Dos años y medio separan dos afirmaciones totalmente opuestas entre sí, ambas dichas por María Guardiola. «Yo no puedo dejar entrar en el gobierno a aquellos que niegan la violencia machista», decía la líder del PP de Extremadura en junio de 2023 para intentar frenar un pacto con Vox que acabó produciéndose. Este lunes, una presidenta inmersa en tortuosas negociaciones con la extrema derecha para revalidar el poder en la región, se rendía por completo a la formación de Santiago Abascal: «El feminismo que defiendo, estoy convencida de que es el feminismo que defiende Vox», aseguraba durante una entrevista en un medio de la ultraderecha.
Los acercamientos públicos de Guardiola a los de Abascal han contado con dos respuestas. Por un lado, la aprobación de José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox: «Estaremos encantados de acompañarla ahora que estamos tan cerca. Nos alegran los cambios«, aseguraba el diputado ultra, que aun así fue receloso y advirtió que los entendimientos se tienen que plasmar en acuerdos y no en titulares de prensa. Por otro lado, se produjo un reproche sibilino desde Génova, sede del PP nacional:
«Hay que hacer menos ruido en los medios«, aseguraba Carmen Fúnez, vicesecretaria del PP, en la rueda de prensa que daba este lunes en calidad de voz autorizada del partido, al analizar las negociaciones en Extremadura.
El nerviosismo en el Partido Popular por el destino de Extremadura se constata en estas declaraciones cruzadas entre Génova y el PP extremeño. Mientras, en Vox, el mando único evita las discrepancias. Las declaraciones de Guardiola, pese a la polémica, no han tenido respuesta por parte de Óscar Fernández, portavoz de Vox en Extremadura. Una prueba de que se han bajado las armas después de una semana de gran tensión. Las negociaciones entre PP y Vox siguen y tienen de tope el 3 de mayo, aunque la presidenta intentará ser investida durante la primera semana de marzo. Durante la campaña hubo agresiones verbales cruzadas entre Abascal y Guardiola y la extremeña no dudó en criticar «el tufo machista del señor Abascal». Ese olor, tapado ahora por la urgencia de formar gobierno, parece haber desaparecido.
El feminismo de Vox que gusta a Guardiola
Tras presumir de haber forzado a Guardiola a un cambio de postura, Vox aprovechaba para definir lo que su partido entiende por feminismo: «Creemos en la igualdad entre hombres y mujeres y se ha impuesto un modelo que ha provocado una fractura entre hombres y mujeres. Creemos en la igualdad real», explicaba Fúster sin pronunciar la palabra feminismo. Horas después, la presidenta de Extremadura intentaba desdecirse y rebajar la sensación de victoria de la ultraderecha, que da por sometida a la presidenta: «Mi feminismo es el de verdad. Cualquiera que me conoce sabe que es un feminismo basado en hechos. No entiendo que sea un escollo defender la igualdad real entre hombres y mujeres», apuntaba Guardiola para defender que ella cree en un «feminismo real, no de pancarta» con un ataque mediante a Pedro Sánchez y su relación con Ábalos: «No [defiendo] el feminismo que se sienta en el mismo Consejo de Ministros con quien consume prostitución».
La realidad es que el cambio de Guardiola respecto a Vox fue forzado por Génova, que presionó a la presidenta extremeña para que formara un gobierno de coalición con los de Abascal. La alianza solo duró un año, pero dejó para la hemeroteca una de las rectificaciones más evidentes y llamativas de un líder del PP.
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Valoración de Miguel Tellado tras los resultados de las elecciones de Extremadura del pasado 21 de diciembre de 2025.
¿Qué dicen los programas de PP y Vox sobre feminismo?
En las elecciones generales de 2023, Vox rehusó utilizar la palabra feminismo en ninguna de las 178 páginas que ocupaba su programa electoral. En él, sin embargo, prefería denominar a la violencia de género como «violencia doméstica» para ocultar la responsabilidad de los hombres, proponía derogar el aborto, la ley trans y la
Ley Integral de Violencia de Género.
Y más cercano en el tiempo queda el programa electoral de Vox para las elecciones autonómicas de Extremadura, donde proponía eliminar «leyes de género» que, a juicio de la extrema derecha, solo han servido para «crear toda una industria del género que ha disparado el despilfarro político y originado normas ‘feministas’ que han acabado beneficiando y soltando a violadores y criminales sexuales». Vox prometía acabar con el «fanatismo ideológico» y ahora María Guardiola se muestra conciliadora: «Nos unen muchas más cosas de las que nos separan», afirmaba este lunes.
Al revisar el programa electoral que llevó María Guardiola a las elecciones de 2025, en las que subió un escaño respecto a 2023, se pueden apreciar algunos detalles. Aunque el concepto «feminismo» está muy presente en el discurso de la presidenta, la realidad es que es una palabra que no aparece nombrada en ningún pasaje del programa. Tan solo hay un apartado, el último, llamado Igualdad y corresponsabilidad real entre mujeres y hombres, donde se anuncian medidas muy diferentes a las proclamadas por la extrema derecha. Se contemplan «ayudas para el fomento de la conciliación familiar», un «Plan Estratégico para la
Igualdad de Mujeres y Hombres» a implementar durante la legislatura, la creación de una nueva Oficina de
Igualdad y Violencia de Género y «medidas y programas que
promuevan la equidad de género
desde un enfoque de
masculinidades proigualitarias y
corresponsables». Un programa difícil de aplicar si tu aliado propone erradicar el «despilfarro político» que traen las políticas feministas.
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El radical giro argumental de Guardiola se contextualiza en unas negociaciones tras las elecciones del 21 de diciembre que no han medrado y que, si no avanzan, traerán una derrota en la votación de investidura que se celebrará a comienzos del mes de marzo. Los acercamientos fallidos al PSOE para una abstención hacen de Vox la única alianza plausible si el PP quiere volver a gobernar en Extremadura. La alternativa son unas nuevas elecciones y en el PP, tal y como recordó Alberto Núñez Feijóo este fin de semana, abogan por el entendimiento con la extrema derecha.
La sanidad se ha convertido en un lucrativo negocio que atrae a empresas que poco o nada tienen que ver con la salud. Incluso a algunas extranjeras, parapetadas en territorios de reconocida opacidad fiscal. De Países Bajos a Delaware pasando por Luxemburgo. Es el caso de Hill International Spain, la empresa que supervisa los hospitales públicos de gestión privada de Madrid y es la filial en España de Hill International Incorporated, uno de los mayores gestores de infraestructuras de Estados Unidos. Así lo ha comprobado Público a través de múltiples documentos mercantiles de los tres países.
En el último año en que publicó sus resultados, 2021, Hill International Incorporated facturó 320 millones de euros. En diciembre de ese año fue adquirida por otro gigante estadounidense, Global Infrastructure Solution Incorporated (GISI), con un volumen de negocio aún más espectacular: 10.170 millones en 2022. En ese momento, Hill International dejó de cotizar en Bolsa y de hacer públicas sus cuentas.
A España Hill Internacional llegó en 1998, cuando nació Gerens Hill International. Dos años después, la estadounidense salió de la española, que se rebautizó como Gerens Management Group hasta que, en febrero de 2008, la compañía con domicilio social en Filadelfia regresó comprando el 60% de su antigua filial, que recuperó su nombre. Sólo una semana más tarde, Gerens anunciaba su entrada en Concessia, una gestora de infraestructuras creada junto con 13 cajas de ahorro que se alió con Ribera Salud para levantar el Hospital de Torrejón. No hacía tampoco ni dos meses, en diciembre de 2007, que Gerens Management Group había conseguido el contrato para supervisar los hospitales impulsados por Esperanza Aguirre.
En 2013, Hill International adquirió el 40% restante de las acciones de Gerens y cambió su nombre a Hill International Spain SA. Su volumen de negocio en 2024, último ejercicio en el que ha enviado información al Registro Mercantil, ascendió a 13,54 millones de euros, un 8,8% más que el año anterior. Pero cerró con pérdidas, 654.000 euros. Ese año contaba con una plantilla de 119 personas, de las que 16 se encargan de las tareas de supervisión de los hospitales públicos de gestión privada.
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Desde 2007 hasta 2022 tenía bajo su lupa los siete hospitales gestionados con el modelo de concesión de obra pública, en los que la asistencia sanitaria la lleva a cabo el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), mientras que los servicios no sanitarios, de la lavandería a los vigilantes jurados, son responsabilidad de las empresas privadas que los construyeron. A partir de ese año, también vigila la actividad y las cuentas de los hospitales bajo concesión administrativa, donde la asistencia médica corre a cargo de firmas privadas: el grupo Quirón y el grupo Ribera Salud. Además, monitoriza las facturas mensuales y la liquidación anual de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Central de la Defensa, que tienen convenios singulares con el Sermas. Así como el funcionamiento de los servicios centralizados de lavandería, seguridad y limpieza de los hospitales de gestión 100% pública del Sermas.
A cambio, Sanidad le ha pagado más de 15 millones de euros desde 2007, entre contratos y prórrogas. El importe del último, adjudicado en 2022, asciende a 3,54 millones de euros, y la última prórroga de dos años, hasta 2027, le reportará 2,36 millones más.
Torres de Colón, edificio Faro, centros de datos
Pero su negocio en España se extiende también al sector privado. Por ejemplo, Hill International dirigió el proyecto de renovación del Four Seasons Resort Mallorca en Formentor, así como la rehabilitación en Madrid de las Torres Colón y del edificio Faro (Retama), adonde ha trasladado Renfe sus oficinas. Además, el campus de Data4 en San Agustín de Guadalix (Madrid), cuatro centros de datos construidos sobre un terreno de 6,5 hectáreas, lleva también su firma, y el Tranvía de Zaragoza, que fue inaugurado en 2011.
No obstante, los resultados de esta actividad salen de España, en principio, rumbo a los Países Bajos, donde está domiciliada la empresa matriz de Hill International Spain. Hill International NV, con sede en Ámsterdam, es dueña al 100% de la filial española desde diciembre de 2013. Pero la sociedad dominante última de la española es Hill International Incorporated, que, aun con domicilio social en Filadelfia (Pensilvania), deposita sus cuentas en el Estado de Delaware, considerado un paraíso fiscal: las empresas no pagan impuestos si operan fuera del estado ni están obligadas a publicar quiénes son sus propietarios o sus cuentas. Así, en Delaware están registradas el 60% de las 500 mayores compañías estadounidenses, incluidas Google, Amazon, Facebook, Visa, MasterCard o Walmart, y más de 1,6 millones de empresas del resto del mundo. Lo mismo que Global Infrastructure Solution Incorporated (GISI), la multinacional que compró Hill International Incorporated en 2022. Aunque su sede social está en Newport, en California,el domicilio fiscal es también Delaware.
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En las cuentas que Hill International Spain remite al Registro Mercantil, se puede rastrear el movimiento de fondos entre las filiales y la matriz. Por ejemplo, en 2019 Hill International Spain hizo un préstamo de 10 millones de euros a Hill International NV para que ésta comprara las acciones de Hill Brasil Participações Ltda que tenía la española. A la inversa, dos años antes la filial había recibido un préstamo de 298.000 euros de la subsidiaria alemana del grupo, Hill International NV (Germany Branch), que devolvió en 2023.
Problemas con Concessia
En cualquier caso, con Concessia el negocio no le fue demasiado bien. Hill International reconoce que su participación en el que fue gestor del Hospital de Torrejón hasta el pasado agosto, un 5,66% de las acciones valorado en 975.000 euros, estaba «completamente deteriorada» desde el 31 de diciembre de 2023. La causa son las «significativas» pérdidas de Concessia. Ese ejercicio perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a los 3,37 millones de números rojos acumulados desde 2020. De hecho, en 2023 Concessia estaba en causa de disolución, por lo que tuvo que reducir capital por importe de 11,46 millones de euros para compensar pérdidas y revertir su desequilibrio patrimonial.
En 2024,HillInternationalno veía ninguna posibilidad de recuperar esa inversión «sobre un plan de negocio ni en el corto ni el medio plazo».Su valor contable es cero, concluyeen su memoria anual.
Concessia nació en febrero de 2008, sólo unos meses antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Tenía planes muy ambiciosos: invertir 2.000 millones de euros para conseguir una cartera de 37 concesiones públicas en un plazo de 10 años. Y no sólo en España, sino también en Europa del Este, Estados Unidos, México, Brasil y Chile. También quería salir a Bolsa «a medio plazo», según se publicitó entonces en la prensa económica.
Quinceaños despuésde su creación, las dos únicas inversiones que le quedaban aConcessiaeranTorrejón Saludy el Hospital Universitario de Burgos. La primera es la gestora del hospital situado en esa localidad madrileña creada con el grupo Ribera Salud. La segunda,bajo la marca comercialEficanza, es la única que le queda en laactualidad, trassu abrupta salida de Torrejón Salud.TrasEficanzaestá la sociedad que constituyeron en 2006 la constructora OHL, el Santander y los constructores burgaleses Antonio Miguel Méndez Pozo y Jesús Arranz Acinas. El primero, condenado a siete años de cárcel en 1994 por corrupción, es uno de los mayores y más influyentes empresarios de Castilla y León, dueño del grupo de comunicación Promecal y el detonante de los disturbios en el barrio burgalés de Gamonal, en 2014.
En la agenda de Vox y en los planes más aterradores de Núcleo Nacional hay un punto en común. La remigración, un concepto acuñado por ultras de Austria y Alemania para plantear expulsiones masivas de migrantes africanos, forma parte de las pancartas de los neonazis y de las acciones políticas del partido de Santiago Abascal.
La última iniciativa presentada por el grupo parlamentario de Vox contra la inmigración apunta en esa dirección. «Remigración de los extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional y vivir de las ayudas sociales, supongan un lastre para el Estado de bienestar de los españoles», reivindica el partido de Santiago Abascal en una propuesta registrada en el Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos tras el acuerdo alcanzado entre Podemos y el Gobierno a favor de la regularización de migrantes.
No es la primera vez que el partido ultra apela a ese concepto para resumir sus planes respecto a personas de otros países que viven en España. En una charla ofrecida en junio pasado, el líder de la formación ultra en Girona, Alberto Tarradas, fue incluso más allá y avanzó que pretenden echar a todos aquellos que no conciban el concepto de España en los mismos términos que la extrema derecha.
«Vivir en España significa vivir como un español, sentir como un español y querer convertirse en un español. Y si tú no estás dispuesto a ninguna de estas cosas, pues hay que plantear también que estas personas pues sean remigradas a sus países, aunque sean hijos de inmigrantes y ellos ya hayan nacido aquí», apuntó durante una conferencia organizada por el grupo de ultraderecha Reconquista en Barcelona.
El concepto remigración fue introducido en el lenguaje de la ultraderecha europea por el cofundador del Movimiento Austríaco de Identidad Martin Sellner. Según una investigación del medio de investigación y verificación alemán Correctiv, este activista de ultraderecha se reunió en noviembre de 2023 con miembros de Alternativa para Alemania (AfD) para presentarles un plan dirigido a expulsar a dos millones de personas residentes en el país al norte de África.
Sellner es hoy una de las principales figuras europeas que promueven la idea de la remigración, lo que ha dado lugar a varios encuentros en los que han participado activistas de ultraderecha de distintos países europeos.
Vox emplea hoy ese término en sus propuestas parlamentarias, en sus discursos y en sus documentos políticos. Así consta, por ejemplo, en elPrograma económico y de viviendaque el partido presentó en el marco de su último congreso, celebrado en junio de 2025.
«Remigración / Deportaciones masivas: proceder a tramitar de forma preferente y urgente la inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente
a nuestra nación, de aquellos inmigrantes legales que
cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma
de vida, así como de aquellos que decidan no integrarse«, afirma ese documento.
Las propuestas de remigración que defiende Vox también han formado parte de la actividad política de Alejandro Nolasco, el líder del partido en Aragón que ahora tiene la llave del nuevo gobierno regional y de quien depende el PP para seguir gobernando en esa comunidad.
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«Repatriación, remigración y aquí no entra ni uno más», afirmó el grupo parlamentario de Vox en Aragón en un mensaje publicado el pasado día 4 de febrero en Facebook junto a un vídeo en el que Nolasco criticaba la regularización de migrantes.
La pancarta de los encapuchados
Tres días después de ese mensaje, la palabra remigración ocupó de principio a fin la pancarta de Núcleo Nacional, un grupo neonazi que defiende el supremacismo blanco y que suele realizar apariciones públicas con sus militantes encapuchados.
Esta organización, que acaba de inscribirse como partido político bajo el nombre Noviembre Nacional, promueve también las expulsiones masivas de migrantes y utiliza el término «remigración» en sus acciones públicas para pedir expulsiones masivas.
Núcleo Nacional ya había utilizado ese lema xenófobo en otra movilización realizada en noviembre pasado en Madrid, tal como pudo constatarse en las imágenes difundidas por los medios.
Activistas de Núcleo Nacional junto a la pancarta con el lema «remigración» el pasado 8 de noviembre de 2025 en Madrid.
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Pese a esa utilización del término por los neonazis, Vox volvió a emplearlo en comparecencias posteriores y lo incluyó en la iniciativa presentada en el Congreso contra las regularizaciones de migrantes.
Modelo italiano
La defensa de la «remigración» también está a cargo de una nueva plataforma creada en España por grupos de extrema derecha siguiendo el modelo implementado por neofascistas italianos. En ese país, organizaciones de extrema derecha mantienen activa una organización denominada Remigrazione e Riconquista que recientemente ha conseguido llegar al Congreso en Roma para presentar una iniciativa de recogida de firmas a favor de las expulsiones masivas.
La Asociación Cultural Alfonso I, el Centro Social y Nacional Salamanca y el Espacio Zaragoza Resiste están involucradas en el intento de traer ese modelo de plataforma a España. La organización Remigración y Reconquista ya ha sido presentada en Santander y Madrid.
Un «contexto complicado», la «irresponsabilidad» del candidato popular, el auge de la ola reaccionaria, la tibieza del Partido Socialista… Muchos son los motivos con los que las dos listas de la izquierda nacional —IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde— han justificado sus «decepcionantes» resultados en los comicios aragonesas celebrados el pasado fin de semana. Una cita electoral en la que los primeros revalidaban su único diputado en las Cortes, aunque con un porcentaje de voto ligeramente inferior al que obtuvieron en 2023 (un 2,94%), y los segundos se quedaban, por primera vez en su historia, fuera del parlamento aragonés, con menos del 1% de los apoyos. Todo ello en un contexto marcado por el ascenso de Vox, sí, pero también por el batacazo electoral del PSOE, que calcaba el que fue en 2015, con la irrupción de Podemos, su peor resultado histórico en la comunidad.
De los cinco escaños que han perdido los socialistas en las Cortes solo ha sacado rentabilidad la Chunta Aragonesista, la izquierda regionalista por excelencia, duplicando el número de asientos que obtuvo en 2023. Y apuntándose un mérito más: son la única lista de todo el abanico de la izquierda que ha crecido al calor de estas elecciones. Los de Jorge Pueyo salen del 8F reforzados como cuarta fuerza en Aragón —por detrás de PP, PSOE y Vox— y, sobre todo, como la opción fundamental de la llamada izquierda transformadora, con IU en horas bajas, Movimiento Sumar en plena construcción y Podemos completamente desdibujado. Un panorama que suscita muchas dudas. ¿Es Aragón un caso excepcional o un síntoma más de la desintegración de la izquierda estatal? ¿Ha llegado el momento de apostarlo todo a las izquierdas regionalistas?
CHA celebra los resultados electorales de este domingo 8 de febrero.
Apenas unas horas antes de la cita de los aragoneses con las urnas, La Sextae infoLibre adelantaban una noticia de última hora: Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, se reunirán el próximo 18 de febrero para discutir sobre el futuro de la izquierda. Lo harán en la sala Galileo Galilei de Madrid, con la analista política Sarah Santaolalla como moderadora. El encuentro ha suscitado desde el primer momento todo tipo de habladurías, recuperando la propuesta de un frente amplio y plurinacional, encabezado por las izquierdas soberanistas, que ya lanzó el portavoz republicano el pasado mes de julio.
Una intención a la que el propio Rufián ha dado alas a través de varios mensajes publicados en los últimos días en sus redes sociales. «Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos», escribía el político catalán este lunes en X. Instando a la izquierda a «hacer algo diferente» para frenar el avance de las derechas. «Solo digo algo que basta estar en la calle cinco minutos para escuchar: más cabeza y menos pureza«, sentenciaba el portavoz republicano. Fuentes del entorno de Rufián, en conversación con Público, descartan que el encuentro tenga cualquier tipo de pretensión orgánica. Estas voces consideran, más bien, que lo que se trata de «una manifestación más» de algo que el portavoz de ERC ha defendido siempre: que hay que reforzar el espacio generando alianzas. Lo que no quiere decir, matizan, que la fórmula pase por constituir «una única lista».
El acercamiento entre fuerzas regionalistas se dejaba ya entrever durante los actos de campaña de las elecciones aragonesas. Dos semanas en las que acudieron a apoyar la candidatura de CHA dirigentes de la izquierda soberanista como Joan Baldoví, sindic de Compromís; Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca o el propio Emilio Delgado.
Al encuentro entre Rufián y Delgado, podría seguirle una ronda de contactos del catalán con dirigentes de la izquierda de toda España para tender puentes de cara a la construcción de ese nuevo frente a la izquierda del PSOE. Un propósito que ha generado todo tipo de reacciones dentro del espacio, todavía en plena resaca electoral. El primero en pronunciarse fue Oskar Matute, diputado y coportavoz de EH Bildu en el Congreso. «Nuestro proyecto es y será un proyecto por y para nuestro país: Euskal Herria y su gente», recordaba el político vasco a través de X. Comprometiéndose, eso sí, a «actuar con solidaridad con las clases populares y el resto de pueblos del Estado». Una postura con la que se han alineado también desde el BNG. «Nos movemos en otra clave«, trasladaban este lunes los de Ana Pontón.
También en el entorno de la izquierda estatal miran con recelo la propuesta del republicano. «La gente está harta de las telenovelas de la izquierda», valoraba en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Abogando por el «diálogo entre militancias«: «Menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo». Desde Podemos, por su parte, han rebajado la trascendencia del encuentro tachándolo de «charla». «Ni siquiera sabemos si cuentan con el respaldo de sus partidos», lanzaba al aire, también en rueda de prensa, el secretario de Organización morado, Pablo Fernández. Unas dudas que venía a confirmar, horas después, la propia formación del portavoz republicano: «ERC se presentará con las siglas de ERC».
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Más prudentes se han mostrado el resto de formaciones del entorno de Sumar. «Bienvenidas sean todas las propuestas«, valoraba este mediodía la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, calificando como «absolutamente necesario» cualquier debate que avance en la construcción de «una herramienta capaz de ponerle freno a la extrema derecha». De parte de Más Madrid, ha sido la ministra de Sanidad y dirigente del partido, Mónica García, quien ha asegurado que su formación siempre ha abogado por «abrir los brazos» a todas las fuerzas progresistas que quieran aportar. También los Comuns se han mostrado partidarios del entendimiento dentro del espacio de la izquierda. Con una petición: que las negociaciones discurran «con la máxima discreción».
Las izquierdas alternativas del Gobierno
En cualquier caso, los partidos de Sumar en el Gobierno tienen su propio proyecto entre manos el cual presentarán el próximo 21 de febrero en Madrid, tal y como ha adelantado Público. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid llevan meses sentados a la mesa de negociación buscando una nueva fórmula para reconstruir el espacio de cara a las futuras elecciones generales de 2027. Lo harán a través de un proyecto «democrático», «plural» y «que ponga en el centro los problemas de la mayoría social», ofreciendo «una alternativa de país» frente al ascenso imparable de la extrema derecha y el «inmovilismo» del PSOE. Si bien, por el momento, son pocos los detalles que han trascendido sobre el mismo. Los mensajes menos crípticos han llegado de la mano de IU, que ha pedido, en reiteradas ocasiones, «superar» el molde de Sumar, del 23J. Una fórmula «incapaz de aglutinar» al conjunto de fuerzas progresistas. ¿Cómo? Con un nuevo programa, un nuevo nombre y nuevas caras. De momento no ha trascendido ni el nombre ni quién liderará la nueva confluencia.
La entonces dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, saluda a los simpatizantes del partido tras conocer los resultados del 23J.
«Estamos en un trabajo discreto, diario, que llevamos realizando desde hace tiempo y que no está en los grandes anuncios, sino en ese trabajo de hormiguita para la construcción de un proyecto alternativo a la izquierda del PSOE», explicaba en rueda de prensa este lunes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Una «herramienta útil», «capaz de enfrentar el actual contexto de emergencia social, política y cultural«, añadía la portavoz. ¿Son compatibles ese proyecto y la nueva propuesta de Rufián? «Eso lo tendremos que ir decidiendo», ha respondido Hernández. «Nuestra apuesta ahora mismo está en consolidar este espacio de discusión. El encaje que luego se dé en un marco de plurinacionalidad y de la defensa de una agenda progresista, será algo que tenga que decidir el conjunto de la ciudadanía».
En un tono similar se ha pronunciado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en su respectiva comparecencia frente a los medios de comunicación. «Estamos coordinándonos para sacar adelante un proyecto que reconecte con la gente de izquierdas de nuestro país, que nos pide esa cohesión y esa propuesta política solvente, programáticamente hablando», explicaba el político andaluz. Aprovechando para animar al resto de fuerzas del espacio a trabajar «con la misma convicción» para construir «un proyecto de país digno de tal nombre». «Pronto tendremos noticias y serán buenas», anticipaba el también candidato a la Junta de Andalucía.
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De Aragón a Andalucía
En la izquierda, algo se mueve. Y las lecciones de Aragón, con el fantasma de la división como telón de fondo, han impulsado ya los primeros gestos de acercamiento. «El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía de la CUT. Tras los resultados en Aragón, me reafirmo en mi opinión. La extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes”, escribía la noche del domingo, poco después de conocer los resultados electorales, Raquel Martínez, secretaria general de Podemos en Andalucía. Un mensaje que muchos entendían como una mano tendida hacia la coalición Por Andalucía que encabeza Maíllo, con la idea de emular la fórmula de Unidas por Extremadura.
Preguntadas por este asunto, fuentes de los morados enmarcan la reflexión de Martínez en el ámbito personal. «Vamos a continuar en esa tarea de intentar poner a la izquierda en pie y conformar las candidaturas más amplias y heterogéneas posibles«, zanjaba, en este sentido, su secretario de Organización, tras ser preguntado por una posible apuesta por la unidad en los futuros comicios. Una unidad para la que, reconocía el portavoz morado, se llega ya demasiado tarde en la próxima parada del ciclo electoral, Castilla y León. Pero para la que todavía queda margen en Andalucía.
Gobernaba Esperanza Aguirre cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha siete hospitales gestionados con un modelo de colaboración público-privada llamado «concesión de obra pública»: constructoras y bancos, en forma de UTE (unión temporal de empresas), construyeron los centros y se encargarán durante 30 años de la gestión de los servicios no sanitarios, mientras que la asistencia médica corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Al tiempo, la Consejería de Sanidad creaba una Unidad Técnica de Control para «monitorizar» y «evaluar» los servicios prestados por las empresas concesionarias. Aunque depende de la Dirección General de Gestión Económica del Sermas, su personal pertenece a una empresa privada, a la que se adjudicó en 2007 un contrato para que hiciera ese trabajo. Se trata de Hill International Spain SA, filial española de una de las mayores multinacionales de gestión de proyectos y construcción de Estados Unidos.
Desde entonces y hasta 2022, Hill International Spain fue la encargada de supervisar la actividad y el desempeño económico y financiero de esos siete hospitales, a través de adjudicaciones y prórrogas de los contratos. El último contrato se firmó en 2022, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno madrileño, que además le amplió el trabajo: pasó también a ejecutar la «supervisión técnico-administrativa, económico-financiera y legal» de los cuatro hospitales gestionados con otro modelo de colaboración público-privada, la «concesión administrativa», así como de los hospitales con convenio singular –la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla– e incluso de los contratos centralizados de limpieza, lavandería y vigilancia y seguridad del Sermas.
Uno de esos hospitales bajo «concesión administrativa», también parte del proyecto privatizador de Esperanza Aguirre, es el de Torrejón, gestionado por la sociedad Torrejón Salud SA. Desde que se constituyó en 2009 y hasta agosto del año pasado, esta empresa ha tenido dos accionistas: el grupo Ribera Salud (89,47%) y Concessia (10,53%), una sociedad creada para invertir en proyectos de concesiones públicas de la que Hill International posee un 5,67%.
Es decir, la empresa que supervisa la actividad y cuentas del Hospital de Torrejón desde 2022 ha sido al mismo tiempo accionista indirecta –a través de Concessia– de dicho hospital durante tres años. Lo que puede suponer un conflicto de intereses, según confirman los expertos consultados por este periódico. La imparcialidad y objetividad de la supervisión ejecutada por Hill International podría quedar en entredicho al ser accionista indirecto del Hospital de Torrejón. La filial de la multinacional estadounidense fue ratificada como miembro del consejo de administración de Concessia en abril de 2023, por un plazo de seis años.
«No vamos a hacer ningún comentario», ha sido la respuesta de Hill InternationalSpaincuandoPúblicoleha preguntado por su participación accionarial enConcessiay la incompatibilidad con sus tareas de supervisión del Hospital de Torrejón entre 2022 y 2025.
Por su parte, la Consejería de Sanidad niega que haya conflicto de intereses y asegura que «los procedimientos sobre los que se trabaja y se trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho». «Todo el problema» sobre el posible conflicto de intereses, añade un portavoz, «obedece a un problema de distribución de accionariado». [Puedes ver al final de este artículo las preguntas que dejaron sin responder la consejería y la empresa].
Causa de resolución del contrato
Los pliegos de condiciones administrativas del contrato de 2022 establecen en su capítulo de incompatibilidades que el adjudicatario no puede «tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses» para la realización de las tareas que se le han encomendado.
También precisan que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba». Es decir, cita expresamente el centro del que Hill International Spain era accionista indirecto.
En cualquier caso, los pliegos exigen al adjudicatario que presente, en el momento de la firma del contrato, una «declaración responsable expresa y por escrito» de la inexistencia de conflictos de intereses. El incumplimiento de esta obligación es motivo para resolver el contrato. Y mentir en esa declaración implica que se le sancione con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Ni la empresa ni Sanidad aclararon qué figuraba en esa declaración responsable.
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Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón.
¿Lo sabía Sanidad?
Pero resulta poco creíble que Sanidad desconociera el vínculo societario entre Hill International,Concessiay Torrejón Salud. La creacióndeConcessia, en febrero de 2008, fue publicitada en la prensa económica. Trece cajas de ahorrose unían con la que entonces se llamabaGerensHill Internationalpara fundar«la primera y única gestora de concesiones de España controlada por entidades financieras y con total independencia de cualquier grupo constructor».Cada caja tenía un 7% de la sociedad, yGerensHill International, un 5%.Su plan era conseguir una cartera de 37 concesiones públicas por importe de 2.000 millonesde euros en 10 años. Aún no había explotado la burbuja inmobiliaria –Lehman Brothers quebró sólo sietemeses después– yConcessiase preparaba para participar en proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos como hospitales, carreteras, aeropuertos, comisarías, edificios para uso de las administraciones públicas y residencias de mayores, según publicó el diarioExpansión. No sólo en España, también en Europa del Este, Estados Unidos, México, Brasil y Chile.
Pero, tras la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, en su capital sólo quedan hoy siete socios: Ibercaja Banco (30,15%), Caixabank (24,2%), Kutxabank 16%), Banco Sabadell (8%), BBVA (8%) e Hiscan Patrimonio II SAU, gestora de Caixabank (8%), además de Hill International Spain. Desde agosto de 2025, cuando abandonó Torrejón Salud, Concessia sólo tiene una inversión, el 23% del Hospital Universitario de Burgos, gestionado con el modelo de concesión de obra pública. Además, en 2023 perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a los 3,37 millones de números rojos acumulados desde 2020. De hecho, en 2023 Concessia estaba en causa de disolución, por lo que tuvo que reducir capital por importe de 11,46 millones de euros para compensar pérdidas y revertir su desequilibrio patrimonial.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la inauguración del Hospital de Torrejón, en septiembre de 2011.
Hill International también pierde dinero en España, 654.000 euros en 2024. Pero ese ejercicio facturó 13,54 millones, un 8,8% más que el año anterior, según destaca en las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil y que han sido consultadas por Público.
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En los últimos cinco años, Torrejón Salud SA ha recibido 121 millones de euros en concepto de compensación tras alegar que se produjeron «circunstancias extraordinarias o imprevisibles» que habían alterado «significativamente la economía del contrato». Los últimos 32,8 millones, pagados el pasado verano, salvaron a la concesionaria de la insolvencia. Pero no consiguieron cerrar el conflicto que arrastraba con su socio minoritario, Concessia. La empresa de las cajas y Hill International vendió sus acciones y abandonó el barco tras enfrentarse a Torrejón Salud en los tribunales y 16 años después de haberse vinculado al grupo Ribera Salud.
Las preguntas que Sanidad elude y su respuesta
Público envió a la Consejería de Sanidad las siguientes preguntas sobre la adjudicación a Hill International Spain SA del servicio de apoyo a la unidad que supervisa los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid, que no contestó:
1. ¿Ocultó la empresa a la Consejería de Sanidad ese vínculo societario cuando se presentó al concurso público?
2. El pliego de condiciones administrativas establece que el adjudicatario, en el momento de firmar el contrato, debe presentar una «declaración responsable expresa y por escrito de la inexistencia de conflictos de interés». ¿Qué constaba en la declaración que presentó Hill International Spain SA?
3. ¿Qué comprobaciones hizo el órgano/mesa de contratación? ¿Pidió alguna documentación acreditativa, más allá de la declaración responsable, como un certificado de estructura económica de la empresa y de sus participaciones en otras sociedades, sobre todo en relación con las concesionarias supervisadas (que Hill International Spain SA era uno de los accionistas de Concessia fue ampliamente publicado en la prensa económica)?
En su lugar, la Consejería de Sanidad remitió la siguiente respuesta:
«En primer lugar, para determinarse algún tipo de conflicto de intereses dentro de la accionariado, habría que acudir al Registro Mercantil para comprobar porcentajes. Debido a la premura de la información que solicitáis, esto en 24 horas no se resuelve.
Hill no es la UTC [Unidad Técnica de Control]. Existe una unidad de apoyo en todo este procedimiento.
Como vosotros mismos determináis en vuestras afirmaciones, no hay ni obedece [a un] conflicto de intereses.
Los procedimientos sobre los que se trabaja y trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho.
Todo el problema que planteas y que parece que tenéis perfectamente delimitado por vuestra fuente obedece a un problema de distribución de accionariado».
Las preguntas que Hill International Spain SA no responde
Público también envió una serie de preguntas a Hill International Spain SA sobre el contrato para la supervisión de los hospitales públicos de gestión privada y sobre su participación accionarial en Concessia. La empresa indicó que no iba a realizar ningún comentario. Las cuestiones son las siguientes:
Según nuestras informaciones (recabadas en la Plataforma de Contratación y el Registro Mercantil), Hill International Spain es la adjudicataria del contrato de «servicio de apoyo técnico a la Unidad Técnica de Control para los hospitales gestionados en régimen de concesión, hospitales con gestión de servicio público en la modalidad de concesión, hospitales de convenio singular y de los contratos de servicios no sanitarios gestionados de forma centralizada por el Servicio Madrileño de Salud». Concedido en 2022, le fue prorrogado en 2025 hasta 2027.
La empresa ya prestaba ese servicio desde 2007, cuando le fue adjudicado bajo su anterior denominación, Gerens Management Group. Desde entonces, el contrato le ha sido renovado y vuelto a adjudicar hasta ahora.
Desde 2022, en que se amplió el objeto del contrato, Hill International se encarga de supervisar y monitorizar no sólo los hospitales bajo concesión de obra pública, sino también los de concesión administrativa, entre los que se encuentra el Hospital de Torrejón. Este centro es propiedad de Torrejón Salud SA, sociedad de la que, hasta agosto de 2025, Concessia poseía una participación del 10,53%. A su vez, Hill International es accionista (5,66%) y consejera de Concessia.
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Es legal que Hill International supervise la actividad y las cuentas de un hospital del que es accionista una sociedad en la que tiene una participación y en cuyo consejo de administración se sienta? ¿No incurre en un conflicto de interés?
2. En el pliego de condiciones administrativas del contrato, se establece que el adjudicatario «no podrá tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses para la realización de las mencionadas tareas». También que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena
(Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba».
¿Por qué se presentaron al concurso, a sabiendas de que incumplían las condiciones del pliego?
3. En el capítulo de incompatibilidades se establece igualmente que «la entidad adjudicataria, en el momento de la firma del contrato, se compromete a presentar declaración responsable expresa y por escrito de la inexistencia de conflictos de interés».
¿Comunicó Hill InternationalSpaina la Consejería de Sanidad su participación accionarial enConcessiacuando presentó su oferta al concurso público de 2022?
4. ¿Mantiene Hill International aún hoy, enero de 2016, su participación accionarial enConcessia, teniendo en cuenta que en agosto de 2025 abandonó Torrejón Salud SA tras una disputa judicial con Ribera Salud y que la situación financiera deConcessiaes delicada (estaba en causa de disolución en 2023, tuvo que reducir capital, sus inversiones se reducen a una, el hospital de Burgos)?
Ruido, mucho ruido. Explicaciones sin contrastar contadas como certezas. Preguntas sin respuesta que se viralizan. Y, finalmente, bulos que se comparten a través de las redes sociales, sobre todo. La realidad, empero, a día de hoy, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), es la siguiente: aún no hay una conclusión definitiva sobre lo que sucedió el domingo 18 de enero a las 19.45 en el kilómetro 318 de la línea 010 Madrid-Sevilla del tren de alta velocidad, a la altura de Adamuz (Córdoba). Aunque sí existen pistas que señalan lo que pudo ocurrir, según adelantó este lunes Ignacio Barrón, presidente de la comisión: «Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura».
Mientras, sube la temperatura política a cuenta de un siniestro que causó 45 muertos: el PP, Vox y hasta aliados del Gobierno piden la dimisión del ministro Óscar Puente y este se esfuerza en redes y en entrevistas televisivas y radiofónicas en desmentir lo que considera y tacha de «bulos». Lo cierto es que se han sucedido las polémicas al respecto de algunas cuestiones de importancia, como son la soldadura, la rotura, las vías y las revisiones y también otras que han resultado finalmente más anecdóticas, como la aparición de la marca Ensidesa en los raíles.
La comisión describe así el siniestro: «Los coches
descarrilados [del tren Iryo] se desplazaron lateralmente invadiendo el gálibo de la vía 2, por
la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia 2384
Madrid-Huelva. El número de viajeros a bordo de ambos trenes, según han
informado las compañías, era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia.
Ambos trenes circulaban en ese momento con velocidades del orden de 200
kilómetros por hora (la cifra exacta está pendiente de confirmación), produciéndose un
choque de gran violencia entre los coches descarrilados de la cola del tren Iryo
y la cabeza del tren Alvia, aproximadamente a la altura del punto kilométrico 318. A
consecuencia de la colisión los dos primeros coches del tren Alvia cayeron por
un terraplén lateral de cuatro metros de altura». ¿Cómo pudo suceder esta secuencia mortal?
La soldadura
El presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, Ígnacio Barrón, afirmó este lunes que la clave podría estar en la soldadura de la vía, que se quebró. Los tramos de raíl, cupones en el argot ferroviario, están conformados por varios metros de acero que van unidos unos a otros. En este caso, justo en el segmento en el que se produjo el siniestro, estaban conectados un tramo de vía fabricado en el año 1989 y otro en el año 2023, según Transportes.
Esto en sí no tiene por qué ser problemático. Los protocolos, según el ministerio, lo permiten. Lo mismo dijo Barrón: «Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien». «Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro», agregó.
Las soldaduras, según explicaron a Público desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, llevan una suerte de firma: «Aparece grabado en la vía esa información, es decir, la soldadura tiene trazabilidad«.
La rotura
En el informe de la CIAF del pasado 23 de enero, el último que ha publicado, se recoge lo siguiente: «Se realizó una recopilación gráfica de la zona de rotura del carril, correspondiente a una soldadura entre dos cupones de carril». Además, se tomaron diferentes muestras, que se han enviado a un laboratorio para su análisis”.
Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.
Estas son: las «partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de ésta (tomando un metro de carril a cada lado)«; un fragmento «de unos 40 centímetros desprendido de la zona de rotura»; las muestras de carril «en zonas no afectadas por la rotura, tanto a un lado como al otro (un metro de longitud cada muestra)», y un cupón —tramo— «de carril del otro carril de la vía, que incluye la soldadura paralela a la soldadura rota, tomando un metro de carril a cada lado».
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El objetivo de estas pruebas, según la CIAF, es «determinar las posibles causas de la rotura». La comisión, al respecto, precisa que no descarta ninguna hipótesis. «Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado», dijo Barrón este lunes.
Una de las hipótesis provisionales que maneja la CIAF, que necesita de mayores comprobaciones, es que la fractura del carril se produjera «con anterioridad al paso del
tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento«. Para afirmar esto, la comisión se basa en las muescas que quedaron en las ruedas del tren tras el siniestro y su comparación con las de otros convoyes que circularon por la misma vía esa misma tarde ese mismo domingo.
«Al estar
interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría
inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril
descendiese levemente –se señala en el informe–. Como la parte del carril posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente
un escalón entre los dos lados de la fractura, que golpearía la llanta de la rueda».
Las vías
El PP acusó a Óscar Puente de «mentir» y pidió su dimisión por, según Miguel Tellado, decir durante toda la semana que la vía de tren Madrid-Andalucía había sido completamente renovada, con una inversión de 700 millones de euros, «cuando en los tramos del raíl donde descarriló el tren Iryo se ensamblaron materiales nuevos con elementos antiguos de 1989″.
El ministro se defendió mediante la publicación de un tuit en el que manifestó lo siguiente: «La exhibición de ignorancia de algunos estos días pasará a los anales de la historia. La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido integral. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es informarse de lo que es una renovación integral, antes de sacar a pasear esa ignorancia».
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Puente explicó este lunes en el programa La Hora de la 1, que una renovación como la que se hizo implica que «esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos”. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Si hay tramos más antiguos es porque se consideró «que no era necesario sustituirlo”.
A este respecto, Barrón, el presidente de la comisión, anunció este lunes que iban a pedir explicaciones al respecto a Adif, la empresa pública que se encarga del mantenimiento de las vías: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no«.
Expertos de la Guardia Civil analizan las vías tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba).
Transportes ha aportado los datos siguientes al respecto: «Para la renovación del tramo de Adamuz (tramo Guadalmez–Córdoba dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla), Adif sacó a licitación tres expedientes de contratación«.
Por un lado, la mejora integral de la infraestructura por 52,49 millones de euros. «Incluía —según Transportes— la mejora de todos los trabajos de plataforma, y contó posteriormente con un modificado de 6 millones de euros motivado por el mantenimiento del servicio con la realización de la obra. El adjudicatario fue una UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi».
Por otro, «la renovación de desvíos, por importe de 26,86 millones». «Incluía —según el ministerio— la sustitución de los desvíos de Adamuz, que se renovaron en mayo/junio de 2025 entrando en servicio el 20 de junio». Y por último, la implantación —que aún no se ha completado, está en ejecución— de nuevos sistemas de seguridad y control de tráfico ferroviario que se encargan de supervisar la velocidad y garantizar el frenado seguro de los trenes en líneas de alta velocidad «por importe de 104,72 millones de euros, actualmente en ejecución».
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Ensidesa
Las imágenes compartidas por el ministro Puente en su cuenta de X muestran que, más allá de la soldadura, partes del carril acabaron también destrozadas. El del año 2023, que estaba soldado al de 1989, aguantó, según el ministro: “El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo, en concreto el número 312592Y101, fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025”.
Un bulo que ha circulado y que llegó hasta el ministro Puente obligó también a la empresa Arcelor-Mittal, la empresa fabricante del carril, a desmentirlo. Se dijo, incluso algún diputado del PP cayó en ello, que la aparición de la marca Ensidesa en un raíl, como sucedió en el quebrado en Adamuz, no podía ser compatible con un carril nuevo. Sin embargo, esto no es así. «La marca comercial Ensidesa se mantiene para el carril«, dijeron a Público fuentes de la siderurgia.
Las revisiones
También ha existido una polémica sobre el tipo de revisiones y las fechas en que estas se produjeron sobre el tramo siniestrado, debido a una confusión que Puente admitió, a su estilo, eso sí, en X: «Ayer era el carril, que era viejo. Hoy que he dado mal una fecha. En la rueda de prensa se distribuyó al acabar una nota completa de 12 folios, entre los que estaba el listado con las pruebas y revisiones a las que se sometió a la vía. Lo saben porque mandaron a un periodista a la rueda. Me puedo equivocar después de 16 entrevistas y tres ruedas de prensa, en una fecha, en una cifra. Para ello se distribuye una nota. A ver cuál es el próximo bulo».
Lo cierto es que existen dos discrepancias entre los datos aportados por Transportes en dos comunicaciones suyas, un resumen de prensa, que se puede consultar aquí, y en la «nota completa de 12 folios», que está disponible aquí. Los datos fundamentales, empero, son los mismos. Las discrepancias entre ambos documentos están en dos fechas, una en una de las auscultaciones geométricas de la vía, que dice 9 de septiembre, cuando debe decir 8 de septiembre, y otra en la de auscultación de vía por ultrasonidos, que dice 10 de noviembre, cuando debe decir 10 de septiembre de 2025.
Lo relevante de la información es lo siguiente: «La estructura de la vía [fue] objeto de todos los controles de calidad reglamentados, incluidos los exámenes de las 114 soldaduras del tramo, gracias a los cuales se detectan defectos no visibles a simple vista. Estos exámenes incluyen inspecciones visuales, utilización de líquidos penetrantes, pruebas geométricas y evaluación e inspección por ultrasonidos. Todas las soldaduras del tramo recibieron la aceptación por parte del gestor homologado, con el permiso vigente hasta noviembre de 2026″.
Vista de las vías despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz (Córdoba).
Y en concreto, el registro oficial de Adif con los datos obtenidos en el examen de la soldadura presuntamente involucrada en el accidente dio como resultado un «acta de inspección visual y geométrica», que dio como apta esta soldadura en ese examen.
Además, el tramo de vía, según Transportes, se sometió también a otros controles desde el día de su puesta en servicio en junio de 2025, también «con resultado positivo en todos ellos». Estos fueron los siguientes: «Auscultación geométrica, consistente en comprobar el estado de los parámetros de vía, a través de índices de calidad de vía y obtención de defectos puntuales. Esta prueba se realizó dos veces, el 8 de septiembre y el 13 octubre».
También «auscultación dinámica, consistente en el registro de la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía, midiéndose las distintas aceleraciones percibidas, para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha. Se realizaron cinco de estas pruebas el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre».
Además, se produjo, según Transportes, la «auscultación de la vía por ultrasonidos» el 10 de septiembre de 2025 y el 5 de octubre una «inspección y vigilancia a pie de vía». Esta «consiste en trabajos de inspección y vigilancia que se realizan a pie, y prospecciones realizadas a mano y/o con carros manuales» y en ellas «se revisan carriles, traviesas, balasto, sujeciones, geometría, cerramientos, entorno, drenajes, desmontes, terraplenes, viaductos, túneles, pasos superiores y muros, entre otros». También hubo una inspección de desvíos el 7 de enero, y trece bateos de vía a lo largo de 2025, «el último de ellos el 6 de noviembre».
El comienzo del año 2026 ha dado paso a la publicación de nuevas encuestas electorales de cara a unas posibles generales. Si a finales de 2025 la tendencia de ascenso de la ultraderecha ya era clara, en estos primeros compases del año se consolida claramente. El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo continúa en primera posición como fuerza más votada, según los sondeos, mientras que Vox no deja de crecer y el PSOE de Pedro Sánchez nota ya un desgaste claro.
Así lo reflejan los datos del último estudio de Key Data para Público, elaborado el 22 de enero. Los populares contarían con un 32,2% del voto, que le proporcionarían 137 escaños. Se trata de una cifra parecida pero ligeramente inferior a la del último estudio similar realizado en el mes de octubre. El partido de Feijóo tenía entonces un 32,3% y 139 escaños, dos más que ahora. El PP obtuvo precisamente 137 diputados en las elecciones generales que se celebraron en 2023 con un 33,1% del voto por lo que se mueve ahora en datos muy parecidos a los de la última cita con las urnas.
Al igual que sucedió en octubre, este estudio muestra la tendencia descendente de Feijóo. Este es el porcentaje más bajo del PP en los sondeos según los estudios de Key Data desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ese mes la intención de voto de los populares era de un 31,1%.
El PSOE tendría según el estudio un 26,5% del total de votos y 106 escaños. Los socialistas pierden casi un punto desde el último estudio, en el que las encuestas estimaban un 27,3%. La bajada en escaños es más pronunciada, pasando de 111 a 106. Se trata del peor dato de los socialistas desde julio de 2023, donde la estimación general de los sondeos reflejaba, según Key Data, una proyección de 103 escaños. En las generales del 23J, la fuerza que lidera Pedro Sánchez alcanzó los 121 diputados en el Congreso. Tras el estallido del caso Cerdán, el pasado julio de 2025, los socialistas también experimentaron una caída en los sondeos hasta los 107 escaños, según el estudio de Key Data de ese mes.
«El PSOE acusa el desgaste. Pierde cinco puntos y 15 escaños desde las últimas elecciones generales, lo que unido a la perdida de apoyos de su socio de Gobierno que, si acuden separados a las elecciones perderán más de la mitad de los escaños con los que cuentan actualmente, alejan la posibilidad de repetir el pacto con el que Sánchez obtuvo la investidura en 2023″, destaca Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
Respecto a Vox, el estudio pronostica un 17,9% de los votos para la fuerza liderada por Santiago Abascal. La extrema derecha se consolida firmemente en la tercera posición y podría tener 63 escaños, casi el doble de los obtenidos en 2023. Respecto al último estudio de Key Data elaborado en octubre, Vox sube 4 escaños y un 0,8 en porcentaje de voto.
«Las encuestas con las que empieza el 2026 muestran el auge de la extrema derecha en nuestro país. La misma tendencia que veíamos, con mayor o menor fuerza, en la mayor parte de las democracias occidentales y que marcan estos últimos años. El partido de Santiago Abascal empieza a crecer de forma sostenida y continúa coincidiendo con la victoria de Trump y en sintonía con sus homólogos europeos», señala Álvarez. «Esta fortaleza de Vox se ve también en los comicios autonómicos, donde la situación es similar», añade.
El partido de Abascal obtiene en este informe de Key Data claramente su mejor proyección desde las últimas elecciones generales en las que obtuvo 33 escaños. Es más, estos 63 escaños son la cifra más alta en los sondeos desde mayo de 2022, momento en el que las encuestas los aupaban hasta los 69 según el estudio publicado entonces.
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Recuperación de Sumar
En cuanto a la izquierda alternativa al PSOE, Sumar parece mejorar sus previsiones de voto. El espacio de Yolanda Díaz tendría un 7,2% y 11 escaños. Supone una subida respecto a octubre de dos escaños y un punto. En todo caso, los datos están lejos de los obtenidos en las elecciones de 2023, donde las urnas les adjudicaron un 12,3% y 31 escaños en una candidatura en la que también estaba integrado Podemos.
La fuerza morada que lidera Ione Belarra tiene en este Key Data tres escaños y un 4,2%. Son las mismas cifras que el pasado mes de octubre. Actualmente, Podemos cuenta con cuatro diputados en el Congreso, integrados en el Grupo Mixto desde hace más de dos años.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de enero.
En el resto de partidos el dato más destacado lo representa ERC, que sube en las encuestas. El partido liderado por Oriol Junqueras, con Gabriel Rufián como referente en el Congreso, tendría ocho escaños y un 2% del voto. Unos datos que suponen una mejora respecto a octubre, donde la fuerza republicana mantenía los siete escaños que tiene en la actualidad.
En cambio los sondeos reflejan un debilitamiento del partido de Carles Puigdemont. Este estudio de Key Data otorga seis escaños a Junts en un momento en el que las relaciones con el Gobierno de Sánchez están rotas. Mientras, ERC ha arrancado algunos pactos reciente con el Ejecutivo como el del modelo de financiación autonómica. Junts se quedaría en seis escaños, bajando uno de los que tiene actualmente y experimentando un descenso también en porcentaje de voto respecto a los anteriores sondeos.
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Por lo demás, el último estudio de Key Data no señala cambios relevantes en el resto de fuerzas. EH Bildu y PNV mantendrían sus seis diputados y el BNG podría sumar dos, uno más del obtenido en 2023, un dato que vienen pronosticando las encuestas en los últimos meses. La candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, se quedaría fuera del Congreso al obtener un 1,5% de los votos.
Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data.
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría más de 366.000 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP. Una cifra parecida es la del trasvase entre socialistas y extrema derecha, de 343.000 votantes. El trasvase más importante, sin embargo, se sigue produciendo entre PP y Vox. Habría más de 1,2 millones de antiguos votantes del PP que optarían ahora por la ultraderecha. Solo alrededor de 205.000 seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El mito griego de la hidra de Lerna, animal de múltiples cabezas que se renovaban cada vez que una de ellas era cortada, ilustra con cierta precisión en qué consiste el tráfico de drogas que se produce en España y singularmente Andalucía, una de las principales puertas de entrada de hachís, sobre todo, y cocaína, también, en Europa, según coinciden diferentes fuentes e informes consultados por Público.El 70% de las incautaciones de hachís y el 40% de las de cocaína en España se produjeron en 2024 en Andalucía, según la estadística sobre drogas que recopila cada año el ministerio de Interior.
Los trabajos y reflexiones de la Comisión Europea, de Europol, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Fiscalía Antidroga y de las Fiscalías provinciales y autonómicas, de las asociaciones de jueces y de las ONG que trabajan en la lucha contra los estragos personales y sociales que causan las adicciones describen un panorama en el que las organizaciones criminales, transnacionales, son extremadamente dinámicas y ocultan sus bienes con un alto grado de eficacia.
«Redes criminales de alto riesgo dominan el tráfico y el comercio de cocaína en la UE y generan miles de millones de euros en beneficios. Sus actividades se ven facilitadas por objetivos de alto valor, como intermediarios de contactos o de dinero, que facilitan el tráfico de cocaína en un entorno altamente fluido e interconectado», expone la Agencia Europea sobre Droga en su último estudio.
Europol (la agencia de policía europea) calcula en su último informe publicado por la unidad de Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE (EU-SOCTA, en sus siglas en ingles) que solo se recupera el 2% del botín: «La baja tasa de recuperación de activos en la Unión Europea sigue siendo un reto importante en la lucha contra la delincuencia organizada y financiera. A pesar de las sustanciales inversiones en recursos y de marcos legislativos sólidos, el decomiso de productos delictivos se mantiene en un nivel alarmantemente bajo, de aproximadamente el 2%«.
Añade Europol —al igual que lo aseguran jueces, fiscales, policías y ONG— que este es un asunto fundamental: «El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal. La dificultad para recuperar activos delictivos permite a las redes delictivas expandir sus actividades ilícitas e infiltrarse cada vez más en la economía legal. La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva«.
En Andalucía, según la Fiscalía Antidroga, existe la «conocida» y «preocupante instalación» en Málaga de «grandes organizaciones criminales». «Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos».
Diligencias abiertas en Málaga permiten «observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan» y cuyas redes se extienden por todo el globo. Hay diligencias abiertas en las que «son grandes organizaciones albanesas y chinas las que colaboran«, según Antidroga. El otro gran foco es Algeciras, en la provincia de Cádiz, que según los fiscales especializados «sufre una situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho». La Fiscalía de Algeciras mantiene también «una intensa actividad en la investigación de delitos de blanqueo«.
En Andalucía, además de la entrada de cocaína a través de los puertos, la Fiscalía Antidroga observa también «el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa». Esta es «una actividad que deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho que separa en solo 14 kilómetros a la península de Marruecos, productor del hachís que se transporta a las costas para seguir posteriormente a Europa, sin perjuicio de lo que queda en [España] para consumo nacional».
Más droga
A pesar de los sonados y publicitados golpes policiales y judiciales que los traficantes reciben cada dos por tres —según las estadísticas del ministerio del Interior cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio es cada vez es más rentable.
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Según el INE, que cada año clasifica el gasto en consumo final de los hogares, el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023 (8.222). Esta estadística supone la estimación más aproximada al volumen de negocio del narco, porque refleja compras finales, las del menudeo. La cifra, según el INE, es similar al gasto en fruta (8.829 millones), es superior a lo que se dispone para calzado (6.866) e inferior a la del alcohol, que se sitúa en 10.601 millones.
«Las estadísticas de incautaciones no son un dato definitivo sobre las cantidades disponibles en el mercado; sí lo son, sin embargo, los precios, y el bajo precio de la cocaína implica una gran disponibilidad de esta sustancia«, se recoge en la última memoria, del año 2025, de la Fiscalía Antidroga.
«El precio al por mayor ha bajado a la mitad», precisa a PúblicoFrancisco Mena, de la coordinadora Alternativas, que lleva cuatro décadas en la primera línea del activismo social contra la droga en el Campo de Gibraltar. «Estaba en unos 30.000 euros el kilo en origen, y ahora se ha reducido a la mitad. Es un fenómeno de los últimos años, hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria».
«El precio al por mayor ha bajado a la mitad. Hay superproducción en Sudamérica»
«Esto puede ir a peor. Todo lo que está haciendo Donald Trump, amenazando a los cárteles, ¿qué va a provocar? Esa droga va a buscar nuevos mercados. ¿Cuál es el mejor mercado que hay actualmente? El europeo. La cocaína que no entre en EEUU vendrá para Europa. ¿Por qué? Porque [los narcos] van buscando una sociedad que económicamente se puede permitir la compra», expone Francisco Mena.
Así se recoge en el Informe Europeo sobre drogas de 2025: «El tráfico de drogas ilícitas se adapta rápidamente a los acontecimientos geopolíticos, los conflictos regionales y los cambios en las rutas comerciales. En este contexto, se cree que los acontecimientos en Colombia, Brasil y Ecuador contribuyeron al aumento observado en el tráfico de cocaína hacia la Unión Europea por parte de grupos del crimen organizado. El cultivo y la producción de cocaína aumentaron en Colombia en 2023, impulsados por diversos problemas económicos y de seguridad».
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Y así lo expone Europol: «El aumento de la producción de cocaína en los países de origen de Latinoamérica ha alcanzado niveles sin precedentes, abasteciendo a la UE y a sus Estados miembros con cantidades sustanciales de la droga. Este aumento de la producción se alinea con la creciente demanda dentro de la UE, lo que garantiza un flujo constante de cocaína a los mercados europeos. Este equilibrio estable del mercado garantiza que el tráfico de cocaína siga siendo una actividad altamente rentable, lo que convierte al mercado de la cocaína en una perspectiva atractiva para las redes delictivas».
Paquetes de cocaína intervenidos en Algeciras, en 2023.
Laboratorios en España
Los casos de ejemplo que Europol ha elegido en su último informe para describir cómo funciona estos días el tráfico de cocaína y de hachís son ambos de Andalucía. Así describe el primero de ellos: «Una red criminal, compuesta principalmente por sospechosos colombianos y españoles, traficaba cocaína utilizando un método sofisticado para evitar ser detectados. Inyectaban cocaína base en cajas de cartón que contenían carga legal (como fruta). Una vez enviada en contenedores marítimos desde Colombia a Málaga, la red criminal extraía la cocaína base del cartón y la procesaba para obtener el producto final, listo para su distribución».
El cargamento partía de Colombia y llegaba al puerto de Málaga bajo la apariencia legal de exportación de fruta —a través de una empresa frutícola— y posteriormente el estupefaciente era transportado a un laboratorio instalado en Puebla de Montalbán (Toledo), según la Agencia Tributaria. En la operación fueron detenidas 28 personas, repartidas en Toledo (13), Madrid (ocho), Málaga (cinco) y Colombia (dos) y se intervinieron 47 kilos de cocaína, 20 kilos de cocaína base, 3.000 litros de precursores líquidos y 300 kilos de sólidos, tres armas de fuego, 20 vehículos y más de 245.000 euros en efectivo.
Las redes, en efecto, como se ha documentado en este caso, no solo exportan a Europa el producto final, la cocaína en polvo, sino que también comercian con el producto intermedio, la base de cocaína. «El procesamiento final se lleva a cabo en la UE.
Para reducir los riesgos y optimizar las ganancias, la cocaína se incorpora a diversos materiales. Posteriormente, se extrae mediante procedimientos químicos específicos. Los laboratorios para el procesamiento y/o la extracción de cocaína se encuentran principalmente en países de Europa occidental y meridional. Existen indicios de una mayor expansión de las actividades de extracción de cocaína en laboratorios de la UE«, afirma Europol.
«La finca que albergaba el laboratorio —asegura la Agencia Tributaria— contaba con un campo de olivos, una explotación ganadera y una plaza de toros. En esa plaza de toros, concretamente en la parte inferior del tendido, se encontraba instalado el laboratorio, que estaba dividido en diversas zonas, cada una de ellas con una finalidad específica y que, en conjunto, posibilitaba la producción de una gran cantidad de estupefaciente. Con el establecimiento de ese laboratorio, la organización pretendía crear una vía continua de producción en España, para lo que utilizaban equipos similares a los utilizados en los grandes laboratorios de Colombia».
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Mayor violencia y armas de guerra
Los fiscales detectan también que hay una mayor violencia, vinculada sobre todo a la cocaína, que mueve mayores cantidades de dinero. Así, la Fiscalía de Jerez refleja que existe una «situación mantenida» y sitúa «la alarma en la constatación del incremento de incautaciones de armas de fuego, muchas de ellas automáticas, que anuncian una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con materialización en un disparo realizado este año contra un agente de la Guardia Civil que trataba de impedir una descarga de una embarcación de alta velocidad».
Los propios guardias civiles lo notan. Así lo expone a Público el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería, Víctor Vega Romero: «Me decía un compañero: ¿Yo por qué no voy bien defendido contra estas mafias, cuando ellos van bien equipados con armamento, para los vuelcos y para sacar a los migrantes de las pateras?Llegará el día que lo usen contra nosotros. Esta escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas».
La Guardia Civil: «¿Por qué no voy bien defendido contra estas mafias?»
La Fiscalía de Huelva lo expresa, según recoge la memoria de Antidroga, en los siguientes términos: «Ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís según la fórmula riesgo/ganancia. El mayor problema derivado del tráfico de cocaína es el incremento de la violencia y la introducción de armas de guerra. Se han tramitado durante el año 2024 cinco procedimientos con depósito de armas de guerra en Huelva. Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municiones».
Fardos de droga y dos kalashnikov incautados por la Policía y la Guardia Civil.
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«O que las descargas de hachís —continúa— se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano, lo que ha causado una gran alarma social, no sólo a nivel provincial, sino también nacional. El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes para los famosos vuelcos, robos de mercancías entre ellos, así como para castigar las pérdidas de la mercancía. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de la ostentación de estas en redes sociales, con lo que la inquietud ciudadana es preocupante. Se ha llegado a tal punto que incluso existe una causa judicial en la que un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores», añade.
«Descargas de hachís se aseguran por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano»
Europol resume de este modo la situación: «Las redes de tráfico de cocaína tienden a usar la violencia con mayor frecuencia y recurren a formas más extremas que las redes que comercian con otros tipos de drogas. La violencia se utiliza principalmente internamente, dentro de la red criminal, para garantizar la disciplina y la cooperación, mantener el control y castigar a los socios por acuerdos fallidos. La violencia también se utiliza contra competidores en el mercado para establecer y mantener el poder».
Esto es lo que ha sucedido en Huelva, según la Fiscalía. Son «las mismas organizaciones criminales asentadas en la provincia que traficaban con hachís y que realizan ahora el transporte de cocaína». La presión policial en el Estrecho ha desplazado en parte la actividad hacia Huelva y hacia Málaga y, también, Almería, que se ha convertido, según la AUGC, «en la gasolinera de [los narcotraficantes]».
«El problema se hace mayor —exponen los fiscales— ya que [las organizaciones que operan en Andalucía] no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína. El río Guadalquivir es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa». También se han producido incautaciones de alijos en el Guadiana.
El informe europeo sobre drogas apunta a este respecto: «El tráfico ilícito de armas se caracteriza por una compleja interacción entre la oferta y la demanda, y contribuye a la expansión regional de la violencia relacionada con las drogas. Las fuentes de armas de fuego ilícitas cambian y se expanden aún más bajo la influencia de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la esfera en línea. La disponibilidad de armas en las zonas que salen de una crisis y zonas en guerra en países vecinos de la UE y países terceros también contribuye a esta expansión».
Un «desafío abierto» al Estado
Andalucía, escriben los fiscales Antidroga, «desde el punto de vista
de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace
notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que,
por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido». La «exhibición constante» y la «provocación» a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado «que realizan los narcotraficantes con
el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido», supone «un desafío abierto al Estado que
requiere una respuesta firme y adecuada».
«El uso de las narcolanchas a plena luz del día es un desafío abierto al Estado»
Existe, prosigue la Fiscalía, «alarma e impotencia ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir». Además, según Antidroga, «cada vez es más violento el uso de esta herramienta que, además de ser utilizada para el asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2023, ha provocado que otros cinco ocupantes de estas embarcaciones hayan fallecido durante 2024 y en 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último recientemente en aguas internacionales, frente a Barbate».
Ofrenda floral en homenaje a los guardias civiles fallecidos en el puerto de Barbate.
El petaqueo
La última memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge los problemas que causa el fenómeno del petaqueo, el suministro de gasolina a las narcolanchas, que se ha extendido hasta Almería: «Varias fiscalías refieren algunos cambios en la actividad de organizaciones dedicadas al
tráfico de drogas, que, como señala el fiscal de Almería, han mutado convirtiéndose en
abastecedores de gasolina a narcolanchas que operan no solo en esta provincia sino en
todo el litoral andaluz. Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han
convertido en refugio de narcolanchas ante situaciones de inclemencia marítima».
«Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han convertido en refugio de narcolanchas»
El petaqueo es una actividad «especialmente lucrativa», según los fiscales y «aparentemente desprovista de las consecuencias penales» y está «extendiéndose alarmantemente». Según se expone en un trabajo reciente, un informe especial, muy trabajado, titulado El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal y publicado en el boletín de la AUGC, «un motor fueraborda V6 de 300 caballos, de 350 caballos o V8 de 425 caballos pueden gastar más de 110 litros a la hora de navegación, esto multiplicado por el número de motores de una narcolancha supone que de tres motores el consumo es 330 litros a la hora a toda máquina».
Este nivel de consumo provoca «que las narcolanchas no tengan mucha autonomía». «Por ejemplo, de Marruecos a Sanlúcar de Barrameda ha podido consumir casi todo el combustible que llevan a bordo. Y hay que pensar que las narcolanchas no tienen medidas de seguridad naval, son embarcaciones en su mayoría artesanales, todo un peligro en caso de incendio. Pero aun más peligro corren las personas que realizan el apoyo a las narcolanchas con el petaqueo, porque suelen llevar de 600 a 1.000 litros y más, de gasolina, son cantidades que son claramente catalogadas como mercancías peligrosas», se recoge en este documentado trabajo.
Las petacas de gasolina son «aproximadamente de veinte, veinticinco y treinta litros»; siempre «tiene que existir una porción de aire para los gases, por ejemplo si son de treinta litros, solo
rellenan veinticinco litros». «Cada garrafa puesta en la narcolancha cuesta aproximadamente entre trescientos y quinientos euros, según la dificultad de hacer la entrega y la urgencia que
tenga la narcolancha», se lee en el estudio.
La AUGC en Almería plantea sobre este asunto las dificultades legales para perseguirlo: «Hemos visto estos años cómo en el mundo narco, una mafia de muchas cabezas, ha proliferado [el petaqueo]. Almería [se ha convertido] en la gasolinera de Europa y en el basurero de estas gasolineras. El mundo de la petaca no está bien legislado. Se dan piruetas legislativas o sanciones administrativas. Cuando se ha hecho una gran operación, ha sido por ingeniería legislativa».
La memoria de la Fiscalía Antidroga lo confirma: «Algunas operaciones han permitido demostrar la vinculación del petaqueo con el tráfico de drogas. En el resto de los casos, la Fiscalía ha comenzado a presentar acusaciones por delito de tenencia de sustancias inflamables. En Cádiz, la Fiscalía ha emitido una nota interna analizando «las posibilidades de que determinadas actividades de petaqueo puedan ser consideradas delictivas».
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que había estimado un recurso de la Fiscalía y había condenado con ocho años de cárcel y dos multas de 180.000 euros cada una a un petaquero multirreincidente: «La conducta enjuiciada consistió en la tenencia ilegal de 1.300 litros de gasolina y en su transporte por vía marítima distribuidos en 52 garrafas, siendo palmario que su poseedor conocía la peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil de dicho producto y que asumía tal grave riesgo, habiendo incurrido por tanto en el delito tipificado en el artículo 568 del Código Penal como promotor responsable de esa posesión y transporte que efectuaba».
Fuentes del ministerio del Interior aseguraron que el departamento estudia junto al ministerio de Justicia «posibles reformas del Código Penal que permitan mejorar la lucha contra las organizaciones que se dedican a estas labores logísticas de aprovisionamiento de combustible». Para la AUGC, ya van tarde.
El Ministerio del Interior aseguró a Público: «El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar incorpora de manera expresa la necesidad de erradicar las redes de abastecimiento de combustible y víveres que actúan como apoyo logístico a las denominadas narcolanchas».
Fruto de la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según Interior, «ha sido posible decomisar [casi dos millones de litros] de combustible para abastecer a las embarcaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando, desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2025″.
Migrantes
La Guardia Civil ha detectado también que, como otra forma de negocio, en periodos de espera entre alijo y alijo, las narcolanchas son en ocasiones utilizadas para el transporte de personas migrantes. «Tratan la emigración como si fueran fardos de drogas. Hemos visto cómo desalojan las pateras con gran violencia», lamenta el portavoz de la AUGC en Almería.
El trabajo El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal también describe así esta actividad: «Se desarrolla de la siguiente manera. Suele acontecer en la época estival, varios narcotraficantes pilotan motos de agua de gran cilindrada. […] Cada narco lleva en su moto de agua varios fardos de hachís […] y a una persona migrante, la cual es menor de edad, el cual va montado detrás del narcotraficante. Esta persona migrante ha pagado por su viaje entre dos mil y tres mil euros, para que le transporten a España».
«Si se encuentra —se lee en el estudio— con alguna patrullera en el trayecto y se produce una persecución, el narco le dará una patada para tirarlo al agua, para anular el seguimiento. Estos menores no llevan ningún chaleco salvavidas o flotador, con el que puedan ayudarse a flotar en el caso de terminar en aguas del Estrecho de Gibraltar. La vida de la persona migrante es lo principal, por lo que las patrulleras se paran en el mar a iniciar el rescate, porque estas personas corren un peligro inminente de ahogamiento o de padecer hipotermia».
Capacidad de corrupción
«Lo que podría parecer en los últimos años una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando efectivamente más potencial de daño, utilizando más violencia y una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real y que conduce a un deterioro de la seguridad y una merma de confianza en las instituciones públicas», considera la Fiscalía Antidroga.
El narco tiene «una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real»
Casos como el del inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior en Madrid, que fue arrestado y al que se le encontraron más de 15 millones de euros en su casa, perduran en la memoria. En España, entre 2011 y 2021, fueron detenidos 148 guardias civiles por vínculos con el narcotráfico.
«El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo. Afortunadamente, en este país no tenemos la situación de otros lugares. Nuestros sistema de garantías hace que no puedan corromper o no puedan llegar [a numerosos lugares]», afirma Francisco Mena, de la coordinadora Alternativas.
El caldo de cultivo
Ante las cifras de detenidos vinculados a las redes del tráfico, miles cada año en Andalucía, Mena se plantea: «¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio, por mucho que veamos en titulares nombres de los clanes… pero estos eran meros transportistas. Los que ganan dinero de verdad no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres. Son los que llegan al acuerdo con el productor y el comprador y ellos son los que realmente ganan dinero».
«Los que ganan dinero de verdad, no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres»
«Y los que descargan droga, hay que ver cuál es la situación de pobreza y de paro —prosigue Mena— en la que viven. No es justificable pero es la realidad: cuando alguien no tiene capacidad económica para subsistir, son tentados por el narcotráfico. De ahí se nutre el narcotráfico: del paro, la pobreza y la exclusión social. ¿Alguno dice de quién es la droga? Jamás, no por miedo, sino porque si mantienen la boca cerrada los van a tener protegidos a él y a su familia en la calle. Esto está montado de una forma mercantilista cien por cien. Es un negocio y hay gente que por la situación de pobreza entiende que el narcotráfico es la solución a sus problemas económicos». El desempleo en el Campo de Gibraltar es endémico, hay barrios donde la desesperanza y la falta de oportunidades son la norma.
«Esto no tiene arreglo. La bajada de la demanda puede [llevar la situación a] unos términos aceptables: educando, y aplicando políticas sanitarias, educativas y de concienciación. Ese es el trabajo que hay que hacer. Se puede vivir sin drogas, no es necesario consumir nada para ser feliz. Una raya llega en cualquier fiesta y la encuentras. Por eso hablamos de un plan integral. No solo se trata de políticas policiales, que hay que tenerlas, sino de darle oportunidades a la gente«, reflexiona Mena.
Reivindicaciones y cambios legales
El narco dispone de medios de los que carecen las fuerzas de seguridad, según lamentan policías y guardias civiles. Submarinos, drones, embarcaciones… todo sirve para transportar la droga. Europol recoge en su último informe el ejemplo de una red criminal que utilizaba helicópteros modificados para traficar cannabis desde Marruecos al sur de España. «Una vez en España, la droga se transportaba a Francia en vehículos o camiones pesados con matrículas falsas. Como contramedida, se utilizaban múltiples identidades falsas y la red utilizaba empresas fantasma para blanquear las ganancias del tráfico y comercio ilícitos. Las ganancias se utilizaban posteriormente para desarrollar y avanzar su negocio, incluyendo la mejora y expansión del sistema de tráfico», recoge la Agencia de Policía europea.
Tanto guardias civiles como policías como fiscales y jueces vienen reclamando más medios, de todo tipo, materiales y de personal (también el establecimiento de un complemento de peligrosidad), y cambios legales que faciliten la labor de investigación del blanqueo, sobre todo, para poder llegar a una condena, frente a equipos legales muy preparados. Por ejemplo, la asociación de jueves Francisco de Vitoria, tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, reclamó que la Audiencia Nacional asumiera la competencia sobre todos los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos, «con incremento de medios para su instrucción y posterior enjuiciamiento». Ahora mismo, la Audiencia Nacional se ocupa de las causas más relevantes, las que afectan a más de una provincia.
En varias líneas férreas de alta velocidad, las más transitadas del país, operan hoy las empresas Iryo (participada por la compañía estatal italiana Trenitalia) y Ouigo (que pertenece a la estatal francesa SNCF). Ambas compiten con Renfe. El Gobierno abrió el mercado ferroviario en el año 2020, en cumplimiento de las directrices europeas. Esa liberalización ha generado diversos efectos, algunos de ellos beneficiosos, como la captación de viajeros y por tanto una reducción de las emisiones de CO2 y, de cara al usuario, el abaratamiento de los precios, pero también ha causado otras consecuencias, una especie de cara B, como una mayor presión sobre la infraestructura debido al aumento de viajeros y de trenes. Una de las piezas fundamentales del sistema, el canon que las empresas pagan a Adif por el uso de la red ferroviaria, también ha sido —y es— objeto de polémica. Las compañías buscan aún la rentabilidad: de momento, lo que han obtenido son pérdidas.
En el horizonte asoma ahora la privatización, también a instancias de la Comisión Europea, de los servicios conocidos como Obligación de Servicio Público (OSP), los trenes de cercanías, media distancia (Avant también) y ancho métrico. Renfe los define así: «Hay servicios que no resultan rentables desde el punto de vista económico, pero sí desde otros puntos de vista. En estos casos, el Estado los subvenciona». Ahora mismo, según expone la CNMC y confirma a Público el Ministerio de Transportes, todos los servicios «sujetos a OSP los presta Renfe mediante adjudicación directa».
«La mayoría —según la CNMC y el Gobierno— se rigen por el contrato de servicio público firmado el 18 de diciembre de 2018, vigente hasta 2027 y prorrogable por cinco años. Inicialmente estaba previsto que algunos servicios (como mínimo que supusieran el 3% del valor del contrato) empezaran a prestarse por operador adjudicatario de una licitación pública el 1 de enero de 2026, pero una reciente adenda, pospuso esta fecha hasta el 1 de enero de 2028″. Ahora el Gobierno negocia con las compañías la apertura. «Estamos con los trámites. Se ha mandado a los operadores [a las empresas] el programa y aún faltan seis meses para que hagan una propuesta», agregan a Público fuentes del ministerio de Transportes. Las compañías han manifestado interés en función de la rentabilidad que les pueda aportar.
La liberalización del mercado no ha operado igual en todos los corredores. Las empresas han entrado en la línea entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y la costa medirerránea y la conexión con el sur —en la que se produjo el descarrilamiento del tren de Iryo a la altura de Adamuz, en Córdoba—. Ouigo fue la primera empresa en empezar a prestar servicios, el 11 de mayo de 2021 en el corredor
Madrid-Barcelona. Dede enero de 2025, hay, en esos tres corredores, tres operadores
compitiendo, (Renfe, Iryo, y Ouigo), con cuatro marcas comerciales (Renfe tiene dos, AVE y AVLO).
Además, «Ouigo opera las rutas Madrid-Segovia-Valladolid – incluyendo conexiones transversales con Valencia y Alicante- y Madrid-Murcia. Iryo, por su parte, ofrece servicios transversales entre Barcelona y Sevilla», recoge la CNMC en su último estudio, publicado hace tres meses, que lleva por título Balance de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril.
Redes de alta velocidad y número de operadores por red.
Uno de los elementos clave de la liberalización es lo que se conoce como el canon ferroviario. Las empresas, incluida Renfe, pagan a Adif, la empresa pública encargada del mantenimiento de la infraestructura, una tarifa que «se orienta a trasladar al operador ferroviario todos los costes directamente imputables al servicio«, según la empresa pública. Esta cuestión, que está también directamente relacionada con el precio del billete —porque se repercute al usuario—, ha generado tensiones entre Gobierno y operadoras.
Existió una discusión con Ouigo porque Transportes entendía que sus precios perjudicaban a Renfe y consideraban que esta empresa podía pagar más por el canon. Ouigo argumentaba, por el contrario, que el canon perjudicaba sus expectativas de negocio e implantación en esta primera fase. Los cánones, según la CNMV, constituyen «aproximadamente el 50% de los costes de Iryo y Ouigo, y el 34% de los costes de Renfe (el menor peso en los costes de los servicios comerciales se debe a la mayor presencia entre sus servicios de rutas y servicios con cánones reducidos, como los corredores de Galicia y el norte)».
La competencia entre tres operadores y cuatro marcas comerciales en España ha dado lugar a una mayor caída de precios que en otros países donde solo hay dos operadores compitiendo. Entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia bajaron un 33% (un 44% ajustado por la inflación), según un estudio encargado por la Comisión Europea, que lleva por título Study on passenger and freight rail transport services’
prices to final customers: final report, publicado en el año 2024.
¿Es suficiente lo que pagan Renfe, Ouigo e Iryo por este canon? Esta una cuestión que ha generado fricciones, no solo con las empresas, a lo largo de los años, sino también con Europa.
Al principio, el canon se fijaba a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y tenía la consideración de tasa, pero a la Unión Europea no le convencía que fuera así por razones de armonización del espacio europeo y porque limitaba la independencia de los gestores ferroviarios, según se recoge en el informe de gestión de Adif AV. Ello derivó en un cambio legislativo, que se efectuó en 2022 en la Ley del Sector Ferroviario. El canon, ahora, tiene la consideración de prestaciones públicas no tributarias y lo fija Adif cada año mediante un reglamento que se publica en el BOE. La primera vez que se usó este nuevo sistema fue en noviembre de 2024.
Adif Alta Velocidad obtuvo, según el último informe de gestión, 563 millones en 2022, 727 millones en 2023, y 783 en el ejercicio de 2024. El presupuesto destinado al mantenimiento en 2022 fue de 368,1 millones, en 2023, de 376,7 millones, y en 2024, de 444 millones. Sin embargo, los costes de explotación de la empresa pública, en esos tres años, según recoge el informe de la CNMC, estuvieron por encima de los 1.000 millones de euros, lejos de lo recaudado por el canon. Este periódico preguntó a Adif si el canon era el correcto para cubrir las necesidades o era necesario un incremento, pero no había obtenido la respuesta en el momento de publicación de esta información.
El canon, según la CNMV, que viene a ejercer un papel de árbitro entre Adif y las empresas en este asunto, consta de dos partes: la tarifa recoge los costes directos de la infraestructura; es decir, los costes que son variables con el tráfico y que deben siempre trasladarse a las empresas ferroviarias. Los recargos sirven para recuperar el resto de los costes de los administradores, pero «solo pueden trasladarse si el mercado puede aceptarlos», afirma la CNMC, que ha instado en alguna ocasión a rebajas en estos recargos.
La Ley de Seguridad Ferroviaria, según el informe de gestión de Adif, «regula el régimen económico y tributario del sector ferroviario tratando de alcanzar el equilibrio entre la viabilidad económica del sistema y el fomento del transporte ferroviario. Se persigue incentivar la mejora del funcionamiento de la red, la reducción de perturbaciones, la optimización del uso de la infraestructura y la disminución de los costes de su puesta a disposición».
Pérdidas
La liberalización, de momento, solo ha traído pérdidas a las compañías, incluida Renfe, que en 2019 había obtenido beneficios de más de 130 millones de euros, según el informe de la CNMC.
«Desde 2020, Renfe, Iryo y Ouigo han perdido, en conjunto, 1.203,5 millones
de euros. En 2020-2021, en plena pandemia de Covid-19, las pérdidas fueron de
751,5 millones, y entre 2022 y 2024, de 452 millones. Por empresa, las pérdidas
acumuladas son de 842 millones de Renfe, de 170 millones de Iryo y de 191 millones de Ouigo. En 2024, las pérdidas bajaron a 99,5 millones, desde los 219 millones
de 2023″, se lee en el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
«El conjunto de las empresas ferroviarias facturó 1.925 millones de euros por sus servicios comerciales en 2024, un 11,9% más que en 2023 y un 20,3% más que en 2019. Los costes, por su parte, aumentaron un 35,6% entre 2019 y 2024, por el incremento de la actividad», recoge la CNMC.
El caso de España —y de Renfe— es especial en Europa, según el estudio de la CNMV: «Solo en España (que agotó el plazo para la liberalización, como lo hizo también Francia) la cuota de mercado del operador histórico ha descendido de forma notable. En Francia, SNCF Voyageurs mantiene una cuota superior al 99%«. Iryo y Ouigo tuvieron, en 2024, entre los dos, una cuota de mercado del 34% en el conjunto de los servicios comerciales de alta velocidad, similar a la de 2023. En 2022 estaban en el 14%. Renfe ha ido perdiendo comba.
Más viajeros
La liberalización también ha empujado a un aumento de viajeros. En 2024, según la CNMC, los servicios comerciales tuvieron 49 millones de viajeros, de los que
39,6 millones fueron de alta velocidad y 9,2 de larga distancia convencional. Estos 49 millones de
viajeros son 14,4 millones más que en
2019, un 41,6% más. Viajeros en alta velocidad fueron 17,2 millones más en 2024
que en 2019, un aumento del 77,2%. Sin embargo, en las rutas sin competencia donde solo opera Renfe, la diferencia entre 2019 y 2024 fue de 200.000 viajeros, de 14,3 millones a 14,5 millones.
Entre los aspectos más beneficiosos del aumento de viajeros está la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ligada al ferrocarril. En 2024, el tren alcanzó una cuota del 56,5% en el transporte público de larga distancia en España, 5,2 puntos porcentuales más que en 2019. Entre 2019 y 2024, el tren creció
un 40%, el autobús un 24% y el avión se mantuvo estable. Todas las rutas de ferrocarril de alta velocidad han ganado cuota desde 2019, excepto el recorrido entre Madrid y Málaga, donde «ha aumentado más el número de viajeros de avión (95%) que de tren (58%)».
Entre 2019 y 2024, según el estudio de la CNMC, los viajeros captados del modo aéreo fueron aproximadamente 0,9 millones; del autobús 0,4 millones; del vehículo particular 3,7 millones. «Se estima —añade el regulador— que la liberalización ha generado unos ahorros netos de costes externos de 171,8 millones de euros, que proceden, principalmente, de la captación de viajeros del vehículo particular (163 millones)».
«El trasvase de viajeros del avión y la carretera al ferrocarril genera ahorros en costes externos (polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido). […] Los viajeros que han dejado de usar el modo aéreo o la carretera en
sus desplazamientos, y se han pasado al modo ferroviario, han ahorrado más de 220.000 toneladas en emisiones de dióxido de carbono y otros gases
contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, cuya emisión se estima
reducida en 1.180 toneladas», según la CNMC.
Más trenes
La flota de la alta velocidad alcanzó las 152 ramas —que en el argot significa composición indivisible de un tren de viajeros— 56 más que en 2019. Las empresas ferroviarias han adquirido 32 ramas adicionales de alta velocidad, lo que supone que la oferta de plazas se incrementará en los próximos años, especialmente por la ampliación de la flota de Renfe. En 2024 circularon por la red de
alta velocidad 106.282 trenes, 33.848 más que en 2019, un incremento del 46%.
El último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria recoge que en el año 2022 se produjo un aumento de las deformaciones de vía, uno de los así llamados «precursores de accidente». Aunque la Agencia, en el trabajo, no vincula este hecho a la liberalización en ningún momento, sí recoge lo siguiente: «El valor registrado en 2024 supera claramente la media de los cinco años anteriores, y especialmente del periodo previo a 2022, lo que confirma una situación más estructural que coyuntural«.
El informe añade que Adif ya ha empezado a controlar este asunto: «La contención del número de deformaciones de vía [ha pasado de 446 en 2022, el valor más alto, a 398 en 2024, aun por encima de las 284 de 2019] ha sido, al menos en parte, resultado de las actuaciones llevadas a cabo [por Adif]. Además, durante 2024, los registros responden a un procedimiento sistemático de evaluación. Cuando un maquinista comunica la posible existencia de una deformación, el aviso se traslada a los servicios de mantenimiento, que [realizan] las mediciones correspondientes. […] Este proceso de verificación, además de garantizar la fiabilidad del registro, facilita la planificación de actuaciones correctivas».
Puntualidad
El informe de la CNMC recoge analiza también lo sucedido en este tiempo con la puntualidad de los trenes. «El modo ferroviario —expone— sigue siendo más puntual que el aéreo. Vueling, que es la
cuarta compañía europea más puntual, tiene un 81,8% de sus vuelos llegando
con hasta 15 minutos de retraso, e Iberia, que es la séptima, un 80,7%. La puntualidad del [tren] con este umbral es del 94% en las principales rutas con competencia». Eso sí, «en el corredor Madrid-Barcelona la puntualidad ha caído 15 puntos entre 2019 y 2024, pero el número de circulaciones ha aumentado un 107%».
Añade el trabajo: «Debe tenerse en cuenta [también] que la puntualidad
del modo ferroviario en 2023 y 2024 se ha visto afectada por el elevado número
de obras en ejecución en la red, que aumentan la probabilidad de incidencias.
Las obras han pasado de 150 en 2019 (once en alta velocidad) a unas 450 en 2022,
y a más de 500 en 2023 y 2024 (45 en alta velocidad). Por ejemplo, la
renovación de la línea Madrid-Sevilla, cuya puntualidad se redujo en 2023, se
tradujo en cerca de 40 intervenciones a lo largo de su recorrido».
El primer día «haga una parada en Jericó», en la Cisjordania ocupada. El cuarto, «visite la ciudad antigua de Jerusalén», al este de la urbe santa. Muy cerca encontrará el «Monte de los Olivos» y el «Monte Sión». El quinto día, conduzca hasta Belén, donde según la mitología cristina y hebrea, María dio a luz a Jesús. Para llegar, es posible que pase por varias aldeas palestinas cuya población no puede desplazarse como usted. El sexto día, podrá «viajar hasta
Qumrán», al noreste del Mar Muerto. Si le sobra tiempo, se le recomienda «entrenar con las FDI» o visitar las «Alturas del Golán», en la Siria ocupada.
Estos son solo algunos de los destinos que empresas israelíes ofertan desde sus expositores en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026, se celebra entre el 21 y el 25 de enero en Madrid. El evento, organizado anualmente por Ifema desde 1981, es uno los más relevantes del sector. Israel no ha faltado nunca a esta cita. Tampoco sus autoridades competentes en materia turística.
Este año ha sido Mijael Itzhakov, director general del Ministerio de Turismo de Israel, quien ha inaugurado el espacio del país en la feria. «Os queremos. Os necesitamos. Tenemos mucho que ofreceros. Sé que aquí tenéis unos malos políticos, pero el turismo está por encima de la política», ha declarado frente a la prensa. El español es único Gobierno de la UE que, tras dos años de protestas sociales, ha establecido un embargo de armas a Israel, si bien diversos colectivos insisten en que su contenido es aun muy tibio. Otros países, como Eslovenia, Países Bajos o Bélgica, han tomado medidas similares para reducir el comercio de material militar con Israel.
Sin embargo, no es solo la industria armamentística lo que permite la colonización de palestina. También lo hacen todos aquellos sectores que normalizan la expansión de Israel. Desde la plataforma que le ofrece el Fitur, el Estado sionista promociona visitas turísticas a los territorios palestinos que, tal y como han señalado en reiteradas ocasiones varios organismos de la ONU, Israel ocupa ilegalmente.
Desde 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha emitido seis resoluciones en las que exige a Tel Aviv que se retire de Palestina. Esta indicación ha sido ignorada por los sucesivos Gobiernos israelíes, sin que esto haya tenido consecuencias. No solo eso: Israel lleva años ampliado sus colonias en estos territorios. Solo en 2025, los colonos israelíes crearon 86 puestos de avanzada nuevos, según los datos de Peace Now. En total, son 224 los asentamientos cuya situación Tel Aviv regulariza poco a poco. La ultima anexión oficial se produjo el pasado 19 de enero, cuando sus autoridades declararon como Tierras Estatales otros 0,7 kilómetros cuadrados en Cisjordania.
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«Utilizan esta plataforma para lavar su imagen por los crímenes que comenten y de las vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos», ha relatado a Público Ibán Vázquez, activista del Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS). Esta es una práctica habitual del Estado israelí, denuncian desde la organización. Su participación en competiciones internacionales deportivas internacionales, como la Vuelta Ciclista a España, o culturales, como Eurovisión, han despertado una ola de críticas entre los sectores sociales más comprometidas con los derechos humanos.
Sin embargo, para Vázquez, el caso del Fitur «es especialmente sangrante» porque «vienen a decir que allí no pasa nada». El activista considera que Israel «pretende presentarse como una potencia turística ofreciendo viajes a los territorios palestinos ocupados mientrasviola sistemáticamente los derechos humanos y la legalidad internacional». Hasta que los dirigentes israelíes no la respeten, el BDS pide a Ifema que «no los invite a participar».
Esa exigencia ya se ha cumplido en el caso de Rusia. Después de que Moscú transgrediera la normativa internacional al invadir ilegalmente el territorio ucraniano en febrero de 2022, la UE puso en marcha su mecanismo de sanciones para castigar el comportamiento de Rusia. Este año, ninguna empresa del gigante euroasiático participará en el Fitur.
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Este periódico se ha puesto en contacto con Ifema para saber si han evaluado la petición del BDS. La respuesta de la entidad organizadora del evento ha sido la siguiente: «Israel ha participado en Fitur de forma ininterrumpida desde la primera edición de la Feria Internacional del Turismo en 1981, mientras que Palestina viene estando presente desde 1998. Ambos están presentes en esta edición.»
El impacto del genocidio en la imagen de Israel
«El turismo se encuentra en la crisis más grave que jamás haya conocido, y el presupuesto del Ministerio es escaso», afirmó a finales de agosto de 2025Haim Katz, ministro de Turismo de Israel. Desde el inicio del genocidio, el Gobierno del ultraderechista, Benjamín Netanyahu, ha recortado las partidas de todo aquello que no sumara esfuerzos a la causa militar en Gaza.
La ferocidad con la que Tel Aviv respondió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 -en los que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas-, ha degradado la imagen pública del estado mediterráneo en los países occidentales. Esto no es algo menor para el principal aliado de Europa y EEUU en Oriente Medio. En noviembre de 2025, el antiguo portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, mostró su preocupación por el hecho de que las fuerzas armadas estaban «perdiendo la guerra en las redes sociales».
Ninguna campaña propagandística ha podido ocultar los cuerpos de los más de 71.500 gazatíes asesinados por el indiscriminado fuego israelí. Tampoco la destrucción de aproximadamente el 80% de las infraestructuras de la Franja, ni las declaraciones de algunos dirigentes y líderes de opinión israelíes llamando al exterminio de los palestinos. Según las estimaciones realizadas recientemente por Público, entre el 7-O y el 3 de diciembre de 2025, Israel habría asesinado o herido al 11% de la población gazatí.
La matanza ha llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación contra Benjamín Netanyahu y su ex primer ministro de Defensa, Yoav Gallant por la posible comisión de crímenes de guerra en Gaza. Desde noviembre de 2024, ambos mandatarios tienen una orden de busca y captura que debe ejecutarse en el momento que alguno de los líderes pisen algunos de los territorios de los países firmantes del Estatuto de Roma. La mayoría de los estados europeos pusieron su rúbrica en dicho texto, razón por la que el primer ministro israelí no ha acudido el Foro de Davos que se celebra actualmente en la ciudad suiza.
«La circulación de trenes a velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora, es decir 180, a 200, a 250 o a 300 influye mucho sobre las necesidades de mantenimiento de la infraestructura, la capa de balasto (grava), las traviesas, carriles y aparatos de vía. A esas velocidades tan altas, el tren transmite a la infraestructura solicitudes de resistencia mucho mayores que las circulaciones por debajo de los 160 kilómetros por hora. Por eso las vías deben ser auscultadas, hacer mantenimiento nocturno sin circulación de trenes y pasar con el tren auscultador antes de comenzar los servicios diarios de transporte«, asegura a PúblicoJosé Luis Ordóñez, portavoz de la Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social.
España gastó en el año 2024 en mantenimiento 444,3 millones de euros, lo que supone unos 111.000 euros por kilómetro de vía, según se expone el último informe de gestión de la empresa pública Adif-Alta Velocidad, encargada de este asunto. «No se debe priorizar la apertura de líneas, sino atender antes a lo que ya tenemos. El dinero que se destina cada año al mantenimiento debe ir en aumento, porque hay más trenes circulando desde la liberalización. El contexto ha cambiado desde 2021, cuando se abrió el tráfico a la competencia, por lo que la infraestructura y señalización está sometida a mayor estrés y por tanto requiere una mayor dotación de fondos», afirma Carlos Gutiérrez Hita, profesor de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Miguel Hernández.
Esto es lo que ha hecho Adif en los años pasados. Poco a poco ha ido incrementando el presupuesto destinado al mantenimiento, hasta los 111.000 euros de 2024. Según sus datos, el gasto en 2022 fue de 368,1 millones, lo que implicaba 92.800 euros el kilómetro y en 2023, de 376,7 millones, a razón de 94.800 euros el kilómetro de vía. «De media, los administradores de infraestructuras [en Europa] gastan 113.000 euros por kilómetro de vía principal al año en mantenimiento y renovación. SBB (Suiza), ProRail (Holanda) y DB (Alemania) registran los mayores gastos en mantenimiento y renovación, con más de 140.000 euros por kilómetro de vía principal«, expone el último informe Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe, el más fiable, según los expertos consultados por Público.
La comparativa, empero, con Europa es muy complicada —no basta la cifra, sin más—, porque hay numerosas variables que cambian en cada país. Ese trabajo europeo recoge por ejemplo las siguientes: «Los costes operativos dependen de diversos factores. El tamaño y la complejidad de las redes son tan relevantes como la utilización de los trenes. Por ejemplo, una red con un número relativamente elevado de agujas y un alto grado de electrificación y pasos a nivel es más propensa a fallos y requiere más intervenciones».
Así, en España, además, las vías aún se pueden usar más, según plantea la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el balance que ha efectuado sobre la liberalización del mercado en esta década, lo que ha incrementado el número de viajeros y viajes: «Aunque ha aumentado en los últimos años, el uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetro de red, es menor que en Francia (96 circulaciones) e Italia (248 circulaciones), lo que muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura«.
El informe Platform of Rail Infrastructure Managers in Europe, agrega: «Los túneles y puentes no solo deben revisarse con mayor frecuencia, sino que también implican sustituciones y reparaciones más costosas y sofisticadas. Las vías con mucho tráfico están sujetas a un mayor desgaste. El estado y la antigüedad de los activos también son relevantes: las inversiones realizadas en el pasado se amortizan y reducen los costes operativos posteriormente».
La renovación completa de la vía entre Madrid y Sevilla, en la que se produjo el accidente de Adamuz, y que la primera del país —se inauguró en 1992— ha costado 700 millones. El trayecto consta, entre otros puntos, de nueve viaductos con los que la línea sortea Sierra Morena a lo largo de un tramo de 32 kilómetros, lo que, según Adif, supuso «un gran reto técnico y de planificación». Los trabajos se concentraron en horario nocturno, cuando no hay circulación comercial, y se alternaron las vías «para contar siempre con una disponible para la circulación».
La red de alta velocidad en España.
Los sindicatos echan de menos una mayor inversión en lo que se conoce como «mantenimiento preventivo». Explica Joan Rodríguez del Sindicato Ferroviario a Público: «Cuando hablamos de mantenimiento lo podemos dividir en tres grupos; el mantenimiento preventivo nos ayuda a prever, mediante revisiones o actuaciones rutinarias, una incidencia; el mantenimiento correctivo se ejecuta una vez ha sucedido una incidencia y actuamos para reparar el componente o sustituir esa pieza, y luego está el mantenimiento predictivo: según el tipo de maquinaria, o en este caso los trenes, podemos seguir en tiempo real el comportamiento de una máquina para poder analizar variaciones y poder actuar antes de que suceda una avería. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que hay que poner el foco en el mantenimiento preventivo para poder detectar fallos a tiempo y evitar que tengamos que recurrir al correctivo».
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«La asignación de gasto de Adif y las prioridades del estado sobre la gestión de las
líneas de Alta Velocidad están sometidas a diferentes opiniones —resume el profesor Gutiérrez Hita—. Desde el sindicato de
maquinistas y diversas voces desde los expertos ingenieros en tecnología e infraestructura
ferroviaria se demanda una mayor inversión en mantenimiento y adecuación tecnológica antes
que la apertura de nuevas líneas».
«La actividad de mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias es permanente, y sobre todo en las que tengan más uso. Adif tiene personas con gran conocimiento en cómo mantener las vías y todos los sistemas de electrificación y señalización o control del tráfico», señala Ordóñez. «Esto se financia con el canon que abonan las empresas transportistas ferroviarias por el uso de la infraestructura, con los Presupuestos Generales del Estado y con la financiación que obtiene Adif de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (a costes financieros irrisorios)», añade el portavoz de la Plataforma Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social.
Sin embargo, la actividad de mantenimiento es efectuada en parte mediante externalizaciones, por empresas constructoras y otras especializadas mediante adjudicaciones públicas. Según el informe de gestión de Adif, la empresa pública adjudicó obras de mantenimiento a empresas por valor de 288 millones en el ejercicio 2024. Entre ellas, según se puede consultar en la web de Adif, están grandes empresas constructoras, como Sacyr y Acciona y otras especializadas, por ejemplo, en el balasto (la grava). «Como se necesitan muchas personas y mucha maquinaria altamente especializada, las grandes empresas suelen subcontratar a empresas de tamaño más moderado y pequeñas más especializadas partes del conjunto de la actividad de mantenimiento», expone Ordóñez.
Adif dispone, según sus propios datos, de «un parque de más de 650 vehículos ferroviarios [trenes auscultadores, bateadoras, perfiladoras, vagonetas, dresinas, quitanieves…, que son esenciales en la labores de conservación de la infraestructura] destinados a cuidar la explotación de la red dentro de los más exigentes parámetros, en alta velocidad como en las líneas convencionales y de ancho métrico. Estos vehículos desempeñan un papel fundamental en un nuevo modelo de conservación de la infraestructura ferroviaria, en el que el mantenimiento predictivo gana terreno».
Hay varios vehículos que juegan un papel clave en estas tareas. Por un lado, están los trenes auscultadores, que, según explican desde el Sindicato Ferroviario y la Plataforma por el Tren Social, son vehículos de varios coches que llevan aparatos de medida y equipos de tratamiento de los datos aportados los sensores y medidores. Con ello sacan los datos del estado de la catenaria o del raíl.
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Por otro lado, están las bateadoras, máquinas de vías y obras encargadas de realizar las tareas de bateo del balasto (la grava): «Cada cierto tiempo es necesario renovar todo este material y estás máquinas disponen de unas palas que lo levantan para sustituirlo», afirman desde el Sindicato Ferroviario. Además, también dispone Adif de máquinas perfiladoras, respecto al balasto. Las perfiladoras «mantienen la geometría de la capa de balasto sin pérdidas de piedras por los laterales de la vía».
Un muro de contención ha caído esta tarde sobre la vía en la línea R4 de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona) y un tren con pasajeros ha chocado con los escombros. El maquinista, al parecer en prácticas, ha fallecido, y otros 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios de emergencias. Cinco de ellos han sido evacuados en estado grave a centros sanitarios.
En declaraciones a los medios, el jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat, Claudi Gallardo, ha explicado que el muro de contención ha cedido y se ha desplomado hacia las 21.00 horas, posiblemente debido al temporal que afecta a Catalunya.
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Muere el maquinista del tren que ha chocado contra un muro en Gelida (Barcelona).
El muro ha caído sobre el primer vagón del tren de Rodalies, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados. Los bomberos han tenido que excarcelar a una de las personas que había quedado atrapada en el interior del tren.
El tren, de la línea R4, había partido de Sant Vicenç de Calders en dirección a Barcelona. El accidente se ha producido en una jornada de fuertes lluvias en toda Catalunya.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado 35 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat con 70 efectivos, junto con unidades de los Mossos d’Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El 112 ha recibido 28 llamadas. Protección Civil ha situado en alerta al plan Ferrocat.
Los afectados han sido evacuados en ambulancia hasta los hospitales Vall d’Hebron, Moisès Broggi, Bellvitge, Vilafranca, Mútua de Terrassa, Camils y Martorell.
Poco antes de la medianoche, los bomberos han confirmado tras realizar una revisión de todo el convoy que no quedaba ninguna persona en el interior del tren de Rodalies descarrilado.
«Estamos revisando la parte de debajo del tren y hacemos una redada por la zona para descartar más víctimas», aseguraban en
en un apunte en su cuenta en X, en la que añadían que continuaban asegurando la zona «para trabajar con seguridad».
El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona) dice que se hicieron «mejoras» en el tramo del descarrilamiento
El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona), Pere Vernet, ha asegurado en declaraciones a 3Cat que el tramo donde se ha producido el descarrilamiento había experimentado «mejoras» recientemente:
en esa zona se realizaron mejoras con la colocación de un tercer raíl para que pudieran pasar los trenes de mercancías y otra en el túnel de Martorell.
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«Sin embargo, la lluvia ha hecho que haya pasado esta desgracia. Hacía mucho tiempo que no llovía de esta forma», ha lamentado Vernet.
La jueza de guardia de Vilafranca del Penedès y los Mossos d’Esquadra se han desplazado al lugar del accidente para proceder al levantamiento del cadáver e iniciar las primeras gestiones de investigación.
Illa «sigue con atención» el accidente
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que se encuentra hospitalizado en Barcelona desde el sábado, está siguiendo «con atención» el accidente ferroviario en la R4.
Illa está en contacto con el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, con la consellera de Salud, Olga Pané, y con las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, e Interior y Seguridad, y Núria Parlon, que se han desplazado hasta la zona, según han informado fuentes del Govern.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y solidaridad con las víctimas y familiares del accidente ferroviario. «Muy atento a las informaciones sobre el accidente de un tren de Rodalies en Gelida», ha asegurado el jefe del Ejecutivo en un mensaje publicado en X, en el que también ha señalado que está «pendiente de la evolución de la situación y el trabajo de los servicios de emergencia».
El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha lamentado la muerte del maquinista del tren accidentado también en un mensaje en X que ha titulado con la frase: «Esto es demasiado». El líder de la oposición señala en su mensaje que ha trasladado al presidente de Catalunya, Salvador Illa, «nuestra preocupación y nuestro apoyo a los servicios de emergencia».
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Incidente entre Blanes y Maçanet
Además, este martes por la noche se ha producido un segundo incidente ferroviario en Catalunya: un tren ha descarrilado por la salida de un eje al colisionar con una roca caída en la vía como consecuencia también del temporal.
Este accidente se ha registrado en la línea R1 de Rodalies, entre Maçanet Massanes y Tordera (Barcelona).
En el tren accidentado, según fuentes de Adif, viajaban diez pasajeros y no se ha registrado ningún herido.
Suspendida la circulación ferroviaria en la red de Rodalies
Adif ha suspendido la circulación ferroviaria en toda la red de Rodalies después del descarrilamiento de dos trenes.
La empresa que gestiona la red ferroviaria ha informado de la suspensión «debido a los efectos causados por el temporal» en la infraestructura y de que el restablecimiento del servicio se producirá «una vez finalice el reconocimiento de la infraestructura».
La consellera portavoz y de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado que no se reanudará el servicio de Rodalies hasta que no se garantice la seguridad. Para ello, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y Adif participarán en «marchas blancas» (pruebas operativas sin pasajeros) durante toda la noche para revisar la red.
Antes del anuncio de Adif, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) había pedido paralizar el servicio de Rodalies «hasta nuevo aviso» después de los descarrilamientos producidos este martes.
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«Los efectos climáticos de la alerta climatológica están causando numerosas incidencias en la infraestructura ferroviaria en el ámbito de Rodalies. Entre ellas se han producido dos descarrilamientos entre los que han resultado heridos tanto viajeros como maquinistas», ha explicado el sindicato en un comunicado.
En este sentido, Semaf ha solicitado a Renfe y a los maquinistas la paralización «hasta nuevo aviso» del servicio en el ámbito de Rodalies «ante la pasividad de las autoridades competentes y la falta de garantías sobre la seguridad tanto para viajeros como para los profesionales».
Los dos accidentes en Catalunya se han producido tan solo dos días después del trágico choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido en Adamuz (Córdoba), que se ha saldado, por el momento, con la muerte de 42 personas y 123 heridos, de los que 37 permanecen hospitalizados.
Alfredo Durán fue el primer maquinista del tren AVE Madrid-Sevilla que partió de la capital a las 7 de la mañana del 21 de abril de 1992, según Renfe. En ese momento quedó inaugurada la era de la alta velocidad en España con los 476 kilómetros de esa vía. Desde entonces, los diferentes gobiernos de España han apostado sin tapujos por la expansión de la red, que hoy cuenta con casi 4.000 kilómetros de raíles.
Es la mayor trama de Europa y conecta, según Adif, más de 50 localidades. De ellas, 39 ciudades con servicios AVE, a las que se suman otras 18 ciudades con trenes más versátiles, que pueden circular por diferentes tipos de vías, también a rápidas velocidades, lo que supone, según los datos de Renfe, que «más del 70% de la población española cuenta con servicios de alta velocidad«.
La inversión para la creación de este tejido centrado en Madrid ha venido fundamentalmente de fondos europeos, según un trabajo del servicio de estudios del colegio de Economistas, y ha sido muy importante en términos absolutos en estas décadas. La cuenta de todos estos años, según el balance que hizo Adif en 2022, cuando se cumplieron 30 años de la primera línea, ascendió a 57.200 millones de euros.
Así, el avance de la alta velocidad desde el viaje inaugural pilotado por el maquinista Durán ha configurado en estos años una red en «torno a dos zonas, norte y sur»; que, según Adif, «articula distintas regiones del país y desempeña un papel clave en la vertebración del territorio, conectando capitales de provincia, zonas periféricas y áreas en desarrollo».
El mapa de la Alta Velocidad en España.
En paralelo al aumento de la red de alta velocidad, empero, el total de kilómetros de vías en España no ha variado apenas en los últimos tiempos, según los datos que contiene el Observatorio del Ferrocarril, un trabajado informe que cada año publica el Ministerio de Transportes. En ese estudio, que radiografía el sistema ferroviario en España, se recoge que la longitud media de la red era de 15.295 kilómetros en 2014 y de 15.699 en 2023, último dato recogido.
«Si la inversión hecha en nuevas líneas de alta velocidad se hubiera aplicado a la red básica ferroviaria española del tren normal, ahora tendríamos una red de 40.000 kilómetros de longitud», afirma a PúblicoJosé Luis Ordóñez, portavoz de la Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social. «Hay un pero muy gordo [a la expansión de la red del AVE]», plantea Ordóñez. «Es que eso no es lo que necesitaba España. España necesita una potente red ferroviaria básica potente, coherente, muy tupida, que cubra todos los territorios, no solo las ciudades importantes o más importantes. Esa política de todo AVE no es la que necesitaba nuestra sociedad», añade el portavoz.
En su estudio titulado Infraestructuras de transporte en España (1992-2024): inversión, stock de capital y su mantenimiento, el colegio de Economistas señala que «parte de las inversiones en infraestructuras ferroviarias —especialmente las destinadas a la alta velocidad en diversas áreas— presentan una rentabilidad socioeconómica limitada, al concentrarse en
nuevos trazados con baja demanda, mientras se ha prestado menos atención al mantenimiento de la red existente».
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Así, agrega el trabajo, ha existido en el desarrollo de la alta velocidad «un fuerte contraste entre inversión y uso: entre 1990 y 2018 se destinaron alrededor de 3.600–3.680 millones de euros a las líneas de Cercanías, frente a 55.888 millones invertidos en la alta velocidad. Solo en 2012, la alta velocidad recibió 5.226 millones de euros, más que toda la inversión acumulada en Cercanías en casi tres décadas«.
Este desequilibrio «también se refleja en la utilización de los servicios», según el colegio de economistas. Aunque el número de pasajeros en trayectos de larga distancia ha aumentado en paralelo a la expansión del AVE —y su liberalización—, son muchos más quienes utilizan las redes de cercanías, según los datos del INE.
La Estadística de Transporte de Viajeros revela que en el año 2024 algo más de 39 millones de personas utilizaron los servicios de alta velocidad, los de Renfe y los de las demás compañías. En comparación, las cifras de Cercanías superan los 591 millones de viajeros. «[Esto] refuerza la necesidad de reequilibrar la inversión hacia el mantenimiento y la mejora de la red más utilizada, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad frente a la expansión de nuevas líneas con baja rentabilidad social», considera el colegio de Economistas.
Para Ordóñez, «desde ese punto de vista de territorio múltiple, de las necesidades de transporte que tienen las personas, esas necesidades deberían estar cubiertas por una red que cubra el territorio: se ha invertido mucho dinero en esas líneas de alta velocidad que ha dejado de lado el tren normal».
La Plataforma Estatal por el Tren, Público y Social propone la recuperación de varias vías, entre ellas, la ruta de la plata de Plasencia a Astorga, el tramo Aranjuez-Cuenca-Utiel, el tramo Guadix-Baza-Almanzora-Lorca y el tren directo Burgos-Aranda-Riaza-Madrid. Y también la construcción de nuevas líneas como la transversal litoral andaluza desde Algeciras a Almería por Marbella, Málaga, Motril y Adra y la Transcantábrica desde Ferrol a Irún, por Avilés, Gijón, Santander, Bilbao y Donostia.
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Además, la plataforma promueve «la compra de nuevos trenes para atender la demanda creciente de los servicios de proximidad, cercanías y regionales, de los servicios de grandes distancias incluidos los trenes nocturnos, y de los servicios del transporte ferroviario de mercancías».
«El Estado que mejor lo hace es Suiza, tiene un auténtico servicio ferroviario que evita usar el automóvil, tiene su red ferroviaria [montada] casi como si fuese la red de metro de Madrid. El siguiente es Austria. De Alemania, Francia e Italia, estamos muy lejos. Deberíamos estar ahí. Somos casi 50 millones de personas y tenemos un territorio enorme«, considera Ordóñez.
La liberalización
Al principio, solo operaba Renfe, pero el sistema se liberalizó ya de forma operativa en esta década, a partir del año 2020, y hoy hay en España «tres operadores compitiendo, (RENFE, IRYO, y OUIGO), con cuatro marcas comerciales (porque RENFE tiene dos, AVE y AVLO)», según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El accidente de Adamuz, Córdoba, que causó este domingo al menos 39 muertos, se produjo después de que un tren de Iryo descarrilara por razones que no se conocen aún.
En 2024, el transporte público de larga distancia en España, contando todos los medios de transporte, superó los 85 millones de viajeros, un 15% más que en 2023, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Entre 2019 y 2024, el tren creció un 40%, el autobús un 24% y el avión se mantuvo estable. El ferrocarril alcanzó una cuota del 56,5%, unos cinco puntos porcentuales más que en 2019, según la CNMC.
La liberalización del sector, promovida por la Unión Europea, ha sido criticada por las plataformas que defienden un tren social: «En el contexto privatizador de la UE, defendemos erradicar la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. España debe acabar, cuanto antes, con el sector privado que vive de hacer negocios en el pesebre del Estado».
Para Ordóñez, se trata de una liberación «sui generis«. «Ouigo es de la Renfe francesa, Iryo es de la Renfe italiana», argumenta. «Se podría hacer un esfuerzo y considerar que la competencia ha reducido los precios a las personas que viajan en tren, pero está reducción se ha hecho basándose en una competencia desleal vendiendo los viajes por debajo de su precio y superando el déficit con los presupuestos de las repúblicas francesa e italiana», agrega el portavoz de la plataforma.
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La CNMC ha estudiado los efectos de la privatización y desde que esta se produjo ha detectado que se han incrementado las plazas ofertadas en los principales trayectos y también una reducción del precio medio. También apunta, como señala Ordóñez, las pérdidas de las compañías ferroviarias. Así lo recoge, en su Balance de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, publicado hace tres meses: «Comparado con 2019, las plazas ofertadas se incrementaron un 65% en el corredor Madrid-Barcelona, un 53% en el Madrid-Sur y un 113% en el Madrid-Levante». Y luego: «Entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia bajaron un 33% (un 44% ajustado por la inflación)».
Además, «la competencia de tres operadores en los servicios de alta velocidad ha intensificado el uso de la red un 42% entre 2019 y 2024: un 80% en el corredor Madrid-Levante, un 43% en el Madrid Barcelona y un 28% en el Madrid-Sur». En los corredores de alta velocidad sin competencia (Norte y Galicia), el tráfico ha crecido un 72%, «pero como se han puesto en servicio nuevos tramos de infraestructura (en 2024 hay un 67% más de km de alta velocidad en estos corredores que en 2019), la intensidad de uso de la vía solo aumentó un 3%», recoge la CNMC.
Aunque ha aumentado en los últimos años, el uso de red de alta velocidad en España, con 58 circulaciones diarias por kilómetros de red, es menor que en Francia (96 circulaciones) o Italia (248 circulaciones), lo que muestra que hay margen para utilizar más intensamente la infraestructura», afirma la CNMA.
En las rutas con competencia, según la CNMV, en las que se producen con frecuencia incidentes «hay que tener en cuenta que, aunque el índice de puntualidad haya perdido nueve puntos entre 2019 y 2024«, debe tenerse en cuenta, «en primer lugar, que la puntualidad del modo ferroviario en 2023 y 2024 se ha visto afectada por el elevado número de obras en ejecución en la red, que aumentan la probabilidad de incidencias».
Las obras, expone la CNMC, «han pasado de 150 en 2019 (once en alta velocidad) a unas 450 en 2022, y a más de 500 en 2023 y 2024 (45 en alta velocidad)». «El incremento de la oferta de servicios está correlacionada con un empeoramiento del índice de puntualidad porque un retraso o una incidencia en un tren, tiene la virtualidad de afectar a más trenes que antes».
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso utilizó la Ley de Presupuestos de 2022 para modificar seis artículos de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, entre ellos el que le permitió ese mismo año transferir remanentes de tesorería de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), el organismo al cargo de las residencias públicas de mayores. El dinero se destinó al Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que utilizó los fondos para pagar en 2022 y 2024 las facturas de la sanidad privatizada, los hospitales bajo concesión administrativa que gestionan los grupos Quirón y Ribera Salud.
La Ley de Presupuestos lleva fecha de 23 de diciembre de 2021, cuandola Comunidad de Madridaúnvivía los efectos de la pandemiaylas residencias de mayoreseran una de las áreas de asistencia más problemáticas.Elcovidpusoaún másde manifiesto laescasez de personal y la falta de financiacióne inversionesque sufren estos centros.
LaCámara de Cuentasexplica una parte de la reforma de la Ley de Haciendaen su informe de fiscalización de 2022. Gracias a un nuevo artículo 67bis, el consejero de Hacienda puede ahora transferira la Tesorería General de la Comunidad de Madrid, «en situaciones excepcionales»,las «disponibilidades líquidas» de todos los organismos autónomos, incluso de aquellos que expresamente estaban exceptuados en la propia ley. Era el caso de AMAS, pero también de laAgencia de Vivienda Social(AVS)elConsorcio Regional de Transportesy elInstituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde entonces,sus excedentes de tesoreríahan dejado de ser considerados recursos propios si se dan circunstancias extraordinarias, y pueden ser transferidos a otros departamentos.
Aunque la ley no precisa en qué consisten esas situaciones «excepcionales», la Consejería de Hacienda las ha reconocido ya en tres ejercicios sucesivos. En total, a la sanidad privatizada han ido a parar 252,73 millones de euros procedentes de los fondos no gastados por AMAS. La primera vez que se pagó así a los hospitales concesionados fue en 2022 y por importe de 191,23 millones, tal y como desveló Público. Para reclamar ese dinero, el Sermas adujo una «necesidad de crédito excepcional (y urgente)» a fin de atender las «facturas de la actividad asistencial llevada a cabo con medios ajenos».
Dos años después, el importe de la transferencia ascendió a61,5 millones de euros, y sirvió para abonar a la Fundación Jiménez Díaz la asistencia médica prestada en 2021 por el hospital emblema del grupo Quirón a pacientes que habían optado por la«libre elección» de centro sanitario, según informó la Cadena Ser.
Sanidad no ha querido revelar cómo repartió los 191,23 millones de la primera operación, si su destinatario fue sólo el grupo Quirón –que gestiona también el Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital de Collado-Villalba y el Infanta Elena (Valdemoro)– o también pagó a Ribera Salud –propietario del Hospital de Torrejón–.
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La Consejería de Hacienda, a preguntas de Público sobre el motivo del cambio legal, se remite al párrafo que sobre dicha modificación figura en el preámbulo de la Ley de Presupuestos de 2022: la justifica como una mera adaptación a las«nuevas necesidades de la gestión económico-presupuestaria de lasAdministraciones Públicas»,una manera de dotarla de «mayor agilidad». Sin embargo,el diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez vio otros motivos. Así lo expuso en el debate sobre la Ley de Presupuestos que se celebró en la Asambleade Madrid el 21 de diciembre de 2021, cuando afeó al Gobierno madrileño que hubiera aprovechado esa norma para colar «de forma torticera»la modificación, suspensióno adición de apartados a seis artículos de la Ley de Hacienda. Gutiérrez le acusó de«burlar» a la Asamblea de Madridel debatesobrelo que era toda una reforma deesa ley, porque sesuprimían obligaciones del Gobiernoautonómico «importantísimas parala transparencia del buen uso de los dineros de todos los madrileños».
Los remanentes se disparan desde 2016
La Agencia Madrileña de Atención Social es la sucesora desde 2015 del Servicio Regional de Bienestar Social. En 2014 y 2015, todavía con su antiguo nombre,cerró con remanentes de tesorería discretos de 16,8 y 25 millones de euros, respectivamente. Pero, al convertirse en AMAS,disparó esos excedentes. En 2016 ascendían ya a 141 millones.Son acumulativos, y no dejaron de crecer ejercicio tras ejercicio, hasta alcanzar un máximo de 210 millones en 2021, según ha comprobado este periódico en los sucesivos informes de fiscalización elaborados por la Cámara de Cuentas.Ya desde el mismo 2016, este organismo empezó a llamar la atención de los gestores de la Comunidad de Madridparaque «revisaran» sus políticas de planificación presupuestariaycorrigieran esos importes. Ni la Consejería de Hacienda ni la de Familia, de la que depende AMAS, han contestado a las preguntas dePúblico al respecto.
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Tras llegar a ese máximo, el Gobierno deDíaz Ayuso empezó a utilizar esos fondos para pagar a la sanidad privatizada en 2022.Desde entonces, los remanentes han disminuido: 58,8 millones en 2022, 59,9 millones en 2023 y 62,5 en 2024. Loque no fue óbice para trasladar ese último año 61,5 millonesalSermas.
Según consta en los informes de la Cámara de Cuentas,AMAS sólo ejecutó el 39% de su presupuesto de inversiones en 2024, el año en que éste ha sido mayor desde 2018 –77 millones de euros–y un 40% en 2022, cuando ascendía a 43,3 millones. Otros ejercicios el grado de ejecución de las inversiones osciló entre el67% y el 84%, con presupuestos de 14,6 a 17,7 millones. Hubo un año,2023, en que ejecutó el 90,9% de la cantidad prevista para invertir. Pero también fue el ejercicio con la menor partida para inversiones: sólo 4,7 millones deeuros.
«Se trata de ajustes de tesorería, no de ejecución presupuestaria», es la sucinta explicación que la Consejería de Familia ha dado a Público cuando le ha preguntado cómo se han generado unos remanentes tan abultados. Su portavoz niega que procedan de la falta de ejecución de los presupuestos de AMA. «El dinero destinado a nuestros mayores se ejecuta cada año prácticamente al 100%», asegura. Y cita los «2.000 millones de euros al año» que la Comunidad de Madrid dedica a las personas dependientes, «un récord histórico». Después, pasa a atacar al Gobierno de Pedro Sánchez que, según dice, «priva» a los mayores de «un millón de euros cada día al no financiar el 50% de la dependencia como le corresponde, para seguir pagando la fiesta independentista«.
Fármacos de uso hospitalario
ElGobierno madrileño utilizó elmismométodo también para nutrir de fondos a los hospitales públicos delSermas. Y lastransferencias partieron de otrosorganismos autónomos, no sólo de AMAS.En 2023, el desvío ascendió a 155,88 millones de euros, procedentes de la Agencia de Vivienda Social, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajoy Madrid 112. La situación excepcionalesgrimida por elSermaspara pedir fondosconsistía en la adquisición de medicamentos de uso hospitalario.Además, AMAS proveyó de 17,13 millones de euros a la propia Consejería de Familia, para cubrir «gastos endistintos programas y centros gestores», sin más precisión.
En 2024, fue de nuevo la Agencia de Vivienda Social el organismo autónomo que proporcionó fondos alSermas, de nuevo para pagar medicamentos de usohospitalario: 10,68 millones de euros.En total, 166,56 millones en dos años para comprar fármacos.
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Elañode la transferencia alSermas, laAgencia de Vivienda Socialcerró con un remanentede tesorería negativo nada menos que de 712 millones de euros. De hecho, ésa ha sido la tónicade laagenciaen los últimos años, con remanentes negativos que alcanzaron los 914,4 millones en 2022.
«¡Necesitamos Groenlandia! Es muy estratégica en estos momentos. (…) Está rodeada de barcos rusos y chinos por todas partes». Donald Trump lleva meses, incluso años, tanteando con la cláusula de defensa mutua de la OTAN. El magnate sueña con anexionar la isla más grande del mundo y no descarta utilizar la vía militar para saciar sus ansias imperialistas. «Vamos a hacer algo, por las buenas o por las malas». La excusa vuelve a ser la de la «seguridad nacional», una excusa «peregrina» y «falaz», según los ocho expertos en geopolítica y relaciones internacionales consultados por este diario. ¿Cómo afectaría un movimiento de estas dimensiones a la OTAN? Trump ya reconoce que «podría ser un dilema» tener que elegir entre la colonización del Ártico y la Alianza del Atlántico Norte.
Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, como lo son las Islas Feroe. El Gobierno de la isla controla sus propios recursos naturales y la administración de justicia. La política exterior la gestiona, sin embargo, Copenhague. Y no de la manera en que lo haría Donald Trump. «Dinamarca aumentó la seguridad de Groenlandia, enviaron un trineo de perros más», bromeó recientemente el líder de la Casa Blanca. «El hecho de que desembarcaran allí hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra», reiteró este mismo viernes. Las mofas del magnate enfadaron a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. «Si Estados Unidos decide atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, también la OTAN», denunció la mandataria el pasado martes. Las autoridades groenlandesas se han pronunciado en los mismos términos: «Basta de presiones, insinuaciones y fantasías sobre la anexión«. ¿Qué planes tiene el trumpismo para Groenlandia? ¿Cómo reciben estas amenazas los países europeos? ¿Y qué pasa con la OTAN?
La Casa Blanca y sus injerencias en Groenlandia
Trump defiende que necesita la isla por motivos de «seguridad nacional». La postura parece firme, inamovible. Los fines expansionistas vienen expresamente recogidos en su plan de seguridad nacional. «Estados Unidos está reclamando parte del territorio de uno de sus aliados. Trump ha llegado tan lejos con sus amenazas que es poco probable que se detenga sin obtener nada a cambio«, arranca Hanna Ojanen, experta en seguridad europea y profesora de relaciones internacionales en la Universidad de Tampere (Finlandia). El magnate aseguró que «no le importan las restricciones impuestas por el derecho internacional» y considera que la isla está en su «esfera de influencia». Mira fundamentalmente «la cantidad significativa de elementos críticos de la tierra que posee», señala Harri Mikkola, investigador especializado en política exterior y seguridad de la región ártica en el Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales (FIIA). Esto impregna todos sus movimientos de una incertidumbre cuando menos «peligrosa».
Estados Unidos puede promover en un plazo relativamente corto un referéndum en Groenlandia
La posición actual consiste en presionar a todos los actores implicados para «ganar influencia» en la «mesa de negociaciones», pero las fuentes que han hablado con Público no tienen claro que la idea de anexionar Groenlandia guste realmente a los estadounidenses, ni siquiera a todos los votantes republicanos. «Trump es un magnate inmobiliario, nada hace pensar que sus intereses personales en la isla coincidan con los de Estados Unidos. Esta línea argumental empieza a moverse entre algunos senadores influyentes de su propio partido. Groenlandia no tiene sentido estratégico para Washington«, continúa Steven Blockmans, investigador principal del Centro de Estudios Políticos Europeos (CEPS) de Bruselas.
El presidente de EEUU, Donald Trump, con el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Esta es una lógica que también comparte José Antonio Sanahuja, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y autor de La cumbre de la OTAN y la crisis del atlantismo. «Estados Unidos no se va a meter en una guerra, mucho menos con aliados. Esto no quiere decir que se descarte la posibilidad de una intervención armada en Groenlandia, pero todo se enmarca más bien en una política performativa que se plantea en términos de inevitabilidad para Europa», desliza el profesor. «La OTAN se verá más o menos afectada en función de la forma en la que se materialice esa hipotética anexión: no es lo mismo hacerlo de manera negociada y de acuerdo con la población local que utilizar la vía militar. El compromiso norteamericano con sus aliados europeos queda en cualquier caso muy en entredicho», añade Félix Arteaga, investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano.
Esta eventual «negociación» también genera dudas en el plano académico, toda vez que hablamos de un país intentando incidir en el rumbo político de otro –ambos, miembros de la misma organización–. Los expertos apuntan aquí a un posible referéndum de autodeterminación, que sería el segundo en menos de veinte años para los habitantes de Groenlandia. «Estados Unidos puede promover en un plazo relativamente corto ese referéndum e incidir con ofertas económicas, desinformación y otros instrumentos para conseguir un resultado favorable a la independencia. Lo haría para establecer una nueva relación con la isla preservando su soberanía, pero manteniéndola en una posición subordinada, sobre todo en materia de defensa y recursos naturales», señala José Antonio Sanahuja.
Las elites atlantistas europeas no quieren oír hablar del enfrentamiento con Estados Unidos
Las encuestas más recientes juegan a favor de la Casa Blanca: siete de cada diez groenlandeses votarían a favor de su independencia, según un sondeo de la demoscópica Verian. El 85% de los habitantes rechazarían, eso sí, la integración del territorio en el mapa de Estados Unidos. Las autoridades de la isla han emitido un comunicado a última hora de este viernes reivindicando su derecho a «decidir sobre el futuro del país», sin «retrasos o interferencias» de terceros. «Las presiones pueden ser cuestionables, pero están a la orden del día. Lo que realmente perturbaría la relación transatlántica sería el uso de la fuerza para tomar el poder«, insiste Niels Byrjalsen, investigador en el Centro de Estudios Militares de la Universidad de Copenhague.
Europa se resiste a dar un golpe sobre la mesa
La respuesta de los países europeos a las amenazas estadounidenses tampoco ha pasado desapercibida. Los expertos consultados por este medio la definen como «lenta» y «fragmentada», incluso «fría». Dinamarca ha tardado en incluir este asunto en la agenda europea. El país defiende no obstante la soberanía de Groenlandia, una postura que también han respaldado esta semana Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. «El panorama más allá de los países nórdicos y algunas otras excepciones [como España] sigue siendo confuso, todavía son muchos los dirigentes que siguen reivindicando el apoyo de Washington a la seguridad de Europa», subraya la finlandesa Hanna Ojanen. ¿Por qué es tan tibia la postura de algunas capitales?
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«La Unión Europea se encuentra en una situación delicada, no solo por la proximidad de la guerra de Ucrania, sino también por el aumento de las tensiones políticas y económicas con un país que siempre se ha considerado indispensablepara el mantenimiento de la seguridad del continente, como es el caso de Estados Unidos», apunta Luca Ratti, profesor de Historia de las relaciones internacionales en la Universidad de Roma III y autor de La OTAN durante un segundo mandato de Trump: ¿navegando por aguas desconocidas?. «Las elites atlantistas europeas no quieren oír hablar del enfrentamiento con Estados Unidos, muchos países estarían dispuestos a casi cualquier cosa para evitar que Washington abandonara Europa en pleno conflicto con Rusia», añade José Antonio Sanahuja.
La estrategia de seguridad nacional de los estadounidenses, eso sí, relega el viejo continente a una posición casi anecdótica. El desinterés salta a la vista. Bruselas, sin embargo, se resiste a dar un golpe sobre la mesa, como piden casi todas las voces que han respondido a las preguntas de Público. «Europa sigue tolerando los movimientos del trumpismo porque carece de una alternativa sólida a corto plazo, especialmente en el contexto de una guerra con Ucrania», matiza el danés Niels Byrjalsen. «Los europeos deberían empezar a prepararse para lo peor y detallar un plan de posibles represalias ante las eventuales agresiones de Estados Unidos: desde sanciones individuales a miembros del Gobierno de la Casa Blanca hasta restricciones en la compra de deuda americana o en el mercado único de la UE», sostiene Héctor Sánchez Margalef, investigador principal del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). «Bruselas no puede seguir en silencio y someterse de esta manera al acoso de Trump. Las amenazas de apoderarse del territorio de un aliado son incompatibles con la lógica fundamental de la OTAN», insiste Steven Blockmans.
¿La OTAN todavía tiene sentido?
La OTAN es actualmente responsable de la defensa de Groenlandia. Esto hace que una posible incursión de tropas estadounidenses en la isla atente contra los principios rectores de la organización. Los expertos que han hablado con Público no creen que esto suceda y, por tanto, tampoco contemplan que la alianza pueda llegar a romperse, al menos de forma «inmediata». Aseguran, eso sí, que su razón de ser quedaría fuertemente tocada. «Lo que cada país miembro tiene que ver es qué gana y qué pierde si abandona la OTAN. La alianza pasaría de perseguir una defensa colectiva a practicar una defensa discriminada, pasaría de defender valores a defender intereses», advierte Félix Arteaga. Los miembros de la organización tienen supuestamente un compromiso para resolver cualquier disputa internacional por medios pacíficos y abstenerse del uso de la fuerza en sus relaciones, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.
La confianza de los estadounidenses como garante de seguridad se ha visto mermada, pero las funciones críticas de nuestras sociedades dependen de Washington
Steven Blockmans cree que «es poco probable que una acción estadounidense contra Groenlandia pueda suponer la muerte instantánea de la OTAN», sobre todo, mientras en muchas capitales se mantenga viva la creencia de que «a corto plazo puede haber un cambio en el Gobierno de la Casa Blanca y, por tanto, en la política exterior de Estados Unidos». El investigador del CEPS añade: «A los aliados europeos no les compensaría declarar el fin de sus acuerdos [por lo que resta del mandato de Trump], aunque el movimiento pudiera calificarse a posteriori como algo imperdonable». Los expertos consideran además que si alguien llegara a poner en duda la alianza transatlántica serían los estadounidenses, «mucho más que los europeos». ¿Cuáles son los motivos?
La ciudad de Nuuk, en Groenlandia, con la bandera danesa.
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«Estados Unidos podría desvincularse de la organización [y de la guerra de Ucrania], pero no lo hace porque la utiliza para amenazar a Europa. Washington presiona desde la alianza para que los países europeos aumenten el gasto en defensa, pero no a cualquier precio, sino comprándole armas a la industria estadounidense; también lo hace para conseguir que se dobleguen ante sus exigencias comerciales y lo hará para acabar con la regulación digital de Bruselas», reconoce el catedrático José Antonio Sanahuja.
La falta de una alternativa seria en el escenario europeo dificulta además la determinación de muchos dirigentes contra el trumpismo y ralentiza su posible salida de los tratados de la organización. «No tenemos en el mercado demasiadas opciones para sustituir a la OTAN. La confianza de los estadounidenses como garante de seguridad y protección se ha visto mermada, pero las funciones críticas de nuestras sociedades dependen de las tecnologías y los procesos de Washington», señala Harri Mikkola, investigador del FIIA. «Los aliados europeos tienen que asegurarse antes de que pueden seguir cooperando sin la participación de Estados Unidos», añade Hanna Ojanen.
Las incoherencias son, con todo, fácilmente identificables. Así lo resumen los expertos al ser preguntados por Público sobre el futuro de la OTAN. «La cuestión tiene truco, porque no tiene sentido que el socio principal de la organización suponga a la vez su principal amenaza. La pata europea de la alianza tiene que aprovechar esta situación para defender sus intereses por encima de las ansias imperialistas de Trump», insiste Héctor Sánchez Margalef. «Los países europeos tienen que asumir que el mundo ha cambiado, tienen que asumir su soledad estratégica y desplegar luego una verdadera red de alianzas con otros actores, incluido el Sur Global», sentencia José Antonio Sanahuja, porque, mientras esto no ocurra, «Trump va a seguir utilizando la alianza para chantajear a Europa«.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, «acceso total» al país en términos de recursos naturales y de otra índole, mientras ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno «no se porta bien» o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación con la que Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
«Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo», afirmó Trump, que hizo hincapié en las infraestructuras, ya que «las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo».
En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.
A su vez, Trump reiteró que su operación para capturar y llevar ante la Justicia de su país por «narcoterrorismo» a Maduro, que implicó bombardeos en Caracas y regiones cercanas, responde a una nueva de intervención en Latinoamérica que bautizó como Doctrina Donroe, parafraseando la antigua Doctrina Monroe, ya que «el hemisferio (occidental) es nuestro».
El mandatario hizo estas declaraciones a bordo del Air Force One, que lo transportó desde su residencia en Mar-a-Lago (Florida), donde estuvo las dos últimas semanas, a Washington.
El republicano aseguró que tanto la misión Resolución Absoluta, nombre del operativo para capturar en Caracas a Maduro el sábado, como su doctrina Donroe persiguen «la paz en el mundo».
Amenaza de nuevos ataques
El presidente estadounidense subrayó que el Ejército de su país sigue preparado para realizar un segundo ataque en Venezuela como el que golpeó la capital venezolana, La Guaira, Aragua y Miranda.
Al ser preguntado sobre si en la actual situación –con Maduro en una prisión estadounidense y Rodríguez al mando– ese segundo ataque está descartado. Trump fue tajante: «No, no lo está. Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque».
También volvió a lanzar advertencias contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, ya que dijo que le sonaba «bien» la posibilidad de enviar a su país una misión como la que culminó con la captura de Maduro.
Trump aseguró que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y añadió que está «gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EEUU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».
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Lucha contra el narcotráfico en México
También volvió a hablar sobre las ofertas para enviar al Ejército estadounidense a México a combatir los narcotraficantes de ese país, un tema, que según sus palabras, le ha planteado a la presidenta Claudia Sheinbaum, de la que repitió que «es una persona estupenda» pero que «tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México».
«Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México», afirmó.
Trump aseguró que «cada vez» que ha hablado con Sheinbaum ha ofrecido enviarle tropas, lo que la mandataria ha rechazado reiteradamente debido a la soberanía del país.
Sobre Cuba, consideró que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel «está a punto de caer» y que no cree que haga falta «acción alguna» por parte de su país en la isla.
«No sé cómo van a poder mantenerse, no tienen ingresos. Recibían todo sus ingresos de Venezuela, del petróleo venezolano», aseguró el mandatario estadounidense.
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Declaraciones de Donald Trump sobre la situación de Venezuela a bordo del Air Force One.
«Gobernamos nosotros»
Al ser preguntado por un supuesto proceso de transición en el futuro en Venezuela y sobre la gestión temporal del país, Trump volvió a contestar de forma tajante.
«No me pregunten sobre quién manda, porque les daré una respuesta y será muy controvertida», le espetó a una periodista. «¿Qué significa eso?», prosiguió la reportera. «Que nosotros estamos a cargo», respondió el magnate neoyorquino.
Trump ya puso en duda este sábado que la principal líder opositora venezolana, Maria Corina Machado, tenga capacidad para gobernar en Venezuela porque «no tiene el respeto ni apoyo suficientes en el país» y que miembros de su Gabinete, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el de Guerra, Pete Hegseth, o el director de la CIA, John Ratcliffe, «gobernarán» el país suramericano por un periodo indeterminado.
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Trump pareció descartar a su vez la posibilidad de celebrar pronto elecciones en Venezuela. «Creo que nos estamos enfocando más en arreglarlo, en prepararlo primero, porque es un desastre. El país es un desastre«, aseguró.
«Fui el más crítico con esta ley y 15 años después te puedo decir que fue lo mejor que hizo Zapatero«. Así resume un hostelero de 53 años la reforma de la ley antitabaco de 2005 que entró en vigor el 2 de enero de 2011. Sentado en el comedor recién fregado de un conocido restaurante de menú del centro de Madrid, recuerda cómo a sus 38 años veía el futuro negro si se constataba la prohibición de fumar en los bares. «En plena crisis económica, lo que nos faltaba era perder el curro», recuerda.
Pero nada de eso ocurrió. La ley se aprobó, entró en vigor y la gente siguió yendo a su restaurante. El hostelero madrileño, que por aquel entonces trabajaba en el local en el que atiende a Público en 2025, terminó haciéndose cargo del negocio. «Yo he llegado a tragar mucho humo«, desliza rememorando sus primeros años en el oficio. Por eso celebra que terminara aprobándose aquella norma y reconoce con honestidad que «el que estaba equivocado» era él.
En España se ha ido poniendo coto al tabaco en varias fases; en varios tiempos. Y el tercero de ellos está ya en proceso. Mónica García está preparando una nueva regulación para prohibir fumar en las terrazas de los bares y restringir el vapeo. La ministra de Sanidad explica que también ahora existen presiones, sobre todo por parte del lobby del tabaco y de la hostelería, para que no se apruebe la nueva norma. No obstante, el ruido es menor que hace 15 y 20 años. «Ahora hay más consenso social«, explica en conversación con este medio: «Ahora jugamos con un viento mucho más a favor».
Un hostelero, desde su restaurante en Madrid: «Fui el más crítico con esta ley y 15 años después te puedo decir que fue lo mejor que hizo Zapatero»
En cualquier caso, hay algo que no ha cambiado con respecto a aquel 2011. Las tabacaleras y la hostelería siguen augurando un descalabro económico para el sector ahora si se prohíbe el tabaco en las terrazas. «Hay que rechazar esa dicotomía entre economía y salud», afirma en palabras para este medio Leire Pajín. Hoy eurodiputada, la socialista fue la ministra de Sanidad que logró la aprobación de la segunda ley antitabaco de José Luis Rodríguez Zapatero en un clima de mucha tensión.
«No podemos aceptar esa dicotomía porque el impacto negativo que se decía que iba a tener la ley no existió», subraya: «El aumento sostenible de los beneficios está ahí».
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Dos leyes para romper una costumbre dañina
La primera ley antitabaco se aprobó en España en 2005 y entró en vigor en 2006 de la mano de la ministra socialista Elena Salgado. Fue entonces cuando se prohibió fumar en lugares como los centros de trabajo. Ahora se cumplen 20 años. No obstante, tal y como explica el periodista Manuel Sánchez, que ha trabajado cubriendo información del Gobierno en El Mundo, Público o elDiario, la verdadera revolución llegó unos años más tarde con la iniciativa que despegó con la ministra Trinidad Jiménez y culminó con Leire Pajín, las dos últimas titulares de Sanidad del presidente Zapatero.
«Jiménez planteó a Zapatero que había que ser valiente, que la sociedad española no podía permitirse seguir más tiempo sin avanzar en las restricciones del tabaco y que había que prohibir su consumo en todos los lugares cerrados, sin excepciones», relata en su libro Zapatero, el legado progresista (Penguin Random House, 2024).
Antes de la entrada en vigor de la ley, había
«un extraordinario nerviosismo en el PSOE»
Sánchez explica a Público que durante la preparación de la ley y en los primeros días tras su aprobación había «un extraordinario nerviosismo en el PSOE». Y los motivos eran dos. Por una parte, las presiones de las tabacaleras y de los sectores del ocio y la hostelería habían generado un clima que hacía suponer que la nueva norma podía representar un importante coste electoral para los socialistas. Por otra, existía incluso el miedo de que una vez entrara en vigor la ley —el 2 de enero de 2011 para que la gente pudiera fumar en Nochevieja y Año Nuevo— los fumadores se rebelaran y no renunciaran al cigarrillo en el bar.
Pajín reconoce que «esas preocupaciones siempre existen cuando se impulsa una legislación que viene a cambiar costumbres arraigadas«, como lo era en aquella España la de fumar en los bares. El hostelero madrileño con el que ha hablado Público lo resume así: «Un ciudadano español lo aguanta todo, pero hay una cosa que no le puedes tocar, el bar».
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Sin embargo, Pajín añade que el Gobierno de Zapatero y, en concreto, su ministerio tenían muchos datos de cómo se habían producido avances parecidos en países como Italia o Irlanda y, pese a la inquietud, confiaban en la pronta implantación de la norma y en que los altercados serían mínimos.
El sociólogo Mariano Urraco, investigador y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), coincide con Manuel Sánchez en que «parecía que iba a ser imposible que la sociedad española se acostumbrara a no fumar en el bar» y recuerda además que se orquestó toda una campaña que pretendía convencer a la gente de que «lo que se iba a crear con esta decisión del Gobierno era un régimen distópico«.
Según el sociólogo Mariano Urraco, se orquestó una campaña por la prohibición del tabaco que parecía que se inauguraba un «régimen distópico»
Todo fue un poco menos grave de lo que parecía. «La gente siguió yendo a los mismos sitios y le gustó comer sin que el sabor de los alimentos se mezclara con el humo y a llegar a casa sin tener toda la ropa oliendo a tabaco«, explica. En otras palabras, «aquel rechazo inicial a la ley quedó silenciado por una mayoría que resultó estar a favor de la limitación«.
Presión de los ‘lobbies’ en 2010… y en 2025
«Mientras trabajábamos la ley que iba a prohibir fumar en los bares fue cuando yo percibí las estrategias de desinformación tal y como las conocemos hoy», explica Leire Pajín: «Hubo informaciones, incluso de medios que podrían considerarse afines, que circularon con total impunidad y que eran totalmente mentira». «Por ejemplo», concreta, «que nos habíamos inventado una aplicación para denunciar a los fumadores».
Leire Pajín: «Mientras trabajábamos aquella ley fue cuando percibí las estrategias de desinformación tal y como las conocemos hoy»
«La presión en aquellos momentos era muy grande». Pajín relata cómo, además, las tabacaleras viraron su estrategia a medida que fueron viendo que el Gobierno no iba a dar su brazo a torcer. Si al principio trataron de evitar que la ley se aprobara, más adelante intentaron «retrasar la implantación de las medidas«. Pero la única decisión que se tomó fue la de posponer un día, al 2 de enero de 2011, su aplicación para no coincidir con las fiestas de Nochevieja. «Ni un día más». El Gobierno quería, además, que las nuevas restricciones encajaran en el tiempo con los habituales propósitos de año nuevo —dejar de fumar es uno de los habituales— de la población.
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15 años después, con un anteproyecto de ley para eliminar el tabaco en las terrazas, en los campus universitarios o en las instalaciones deportivas y una equiparación del cigarrillo electrónico al tabaco convencional, la presión social es menor que la de 2010-2011, pero la del lobby tabacalero —y también la de la hostelería— sigue ahí. «Es un revival«, apunta Mónica García.
«Las presiones de los lobbies económicos y empresariales no paran», añade. Se suman ahora los intereses que representan los cigarrillos electrónicos. La ministra de Sanidad lamenta que se estén introduciendo como «un mecanismo de control de daños», como algo «poco tóxico». «Pero nosotros», resuelve, «no nos movemos en el eje de la toxicidad, sino en el de la salud». Además, apunta que el vapeo se ha convertido en una puerta de entrada para los jóvenes hacia el tabaco. Por su parte, la patronal de los hosteleros Hostelería de España ha calificado la nueva propuesta gubernamental de «desproporcionada».
Mónica García: «Nosotros no nos movemos en el eje de la toxicidad, sino en el de la salud»
«Pero la ley de 2011 y antes la de 2005 ya demostraron que las iniciativas que son coherentes, valientes, ambiciosas y que quieren proteger la salud de los ciudadanos siempre funcionan», zanja García. «A pesar de los malos augurios, de los anuncios de apocalipsis y de la dificultad que representa cambiar los hábitos de una sociedad, si detrás hay coherencia y evidencia científica, la ley se va a cumplir desde el primer momento». «Además», completa la ministra, «ahora vemos cómo son incluso personas fumadoras las que piden una ley como esta».
El sociólogo Mariano Urraco pronostica —en caso, claro, de que la ley prospere— un proceso de adaptación parecido al de 2011. El periodista Manuel Sánchez lo resume así en su libro: «Llegó la fecha elegida, entró en vigor la ley… Y no pasó nada. La ciudadanía asumió de forma sorprendente y contra todo pronóstico dejar de fumar en bares y restaurantes y, salvo incidentes aislados, la normativa se cumplió mayoritariamente en todos los rincones de España». Hizo falta, eso sí, un proceso de adaptación más o menos corto, aunque no falto de anécdotas.
El hostelero de Madrid que ha atendido a Público habla, por ejemplo, de cuando entraba en un salón algo más escondido de su restaurante y olía a tabaco. «Pero nadie estaba con el cigarrillo en la boca». Nadie admitía estar fumando. «Luego, al final de la jornada, te ponías a barrer y salían unas cuantas colillas«.
«Si finalmente se termina por prohibir el tabaco en las terrazas», comenta Mariano Urraco, «los fumadores tendrán que adaptarse y no fumar en sus reuniones sociales o moldear su costumbre». Cuando se prohibió fumar en el interior de los locales, se generó un nuevo escenario de socialización, que fue la puerta del bar. Está por ver cuál es el texto final de la nueva ley y la profundidad del cambio en el comportamiento social que origina.
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Mínimo histórico de fumadores
Habida cuenta del clima político actual, parece imposible que una ley como la que entró en vigor en 2011 —polémica y, en aquel momento, controvertida— reúna el consenso necesario, pero Mónica García aspira a ello y lo cierto es que por el momento parece que hay una cierta predisposición a negociar. «La salud es un factor aglutinante en la política«, explica: «Y no entendemos que haya partidos políticos que puedan llegar a ponerse del lado de quien quiere seguir intoxicando a la población».
Tal y como explica Manuel Sánchez en su libro, Trinidad Jiménez consiguió rápidamente el favor de Josep Antoni Durán i Lleida (CiU) y de Gaspar Llamazares (IU) para que dieran apoyo a la reforma del 2010-2011. Lo de convencer al Partido Popular fue un poco más difícil. Sin embargo, Jiménez se entendió bien con Soraya Sáenz de Santamaría y con Ana Pastor y estas convencieron a su vez a Mariano Rajoy. Zapatero, que era fumador, había pedido a su por aquel entonces ministra de Sanidad un consenso parlamentario de entre el 60% y el 80% para promover la iniciativa. Con el sí del PP, esos parámetros se cumplían, así que la ley fue enseguida al Consejo de Ministros y más tarde al Congreso de los Diputados.
Con Trinidad Jiménez ya como ministra de Exteriores tras una crisis de Gobierno de Zapatero, la reforma terminó viendo la luz con Leire Pajín al frente de Sanidad. Pasados los años, Pajín recuerda que muy pronto empezaron a mejorar los datos de hospitalización por motivos cardiovasculares. Una encuesta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria publicada en 2012 (meses después de su aplicación) cifraba en un contundente 82% el apoyo de los españoles a la ley antitabaco.
Las cifras de fumadores son las más bajas de la historia
La encuesta EDADES 2024, publicada en este caso por el Ministerio de Sanidad, arroja unos datos también muy significativos. Solo un 25,8% de los españoles consume hoy tabaco de forma diaria, la cifra más baja desde que hay registros (1995). Un estudio que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2023 refleja la caída drástica del consumo de cigarrillos. En 2013, en España se consumieron 29.905.200 cigarrillos. En 2023, 16.274.280.
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El final de esta legislatura decidirá si España sigue en la senda del progreso en términos de salud con la puesta en marcha de la nueva reforma. Por el momento, la propuesta está todavía lejos de llegar a la Cámara Baja, pero no es descartable que 2026 sea otro año para el recuerdo en términos de antitabaquismo.
En una suerte de memorias políticas (A calzón quitao), Alejandro Fernández, actual líder del PP en Catalunya, preguntaba a los lectores si consideraban una coincidencia que Ciudadanos y Vox, partidos escindidos de la derecha, se forjaran en Catalunya y Euskadi. Él, contrario a creer en casualidades, celebraba el éxito de partidos conservadores que rechazan sin ambages los acuerdos con formaciones nacionalistas. El discurso duro es lo que había hecho a estas formaciones florecer y él defiende ese mismo enfoque para su partido, en una disputa interna permanente entre acercarse o no a Junts y PNV.
Sin embargo, las últimas encuestas en Catalunya dejan en mal lugar al Partido Popular catalán. La irrupción de Aliança Catalana (AC), fuerza de extrema derecha independentista, y el crecimiento de Vox colocan a los populares en una posición de debilidad al convertirse en el partido de ese ámbito ideológico con menos fuerza en el Parlament. A pesar de haber logrado cierta estabilidad y haber recuperado sus números históricos (actualmente cuenta con 15 escaños), en 2017 y 2021 rozó su desaparición y sobrevivió con 4 y 3 escaños, respectivamente. Sus vaivenes y la aparición de fuerzas que superan en radicalidad al PP, sumado al perfil del votante de la formación de Alejandro Fernández, lleva a preguntarse por el futuro del PP en Catalunya, que actualmente gobierna tan solo en cinco alcaldías (Badalona, Castelldefels,
Gimenells i el Pla de la Font, Pontons y Monistrol de Montserrat) de las 947 que hay en total. Uno de esos alcaldes, Dante Pérez, se dio de baja del partido tras conocerse las negociaciones entre PP y Junts para investir a Alberto Núñez Feijóo.
La línea dura y el discurso radical impuestos por Fernández han sido claves para la supervivencia del PP, pero ahora vuelve a estar en tela de juicio. El último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) reveló que el votante popular se conforma fundamentalmente por personas mayores y no es capaz de conquistar el voto joven. Xavier Calafat, politólogo de la Universitat de València ligado a la política catalana, prevé un futuro complicado para el PP en Catalunya: «No tiene un espacio sociológico de crecimiento, ha perdido la capacidad de incorporar votantes. Vox y AC están impulsados por un voto anti establishment, hay una rebelión entre el votante y ven que el PP es demasiado débil», asegura a Público. Las aspiraciones de la ciudadanía conservadora dejan al PP en fuera de juego, falto de credibilidad cuando intenta el discurso antisistema.
El PP tiene una de las fidelidades más bajas (65%) observadas en el campo de la derecha en el último CEO, solo más alta que la de Junts (60%), mientras Vox (85%) y Aliança Catalana (87%) cuentan con las más altas. El último barómetro apunta que Vox le quita un 10% de sus votantes, el PSC un 5% y Aliança Catalana otro 5%.
El voto por edad en los partidos de derechas, según el último CEO
La marca PP sufre mucho en Catalunya, comunidad a la que impuso el artículo 155 de la Constitución durante el procés y contra la que promovió el encarcelamiento de sus líderes independentistas. Y esas acciones pueden haber dictado el futuro de la formación. «El PP es un partido muy mal valorado en Catalunya y eso es algo que ha ido avanzando con el tiempo. En los últimos tiempos ha habido algo de mejora, y hay indicadores de que un perfil hooligan les aguanta el espacio, pero no son capaces de crecer, porque el votante se va a la extrema derecha. Si votas al PP, votas a una derecha elitista, y en cierta forma, ese elitismo que transmite el PP no lo transmiten ni Aliança ni Vox», explica Calafat.
¿Futuros entendimientos con Aliança Catalana?
Julia Miralles, doctora en Ciencia Política y profesora universitaria, denota un cambio de perfil en el electorado conservador catalán, un síntoma que en realidad forma parte de una internacional reaccionaria que afecta a todo Occidente: «Cada vez vemos un electorado más vinculado a la derecha antidemocrática, contrario a las instituciones y favorable a las teorías de la conspiración», apunta. Esa aparición provoca que los partidos tradicionales de derechas adopten la agenda ultra, con consecuencias negativas para su futuro: «Ante la copia, todo el mundo elige lo original y el PP intenta competir en un espacio donde la extrema derecha crece. Y hay una parte del electorado conservador, tradicional y democrático que está huérfano de referentes», considera Miralles, que aunque reconoce que «el PP siempre ha tenido muchos problemas» para gustar entre los catalanes, «ahora empieza a verse que no tiene un espacio claro».
El actual votante del Partido Popular tiene un perfil muy evidente: «Tiene una identidad española muy fuerte, claramente a favor de la unidad de España, pero un votante socializado políticamente con el esplendor que trajo al partido José María Aznar. Es entre esos votantes de mayor edad donde más fuerza tiene. De hecho, Vox y Aliança no calan entre la población mayor, pero la gente mayor aún se decanta por el bipartidismo. Da la sensación de que los votantes ultras son muy anti establishment, y los del PP aún son más racionales», analiza Calafat tras los últimos sondeos.
La politóloga Miralles constata cómo el enfoque centrista ha perdido fuerza en el PP catalán. Y, lejos de una supuesta distancia o brecha que pueda haber entre Aliança Catalana y el PP por sus diferentes enfoques nacionalistas, cree que la necesidad se convertirá en virtud y habrá alianzas si eso habilita la posibilidad de gobernar. «Cuando hablamos de la propuesta social y económica, Vox, Aliança Catalana y Partido Popular tienen mucho en común. Silvia Orriols (líder de AC) ha dicho que está en contra del sistema de pensiones, y eso es un discurso neoliberal que vemos en Vox y PP. Puede parecer difícil un entendimiento, pero no dejan de ser proyectos excluyentes que promueven los intereses de las grandes empresas y fortunas», zanja la experta.
Más de un año después de la DANA del 29 de octubre de 2024 y tras el relevo de Carlos Mazón en la presidencia de la Generalitat por Juanfran Pérez Llorca, la movilización de las asociaciones de víctimas y la sociedad civil valenciana no cesa. Así, cada mes, verano o Navidad (como es ahora el caso de este sábado, 27 de diciembre), València vive una nueva convocatoria de protesta.
Si el lema de las primeras manifestaciones era «Mazón dimisión» y Mazón ya ha dimitido, ¿por qué, pues, continuar la protesta? Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, explica que «aunque se ha conseguido que Mazón dimita, el gobierno de Pérez Llorca continúa con las mismas políticas negacionistas del cambio climático y en él continúan también cargos con responsabilidades el 29 de octubre de 2024″.
«Continúan los mismos cargos y las mismas políticas de negacionismo climático»
«Carlos Mazón continúa con el acta de diputado, y, por lo tanto, aforado y cobrando de los valencianos y las valencianas; y, además, premiado con la portavocía de una comisión que no se convoca desde hace años, para cobrar un sobresueldo sin trabajar», dice la representante de las víctimas.
El lema de la protesta ha mutado a «Mazón a prisión«. Desde las organizaciones convocantes exigen que Mazón entregue el acta de diputado y se ponga a disposición de la jueza de Catarroja que instruye la causa. Asimismo, instan a Pérez Llorca a reclamársela y a expulsarlo del grupo, en caso de no acatar la exigencia.
Carbón para Mazón, Pérez Llorca y los consellers
Las principales asociaciones de víctimas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que convocan las movilizaciones se han pronunciado nuevamente esta semana durante la rueda de prensa celebrada el pasado martes frente a Les Corts, donde han entregado simbólicamente carbón a Mazón, a Pérez Llorca y a los consellers que siguen en el cargo desde la DANA, Susana Camarero, José Antonio Rovira y Miguel Barrachina, ya que «antepusieron otras prioridades a la vida de los valencianos y las valencianas».
La manifestación de este sábado será la número 15 que se convoca para exigir responsabilidades políticas por la gestión negligente de la DANA. Ahora hace un año, también durante la Navidad, se produjo una de las movilizaciones clave. El 9 de noviembre las calles de València se llenaron, menos de dos semanas después de la tragedia, con los pueblos afectados aún llenos de fango y el transporte público sin funcionar. En Alacant, Elx o Castelló se celebraron también grandes manifestaciones.
Las asociaciones de víctimas y entidades convocantes de la protesta entregan frente a Les Corts simbólicamente carbón a Mazón, Pérez Llorca y los consellers de la DANA.
Para el 29 de noviembre, justo un mes después de la catástrofe, se repitió la misma imagen, con València llena de manifestantes. Asimismo, una semana antes también se había celebrado una protesta centrada en la educación que estaba convocada con anterioridad. Pero se puede decir que fue la nueva movilización en diciembre, en plena Navidad, la que confirmó que la protesta no era flor de un día y que no pararía de llenar las calles hasta conseguir sus objetivos.
«La sociedad no puede pasar página sin las víctimas»
Anna Oliver, presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), una de las principales entidades sociales que forman la plataforma convocante, explica que su «objetivo sigue siendo el mismo que el primer día: acompañar a las víctimas, estar a su servicio y responder a sus peticiones. Y lo que piden es que la sociedad no olvide«.
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Así, «la sociedad no puede pasar página, si las víctimas no pueden: hay que luchar porque no se repita la misma historia que con el accidente de metro, con una dimisión en falso de Mazón, que sigue aforado y con un sobresueldo en una comisión que no se convoca y con un PP que lo sigue protegiendo».
Para Oliver, «nos encontramos con un PP, con su presidente al frente, que sigue falseando y mintiendo y, cada día que pasa, siguen apareciendo nuevas informaciones que demuestran todas sus mentiras, como ha sido el caso con las conversaciones de WhatsApp con Mazón del día de la DANA que Alberto Núñez Feijóo ha entregado a la jueza, una entrega parcial y en el último día antes del periodo de vacaciones judiciales, con unas conversaciones mutiladas y en las que se pretende eludir las responsabilidades«.
Además, Oliver valora que «sigue habiendo problemas que es impensable que continúen en una sociedad occidental un año después, como la poca transparencia con la gestión de las donaciones ciudadanas para ayudas de la DANA, las escuelas en barracones, las personas de movilidad reducida sin ascensores, el alcantarillado que sigue sin arreglarse y se satura cada vez que caen cuatro gotas…».
Por todo ello, Oliver concluye que «es una burla para las víctimas, pretender que ya se ha acabado todo con una dimisión fakede Mazón».
Rut Moyano, miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Benetússer y del Acord Social València, coincide en el diagnóstico y advierte de que «Pérez Llorca representa las mismas políticas de muerte que Mazón» y por ello la protesta no cesará. Señala que no quieren «estar gobernados por negacionistas del cambio climático ni seguir en manos de quienes están haciendo negocio con la reconstrucción y olvidando la reconstrucción social de las comarcas: solo hace falta pasearse por los polígonos o los centros comerciales para ver cómo hay sectores que han vuelto a la normalidad, mientras en los pueblos se sigue sin disponer de espacios de socialización necesarios para una vida digna, como instalaciones deportivas, auditorios, escuelas de música, centros de salud, actividades culturales, etc.».
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«Pérez Llorca representa las mismas políticas de muerte que Mazón»
Moyano añade que «las infraestructuras que facilitan que el tejido económico se reactive sí que están en marcha, pero las infraestructuras que ayudan a recuperarse de la tragedia siguen paradas y sigue habiendo niños en barracones sin que haya previsión de que las escuelas se reconstruyan». Es decir, para Moyano «esta reconstrucción, que se está haciendo a espaldas de los vecinos y las vecinas, es una reconstrucción que no sirve, porque se está volviendo a reproducir el mismo modelo que había antes de la DANA, que ya se ha demostrado que es un modelo que no funciona y que causa muertes«.
Frente a ello, Moyano valora que se «necesita una reconstrucción que priorice siempre la seguridad de las personas que viven en estas comarcas, y, en este sentido, es necesario un proceso de deconstrucción y de renaturalización, lejos de la reconstrucción del hormigón y el ladrillo que están imponiendo».
Proyectos de recuperación social en peligro
La protesta social vinculada a la gestión de la DANA no frena el sábado 27, sino que tiene una continuidad cotidiana. Como todos los meses. Así, el lunes 29 de diciembre habrá también una manifestación en Alfafar, en el barrio de Orba, el Parque Alcosa, uno de los barrios con menos renta per cápita del Estado, convocada por la coordinadora de colectivos para denunciar los impagos de la Generalitat a proyectos sociales de recuperación de la vida del barrio tras la DANA y que, según los convocantes, ponen en riesgo proyectos como el supermercado popular o los centros infantiles y de jóvenes.
Para Rut Moyano, se trata de «ataques que van más allá de la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa, ya que son ataques a todo el tejido social de la comarca, a toda la ciudadanía organizada, que fue clave para salvarnos en las horas y días posteriores a la tragedia, a toda una agrupación de vecinos que es capaz de organizarse y dar una respuesta con alternativas sociales, políticas y económicas que rompen completamente con las políticas que se imponen desde el ayuntamiento de Alfafar o la Generalitat».
En
su último mensaje de Navidad antes de su abdicación, cuando la
crisis financiera ya había hecho migas el tejido productivo de
España, destruido la economía familiar de millones de hogares y
puesto el sistema bancario al borde del concurso de acreedores, el
entonces rey Juan Carlos de Borbón apareció en televisión apelando
a «la fuerza de la familia» para superar el bache. Criticó duramente «los casos de falta de ejemplaridad en la
vida pública» que habían dañado, según él, «el
prestigio de la política y de las instituciones» que debían
sacar al país del agujero.
«La salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento
ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes», dijo
solemnemente en su discurso en la Nochebuena de 2013.
Todo el mundo interpretó entonces
que se refería a la trama
corrupta del PP que desvelaron los papeles de Luis Bárcenas. Porque
por entonces
aún no se sabía que él, el monarca, también tenía
cuentas en Suiza a través de una fundación con ánimo de lucro, ni
que el año anterior le había regalado
a una de sus
amantes
65 de los 100 millones de euros que había recibido del rey de Arabia
Saudí, tras mediar
desde su cargo de
jefe del Estado español en
la construcción de una línea de AVE en ese país. Era
la misma amante con la que un año antes se había ido a cazar
elefantes a Botsuana mientras la crisis
de deuda amenazaba de quiebra a
España. Aún así, en su
mensaje navideño de 2013, el
último antes de abdicar,
Juan Carlos I insistió
en la relevancia
de la familia y de
la ética política: «Asumo
las exigencias de ejemplaridad y transparencia que hoy reclama la
sociedad».
El
sucesor del
hoy exrey, Felipe de Borbón, que era uno de los beneficiarios de aquella
fundación paterna y
que no renunció a la herencia de su padre hasta que se hizo pública la
existencia de
su fortuna opaca al fisco,
ha mantenido la tradición del mensaje navideño que
su progenitor, a
su vez, había
copiado
del mensaje de año viejo
con el que Francisco Franco aleccionaba al
país desde 1938, por radio primero y después
por televisión. Como
ellos, el
actual jefe del Estado, que
este 24 de diciembre cumplirá doce discursos navideños, aparece
en pantalla
con cuidada escenografía
y apariencia
de auctoritas amable, de legítima superioridad moral y presunta cercanía
a los problemas que
cada año la Corona intuye como prioridades
ciudadanas. Con
una salvedad, como
también ocurría con su padre:
suceda lo que suceda, el leit motivsiempre
es la defensa del establishment político y
económico que sostiene a la monarquía,
sin reconocimiento expreso de sus errores, escándalos y corruptelas
ni mención alguna, nunca, a las víctimas de la dictadura de la que
proviene.
2014. Crisis, Corona y corrupción .
En diciembre
de 2014,
el año del primer discurso de Nochebuena de Felipe VI como jefe del
Estado tras
la abdicación de Juan Carlos I, España
sigue en crisis con cerca del 24% de paro mientras los
recortes están
minando la cobertura social. El
movimiento político surgido alrededor del 15M, de cariz republicano, se
consolida
como alternativa al
bipartidismo y a una
clase política que la ciudadanía intuye sistémicamente corrupta, empezando por la Corona. El
rey lanza ese año mensajes encadenados que recogen
esa denuncia pero
sin apuntar, ni insinuar siquiera, a
su padre, que
sigue cobrando un sueldo público, ni a su hermana Cristina de Borbón y a su marido,
imputado por varios delitos fiscales y de blanqueo:
«Las conductas que se alejan del
comportamiento que cabe esperar de un servidor público, provocan,
con toda razón, indignación y desencanto (…) Necesitamos una
profunda regeneración de nuestra vida colectiva (…) Debemos cortar
de raíz y sin contemplaciones la corrupción (…). La honestidad
de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra
convivencia». Felipe VI pide a los ciudadanos «recuperar la
confianza», y, como era habitual en los mensajes de su
progenitor, defiende la Constitución como «la garantía de una
convivencia democrática, ordenada, en paz y libertad». Por
primera vez en la historia de los mensajes reales, el rey se despide
en las cuatro lenguas oficiales: «Feliz navidad, Eguberri on,
Bon nadal, Boas festas».
Felipe VI, en su primer mensaje de navidad en la nochebuena de 2014.
2015. La amenaza de una ruptura.
El
domingo 20 de diciembre de 2015 se celebran elecciones generales.
Podemos, que ha aglutinado buena parte del descontento social de los
últimos años, obtiene 69 escaños, por 123 del PP, 90 del PSOE y 40
de Ciudadanos. La izquierda alternativa no sólo propone un cambio de
ciclo, sino de sistema político, que incluye el fin de la monarquía.
Cuatro días después de los comicios, el rey enarbola la defensa de ese sistema con críticas veladas a cualquier proyecto que lo cuestione,
como si la victoria de la izquierda (PSOE más Podemos) en votos y en
escaños sobre la derecha (PP más Ciudadanos)
no fuera democrática:
«La
ruptura de la ley, la imposición de una idea o de un proyecto de
unos sobre la voluntad de los demás españoles, solo nos ha
conducido en nuestra historia a la decadencia, al empobrecimiento y
al aislamiento. Ese es un error de nuestro pasado que no debemos
volver a cometer», advierte,
para añadir: «Debemos desterrar los enfrentamientos y los rencores«. En
años posteriores, Felipe VI volverá a utilizar en sus discursos
navideños el término «rencor» en aparente alusión a las
demandas de reconocimiento, reparación y justicia de las víctimas
de la dictadura.
2016. Recortes y «heridas cerradas».
Lo
hace un año después, lo
de usar el término «rencor«, en
la Nochebuena de 2016. Casi
al final de su discurso
se postula por construir una
España «de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite
viejos rencores o abra heridas cerradas«.
Se
han
repetido las elecciones
generales en
junio, y el PP de Mariano Rajoy (137 escaños) ha logrado mantenerse
en el poder gracias al apoyo de Ciudadanos (32), frente al PSOE (85),
cuya cúpula ha
echado a su líder –Pedro Sánchez–, y Unidos Podemos (71). La amenaza
de la ruptura política se aleja por
la izquierda y Felipe VI
ofrece y demanda calma: «Hemos
superado una compleja situación política que conocéis bien.
Es importante ahora que
en nuestra sociedad se haya recuperado la
serenidad», afirma.
La ruptura, sin embargo, se
acerca por Catalunya, donde Carles Puigdemont, nuevo president de la
Generalitat, avanza en el procés
hacia el referéndum de independencia, contra el que el rey clama en su mensaje, entre líneas pero de forma nítida a ojos de la mayoría de analistas: «Tampoco
son admisibles ni actitudes ni comportamientos que ignoren o
desprecien los derechos que tienen y que comparten todos los
españoles para la organización de la vida en común. Vulnerar las
normas que garantizan nuestra democracia y libertad solo lleva,
primero, a tensiones y enfrentamientos estériles que no resuelven
nada y, luego, al empobrecimiento moral y material de la sociedad».
2017. Catalunya y, por primera vez, violencia de género
El
referéndum de independencia se ha celebrado el 1 de octubre entre
cargas y represión policial que lo conducen al fracaso, pero el
Parlament de Catalunya declara la independencia el 27 de ese mes y eso provoca que
el Gobierno de Rajoy aplique el artículo 155 de la Constitución
para intervenir la Generalitat y destituir a Puigdemont y a todo su
gabinete. Menos de dos meses después, Catalunya centra el discurso
de navidad del
rey, al que las fuerzas
soberanistas acusan de abandonar su obligada equidistancia
institucional para situarse del lado de quienes se opusieron a la
consulta. El monarca les
acusa de querer «imponer
las ideas propias frente a los derechos de los demás» y
de optar por el «enfrentamiento» y la «exclusión», que, a
su juicio, «solo
generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral,
cívico y –por supuesto– económico de toda una sociedad».
Unos
meses antes, la Audiencia Nacional ha condenado a su
cuñado por varios delitos de
corrupción, pero Felipe VI no se
refiere él en su mensaje y solo se
limita a constatar, en una línea, que la
corrupción
se mantiene «como una de las principales preocupaciones de la
sociedad española». Por primera vez desde que fue coronado, sí habla expresamente de
la violencia de género, «una lacra inadmisible (…) criminal y
cobarde».
Juan Carlos de Borbón: «La salud moral de una sociedad se define por el nivel del comportamiento ético de cada uno de sus ciudadanos, empezando por sus dirigentes»
2018. 8M, nuevas generaciones y memoria democrática
El
8 de marzo de 2018 se celebra el primer paro internacional de
mujeres, una huelga con un seguimiento masivo en España que la
Corona intuye como una referencia de enorme malestar social como no se conocía desde el 15M, y
que lleva al rey a citar a la violencia contra las mujeres en las
primeras líneas de su mensaje de Nochebuena, para lamentarla en
plural mayestático: «Merece
siempre nuestra repulsa y condena más enérgica». El
31 de mayo, Pedro Sánchez ha desbancado a Mariano Rajoy con
una moción de censura tras la sentencia que condena al PP por el caso Gürtel, pero, paradójicamente, este es el año en que el monarca
dedica menos espacio de su mensaje a condenar la corrupción: le sigue «preocupando, por supuesto, muy seriamente».
La mayoría de su discurso se dirige a promocionar
la Constitución ante las nuevas generaciones, a las que insta a
defender «los ideales» de la transición, que identifica
con el diálogo y el consenso, frente, de nuevo, al «rencor y el
resentimiento» que forman parte de «la peor historia»
de España.
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2019. El discurso neoliberal.
La
condena al «rencor» también está presente en el discurso
del 24 de diciembre de 2019, que, como todos los mensajes navideños
de Felipe VI, se centra sobre todo en defender el sistema político y
económico establecido. Si en años anteriores el rey esgrimió
argumentos clásicos del relato neoliberal, como definir los recortes
sociales como «sacrificios necesarios» por la crisis o
alabar la ética del esfuerzo como garantía de ascenso social, en
este se esmera en identificar las desigualdades sociales y de
género no como un efecto
estructural del sistema sino como un consecuencia derivada de la
crisis, para defender las benevolencias de aquél:
«Vivimos en un
Estado social y democrático de derecho que asegura nuestra
convivencia en libertad y que ha convertido a España en un país
moderno, con prestaciones sociales y servicios públicos esenciales
como en educación y en sanidad»,
dice. Las elecciones generales de noviembre han disparado a
Vox (52 escaños) pero hundido al PP (89) y a Ciudadanos (10); y Pablo Iglesias, líder de Podemos, la referencia del discurso
republicano en la política nacional, asoma como vicepresidente de
Pedro Sánchez en las negociaciones para formar Gobierno. El rey se
refiere a ellas y reclama: «No debemos caer en los extremos
(…) ni en una autocrítica destructiva».
El Rey emérito Juan Carlos I durante las regatas de Sanxenxo.
2020. Pandemia y fuga.
Ha transcurrido un año trágico, con decenas de miles de fallecidos
por el
covid-19 y
la economía derrumbándose de nuevo por el confinamiento, que ha
obligado al cierre de empresas y negocios y ha paralizado el comercio
mundial. A finales de diciembre se atisba algo de luz al final del
túnel, pero el jefe del Estado aún habla en términos de tragedia
colectiva. Se refiere a profesionales, empresas y trabajadores,
especialmente sanitarios, para lanzar alabanzas conjuntas; a
la investigación, la ciencia y la «responsabilidad individual», pero
no dedica ni
una línea en defensa expresa de
la sanidad pública como
constructo común que ha permitido salvar miles de vidas. Además
del reto sanitario, Felipe
VI habla
de la
necesidad de idear soluciones para evitar
que la crisis económica «derive en una crisis social», pero,
de nuevo, sin una palabra sobre las medidas económicas –los EREs,
el escudo social– adoptadas por el Gobierno de coalición (PSOE más Unidas Podemos) que se había formado
a principios de año, sólo dos meses antes de la emergencia
sanitaria. En diciembre, las restricciones para prevenir el contagio
del virus limitan a seis el número de personas permitido en las
celebraciones navideñas, pero en
la familia real serán uno menos, pues en agosto Juan Carlos de
Borbón se ha fugado a Abu Dabi huyendo
de sus escándalos de corrupción. Pese a la polémica que el caso
levanta en
todo el país,
el rey no se refiere a su padre en
su discurso de diciembre,
ni a su propia condición de beneficiario de su fortuna oculta, a la
que se ha visto obligado a renunciar pocos meses antes, cuando salió a la luz. Se
limita a decir que «los
principios morales y éticos que los ciudadanos reclaman (…) están
por encima de cualquier consideración (…)
incluso de las personales o familiares», y
que eso demuestra «el
espíritu renovador que inspira» su reinado.
2021. Las vacunas de las infantas
El
volcán de la Palma entra en erupción en septiembre y el rey empieza
su mensaje de Navidad tres meses después con cariñosos recuerdos a
los afectados. Pero el 2021 ha sido el año del principio del fin de
la pandemia y el monarca lo celebra: «Hemos avanzado
sustancialmente en la
lucha contra la pandemia gracias al descubrimiento y autorización de
las vacunas», proclama.
En
marzo ha trascendido que sus hermanas, Elena y Cristina de Borbón,
habían volado a Abu Dabi,
y que allí, junto
a su padre, el
exrey Juan Carlos, habían aprovechado
para vacunarse contra la covid-19, saltándose así las listas de espera que en España priorizaban a los
grupos de riesgo, especialmente a las
personas mayores. El
rey no se pronuncia sobre
ello,
pero sí critica a «las instituciones» del Estado –además
de la Corona, que él ostenta, son el Gobierno, el Poder Judicial y
las Cortes– , y les reclama «respetar
y cumplir las leyes y ser ejemplo de integridad pública y moral«.
2022. Ucrania y la erosión institucional.
«Cuando
creíamos haber superado lo peor de la pandemia (…)
en el mes de febrero Rusia invadió Ucrania». Felipe
VI empieza
su discurso de 2022 condenando
la invasión y sustentando el discurso armamentista –»Nuestra
seguridad también se ha visto afectada»–, aunque
también, por primera vez tan directamente, el de la
protección
social: «Encender
la calefacción o la luz o llenar el depósito de gasolina, acaba
siendo una fuente de preocupación e implica –en muchos casos–
importantes sacrificios personales y familiares. Porque, en
efecto, hay familias que no pueden afrontar esta situación de una
manera prolongada y necesitan el apoyo continuo de los poderes
públicos«. En el orden político interno, con Alberto Núñez Feijóo recién
aupado al liderazgo del PP, el monarca se refiere a los que considera
los riesgos más graves a los que se expone el país:
la «división», el «deterioro de la convivencia»
y, de nuevo, «la erosión de las instituciones», a las que
pide que «sean un ejemplo de integridad y rectitud«. Su
padre, que forma parte de la familia real, sigue en Abu Dabi, aunque en
mayo de
2022 ha
vuelto a España para regatear en Sanxenxo (Pontevedra),
donde ha
contestado con displicencia a los periodistas que le preguntaron si
iba a aprovechar
la visita para explicar
sus fraudes a Hacienda: «¿Explicaciones, de qué?».
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Felipe de Borbón: «Las conductas que se alejan del comportamiento que cabe esperar de un servidor público provocan, con toda razón, indignación y desencanto»
2023. La Constitución, medio y fin
Las visitas de Juan Carlos desde Abu Dabi se hacen cada vez más
frecuentes –media docena de veces en un año–, una vez que han
sido archivadas, bien por prescripción de los delitos, bien por la protección
constitucional de su figura, las causas contra él. Su presencia, sin
embargo, desarma una y otra vez los intentos de Felipe VI por
recuperar la imagen de la Corona. En su discurso de Nochebuena de
2023, el monarca arranca reconociendo la preocupación por «las
dificultades económicas y sociales que afectan a la vida diaria de
muchos españoles», así como por el empleo, la sanidad, la
calidad de la educación, el precio de los servicios básicos,
la violencia contra la mujer y, por primera vez, «el acceso a la
vivienda» y las pensiones –»un retiro digno», las
llama–. Lo hace para vincular la defensa de esos logros a la de la
propia Constitución, que, además de consagrar la monarquía,
representaría no sólo «un valor democrático» en sí sino un
«instrumento» de garantía del bienestar colectivo.
2024. Ni rastro de Gaza
La
DANA ha arrasado València hace dos meses y en la Nochebuena de 2024
Felipe VI se dirige en primer lugar a sus víctimas para decirles que
entiende «la
frustración, el dolor, la impaciencia y
las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las
administraciones». Intencionadamente
o no, eso aproxima
su discurso al de
quienes usaban
idéntico
argumento para liberar
de responsabilidad al entonces president de la Generalitat Valenciana, Carlos
Mazón. El rey también
habla de inmigración y de integración; de la democracia liberal y
de la Constitución; del paro y la vivienda; la
pobreza y la exclusión
social; Europa e Iberoamérica.. Y
de las amenazas sobre
el multilateralismo y la universalidad de los derechos humanos,
aunque
sin citar ni una vez a Estados Unidos y a Donald Trump ni al Netanyahu y al exterminio planificado por
Israel en Palestina, a pesar de que a finales de 2024 el genocidio ya acumulaba más muertos civiles inocentes que la
invasión rusa de Ucrania, que el
jefe del Estado sí condenó
expresamente. También se
dirige con orgullo a la
juventud española, que acudió «en masa» a València para
socorrer a las víctimas de la DANA y que, a la vez «ha hecho brillar nuestro nombre en los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos y en la última Eurocopa».
El experimento de Alberto Núñez Feijóo ha fracasado en Extremadura. El PP, que pretendía librarse del yugo de la ultraderecha y gobernar con mayoría absoluta la Junta extremeña, seguirá dependiendo del partido de Santiago Abascal. Con el 99% de los votos escrutados, María Guardiola tendrá que negociar con los ultras si quiere formar Gobierno y sacar adelante los Presupuestos y demás leyes en la Asamblea de Mérida. En Vox se frotan las manos, pues el PP tendrá que escuchar sus exigencias también en Extremadura, tal y como ya ha sucedido en el País Valencià.
El PP ha mejorado ligeramente sus resultados de mayo de 2023. Guardiola tan solo ha aumentado en uno el número de diputados en la asamblea autonómica, logrando 29. Con casi el 100% escrutado, el PP ha obtenido 228.300 votos, un 43,18%. En 2023 los populares lograron 28 diputados y 236.235 votos el 38,84% del apoyo total.
Vox, por su parte, es el otro ganador de la noche. La candidatura liderada por Óscar Fernández Calle logra 11 escaños en la Asamblea regional, con 89.360 votos y el 16,90%. En 2023 tan solo tenía cuatro representantes, cuando había obtenido 49.400 papeletas, el 8.12%. La ultraderecha obtiene unos resultados espectaculares en Extremadura y tendrá la llave del Gobierno y de la próxima legislatura.
La noche electoral lanza otros titulares que llevan las miradas, inevitablemente, al PSOE. Miguel Ángel Gallardo ha cosechado los peores resultados históricos del socialismo en Extremadura. Unos resultados que tendrán consecuencias en Ferraz, pues los comicios extremeños son el arranque de un ciclo electoral que se prolongará en los próximos meses en Aragón (8 de febrero), Castilla y León (marzo) y Andalucía (durante el primer semestre de 2026).
El PSOE se hunde hasta los 18 diputados, pierde una decena de representantes autonómicos, al conseguir 136.017 votos y el
25,72%. En mayo de 2023, el PSOE ganó las elecciones en Extremadura, obteniendo 28 escaños, 242.659 papeletas y el 39.9% del total de votos. Es el peor resultado del partido en este feudo histórico del socialismo y las consecuencias trascienden Extremadura y resuenan con fuerza en Moncloa y Ferraz. La candidatura de Gallardo, procesado por tráfico de influencias, ha supuesto un auténtico fracaso.
El respiro para el bloque progresista ha llegado por parte de Unidas por Extremadura. La candidatura liderada por Irene de Miguel ha obtenido el mejor resultado histórico de la izquierda alternativa en la región. Ha obtenido siete diputados (tres más que hace dos años), 54.189 papeletas, el 10,25% del total. De este modo, el proyecto de unidad entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde lanza un mensaje a las izquierdas a nivel estatal, en pleno proceso de reconfiguración de cara al ciclo electoral que acaba de arrancar.
Derechización de la sociedad
Los resultados provisionales muestran una clara derechización de la sociedad extremeña con respecto a las elecciones celebradas hace dos años. El Parlamento queda escorado hacia las posiciones conservadoras y reaccionarias. En estos momentos, la suma de PP y Vox sumaría 40 escaños de los 65 que reúne la cámara extremeña. Por su parte, las opciones progresistas tan solo sumarían 25.
La variación es llamativa, teniendo en cuenta el empate casi técnico con el que quedó dibujado el reparto de diputados y diputadas hace dos años, cuando PP y Vox sumaron 33 representantes, mientras que PSOE y Unidas por Extremadura reunieron a 32.
Las dos provincias
Por provincias, en la circunscripción de Cáceres el PP ha logrado 13 diputados, mientras que el PSOE tan solo ocho. La ultraderecha de Vox ha llegado hasta los cinco diputados. Por su parte, Unidas por Extremadura ha obtenido tres representantes cacereños.
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Hace dos años, la provincia de Cáceres repartió 13 escaños para el PP, que quedó como primera fuerza política al obtener 91.915 votos, 40.24% del apoyo en la provincia. La segunda posición fue para el PSOE, que obtuvo 86.080 papeletas, el 37.69%, y 12 representantes. Vox logró dos diputados por Cáceres, al conseguir 19.238 sufragios, el 8.42% del total provincial. También obtuvo 2 asientos en esta provincia Unidas por Extremadura, que sumó 13.833 votos, el 6.05%.
En cuanto a la provincia de Badajoz, el PP también ha ganado las elecciones obteniendo 16 escaños, uno más que hace dos años. El PSOE se ha dejado seis por el camino y sentará a 10 representantes pacenses en la asamblea autonómica. Vox ha logrado seis diputados en esta circunscripción, el doble que en 2023. Unidas por Extremadura, por su parte, saca cuatro diputados en Badajoz, también el doble que en 2023.
En aquella ocasión PSOE ganó, en esta circunscripción, las elecciones, consiguiendo sentar en el Parlamento de Mérida a 16 representantes socialistas, los cuales obtuvieron 156.579 votos, el 41.23% del total. El PP, obtuvo 15 diputados pacenses, con 144.320 papeletas, el 38% del apoyo total provincial. El partido ultraderechista consiguió tres asientos por Badajoz, al lograr 30.162 votos, el 7.94%. Por último, Unidas por Extremadura obtuvo dos diputados, con 22.546 sufragios, el 5.93%.
Los principales municipios
Los buenos resultados del PP se reflejan también en cómo ha quedado el marcador en los principales municipios de la comunidad autónoma. Tanto en la capital de la región, Mérida, como en las dos capitales provinciales, Cáceres y Badajoz, la candidatura de Guardiola ha sido la más votada con mucha diferencia. También en otros municipios relevantes como Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villanueva de la Serena o Navalmoral de la Mata.
Así, en la capital cacereña el PP ha logrado más de la mitad de los sufragios, el 50,05%, mientras que el PSOE tan solo ha logrado el 16,46%, quedando muy cerca de Vox (14,8%) y Unidas por Extremadura (13,5%). Llama la atención los resultados en Badajoz. En la capital pacense el PP consiguió un 46,34% de los sufragios y la segunda fuerza es Vox, con un 20,81% de los votos. El PSOE quedó relegada a la tercera fuerza política de la ciudad, con tan solo el 16,64% del apoyo. También en Almendralejo y en Navalmoral de la Mata la ultraderecha ha quedado como segunda fuerza, por delante del PSOE.
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En Mérida, el PP también obtuvo unos buenos resultados con el 42,07% de los votos. En la capital regional el PSOE tan solo ha logrado el 21,44% de los votos, la mitad que el PP. Y los socialistas están seguidos de cerca por Vox, que ha logrado el 17,9% del apoyo del electorado.
Este domingo se celebran las duodécimas elecciones de Extremadura desde la reinstauración de la democracia. Los primeros comicios autonómicos se celebraron en 1983 y desde entonces y durante cuatro décadas la comunidad se había acostumbrado al dominio del PSOE. Diez victorias de los socialistas, la mayoría con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente, por tan solo una del Partido Popular en 2011, con José Antonio Monago. En las elecciones de 2023 también ganaron en votos los socialistas, esta vez con Guillermo Fernández Vara, pero el empate en escaños hizo que Vox tuviera la capacidad de desempate y María Guardiola formó el hasta ahora segundo gobierno popular en la región.
La campaña electoral de este 21D ha pivotado sobre pocas ideas, sin medidas concretas para Extremadura y con cierto eco en clave nacional: la imputación de Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, en la causa de David Sánchez, hermano del presidente; el optimismo de Vox, disparado en las encuestas y a las puertas de un nuevo reventón histórico en votos; el alarmismo de Guardiola al clamar por un supuesto pucherazo tras el robo de 124 votos en una oficina en Correos, despertando su lado más trumpista; el efecto dominó que Feijóo confía empezar en Extremadura, dado que ha orquestado un calendario de elecciones autonómicas que pretende que encadenen victorias y añadan más presión a Sánchez.
El CIS pronosticó una victoria holgada de Guardiola, que incluso sueña con alcanzar la mayoría absoluta, la primera que el PP lograría en Extremadura. Ningún sondeo predice otra cosa, mientras el PSOE se desplomaría a un nuevo suelo histórico. A estas elecciones están llamados a votar 890.985 ciudadanos, según la Junta de Extremadura. 551.372 en Badajoz, 339.613 en Cáceres y 30.610 en el extranjero. El dato es superior al de 2023 por 3.835 votantes. Estos electores tendrán que responder con sus votos a cinco preguntas claves este domingo:
¿Conseguirá María Guardiola la mayoría absoluta?
La presidenta de la Junta y candidata del PP, María Guardiola, ha comenzado la jornada de reflexión en el santuario de la Virgen de la Montaña.
El adelanto electoral tenía como principal objetivo la mayoría absoluta de María Guardiola y el Partido Popular. Aunque tras los sondeos hasta Feijóo haya rebajado las expectativas, alcanzar los 33 escaños era el propósito del PP para desactivar a Vox y apuntarse un tanto frente al PSOE. Ninguna encuesta ha dado por segura una mayoría absoluta, ni siquiera las publicadas en la prensa afín al PP.
Esa inquietud puede haber sido el motivo para que los populares se hayan lanzado en las últimas horas a hablar de fraudes electorales, una estrategia propia de la extrema derecha. Obtener o no la mayoría absoluta puede ser el único elemento que defina si esta convocatoria ha sido un acierto o un error. Si los actuales 28 escaños de Guardiola no crecen sustancialmente, pero sí lo hace Vox, actualmente en cinco, el PP tendrá que evaluar si valió la pena esta apuesta. Si se llega hasta los 33, Guardiola habrá abrochado la gobernabilidad de Extremadura, acotado a Vox y hundido al PSOE.
¿Logrará salvar los muebles el PSOE?
Miguel Ángel Gallardo y el PSOE conforman la parte más sensible de estas elecciones. Actualmente, los socialistas ya están en mínimos históricos en Extremadura. Sus 28 escaños son el peor resultado de la historia y aun así fueron la formación más votada. Pero dos años y medio después, ninguna encuesta ha sido tan optimista como para apuntar un crecimiento. Ni siquiera mantener esos 28 diputados en la Asamblea. El CIS les coloca entre los 22 y los 19 escaños.
Unidas por Extremadura, pero también el PP, se quedarían con un porcentaje de sus votos. En el PP extremeño confían además en que parte del electorado socialista no vote, se quede en casa, y esa baja participación termine de auparles hasta la mayoría absoluta. Todo lo que sea bajar de 28 escaños será excavar hacia un nuevo suelo histórico del PSOE en Extremadura. Gallardo intenta ligar su futuro al de Guardiola y confía en un resultado del PP que no cumpla las expectativas. Si no hay mayoría absoluta popular, el candidato socialista hablará de fracaso de Guardiola y justificará sus esfuerzos en campaña. Otra cosa es que la militancia lo entienda.
El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ha pasado la mañana de la jornada de reflexión en una plantación de olivos.
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¿Hasta dónde llegará el ascenso de Vox?
El examen de este domingo servirá para comprobar cuánto está creciendo Vox entre el electorado. Precisamente Extremadura podría ser una de las regiones donde menos competición tenga en el electorado de la derecha, puesto que Guardiola ha centrado el tiro en el votante socialista y de centroderecha. Solo ha sido al final cuando la candidata del PP se ha sumergido en una estrategia trumpista.
Los sondeos colocan a Vox entre los 7 y los 12 escaños. Si no hubiera mayoría absoluta, la extrema derecha, que en Extremadura lidera Óscar Fernández, tendría la llave de la gobernabilidad, como ya la tuvo en la anterior legislatura, pero ahora con más escaños. En los últimos tiempos, Vox ha demostrado que no tiene demasiado interés en acceder a los gobiernos autonómicos, estrategia que perjudicó al partido en los sondeos. Las decisiones en los territorios se toman desde Madrid y Óscar Fernández hará lo que diga Santiago Abascal.
¿Será Unidas por Extremadura una fórmula de éxito?
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Las coaliciones y partidos a la izquierda del PSOE han sufrido durante los últimos años un terremoto que ha dejado un reguero de dudas. Pero esos interrogantes se desvanecen si hablamos de Unidas por Extremadura, la coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, que tiene representación parlamentaria y aspira a mejorar sus cuatro diputados hasta los seis, en el mejor de los escenarios.
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante su día de reflexión, este sábado, en el campo de unos amigos cerca de Mérida.
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La coalición extremeña, liderada por Irene de Miguel, ha conseguido una implantación territorial ajena a disputas y fracturas públicas. La formación transmite una imagen genuina de partido regional y eso ayuda a su credibilidad. No es una formación que haya formado coalición para las elecciones, es una combinación de fuerzas mantenida en el tiempo y eso ha dado buenos resultados, aunque tampoco han logrado romper el techo de cristal de la izquierda alternativa en la región, que está en seis escaños, obtenidos una vez por Podemos y otra por Izquierda Unida.
¿Cómo afectará a la participación unas elecciones solo autonómicas?
Por primera vez en la historia de Extremadura, las elecciones autonómicas serán en una fecha diferente a las municipales. Con el adelanto electoral, María Guardiola descompasa así el calendario en una jugada que puede favorecerle porque deja todo el peso del PSOE en su candidato. Los centenares de municipios donde gobiernan los socialistas (211) no han hecho campaña especialmente a favor de la marca y Gallardo se ha visto forzado a asumir todo el protagonismo.
En esta ocasión, las siglas del PSOE no harán efecto un arrastre gracias a sus alcaldes, algo que puede favorecer a María Guardiola. La fecha elegida, en los prolegómenos de las Navidades, también deja en interrogante el nivel de participación, que en los años anteriores ya marcó índices bajos.
Con el 69,26% y 70,35%, los de 2019 y 2023 son, respectivamente, los peores datos de participación de la historia electoral de Extremadura.
Un letrado del Congreso de los Diputados, en una conversación con un redactor de Público hará poco menos de un año, dijo que “cuando se diseñó la Constitución, jamás se hizo pensando en un rey delincuente”. El comentario intentaba justificar así que en una Constitución de finales del siglo XX se hubiera incluido la inviolabilidad del rey, lo que a su vez ha impedido que el defraudador Juan Carlos haya podido ser objeto de una investigación parlamentaria porque dos partidos políticos, uno de ellos solo republicano de boquilla, han preferido proteger a un delincuente que defender los intereses de los españoles frente al delincuente en cuestión.
El letrado, no lo dudo, será un cerebrito en Derecho, pero tiene ganado un cero patatero en Historia Contemporánea de España. Teniendo en cuenta que de los seis borbones que han reinado desde que se inauguró en 1812 la historia constitucional de España los seis han delinquido, está claro que tenemos todas las papeletas para que cualquier borbón que instalemos en la Jefatura del Estado salga con las mismas hechuras. Lo extraordinario sería lo contrario. Todos y todas (Fernando, María Cristina, Isabel, los dos Alfonsos y Juan Carlos) han quebrantado leyes y constituciones al amparo de su inviolabilidad. Los que no han sido golpistas y perjuros han sido comisionistas y evasores, y cuatro de ellos, dicho sin ambages, ladrones. Y todos adúlteros… aunque esto incumba más a la endémica impudicia de los borbones que al Código Penal.
Entre los seis borbones delincuentes referidos está claro que no me he atrevido a incluir al séptimo por razones obvias. Aunque se coman la indignación y se cuiden mucho de decir ni mu, porque ya saben ellos que no está el horno para bollos, el artículo 491 del Código Penal sigue ahí. El actual jefe del Estado tendría mucho de lo que avergonzarse si no fuera inmune a la vergüenza, y aunque aún no existan pruebas de sus delitos, sí hay evidencias de complicidad. Qué menos. Es su padre. Cómplices de Juan Carlos han sido todos sus hijos, Sofía, la nuera, yernos, ascendentes y descendientes que conocían sus delitos y se beneficiaban de ellos. Protegían al adúltero, al evasor, al comisionista… porque así defendían su estatus, sus ingresos y sus privilegios.
Y tras Juan Carlos, la historia se repite. Felipe, la ciudadana Letizia, las privilegiadas hijas y todos los ascendentes y descendientes del señor majestad siguen a salvo de todo, mientras que los demás estamos expuestos a cualquier denuncia de cualquiera de esos… ¿parásitos? ¿Parásitos es injuria? ¿Es calumnia? El diccionario de la RAE dice que es un adjetivo que define a la persona que vive a costa ajena, y cuyos sinónimos son “aprovechado, abusón, vividor, chupón, gorrón, sablista”. Yo creo que no hay duda alguna de que el rey y la familia medio real viven a costa ajena con carácter perenne, y que incluso la antes asalariada ciudadana ni siquiera se molestó en pedir una excedencia laboral (deduzco sin pruebas) porque ya sabía que se subía al carro monárquico para los restos.
Dicen que no hay cuórum en el cuerpo de letrados del Congreso sobre si se puede o no investigar a Juan Carlos. Lo que sí hay en el cuadro de letrados es mucho cortesano decimonónico sin perendengues para ponerse del lado de la ciudadanía estafada en vez de en el lado del estafador.
Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla
Quince o dieciséis veces han estado de acuerdo el PP y el PSOE en vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón. Incomprensible que un partido que se dice progresista votara proteger al que había robado a la nación, evitando que las víctimas del robo conozcamos cómo nos había robado. Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla.
Y allá va el dato para el cuerpo de letrados de la Cámara: el 1 de diciembre de 1854 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuatro principales irregularidades cometidas por María Cristina de Borbón. Parece que el cuerpo de letrados a mediados del XIX, aun conociendo la misma situación de inviolabilidad de la regente, tenía más conciencia ciudadana que los actuales.
María Cristina de Borbón-Dos Sicilias retratada por Vicente López.
Por qué, ante las mismas circunstancias, lo que fue posible hace casi 200 años no ha sido posible ahora. Porque los políticos del PP y el PSOE han optado por proteger al delincuente para protegerse a sí mismos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, otra emboscada de la más pura derecha, casi nos llamó idiotas a los españoles cuando quiso explicarnos que no procedía investigar a Juan Carlos porque eso sería como cuestionar las instituciones. La señora Robles considera, pues, que en una democracia no se pueden cuestionar las instituciones, aunque esas instituciones son sospechosas de ser corruptas. Ole tú, Marga… Pues anda que tenemos un bonito Poder Judicial… por no hablar del propio Ministerio de Robles, que incumple deliberadamente la Ley de Memoria Democrática del gobierno al que pertenece. Mejor proteger la memoria de un golpista que la de sus víctimas.
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Con María Cristina de Borbón estaba vigente la Constitución promulgada en junio de 1845. En su Título VI, artículo 42, se dice que “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables sus ministros”. En todas las constituciones desde 1812 hasta la de 1876 se protege al rey y se responsabiliza a los ministros. En la de 1978 mantuvieron lo de la inviolabilidad, pero quitaron la frasecita de la responsabilidad ministerial. Así ya salen todos indemnes.
La comisión parlamentaria para investigar a María Cristina se centró solo en cuatro puntos, porque si no, tal y como se destacó entonces, la relación de irregularidades era tal que provocaría que la comisión se eternizara. Esos cuatro puntos eran, uno, el tráfico de influencias en construcción y gestión de recursos. Dos, la crisis provocada por las irregularidades de su segundo matrimonio que impedía el ejercicio de su regencia. Tres, la gestión de la herencia de su marido el mastuerzo Fernando VII (que aquí robó lo más grande), y cuatro, y esto lo recojo textualmente, “la comisión considera que la parte más repugnante es la participación e intervención en distintas empresas económicas”.
Existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. Este huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros. María Cristina había sido expulsada y le fue expresamente prohibido volver a pisar España
Alguien se estará preguntando dónde estaba María Cristina de Borbón mientras la comisión parlamentaria investigaba sus delitos. Qué pregunta… pues dónde iba a estar, viviendo en el extranjero de lo robado en España. María Cristina, su segundo esposo, Fernando Muñoz, y sus siete churumbeles estaban empadronados en París, a veces en su precioso palacete de la Rue Courcelles, a ratos en el palacio de la Malmaison, que había pertenecido a Josefina, la esposa de Napoleón.
Pero existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. El padre de Felipe huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros porque no fue expatriado oficialmente. María Cristina había sido expulsada, desterrada, puesta en la frontera, y le fue expresamente prohibido volver a pisar España; prohibición que quedó en agua de borrajas en cuanto la también delincuente Isabel II autorizó el regreso.
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Pese a la vigencia de la inviolabilidad de la reina, y en contra de lo que pudiera parecer, la comisión abierta en 1854 tuvo consecuencias. Según el profesor Miguel Ángel López-Morell, de la Universidad de Murcia, sirvió para solucionar asuntos pendientes, al conseguir que finalmente se materializara el dictamen de una comisión de investigación abierta contra María Cristina en 1840 (¡¿otra?! Sí, otra. María Cristina estuvo sometida a dos comisiones de investigación) y que obligó por fin a la reina madre a devolver 46 millones de reales y el palacio de Vista Alegre, valorado en 11,5 millones más, sisado todo ello de la herencia de su primer marido, Fernando VII. Tampoco crean que esta es una buena noticia, los 46 millones y el palacio fueron a manos de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda.
En 1854 la comisión abierta no tuvo más consecuencias para la delincuente que las citadas, y tampoco las tendría ahora para Juan Carlos, pero al menos la de entonces sirvió para el debate político y sirve hoy para recordarles a los señores letrados que sí se puede, que querer es poder, que meter la mierda debajo de la alfombra del Congreso no nos ha gustado, y que no nos gustan que nos traten como a tontos niños chicos.
El caso de María Cristina de Borbón es tan calcado al de Isabel II, al de Alfonso XIII y al de Juan Carlos I que desespera comprobar la indefensión ciudadana propiciada por la deliberada desidia política.
Entre otras circunstancias que ahora no vendrían al caso, fueron los abusos de la Corona y las camarillas de ambas borbonas (reinaba Isabel II y negociaba a su amparo su madre), en connivencia con un gobierno conservador e insoportablemente corrupto, los que propiciaron la revolución de 1854. Los ciudadanos incendiaron la residencia de la reina madre, el Palacio de Las Rejas, un antro de corrupción a la vista de todos donde las comisiones y los chanchullos financieros estaban a la orden del día. Por algo los madrileños bautizaron la mansión como La Bolsa. El incendio del Palacio de las Rejas lo definió Benito Pérez Galdós como “la justicia misma en todo su esplendor”. Qué arte…
Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, marido morganático de la regente María Cristina de Borbón.
María Cristina, su marido y los siete hijos se refugiaron en el palacio real, fuertemente custodiado para frenar a la chusma, bajo la protección de Isabel II, que intentó negociar con Francia la salida honrosa de su madre, su padrastro y sus hermanos plebeyos. Pero el recién estrenado presidente del Gobierno, Baldomero Espartero, había prometido que la reina madre “no saldría ni de día ni de noche ni furtivamente”. Tenía que hacer frente a sus innumerables delitos por mucha inviolabilidad que le asegurara la Constitución. Lo que la Carta Magna no impedía era acusarla formalmente de haber quebrantado las leyes; otra cosa es que no se le pudiera condenar por ello. Pero oírlos, los iba a oír.
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Espartero, sin embargo, se arrugó: “Con el objeto de evitar las complicaciones que podían sobrevenir si por más tiempo permanecía en el país la Reina madre Doña María Cristina de Borbón, el Ministerio presidido por el ilustre Duque de la Victoria [Espartero] obró con previsión y acierto extrañando del Reino a dicha señora, y reteniendo en depósito sus bienes hasta que las Cortes resuelvan lo más conveniente”. Este fue el pretexto que dio el Gobierno a las Cortes meses después, en febrero de 1855, cuando se le pidieron cuentas por haber expulsado a la reina madre sin que hiciera frente en España a sus responsabilidades.
María Cristina fue puesta en la frontera con Portugal ante la indignación ciudadana al ver por segunda vez cómo la reina era expulsada del país sin que sus actos tuvieran consecuencias. Se anuló la pensión (Felipe se creyó un valiente por haber hecho lo mismo con su padre), se le confiscaron los bienes (Felipe no tuvo lo que hay que tener para hacer lo mismo) y la enviaron a hacer gárgaras con órdenes de no regresar (también aquí Felipe, junto con el Gobierno español, demostraron una cobardía supina). Y tan despegado de la realidad como lo está Juan Carlos lo estaba su abuelita María Cristina, que se manifestó conforme con abandonar el país, pero recibiendo honores en su despedida. Por supuesto, la mandaron a freír espárragos.
Los bienes confiscados, evidentemente, se refieren a los que había en España, porque las propiedades que tenía en el extranjero las continuó disfrutando, y parte de la ingente fortuna que amasó y había evadido del país la había repartido entre los hijos: un millón de francos para cada uno.
Un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres
Bien es cierto que, a decir de los estudiosos, a partir de 1854 María Cristina y su tropa entraron en una decadencia económica a raíz de varios negocios fallidos y por culpa de su irrefrenable despilfarro, siempre teniendo en cuenta que un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres. López-Morell tiene publicado que, de los 196 millones de reales que la pareja llegó a amasar, al final de la vida de la manirrota María Cristina solo quedaban 39. Una birria para un Borbón. Para un ciudadano sería el cuponazo.
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Y para no correr el riesgo de que quede en el tintero: pasado un tiempo los bienes le fueron restituidos, la pensión restaurada y tuvo autorización para regresar a España con su nutrida familia cuando le saliera de su peineta morena. Por eso hubo que expulsarla una tercera vez del país, en 1868. Esta vez salió en el mismo pack que su hija Isabel II.
Podríamos preguntarnos si pudo tener algo que ver a la hora de abrir una investigación a Cristina de Borbón que fuera reina y no rey. Pues según algunos investigadores que han estudiado el juicio político a Cristina de Borbón desde la perspectiva de género, sí. Por citar a uno de ellos, según Oriol Luján, de la Autónoma de Barcelona, “la corrupción consumada por una mujer era descrita como un acto deshonroso e indecoroso que quebrantaba el ideal de mujer respetable, mientras la denuncia de la corrupción cometida por parte de varones se percibía como una actuación que lesionaba la caballerosidad”. Lo mismo tiene razón, pero, sea como fuere y por lo que fuere, la comisión de investigación parlamentaria se abrió por acuerdo unánime.
Las conclusiones se presentaron en 1856, confirmando el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la corrupción administrativa por lo que afectaba a sus actividades privadas, aunque la comisión reconoció la imposibilidad de acceder a todos los negocios de los que sacó tajada. Y se confirmó igualmente el robo de las joyas patrimonio del Estado (la muy cuca intentó en un principio culpar a José I Bonaparte de la desaparición de muchas alhajas), la destrucción de documentos claves que la incriminaban y la manipulación de otros para incrementar la herencia de ella y de las dos hijas en común con el mastuerzo Fernando VII.
También la comisión consideró manifiestamente probada la ilegalidad del matrimonio morganático con su guardaespaldas Fernando Muñoz en 1833, que la hubiera obligado a renunciar a la regencia, a toda prerrogativa política y a todo ingreso relativo a su cargo.
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Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar en el Congreso que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador
Entre tanto delito probado por la comisión se confirmó otro absolutamente extravagante que ahora lleva a sonreírse y decir… ¿en serio?… pero entonces tuvo mucho más calado de lo que podemos imaginar: el intento de María Cristina y Fernando Muñoz de colocar al mayor de sus hijos como rey de Ecuador utilizando recursos de España y tropas del Ejército para tomar el poder por la fuerza. ¿¡En serio!? En serio.
Aquella comisión de investigación parlamentaria promovida por un gobierno progresista, y siempre teniendo en cuenta que el progresismo de entonces era conservador, consideró necesario poner sobre la mesa, en el Congreso, a la vista de los diputados, todas las irregularidades y delitos en los que había incurrido María Cristina de Borbón. Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya tenido un comportamiento tan pusilánime y haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar, en ese mismo Congreso, que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador. Y ese era Juan Carlos, nada más y nada menos que el padre del siguiente jefe del Estado.
No pudieron sorprenderse hace siglo y medio de que Isabel II estuviera cortada por el mismo patrón que su madre. Tampoco habrá sorpresas con Juan Carlos y Felipe. Doscientos años de experiencia nos avalan.
El logo del PP apenas se vislumbra en la imagen de campaña electoral que María Guardiola ha utilizado en sus carteles. Las siglas, reducidas al mínimo y colocadas sobre el hombro izquierdo de la presidenta y candidata del PP, intentan pasar desapercibidas. Guardiola ha optado por una campaña sin alaridos, sin titulares y sin compañía. Solo se ha dejado ver junto a Alberto Núñez Feijóo en dos ocasiones y el resto de viajes que el presidente del PP ha realizado a Extremadura ha sido recibido por el secretario general de la formación, Abel Bautista. Los encuentros entre Guardiola y Feijóo se han reducido al máximo, como también se han minimizado las intervenciones públicas de la presidenta durante la campaña electoral.
Mientras los candidatos de PSOE y Vox han apostado por un fuerte presencialismo, la presidenta y aspirante del Partido Popular ha afrontado la campaña desde otro punto de vista. En las últimas dos semanas ha participado tan solo en cinco actos, siendo el acto de cierre de campaña en Badajoz su sexta y última intervención antes de la jornada de reflexión y noche electoral. Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, ha habido jornadas en las que ha hecho siete apariciones públicas. Guardiola, durante estos últimos martes y miércoles previos al domingo electoral, ni siquiera ha tenido agenda pública. Tampoco acudirá al debate electoral organizado en RTVE.
«Es una campaña que abandona los mitines, donde van los convencidos», explica Abel Bautista, secretario general del PP en Extremadura. La mano derecha de Guardiola rehúye considerar que la presidenta haya desaparecido del foco, solo lo ha movido a otro lugar, a «una campaña de cercanía» y de visitas a particulares que hayan pedido conocerla. Mientras los líderes territoriales sí han usado estrategias más polarizadoras, como sembrar sospechas sobre el funcionamiento del voto por correo, Guardiola se ha mantenido al margen.
Cartel electoral de María Guardiola en Mérida durante la campaña del 21D.
Una menor presencia y la falta de tensión rebaja la polarización de los adversarios. Mientras el PSOE lucha por movilizar votantes y no caer a un mínimo histórico en la región, Guardiola no ha entrado a una batalla diaria que pueda reavivar a los socialistas. Fuentes del PP extremeño creen que el éxito de la campaña puede ser la desafección del votante socialista, pero no porque haya un trasvase de votos, sino porque se quede en casa debido a la imputación del candidato en la trama de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. De ahí que Guardiola haya llevado a cabo una campaña de baja intensidad. Igualmente, a menos intervenciones, menos margen de error y menos veces se ha preguntado a la candidata por sus planes de pactos una vez pasen las elecciones. No hay mayoría absoluta a la vista, el propio Feijóo la considera difícil, y el futuro del PP quedaría de nuevo en manos de Vox. Ese gobierno en minoría fue la excusa para adelantar elecciones, y de no resolverse la problemática, Guardiola podría quedar marcada. La presidenta de Extremadura se ha negado a responder durante la campaña si pactará con Vox, aunque en una entrevista en La Razón ha asegurado que no pondrá cordón sanitario «a nadie» a la hora de negociar pactos.
Sus escasos actos con Feijóo se justifican desde Génova, al considerar más oportuno que los líderes de mayor impacto se repartan los actos para dar más juego. En el PP nacional argumentan que es mejor eso a reunir sus caras más mediáticas en un mismo evento, aunque la diferencia con Vox es llamativa. Santiago Abascal ha optado por todo lo contrario y ser la principal atracción de los actos de Vox en los diferentes eventos que ha organizado en los grandes municipios de la comunidad.
La tormenta entre Vox y la organización Revuelta no consigue borrar un pasado reciente en el que ambas organizaciones tuvieron vínculos estrechos. Donde hoy sólo existen sospechas e intercambios de acusaciones, ayer hubo aplausos, campañas de apoyo y hasta invitaciones para acudir a las instituciones.
Pese a no existir ningún nexo orgánico entre Revuelta y Vox, lo cierto es que el grupo juvenil y el partido de extrema derecha han mantenido contactos hasta, al menos, septiembre pasado.
En medio de acusaciones sobre posibles desvíos del dinero recogido para las víctimas de la DANA en València, la dirección de Vox busca borrar cualquier conexión con Revuelta. La línea marcada desde la dirección del partido es clara: no tienen ni han tenido nada que ver con ellos.
Sin embargo, existen distintas pruebas que certifican los vínculos entre el partido que lidera Santiago Abascal y la organización que nació durante las protestas contra el PSOE en noviembre de 2023 y que en las últimas semanas ha difundido mensajes supremacistas blancos.
Público ha recogido una serie de evidencias sobre los vínculos entre ambas organizaciones desde finales de octubre de 2024, a partir de la campaña abierta por Revuelta en apoyo a las víctimas de la DANA, una iniciativa que ha sido denunciada ante la Fiscalía por dos exmiembros de Revuelta debido a un posible desvío de fondos.
«En colaboración con Revuelta»
«Ayer mismo nos pusimos en marcha para intentar, a través de nuestras estructuras organizativas, y también del sindicato Solidaridad y por supuesto de Revuelta, que están haciendo ya acopio de todo el material y ayudas de primera necesidad para hacérselos llegar lo antes posible”, afirmó el 31 de octubre en Letur (Albacete) el presidente de Vox Castilla La Mancha, David Moreno.
Ese mismo día, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, difundió una convocatoria de recogida de donaciones para los afectados por la DANA que se realizaría en Fuenlabrada y que, según indicó la ultraderechista, se llevaría a cabo «en colaboración con Revuelta».
Captura de pantalla de la publicación realizada por Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, en Facebook.
Pocos días, después, el 4 de noviembre de 2024, Pérez Moñino puso en valor la
«labor de los jóvenes de Revuelta y de los miles de madrileños que desde
Arganda del Rey han enviado más de mil toneladas de material y apoyo
humanitario a las víctimas de la gota fría».
«Los chavales de Revuelta»
Los halagos hacia Revuelta continuaron. El 9 de noviembre de 2024, el ahora
candidato de Vox en Extremadura, Oscar Fernández, publica un artículo en El
Periódico de Extremadura bajo el título «Solo el pueblo salva al pueblo» en el
que destaca el trabajo de «los chavales de Revuelta» en la DANA.
Captura de pantalla del artículo publicado por Óscar Fernández, ahora candidato de Vox, en El Periódico de Extremadura.
Buxadé los invitó a un campus
El 10 de noviembre de 2024, el eurodiputado Jorge Buxadé difundió un video en el que invitó a los militantes de Revuelta a un campus para jóvenes organizado por Vox. «Vosotros los jóvenes de España, a través de Revuelta,
de Solidaridad y de tantas otras asociaciones y organizaciones habéis
demostrado el compromiso con la nación, compromiso y trabajo, llevando
material, ayuda y esperanza al pueblo de Valencia», afirmó. «Por eso el 22, 23 y 24 de
noviembre os convoco al primer campus de jóvenes patriotas«, agregó entonces Buxadé.
Ver vídeo
Jorge Buxadé agradece en un vídeo la acción de Revuelta en València
Comparecencia frustrada
El 14
de noviembre de 2024 Pérez
Moñino solicitó la comparecencia de la portavoz de Revuelta, Elsa Almeda Mateo,
ante la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, al objeto de «informar sobre el trabajo
desempeñado tras la catástrofe de Valencia por los jóvenes madrileños«. El
grupo parlamentario del PP en la Comunidad de Madrid bloqueó esta comparecencia
y Moñino lo recurrió sin éxito.
Vox señaló entonces en redes sociales que «Revuelta es la asociación juvenil patriota que ha organizado la mayor recogida de material y envío de ayuda a los damnificados valencianos».
Captura de pantalla de la publicación de Vox Centro (Madrid).
Donativos desde Ceuta
El 2 de diciembre de 2024, Vox abrió una campaña de recogida de donativos en Ceuta que se destinarían a Cáritas
Castrense y Revuelta. «Ponemos en marcha, un año más, nuestra campaña
navideña de recogida de juguetes. Este año colaboramos con Cáritas Castrense. También con la asociación Revuelta, para la que recogemos donativos con los que
harán llegar a niños de Valencia la ilusión de la Navidad en forma de regalo», indicó el partido de ultraderecha.
La campaña navideña se coordinó desde la Oficina del Grupo Parlamentario en el Ayuntamiento de Ceuta y en la sede del partido en esa ciudad, situada en el número 90 de la calle Real.
En otro mensaje publicado el 17 de diciembre de 2024, el partido anunció que colocaría una mesa informativa en la que se recogerían «juguetes y donaciones para Revuelta».
Captura de pantalla de la publicación de Vox Ceuta.
Llanos Massó con los ultras
Los contactos entre Vox y Revuelta continuaron a lo largo de 2025. El pasado 14 de junio, la presidenta de las Cortes
Valencianas, Llanos Massó, acudió junto a otros miembros de Vox a un
encuentro de «asociaciones juveniles patriotas» en la que estuvieron presentes
miembros de Revuelta y de otros grupos ultraderechistas como Reconquista o
Alternativa Estudiantil. En esa reunión también estuvo el diputado de Vox en
Catalunya Alberto Tarradas.
Representantes de Vox junto a ultraderechistas de varias organizaciones, entre las que se encontraba Revuelta, tras una reunión mantenida el 14 de junio de 2025 en Castellón.
Reunión en la sede de Almería
El 2 de julio de 2025, Vox abrió su sede de Almería a Pablo González Gasca, líder de Revuelta, quien mantuvo allí un encuentro en el que participó también la diputada Rocío de Meer. La reunión fue anunciada por la delegación provincial del partido en su canal oficial en Telegram.
Captura de pantalla del canal oficial de Vox Almería en Telegram.
Tras celebrarse el encentro, Vox Almería publicó una reseña en su cuenta de Facebook en la que mostraba su adhesión a Revuelta.
Captura de pantalla de la publicación en la cuenta de Vox Almería en Facebook.
La reunión entre dirigentes de Vox y Revuelta también fue reflejada por la formación de extrema derecha en su boletín oficial correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025.
«Nuestros jóvenes se unen a Revuelta para seguir luchando por el futuro de la provincia de Almería. Saben que somos su esperanza y cada día son más los que confían en las políticas de Vox ¡Somos la alternativa patriótica!», señaló en esa publicación.
Donativos para Revuelta
El 21 de agosto de 2025, la cuenta oficial de Vox en el distrito centro de Madrid publicó un mensaje en el que pedía donativos para Revuelta. «La unión nos hace mas fuerte, Revuelta lo ha vuelto a hacer, no existen vacaciones, cuando el pueblo necesita ayuda, no se pregunta, se actúa», indicaba el partido ultra en alusión a los incendios registrados en esas fechas en España.
Vox ofreció entonces a sus seguidores un número de cuenta bancario e indicó que los donativos debían hacerse a nombre de ASOMA, la asociación pantalla utilizada por Revuelta para recaudar dinero. En la denuncia presentada a finales de noviembre ante la Fiscalía, los ex dirigentes de la cúpula de Revuelta acusaron a esa asociación de falta de transparencia.
Captura de pantalla de la publicación de Vox Centro (Madrid) del 21 de agosto de 2025.
«Conviértete en miembro»
El 20 de agosto pasado, la agrupación de Vox en Sant Adrià
de Besòs (Barcelona) –donde cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento– publicó un mensaje en Facebook en el que animaba a sus
seguidores a afiliarse a Revuelta.
«Conviértete en miembro para tener acceso ilimitado y apoyar a las voces que quieres escuchar más», afirmaba el mensaje. El enlace disponible junto al texto llevaba directamente a la web de Revuelta, en concreto a la sección donde están disponibles los formularios para hacer aportaciones económicas.
Según ha verificado Público, los responsables del partido
ultra en esa ciudad barcelonesa han mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a
las acciones y campañas de Revuelta.
Captura de pantalla de la publicación de Vox Sant Adrià de Besòs.
«Juventud patriota y sacrificada»
El 16 de septiembre de 2025, el portavoz de Vox en la
Diputación de València, Sergio Pastor, recibió a Raúl Ramos, un joven que “estuvo
muchos días como voluntario en las naves de ayuda humanitaria en Silla,
luchando por hacer llegar la ayuda a todas las familias que lo necesitaban y
peleando contra el cansancio y las adversidades que se presentaban en momentos
tan difíciles y de solidaridad”.
“Raúl además de ser responsable de prensa y comunicación
de Vox en Ponferrada, ha sido quien ha coordinado gran parte de las actuaciones
contra los incendios declarados en agosto en El Bierzo, de la mano de Revuelta
y los voluntarios que acudieron de toda España para ayudar a todas las familias
que veían sus vidas truncadas por el fuego”, afirmó el partido en una publicación
en Facebook.
«Esta es la juventud patriota y sacrificada que necesita España y que indudablemente, surge sin miedo alguno ante la llamada de socorro del pueblo español», subrayó.
El 28 de agosto, Raúl Ramos había sido entrevistado
por el medio de ultraderecha EDATV, donde destacó «el gran trabajo» de Revuelta
en el caso de los incendios en el Bierzo. «Mientras el Gobierno mira a otro
lado, los jóvenes patriotas de Revuelta luchan contra el fuego en El Bierzo.
Con mochilas de agua y cortafuegos, voluntarios como Raúl Ramos defienden la
tierra», señaló entonces EDATV en un mensaje publicado en Instagram.
