parque inmobiliario y el grado de aplicación de la normativa constructiva. Por eso los mapas de peligrosidad sísmica no son documentos abstractos: sirven para decidir cómo deben levantarse los edificios, qué infraestructuras deben reforzarse y qué zonas necesitan una planificación más exigente.
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Alberto Núñez Feijóo traspasó todos los límites este miércoles en el Congreso de los Diputados, refiriéndose así a Eduardo López Albizu, padre del portavoz socialista en la Cámara Baja: «Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que ha hecho usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás».
El líder del PP soltó esa frase y, tras acabar esa intervención en la comparecencia de Pedro Sánchez, se fue del hemiciclo para evitar escuchar la defensa de López a su padre, Lalo, sindicalista y dirigente del socialismo vasco que resistió a la represión del franquismo durante los últimos años de la dictadura, y fue clave en la lucha contra ETA durante los ‘años del plomo’ en Euskadi.
«Lamento que no esté el señor Feijóo porque me gustaría decírselo a la cara», dijo dirigiéndose al escaño vacío del líder de la oposición. «Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad«.
El portavoz del PSOE recordó también de qué bancada venían las insidias. «El fundador de su partido, del que Feijóo dice siempre que es su heredero orgulloso«, dijo en referencia a Manuel Fraga, «formaba parte del Gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró, y que fusilaba a la gente en este país». Con los socialistas y el Gobierno en pie aplaudiéndole, López concluyó su respuesta al ausente líder del PP: «Tápese un poco y deje de ser tan ruin«.
¿Quién fue Lalo?
Además de la tan desdeñable práctica de mentar a la familia de un adversario político, Feijóo trató de usar como arma política y de hablar en el nombre del ya fallecido Lalo, uno de los referentes que luchó contra el régimen del que comían los que fundaron el partido que hoy preside. Militante comprometido y sindicalista desde bien joven, Eduardo López Albizu fue una pieza clave de la reconstrucción del socialismo vasco en los últimos años del franquismo, y desarrolló buena parte de su oposición al régimen en la clandestinidad.
López sufrió las consecuencias de resistirse a aceptar la represión de una dictadura, como recordó su hijo este miércoles, casi 34 años después de su muerte. Lalo era diana porque formaba parte de la ejecutiva de UGT, así como del PSOE, ambas formaciones, sindical y política, que articulaban la resistencia en secreto y desde el exilio. En esos años, fue detenido en varias ocasiones, y torturado durante los interrogatorios de aquellos que querían aplastar la oposición al franquismo.
Una de las más significativas fue en 1967, durante la histórica Huelga de Bandas. En este hito del movimiento obrero durante la dictadura, en la que 25.000 trabajadores del metal vizcaíno secundaron la lucha por sus derechos laborales durante más de cinco meses, Lalo fue arrestado junto a los líderes sindicales Nicolás Redondoy Ramón Rubial. Los tres sufrieron maltrato cuando fueron encarcelados, primero en Larrinaga, en Vizcaya, para después ser desterrados a una prisión en Almería.
Del socialismo clandestino a los ‘años del plomo’
Nada de esto le impidió resistir hasta que llegó la tan ansiada democracia. Tras la muerte de Franco, Lalo fue uno de los hombres que reconstruyó el Partido Socialista de Euskadi, del que fue líder en Vizcaya. Su experiencia en los años de persecución le llevó a participar en procesos de la formación a nivel nacional, como el Congreso de Suresnes que dio el liderazgo definitivo a Felipe González y propició el Gobierno más largo de la democracia; o la Ejecutiva Federal del partido. López llegó a ser diputado en las Cortes Generales por Vizcaya, tras las elecciones generales de 1977. Para quienes compartieron con él aquellos años, Lalo representaba el puente entre el socialismo que había resistido a la dictadura y el que comenzaba a abrirse paso en las instituciones democráticas.
Pero la llegada de la democracia no significó el fin de las amenazas. Lalo fue dirigente político vasco durante los ‘años del plomo’ los peores del terrorismo de ETA en Euskadi. En la Transición, la banda intensificó su campaña contra representantes políticos, fuerzas de seguridad y numerosos cargos públicos, entre ellos dirigentes socialistas. López continuó defendiendo sus ideas en ese contexto, formando parte de una generación de políticos vascos que desarrolló su actividad bajo la presión constante de la banda terrorista.
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Ante la devastación provocada por los terremotos registrados en Venezuela, el Gobierno de España ha activado un dispositivo de ayuda humanitaria y de emergencia, coordinado entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, con el objetivo de apoyar las labores de rescate y evaluar las necesidades sobre el terreno en las primeras horas posteriores al desastre.
La respuesta española incluye el envío de un contingente especializado de la Unidad Militar de Emergencias (UME), considerado uno de los cuerpos de referencia en intervenciones internacionales tras grandes catástrofes. En concreto, Defensa ha movilizado a 57 efectivos del Segundo Batallón de la UME, con base en Morón de la Frontera, una unidad especializada en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y con experiencia en despliegues recientes tras los terremotos de Turquía y Marruecos.
El operativo se completa con dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, fundamentales para la localización de personas atrapadas entre los escombros. Estos equipos USAR (Urban Search and Rescue) combinan el trabajo de perros de búsqueda especialmente adiestrados con tecnología específica para rescates, como cámaras de inspección y geófonos, dispositivos capaces de detectar sonidos y movimientos bajo estructuras derrumbadas.
Todo el contingente viaja a bordo de un avión del Ejército del Aire y del Espacio, que despega desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. No obstante, las autoridades españolas estudian la mejor ruta para acceder al país debido al cierre del principal aeropuerto de Caracas como consecuencia del terremoto.
Junto al despliegue militar viaja también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuya misión inicial será realizar una evaluación sobre el terreno para identificar las necesidades humanitarias más urgentes. La agencia ha puesto a disposición de Venezuela todas sus capacidades de respuesta, incluyendo el envío de material de emergencia, financiación para operaciones humanitarias y la posible activación del hospital de campaña START, preparado para intervenir en crisis internacionales.
En el avión se transportan además suministros de primera necesidad, entre ellos mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras de agua, destinados a atender a la población afectada durante las primeras fases de la emergencia. La AECID también mantiene preparada ayuda adicional compuesta por material sanitario y alimentos para su envío en función de las necesidades que detecten los equipos desplazados.
El despliegue ha sido coordinado directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha mantenido varias conversaciones telefónicas con su homólogo venezolano, Yván Gil, para concretar la asistencia española y adaptar el dispositivo a la evolución de la situación. Paralelamente, la Embajada de España y el Consulado en Venezuela permanecen operativos para prestar atención a los ciudadanos españoles residentes en el país y colaborar en las tareas de coordinación humanitaria.
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Al menos 235 muertos, más de 4.000 heridos y un número todavía indeterminado de desaparecidos. Ese es el balance provisional con el que Venezuela amanecía este jueves tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 de magnitud que la víspera golpeó buena parte de su costa central. Se trata de la catástrofe natural más grave que recuerda el país en más de un siglo. El seísmo castiga, además, a un Estado en plena transición: poco menos de seis meses después de que una operación militar estadounidense capturara a Nicolás Maduro y entregara la conducción del país a su hasta entonces número dos, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada ha aprovechado la coyuntura para reforzar el llamado a la «unidad nacional» que repite desde enero. La catástrofe también ha puesto de manifiesto el realineamiento geopolítico de Caracas, que ha encontrado en Estados Unidos y en los gobiernos de la derecha de la región los envíos de ayuda más rápidos y voluminosos.
Una persona ayuda a remover escombros de edificios derrumbados por los terremotos en Caracas.
Apenas habían transcurrido unas horas desde que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro-norte del país cuando Rodríguez comparecía en cadena nacional, flanqueada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre fuerte del aparato partidista. Los viejos-nuevos rostros del poder en Venezuela llamaban a mantener «la unión para salvar vidas».
La mayor catástrofe natural en más de un siglo
El movimiento sísmico se produjo en torno a las 18.04 hora local del miércoles (las 00.04 del jueves en la España peninsular) en el estado de Yaracuy, en el noroccidente del país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de un «doblete sísmico»: un primer temblor precursor de magnitud 7,2, con epicentro cercano a San Felipe, seguido apenas 39 segundos después por el sismo principal, de magnitud 7,5 y a una profundidad de unos diez kilómetros. La superficialidad del foco amplificó la violencia del sacudimiento, que se sintió en al menos seis estados —Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón— e incluso en la vecina Colombia. El sistema estadounidense de alerta de tsunamis llegó a emitir un aviso para Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, levantado poco después.
La agencia estadounidense advierte de que «son probables numerosas víctimas y daños extensos»
La magnitud del desastre llevó al USGS a activar la alerta roja de su sistema PAGER, el nivel más alto posible y que la agencia no suele activar más de una o dos catástrofes al año en todo el mundo. La agencia estadounidense advierte de que «son probables numerosas víctimas y daños extensos». Su modelo probabilístico —una estimación automática, no un recuento real— otorgaba un 42% de probabilidad a que el número final de muertos se sitúe entre 10.000 y 100.000; un 33% a que oscile entre 1.000 y 10.000; y hasta un 17% a que supere los 100.000. La agencia cifraba además las pérdidas económicas en una horquilla de entre el 1% y el 7% del PIB venezolano.
El estado de La Guaira, declarado zona de desastre, concentra la mayor devastación
El balance oficial, todavía provisional, no ha dejado de empeorar. Si en su primera comparecencia Rodríguez hablaba de 32 fallecidos y más de 700 heridos, 24 horas después las cifras se elevaban ya a 235 muertos y 4.300 heridos, con decenas de edificios derrumbados. El estado de La Guaira, declarado zona de desastre, concentra la mayor devastación; en Caracas, los colapsos se concentraron en sectores como San Bernardino. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía suspendió operaciones por graves daños estructurales, y a la treintena de réplicas registradas se sumaron cortes de electricidad, telecomunicaciones y gas. El propio USGS prevé una secuencia de réplicas vigorosa —cifra en torno al 40% la probabilidad de un nuevo seísmo de magnitud 6 o superior en la semana posterior—, de modo que el peligro dista de haber pasado para una población que pasó la noche a la intemperie.
Venezuela registra cada año cientos de pequeños temblores, pero un evento de esta energía no se veía desde hacía más de un siglo. La ruptura se produjo en la misma franja de fallas de la costa norte —los sistemas de El Pilar, San Sebastián y Boconó— responsable de los grandes desastres históricos del país: el terremoto de 1812 que, en plena guerra de Independencia, devastó Caracas y Mérida y dejó, según estimaciones, unos 30.000 muertos. Más recientemente, en el año 1967, el país fue golpeado por un terremoto de magnitud 6,3, que causó cerca de tres centenares de víctimas en la capital.
Un hombre reposa en los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela.
El discurso de la «unión nacional»
Los terremotos abren una nueva página en la convulsa y opaca política venezolana. Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional, suspendió las actividades no esenciales e insistió en que Venezuela saldrá de la tragedia «más fortalecida y más unida que nunca». «Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional», escribió en sus redes.
En un mensaje difundido a través de las redes sociales personales de Nicolás Maduro —recluido desde el 3 de enero en el Centro Penitenciario Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York—, el expresidente aseguraba que él y su esposa, Cilia Flores, elevaban sus oraciones «por cada familia afectada» y llamaba a «la unión nacional, a la serenidad y al amor». Maduro, que firmó como «presidente constitucional», pidió «máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción».
El terremoto se presenta como una oportunidad para el Gobierno venezolano para profundizar en el discurso de unidad nacional que repite desde enero, cuando la detención de Maduro dejó al chavismo sin su figura central. Es un escenario difícilmente rebatible para postergar el debate sobre unas eventuales elecciones e incluso sobre un proceso de diálogo con la oposición que algunas figuras habían empezado a reclamar en los últimos días. En ese pulso, la catástrofe permite dilatar procesos de negociación y una eventual cita con las urnas.
La derecha latinoamericana hace cola para auxiliar
La respuesta internacional ha sido inmediata y reveladora. Una de las primeras figuras en pronunciarse fue el presidente Donald Trump, quien escribió en Truth Social que los dos seísmos habían dejado «un número devastador de muertos» y que Estados Unidos estaba «preparado, dispuesto y capacitado para ayudar». El mandatario, que ordenó actuar con rapidez a todas las agencias federales, se refirió a los venezolanos como sus «nuevos y grandes amigos»; su secretario de Estado, Marco Rubio, que mantuvo una llamada con Rodríguez, anunció el despliegue de equipos de búsqueda, rescate y asistencia médica. El gesto materializa la nueva relación entre Washington y Caracas, transformada desde enero y que ahora toma forma en una respuesta rápida y voluminosa por parte de quien el chavismo calificó durante años como su enemigo sistémico.
El grueso del esfuerzo procede, precisamente, de la derecha regional. El Salvador encabeza los ofrecimientos: Nayib Bukele anunció el envío de 300 rescatistas y paramédicos junto a 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos. El dominicano Luis Abinader confirmó la partida de brigadas especializadas de sus Fuerzas Armadas tras conversar directamente con Miraflores. A ellos se sumaron el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast. Son, casi sin excepción, los gobiernos más beligerantes con el chavismo durante la última década los que con mayor intensidad compiten ahora por enviar brigadas a Caracas.
La izquierda regional también ofreció asistencia, aunque con un tono más medido. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó «profunda preocupación y consternación» y dijo que su país evaluaría las medidas necesarias; la mexicana Claudia Sheinbaum ordenó preparar la ayuda solicitada bajo el lema de que «México siempre es y será solidario».
Personas haciendo saqueos en un establecimiento comercial en la localidad de Catia La Mar.
Para Caracas, cada brigada que aterriza puede leerse como un acto de reconocimiento y normalización del orden surgido tras la captura de Maduro; para Washington, la ocasión de exhibir que la Venezuela que ha tutelado durante medio año reingresa en el club interamericano por la puerta que él mismo abre. La ayuda humanitaria, urgente y necesaria, tiene también una lectura política, y acelera la normalización internacional del Gobierno de Rodríguez.
El caso más elocuente es, una vez más, el de La Habana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que «el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados», en una respuesta sobria que contrasta con dos décadas de cooperación sanitaria: desde que Chávez creara en 2003 el programa Barrio Adentro, miles de médicos cubanos atendieron a la población venezolana a cambio del petróleo de la isla. Pero esa imagen choca con lo ocurrido en los últimos meses. Bajo la política de «máxima presión» de Trump —que considera las misiones médicas una forma de explotación laboral al servicio de las arcas del Gobierno cubano—, varias fuentes apuntan a que esos contingentes, establecidos hace décadas en Venezuela, estaban siendo replegados de forma discreta y se hallaban ya prácticamente desmantelados en el país. El acercamiento con Washington es directamente proporcional al distanciamiento con La Habana. De hecho, el ataque del 3 de enero se saldó, con la muerte de 32 militares cubanos que protegían a Maduro.
La factura del realineamiento con Washington
El terremoto golpea a un país que lleva medio año desmontando la arquitectura legal del chavismo para acomodarse a las exigencias estadounidenses. La Asamblea Nacional aprobó el 29 de enero una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió de par en par la puerta al capital extranjero, y en febrero replicó el esquema con una nueva Ley de Minas que liberaliza el oro, los diamantes y las tierras raras. Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y el Tesoro estadounidense retiró el 1 de abril a Rodríguez de su lista de sancionados. Otras multinacionales extranjeras como Repsol y General Electric han firmado acuerdos en crudo y electricidad.
El alcance de ese giro va más allá de lo económico. La imagen que mejor lo condensó se vio el pasado 23 de mayo, cuando aeronaves militares estadounidenses sobrevolaron Caracas, llegando incluso a aterrizar en la sede de la embajada: un «simulacro de evacuación», según el Gobierno venezolano, un «ejercicio de respuesta militar», según la propia misión diplomática estadounidense. Una estampa impensable apenas unos meses antes, que ilustra hasta qué punto se ha redibujado la relación entre ambos países.
El seísmo de Yaracuy funcionará, en las próximas semanas, como una prueba de esfuerzo del orden político venezolano nacido en enero. La catástrofe refuerza el discurso de unidad nacional y desplaza del horizonte inmediato tanto las negociaciones con la oposición como unas eventuales elecciones. Y la ayuda extranjera —encabezada, paradójicamente, por los gobiernos que más hostilidad profesaron al chavismo— se presenta, además, como una validación internacional del mandato de Rodríguez.
Moción de censura y elecciones anticipadas. Estas han sido las dos principales exigencias de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas debido a las causas judiciales abiertas y su consiguiente repercusión en el tablero político. Sin embargo, ahora empieza a hablarse de una nueva iniciativa: la cuestión de confianza. El Partido Popular, con el apoyo de Vox y Junts, ha impulsado esta medida en el Congreso de los Diputados este jueves, con la que se insta al jefe del Ejecutivo a que se someta a una valoración de las fuerzas parlamentarias sobre su continuidad en La Moncloa.
Pese a que Sánchez ha reiterado en multitud de ocasiones en el último mes que su intención es agotar la legislatura en 2027, descartando un adelanto electoral antes de que la cita se produzca en los tiempos naturales que marca el calendario, las principales formaciones de la oposición vienen maniobrando para presionar al principal jefe de Moncloa a claudicar su mandato cuanto antes.
Claves de una cuestión de confianza
Ahora, con la cuestión de confianza sobre la mesa en clave parlamentaria, cabe hacerse una pregunta primordial: ¿En qué consiste, cómo se aplica y qué implica? Esta herramienta está recogida en el artículo 112 de la Constitución española y en los artículos 173 y 174 el Reglamento del Congreso. En el caso de la Carta Magna, reza así:
“El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”.
Esta herramienta constitucional, de corte más laxo que una moción de censura, ha de ser iniciativa del propio presidente del Gobierno y debe aprobarse en deliberación del Consejo de Ministros, por ello, la moción del PP es de petición, no de presentación de la iniciativa al no entrar en sus competencias. Al respecto, se han de tener en cuenta los dos artículos de la Cámara Baja mencionados:
“Artículo 173
El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.
Artículo 174
1. La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros.
2. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno.
3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas normas establecidas para el de investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas para el candidato.
4. Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran veinticuatro horas desde su presentación.
5. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.
6. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Presidente del Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno”.
En este caso, el procedimiento se iniciaría con el escrito del jefe del Ejecutivo central presentado ante la Mesa del Congreso después de haber sido convalidado en el Consejo de Ministros. Posteriormente, se trasladaría a la Junta de Portavoces y, tras obtener luz verde, se convocaría un Pleno extraordinario para su debate y posterior votación de las fuerzas parlamentarias 24 horas después de su presentación a la Cámara Baja, de la que se deberá obtener mayoría simple para que salga adelante.
Escenario actual para una cuestión de confianza
Cabe recordar que allá por 2018 Sánchez maniobró con estas herramientas sobre el Gobierno popular de Mariano Rajoy, legislatura que culminó con una moción de censura que resultó exitosa.
Ahora, con estas cartas sobre la mesa, con motivo de las causas judiciales abiertas que rodean al entorno del Gobierno y PSOE, como el ‘caso Plus Ultra’ o ‘caso Leire’, así como la reciente condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, han sido motivo para que el PP y otras fuerzas parlamentarias valoren medidas de presión.
El Pleno del Congreso, con los votos a favor de Vox y Junts a la moción del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado este jueves que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, instándole a que considere “la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa”.
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Según la información actualizada que maneja el Gobierno de Rodríguez, son al menos 188 las personas fallecidas por los seísmos de más de 7 grados de magnitud y otras 1520 heridas, mientras otro relevante volumen de personas aún continúa en paradero desconocido. Los fuertes terremotos se han visto secundados por 30 réplicas y han dejado una importante cantidad de edificios colapsados en la zona de La Guaira, ya considerada como “zona de desastre”.
La presidente interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.
A su vez, ha anunciado una partida para la “atención inmediata” de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto “a decenas de familias” venezolanas.
La gravedad de los seísmos ha agravado una situación humanitaria al límite, puesto que, en estimación de la ONU, habría en Venezuela 7,9 millones de personas en necesidad en este año, mientras que organizaciones nacionales elevan la cifra hasta los 12,4 millones de personas, teniendo en cuenta que el país caribeño cuenta con una población de 28,5 millones de habitantes.
Al menos 68 españoles entre los desaparecidos
Los dos terremotos que han sacudido esta madrugada al corazón de Venezuela han dejado al menos 188 víctimas mortales. Entre el volumen de personas desaparecidas, según ha confirmado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hay 68 españoles en paradero desconocido.
“En estos momentos, 68 españoles no han sido todavía localizados”, ha precisado el titular de Exteriores español en un mensaje de audio desde República Dominicana, donde ha realizado escala el avión en el que acompaña al rey Felipe VI a México con motivo de la celebración del Mundial, y desde donde ha mantenido conversaciones telefónicas con el canciller venezolano, Yvan Gil.
Bajo este marco, Albares ha realizado un llamamiento “a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado» a que lo hagan por medio de teléfonos de emergencia consular y que se mantengan pendientes de comunicados oficiales a través de redes sociales y fuentes verídicas. Una petición que también se ha dirigido a españoles que “se encuentren de tránsito por trabajo o turismo” para que “sigan esas redes donde iremos haciendo y actualizando los anuncios pertinentes según vaya evolucionando la situación”.
El ministro también ha precisado que el Consulado español “ha sufrido daños de una cierta envergadura”, pero no ha sido el caso de la Embajada, pero ambos están “plenamente operativos” y al servicio de los españoles. Sin quedarse en este punto, ha agregado que “la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también está haciendo un seguimiento constante”: “Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia”, ha enfatizado.
Las cifras del Ministerio apuntan a que unos 200.000 españoles residen en Venezuela, aunque aún no hay confirmación oficial de ningún nacional fallecido por la catástrofe natural que ha sacudido el país caribeño.
Sánchez conversa con Delcy Rodríguez
A estos avances de conversaciones con las autoridades venezolanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras los terremotos en el país caribeño. “He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias. España está preparada para ayudar”, ha enfatizado.
De hecho, de camino a Caracas ya viaja un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de ERICAM, además de personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “para evaluar las necesidades sobre el terreno”.
Sánchez ha precisado en el mismo mensaje que el Gobierno “está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española de Venezuela”. Previamente, a primera hora de este jueves, el jefe del Ejecutivo central ya mostró su apoyo al pueblo venezolano y, especialmente, a las víctimas.
Acabo de hablar con @delcyrodriguezv tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias.
España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos…
Donald Trump volvió a exhibir este miércoles su creciente distancia con varios de los principales aliados europeos de Estados Unidos. En una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente estadounidense expresó su malestar por la falta de respaldo recibido por parte de numerosos socios de la Alianza Atlántica y aprovechó para lanzar duras críticas contra España, a la que calificó como “un auténtico desastre”.
El mandatario republicano situó el origen de su decepción en la ausencia de apoyo político europeo a la ofensiva militar lanzada por Washington contra Irán. Aunque insistió en que Estados Unidos no necesitó ayuda para desarrollar la operación, reprochó a varios gobiernos europeos que ni siquiera mostraran públicamente su disposición a colaborar.
“Nos decepcionaron”, aseguró Trump. “No necesitábamos ayuda alguna, los arrasamos literalmente en la primera semana. Pero habría estado bien que nos hubieran dicho: ‘Nos gustaría ayudar’”. El presidente estadounidense citó expresamente a Italia, Reino Unido, Alemania y Francia entre los países que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las circunstancias.
En ese contexto, reservó algunas de sus palabras más duras para España. “España es un auténtico desastre. España es terrible, incluso desde vuestro punto de vista. No quieren pagar nada, creen que pueden ir a la suya”, afirmó ante los medios, mientras Rutte permanecía en silencio y evitaba responder a las descalificaciones dirigidas contra uno de los miembros de la organización que dirige.
La escena volvió a poner de manifiesto la sintonía entre el secretario general de la OTAN y la Casa Blanca. Lejos de cuestionar el tono o el contenido de las declaraciones de Trump, Rutte se mostró comprensivo con parte de sus reproches hacia los aliados europeos y llegó a reconocer que existían “motivos” para la decepción expresada por el presidente estadounidense.
Aun así, trató de matizar algunas de sus acusaciones, recordando que los países europeos han cumplido los compromisos adquiridos con Washington y defendiendo el papel estratégico que desempeña Europa para las operaciones militares estadounidenses. “Sería muy difícil abordar el tema de Irán sin contar con Europa como plataforma para Estados Unidos”, señaló.
Rutte también aprovechó la comparecencia para destacar el aumento del gasto militar entre los aliados europeos y Canadá desde el primer mandato de Trump. Incluso llegó a exhibir un gráfico bautizado como el “billón de Trump”, con el que atribuyó al dirigente republicano buena parte de la presión que ha llevado a numerosos países de la OTAN a incrementar sus inversiones en defensa.
Por su parte, Trump insistió en que no reclama recursos económicos a sus aliados, sino compromiso político. “Solo quiero lealtad”, afirmó. “Tenemos, con diferencia, el ejército más poderoso del mundo, pero queremos un empujoncito, un besito. No pedimos mucho”. Una exigencia que volvió a evidenciar las tensiones que atraviesan actualmente la relación entre Washington y buena parte de sus socios europeos.
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El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la prisión de Soto del Real tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el caso mascarillas.
En un audio de 12 minutos difundido por su entorno y al que ha accedido la SER, el que fuera secretario de Organización del PSOE rechaza asumir los hechos y califica la pena de “abultada”, “desproporcionada” y “predeterminada”. Según sostiene, la causa partió desde el inicio de una “hipótesis de culpabilidad” con el objetivo de forzar una confesión que nunca se produjo.
Frente a esa versión, la sentencia del Supremo considera acreditada la participación de Ábalos en la trama de contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. El tribunal sostiene que las pruebas practicadas en el juicio permiten fundamentar la condena por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
La resolución rechaza además que el fallo descanse únicamente sobre las manifestaciones de Víctor de Aldama. Según el criterio de la Sala, su testimonio fue valorado junto a otros elementos incorporados al procedimiento, entre ellos documentación, declaraciones testificales e informes, que habrían servido para corroborar los hechos objeto de condena.
El alto tribunal también descarta las tesis exculpatorias de la defensa y no aprecia la vulneración de garantías fundamentales denunciada por Ábalos. La sentencia entiende que el procedimiento respetó los derechos de los acusados y que la condena queda respaldada por el conjunto de la actividad probatoria desarrollada durante la vista oral.
Ábalos, sin embargo, considera que el juicio tuvo “implicaciones políticas claras” y que la sentencia buscó ser “ejemplarizante”, alejándose, a su juicio, de la Justicia. También carga contra Víctor de Aldama, al que define como un “delator no arrepentido”, y critica el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que, según afirma, le habría permitido obtener beneficios procesales mientras continúa vinculado a negocios de hidrocarburos.
El exministro reprocha al tribunal haber otorgado valor decisivo a las manifestaciones de Aldama y no haber atendido otros testimonios e informes que, según su versión, le eran favorables. En particular, menciona a la UCO, que durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la trama y sostuvo que su confesión no resultó determinante para descubrir los hechos investigados.
Ábalos insiste en que durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales. Entre otros motivos, denuncia que no tuvo acceso a sus dispositivos, que su causa debió remitirse a la Audiencia Nacional al perder el aforamiento y que Koldo García quedó privado del derecho a la doble instancia.
Por todo ello, el exministro anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.
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Las últimas intervenciones públicas de Felipe González han vuelto a situar al expresidente del Gobierno en el centro del debate político. Aunque el histórico dirigente socialista mantiene formalmente su independencia respecto a otros partidos diferentes al PSOE, buena parte de sus planteamientos coinciden hoy con las principales líneas discursivas que defiende el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.
Desde la exigencia de un adelanto electoral hasta las críticas por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, pasando por su rechazo a determinadas decisiones estratégicas del Ejecutivo, González ha terminado ocupando posiciones que el Partido Popular utiliza como munición política contra Pedro Sánchez.
La coincidencia no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses, hasta el punto de que numerosas declaraciones del expresidente han sido incorporadas al debate parlamentario por dirigentes populares como argumento de autoridad frente al Gobierno.
Elecciones anticipadas: la principal coincidencia
Uno de los puntos de encuentro más evidentes entre González y la dirección nacional del PP es la conveniencia de devolver la palabra a los ciudadanos mediante unas elecciones generales.
Mientras Feijóo sostiene desde hace meses que la legislatura se encuentra agotada política y moralmente, González ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de que los españoles puedan pronunciarse ante la actual situación institucional. El expresidente ha cuestionado la capacidad del Ejecutivo para seguir gobernando con normalidad en un contexto marcado por la polarización y las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.
La tesis coincide prácticamente con la estrategia desplegada por Génova, que considera que la única salida política pasa por una convocatoria electoral anticipada.
La corrupción como problema estructural
El segundo gran punto de convergencia aparece en la lectura sobre los escándalos de corrupción. Aunque González ha evitado equiparar directamente los distintos casos judiciales, sí ha mostrado una enorme preocupación por el daño reputacional que generan para el PSOE. En varias entrevistas ha advertido de que la corrupción constituye una de las principales amenazas para cualquier proyecto político y ha reclamado una respuesta contundente ante cualquier irregularidad.
Ese planteamiento conecta con la ofensiva impulsada por el Partido Popular, que ha convertido la corrupción en el eje central de su oposición parlamentaria. Los populares sostienen que los casos que afectan a antiguos dirigentes y personas vinculadas al socialismo han erosionado la credibilidad del Ejecutivo y exigen responsabilidades políticas inmediatas.
La diferencia reside en el tono. Mientras González suele plantear una reflexión sobre el deterioro institucional que provocan estos episodios, el Partido Popular utiliza esos mismos casos como elemento de confrontación directa contra Sánchez.
Críticas a la dependencia parlamentaria de los socios
Otro espacio de coincidencia aparece en la relación del Gobierno con sus socios parlamentarios. El expresidente socialista ha mostrado reiteradamente su incomodidad con la influencia que ejercen sobre el Ejecutivo fuerzas independentistas y nacionalistas. González considera que algunas decisiones adoptadas durante la legislatura responden más a necesidades de supervivencia parlamentaria que a una estrategia de Estado.
Esa crítica es compartida plenamente por el Partido Popular, que denuncia desde el inicio de la legislatura la dependencia de Sánchez respecto a Junts, ERC, EH Bildu y otras formaciones territoriales.
La amnistía y las cesiones al independentismo
Probablemente ninguna cuestión ha evidenciado más claramente la distancia entre González y la dirección actual del PSOE que la ley de amnistía. El expresidente se ha mostrado abiertamente contrario a la medida y ha cuestionado tanto su oportunidad política como sus fundamentos jurídicos. Un rechazo que coincide con la posición mantenida por el Partido Popular, que ha convertido la amnistía en uno de los principales argumentos de oposición al Gobierno.
En este terreno, González ha llegado incluso a formular críticas más severas que algunos dirigentes conservadores, al considerar que determinadas decisiones comprometen principios básicos de igualdad ante la ley.
Regularización de inmigrantes y control migratorio
Las coincidencias también han aparecido en el debate migratorio. Aunque González mantiene posiciones alejadas de los planteamientos más duros de la derecha, ha defendido la necesidad de una política migratoria ordenada y vinculada a la capacidad de integración y acogida. Un enfoque que conecta parcialmente con los discursos del Partido Popular sobre control de flujos migratorios y planificación de la inmigración legal.
No existe una coincidencia plena en esta materia, pero sí una visión compartida sobre la necesidad de compatibilizar solidaridad y gestión efectiva de las fronteras.
El deterioro institucional
González ha alertado repetidamente sobre lo que considera un progresivo deterioro de la calidad institucional española. Sus críticas han alcanzado cuestiones como la tensión entre poderes del Estado, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la creciente polarización política.
Ese diagnóstico es utilizado habitualmente por el Partido Popular para reforzar su acusación de que el Gobierno ha contribuido a debilitar los contrapesos institucionales durante la presente legislatura.
Donde siguen existiendo diferencias
Pese a las coincidencias, González continúa manteniendo posiciones alejadas de la dirección popular en cuestiones esenciales. El expresidente sigue reivindicando el papel del Estado del bienestar, la ampliación de derechos sociales, la integración europea, la defensa de los servicios públicos y buena parte del legado de los gobiernos socialistas. Tampoco comparte los planteamientos más conservadores del Partido Popular en materias como fiscalidad, políticas sociales o relaciones laborales.
Sin embargo, en los grandes asuntos que hoy dominan la agenda política —corrupción, amnistía, estabilidad institucional y continuidad de la legislatura—, sus posiciones han terminado aproximándose notablemente a las defendidas por Feijóo.
Esa convergencia ha convertido a Felipe González en una de las voces más incómodas para Ferraz y, al mismo tiempo, en uno de los referentes más citados por la oposición cuando busca cuestionar la estrategia política de Sánchez desde dentro de la propia tradición socialista.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó 32 fallecidos y más de 700 heridos y declaró el estado de emergencia después de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el centro del país la tarde del miércoles.
«Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados«, declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez aseguró asimismo que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una «zona de desastre».
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Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela.
Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18.05 hora local del miércoles (22.05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el Servicio Geológico de EEUU, que explicó que formaron un fenómeno llamado «doblete sísmico» y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy –cuya capital es San Felipe–. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias «no son buenos» y que «han dejado un número devastador de fallecidos«.
Estado de emergencia y cierre de aeropuerto
«Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases «en los siguientes días» de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales.
La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.
Proyecciones de víctimas
Antes de que Rodríguez ofreciese el primer reporte de fallecidos y heridos, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advirtió sobre posibles muertes en su jurisdicción.
«Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida», dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados, describiendo la situación como «muy dura» para su municipio, en el área metropolitana de Caracas.
Por su parte, el Servicio Geológico de EEUU estimó que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.
Refugio en las calles y búsqueda de supervivientes entre los escombros: «Hay gente viva»
Miles de personas se aglomeran en la noche de este miércoles en las calles de Caracas tras terremotos que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas, pudo constatar EFE. En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.
Mientras, vecinos y funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao (en el distrito metropolitano de Caracas) intentan encontrar supervivientes sin maquinaria: «Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva«, dicen lugareños.
Solidaridad internacional
Aparte de Trump, dirigentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, expresaron su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su «preocupación y consternación» por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia.
«Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela», escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: «Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy».
La presidenta encargada de Venezuela agradeció el apoyo de los países que «se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad», en un mensaje transmitido por VTV.
