Al menos 235 muertos, más de 4.000 heridos y un número todavía indeterminado de desaparecidos. Ese es el balance provisional con el que Venezuela amanecía este jueves tras el doble terremoto de 7,2 y 7,5 de magnitud que la víspera golpeó buena parte de su costa central. Se trata de la catástrofe natural más grave que recuerda el país en más de un siglo. El seísmo castiga, además, a un Estado en plena transición: poco menos de seis meses después de que una operación militar estadounidense capturara a Nicolás Maduro y entregara la conducción del país a su hasta entonces número dos, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada ha aprovechado la coyuntura para reforzar el llamado a la «unidad nacional» que repite desde enero. La catástrofe también ha puesto de manifiesto el realineamiento geopolítico de Caracas, que ha encontrado en Estados Unidos y en los gobiernos de la derecha de la región los envíos de ayuda más rápidos y voluminosos.
Una persona ayuda a remover escombros de edificios derrumbados por los terremotos en Caracas.
Apenas habían transcurrido unas horas desde que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro-norte del país cuando Rodríguez comparecía en cadena nacional, flanqueada por su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y por Diosdado Cabello, ministro del Interior y hombre fuerte del aparato partidista. Los viejos-nuevos rostros del poder en Venezuela llamaban a mantener «la unión para salvar vidas».
La mayor catástrofe natural en más de un siglo
El movimiento sísmico se produjo en torno a las 18.04 hora local del miércoles (las 00.04 del jueves en la España peninsular) en el estado de Yaracuy, en el noroccidente del país. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de un «doblete sísmico»: un primer temblor precursor de magnitud 7,2, con epicentro cercano a San Felipe, seguido apenas 39 segundos después por el sismo principal, de magnitud 7,5 y a una profundidad de unos diez kilómetros. La superficialidad del foco amplificó la violencia del sacudimiento, que se sintió en al menos seis estados —Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón— e incluso en la vecina Colombia. El sistema estadounidense de alerta de tsunamis llegó a emitir un aviso para Aruba, Curazao, Bonaire, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, levantado poco después.
La agencia estadounidense advierte de que «son probables numerosas víctimas y daños extensos»
La magnitud del desastre llevó al USGS a activar la alerta roja de su sistema PAGER, el nivel más alto posible y que la agencia no suele activar más de una o dos catástrofes al año en todo el mundo. La agencia estadounidense advierte de que «son probables numerosas víctimas y daños extensos». Su modelo probabilístico —una estimación automática, no un recuento real— otorgaba un 42% de probabilidad a que el número final de muertos se sitúe entre 10.000 y 100.000; un 33% a que oscile entre 1.000 y 10.000; y hasta un 17% a que supere los 100.000. La agencia cifraba además las pérdidas económicas en una horquilla de entre el 1% y el 7% del PIB venezolano.
El estado de La Guaira, declarado zona de desastre, concentra la mayor devastación
El balance oficial, todavía provisional, no ha dejado de empeorar. Si en su primera comparecencia Rodríguez hablaba de 32 fallecidos y más de 700 heridos, 24 horas después las cifras se elevaban ya a 235 muertos y 4.300 heridos, con decenas de edificios derrumbados. El estado de La Guaira, declarado zona de desastre, concentra la mayor devastación; en Caracas, los colapsos se concentraron en sectores como San Bernardino. El Aeropuerto Internacional de Maiquetía suspendió operaciones por graves daños estructurales, y a la treintena de réplicas registradas se sumaron cortes de electricidad, telecomunicaciones y gas. El propio USGS prevé una secuencia de réplicas vigorosa —cifra en torno al 40% la probabilidad de un nuevo seísmo de magnitud 6 o superior en la semana posterior—, de modo que el peligro dista de haber pasado para una población que pasó la noche a la intemperie.
Venezuela registra cada año cientos de pequeños temblores, pero un evento de esta energía no se veía desde hacía más de un siglo. La ruptura se produjo en la misma franja de fallas de la costa norte —los sistemas de El Pilar, San Sebastián y Boconó— responsable de los grandes desastres históricos del país: el terremoto de 1812 que, en plena guerra de Independencia, devastó Caracas y Mérida y dejó, según estimaciones, unos 30.000 muertos. Más recientemente, en el año 1967, el país fue golpeado por un terremoto de magnitud 6,3, que causó cerca de tres centenares de víctimas en la capital.
Un hombre reposa en los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela.
El discurso de la «unión nacional»
Los terremotos abren una nueva página en la convulsa y opaca política venezolana. Rodríguez decretó el estado de emergencia nacional, suspendió las actividades no esenciales e insistió en que Venezuela saldrá de la tragedia «más fortalecida y más unida que nunca». «Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional», escribió en sus redes.
En un mensaje difundido a través de las redes sociales personales de Nicolás Maduro —recluido desde el 3 de enero en el Centro Penitenciario Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York—, el expresidente aseguraba que él y su esposa, Cilia Flores, elevaban sus oraciones «por cada familia afectada» y llamaba a «la unión nacional, a la serenidad y al amor». Maduro, que firmó como «presidente constitucional», pidió «máxima unión, máxima solidaridad y máxima acción».
El terremoto se presenta como una oportunidad para el Gobierno venezolano para profundizar en el discurso de unidad nacional que repite desde enero, cuando la detención de Maduro dejó al chavismo sin su figura central. Es un escenario difícilmente rebatible para postergar el debate sobre unas eventuales elecciones e incluso sobre un proceso de diálogo con la oposición que algunas figuras habían empezado a reclamar en los últimos días. En ese pulso, la catástrofe permite dilatar procesos de negociación y una eventual cita con las urnas.
La derecha latinoamericana hace cola para auxiliar
La respuesta internacional ha sido inmediata y reveladora. Una de las primeras figuras en pronunciarse fue el presidente Donald Trump, quien escribió en Truth Social que los dos seísmos habían dejado «un número devastador de muertos» y que Estados Unidos estaba «preparado, dispuesto y capacitado para ayudar». El mandatario, que ordenó actuar con rapidez a todas las agencias federales, se refirió a los venezolanos como sus «nuevos y grandes amigos»; su secretario de Estado, Marco Rubio, que mantuvo una llamada con Rodríguez, anunció el despliegue de equipos de búsqueda, rescate y asistencia médica. El gesto materializa la nueva relación entre Washington y Caracas, transformada desde enero y que ahora toma forma en una respuesta rápida y voluminosa por parte de quien el chavismo calificó durante años como su enemigo sistémico.
El grueso del esfuerzo procede, precisamente, de la derecha regional. El Salvador encabeza los ofrecimientos: Nayib Bukele anunció el envío de 300 rescatistas y paramédicos junto a 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos. El dominicano Luis Abinader confirmó la partida de brigadas especializadas de sus Fuerzas Armadas tras conversar directamente con Miraflores. A ellos se sumaron el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast. Son, casi sin excepción, los gobiernos más beligerantes con el chavismo durante la última década los que con mayor intensidad compiten ahora por enviar brigadas a Caracas.
La izquierda regional también ofreció asistencia, aunque con un tono más medido. El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó «profunda preocupación y consternación» y dijo que su país evaluaría las medidas necesarias; la mexicana Claudia Sheinbaum ordenó preparar la ayuda solicitada bajo el lema de que «México siempre es y será solidario».
Personas haciendo saqueos en un establecimiento comercial en la localidad de Catia La Mar.
Para Caracas, cada brigada que aterriza puede leerse como un acto de reconocimiento y normalización del orden surgido tras la captura de Maduro; para Washington, la ocasión de exhibir que la Venezuela que ha tutelado durante medio año reingresa en el club interamericano por la puerta que él mismo abre. La ayuda humanitaria, urgente y necesaria, tiene también una lectura política, y acelera la normalización internacional del Gobierno de Rodríguez.
El caso más elocuente es, una vez más, el de La Habana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró que «el personal cubano de la Salud coopera activamente en la atención a los damnificados», en una respuesta sobria que contrasta con dos décadas de cooperación sanitaria: desde que Chávez creara en 2003 el programa Barrio Adentro, miles de médicos cubanos atendieron a la población venezolana a cambio del petróleo de la isla. Pero esa imagen choca con lo ocurrido en los últimos meses. Bajo la política de «máxima presión» de Trump —que considera las misiones médicas una forma de explotación laboral al servicio de las arcas del Gobierno cubano—, varias fuentes apuntan a que esos contingentes, establecidos hace décadas en Venezuela, estaban siendo replegados de forma discreta y se hallaban ya prácticamente desmantelados en el país. El acercamiento con Washington es directamente proporcional al distanciamiento con La Habana. De hecho, el ataque del 3 de enero se saldó, con la muerte de 32 militares cubanos que protegían a Maduro.
La factura del realineamiento con Washington
El terremoto golpea a un país que lleva medio año desmontando la arquitectura legal del chavismo para acomodarse a las exigencias estadounidenses. La Asamblea Nacional aprobó el 29 de enero una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió de par en par la puerta al capital extranjero, y en febrero replicó el esquema con una nueva Ley de Minas que liberaliza el oro, los diamantes y las tierras raras. Ambos países restablecieron relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y el Tesoro estadounidense retiró el 1 de abril a Rodríguez de su lista de sancionados. Otras multinacionales extranjeras como Repsol y General Electric han firmado acuerdos en crudo y electricidad.
El alcance de ese giro va más allá de lo económico. La imagen que mejor lo condensó se vio el pasado 23 de mayo, cuando aeronaves militares estadounidenses sobrevolaron Caracas, llegando incluso a aterrizar en la sede de la embajada: un «simulacro de evacuación», según el Gobierno venezolano, un «ejercicio de respuesta militar», según la propia misión diplomática estadounidense. Una estampa impensable apenas unos meses antes, que ilustra hasta qué punto se ha redibujado la relación entre ambos países.
El seísmo de Yaracuy funcionará, en las próximas semanas, como una prueba de esfuerzo del orden político venezolano nacido en enero. La catástrofe refuerza el discurso de unidad nacional y desplaza del horizonte inmediato tanto las negociaciones con la oposición como unas eventuales elecciones. Y la ayuda extranjera —encabezada, paradójicamente, por los gobiernos que más hostilidad profesaron al chavismo— se presenta, además, como una validación internacional del mandato de Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó 32 fallecidos y más de 700 heridos y declaró el estado de emergencia después de dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el centro del país la tarde del miércoles.
«Tenemos reportes de 32 fallecidos sin contar aún con la cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados«, declaró la mandataria en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Rodríguez aseguró asimismo que el estado La Guaira, al norte de Caracas, es una «zona de desastre».
Ver vídeo
Dos fuertes terremotos sacuden Venezuela.
Los dos fuertes terremotos tuvieron lugar alrededor de las 18.05 hora local del miércoles (22.05 GMT) con el más potente, de 7,5, produciéndose apenas 39 segundos después del primero, de 7,2, informó el Servicio Geológico de EEUU, que explicó que formaron un fenómeno llamado «doblete sísmico» y canceló después la alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes.
Ambos tuvieron su epicentro a menos de 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Yumare, en el estado de Yaracuy –cuya capital es San Felipe–. Caracas está unos 300 kilómetros al este de Yumare, donde también se sintieron los terremotos.
El presidente de EEUU, Donald Trump, ofreció ayuda a Venezuela en un comentario en su red, Truth Social, y anticipó que los primeros reportes sobre sus consecuencias «no son buenos» y que «han dejado un número devastador de fallecidos«.
Estado de emergencia y cierre de aeropuerto
«Estamos en este momento declarando el estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución», indicó Delcy Rodríguez en una primera alocución en VTV, antes de reportar la cifra de víctimas, acompañada del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
Indicó asimismo que se ha activado toda la red de salud pública y privada del país y anunció que no habrá clases «en los siguientes días» de esta semana, así como la suspensión de todas actividades que no sean servicios esenciales.
La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como impacto en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, e informó de que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, fue cerrado tras sufrir graves daños en su infraestructura, sin precisar cuáles.
Proyecciones de víctimas
Antes de que Rodríguez ofreciese el primer reporte de fallecidos y heridos, el alcalde del municipio caraqueño de Chacao, Gustavo Duque, advirtió sobre posibles muertes en su jurisdicción.
«Estamos enfocados en tratar de rescatar a la mayor cantidad de vecinos con vida», dijo el funcionario a periodistas en medio de las tareas de rescate de residentes de dos edificios colapsados, describiendo la situación como «muy dura» para su municipio, en el área metropolitana de Caracas.
Por su parte, el Servicio Geológico de EEUU estimó que hay alrededor de un 40% de probabilidad de que los sismos hayan provocado entre 10.000 y 100.000 fallecidos, proyección calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.
Refugio en las calles y búsqueda de supervivientes entre los escombros: «Hay gente viva»
Miles de personas se aglomeran en la noche de este miércoles en las calles de Caracas tras terremotos que han dejado numerosos edificios derrumbados y fachadas con grietas, pudo constatar EFE. En el barrio Los Palos Grandes, en el este de la capital venezolana, cientos de personas permanecían alrededor de dos edificios derrumbados.
Mientras, vecinos y funcionarios de Protección Civil y de la Policía del municipio de Chacao (en el distrito metropolitano de Caracas) intentan encontrar supervivientes sin maquinaria: «Hay gente viva, necesitamos tobos (baldes) para cargar y mover los escombros. Hay gente viva«, dicen lugareños.
Solidaridad internacional
Aparte de Trump, dirigentes de Brasil, Panamá, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile, México o Cuba, entre otras naciones, expresaron su solidaridad con Venezuela tras los fuertes terremotos.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó su «preocupación y consternación» por los efectos de los terremotos y aseguró que su Gobierno evalúa medidas de asistencia para apoyar al país caribeño en la atención de la emergencia.
«Toda mi solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela», escribió en X el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló: «Mis pensamientos y oraciones están con el pueblo de Venezuela afectado por los terremotos de hoy».
La presidenta encargada de Venezuela agradeció el apoyo de los países que «se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad», en un mensaje transmitido por VTV.
El Gobierno anunció este martes «la mayor inversión en Dependencia de la democracia». La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) disfrutará de 2.218 millones adicionales en 2026, de tal forma que la aportación del Estado llegará a los 5.513 millones este año y a los 7.239 millones de euros en 2027. Esta cantidad es 5,8 veces superior a la media anual que destinaron los Gobiernos de Mariano Rajoy entre 2012 y 2018. En esos años, la Dependencia recibió en total 8.685,8 millones de euros, a una media anual de 1.240,8 millones.
«Con esta ampliación de la financiación estatal vamos a conseguir que el año que viene, en 2027, la aportación del Estado suba hasta alcanzar el 50% del gasto total en Dependencia», explican a Público fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, el encargado de canalizar estos fondos extraordinarios. El otro 50% lo ponen las comunidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva de la Dependencia.
«Rajoy recortó en siete años 5.400 millones de euros en Dependencia, entre otras cosas, porque suprimió el nivel acordado de la financiación al SAAD, que luego fue recuperado con la llegada de Sánchez al poder», insisten las fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy.
Relacionado con este tema
Los datos en este sentido son irrebatibles: en 2012, en su primer año al frente del Gobierno, Rajoy recortó la ayuda a la Dependencia en 210 millones de euros con respecto a 2011, que cerró con una inversión de 1.590 millones de euros. A partir de ahí siguió recortando año tras año hasta tocar fondo en 2017, con un gasto de 1.228 millones de euros. Él mismo lo había avisado durante la campaña electoral de 2011: «La Dependencia no es viable», dijo en una entrevista al diario El País tres días antes de aquellas elecciones.
Gráfico de la evolución de la inversión en Dependencia por parte del Gobierno desde 2009.
Hasta 2021 la ayuda a la Dependencia por parte del Gobierno no empezó a remontar. Durante ocho años, el nivel de inversión en la Dependencia apenas varió: pasó de 1.380 millones de euros en 2012 a los 1.384 en 2020. Desde entonces, el aumento ha sido notable, hasta llegar al anuncio de este lunes. «La inversión de la Administración General del Estado creció mucho de 2021 a 2023. Esto responde al plan de choque que hizo el Gobierno de coalición en la pasada legislatura, para revertir los recortes en Dependencia de Rajoy», apostillan fuentes del ministerio.
«A partir del 1 de julio, los Gobiernos de las comunidades autónomas recibirán una mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio», explica el Ministerio de Derechos Sociales.
Relacionado con este tema
«Histórica inyección económica»
Los colectivos sociales y profesionales vinculados al sector de la Dependencia y los cuidados valoran positivamente «la histórica inyección económica» anunciada por el Gobierno.
«El Gobierno pasa de la retórica a los hechos y recupera la financiación que deberíamos haber tenido en los últimos años», valora José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ramírez destaca que con estos nuevos fondos para la Dependencia, «se debe sobre todo priorizar la atención a las personas que están en las listas de espera, que son una 265.000 en toda España, y se debe mejorar las intensidades de la ayuda a domicilio, así como mejorar las cuantías de las prestaciones económicas de las cuidadoras».
«Supone un avance de gran calado en la consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar», apunta de forma un poco más entusiasta Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).
«Cuando hablamos de la Ley de Dependencia, estamos hablando sobre todo de personas mayores. Hoy, prácticamente tres de cada cuatro personas beneficiarias del sistema son mayores, y eso significa que estamos hablando de más de 1,2 millones de personas», ilustra el presidente de la PMP. A 31 de marzo de 2026 el SAAD registraba 1.655.446 personas con prestación efectiva, de las que 1.208.476 eran personas mayores. «Es un gran paso en el intento de equipararnos en inversión a otros países de nuestro entorno», señala a su vez Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
Sin embargo, además de satisfacción, todos los actores del sector de la Dependencia y los cuidados muestran un punto de cautela. Y es que hay consenso en señalar que, pese al considerable aumento del presupuesto, la cantidad asignada por el Gobierno sigue siendo «insuficiente» para atender las necesidades del sistema de Dependencia.
Mar Ugarte (CEDDD): «La Dependencia en España sufre una infrafinanciación histórica»
Lo resume bien Fernando Flores, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare): «Bienvenida sea esta medida, pero estamos en un entorno cada vez más privatizado en el que los costes son prácticamente imposibles de asumir por parte de las familias. Aún hay muchas personas que no tienen acceso a las plazas públicas en las residencias».
Mar Ugarte, vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), también se muestra satisfecha —»Todo lo que sea aumentar recursos, siempre es bienvenido»—, pero matiza que, pese al gran esfuerzo del Gobierno, el sistema de la Dependencia en España sufre «una infrafinanciación histórica». Esa misma expresión es utilizada por Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de la principal patronal del sector, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs): «Seguimos muy lejos de lo que necesita España para garantizar cuidados suficientes, profesionales y de calidad», señala Sánchez-Ostiz.
En este sentido, Ugarte recuerda que España apenas llega al 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en inversión en Dependencia, cuando hay países que llegan «al 3% y al 4%». La media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está en el 1,9%.
Además de reforzar la financiación, los colectivos sociales también exigen «un control férreo» en la gestión de estos fondos. Temen que estas nuevas inversiones no terminen donde deberían. «Exigimos que haya una fiscalización exhaustiva de estos fondos: el dinero público debe ir destinado de forma íntegra e inequívoca a poner los derechos de los residentes y trabajadoras por encima de los intereses de las empresas que operan en el sector», apunta Carmen López en este sentido.
Jesús Norberto Fernández: «La mejora de la financiación es una muy buena noticia, pero ahora hay que garantizar su correcta gestión en el ámbito territorial
Este temor se extiende a las comunidades autónomas, que son las que gestionan el sistema de Dependencia. No sería la primera vez que éstas recortan su ayuda a la Dependencia aprovechando que el Gobierno la aumenta. Ya ocurrió en 2022.
Lo expresa de forma diáfana José Manuel Ramírez: «Esto impele a las comunidades autónomas para que gestionen la Dependencia con pericia, simplifiquen procedimientos administrativos y, sobre todo, para que no ahorren dinero ni escatimen presupuesto en lugar de mejorar la vida de las personas en situación de dependencia, que esto ya lo hemos visto en algunas ocasiones».
Mar Ugarte comparte ese temor y esa sospecha: «Históricamente hay una infradotación presupuestaria por parte de las comunidades autónomas y del propio Estado central hacia la dependencia. Tememos que este dinero extra sea absorbido por esa deuda histórica«.
«La mejora de la financiación es una muy buena noticia, pero ahora hay que garantizar su correcta gestión en el ámbito territorial, porque un derecho subjetivo no puede quedar condicionado por desigualdades entre comunidades autónomas», advierte Jesús Norberto Fernández.
Carmen López: «El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas en las residencias públicas»
«El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas públicas de gestión directa en residencias de titularidad pública«, señala Carmen López, quien no se ahorra una crítica, sin citarla, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a un modelo que apuesta por la privatización: «Hay que evitar que estos fondos estatales terminen engrosando los beneficios de las grandes corporaciones sanitarias como Quirón o a las empresas y fondos de inversión que gestionan plazas concertadas en residencias».
El portavoz del Ministerio de Derechos Sociales también lanza un mensaje a las comunidades autónomas: insiste en que este nuevo plan para financiar la Dependencia forma parte de su «compromiso político»: «A partir de este año vamos a duplicar la aportación que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para el sistema de la Dependencia. Esto hará posible que en 2027 alcancemos el 50%, de forma que cumplamos con el compromiso político que nos fijamos para esta legislatura, aunque no estamos obligados a ello. Algunas comunidades del PP usan este compromiso para mentir y decir que el Gobierno le debe dinero por no llegar al 50%. Esto es falso. El Estado no adeuda dinero a ninguna a las comunidades autónomas por este concepto».
A este respecto, Carmen López insiste en que esta nueva inyección de dinero «debería incidir en la corrección del profundo desequilibrio que sufren las familias dependiendo del código postal en el que vivan. Actualmente existe una brecha inaceptable en la financiación: mientras algunas comunidades autónomas asumen con fondos propios hasta el 84% del gasto total en dependencia, otras apenas aportan el 61% o menos. El incremento de los fondos estatales debe obligar a una corresponsabilidad real de todas las autonomías para garantizar que un ciudadano tenga exactamente los mismos derechos, las mismas ratios de personal y la misma calidad asistencial viva donde viva», concluye la representante de Marea de Residencias.
«Encuéntrate con Cristo. Descúbrete a ti mismo. Crece en santidad», reza la página web de Courage España. «Si experimentas atracciones hacia el mismo sexo y estás dispuesto a abrazar libremente las enseñanzas de la Iglesia (…) o tienes algún familiar que se identifica como LGTBIQ, ¡no estás solo!», continúa la plataforma antes de remitirte a un listado con los «capítulos» -puntos de encuentro- que tiene la organización en más de una decena de países. ¿El remedio para curar la homosexualidad? La «intervención terapéutica» mediante el acompañamiento pastoral, una serie de reuniones semanales para «lidiar con los obstáculos que impiden vivir la castidad». La lógica tiene la misma base que la de las terapias de conversión, pero aquí los sacerdotes no intentan guiar a las víctimas hacia la heteronormatividad. La Iglesia Católica trabaja para que las personas homosexuales -simplemente- no tengan relaciones. El hábito de la castidad.
Courage tiene su sede en Estados Unidos, pero ha aterrizado durante los últimos años en Brasil, México, Colombia o España. Lo hizo a través de las diócesis que así lo autorizaron. El Arzobispado de Toledo plantó la primera semilla en nuestro país en 2019. Los mismos pasos siguieron luego las Diócesis de Cuenca, Canarias, Alcalá de Henares y Getafe. El manual de Courage explica perfectamente cómo es el proceso para que un párroco pueda poner en marcha estas terapias de castidad. «Los sacerdotes interesados en comenzar un capítulo (…) y servir como capellanes deben hablar con su obispo sobre su deseo y disponibilidad (…). El capellán del capítulo ha de ser siempre un sacerdote a quien el obispo diocesano le haya confiado de manera estable el cuidado pastoral de las personas que experimentan atracciones hacia el mismo sexo y/o de los padres de familia de personas que se identifican como LGTBIQ», sostiene la hoja de ruta de la organización.
Los curas de referencia de estas «intervenciones terapéuticas» empiezan a atender las peticiones que reciben -una vez registrada la estructura-, deben reunirse «individualmente» con todos los interesados y realizar una «entrevista inicial» para asegurarse de que comprenden las «cinco metas del apostolado». Las metas en cuestión son la castidad, la devoción, los testimonios, las amistades y la hermandad, para «asegurarnos» de que nadie «tenga que enfrentar solo los problemas de la homosexualidad». Courage se asegura de evitar en sus textos palabras como terapia o tratamiento, consciente de que vulneraría parte de lo dispuesto en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como ley Trans.
Relacionado con este tema
«Los perpetradores de las terapias de conversión han adaptado su lenguaje y sus mecanismos para acceder a las víctimas con el objetivo de evitar investigaciones y garantizar su impunidad. Courage recubre y pinta de asesoramiento y acompañamiento pastoral una práctica que realmente busca anular la orientación sexual de las personas LGTBIQ», defiende Saúl Castro, presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. «Lo grave del asunto es que no hablamos de una práctica religiosa inocua, sino de una estructura organizada que trata la diversidad sexual como una adicción y plantea como cura la castidad. Las terapias basadas en la castidad son además discriminatorias, porque solo presentan esta diatriba para las personas LGTBIQ, no para las heterosexuales ni para los curas que han cometido abusos en la Iglesia», continúa el abogado.
La Conferencia Episcopal no ha aclarado si rechaza o respalda este tipo de iniciativas y se limita a decir que «la castidad es una virtud para todas las personas, casadas y solteras, hombres y mujeres, y de cualquier orientación». Público ha preguntado también por el enfoque discriminatorio de las sesiones de Courage, sin haber recibido todavía respuesta. Este diario se ha puesto en contacto además con las cuatro líneas telefónicas que tiene la plataforma en las diócesis de Cuenca, Canarias, Alcalá de Henares y Getafe: ninguno de los sacerdotes designados para «atender» a los «potenciales miembros» de la estructura ha respondido ni por llamada, ni por WhatsApp. Courage y su departamento de prensa tampoco han querido aclarar qué diferencias establecen entre las terapias de conversión y las basadas en la castidad, cómo es la formación que reciben los sacerdotes y capellanes o qué motivos llevan a la organización a centrarse solo en captara personas del colectivo LGTBIQ.
Ver vídeo
«Courage contempla en su manual, por ejemplo, que las víctimas que deseen recibir tratamiento psicológico durante su acompañamiento pastoral puedan hacerlo siempre y cuando el terapeuta tenga su misma visión de la homosexualidad. Los objetivos y las propuestas nos dejan claro que estamos ante lo que se conoce como terapias de conversión con un enfoque religioso centrado en la castidad, hablamos de una finalidad y un grupo diana absolutamente dirigidos», insiste Saúl Castro. La Asociación Española contra las Terapias de Conversión ha denunciado a Courage ante la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI del Ministerio de Igualdad. La cartera todavía no ha confirmado si abrirá o no expediente sancionador a la firma norteamericana, pero sí asegura estar «trabajando en ese ámbito» y destaca la reciente apertura del «primer expediente en la historia del Ministerio vinculado a las terapias de conversión».
El manual de los curas para reprimir la homosexualidad
Courage presume en su página web de haber recibido «estatus canónico en la Iglesia católica» como una «asociación pública clerical de fieles diocesana», convirtiéndose así en «el único apostolado de su tipo» con esta distinción. La plataforma no solo opera a través de sus «capítulos» o grupos de charla y oración, reunidos «semanalmente o, mínimo, una vez al mes». Courage también proporciona «recursos y conferencistas o expertos para eventos locales de formación continua», prestando especial atención a las «jornadas de estudio para el clero», pensadas para sacerdotes y diáconos de las diócesis participantes. Las propuestas de este tipo consisten -por norma general- en un conjunto de «charlas sobre antropología cristiana e identidad«, además de ponencias acerca de «la aportación de las ciencias psicológicas sobre la homosexualidad, la provisión de una atención pastoral auténtica hacia las personas que experimentan atracciones hacia el mismo sexo (…) y algún testimonio de Courage». El resultado de esta suerte de formaciones es lo que se inculca luego en los acompañamientos pastorales que persiguen la castidad.
«Las prácticas de este tipo van acompañadas de un control casi absoluto y de un aislamiento progresivo que hace que los sacerdotes conozcan luego muchos detalles de la vida de sus víctimas. Las personas que asisten [a los capítulos] entienden o terminan entendiendo que la atracción y las prácticas sexuales siguen los mismos patrones que cualquier adicción. Los grupos sirven para forzar esa idea de acompañamiento, plantear dudas, riesgos o miedos a una posible recaída», detalla Saúl Castro. El manual por el que se rigen los capellanes de la organización confirma todo lo que comenta el abogado y presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. La «hermandad», la «confidencialidad» y la carta de la vulnerabilidad son tres de sus habituales. Courage considera en sus textos -públicos- que las personas homosexuales pueden ser «más susceptibles a sufrir tentaciones» o «más propensas a buscar gratificación de formas que no son buenas».
El día, la hora y la ubicación de las reuniones del capítulo «siempre son confidenciales» para «proteger la privacidad de los miembros», toda vez que -según el mismo manual- «muchos no han revelado a otros que ellos o sus seres queridos experimentan atracciones hacia el mismo sexo«. La «confianza mutua» también hace que todos los integrantes del grupo puedan «hablar honestamente sobre su camino de conversión», una conversión que culmina aquí con la castidad, no -supuestamente- con el cambio de orientación sexual. Las atracciones homosexuales son una «carga no deseada» y definirse como «gay o lesbiana» implica «ir en contra de la fe» y «tener tendencias desviadas», tal y como defiende el mismo manual a lo largo de sus casi doscientas páginas. Las fuentes consultadas por este diario comparan el funcionamiento de las «terapias basadas en la castidad» con el de las sectas o los encuentros de Alcohólicos Anónimos, un símil que también abrazan desde Courage.
La denuncia ante el Ministerio de Igualdad
La Asociación Española contra las Terapias de Conversión presentó inicialmente un paquete de denuncias contra Courage ante la Fiscalía de Toledo y la Consejería de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, habida cuenta de que la primera sucursal de la organización en España la puso en marcha el Arzobispado de Toledo. Los dos organismos decidieron archivar las diligencias por considerar que los hechos detallados no revestían los caracteres de delito, tal y como consta en una resolución del Ministerio Público a la que ha tenido acceso este periódico. La última denuncia del colectivo es la que está ahora en manos del Ministerio de Igualdad. La parte demandante pide suspender y eliminar los contenidos inscritos en la página web de Courage y abrir los expedientes sancionadores que contempla la Ley 4/2023. El Ministerio que dirige Ana Redondo se limita de momento a confirmar que prepara su primera sanción en estos términos y sitúa por encima de la veintena el número de denuncias recibidas en los tres últimos años en la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBIQ.
La Unión Europea es un entramado político complejo en el que decisiones importantes a veces se toman en lugares insospechados. En febrero de 2024, el entonces comisario de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, cogió su coche y se plantó en el acceso a una autovía cercana a la ciudad de Szczecin, en el extremo noroccidental de su país.
Allí cientos de agricultores y granjeros habían montado una barricada para protestar contra la situación del campo. Protestas similares se sucedían en esas semanas en España y en otros tantos países europeos. El entonces máximo responsable del sector agrícola comunitario habló durante “dos o tres horas” con los manifestantes, recuerda hoy.
Sólo un mes después, la Comisión propuso modificar varios aspectos esenciales de la política agraria común (PAC). Los cambios se centraron en rebajar los requisitos medioambientales que el sector ha de cumplir para optar a estas ayudas, un fondo multimillonario -un tercio del presupuesto total de la UE- que marca las líneas maestras de la agricultura y la ganadería en el continente.
Relacionado con este tema
En el segundo aniversario de las protestas que atravesaron España y Europa, una investigación en la que participa Público revela detalles inéditos sobre esta crisis y sus implicaciones políticas directas, de especial relevancia en un país como el nuestro, con gran peso del sector primario.
Bajo el discurso de la “simplificación” y mejora de la competitividad, Bruselas comenzó en ese momento un desmantelamiento del armazón verde de su política agraria, hoy todavía en marcha.
Entrevistas y documentos inéditos obtenidos a través de las leyes de transparencia muestran cómo, en los días previos a esa decisión, el entonces máximo responsable de Agricultura de la UE se reunió con actores relevantes de la extrema derecha europea, entre ellos el español Jorge Buxadé.
El Ejecutivo comunitario, en un contexto preelectoral -en el verano de 2024 se eligió un nuevo Parlamento- presionó para modificar las bases de la PAC en un tiempo récord y sin las garantías requeridas para una reforma de este tipo.
Relacionado con este tema
El malestar del campo
Wojciechowski califica como “emotiva” la charla de varias horas que mantuvo con los manifestantes en su Polonia natal, a pie de carretera. “Me invitaron a comer salchichas con ellos”, rememora hoy en una entrevista exclusiva en el marco de esta investigación.
Igual que en suelo polaco, en España los agricultores también salieron a la calle en masa en aquellas semanas de febrero. Lo hicieron para mostrar su descontento por las dificultades económicas que muchos de ellos enfrentan, especialmente los pequeños productores situados en el eslabón inicial de la cadena de suministro.
Relacionado con este tema
Las reivindicaciones y los grupos que protagonizaron estas protestas históricas fueron, sin embargo, de lo más diversos. Tanto en España como en otros países europeos. Así lo señalan las diferentes fuentes consultadas por Público para este reportaje y lo confirma un reciente estudio académico de varias universidades del continente.
Los documentos exclusivos obtenidos en esta investigación reflejan cómo Wojciechowski y su equipo se reunieron con múltiples asociaciones del continente en las semanas previas al 15 de marzo de aquel año. Ese día la Comisión presentó una revisión de la PAC que incluyó, entre otras medidas, la exención de la rotación de cultivos o del barbecho en ciertos terrenos, ambas propuestas contrarias al consenso científico sobre la protección de los ecosistemas agrarios.
Entre las reuniones del comisario en esas intensas semanas figuran, entre otros, encuentros con la española Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) y la poderosa Copa-Cogeca, un conglomerado europeo que agrupa a voces del campo muy diversas en el continente.
“Tuve muchas visitas, muchas reuniones con los agricultores de los Estados miembros”, señala el propio Wojciechowski, quien reconoce de forma explícita que fue “la presión” ejercida por los manifestantes la que motivó esta respuesta política a la crisis.
Maxime Orhon, responsable de incidencia política Por otra PAC, una coalición de medio centenar de ONG ambientales, organizaciones ganaderas y representantes de la agricultura ecológica, asegura sin embargo que sólo algunas de las reivindicaciones que los tractores sacaron a la calle fueron tenidas en cuenta. “Se ha tomado al medio ambiente como chivo expiatorio, pero es que en las protestas había otras muchas demandas”, apunta en una entrevista con Público.
Este experto señala que la Comisión decidió tocar “el tema más fácil”; es decir, la reducción de ciertos requisitos para poder optar a los fondos de la PAC. Pero no otras cuestiones más complejas como una redistribución de estas ayudas para hacerlas más equitativas o una reforma integral de los pagos básicos, reflexiona.
Nina Holland, experta en el sector agrícola de Corporate Europe Observatory (CEO), coincide en la importancia de discernir entre las múltiples quejas que sacaron los agricultores a la calle. A pesar de la variedad de demandas sobre la mesa, la reacción inmediata del gabinete de Von der Leyen fue reducir los requisitos medioambientales de la PAC, apunta esta investigadora de CEO, una organización con sede en Bruselas que fiscaliza a la gran industria que trata de influir en las normas europeas.
“Es cierto que los agricultores han de enfrentarse a mucha burocracia”, pero explicar las protestas sólo en base a esas quejas es un error, advierte. Holland lleva años siguiendo la capacidad de influencia de Copa-Cogeca -una organización que lleva mucho tiempo en el punto de mira por sus vínculos con la agricultura industrial, incluida la ganadería intensiva– y la pone como ejemplo del tipo de actores que fueron tenidos en cuenta por la Comisión. “En lo que respecta a la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura, el resultado fue realmente malo”, concluye.
La extrema derecha presiona
Los mensajes que el equipo de Wojciechowski recibió en esas semanas, a los que Público ha tenido acceso, ofrecen una mirada poco habitual a cómo se tejen las relaciones en la capital europea.
El 10 de enero, pocos días antes de que las imágenes de los tractores en la calle comenzasen a recorrer Europa, el español Jorge Buxadé mandó un correo electrónico al alto funcionario. En él, Buxadé, jefe de la delegación de Vox en Bruselas y entonces vicepresidente del grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas europeos (ECR Party), invitó al comisario a participar en un evento en València sobre “el futuro y los retos de la agricultura y la ganadería en España y Europa”.
La correspondencia entre ambos muestra el interés de Wojciechowski, miembro del ultraderechista partido polaco Ley y Justicia, por reunirse con Buxadé, declarándose incluso “ansioso” por llevar a cabo el encuentro.
Finalmente, y ante su ajetreada agenda, el comisario invitó al líder de Vox a encontrarse con él el 14 de febrero en la cámara comunitaria. Una cita a la que también acudieron los cuatro consejeros autonómicos de agricultura con los que entonces contaba el partido de Santiago Abascal. De acuerdo a los documentos obtenidos en esta investigación, este fue el único encuentro de Wojciechowski con representantes políticos en este periodo.
Imágenes de la correspondencia entre Jorge Buxadé y el entonces comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, a comienzos de 2024.
Un briefing preparado por el equipo del comisario previo a esta reunión muestra también algunas claves importantes. En él se señala que las propuestas derivadas del Pacto Verde europeo generan en el sector “una mayor incertidumbre y estrés respecto al futuro”. “Por último, también soy consciente del interés por simplificar la PAC y hacer frente a la creciente complejidad normativa y a la carga administrativa”, escribe el comisario en uno de los apartados finales del documento.
Público ha contactado a Vox para esta información, pero el partido no ha respondido a las preguntas de este medio.
Von der leyen busca la reelección
Otro elemento fundamental para analizar las protestas y sus consecuencias políticas son las elecciones europeas que entonces se atisbaban en el horizonte, señalan varias fuentes consultadas. Un contexto en el que “todo el mundo trataba de marcar la agenda para la nueva Comisión” y en el que Von der Leyen, presionada desde su flanco derecho, trataba de preparar el terreno para su reelección, esgrime Nina Holland.
El testimonio de un diplomático de la UE implicado directamente en las conversaciones que llevaron a la devaluación medioambiental de la PAC, y entrevistado para esta investigación bajo condición de anonimato, asegura que existía una “línea directa entre el gabinete de Ursula Von der Leyen y los intentos de apaciguar a los agricultores”. “Sin duda [Von der Leyen] se empeñó en ello. (…) Las elecciones influyeron y entonces se convirtió en un asunto político”, señala esta fuente, quien describe una situación de “pánico” en la Comisión que empujó a los funcionarios a buscar una solución rápida que acabase con las protestas.
Tomás García Azcárate, economista agrario y especialista en la PAC con una larga trayectoria en Bruselas, apunta al “cambio en el equilibrio político” en Europa como un factor determinante para entender el viraje de la política agraria comunitaria, que arrancó en aquel primer trimestre de 2024 y ha tenido una continuidad desde entonces. En 2025, la Comisión aprobó un nuevo paquete de “simplificación” mediante una de sus leyes Ómnibus.
Para Azcárate, la modificación de las mayorías tradicionales en Europa -motivada por la fuerte subida de la extrema derecha-, unido al malestar del campo y la presión de algunos lobbies,permiten entender esta transformación en las prioridades de la política agraria común. Y quita hierro al hecho de que Wojciechowski solo se reuniese con miembros de grupos políticos afines, atribuyéndolo al “aislamiento” del dirigente polaco.
Este experto señala que la batalla real estaba entonces entre los postulados de Von der Leyen y el neerlandés Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión y gran impulsor del Pacto Verde europeo en el primer mandato de la líder alemana.
Un caso de “mala administración”
Además de tener una continuidad legislativa, los cambios impulsados por las protestas del campo han sido también objeto de investigación por organismos y expertos vigilantes del buen funcionamiento de la Comisión.
Así, en noviembre pasado la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, tras una queja formal presentada por varias ONG meses después de la primera reforma de la PAC, constató “una serie de deficiencias de procedimiento” y calificó este caso como un ejemplo de “mala administración”.
Las normas internas de la UE establecen que cualquier cambio legislativo sustancial ha de acompañarse por una evaluación de impacto y de consultas a las partes interesadas. Algo que en ningún caso ocurrió en aquellas semanas frenéticas, constata Anjinho en su informe. La Defensora del Pueblo Europeo critica también la “definición especialmente amplia del término urgencia” y la ausencia de una justificación razonada por parte de la Comisión para saltarse sus propias normas.
Los documentos obtenidos en esta investigación atestiguan estas acusaciones. De ellos se desprende que, desde el inicio de 2024 hasta que la Comisión logró sacar adelante su propuesta, el Ejecutivo comunitario no realizó ningún análisis de impacto o consulta a sus servicios legales al respecto.
Preguntados por qué otros cambios, más allá de una rebaja de sus requisitos medioambientales, pueden hacerse para mejorar la actual política agraria común, los expertos consultados por Público ahondan en varias líneas.
Además de una distribución más equitativa del dinero de la PAC, Maxime Orhon señala la necesidad de financiar más y mejor el relevo generacional en el campo. Según un informe de la propia Comisión, en la actual PAC (2023-2027) la ayuda complementaria para jóvenes agricultores y agricultoras sólo representa el 1,8% de todos los pagos directos del programa. “No ha habido un aumento de este presupuesto en la actual PAC”, señala Orhon, quien advierte de que tampoco parece que el nuevo plan (2028-2034) hoy en discusión vaya a aumentar de forma considerable esta partida.
Mario Díaz Esteban, investigador científico del Departamento de Biogeografía y Cambio Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), advierte por su parte de que “los objetivos de Europa tienen que estar en lo medioambiental y lo social”. “Sólo podemos competir por ese lado, no por la vía de la producción”, señala este profesor en referencia a las voces que apuestan por una normativa que, al menos sobre el papel, impulsen la capacidad productiva del continente para así rivalizar con Asia o América.
Díaz Esteban ha sido hasta ahora el coordinador de la red PTI Agriambio, una red de investigadores que de forma pionera en España trata de evaluar, mediante un convenio entre el CSIC y el Ministerio de Agricultura, la eficacia socioambiental de la PAC europea.
En un momento en que dicho convenio pende de un hilo, este investigador advierte también de que hacen falta más datos para medir cómo estas políticas afectan a la biodiversidad de nuestro país. “Simplificar está siempre bien, el problema está en si eso se traduce en que cada uno haga lo que le dé la gana”, concluye.
La tradición borbónica obliga desde hace al menos dos siglos y medio a que todos sus miembros anden a guantazos. Los desprecios que se prodigan en la actualidad Felipe y su padre, los desplantes de la ciudadana Ortiz a su suegra, los desaires a sus cuñadas, la nula relación entre primos… nada nuevo. Así son las cosas y esas son sus maneras. La revista satírica La Flaca publicó en febrero de 1870 una magnífica caricatura como prueba irrefutable de mi afirmación y con el título Una familia modelo. En ella se ve a todos los borbones, literalmente, a hostias. Isabel II levantándole la mano a su cuñado Antonio de Orleáns; el rey consorte Francisco agarrándole de los pelos por la espalda; la infanta María Luisa, hermana de la reina, arreando con el abanico al infante Enrique de Borbón, hermano del rey, para defender a su marido, Antonio; la hija mayor de Isabel II, La Chata, yéndose a por su tía; el carlista Carlos VII con el puño levantado para dar al primero que pillara; el chavalín que acabaría siendo Alfonso XII pateando y amenazando con un fúsil de juguete a otra pariente niña… y en la pared de la viñeta, dos cuadros colgados: uno con Carlos IV agarrando por el cuello a su hijo el mastuerzo, y otro con los hermanos Carlos María Isidro y Fernando VII sujetándose por los respectivos pescuezos.
En esa caricatura están los dos personajes que hoy nos ocupan. Uno es Antonio de Orleáns, cuñado de Isabel II puesto que estaba casado con la infanta Luisa Fernanda, padres de esa moñas edulcorada llamada María de las Mercedes. Antonio fue el famoso duque de Montpensier, conspirador desde que se levantaba hasta que se acostaba, ambicioso sin límites, capaz de todo por conseguir el trono de España y, casi con total seguridad, responsable del magnicidio de Juan Prim, el primero de los cinco presidentes de gobierno asesinados en España.
Dado que pertenecían a la familia de los borbones, lo normal es que ocurriera lo que ocurrió, que acabaran a tiros
El segundo protagonista es Enrique de Borbón, infante de España y hermano del rey consorte Francisco de Asís; es decir tanto Antonio como Enrique eran cuñados de Isabel II. Y para terminar de enredar los parentescos, también eran primos entre sí y no se soportaban desde que eran niños. Así que, dado que pertenecían a la familia de los borbones, lo normal es que ocurriera lo que ocurrió, que acabaran a tiros, y todo para evitar que el otro pillara el trono de esta empresa llamada España, tan lucrativa para la dinastía.
Relacionado con este tema
Situemos el escenario de la bronca. Estamos en el Madrid de 1870, justo el año en el que el magnífico ilustrador barcelonés Tomás Padró dibujó para La Flaca la viñeta citada. Hacía año y medio que doña reina Isabel II había salido expulsada de España con toda su prole en septiembre de 1868. Antonio de Orleáns, casado con la hermana de la reina, fue uno de los que conspiró para apear a su cuñada Isabel II del trono con la esperanza de pillarlo él. No hace falta insistir en que se odiaban. En realidad se hace difícil saber de alguien a quien no odiara Antonio de Orleáns y conocer a alguien que no lo odiara a él.
Viñeta ‘Una Familia modelo’ publicada en ‘La Flaca’.
En aquel 1870, con la reina arrojada del país, España buscaba un rey a la desesperada en el mercadillo de segunda mano europeo. Fue otra gran oportunidad perdida para la República, pero puesto que era territorio inexplorado, los españoles fáciles de manejar y los políticos unos cobardicas, el gobierno revolucionario que desalojó a Isabel II descartó la República y convenció al pueblo de que había que buscar otro rey, aunque con una condición inexcusable: que no fuera borbón. “¡Los borbones, jamás, jamás, jamás!” vociferaba Prim por las Cortes.
Esa sede vacante en el trono de España puso en marcha maniobras en algunas monarquías europeas para encajar a su propio candidato o para impedir que un enemigo encajara el suyo. Esta extravagante búsqueda de rey se produjo tras la aprobación de la no menos extravagante Constitución de 1869, la que declaraba que este país tenía que regirse por una monarquía constitucional, aunque no tuviéramos rey que llevarnos al trono. Muy loco. Este país es muy loco.
Relacionado con este tema
Cuando Enrique de Borbón se enteró de que su primo Antonio de Orleáns se postulaba para rey de España, sufrió un pico de hipertensión
Lo de monarquía constitucional es uno de los mayores oxímoron conocidos, porque una monarquía que siempre se mantiene al margen de la Constitución, con reyes impunes gracias a la Constitución, nunca será constitucional.
La única vez que se ha votado un rey en el Parlamento fue en aquel periodo que nos ocupa, y el candidato elegido finalmente para ser rey de España fue el duque de Aosta, Amadeo de Saboya, por 191 votos a favor. El único rey de España elegido por votación parlamentaria. Al que sufrimos actualmente es solo el hijo del que puso el dictador Franco y sí, lo voto el parlamento de la dictadura.
Relacionado con este tema
Pero, además del italiano Amadeo, hubo otros candidatos para ocupar el trono, como Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, que, como su propio nombre indica, era prusiano, y al que los españoles prefirieron llamar “Leopoldo ole ole si me eligen” porque no se aclaraban con la pronunciación. Antonio de Orleáns, el cuñado de la reina y su más acérrimo enemigo, tuvo el cuajo de presentarse también como candidato porque cumplía con la principal condición: no ser un borbón.
Cuando Enrique de Borbón se enteró de que su primo Antonio de Orleáns se postulaba para rey de España, sufrió un pico de hipertensión. Ahí comenzó un cruce de artículos y de panfletos poniéndose a parir entre los dos cuñados de Isabel II. Enrique de Borbón, duque de Sevilla y Grande de España, maestro masón en la logia francesa “Enrique IV”, no podía aspirar a ser elegido rey porque era un borbón, pero iba a hacer lo imposible para que su primo Antonio tampoco fuera candidato. El tono de los artículos y los panfletos que se distribuyeron fue subiendo… y subiendo… y subiendo…
Relacionado con este tema
Enrique de Borbón llamaba a su primo Antonio truhan, calumniador, enemigo político, traidor, corrupto… pero lo que más le molestó al duque de Montpensier es que su primo lo llamara “hinchado pastelero francés”. Ahí se acabó el cruce de insultos y Antonio de Orleáns pasó a la acción retando en duelo a Enrique de Borbón. Se eligieron padrinos, comenzaron las visitas a los dos contendientes para ajustar las condiciones y el duelo se fijó para el 12 de marzo de 1870 en la Dehesa de los Carabancheles, cuando todo aquello era campo y ahora es todo ladrillo.
Con las primeras luces del día, y antes de que se liaran a tiros, lo inmediato fue intentar convencer a los duelistas de que lo dejaran, pero no hubo forma. Estaba claro que sobraba un cuñado de la reina, y era el momento de que uno de ellos desapareciera del mapa. Se establecieron los nueve metros de distancia, y se dio la orden del primer disparo.
¡Pum! Y nada.
¡Pum! Y tampoco.
Cargaron pistolas y volvieron a disparar.
¡Pum! del infante Enrique, y nada.
¡Pum! de Antonio, y la bala rebotó en la pistola del Borbón y le rasgó la levita a la altura de la clavícula.
Los caballeros reunidos propusieron dejarlo ahí, pero inmediatamente se desdijeron porque las normas dicen que en un duelo a primera sangre tiene que haber al menos una heridita. Había que continuar.
Relacionado con este tema
¡Pum! falló Enrique de Borbón.
¡Pum! y pleno de Antonio de Orleáns en toda la cabeza de su primo.
Un cuñado menos.
Pero cuando el cuñado victorioso se percató de que su oponente estaba frito supo que también él lo estaba. Se acababa de cumplir la previsión que hizo el día antes del duelo Enrique de Borbón: “Si yo lo mato -dijo- Antonio no será rey de España. Y si él me mata a mí, tampoco será rey. Muero contento”. Y era cierto, Enrique de Borbón, infante de España, hermano del rey, cuñado de la reina, asesinado por su propio primo, llevaba las de ganar viviese o muriese. Antonio de Orleáns perdió casi todos sus apoyos para su candidatura al trono de España.
Enrique de Borbón murió matando, y además se enteró todo dios. Políticos, nobleza, casas reales europeas, embajadores, intelectuales, militares, fauna eclesiástica… todos supieron del duelo, pero todo el mundo trató el asunto con absoluta discreción. Dado que Antonio de Orleáns era militar (su odiosa cuñada Isabel II lo había nombrado capitán general un mal día de 1858) no fue sometido a juicio civil, sino a un consejo de guerra, que, por supuesto iba a descafeinar todo el proceso, porque por mucho que la ley prohibiera los duelos y la Iglesia los condenara, se sabía que aquello iba a quedar en nada.
Aquel consejo de guerra juzgó dos delitos; el duelo en sí y el asesinato, pero se concluyó que la muerte fue… accidental.
Y dado que era masón, la parafernalia en su entierro fue la leche, y eso que la Iglesia había declarado herejes y excomulgado a todos los masones
Se le condenó a un mes de destierro de Madrid, lo cual no le causó gran disgusto porque para eso tenía su residencia habitual en Sevilla, su espectacular palacio de San Telmo, actual sede del gobierno de la Junta de Andalucía. O sea, más que un destierro, un chiste. Y también fue condenado a pagar una indemnización importante a la familia del muerto, que por orgullo torero rechazó el hijo de la víctima mortal.
A Enrique de Borbón le hubiera correspondido ser enterrado, o al menos trasladado después, como han hecho con los demás, al panteón de infantes del Escorial. Pero no. Lo enterraron en un nicho de la sacramental de San Isidro, en Madrid, y ahí sigue, enfrente de donde estaba el antiguo estadio Vicente Calderón. Y dado que era masón, la parafernalia en su entierro fue la leche, y eso que la Iglesia había declarado herejes y excomulgado a todos los masones porque le estaban quitando negocio a Roma. Pero también se miró para otro lado. El muerto era duque, era infante, era borbón… y fue al hoyo. Antonio de Orleáns no fue al bollo porque aquel disparo certero a la cabeza de su primo le frustró el acceso al trono de España.
He aquí una prueba más de que en lo último que se puede confiar en este país es en la Justicia, mucho más cuando los implicados son de alto standing borbónico. Nos lo advirtió hace unos años el señor Carlos Lesmes, aquel jefazo de todos los jueces con su trasero pegado al sillón presidencial del Supremo con superglú. La ley, dijo el indigno Lesmes, está pensada para los “robagallinas”, no para el gran defraudador. Tampoco para los borbones ni los Orleáns.
«Los vascos aquí ya no vienen a por pintxos. Hemos convertido San Sebastián en Benidorm«. Se ha hecho viral un vídeo del periodista gastronómico Alfonso Ortega, más conocido como Cocituber, en el que denunciaba en redes sociales un fenómeno que, al igual que en Donosti, se repite en gran parte de los cascos históricos de España: la saturación y sobreexplotación turística de sus calles más tradicionales.
Desde la plataforma Bizilagunekin sitúan la exposición de este fenómeno algo más de diez años atrás. Asier Basurto, uno de sus portavoces y autor del libro Turismoa. Desazkundera bidaia, cree que uno de los motivos detrás de la masificación turística es, justamente, la promoción de la ciudad en redes sociales. Un influencer publica un vídeo de «los lugares más top para tapear» y acto seguido se generan colas kilométricas. «La primera vez que pasó, lo tomamos por sorpresa, pero ya se ha convertido en la norma. La tarta de queso, la tortilla…», asegura.
El trasfondo detrás de estas anécdotas es la pérdida de identidad cultural, la expulsión de los vecinos y una incomodidad generalizada para moverse y hacer «vida» en los centros históricos. «Los donostiarras de las afueras o la gente de provincia que solía venir a hacer compras o pasar un día están dejando de hacerlo. Y esto es porque cada vez te sientes más extraño en los lugares de siempre«, lamenta. Ruido, basura, un espacio urbano conquistado por la hostelería, precios disparados… estos son algunos de los efectos que más se repiten. Desde personas que no encuentran un banco donde sentarse a niños que no tienen una plaza donde jugar.
«Donosti es una ciudad que recibe turistas desde hace dos siglos y son parte de ella, pero la aceleración que estamos viviendo ahora es insólita y todas las consecuencias negativas en los ciudadanos se están multiplicando», subraya Basurto. Para el escritor, el problema del turismo de masas es estructural y tiene sus raíces en una promoción turística excesiva, especialmente en el plano internacional, que no ha ido acompañada de una planificación adecuada. «Todaesta gente viene porque vendes autenticidad y es justamente lo que estamos perdiendo. Estamos convirtiendo esto en Disneylandia o pintxolandia«.
Bizilagunekin publicó este miércoles 17 de junio el informeEtxeak Bizitzekosobre los efectos de la turistificación en la ciudad. Entre 2015 y 2025 la ocupación hotelera ha aumentado más del 76% en Donosti y el número de establecimientos de gama media-alta se ha incrementado en torno al 90%. Al mismo tiempo, la llegada de visitantes extranjeros se ha disparado por encima del 120% y se aprecia una evolución hacia la «elitificación del modelo turístico». Otra tendencia que está cambiando es la estacionalización del turismo, con datos considerablemente altos en cualquier mes del año.
El documento también subraya la relación entre este mercado y la crisis habitacional. El precio medio del alquiler supera los 18 euros/m² mensuales y el esfuerzo económico que las familias destinan al acceso a la vivienda representa alrededor del 37,9% de sus ingresos. Además, aproximadamente el 16,4% del parque inmobiliario donostiarra –unas 15.500 viviendas– no corresponde a primeras residencias.
La ‘disneyficación’ de las ciudades
Uno de los términos que se ha utilizado para definir este proceso es, precisamente, disneyficación. Este nombre tan característico explica cómo gran parte de los centros históricos de las ciudades, tanto en España como en otros muchos países, se están convirtiendo en parques temáticos pensados para los extranjeros. Decorados vacíos de gente donde cada metro cuadrado está pensado para el consumo.
«En muchos lugares de Europa, y eso nos incluye, la salida de la crisis de 2008 se hace en clave turística. Se deja atrás la construcción y este sector se convierte en el nuevo motor de la economía. Ahí tenemos el origen», señala el experto en urbanismo José Mansilla. Este nicho de mercado presentaba algunas facilidades: no precisa de muchos recursos para ponerse en marcha, ya que muchas veces se basa en el marketing y la promoción, e implica a muchos negocios, pequeños y grandes.
La expansión del negocio de Airbnb y las ofertas de vuelos low costtambién han ayudado a avanzar en esta senda. Según señala Mansilla, este cambio de modelo ha tenido especial incidencia en las ciudades medianas y capitales de provincia: «Eran sitios destinados a visitas culturales o de negocios, pero se ha hecho una promoción sin planificación. Estos ayuntamientos nunca se vieron a sí mismos como potenciales víctimas de la masificación y se dejó al mercado campar a sus anchas «.
Pamplona, Zaragoza o Logroño son buenos ejemplos de esta dinámica. Desde hace años las asociaciones de sus barrios más céntricos denuncian que sus calles no dan para más, que se sienten simbólica y físicamente expulsados. La excesiva promoción de los bares zaragozanos de El Tubo ha convertido estas calles en una auténtica ratonera los fines de semana. Lo mismo sucede en la calle Estafeta (Pamplona) o en la calle Laurel (Logroño), donde se concentran más de medio centenar de bares en apenas 300 metros.
Estafeta, la calle más famosa de Pamplona.
«En Logroño siempre ha habido turismo y es bien recibido, pero el problema es el modelo que se está fomentando y, sobre todo, las despedidas de soltero», critica Mercedes, vecina de la localidad. «Estuve en Laurel hace unas semanas y no se podía cenar por el ruido de la conga, el megáfono… La gente ya piensa que la calle Laurel es de fiesta y no, es de tapear. Además, no conocía a nadie, que es algo muy extraño en esta ciudad», añade esta riojana, que denuncia una subida de precios generalizada y confiesa que la gente local se ha «exiliado» a otras zonas.
A pesar de que se han tomado medidas para evitar los disturbios derivados de estos viajes prenupciales, el fenómeno no para de crecer. Muchos bares y alojamientos turísticos ya no permiten la entrada de personas disfrazadas o de grupos grandes, al tiempo que se ha limitado el ruido y el horario en el centro de la ciudad. Otras urbes, como Málaga o Sevilla, han endurecido sus ordenanzas municipales en esta misma dirección.
La tradición del tapeo logroñés es tan antigua que existen hasta «leyes del buen laureador»: no sacar los taburetes fuera, que sólo entre uno a pedir a la barra, compartir las mesas… «Yo estoy muy orgullosa del barrio y de mi ciudad, por eso no quiero que se lo carguen», concluye Mercedes. Una encuesta del periódico local Rioja2, realizada en 2025, revelaba que un 75% de los logroñeses estaban a favor de intervenir para frenar la transformación de su corazón gastronómico. Un 64% de los encuestados consideraba que «se estaba perdiendo su esencia» y un 71% culpaba al turismo masivo.
«Donde antes había vecinas ahora hay lockers«, denuncia la plataforma Albayzin Habitable, compuesta por residentes de este barrio histórico de Granada. Llevan tiempo advirtiendo con todo tipo de campañas de que «este modelo turístico está matando la zona». Sus miembros se organizan para hacer redadas e identificar los pisos turísticos ilegales, incluso han organizado «tours» de la especulación para dar a conocer las dificultades que atraviesan.
En Málaga, además de arrastrar unas subidas de alquileres récord, están viendo cómo cierran las tiendas de toda la vida y cada vez es más difícil pagarse un café o encontrar una pescadería. Los locales de los bajos están dando paso a nuevos apartamentos –es la segunda urbe con mayor número de pisos turísticos– y tiendas destinadas al público extranjero.
Miles de turistas transitan por el centro de Málaga.
«Nosotras ya hablamos de un proceso de colonización porque el turismo está suponiendo una pérdida de identidad. Hay otro término que se está acuñando que es el de duelo urbano. Es esa sensación de tristeza y soledad porque ya no tienes vecinos y no puedes tender la ropa en la terraza, como ahora en Torremolinos», cuenta Carmen, vecina y miembro de Málaga por la Vivienda. Lejos de mejorar la situación, expone la militante, año a año la vida se va complicando: «Por eso el próximo 27 de junio hemos convocado una manifestación en la Plaza de la Merced».
«El alza de precios de las viviendas, la proliferación de pisos turísticos y la tematización de los cascos viejos como lugares de visita, contemplación y ocio hostelero son dinámicas cada vez más comunes que provocan la expulsión de los residentes con menor capacidad económica, pero también de los comercios de proximidad bajo la presión de las franquicias», señala Ion Martínez Lorea, doctor en Sociología de la Universidad Pública de Navarra. A ello añade una tendencia a replicarse entre ciudades que concluye en una pérdida identitaria.
Ante la pregunta de si es posible lograr un equilibrio entre turismo y convivencia, Martínez enumera algunas de las medidas que ya se están aplicando para avanzar en esta dirección: tasas turísticas, creación de áreas tensionadas o el control de precios… «Están demostrando ser necesarias y eficaces para evitar la expulsión de residentes y están ganando simpatías entre la población de las ciudades», afirma. Por otro lado, considera que es necesario diversificar la demanda turística potencial y evitar «las visitas rápidas», apostando por un turismo de inmersión y lentitud. Un reto que aún tienen por delante gran parte de las ciudades medias españolas.
«Las dinámicas urbanas basadas en la aceleración constante que padecemos todas y todos en nuestras ciudades y en nuestras vidas cotidianas (vivimos en ciudades cansadas) también se trasladan al ámbito turístico, con unos visitantes que se ven impelidos a acumular destinos, eventos, experiencias y a instagramear todo. Esto genera una presión permanente por cumplir con los ritmos y exigencias que acaban agotando a las y los turistas», concluye.
Secretaria general de Podemos, diputada en el Congreso y, a falta de primarias, candidata de los morados a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Hace justo cinco años —en junio de 2021— que Ione Belarra (Pamplona, 1987) tomó las riendas del partido. Una efeméride para la que se ha puesto un nuevo reto: arrebatarle las llaves de la Puerta del Sol a la presidenta popularIsabel Díaz Ayuso. Ni Vox, ni Feijóo, «Ayuso y el PP madrileño son el verdadero núcleo irradiador de la derecha española», sostiene, en conversación con Público, la política navarra, denunciando la «guerra contra las pobres» del tándem Ayuso-Almeida. Frente a ello, Belarra lo tiene claro: «En Madrid, hace falta un proyecto que mire a los últimos de la fila: Vallecas, Carabanchel o Getafe«.
Sobre la apuesta de Podemos para Madrid, sobre la unidad de la izquierda, sobre la corrupción del PSOE o sobre el sentido —y el estado de salud— de la legislatura. Sobre todo esto y más hablamos con ella en esta entrevista.
Ver vídeo
‘Público’ entrevista a la secretaria general de Podemos después de que, el pasado sábado, anunciara su candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Relacionado con este tema
¿Por qué ha decidido dar el paso de presentarse como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid?
Es una reflexión que es política, pero que es también personal, en la medida en que siento que esta ciudad y esta comunidad me han dado muchísimo. Lo contaba el otro día en el encuentro que tuvimos en la fiesta de la primavera, que la verdad es que fue muy emocionante y muy bonito, porque la gente recibió con mucha alegría la noticia y eso me dio mucha energía. Cuando vine aquí a estudiar mi carrera, era la primera vez que salía de mi casa y vivía lejos de mi familia. Siempre he sentido que esta ciudad y esta comunidad me acogieron con los brazos abiertos. Hice buenísimos amigos que tengo la suerte de conservar hoy. Este es, además, el lugar en el que crio a mis hijos cada día. Por todas las personas que vivimos aquí, y también por mis hijos, me gustaría que no crecieran con este mal gobierno que tenemos en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Doy este paso porque creo que en Madrid hace falta una izquierda valiente, que se atreva a decir las cosas que nadie más se atreve y que realmente enfrente de cara a la señora Ayuso, porque tengo la impresión —y esa es la reflexión política que hemos hecho en Podemos en este último año— de que lo que hay en Madrid no sirve para echarla. Tengo la sensación de que hay una enorme resignación en la izquierda institucional o en el bloque progresista y de que sí, la gente está demasiado cómoda en la oposición. Precisamente creo que Podemos vino a la política española para convertir en posibles cosas que siempre nos han dicho que eran imposibles: echar a Rajoy o construir el primer Gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Ahora sé lo que me va a decir todo el mundo, que echar a Ayuso de la Comunidad de Madrid es imposible, pero aspiro a que volvamos a convertir en posibles cosas que nos dicen que son imposibles.
No es la primera vez que un secretario general de Podemos baja a tierras madrileñas —lo hizo ya Pablo Iglesias en 2021— a disputarle a Ayuso las llaves de la Puerta del Sol. ¿Por qué esta apuesta del partido por Madrid?
Aquí hay dos elementos importantes. El primero es que el PP madrileño y la señora Ayuso —que no tiene nada de tonta a pesar de que haya esa narrativa: es una persona muy peligrosa y muy lista— dirigen la derecha no solo de Madrid, sino toda la derecha española. [Ayuso] es el núcleo irradiador desde el que se lanzan todos los temas, las disputas y la confrontación con el Gobierno de España. Primero con el Gobierno de coalición con Podemos y ahora con el Gobierno de Pedro Sánchez. Es el núcleo irradiador ideológico que nutre al conjunto de la derecha. Las ideas que salen de aquí se extienden después al conjunto de la derecha. Quizás haya gente que pueda decir que Vox es quien marca la pauta. Nadie dice, evidentemente, que la marque Feijóo, porque eso ve todo el mundo que no. Pero a mí me parece que Ayuso sí marca la pauta y marca hasta dónde se pueden llevar los límites de las políticas neoliberales, ultracapitalistas y enormemente desiguales que tanto daño generan en Madrid y en el conjunto de nuestro país. La reflexión que hacemos conjuntamente y que hizo Pablo en su momento es que, hasta que no consigamos ganarle al PP madrileño y quitarle el poder aquí en Madrid, va a ser muy difícil que haya una estabilización de cualquier proyecto de transformación a nivel estatal. No se puede renunciar a Madrid. Esa pelea hay que darla. Y, luego, en la Comunidad de Madrid hace falta un proyecto que tenga claro que no es para el conjunto de los madrileños y las madrileñas, que va a gobernar para los barrios trabajadores y para las ciudades trabajadoras de esta comunidad. Un proyecto —lo digo claro— de prioridad para Vallecas, para Carabanchel, para Getafe, para Coslada o para Fuenlabrada. Un proyecto para todos aquellos que permanentemente se han quedado los últimos de la fila cuando se han abierto las urnas cuando han gobernado unos y otros. Eso es lo que hace falta para llegar a toda esa gente que no vota en la Comunidad de Madrid. Estoy convencida de que, si mucha de esa gente se implica en el proceso político, vamos a poder sacar al PP.
El proyecto del PP en Madrid es la criminalización de la pobreza
¿Qué le parece la última medida anunciada por el Gobierno de la presidenta madrileña: la limitación del abono transporte a las personas empadronadas en la comunidad?
La señora Ayuso y el señor Almeida han lanzado, conjuntamente con esta medida, otra para que a las personas sin hogar no se les avise cuando se va a hacer un desalojo. Uno, no debería haber desalojos de personas sin hogar. Dos, la barbarie, lo enormemente crudo y violento que es quitarle sus cosas a una persona que no tiene ni una vivienda, revela cuál es el proyecto de la derecha en Madrid. Es un proyecto de guerra contra los pobres, de criminalización de la pobreza. A mí me parece que tiene muchísimo dolo. La derecha lleva en Madrid su proyecto hasta las últimas consecuencias de una manera enormemente violenta y, por eso, hay que pararle los pies aquí. Porque es donde empiezan políticas que después se generalizan a un montón de sitios, cosas que se hacen que nunca se hacían se generalizan a otros lugares. Es aquí donde hay que intentar pararles los pies.
¿Vamos a ver un acercamiento con el resto de fuerzas de la izquierda madrileña, como Izquierda Unida, con la que se llevan presentando desde 2019?
Creo que lo he demostrado como secretaria general de Podemos a nivel estatal, pero que forma parte del ADN de nuestro partido: nosotras siempre nos hemos presentado a todas las elecciones en las candidaturas más amplias posibles. Pero, eso sí, tiene que estar claro el proyecto y los objetivos políticos. Yo no engaño a nadie y creo que lo he dejado claro desde el primer minuto. Este no es un proyecto político para el conjunto de los madrileños y las madrileñas. Es un proyecto político para los que siempre se han quedado al final. Para —insisto— mi barrio, para Vallecas, para Carabanchel, para Alcalá de Henares… Para todos los sitios que, una y otra vez, haya gobernado quien haya gobernado, se han quedado los últimos y que ven que su vida es cada vez más difícil. Que no se puede pagar un alquiler en ningún sitio, para los que llenar la nevera cada vez es más caro—compres en el Mercadona o en Carrefour— y que ve que sus sueldos ya no le dan para absolutamente nada, a pesar de que haya un desempleo relativamente bajo. Lo que antes podías hacer con el salario mínimo, ahora es estar en riesgo de pobreza. La gente tiene que saber que sí hay una fuerza política dispuesta a defender esto hasta las últimas consecuencias. ¿Para eso qué hace falta? Enfrentarse al poder económico en Madrid, porque Ayuso no es la que manda. Es una lacaya del poder económico, de Florentino Pérez, de Blackstone, de los fondos buitre, de los rentistas. Y hay que tener la valentía suficiente y, sobre todo, estar dispuesta a pagar el precio que te hacen pagar por enfrentarte a ese poder económico y decir las cosas que nadie más va a decir. Cualquiera que quiera sumarse a ese proyecto político es muy bienvenido, pero lamentablemente lo que hemos comprobado en estos últimos años es que lo que hay en Madrid no ha servido para hacerle ni un solo rasguño a la señora Ayuso. Y eso es también uno de los motivos que nos lleva a dar este paso: que con lo que hay no basta.
Relacionado con este tema
La izquierda tiene que volver a hacer política en primera persona
Le he preguntado por IU, le pregunto ahora por Más Madrid. Me dice que no plantean un proyecto para todos los madrileños. ¿Ven, por tanto, difícil un acercamiento con una izquierda —como ellos mismos se presentan— madrileñista, que no deja de ser la principal fuerza de la oposición en la Asamblea?
Yo creo que la reflexión política está clara y es que, con lo que hay ahora mismo, no vale. Veo al Partido Socialista —y les conozco bastante bien y les he visto de cerca muchas veces— y sé perfectamente que a Madrid no quiere ir nadie. Es así. Puedes hablar con ellos. Seguramente delante de las cámaras y en las entrevistas te dirán lo contrario, pero todas y todos los que les conocemos sabemos muy bien que en el PSOE nadie quiere ir a Madrid, porque piensan que es una pelea demasiado difícil y porque creen que a Ayuso no se le puede ganar. Con esa actitud es imposible ir a una campaña electoral. Hay que ir con todo. Eso sí, creo que hay que proponer un proyecto que sea suficientemente ambicioso y que tenga claras cuáles son tus prioridades y quién es la gente a la que vas a defender en las instituciones y, si es posible, también desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que el PSOE ha demostrado en el Gobierno de España en reiteradas ocasiones que ellos no están dispuestos a enfrentarse al poder. Y lamentablemente todo el resto de fuerzas, incluido Más Madrid, tampoco sirven. No le han hecho un solo rasguño a la señora Ayuso, que sigue en un nivel de fortaleza enorme. En esta campaña hace falta dar un golpe encima de la mesa y hay que hablarle a gente a la que solo le puede hablar Podemos. En estos años hemos demostrado que nosotras no solo ponemos cosas muy bonitas en un programa electoral, sino que estamos dispuestas a pagar el precio que hay que pagar para que esas propuestas se conviertan en realidad en los ministerios y en el Gobierno. Por eso nos echaron, por eso no querían una fuerza que hiciera ruido, como decía el Partido Socialista, y por eso yo creo que hay mucha gente nerviosa con esta candidatura. Porque saben que esto es lo que le hace falta a la izquierda de Madrid, una izquierda que sepa a quién representa y que no tenga miedo de pagar las consecuencias que hay que pagar para cambiar las cosas de verdad. Yo sé que lo que estamos haciendo puede implicar un coste muy alto, pero es que, si no, no se le va a poder ganar nunca a la señora Ayuso.
Belarra durante la entrevista con Público
Relacionado con este tema
Podemos se quedó fuera de la Asamblea en las pasadas elecciones. Según los últimos sondeos, que todavía son muy preliminares, si hubiera una repetición de la papeleta Podemos-IU-Alianza Verde, la expectativa de voto no superaría el 5%, el umbral autonómico. ¿Cómo esperan darle la vuelta a estos números?
Nos han dado por muertas tantas veces que, como dice mi secretario de Organización, Pablo Fernández, “los muertos que matáis gozan de buena salud”. Si nos hubiéramos creído todas las encuestas, todo lo que se ha dicho de nosotras, todo lo que nos han vaticinado en tantas ocasiones, no estaríamos aquí. Este proyecto merece la pena, esta apuesta para Madrid merece la pena y la voy a defender con uñas y dientes. La sensación, por lo menos desde el sábado, que me ha transmitido la gente —y no solo la militancia de Podemos— es que había mucha gente esperando y con ganas de poder votar a una izquierda valiente en Madrid que se atreva a hacer las cosas que nadie más va a hacer. La gente lo estaba esperando. Confío en que, durante todo este año, podamos hacer un trabajo muy de base, muy en la calle, muy lo que llevamos haciendo en Podemos en esta legislatura, que es reconstruir y acompañar a los movimientos sociales que están viendo que haber delegado en el PSOE la consecución de objetivos políticos ha sido un error. Mucha gente que confió en Pedro Sánchez para conseguir viviendas más baratas, sanidad pública y educación pública está viendo con total claridad que haber confiado en el PSOE ha sido un error y está alucinando porque esperaba de esta legislatura lo mismo que la anterior y, en el momento en el que echan a Podemos del Gobierno, lo que se ve es un momento en el que ya solo manda el PSOE, en el que no hay ruido, en el que nadie pelea. Tú pensabas que ibas a tener, como cuando Podemos peleaba en el Gobierno, alquileres más bajos, mejores salarios, subidas del salario mínimo, protección social y protección frente a los desahucios. Y lo que te estás encontrando es el mayor rearme de la historia, corrupción y especulación salvaje con la vivienda. Mucha gente se está dando cuenta, como pasó en el 15M, de que delegar en el PSOE es un error y que lo que hay que hacer es volver a hacer política en primera persona. No es casualidad que estemos viviendo la primavera de movilizaciones más caliente desde que gobierna el PSOE. Para ser la herramienta de esos movimientos sociales y llevar esas reivindicaciones al Congreso, a la Comunidad de Madrid y a los gobiernos, todo el mundo sabe que se puede contar con Podemos. Tenemos un buen ejemplo en esta legislatura, la medida más social que se ha hecho: la regularización. La consiguió Podemos de la mano de la plataforma Regularización Ya, que son unas compañeras absolutamente excepcionales que pelearon primero la recogida de las firmas de la ILP —800.000 firmas peleadas una a una cuando nadie estaba hablando del tema— y que, después de eso, pelearon en este Congreso cuando el PSOE y Sumar estaban intentando convencer al PP de que se aprobara la regularización, cuando era evidente que esa era una vía muerta. Esa alianza entre los movimientos sociales y una fuerza que esté dispuesta a darlo todo para que esas medidas se hagan realidad, ha conseguido, tumbando la delegación racista de competencias a Catalunya en materia migratoria, sacarle al Gobierno la regularización. Todo ello a pesar de que —ya lo estáis viendo— todas las dificultades de implementación que está viviendo la regularización. Por eso estamos pidiendo ahora que se amplíe el plazo y que cese la represión contra las personas migrantes. En cualquier caso, la medida social más efectiva que se ha hecho en esta legislatura fue porque la negoció Podemos.
Ayuso no es solo de derechas, es que es una mala persona
En caso de no recoger los resultados esperados, ¿se plantea dar un paso al lado como secretaria general, tal y como hizo, en su momento, Pablo Iglesias?
Me parece un poco prematuro hacer esa pregunta porque yo creo que a los proyectos hay que darles tiempo para que puedan demostrar lo que son. Yo estoy 100% convencida de que este proyecto tiene todo el futuro y toda la esperanza en la Comunidad de Madrid y creo que el objetivo tiene que estar nítido: echar a Ayuso del gobierno. Si trabajamos con mucho esfuerzo apelando a la gente que no vota, apelando a los sectores que se han visto decepcionados con una oposición que no ha conseguido hacerle ni un rasguño, creo que se puede construir un proyecto de izquierdas valiente, que saque a esta señora de una vez por todas de aquí. Por lo menos en mi barrio, la gente odia a Ayuso [la diputada vive en Vallecas]. La odia. No es que solo que sea de derechas, es que es una mala persona, que disfruta con el dolor que genera con sus políticas. La humillación a las víctimas de las residencias, a las familias…. No tiene ni la más mínima empatía con personas que han perdido a un familiar por culpa de sus políticas. No ha sido capaz de hacer ni una mínima reparación. Creo que solo se puede comparar al señor Mazón en València. La derecha que representa la señora Ayuso es enormemente peligrosa, no solo por las políticas que aplica, sino también para la propia ética política en este país.
Relacionado con este tema
Ampliando el zoom a la arena nacional, hace algo más de un año que Irene Montero anunció que encabezaría la candidatura de Podemos en las próximas generales. ¿Por qué no usted como secretaria general? Por otro lado, hace un par de meses veíamos a Montero protagonizar un debate con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. ¿Siguen valorando la idea de hacer tándem?
En Podemos hemos roto gran parte de las cosas que siempre se hacían así en política. Lo hemos hecho en el mejor sentido. No hay ningún otro partido encabezado por mujeres y con la fuerza que tiene el equipo de mujeres que dirige Podemos en este momento. Creo, además, que en política siempre ha habido una competición entre los perfiles que están al más alto nivel en los partidos, una lógica, en mi opinión, muy patriarcal. Nosotras le hemos dado la vuelta en el mejor sentido. Nosotras somos un equipo y estoy tan orgullosa de ser eso. Lo que hemos construido juntas, trabajando en equipo junto con el resto de compañeros, me hace sentir muy orgullosa de que ella vaya a dar esa pelea. Pienso, además, que es la mejor persona para representar a Podemos en un gobierno por méritos propios. Ninguna mujer y ninguna ministra ha llevado tan lejos las políticas feministas como ella demostró que se podía hacer en España. Creo, además, que sigue siendo el principal azote de la derecha y una persona que todo el mundo sabe, pienses lo que pienses de ella, que ella lo va a hacer, que lo que se proponga lo va a llevar a la práctica. Eso tiene un enorme valor en política, la palabra dada y el ser capaz de convertir en real lo que planteas. Creo que lo va hacer muy bien. Vamos a hacer una campaña muy buena a nivel de la Comunidad de Madrid también como equipo. A las generales como equipo y a la Comunidad de Madrid como equipo. Por otro lado, Irene acierta totalmente cuando le propone a Gabriel esa conversación. Nosotras lo hemos dicho muy claro: son las dos personas que mejor pueden recorrer el camino que necesita recorrer la izquierda para hablarle a la gente que está peleando en las calles, a los movimientos sociales, y para darle la esperanza de que a la derecha se le pueda ganar. Siento que el PSOE ha renunciado también a nivel estatal en gran medida. [Montero y Rufián] son dos personas en las que la gente confía porque sabe que van a dar la pelea hasta el final y que harían un equipo maravilloso, más allá de cómo pueda ser esa colaboración. Por supuesto, nosotras siempre disponibles para ese camino. Y, si no, nosotras pensamos que alguien necesita recorrer ese camino y que, si no lo hace Podemos, lamentablemente ya hemos visto que hay muchas cosas que nadie va a hacer. La visita del Papa fue muy evidente. Allí estaba prácticamente toda la bancada progresista, salvo nosotras y el BNG, a quien le quiero reconocer también la valentía. El resto asistieron y aplaudieron durante siete minutos un discurso antiabortista y antieutanasia. Como dije el otro día, si eso no es una derrota ideológica, que baje Dios y lo vea.
La operación Sumar ha servido para darle un Gobierno al PSOE en el que solo manda el PSOE
¿Cómo valoran la confluencia en la que trabajan Más Madrid, Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Comuns? ¿Se sienten interpelados por el proyecto? ¿Hay algún tipo de conversación, formal o informal, para plantear la incorporación de Podemos a esa alianza?
Podemos lleva mucho tiempo recorriendo un camino muy difícil, pero que ahora se está viendo hasta qué punto era imprescindible. Todo el mundo puede ver que para lo que ha servido la operación Sumar: para darle un Gobierno al PSOE en el que solo manda el PSOE, en el que se hace lo que quiere el PSOE. Eso lo que le ha traído a la gente —que a mí es lo que más me preocupa— es el mayor rearme de la historia de nuestro país, duplicar el gasto militar en solo tres años, y especulación con la vivienda hasta generar la mayor crisis de vivienda que ha habido en la historia de este país. Ahora, encima, casos de corrupción que son absolutamente inaceptables. Nosotras lo hemos dicho claro, Podemos no participaría de un gobierno en el que todo esto se estuviera haciendo y en el que el PSOE estuviera —y está— acusado de gravísimos casos de corrupción, demostrando que no ha aprendido nada de lo que supuso el 15M. Yo, humildemente lo digo, me esperaba muchas cosas del PSOE, porque le hemos obligado a hacer todas las políticas transformadoras de la pasada legislatura. Fueron los primeros que dijeron que subir el salario mínimo iba a hundir la economía española o los primeros que no querían tomar ninguna medida de protección social frente a la pandemia. Tengo ejemplos para todo el día: la ley trans, los derechos feministas…Pero es verdad que pensaba que, por lo menos, habían aprendido del 15M que había muchas cosas que el bipartidismo había hecho siempre en España y que ya no se pueden hacer. Y ni siquiera han aprendido eso. Han vuelto a caer en las peores prácticas del bipartidismo y yo no sé si son conscientes de hasta qué punto han decepcionado y han traicionado el propósito de esta legislatura y, lo que me da más rabia, de toda la gente que trabajamos tanto y que les ayudamos a echar a Mariano Rajoy. Porque, sin esa consecución de organizaciones y de esfuerzos, sin la moción de censura que presentó, en primer lugar, Unidas Podemos, el PSOE nunca habría podido echar a Rajoy de la Moncloa. El camino político a recorrer es de alternativa, por volver a la pregunta. Tiene que ser un proyecto de alternativa, de diálogo con los movimientos sociales y con las organizaciones que realmente están viendo que no hay un atajo para conseguir derechos y que, si la gente quiere derechos, tiene que volver a hacer política en primera persona, como mi generación aprendió en el 15M. Quien haya hecho esa reflexión, puede caminar con Podemos. Nosotras siempre hemos trabajado con organizaciones muy diferentes y con personas muy diferentes. Hemos sido un canal de incorporación de los movimientos sociales a la política institucional, como es precisamente mi caso. Pero esa reflexión se tiene que hacer, alguien la tiene que hacer.
La secretaria general de Podemos recibe a Público en las instalaciones del Congreso.
Relacionado con este tema
¿Cómo valora el reguero de informaciones que hemos conocido en las últimas semanas sobre la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra? ¿Qué esperan de la comparecencia del presidente del Gobierno, prevista para la semana que viene?
Con todo lo que he visto en esta legislatura, ya no espero nada del PSOE. No hay prácticamente nada que el presidente pueda decir que explique todo lo que estamos conociendo, porque no es una cosa puntual. Es un reguero de informaciones de muy diversa índole que afectan a un montón de altos cargos del PSOE y que revelan una forma de estar en política. Una cosa que intentan es establecer un cortafuegos, pero es que el incendio ya lo ha ocupado todo. Entre todas esas personas —Zapatero, Leire Díez, Santos Cerdán, José Luis Ábalos—, ninguna podría haber hecho lo que hizo si no fuera porque tenían acceso al Gobierno y porque tenían acceso al presidente. Nadie le habría abierto una puerta a Leire Díez si no fuera porque tenía línea. Eso es una cuestión que el presidente y el Gobierno no pueden soslayar. A mí, dos de los elementos que más me preocupan son, por un lado, cómo el bipartidismo sigue entendiendo el poder y el ejercicio del poder y, quizás lo más grave de todo, —aunque pase más desapercibido que las joyas— el caso de Leire Díez. Se produce después de los cinco días de reflexión del presidente y en un momento en el que Podemos le había repetido por activa y por pasiva al PSOE que sí, que claro que hay guerra sucia en España. Guerra sucia judicial y mediática. Nosotros la sufrimos, las fuerzas independentistas la sufrieron. El PSOE no la había sufrido y la empieza a sufrir tímidamente en esta legislatura. Y, en vez de utilizar las herramientas del Estado y de fortalecer las herramientas democráticas para hacer frente a esa guerra sucia, como hasta ahora no les tocaba a ellos y se beneficiaban electoralmente, pasaron del tema. En su lugar, volvieron a utilizar los viejos mecanismos del bipartidismo. Que lo haga el PP es gravísimo y le hace un daño irreparable a la democracia, pero que lo haga el PSOE trasciende ese nivel. Ojalá nos hubieran hecho caso y hubieran ido con las herramientas democráticas que tenían en el Gobierno y en el Congreso. Entre ellas, renovar el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría plurinacional y democrática. Se escudaron en que Europa no les dejaba. Luego, cuando han querido, han ido a Europa a negociar y pelear. En este caso, podrían haberlo hecho, pero prefirieron pactar con el PP para que la justicia siga siendo el coto privado de caza de la derecha. Sobre la reforma del acceso a la carrera judicial, en este país siguen siendo jueces los mismos, de las mismas familias, con los mismos apellidos. Por no hablar del sistema de acceso con preparadores. Meterle mano a eso habría estado también muy bien, porque tiene mucha tela que cortar. Y en vez de hacer eso, deciden ir por detrás con medidas que igual no son literalmente ilegales —seguramente algunas sí—, pero que desde luego no son éticas y no son las herramientas de fortalecimiento de la democracia que había que haber usado para enfrentarse a eso. Yo entiendo que es horrible que te hagan la guerra sucia judicial, en Podemos lo sabemos perfectamente, pero no puedes responder a eso con las mismas herramientas de la guerra sucia.
El PSOE ha pactado con el PP la reforma del CGPJ para que la justicia siga siendo el coto privado de caza de la derecha
¿Creen desde Podemos que la justicia tiene dos velocidades?
Cuando dice eso el Gobierno, que está muy insistente con ese planteamiento de que todo es guerra sucia, no es verdad. No todo es guerra sucia judicial. Al fiscal general del Estado —y créeme, yo he dicho cosas mucho peores de las que ha dicho el Gobierno con lo del fiscal general— se lo cargó la señora Ayuso. Hay que decirlo así. Nosotras somos las primeras que hemos dicho que eso es guerra sucia judicial, que había que respaldar al fiscal y que había que ir con todo para renovar el CGPJ. Pero no con el PP, que es el que se ha cargado el fiscal, sino con la mayoría democrática y plurinacional. La justicia está actuando en algunos casos con herramientas judiciales muy cuestionables, como es el caso del juez Peinado. Pero luego está actuando también como debería actuar con normalidad la justicia. ¿Cuál es el verdadero problema, la otra cara de la moneda? Creo que un diagnóstico más ajustado es que la justicia protege al PP y protege a los corruptos del PP. No está mal que la justicia investigue, está mal que proteja a los corruptos del PP, como hizo, por ejemplo, García Castellón. La justicia efectivamente tiene dos velocidades, pero para garantizar la impunidad de la derecha cuando mete la mano en la caja. En ese sentido, el objetivo político que tenemos que tener en esta campaña a la Comunidad de Madrid no es solo echar a la señora Ayuso, sino que la señora Ayuso acabe en la cárcel por todas las cosas que ha hecho.
Con un Partido Socialista acorralado por los casos judiciales y una aritmética parlamentaria compleja, ¿qué sentido le ven a lo que queda de legislatura?
El Gobierno se lo ha puesto difícil a sí mismo. Si hubiese señalado un horizonte de transformación democrática y social y si hubiese implicado a los socios en ese horizonte, con una agenda en la que hubiese podido vincular a Junts, PNV, Esquerra, Bildu o Podemos, creo que la legislatura habría transcurrido de una manera muy diferente, porque todo el mundo se habría sentido interpelado. El PSOE ha utilizado, en cambio, una lógica muy electoralista y muy partidista de ir dando a cuentagotas una pequeña cosita a cada uno. No desde una lógica de transformación, sino desde una lógica parlamentaria de ir ganando pequeña votación a pequeña votación, sin una visión de futuro o de medio plazo. Es precisamente el haber renunciado a transformar y el haber empezado la legislatura echando a Podemos, que era el motor de las transformaciones, lo que nos ha llevado a una situación absolutamente imposible, que finalmente ha implosionado con los casos de corrupción, con la especulación de la vivienda y con el rearme. Estamos viendo estas semanas una primavera de movilizaciones, mucha gente echada a la calle y peleando por sus derechos frente a un PSOE que, no solo no es parte de la solución, sino que, en muchas ocasiones, ha sido y es parte del problema.
Relacionado con este tema
Estaría muy bien derogar la ‘ley mordaza’, pero estaría mucho mejor haberla derogado hace ocho años
¿Son partidarios de un adelanto electoral, como llevan pidiendo públicamente otros socios de lo que fue el bloque de investidura?
Esa decisión no depende para nada de Podemos. Esa decisión la va a tomar Pedro Sánchez única y exclusivamente por motivos partidistas y personales, lo cual ya es un muy mal indicador. Además de eso, creo que, independientemente de que las elecciones sean antes o después, el proceso político que hay que hacer pasa por poner a la izquierda en pie, pasa por fortalecer a la izquierda dialogando con los movimientos sociales y con la gente que está peleando en la calle. Estuve en la vaga indefinida del País Valencià y lo que vi ahí es la emoción, la esperanza y la fuerza de profesoras y profesores que están en una situación lamentable. Me contaron de que los institutos se caen a trozos y que lo reparan ellos mismos porque no va nadie del ayuntamiento a reparar las ventanas o las goteras. Y, aún así, ahí estaba la voluntad de reconocerse, de trabajar y luchar juntas. Hemos puesto en pie una huelga indefinida sin precedentes, en la que hay una voluntad de cambio que creo que es la energía política que necesitamos para construir algo muy bonito y que devuelva la esperanza, porque —insisto— con lo que hay en Madrid y en el Estado, si no hacemos nada, si las cosas se quedan como están con esta legislatura, le estamos poniendo una autopista de seis carriles al Partido Popular y a Vox. Es regalarle al PP, el partido más corrupto de Europa, que venga cada miércoles a golpear a Pedro Sánchez con la corrupción. El daño al proceso político y a toda la gente que nos implicamos en echar a Rajoy y que nos movilizamos el 15M es terrorífico.
Belarra durante la conversación con Público.
¿Habría que introducir algún límite legal al tiempo que un político puede ostentar cargos públicos?
Es un debate muy importante. En Podemos tenemos limitación de mandatos supeditados a las primarias y yo creo que ese es el camino: que decida la gente en primarias. Si hubiéramos fortalecido esos procedimientos democráticos dentro del espacio no se habría producido lo que se produjo en julio del 2023 y hoy estaríamos a salvo de los peores vicios de la política que, por desgracia, han cundido demasiado.
Este lunes, PSOE y Sumar hacían público un acuerdo para avanzar en la despenalización de los delitos de injurias a la corona y las ofensas religiosas. ¿Creen que el Gobierno va a ir un paso más allá y a reactivar la negociación para derogar la ley mordaza?
Es terrible cuando los socios del Gobierno se dedican a anunciar cosas. Esto lo anunció Yolanda Díaz hace dos años, diciendo, además, que iba a derogar la ley mordaza. Hubo un estallido de entusiasmo en las redes sociales para enterarnos, hora y media después, de que, en realidad, solo iban a tocar una reforma del Código Penal muy pequeña. Ese tipo de prácticas son peligrosas porque generan una expectativa que luego no se cumple y eso provoca mucha decepción y mucha desafección. Yo trataría de evitar —si me aceptan un consejo en el Gobierno— las expectativas que luego no se cumplen, porque lo que están alimentando es una enorme decepción contra el Gobierno y los partidos del Gobierno. Nosotras, como decía antes, vamos a ser insistentes y perseverantes con la agenda democrática. Es una anomalía que la ley mordaza siga en vigor ocho años después de que Pedro Sánchez saliera diciendo que nada más llegar al Gobierno la iba a derogar. El último informe que se ha publicado sobre represión muestra que este Gobierno, no solo no ha reducido la represión, sino que la ha aumentado a niveles nunca antes vistos. Creo que el Gobierno tiene que hacer una reflexión sobre por qué ha retrasado la derogación de la ley mordaza para la que sí hay una mayoría. Es evidente que el PSOE está poniendo palos en las ruedas para no derogarla al 100%. ¿Por qué teniendo el Gobierno y el Ministerio del Interior, no solo no han reducido la represión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que la han aumentado? Porque lo de decir que súper bien los manifestantes de la Vuelta y luego cascarles multas de miles de euros no es muy coherente. Estaría muy bien derogar la ley mordaza, pero estaría mucho mejor haberla derogado hace ocho años.
«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.
«Movidos por la obtención de lucro inmediato, la VOT está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo», exponen. En cuanto a la Fundación Fusara, dependiente del Arzobispado de Madrid, han querido que el Santo Padre sepa que los inquilinos de 13 edificios que estaban en su posesión están recibiendo órdenes de desahucio después de que se confirmara su venta a un fondo buitre. «Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más», lamentan.
Relacionado con este tema
Caso Fundaciones
Es uno de los mayores escándalos inmobiliarios relacionados con la Iglesia en España. La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) ha financiado durante décadas parte de su labor de ayuda a «los niños pobres» con las rentas de 14 bloques que le fueron donados por una herencia. En 2019, todos menos uno fueron vendidos a Tapiamar a través de una serie de sociedades pantalla, por un precio muy por debajo de mercado y en unas circunstancias que acabaron siendo investigadas en los tribunales.
En cuanto los arrendatarios conocieron la operación, se organizaron y actuaron como acusación popular en la causa. Seis años después, fundación y fondo han llegado a un acuerdo extrajudicial por el que se ha hecho efectivo el traspaso de las viviendas. Esta última decisión ha provocado la aplicación de la doctrina Botín al grupo de afectados y su expulsión del proceso. La última baza que les queda es el Constitucional, al que han presentado un recurso de amparo este mes de junio.
«Si nos lo admiten y nos dan la razón, se anularían las actuaciones que levantaron las medidas cautelares que evitaban la venta y volveríamos a entrar en la causa. Si esto no pasa, habrán ganado ellos», resume Mónica Sevil, que, además de inquilina, es una de las abogadas contra Fusara. Las protestas de los vecinos y el inquilinato, con las pancartas de los «buitres con sotana», son ya más que conocidas. Esta es la segunda vez que se dirigen a un papa, la primera, con Francisco al frente del Vaticano, consiguieron que se tomaran «cartas en el asunto» y que Fusara se convirtiera en acusación particular.
«Nosotros calculamos que, vendidos piso por por piso, los inmuebles hoy en día tienen un valor de 258 millones y los están vendiendo por 99. Es una estafa en mayúsculas«, sentencia la letrada. Cree que la venta perjudica a las cuentas de la fundación y va en contra de los orígenes de esta fundación, creada en 1914 para financiar un orfanato de niños pobres en Madrid. «Su fundadora, Antonia González y Pérez dejó en su testamento muy clara esta finalidad», sostiene, «por eso a nosotros se nos había comunicado que estos bienes eran invendibles y, de hecho, es lo que hemos visto que pone en los estatutos».
Relacionado con este tema
La abogada asegura que ya ha llegado a todos los vecinos una notificación informándoles de que sus contratos no se van a renovar. Según cuenta, los primeros desalojos podrían ocurrir en cuestión de semanas: «Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el día 30 de junio se tienen que ir».
La investigación en torno a estos bloques acabó fusionándose en una macrocausa conocida como el «caso fundaciones». En este proceso también se puso bajo la lupa la venta de una parroquia y una residencia de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio a la Universidad Nebrija. Además, las pesquisas salpicaron a la Fundación Molina Padilla por la venta de otros dos bloques de viviendas en la calle Núñez de Balboa.
Relacionado con este tema
Este medio ha tratado de recabar el testimonio, tanto de Fusara, como de Hopewell (esta empresa ha comprado los inmuebles a Tapiamar hace aproximadamente un mes). Se ha preguntado a dichas entidades sobre el futuro de los edificios vendidos y de sus inquilinos, así como los motivos que derivaron en la firma del acuerdo extrajudicial.
De igual manera, Público se ha dirigido al Arzobispado de Madrid para conocer cuál es su responsabilidad respecto a los movimientos de este tipo de fundaciones y su opinión ante la misiva enviada al máximo responsable de la Santa Sede. A la fecha en la que se publica este artículo no ha obtenido respuesta, si bien esta última entidad se ha pronunciado recientemente sobre el caso Fusara.
Esta misma circunscripción territorial católica, en diciembre de 2025, hizo pública una comunicación tras conocer que algunas víctimas del caso Fusara se habían puesto en contacto con parroquias madrileñas. En dicho texto señala que «la fundación no forma parte del arzobispado ni depende de él» y que el arzobispo de Madrid ocupa la presidencia de su patronato «por expreso deseo de sus fundadoras».
Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el día 30 de junio se tienen que ir
También recuerdan que los responsables de la operación de 2019, judicializada, han dejado sus cargos. «En 2024 se nombró un equipo totalmente renovado, con controles internos y auditoría externa. Este equipo consiguió revertir la compra irregular de unos terrenos y recuperar parte del dinero perdido, mejorando la situación económica», añaden. A este respecto, indican que el acuerdo entre ambas partas de finales de 2025 se ha producido con la intención de «garantizar la continuidad de los colegios y residencias, y evitando que la fundación tuviera que cerrar antes de que hubiera sentencia firme».
Esta institución ha desarrollado recientemente un documento con su «política de inversiones financieras». En él insisten en que todas las inversiones de la diócesis deberán seguir «un marco ético, evitando prácticas contrarias a la dignidad humana». Además, las inversiones se realizarán «a través de fondos de inversión y no se utilizarán instrumentos financieros complejos o de difícil comprensión».
Desahuciado por una orden franciscana
«A Dios rezando y con la VOT desahuciando», era uno de los lemas que cantaron los activistas en las hasta cuatro ocasiones en las que lograron frenar el desahucio de Mariano Ordaz. A la quinta, finalmente, se produjo. Ahora, este jubilado de 67 años que llevaba viviendo en el mismo portal del barrio de Embajadores desde que nació, duerme en un albergue compartiendo habitación con otras tres personas. Su historia está detallada en la carta que León XIV recogió de manos de la diputada Verónica Barbero.
«Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se negó a renovarle su contrato y, lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia», señalan los redactores de dicho documento.
Esta orden franciscana cuenta con varias propiedades en el centro de la capital, desde pisos a locales o edificios enteros. Una de sus posesiones más icónicas es el Hospital VOT de San Francisco de Asís, a poca distancia de la manzana donde vivía Ordaz. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, hay afectados de varios bloques que se están organizando para denunciar desperfectos en sus viviendas y subidas de alquiler excesivas.
Las activistas de Acciones en Altura colgadas de la casa de Mariano Ordaz
Aunque los responsables inmobiliarios de la VOT no han respondido a las preguntas de Público relacionadas con estas nuevas protestas de sus inquilinos, sí aportaron su versión sobre el desahucio de Mariano en un comunicado remitido a la prensa. La asociación considera que ofrecieron facilidades en el pago de la renta y se le dio al arrendatario tiempo suficiente para encontrar una solución. Además, entienden que, por este motivo, deben ser las administraciones quienes se encarguen de ayudarle, ya que, tanto su situación económica como personal «ya son ajenas al objeto de esta Asociación privada, sin ánimo de lucro, que debe velar por el cumplimiento de sus fines estatutariamente previstos».
¿Hasta dónde llega el negocio inmobiliario de la Iglesia?
«Es difícil de calcular. Digamos que todo lo que sabemos es la peccata minuta y hay muchas cosas de sus negocios que se nos escapan. Está todo el tema de las inversiones en fondos, las ventas que realizan, el turismo…», comenta José María Rosell Tous, portavoz de la Coordinadora Recuperando, encargada de investigar y denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia.
Junto a situaciones como las anteriores, donde los bienes acaban en manos de organizaciones religiosas gracias a donaciones y herencias, otra de las grandes fuentes de obtención de patrimonio inmobiliario para las diócesis han sido las inmatriculaciones. «Las donaciones nos pueden parecer bien o mal, pero son legales. Lo que es indigno es que hayan podido durante tantos años adueñarse de un suelo que no es suyo y que luego, además, se lucren vendiéndolo», añade Rosell.
Esta asociación calcula que entre 1964 y 2014 (mientras la ley lo permitía) la Iglesia puso a su nombre unos 100.000 bienes. Las comunidades que más han sufrido las inmatriculaciones son Castilla y León y Navarra. En esta última, hay 3.000 notas simples, que corresponden a «unas 5.000» inmatriculaciones. «Aproximadamente un 20% son bienes de culto, pero el resto no. El resto son jardines, huertos, frontones, fincas rústicas, viviendas… «, explica Cristina Contreras, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
Uno de los casos en los que se implicó esta asociación hace unos años fue el desahucio de Felicia, una anciana de casi 90 años a la que el Arzobispado de Pamplona acabó echando de la casa parroquial en la que estuvo 30 años viviendo. «Nos han llegado historias parecidas y las tenemos en un registro, pero a Felicia la estuvimos acompañando. Era un desahucio legal, pero era una mujer muy mayor. Le dijeron que tenían que hacer unas obras y que luego volvería. Era mentira. No volvió nunca y la casa sigue vacía y abandonada», afirma.
Le dijeron que tenían que hacer unas obras y que luego volvería. Era mentira. No volvió nunca y la casa sigue vacía y abandonada
Rosell señala problemas parecidos con otras casas parroquiales o «casas de rectores». Uno de los primeros ejemplos que le vienen a la mente es el conflicto que hubo en 2019 en Coya, Asturias. El pueblo intentó alquilar esta vivienda a una familia con pocos recursos, pero fue entonces cuando descubrió la realidad: el Arzobispado de Oviedo la había inmatriculado en 1964 y su intención era venderla.
«Es un caso que se repite con frecuencia. Son inmuebles que construyeron los ayuntamientos o los propios vecinos, igual que se construía la casa del maestro o de un funcionario. Es decir, no eran de la Iglesia, se les cedieron. Luego las inmatricularon y muchas las venden o las alquilan. Es un tema bastante masivo», explica.
«Habría que reflexionar sobre el tema fiscal. A mí no me gustaría ser el alcalde de Toledo porque prácticamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiástica y no pagan IBI»
El catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro López Gutiérrez, cree que las posibilidades de recuperar ese patrimonio son mínimas, porque se hicieron al amparo de la legislación vigente. Sin embargo, resalta como una «victoria» haber conseguido revertir este privilegio y señala otra serie de asignaturas pendientes en esta materia: «Habría que reflexionar sobre el tema fiscal. A mí no me gustaría ser el alcalde de Toledo porque prácticamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiástica y no pagan IBI, y es muy difícil prestar servicios si la mitad de tu ciudad no paga».
Imagen de archivo de una protesta frente al Congreso de los diputados exigiendo la devolución de los bienes inmaticulados por la Iglesia
En segundo lugar, el catedrático apunta como su principal «campo de batalla» las casas de los ministros de culto. «Son decenas de miles de personas cuyas residencias no pagan el impuesto de bienes inmuebles y disfrutan de un régimen fiscal mejor que el de los funcionarios públicos, todo esto en un país en que ninguna confesión tiene carácter estatal», afirma. Por otro lado, López Gutiérrez señala que también existe un plano moral: «Quizá deberían predicar con el ejemplo, quizá están desahuciando a personas que pueden estar en una situación comprometida».
Más allá de estos activos locales, los datos aportados por la propia Conferencia Episcopal confirman que, tras ella, se encuentra uno de los mayores patrimonios inmobiliarios del país. Según la Memoria de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal en 2025, la institución destinó 9,13 millones de euros correspondientes al ejercicio anterior para el desarrollo de 842 proyectos inmobiliarios, tanto de construcción como de conservación y rehabilitación. Además, a través de la gestión de su patrimonio inmobiliario, financiero y de otras actividades, la Iglesia obtuvo unos ingresos de 168,3 millones de euros.
La asociación Europa Laica pone en duda la transparencia de estas cifras y considera que se está ocultando «la magnitud de los beneficios derivados de su entramado patrimonial y empresarial para que la ciudadanía no sea consciente de la cantidad de impuestos que deja de aportar por estos conceptos». Además, desde la organización creen que, por los datos recabados, «es muy difícil catalogarla como una entidad sin ánimo de lucro».
Estados Unidos, México y Canadá recibirán durante las próximas cinco semanas a miles de aficionados de hasta 48 países distintos con motivo del Mundial de Fútbol 2026. España, Japón, Senegal, Brasil, Egipto, Corea del Sur, Haití o Sudáfrica intentarán hacerse con la copa dorada que diseñó hace medio siglo el italiano Silvio Gazzaniga. Lo harán desde estadios y ciudades de los tres países anfitriones. Estados Unidos acogerá tres de cada cuatro partidos. Lo hará en plena escalada de la represión y las deportaciones masivas. Lo hará tras una abrupta campaña de limitación de visados y militarización de las calles. Lo hará mientras Donald Trump continúa con sus ataques ilegales en Irán o Gaza. Los otros treinta encuentros se jugarán en Monterrey, Guadalajara, Vancouver o Toronto.
«Donald Trump intenta utilizar esta competición para lavar su imagen y vender una supuesta unidad entre aficiones, pero nada más lejos de la realidad. La falta de libertad de expresión, las políticas migratorias y la discriminación que sufren las personas trans o el colectivo LGTBIQ+ preocupaban antes del Mundial y preocupan -todavía más, si cabe- durante el Mundial», desliza Carlos de las Heras, responsable de Deporte y Derechos Humanos en Amnistía Internacional. «El hecho de que no se denuncie -abiertamente- este blanqueo como sí se hizo hace cuatro años en Catar tiene que ver sobre todo con una cuestión de cifras. El Mundial de 2022 se saldó con miles de muertes durante la construcción de los estadios. Esto no ha ocurrido en Estados Unidos, pero tampoco le quita gravedad al asunto: muchos estadios los han construido migrantes en situación irregular que corrían el riesgo de ser identificados, deportados o sancionados», continúa el activista.
Las alarmas han sonado incluso antes de que lo hicieran los silbatos. Estados Unidos ha vetado a los aficionados de Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Senegal, Haití e Irán. Trump intentó expulsar a este último país del torneo. Y como no ha podido cumplir su plegaria, hará que los jugadores de la selección iraní tengan que alojarse siempre en México y viajar -cuando toque- a alguna de las sedes de la competición en Estados Unidos. Uzbekistán y su cuerpo técnico han sido registrados y cacheados con detectores de metales al llegar a Nueva York. El delantero de Irak, Aymen Hussein, ha sido detenido -durante varias horas- por los funcionarios de inmigración norteamericanos, tal y como han informado Reuters y The New York Times. Y el fotógrafo del equipo ha sido directamente deportado por las patrullas fronterizas de Donald Trump. La misma suerte ha corrido Omar Artan, uno de los árbitros de la FIFA para este Mundial. El colegiado somalí ha tenido que volver a su país de origen tras la denegación de su visado nada más aterrizar en Miami.
Relacionado con este tema
«Este tipo de vetos y expulsiones reforzarán la imagen de que Estados Unidos no es un país seguro para muchos ciudadanos del mundo, una percepción sin duda acertada desde que el trumpismo se instaló de nuevo en la Casa Blanca. La Administración está cometiendo graves errores y esto es algo que ocurre con frecuencia», sostiene Mariano Aguirre, investigador no residente del Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB). «Más que un lavado de imagen, Estados Unidos intenta apropiarse de un megaevento deportivo para demostrar su capacidad de control, fuerza y soberanía, tanto a nivel interno como externo», matiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid. «La falta de críticas creo que -también- tiene mucho que ver con un tema comercial, hablamos de una competición en la que se mueven muchos intereses comerciales y todos sabemos como puede reaccionar [aranceles, represalias] Donald Trump», continúa el también autor de La izquierda después de la izquierda (Comares, 2026).
El país que se van a encontrar los aficionados
México y Canadá acogerán trece encuentros respectivamente. Estados Unidos, 78. El torneo arrancó este jueves, un día después de que Donald Trump firmase un decreto para inflar con 70.000 dólares extra al ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) y la Patrulla Fronteriza. «La FIFA ha prometido hacer de este Mundial una competición inclusiva y acogedora, pero ni una cosa ni la otra. Los principales riesgos son los que enfrentan las comunidades migrantes. El ICE y los demás cuerpos policiales suponen una amenaza real para los aficionados que acuden desde otros países y para las personas migrantes que viven en Estados Unidos. Las autoridades no han dado ninguna garantía pública ni privada de que los aficionados que tengan pensado reunirse para seguir los partidos o acudir a los estadios vayan a estar a salvo», sostiene Carlos de las Heras.
Reporteros y trabajadores durante el partido inaugural del Mundial 2026 que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.
El Gobierno de Donald Trump también ha intensificado de forma radical sus ataques contra periodistas y medios de comunicación críticos con sus políticas. El derecho a la libertad de reunión pacífica no está asegurado, como tampoco lo está la protección de las personas trans y del colectivo LGTBIQ+. Red Nacional de Refugios ha puesto el foco además en las violencias que sufren las mujeres durante los macroeventos deportivos. «Estados Unidos ha reforzado su narrativa de seguridad en un sentido amplio, una narrativa que lleva acompañada la criminalización de la protesta y una serie de prácticas cada vez más autocráticas. Esto en el plano interno, porque en el [plano] externo lo que se van a encontrar los aficionados es totalmente anómalo: un país anfitrión que está bombardeando a uno de los países participantes«, añade Jorge Resina.
«Los turistas blancos, sin embargo, posiblemente no vean nada fuera de lo normal [durante su estancia] más allá de los elevados precios de las entradas, los hoteles y el transporte. Las persecuciones diarias y la represión no creo que se vayan a practicar cerca de los estadios y las cámaras», vaticina Mariano Aguirre. Las fuentes consultadas por este diario ponen además el foco en la «complicidad» de la FIFA. Gianni Infantino le entregó a Donald Trump en diciembre su particular Premio de la Paz. Lo achacó al «compromiso inquebrantable» del magnate con «el avance de la unidad». Trump venía de respaldar los ataques sobre los territorios palestinos ocupados y estaba a punto de ordenar el secuestro de Nicolás Maduro y poner en marcha una oleada de ataques sobre Irán. El papel del órgano rector de los futbolistas de todo el mundo no termina aquí. La FIFA prohíbe en su Código de Conducta la exhibición de «símbolos políticos» durante los partidos del Mundial, entendiendo por «símbolos políticos» las banderas LGTBIQ+ o los mensajes contra el genocidio en la Franja de Gaza.
La responsabilidad de la FIFA
La sociedad civil y distintas organizaciones humanitarias han impulsado durante las últimas semanas la campaña Fuera ICE de la Copa, una cadena de acciones para manifestarse contra las eventuales redadas policiales en el marco del Mundial de Fútbol 2026. El miedo es uno más en esta competición. «El ICE y otras agencias constituyen una escalofriante amenaza para la población: muchas familias migrantes y grupos de amigos no se van a reunir para ver los partidos porque temen identificaciones y consecuencias. La FIFA tiene aquí su parte de responsabilidad«, recalca Carlos de las Heras. Amnistía Internacional ha pedido al organismo que garantice la entrada de todas las selecciones y aficionados a Estados Unidos. «Y no hemos tenido respuesta», reconocen desde la plataforma en una conversación con Público.
«El hecho de que estén poniendo trabas a algunas de las delegaciones clasificadas para entrar al país tiene su impacto, pero creo que lo más sensible es lo que tiene que ver con los aficionados: mucha gente que en otro país y otras circunstancias hubiera ido a los partidos no va a acudir por miedo, tanto a las restricciones del visado como a los controles y complicaciones del ICE. Esto es un desincentivo», añade Jorge Resina. El politólogo recuerda además las diferencias con el Mundial de Catar. Y deja la pelota en el área de la FIFA: «Infantino exigió entonces una serie de cambios y movimientos -al menos sobre el papel- como permitir el consumo de alcohol en las zonas habilitadas [algo que no contemplan las leyes islámicas]. Y esto no es algo tan fundamental, no hablamos de derechos humanos. La pregunta es qué está exigiendo la FIFA ahora a Estados Unidos, qué está haciendo para garantizar los derechos de las selecciones y aficionados. Y la respuesta es que creo que no está haciendo nada».
Vivir en un entorno tóxico se ha convertido en rutina para Nilesh Mandikar, un agricultor de 30 años que reside cerca de Pune, a tres horas en coche de Bombay. Sentado en su casa, de sólo dos habitaciones, señala un vertido de aguas residuales a unos seis metros de distancia. «Tuve que dejar de cultivar frutas, cereales, legumbres y verduras porque la tierra de mi parcela, una hectárea, se degradó por la contaminación del agua». Un hedor nauseabundo impregna el aire mientras las aguas residuales, espumosas y de un color entre blanco y verdoso, brotan de una gran tubería subterránea hacia la parcela agrícola, extendiéndose hacia el terreno contiguo.
Mandikar vive en Ambethan, un pueblo de 4.500 habitantes que forma parte de un bullicioso centro industrial con numerosas fábricas que contaminan la zona. Las factorías producen componentes para automóviles, que se envían a Europa, donde fabricantes como Seat, Mercedes-Benz, Volkswagen y Renault, entre otros, los ensamblan en sus vehículos, según la investigación realizada por la plataforma europea de periodismo Follow the Money, que publica en exclusiva Público en España.
Mientras Europa se esfuerza por lograr un medio ambiente más limpio y apuesta cada vez más por los vehículos eléctricos, la producción de su flota automovilística está contaminando amplias zonas de la India, según revela la investigación de Follow the Money. Tras analizar datos de la plataforma global de comercio Panjiva, el consorcio de periodismo de investigación identificó más de 1.000 envíos desde tres fábricas de Pune a España y Marruecos entre abril de 2020 y febrero de 2025.
Relacionado con este tema
Las exportaciones incluían piezas de engranajes, conectores electrónicos, mazos de cables y otros componentes clave, tanto para vehículos eléctricos como para automóviles con motor de combustión.
A Mandikar, la contaminación le cambió la vida. Las malas cosechas, cada vez más frecuentes, le obligaron a dejar de cultivar su tierra. Ahora trabaja como conductor, con un sueldo de sólo 30.000 rupias –unos 280 euros al mes– y ha construido unos pequeños habitáculos que alquila a los trabajadores de las fábricas. Casi el 90% de los agricultores del pueblo ha abandonado la agricultura por motivos similares. Episodios recurrentes en los que cientos de peces muertos aparecen flotando en el río han provocado las protestas de miles de personas, que se congregan ante los ayuntamientos varias veces al año, pero con escaso éxito. Las fábricas siguen incumpliendo las leyes medioambientales.
Claudia Bosch es técnica en la ONG española Setem M y responsable de la campaña Electrónica Justa, que forma parte de Good Electronics, una red internacional de organizaciones que velan por el impacto laboral y medioambiental de la electrónica: «Un modelo sostenible debe garantizar la protección del medio ambiente y de las comunidades locales en las cadenas de suministro de los vehículos de combustión, eléctricos e híbridos. Los fabricantes y las administraciones públicas deben cumplir con su obligación de aplicar las normativas ambientales y laborales. Necesitamos una transición verde justa, no ahondar en las desigualdades Norte-Sur, ni externalizar impactos socioambientales a comunidades y territorios del Sur Global«, sostiene.
Aguas tóxicas
La tubería que contamina las tierras de Mandikar sale del subsuelo desde la fábrica de Motherson Sumi, situada en el cinturón industrial de Chakan, una ciudad de 40.000 habitantes del distrito de Pune, en el estado de Maharashtra, que es el mayor centro automovilístico y manufacturero del país. El cinturón industrial alberga más de 750 fábricas, a 156 kilómetros de Bombay, la capital financiera de la India. Las marcas más importantes del mundo, como Mercedes y Volkswagen, tienen allí sus propias factorías. También cuentan con filiales que proveen de componentes a muchos fabricantes de coches. Es conocida como la ciudad del motor.
Relacionado con este tema
Sin embargo, los vecinos de Ambethan, la localidad de Chakan donde vive Nilesh Mandikar, no ven muchos beneficios de semejante título. «El ruido constante y la contaminación atmosférica de las fábricas provocan problemas de salud continuos entre sus habitantes, como dolores de cabeza, alergias cutáneas y enfermedades transmitidas por el agua», lamenta Mandikar.
La entrada a la fábrica de componentes de Amphenol en Pune (India).
Relacionado con este tema
«Que ardan los vertederos de residuos industriales es habitual, también lo son los montones de plástico y los líquidos contaminados malolientes vertidos en el alcantarillado y en terrenos abiertos. Los vecinos no luchan contra industrias tan poderosas porque les ofrecen empleo y no creen que alzar la voz conduzca a ningún cambio», explica Balasaheb Padwal, residente en la zona y esposa del exvicealcalde de la aldea de Ambhethan, donde el consejo de aldea o grampanchayat –la unidad básica de autogobierno local– envía denuncias periódicas a las fábricas exigiendo que traten sus residuos, pero sin resultado. Al igual que los aldeanos, atribuye gran parte de la contaminación visible –del agua, el aire, el suelo y los cultivos– a las fábricas cercanas, que vierten sus aguas residuales con tuberías a la vista o en terrenos baldíos, o queman residuos industriales al aire libre, con graves consecuencias para la población local. El agua subterránea tiene un color amarillo intenso, e incluso un representante del gobierno local, que solicitó el anonimato por temor a represalias, reconoce que ya no es potable.
Los vecinos con los que hablaron los periodistas de Follow the Money comentaron que hace tan sólo unos años recogían 2.500 kilos de cacahuetes por acre (4.000 metros cuadrados); ahora, sólo entre 10 y 20 kilos, un desplome superior al 99%.
Relacionado con este tema
Chakan está a los pies de los Ghats Occidentales, una cadena montañesa declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y punto crítico para la biodiversidad mundial. Los ríos Indrayani, Bhima, Pavana, Ramnadi, Mula y Mutha fluyen desde allí regando millones de hectáreas agrícolas y suministrando agua potable a todo el distrito de Pune y a las zonas colindantes, donde viven más de 10 millones de personas.
Los incentivos de la UE al coche eléctrico
Mientras, en la Unión Europea, el Pacto Verde persigue las cero emisiones para 2050 y los coches eléctricos son un eje central. Fabricantes de componentes electrónicos de Pune como Motherson Sumi, Bharat Forge y Amphenol los exportan para ensamblar vehículos eléctricos en España y Marruecos. Acaban en modelos de Lancia, Audi, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Renault, Stellantis –Fiat, Chrysler, Peugeot, Citröen, Opel–, así como en automóviles convencionales, en la industria militar y en los vehículos utilizados en el control de fronteras.
En 2020, la UE introdujo la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente cuyo objetivo es reducir las emisiones del transporte en un 90% para 2050. Ese programa fomenta la transición a los vehículos eléctricos, los combustibles alternativos y las infraestructuras de carga accesibles a través del Reglamento sobre Infraestructuras para Combustibles Alternativos. También apoya la fabricación de baterías a través de la Alianza Europea de Baterías. El objetivo es que al menos 30 millones de vehículos de cero emisiones circulen por las carreteras europeas en 2030, el 12% del parque automovilístico actual. De modo que, en 2040, entre el 50% y el 80% del parque automovilístico de la UE podría ser eléctrico; es decir, entre 125 y 200 millones de vehículos eléctricos de un total de hasta 280 millones de coches.
Relacionado con este tema
La fábrica Motherson Sumi forma parte del polo industrial de Ambethan. Un cartel en la entrada publicita que sus niveles de contaminantes están dentro de los límites permitidos, pero no es verdad: sus aguas residuales superan los niveles de toxicidad.
Níquel y cadmio muy por encima del límite
Los periodistas recogieron para Follow the Money muestras de aguas residuales sin tratar del lugar donde la fábrica vierte sus desechos y las enviaron a un laboratorio. El análisis revela una Demanda Química de Oxígeno (DQO: si es alto el nivel de contaminantes orgánicos, pueden agotar el oxígeno disuelto en ecosistemas acuáticos, provocando la muerte de la fauna y un exceso de fitoplancton) superior a 2.200 mg/l, muy por encima del máximo legal de 600 mg/l para aguas vertidas a la red pública, o de 250 mg/l para aguas superficiales continentales. La DQO mide la velocidad con la que el agua elimina los contaminantes, lo que significa que niveles altos de DQO indican mayores niveles de contaminación. De manera similar, la Demanda Bioquímica de Oxígeno del agua (DBO: si es alta, la descomposición orgánica agota el oxígeno disuelto en el agua, provocando la muerte de peces y vida acuática por asfixia), que mide contaminantes específicos como pesticidas y productos químicos industriales, casi duplica el límite legal. Motherson Sumi no ha respondido cuando Follow the Money le ha preguntado al respecto. Y la situación no es mucho mejor en otras partes de la región de Pune.
Una de las tuberías que utiliza Amphenol para verter aguas residuales sin tratar en Pune (India).
Relacionado con este tema
A una hora en coche hacia el sur se encuentra la fábrica de Amphenol, que vierte en el suelo aguas residuales sin tratar a través de desagües abiertos que desembocan en los ríos Indrayani y Pavana. El análisis de laboratorio revela que el suelo contiene cadmio (296 mg/kg) y níquel (182,4 mg/kg) muy por encima de los límites de seguridad establecidos por la ley. Ambos metales son altamente tóxicos y contaminan el medio ambiente, incluyendo las tierras agrícolas y el agua.
El cadmio se filtra rápidamente en las aguas subterráneas y se acumula en la cadena alimentaria: tiene una vida media en el suelo de 10 a 30 años. Y puede ocasionar daños graves a la salud, como disfunción renal, desmineralización ósea y problemas respiratorios. Antes era muy utilizado como recubrimiento del acero, por su baja corrosión. Pero debido a su toxicidad, su uso está estrictamente regulado en algunas partes del mundo y los fabricantes de automóviles han buscado alternativas. Sin embargo, aún se emplea en conectores eléctricos y en algunos recubrimientos especializados.
Por lo que al níquel se refiere, puede causar enfermedades cardiovasculares y problemas respiratorios, además de aumentar el riesgo de cáncer. Muestra una persistencia extrema: los estudios indican que entre el 7% y el 47% del níquel acumulado permanece en los organismos para siempre.
Los ríos Indrayani y Pavana, en los que se vierten aguas residuales sin tratar, abastecen de agua potable a más de cinco millones de personas de Pimpri y Chinchwad, y riegan millones de hectáreas agrícolas donde, a su vez, se cultivan los alimentos de millones de habitantes. Un estudio de 2025 reveló que los niveles de níquel y cadmio son elevados en toda la región y superan los límites de seguridad en verduras como las espinacas y la coliflor.
Casi 1.000 envíos a fábricas en España
Desde Pune, los componentes se envían a Europa para su ensamblaje en las fábricas de automóviles. Follow the Money rastreó piezas y accesorios de vehículos, como vigas de eje delantero, ejes de transmisión, cigüeñales forjados, ejes principales y engranajes helicoidales mecanizados, así como conectores y otros componentes electrónicos –mazos de cables, mecanismos de dirección para bastidores modulares, rótulas de dirección y componentes para carcasas de bujías– que se exportan a empresas de España y Marruecos, y éstas, a su vez, los suministran a marcas europeas. Algunos componentes acaban en espejos retrovisores exteriores e interiores, así como en módulos para vehículos de Audi, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota y Volkswagen. Sus principales clientes en España son Ford, PSA Peugeot, Renault, Seat y Volkswagen.
Indra es una de las empresas españolas a la que suministran componentes fabricantes indios que contaminan en Pune.
Según el análisis de los datos aduaneros de Panjiva, entre abril de 2020 y febrero de 2025 se hicieron 987 envíos desde Pune –de Motherson Sumi, Bharat Forge y Amphenol– hasta España, con un valor declarado total de más de 21 millones de euros.
Alrededor de un tercio de estos envíos se destinaron a empresas del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón, que agrupa a unas 300 empresas en uno de los principales centros de fabricación de la industria nacional. En España, el número de turismos electrificados alcanzó una cifra histórica en 2025, 225.616 unidades, tras crecer un 94,6% respecto al año anterior, según cifras de Anfac, la patronal del sector. Representan ya el 17,9% del mercado, ocho puntos porcentuales más que en 2024.
Motherson Sumi tiene una filial en este clúster, Smr Automotive Systems Spain SAU, que abastece al sector de la automoción. También posee dos plantas de ensamblaje y fabricación: Smp Ibérica SLU, en Palencia, y Smp Automotive Technologies, en Teruel, especializada en módulos exteriores e interiores con componentes eléctricos y decorativos.
Todas ellas reciben desde Pune componentes electrónicos para fabricar retrovisores exteriores e interiores, así como módulos para vehículos de Audi, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota y Volkswagen. Suministran tanto a vehículos convencionales como a eléctricos e híbridos: Audi Q3, Ford Mondeo, Ford Transit, Opel Corsa, Opel Zafira, los Volkswagen T-Roc y T-Cross.
Distribuidores españoles
Por su parte, Bharat Forge envía componentes electrónicos a varias empresas españolas, entre las que destacan dos. La primera es Dana Automoción SA, proveedor de tecnologías de transmisión para vehículos ligeros convencionales y electrificados y suministrador de Stellantis Zaragoza, que fabrica las marcas Citroën, Lancia y Opel, y produce modelos como el Peugeot 208, el Opel Corsa y el Lancia Ypsilon. Desde abril de 2020 hasta abril de 2025, Dana Automoción recibió 81 envíos desde la India valorados en más de 2,6 millones de euros.
La segunda es Etxetar SA, que opera en 20 países y es proveedor de General Motors y Jaguar, además de mantener vínculos profesionales con el Grupo Volkswagen, Volvo y Ford.
Otra de las grandes industrias indias, Amphenol, suministra conectores y componentes eléctricos a varios distribuidores españoles que dan servicio a fabricantes de vehículos eléctricos, pesados, industriales, camiones y SUV, así como al sector militar, de telecomunicaciones, defensa, electrónica industrial, aeroespacial y aeronáutico. Sus ventas en España sumaron casi 6,5 millones de euros entre abril de 2020 y febrero de 2025.
La empresa española Etxetar tiene como proveedor a la india Bharat Forge, una de las compañías contaminantes.
Conexiones Condal es uno de ellos. Follow the Money ha descubierto 81 envíos, principalmente aéreos, por un importe de 298.106 euros. La empresa de Barcelona suministra conectores de Amphenol para coches eléctricos e híbridos. Allí tiene Seat su planta de Martorell, con capacidad para ensamblar 488.000 coches al año y, en la Zona Franca, donde fabricaba Nissan hasta diciembre de 2021, la hispano-china Ebro produce ahora las marcas Ebro, Omoda y Jaeco.
Otro es Eurotronix, que provee de componentes electrónicos para sistemas eléctricos industriales y tecnológicos a numerosas empresas como V2charge, fabricante de cargadores para coches eléctricos de Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Smart, Mercedes, Volkswagen, Tesla, Toyota, Volvo, Audi, BMW, Chevrolet, Cupra, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep y otras.
Indra bloquea a un proveedor
Amphenol también suministra a Indra, empresa semipública dedicada a la defensa y la consultoría tecnológica. Indra confirma a Follow the Money que Eurotronix es su proveedor desde 2012 y asegura que renovó su último contrato con ella el 22 de mayo de 2025. También indica que el análisis realizado sobre esa empresa por el Centro de Riesgos de Dow Jones no detectó ninguna alerta «reputacional», como tampoco lo hizo Achilles, la plataforma de gestión de riesgos que usa Indra para supervisar a sus proveedores. Pero, al conocer los hechos que revela Follow the Money, la empresa española contesta que «con carácter inmediato» ha procedido al «bloqueo preventivo de Eurotronix hasta que se aclare el origen de los componentes suministrados al grupo, imposibilitando cualquier relación comercial con Indra».
Motherson Sumi cuenta con una filial, Samvardhana Motherson Reydel Autotecc Morocco, en Tánger. Allí fabrica módulos interiores para vehículos Renault. La fábrica de Motherson Sumi en Pune le envió componentes al menos hasta mediados de 2022. La gran mayoría de la producción de Renault en Marruecos se exporta a Europa.
Ninguna otra empresa, proveedor o marca de automóviles ha respondido a las preguntas que les ha enviado Follow the Money, a excepción de Audi y Mercedes-Benz España, que dicen estar «estudiando» el caso.
Activistas medioambientales muestran una de sus denuncias contra la fábrica de la empresa Bharat Forge en Dhayarkar (India).
Inoperancia de las autoridades indias
Prashant Raul dirige Green Army, un colectivo de más de 500 ciudadanos con conciencia medioambiental en Pimpri Chinchwad: «La Maharashtra Pollution Control Board (MPCB), la Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC) y las corporaciones municipales, bajo cuya jurisdicción se halla este cinturón industrial, no dan información sobre las instalaciones de que disponen para eliminar de forma segura los residuos industriales peligrosos y semipeligrosos, así como los vertidos líquidos», denuncia.
Esa gran cantidad de residuos industriales se queman y acumulan en zanjas, contaminan el aire, el suelo y el agua: «Además, los residuos líquidos se vierten en el suelo y en desagües que desembocan en los ríos, contaminándolos con sustancias peligrosas. Los agricultores cultivan esos suelos con agua contaminada y consumen sus alimentos. El porcentaje de enfermedades causadas por la contaminación, como el cáncer, es el más alto en India«, advierte.
El Índice de Calidad del Aire en la Jurisdicción de Pimpri Chinchwad Municipal supera los 300 del límite permitido y la población desconoce los efectos sobre su salud: «Las investigaciones muestran que en la India se producen más de 1,5 millones de muertes al año por exposición prolongada a la contaminación atmosférica».
En la colonia Dhayarkar viven unas 40 personas, junto a un terreno y una acequia donde una fábrica de la multinacional india Bharat Forge vierte aguas residuales sin un sistema de drenaje adecuado. Un olor desagradable impregna el aire.
Abhijit Gaikwad se muestra frustrado. Este activista de 37 años señala que incluso el agua subterránea está contaminada. Tiene un color entre amarillo y negro. Los vecinos no la beben, pero la utilizan para lavar la ropa y bañarse, advierte. «Tienen que usarla todos los días», lamenta.
Otros vecinos se quejan del mismo problema, que no pasa inadvertido para las autoridades. En 2021, la MPCB, la autoridad regional de control de la contaminación, pidió a Bharat Forge el cierre de la planta, debido a irregularidades en las medidas anticontaminación de la planta. También le exigió que presentara un plan de acción correctiva en el plazo de una semana.
Las pruebas obtenidas por Follow the Money, tras solicitar información utilizando los mecanismos oficiales de transparencia, revelan que se estaba vertiendo combustible en aguas a la vista fuera de la fábrica y que la planta de tratamiento de aguas residuales no funcionaba a plena capacidad. Tres años después, sin embargo, la factoría seguía funcionando pese a haber recibido más advertencias. En abril de 2024, la misma autoridad de control emitió una notificación reprendiéndola por «su negligencia en materia de control de la contaminación y protección del medio ambiente», y le ordenó presentar un informe sobre las medidas adoptadas en el plazo de siete días.
Medio año después, la MPCB envió otra carta a Bharat Forge, solicitándole que presentara detalles sobre cómo almacenaba el combustible en sus instalaciones. Y, a principios de 2025, emitió otra advertencia por quejas sobre contaminación acústica y atmosférica en la zona residencial que rodea la fábrica.
Entrada de la sede central de la empresa Bharat Forge en Pune (India).
Instalar un tratamiento adecuado para aguas residuales cuesta entre 500.000 y varios millones de dólares. Además, son necesarios otros cientos de miles de dólares anuales más para su funcionamiento. Por ejemplo, los sistemas de Descarga Cero de Líquidos (ZLD) eliminan las aguas residuales y recuperan un 95% de los materiales. Menachem Elimelech, de la Universidad de Yale, señala que tienen «limitaciones por su alto coste y consumo intensivo de energía». Pero su investigación demuestra que las tecnologías de membrana reducen el consumo energético entre un 58% y un 75% y los costes, entre un 48% y un 67%. Aunque la ZLD cuesta entre dos y cuatro veces más que un tratamiento convencional, se está convirtiendo en habitual en regiones con estrés hídrico que cumplen las leyes.
A juicio del activista Gaikwad, que lleva años alertando sobre la contaminación, que Bharat Forge siga operando demuestra la falta de eficacia de la MPCB. Incluso cuando se descubre que las fábricas infringen las leyes ambientales del país, la aplicación de la ley es inconsistente.
Multas ridículas
Las sanciones ambientales en la India alcanzan un máximo de 100.00 rupias (1.100 euros) para los primeros infractores. Su aplicación es desigual y las órdenes de cierre rara vez se cumplen. Por tanto, a los fabricantes de componentes les sale más rentable arriesgarse a recibir multas que cumplir las normas. De esa forma, protegen sus márgenes de beneficio y ofrecen precios muy bajos a las marcas de coches europeos.
Así, resulta paradójico que las subvenciones europeas para adquirir vehículos eléctricos acaben fomentando la destrucción ambiental en otros lugares. La Directiva de la UE sobre Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Corporativa (Directiva 2024/1760) entró en vigor el 25 de julio de 2024 y exige a las empresas identificar y prevenir los daños ambientales en sus cadenas de suministro. Los Estados miembros tienen hasta este año de plazo para incorporarla a su legislación nacional. Su eficacia está por ver.
«Debido a las revisiones del año pasado, hay cierta incertidumbre sobre cómo los Estados miembros implementarán los requisitos. Mientras tanto, los principios rectores de la ONU sobre conducta empresarial responsable y las directrices de la OCDE proporcionan un marco claro para aplicar y supervisar la diligencia debida en materia de derechos humanos y ambientales», señala Rocío Paniagua, directora del Programa de Vehículos de Bajas Emisiones de Electronics Watch, una ONG que vela por los derechos laborales y de los trabajadores en las cadenas de suministro globales de productos electrónicos.
Mientras, la India incentiva a través de diversos programas la fabricación de vehículos eléctricos y sus componentes –baterías, motores, arneses de cableado, electrónica, equipos de carga–, lo que ha aumentado rápidamente su producción. En 2024, superó los 2,8 millones de unidades y sigue creciendo. Su industria está valorada en 5.200 millones de dólares –4.445 millones de euros– y se prevé que alcance los 18.300 millones para 2029.
Además, en el país más poblado del mundo, las fábricas son avisadas cuando van a ser inspeccionadas y los inspectores sólo revisan la documentación, pero no las tuberías, ni miden la contaminación. Así que, si el país no aplica sus propias leyes, no se combate la contaminación y para los compradores internacionales de componentes del automóvil no es oficialmente «ilegal» ser sus clientes, los ciudadanos no pueden exigir responsabilidades.
Dengue, alergias, diarrea
De noche, los enjambres de mosquitos y otros insectos obligan a los vecinos de Dhayarkara a usar repelentes y a medicarse porque suelen transmitirles enfermedades o las contraen al beber el agua contaminada. Rajkumar Patil, un empresario de 35 años, vive allí con su esposa, sus dos hijos y su madre: «Mi madre y yo tuvimos dengue durante el monzón. Pasé una semana en el hospital, pagué una factura de 200 rupias (1,8 euros), la mitad de mis ingresos mensuales. Y tuve que enviar a mis hijos a casa de su tío para evitar que lo contrajeran». La corporación municipal revela que en 2025 se registraron 164 casos sospechosos de dengue y siete confirmados en esa zona.
Un guardia de seguridad que trabaja en una fábrica de Amphenol, en Bhosari, cuenta que la empresa vierte aguas residuales en una acequia: «Siempre hay mal olor y multitud de mosquitos. Si llueve, las aguas residuales se esparcen por todas partes». No tiene protección ni una cabina donde sentarse. Lo hace en la puerta trasera, al aire libre, frente al vertido. Ha planteado el problema a la fábrica, pero le ignoran. Las plantas industriales alejadas de las grandes ciudades, como las de Bhosari, continúan contaminando fuera del control gubernamental.
Santosh Patil, dueño de una pequeña tienda de té, café y cigarrillos cercana, señala un desagüe abierto. Explica que, durante los cuatro meses de lluvia, la zona se inunda esparciendo las aguas residuales allí. Ni la empresa ni la corporación municipal han hecho nada para aliviarlo. «No tengo clientes esos meses, no pueden caminar por aquí», protesta. Pero no puede permitirse abandonar el lugar, ni plantear el asunto a los líderes locales, porque en su mayoría están del lado de las fábricas, asegura.
Amphenol es una de las grandes compañías indias que exportan componentes del automóvil a empresas europeas.
Mientras, en Chakan, Sarita Sathe –nombre ficticio para evitar represalias–, que vive cerca de la fábrica de Motherson Sumi, se lamenta: «Muchos vecinos sufren alergias cutáneas y diarrea debido a la exposición al agua contaminada”.
Las multinacionales deben vigilar a sus proveedores
El descubrimiento de un panorama tan tóxico se produce cuando las mayores empresas del mundo se están comprometiendo a invertir en tecnología más sostenible. En los últimos años, los fabricantes de automóviles europeos han aumentado su apuesta por los vehículos eléctricos en un intento por reducir las emisiones. Una política que forma parte de una estrategia más amplia. Stellantis, por ejemplo, destaca en su sitio web que su objetivo es tener un «amplio impacto positivo en el medio ambiente”. La empresa asegura que la iniciativa también se aplica a sus suministradores: «Nuestra estrategia consiste en seleccionar proveedores según criterios ambientales… o por su capacidad para desarrollar productos que incorporen materiales ecológicos o reciclados», declara.
En la misma línea, Renault insiste en que «el cumplimiento de los requisitos sociales y ambientales forma parte tanto del proceso de selección de proveedores como de las relaciones con ellos». Por su parte, Volkswagen indica que todos sus proveedores se someten a un análisis de riesgos y que los derechos ambientales y humanos son aspectos clave. «Estos criterios son obligatorios y vinculantes», resalta un portavoz.
Sin embargo, contar con criterios no significa necesariamente que las empresas puedan desentenderse de la responsabilidad por el daño ambiental en su cadena de suministro. Según la ley alemana de cadenas de suministro, vigente desde 2023, las empresas con más de 1.000 empleados deben identificar y prevenir las violaciones de derechos humanos y medioambientales de sus proveedores. Esto significa que empresas alemanas como Mercedes-Benz y Volkswagen deben asegurarse de que, al comprar componentes a fábricas o intermediarios, se respeten las leyes medioambientales, si éstas afectan a los derechos humanos.
Y esa obligación va más allá de simplemente pedir a los proveedores que respeten las normas o confiar en los carteles de cumplimiento colocados en las puertas de las fábricas, critica Finn Schufft, asesor de políticas de responsabilidad corporativa en Germanwatch, una ONG que analiza políticas medioambientales. «Confiar en los datos que proporcionan los proveedores no suele ser suficiente para cumplir con los estándares del análisis de riesgos. Cuando las empresas tienen motivos para creer que se ha producido una infracción, no pueden ampararse en los datos de cumplimiento de los proveedores, sino que deben tomar medidas activas para verificar la información», añade.
La factoría que la multinacional india Motherson Sumi tiene en Pamplona.
Las obligaciones de las empresas europeas
Si bien los ciudadanos indios pueden presentar quejas ante las autoridades alemanas en el caso de que consideren que las empresas no cumplen con sus obligaciones de diligencia debida, hasta el momento no ha habido resultados tangibles. «Según tenemos entendido, la autoridad supervisora se ha negado a emitir órdenes concretas a las empresas o a imponer sanciones por infracciones de la ley», advierte Schufft.
Sin embargo, las empresas que no están cubiertas por la legislación alemana tienen que cumplir con el derecho internacional. La nueva Ley europea de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa impone obligaciones similares a las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación neta superior a 1.500 millones de euros. Todos los fabricantes de automóviles mencionados en este artículo entran en ese tramo. Pero, aunque entró en vigor en 2024, la ley sólo se aplicará a partir de 2029 y las multas estarán limitadas al 3% de la facturación global neta de la empresa.
Nilesh Mandikar sostiene que estas leyes son insuficientes y llegan demasiado tarde. «Los ciudadanos comunes como nosotros no tenemos más poder que un voto en las elecciones y no podemos forzar ningún cambio», se queja.
Porque el mercado empuja en dirección contraria. En diciembre de 2025, las ventas mundiales de vehículos eléctricos alcanzaron los 20,7 millones de unidades en el segmento de turismos y vehículos ligeros. Ese año, por primera vez, las ventas de eléctricos en Europa superaron a los de gasolina.
La diferencia entre el campo y la ciudad
Desde su campo yermo, Nilesh contempla el vertido que fluye desde Motherson Sumi hasta lo que una vez fue el silo arrocero de Maharashtra. Las tuberías se extienden desde los muros de la fábrica hasta las tierras agrícolas donde su padre cultivaba lo suficiente para alimentar a tres aldeas. Hoy el cadmio y el níquel contaminan la zona y la vida de las próximas generaciones.
«Los habitantes de las zonas cercanas a las fábricas de Chakan, alejados de la gran ciudad, suelen desconocer que ese veneno lento procedente de la contaminación del aire y del suelo afecta a su salud a diario y les causa alergias, malaria… Como pueden conseguir trabajo en las fábricas y clientes para alquilar habitaciones, para sus tiendas y servicios, no protestan«, lamenta Santosh Anna Bendre, presidenta del sindicato Shivgarjana Kamgar Sanghatana en Pune.
En cambio, los de las zonas más próximas a las grandes ciudades son conscientes de que esa contaminación es perjudicial: «Organizan regularmente marchas de protesta, presentan escritos en las fábricas contaminantes y en los organismos gubernamentales para pedir que reduzcan la contaminación», detalla.
Antes de entrar en su casa, Nilesh observa la tierra contaminada por la tubería de Motherson Sumi, mientras de fondo no cesa el ruido implacable que sale de la fábrica.
Este artículo forma parte de un proyecto de periodismo de investigación financiado por Journalismfund Europe.
El ex fiscal general Álvaro García Ortiz, el cantautor Joan Manuel Serrat, la periodista Nieves Concostrina, la víctima de violencia vicaria por el caso Bretón y activista contra la violencia de género, Ruth Ortiz, las tres asociaciones de víctimas de la Dana, el presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, y el grupo de jóvenes que desarrollan el proyecto Ruta al Exilio. Estos son los galardonados con los Premios Público 2026.
La entrega de los premios es este miércoles a partir de las 18.30 horas, en el Palacio de la Prensa de Madrid. El acto está patrocinado por Moeve y AENA y organizado en colaboración con ‘España en Libertad’.
Los protagonistas de los premios son personas que han dado un paso al frente por la libertad, la justicia y los derechos humanos, pagando en algunos casos un alto coste por ello.
‘España en Libertad’ colabora en la gala de los Premios Público 2026
García Ortiz, Personaje del Año
El reconocimiento al Personaje del Año recae en 2026 en Álvaro García Ortíz, ex fiscal general condenado sin una sola prueba sólida en su contra y desoyendo el testimonio de todos los periodistas que declararon ante el Tribunal Supremo.
Relacionado con este tema
El proceso contra García Ortíz se produjo por filtrar datos sobre el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que está imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. La condena se interpretó en sectores políticos, sociales y jurídicos progresistas como un caso claro de lawfare.
Incorporado de nuevo a su puesto como fiscal en la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo en Madrid, García Ortíz estará acompañado en la entrega de los Premios Público 2026 por una amplia representación de la judicatura y fiscalía española.
Serrat, Premio Sénior
El cantautor Joan Manuel Serrat recibe el reconocimiento Sénior del diario Público por toda su carrera y por su compromiso con la libertad, la historia y los derechos humanos.
Serrat ha recibido los más importantes galardones en los últimos años, y especialmente desde que dejara los escenarios en 2022. Así, tiene en su haber el Premio Princesa de Asturias, el Premio de Honor de la Academia de la Música, la Medalla de Oro de la Generalitat de Catalunya o el Premio Antonio de Sancha de los editores españoles. Serrat sucede como Premio Sénior de Público a otro grande de la escena, José Sacristán, quien fue galardonado el año pasado.
Concostrina, Premio de Periodismo
Nieves Concostrina recibe el reconocimiento de Público por su compromiso con el periodismo honesto. Desde su etapa como redactora en Diario16 hasta hoy han pasado cuatro décadas de activismo por los derechos civiles y humanos hasta convertirse en referencia por su labor radiofónica, a través de podcast y actos públicos con una forma única, valiente y peculiar de contar la historia. Ni siempre fue fácil, ni le ha salido gratis defender sus principios desde la profesión. Pero la veterana periodista sigue activa y llenando teatros y espacios culturales en sus galas.
Relacionado con este tema
El humor y la sátira están muy presentes en sus divulgaciones sobre los reyes de España, las intrigas de la corona española y hasta la desmitificación de figuras idolatradas durante siglos como los Reyes Católicos.
Nieves Concostrina, colaboradora de Público con su columna Borbolandia, ha ejercido siempre un periodismo valiente y comprometido con la verdad.
Ruth Ortíz, Premio de Igualdad
La violencia vicaria es hoy la acción de terrorismo machista más inhumana y cruel a la que se puede someter a una madre. La veterinaria y activista contra la violencia de género, Ruth Ortíz, lo sabe bien. Fue en 2011 cuando José Bretón mató a los dos hijos que tenían en común, de tan solo seis y dos años de edad, para después calcinar los cuerpos y rematar la venganza contra su expareja.
Relacionado con este tema
Ruth Ortíz, que hoy es una de las voces más importantes en España contra la violencia vicaria, recibe el Premio Público de Igualdad.
Emilio Silva, Premio Memoria
El presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, también es galardonado en los Premios Público 2026. Un homenaje a la trayectoria personal y asociativa de quien ha dedicado buena parte de su vida a dar visibilidad y un lugar en la historia a quienes todo lo perdieron tras el golpe de estado del dictador Francisco Franco.
En el año 2000, Emilio Silva encontró la fosa común en la que estaban los restos de su abuelo paterno asesinado por un grupo de falangistas el 16 de octubre de 1936. Tras localizarla, publicó en La Crónica de León un artículo titulado Mi abuelo también fue un desaparecido, qué supuso la incorporación de las víctimas de la represión franquista a la cultura de los derechos humanos.
Relacionado con este tema
Su abuelo fue la primera víctima de la represión franquista identificada por una prueba de ADN, y desde entonces se puso en marcha el movimiento por la recuperación de la memoria histórica que tiene por objetivo encontrar a las personas desaparecidas y reclamar políticas públicas de memoria.
Las víctimas de la Dana, Premio Activismo por los derechos humanos
Las tres principales asociaciones civiles de víctimas y damnificados por la DANA tienen también su reconocimiento en la gala de los Premios Públicocon el galardón por su Activismo por los Derechos Humanos. Las precipitaciones de 2024 causaron el desbordamiento de ríos y barrancos, generando inundaciones relámpago especialmente catastróficas en la provincia de Valencia. El desastre provocó al menos 238 fallecidos oficiales y cuantiosos daños materiales. La falta de previsión de la Generalitat Valenciana y el desinterés por la catástrofe durante las primeras horas por parte del entonces president, Carlos Mazón, sigue hoy pendiente de procesos judiciales.
La portavoz de la Associació de ‘Víctimes de la Dana 29O’, Mariló Gradolí, durante una rueda de prensa .
Las portavoces de la Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre de 2024, Asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud València y Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O están presentes en la gala. Recogen el premio en nombre de sus organizaciones Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Alejandro Carabal.
‘Ruta al Exilio’, Premio Juventud
Las y los jóvenes del proyecto Ruta al Exilio reciben el Premio Juventud de Público por su labor en favor de divulgar entre la gente de su generación las consecuencias de la represión de los franquistas durante la Guerra Civil y la posguerra. En su nombre, suben al escenario a recibir el galardón dos de las componentes de esta iniciativa: Anna Pastor y Marta Cruz.
Participantes en una de las expediciones de ‘Ruta al Exilio’
Ruta al Exilio es un proyecto educativo y de memoria histórica dirigido a jóvenes de 16 y 17 años, centrado en el exilio republicano y civil español. Durante dos semanas, en cada edición, los participantes recorren a pie y en autobús lugares clave para la memoria antifascista.
La historiadora y comisionada del Gobierno de España para la conmemoración de los 50 años de «España en Libertad», Carmina Gustrán, participará en la entrega de premios a estos jóvenes.
En Oxígeno (Alfaguara), la escritora Marta Jiménez Serrano cuenta cómo la falta de mantenimiento de la caldera de su casa casi le cuesta la vida. Su casera hizo caso omiso de las revisiones periódicas hasta que una fuga de gas dejó a Jiménez y a su pareja desplomados en el suelo. Aunque es un caso extremo, refleja una realidad que denuncian cada vez más inquilinos.
Víctor Palomo, abogado experto en vivienda y miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), explica que estas problemáticas son especialmente frecuentes cuando tras la palabra «casero» se esconde un fondo de inversión. «Cuando estas sociedades adquieren un activo, que es como ellos llaman a nuestras casas, lo que buscan es sacar la mayor rentabilidad posible y eso va en contra de invertir en reformas duraderas o en un buen mantenimiento», subraya.
Es lo que están viviendo actualmente en el recién creado bloque en lucha de José Bielsa, 18, en el barrio madrileño de Usera. Los vecinos denuncian humedades, filtraciones y grandes inundaciones. También han sufrido de manera reiterada roturas en las puertas del garaje «que no se han arreglado» o «se han prolongado en el tiempo». Lo más llamativo es que este edificio fue rehabilitado por completo hace apenas cuatro años, por lo que debería estar relativamente nuevo.
Imagen de los vecinos afectados por Divarian
En 2021 el bloque fue «vaciado» por completo y se procedió a su reforma. Divarian, una sociedad anónima propiedad de Cerberus Capital Management es su actual propietaria. Según relatan los afectados, las viviendas pertenecían en un primer momento a la Sareb, hasta que esta entidad se hizo con ellas «a un precio por debajo de mercado». Una vez caducaron los contratos de arrendamiento anteriores, volvió a alquilar los pisos a un precio superior.
«Divarian compró este edificio por un precio de saldo, le hizo una reforma barata, pero pintona; nos lo alquiló, y a los cuatro años ya se está deteriorando y tiene problemas estructurales», cuenta José David, uno de los afectados. Argumenta que problemas como el de las humedades implican un gasto «que la entidad prefiere no asumir», ya que puede sacar mucha más rentabilidad «vendiendo y comprando otro activo».
«Divarian compró este edificio por un precio de saldo, le hizo una reforma barata, pero pintona; nos lo alquiló, y a los cuatro años ya se está deteriorando y tiene problemas estructurales»
«Mi sensación es que ellos ya tienen en mente vender a los cinco o siete años y no les interesa hacer una reforma duradera. Se limitan a cambiar lo justo para que el edificio se pueda alquilar y vender», añade. En su caso, asegura que cada vez que se rompe algo le dicen que es «por el uso». «Se nos rompió el termostato en inverno y esa era la excusa. Yo había alquilado el piso unos meses antes y no había hecho uso de él, pero da igual», dice. Otro de los problemas que arrastran son las averías en las puertas de acceso, lo que les ha llevado a sufrir varios robos en los trasteros. Además, cuando se inunda el parking, el ascensor queda inutilizado.
En 2025, sus actuales inquilinos se enteraron de que los dueños tenían pensado volver a traspasar su portal con ellos dentro. Temen que si vuelve a cerrar una operación de compraventa les repercuta en su contrato de alquiler, ya sea con subidas de precio o con no renovaciones de los mismos.
Las terrazas de este edificio se encuentran llenas de pancartas y mensajes denunciando la situación que viven. La última vez que un inversor se acercó interesado en comprarlo «se echó para atrás». «A raíz de eso, nos han presionado para que quitemos todo. Incluso nos han amenazado con ir a juicio», denuncia.
«Hay que tener en cuenta que Usera es el barrio de Madrid donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año», recuerdan desde el Sindicato de Inquilinas. La calle José Bielsa se encuentra en un lugar clave, enfrente de la plaza de las Tizas, donde se ha construido el dragón chino gigante del proyecto del Chinatown madrileño. Este nuevo diseño del barrio, junto con la peatonalización de sus arterias principales, llevan tiempo captando la atención de los inversores.
De acuerdo a las estimaciones del portal inmobiliario Idealista, por una de las casas de este «edificio en lucha» se podrían llegar a pedir más de 1.300 euros mensuales de arrendamiento. Los datos reflejan la escalada del mercado en la zona, donde el valor de los alquileres se ha casi duplicado respecto a los poco más de 800 euros que se pagaban de media en 2021.
Público ha tratado de recoger el testimonio de Divarian, pero la propiedad ha declinado hacer declaraciones.
Casos similares
Desde el Inquilinato denuncian que la falta de atención al «deber de mantenimiento» es una de las estrategias de los rentistas para «expulsar a las vecinas«. Lo han vivido en Tribulete 7, uno de los bloques más mediáticos de los últimos años. Los pocos inquilinos que aún resisten en estos pisos del centro de Madrid, llevan años viviendo con goteras, humedades y andamios frente a sus ventanas y miedo a posibles derrumbes.
Varios de los afectados decidieron dar un paso al frente y presentaron en 2025 una querella colectiva contra Elix Rental House, su casero. Es la primera demanda por «acoso inmobiliario» contra un gran fondo inmobiliario que se presenta en España. Les acusan de usar las reformas como un mecanismo de desgaste para expulsarlos de manera indirecta.
Nani, vecina de Tribulete 7, sentada junto a su perra en la entrada del edificio.
La problemática se extiende a otras zonas de la capital. Los residentes del edificio de General Lacy 22 llevan años conviviendo con goteras constantes, cortes imprevistos de suministros básicos y lo que definen como un «abandono deliberado de las instalaciones». «Hay personas que llevan ochenta años viviendo aquí. No tenemos ningún tipo de mantenimiento ni de nada. No funciona desde hace muchísimo tiempo el ascensor», denunciaba a Público, en la manifestación por la vivienda de Madrid, Mariola, una de las residentes.
Sara B., inquilina en Vicálvaro, también está viviendo algo parecido. Su edificio pasó de una sociedad a otra en 2025 y ahora no les quieren renovar los contratos de alquiler. Aunque ya arrastraban problemas de mantenimiento previos a la operación inmobiliaria, cree que están retrasándose en los arreglos como medida de presión. «Tenemos cerraduras rotas, calderas estropeadas, puertas del garaje que no cierran…», relata.
Víctor Palomo se encuentra con este tipo de quejas constantemente. Según explica, el problema ya no es solo que la entidad «no quiera gastar ni un euro», sino que su modelo de gestión es mínimo y deficiente. «A diferencia del casero particular, estos fondos aplican un sistema de atención al inquilino completamente deshumanizado. Todo se hace a través de portales informáticos donde tienes que registrar una queja que luego tramita un departamento automatizado», señala.
«Todo se dilata muchísimo. Además, los empleados de estas gestoras suelen estar mal pagados, duran poco tiempo en el puesto y el volumen de incidencias hace que el servicio sea totalmente inoperativo», añade el letrado. A esta falta de personal se suma «la externalización de los servicios»: «Los fondos de inversión funcionan con la contrata de la subcontrata. Externalizan tanto los servicios para arañar un pellizco de beneficio que acaban recurriendo a la empresa más barata y chapucera, algo de lo que los inquilinos se quejan constantemente».
«Es una agonía la que estoy viviendo. O cruzo el río o me quedo en la orilla«. A Maricarmen le aplazaron in extremis su desahucio previsto para el martes 2 de junio. Será en dos semanas, el próximo 24 de junio. Desde el Sindicato de Inquilinas creen que es una estrategia que pretende contener la fuerte movilización social que la está respaldando. También denuncian que dos lanzamientos en un mes es «una tortura psicológica» y solamente aumenta la «agonía» de esta mujer de 88 años, con problemas de salud. Por eso el pasado martes mantuvieron parte de los actos de protesta que estaban previstos. Decenas de vecinos, incluidos varios artistas, se concentraron para exigir una solución permanente.
«De alguna manera, todo esto me está pasando factura» decía Maricarmen a los medios hace unos días, en una rueda de prensa frente al Congreso. Le cuesta andar y dormir, no tiene masa muscular porque va en silla de ruedas y apenas le queda aire para defenderse. Lleva más de cinco años luchando por quedarse en su casa, en la que reside desde que es adolescente y que nunca ha dejado de pagar. La última oferta de alquiler que le hizo el fondo de inversión que actúa como su casero rozaba los 2.000 euros, muy por encima de sus capacidades.
La esperanza que le dio fuerzas en octubre de 2025 para salir a la calle y denunciar su caso en los medios de comunicación va dando paso a la indignación y el cansancio. Tras paralizarse su primera orden de desalojo, pudo reunirse con la ministra de Vivienda y contarle su situación. También se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno y ha tratado de ponerse en contacto con las administraciones regionales y locales. La única alternativa que le ofrecen es irse a una residencia, a la que destinaría gran parte de sus ingresos y que está a varios kilómetros de su barrio. «Solo pido poder quedarme en la casa en la que murieron mis padres», reitera.
Relacionado con este tema
Maricarmen es vecina de la calle Sáinz de Baranda, en el barrio de Ibiza (Retiro). Es una de las zonas que más se ha revalorizado en la capital en la última década. Actualmente se está pagando en régimen de arrendamiento más de 21 euros por el metro cuadrado, según los portales inmobiliarios. Y los precios no paran de subir. Poco queda del barrio obrero en el que ella creció.
Una gran movilización vecinal para evitar que Maricarmen sea expulsada de su casa.
Por el mismo calvario que esta jubilada ha pasado Mariano Ordaz, de 67 años, que fue finalmente desahuciado el pasado 7 de mayo. Vivió toda su vida en el mismo piso del barrio de Embajadores, al que sus padres accedieron con un contrato de renta antigua. En la puerta contigua vivían sus tíos. Ya no queda nadie de esta familia en aquel edificio, propiedad de una orden religiosa. Tras nueve horas de resistencia vecinal y sindical, Mariano se fue en una ambulancia del Samur Social, acompañado de una bolsa con lo indispensable.
Era la quinta vez que se enfrentaba a la expulsión, en dos de las anteriores se pudo acoger a la moratoria antidesahucios. Cuando Público le preguntó cuál era su alternativa habitacional, lo único que tenía en mente era buscar una habitación que poder alquilar cerca de la zona, ya que sus hijos no viven en Madrid. El Sindicato de Inquilinas explica que actualmente se encuentra en un albergue compartiendo habitación con otras tres personas.
Relacionado con este tema
La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones calcula que hay más de 70.000 personas mayores de 65 años viviendo de alquiler en toda España. Su situación económica y psicosocial es especialmente delicada porque, generalmente, son quienes tienen pensiones más bajas o viven en zonas gentrificadas y donde las redes de apoyo son más endebles. Dentro de este colectivo, uno de los perfiles más vulnerables es el de las mujeres. Mientras que la pensión media de un hombre se encuentra en los 1.500 euros, estas mujeres perciben de media unos 300 euros menos.
Desde Un Techo por Derecho, una organización de mujeres de Málaga, llevan semanas buscando una solución para María, una anciana de 96 años que va a ser desahuciada el 11 de junio. Según cuentan, está al corriente de pago, pero no le han renovado el contrato. A mediados de mayo su hija acudió al pleno del ayuntamiento para pedir una ayuda que, de momento, no ha llegado.
Relacionado con este tema
Mariano Ordaz, durante un intento de desahucio en la calle Carnero, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España).
En una situación similar se encuentra Paca Blanco, de 77 años y vecina del mismo distrito que Maricarmen. «No es de justicia. Somos la generación que ha conseguido los derechos que tenemos ahora», reivindica. Consiguió que aplazaran su primera orden de lanzamiento en febrero y, de momento, no se ha fijado una nueva fecha. Vive en una casa de alquiler social que está a nombre de su hijo, aunque es ella quien vive allí y asume los gastos desde hace más de una década. A pesar de ello, no le han permitido subrogarse al contrato y tampoco ha podido tener defensa legal en el proceso.
«Mi hijo estaba en paradero desconocido y ahora le han encontrado en Canarias. Se enfrenta a una pena de cárcel», cuenta. Aunque no es una buena noticia, le da algo de tiempo y permite a la familia poder defenderse en los tribunales. «A mí nunca me dejaron defenderme. Me calificaron de ocupante ignorada«, cuenta. Los servicios sociales, según denuncia, le han ofrecido irse a una residencia «de monjas», un extremo al que se niega. Blanco fue víctima del Patronato de la Mujer cuando era joven, por lo que se niega a volver a «estar encerrada en una institución». A lo largo de su vida ha sufrido violencia machista y la precariedad que deriva de ella.
Alejandra Jacinto, abogada experta en Vivienda, que conoce de sobra estos tres casos, explica que ni siquiera pudieron acogerse a la moratoria antidesahucios. El problema con Maricarmen, recuerda, es que, incluso en octubre –con la ley en vigor– «dijeron que no era aplicable porque el contrato era previo a la normativa». Mariano y Paca tuvieron problemas similares. «Aunque era una norma que ayudaba, dejaba fuera muchísimas casuísticas. Hace falta una moratoria nueva, pero que sea verdaderamente efectiva», sentencia. «¿Quién tiene la competencia de esto? El Gobierno central. Es una cuestión de modificar la ley de enjuiciamiento civil», añade. Actualmente solo se puede aplicar una prórroga de dos a cuatro meses para buscar una alternativa habitacional. Además, cuando los ayuntamientos o comunidades no ofrecen esa solución «no hay sanciones».
A raíz de estas últimas noticias, desde HelpAge, una entidad internacional que defiende los derechos de las personas mayores, han recordado que el acceso y la permanencia en una vivienda digna es «un derecho humano esencial». La entidad advierte de que los desahucios en estas etapas vitales «no pueden tratarse como conflictos administrativos y económicos», ya que implican «una posible vulneración de derechos fundamentales«, reconocidos nacional e internacionalmente.
«La pérdida de la vivienda en la vejez puede tener graves consecuencias, como el deterioro de la salud física y emocional, la ruptura de las redes de apoyo, el aumento de la soledad no deseada y la pérdida de arraigo comunitario», advierten. Además, han recordado que muchas mujeres mayores viven con «pensiones insuficientes» y afrontan trayectorias marcadas por «desigualdades económicas y de cuidados acumuladas a lo largo de su vida».
«Si los desahucios siempre afectan negativamente a la salud mental y física, imagínate con esta edad, donde uno ya está muy cansado, sufre problemas de salud, tiene mermadas ciertas capacidades…», señala a Público Alicia del Río, portavoz del Inquilinato. Son momentos en los que uno necesita más que nunca estabilidad y mantener sus redes de apoyo. «Esos comercios de siempre donde te echan una mano, tu médico de cabecera, tu trabajadora social… Perder esto de golpe puede acabar con todo. Es una situación que sabemos que enferma y llega a matar a la persona«, subraya.
Con Maricarmen han visto como se ha ido deteriorando su salud en los últimos meses. «Dejan de dormir, dejan de disfrutar de cosas que antes les gustaban, se exacerban los problemas de adicciones cuando los hay. Es realmente duro», asegura Del Río. Uno de los problemas que afrontan los jubilados es «que no tienen opciones». Para ellos, en lugares como Madrid, es prácticamente imposible pagar un alquiler, y una residencia implica destinar prácticamente todos sus ingresos a este fin. «Por eso, nosotros decimos que a los abuelos nos los están matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna», subraya.
A los abuelos nos los están matando y no hay derecho a que no puedan tener una vejez digna
Aun así, a pesar de estos relatos tan graves, la portavoz concluye recordando historias en las que han conseguido ganar la batalla con el apoyo del Sindicato: «La misma Maricarmen ha estado cinco años desobedeciendo a su casero, ha hecho portavocías y un montón de actos de resistencia en los que ha hablado con todas sus fortalezas. Tenemos a nuestro compañero Antonio, que es un símbolo de la batalla contra Blackstone y que consiguió renovar su contrato. Mariano, por ejemplo, resistió hasta cinco intentos de desahucio».
El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) recibe el próximo miércoles 10 de junio el Premio Público Personaje del Año 2026 que otorga este periódico. Desde luego, la inhabilitación y condena dictada por el Tribunal Supremo en la simbólica fecha del 20 de noviembre ha sido una de las noticias más relevantes del curso político y judicial que está a punto de culminar.
El juicio fue duramente criticado y tachado de lawfare por sectores progresistas del país. El tribunal no logró demostrar en la sentencia con pruebas sólidas que García Ortiz filtrara un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, procesado por fraude fiscal. En dicho mail, este buscaba un acuerdo con la Fiscalía. Distintos periodistas de diferentes medios declararon en el juicio que la filtración del correo no llegó de la Fiscalía. Pese a ello, fue condenado a dos años de inhabilitación especial para ejercer dicho cargo, al pago de una multa de 7.200 euros, a cubrir las costas del juicio y a pagar una indemnización de 10.000 euros a la pareja de Ayuso. García Ortiz presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que está pendiente de resolución.
¿Se siente víctima de lawfare?
No. Como ex fiscal general del Estado que soy, y como representante todavía que me siento de la Justicia española, no puedo aceptar esos términos. Para mí es un proceso que, en mi condición de condenado, considero injusto. De hecho, estoy accionando ante otras instancias para que se revierta esta situación. Pero yo institucionalmente quiero y creo que debo seguir defendiendo la Justicia española.
Relacionado con este tema
Se le condena por revelación de secretos, por la filtración de un correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.¿Cuáles eran las pruebas que argüía el Tribunal Supremo para condenarle?
«Creo que debo remitirme al voto particular que, a mi juicio, sí reúne todas las características necesarias de garantías que debe dar un tribunal en un enjuiciamiento»
A mi juicio, no había pruebas. Pero, repito, yo soy quizás la parte más subjetiva de este procedimiento. Creo que la opinión pública, muchos profesionales, magistrados y exmagistrados se han manifestado. Yo creo que debo remitirme al voto particular que, a mi juicio, sí reúne todas las características necesarias de garantías que debe dar un tribunal en un enjuiciamiento y, por supuesto, a los recursos que he planteado ante el Constitucional.
Algo que sorprendió mucho a la opinión pública, y ya no le digo a nuestro gremio, fue lo de no considerar las testificales de los periodistas que aseguraron ante el Tribunal Supremo tener la información antes de que esta fuera presuntamente filtrada.
La propia sentencia hace, en un párrafo, alguna mención a que esta es una cuestión que habrá de resolverse. Como lanzando una especie de guante al Tribunal Constitucional. Efectivamente, creo que el testimonio de los periodistas, que sí merece la consideración en el voto particular, es genéricamente aprobado en la sentencia, pero también genéricamente despreciado en el fallo de la sentencia. Eso sí que es una cuestión que debemos valorar.
Creo que la causa en la que he sido condenado es importante porque da para reflexionar no sólo a la institución de la Fiscalía General, sino también a muchos otros componentes de la vida pública y social de este país, comenzando con los medios de comunicación, con el periodismo, con las fuentes, el sistema de fuentes y la forma que tenemos de transmitir las noticias. Creo que hay muchos campos de juego muy interesantes en lo que es el asunto.
Efectivamente, comentaban algunos de estos periodistas que testificaronsu impotencia, frustración y dolor al ver que, para salvaguardar el secreto de las fuentes, que es lo más sagrado para obtener información, no podían defenderle a usted. Como si el Supremo apretara hasta el punto de decir: «O me lo dices, o este señor va a ser condenado«. Se ha puesto al periodismo en una situación dolorosa.
«Una cosa es que el periodista no revele su fuente, y otra, que tenga derecho a decir lo que le dé la gana ante un tribunal»
Hay una confusión, no sé si intencionada o no intencionada, entre lo que es el derecho a no revelar una fuente -que es un derecho fundamental en el periodismo, en la libertad de prensa y, por tanto, en el desarrollo de un país democrático- con respecto al derecho a mentir. Son dos cosas diferentes, absolutamente distintas. Una cosa es que el periodista no revele su fuente, y otra que el periodista tenga derecho a decir lo que le dé la gana delante de un tribunal. El periodista está tan sujeto a las obligaciones que le genera la promesa o el juramento que realiza antes de hacer sus manifestaciones o exposición como cualquier otro ciudadano.
¿Por qué cree que se actuó así desde el mismo proceso de la instrucción? El juez Hurtado hablaba de que desde Moncloa se le dio la orden a usted. Eso pasó sin pena ni gloria, no se tuvo en cuenta y, sin embargo, el Supremo le ha condenado.
«Yo hago una nota de prensa para revelar la verdad. Una fuente veraz de información, como es la Fiscalía, da la versión real frente a un tumulto de rumores, de bulos, de calumnias o de infamias»
Relacionado con este tema
Creo que no debo entrar en esa cuestión. Lo que sí puedo decir es que -lo reconozco aquí, pero lo reconocí pública y solemnemente en un acto público institucional de la Fiscalía General del Estado- yo hago una nota de prensa para revelar la verdad, para contar lo que pasó frente a un bulo, a un infundio que previamente había revelado el correo de un fiscal, un correo de la Fiscalía. Eso es lo que yo hago como fiscal general del Estado. Puede que bien, mal o regular. Puede que me haya equivocado o no, pero creo que lo hice atendiendo, primero, a la defensa de los compañeros, pues su quehacer profesional estaba siendo puesto en duda. Pero también para que los ciudadanos y los periodistas conocieran la verdad. Eso es lo más importante. Una fuente veraz de información, como es la Fiscalía, da la versión real frente a un tumulto de rumores, de bulos, de calumnias o de infamias. Esa era mi voluntad en el momento de hacer la nota de prensa, nada más.
¿Conoce usted al presidente del Gobierno? ¿Es su amigo?
No, no es mi amigo. Conozco institucionalmente al señor Sánchez como corresponde al fiscal general del Estado.
¿Lo conocía de antes? ¿De mucho antes?
«Habrá cientos de fotos en las que yo esté con cualquiera de los responsables públicos o políticos de este país, y bien estarán»
No. Pero sí que me gustaría aclarar una cuestión, no solo sobre el presidente del Gobierno, sino sobre quienes ostentan la representación de las instituciones de este país, y me parece importante. Quienes encarnamos esos puestos, quienes temporalmente somos depositarios de la confianza de los ciudadanos o de los responsables públicos que nos designan, nos conocemos todos y debemos conocernos todos. Debemos hablar y debemos confraternizar y debemos colaborar entre instituciones. Porque las democracias, los gobiernos, las instituciones funcionan cuando existe esta colaboración interinstitucional, intergubernativa, interadministrativa. No podemos estar cada uno mirando a un lado y a otro. Habrá cientos de fotos en las que yo esté con cualquiera de los responsables públicos o políticos de este país, y bien estarán, porque mi cargo hace que deba ser así.
Relacionado con este tema
¿Alguna vez ha recibido presiones del jefe del Ejecutivo o del ministro de Justicia? ¿Le consta que algún antecesor o antecesora los haya recibido de este Gobierno o de algún otro?
«Hay muchos tipos de presiones alrededor de una figura como el fiscal general»
Yo desde luego no las he recibido. Presión hay en la figura del fiscal general del Estado, es evidente, pero creo que a nadie se le ocurriría llamar al fiscal general del Estado para que hiciera o dejara de hacer una cosa. Me parece un cuento infantil y ridículo. Pero hay muchos tipos de presiones alrededor de una figura como el fiscal general del Estado. Presiones externas, de todo tipo, pero también internas, de todo tipo.
¿Le perjudicó el día en que, en una entrevista, el presidente del Gobierno dijo que la Fiscalía, el fiscal general, dependía del presidente del Gobierno?
«La dependencia o independencia del fiscal general del Estado depende de cómo él decida ejercer su cargo»
Creo que lo dije anteriormente. Esa pregunta me perseguirá toda la vida y es posible que persiga a los fiscales generales que vengan durante toda su vida. Pero el sistema español está muy claro, hace que efectivamente sea el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, quien designe al fiscal general del Estado y a partir de ahí, y contrariamente a como sucede en otros países -que a veces nos olvidamos cómo funcionan los países de nuestro entorno- el fiscal general del Estado no puede ser cesado. La dependencia o independencia del fiscal general del Estado depende de cómo él decida ejercer su cargo. Eso es lo más importante. Pero el estatus de independencia lo tiene exactamente igual que cualquier magistrado del Tribunal Supremo de este país.
Relacionado con este tema
En abril presentó un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Alega que el juicio vulneró su derecho a la presunción de inocencia. ¿Cómo argumenta esa vulneración?
Está en el recurso del amparo para ir al Tribunal Constitucional. Hay que hacer mención al derecho fundamental que ha sido, en este caso, conculcado o presuntamente conculcado y era una construcción en base. El desarrollo de las pruebas del proceso y cómo esa forma de ver la prueba que se había desarrollado no era suficiente o no debía ser suficiente para vencer también un axioma imprescindible en un Estado democrático, como es la presunción de inocencia. Sería demasiado largo de desarrollar cada uno de los puntos en los que un recurso de amparo se activa, pero básicamente es eso.
¿Estaría dispuesto a llevar su reclamación hasta los tribunales europeos si hiciera falta?
No me gusta hacer futuribles. Yo creo en la justicia de mi país y creo que el Tribunal Constitucional es parte también del entramado jurisdiccional, aunque sea una jurisdicción diferente. Prefiero pensar que lo que yo entiendo que es justo se resolverá en el tribunal español que corresponda.
Otro futurible: si se resolviera en el Constitucional, además de ello, ¿qué otras acciones reparadoras podrían devolver su honorabilidad, quizás al margen del proceso jurisdiccional?
García Ortiz responde a las preguntas de Ana Pardo de Vera y Sato Díaz
Es difícil reparar lo que ha ocurrido. Honestamente, creo que podría tener algún tipo de satisfacción moral, interna, íntima, familiar o del entorno… Pero es muy difícil repararlo.
¿A día de hoy se arrepiente de no haber dimitido antes de la condena?
«Dimitir o no dimitir era un dilema. Haber dimitido hubiera evitado algunas cosas, pero hubiera ocasionado otras»
No, yo creo que tenía coherencia continuar en el cargo hasta saber cuál iba a ser la resolución del tribunal. Era coherente, pero también lo he planteado muchas veces: dimitir o no dimitir era un dilema. Y los dilemas no son algo que sean blanco o negro. Es un dilema, y así se define precisamente, porque no tiene una buena solución, una solución clara. Haber dimitido hubiera evitado algunas cosas, pero hubiera ocasionado otras. Y no dimitir también tuvo sus problemas.
Yo me lo pensé mucho. Escuché a mucha gente, escuché a amigos, escuché a gente no tan amiga y tomé la decisión porque entendía que era lo mejor para la Fiscalía española que el fiscal general del Estado sólo pudiera ser relevado de su cargo con una sentencia del Tribunal Supremo de este país y no anticipadamente, porque pensaba que eso nos hacía más débiles.
Habla del Tribunal Supremo. ¿Cree que hay que modificar que las personas aforadas, que son juzgadas en la Sala Segunda, no tengan instancias superiores a las que recurrir?
El aforamiento, contrariamente a lo que se piensa, es una desventaja procesal. El derecho a la segunda instancia está reconocido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, sin embargo, los aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo carecen de esa segunda instancia. Está tolerado. No digo que sea ilegal, pero esa posibilidad de recurso ya no se tiene. Esto hace que el Tribunal Supremo funcione como un tribunal de instrucción, de cautelares, de enjuiciamiento y de definición, es decir, de sentencia definitiva.
Es una cuestión que quizá debamos plantearnos o deba plantearse el legislador en el futuro: qué papel debe corresponderle, en la arquitectura de todo el sistema judicial español, a la Sala Segunda Tribunal Supremo, a la sala del artículo 61, a la propia Fiscalía o el propio régimen de aforados. No está mal discutir o comentar cómo debe organizarse la Justicia, es lo más sano que podemos hacer. Ver qué funciona, qué no funciona y proponer soluciones. No hay nada escrito que funcione perfectamente y todos los países, y nosotros también, debemos revisar nuestros sistemas continuamente. No estamos ofendiendo a nadie cuando cuestionamos que algo puede funcionar mucho mejor.
Pues pasamos a la parte más actual. ¿Conoce usted a Leire Díez?
«Creo que yo no debo entrar ni siquiera a responder a esa pregunta [si conoce a Leire Díez]. Hay algo que está ocurriendo, que es convertir en un espectáculo público las instrucciones»
Creo que yo no debo entrar ni siquiera a responder a esa pregunta. No puedo valorar, ni comentar, ni quiero entrar en el juego de hacer una afirmación o una negación sobre algo que debe estar bajo el secreto de sumario y amparado por la fase reservada que corresponde a la instrucción del procedimiento. Creo que hay algo que está ocurriendo, que es convertir en un espectáculo público las instrucciones, las investigaciones, aunque sean con amparo judicial. Y yo no voy a contribuir ni sumándome, ni comentando, ni diciendo, ni negando, ni afirmando absolutamente nada de lo que pueda haber en un atestado o en un sumario.
Habla de cómo se han convertido los informes de la policía judicial, sea la UCO o sea la UDEF, y las investigaciones en espectáculo, frase por frase, interpretación por interpretación. ¿Cómo perjudica eso a la persona que está siendo investigada y a su presunción de inocencia?
Creo que es un procedimiento del siglo XIX, no podemos olvidarlo, que no está diseñado para el siglo XXI. Desde luego, en la fase más secreta del procedimiento se trataba precisamente de preservarla ante terceros; que no se conociera nada para que luego, en el juicio oral, de una manera pública, se vieran todas las pruebas. Esa era la idea. Si anticipamos ese juicio público a esa fase anterior, no estamos en un supuesto ni de igualdad, ni haciéndolo con ningún tipo de garantías. Porque estamos destilando punto por punto, frase por frase lo que a uno de los bandos de la polarización puede interesar respecto de un sumario o de otro. Yo creo que eso es malo para la justicia. Estoy convencido de que hay que reformar el sistema. Este sistema no nos sirve.
Quizás algo tiene que ver en esta espectacularización de las investigaciones judicialeslo que mencionaba el ministro Óscar Puente esta semana. En el momento en el que se hacía esta entrevista, el ministro aseguraba literalmente que se quiere “tumbar al Gobierno con medios nada democráticos”. Esto ha generado la reacción de las asociaciones judiciales que han reclamado medidas al Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le parecen estas declaraciones de miembros del Consejo de Ministros?
No debo entrar a valorar las declaraciones del ministro y me atrevería a decir que tampoco de las asociaciones judiciales o fiscales. Yo creo que debemos confiar en el sistema español. Es mi mensaje institucional y creo que me debo quedar ahí. No quiero ir más allá.
Tenemos la sensación de que hay determinadas instituciones que no se pueden criticar, como antaño ocurría con la monarquía, que decías algo y te secuestraban la publicación, te llevaban a juicio o te denunciaban. ¿Se puede criticar a los jueces o a los fiscales? ¿Cuál cree usted que es el límite en el que empieza la crítica y termina el respeto entre instituciones o entre poderes?
«No puede haber instituciones blindadas de cualquier tipo de crítica»
No sólo se puede, se debe criticar a las instituciones. El debate es la esencia del funcionamiento de una democracia. Lo que no puede haber es instituciones blindadas de cualquier tipo de crítica. Fíjese que lo digo como fiscal general del Estado. Podría yo también decir que las asociaciones fiscales o judiciales no defienden al fiscal general del Estado, una figura democrática constitucionalmente validada, o no defienden, por ejemplo, al Tribunal Constitucional, otro órgano de nuestra parte de la justicia importantísimo.
Vayamos a un debate, pero vayamos a un debate sano. Sin insultos, sin ningún tipo de apreciación, menosprecio o de caricaturización de los personajes. No se puede usted imaginar las cosas que se han dicho de mí, los apodos que se me han puesto y la forma de referirse nada menos que al fiscal general del Estado. Además, en medios, eso me parece inaceptable. Y me parecería igual de inaceptable con cualquier otra institución. Lo que creo es que todas estamos sometidas a la crítica, pero todas a una crítica sensata y razonable. No podemos criticar que se nos critica. Lo que podemos criticar es cómo se nos critica, eso sí.
¿Cree que las redes sociales han pervertido, ensuciado o embarrado la perspectiva que debe tener el ciudadano frente al respeto institucional?
A veces, cuando hablamos de las redes sociales, parece que nos quitamos nosotros la responsabilidad. Quizás sea nuestra reacción frente a las redes sociales lo que se está pervirtiendo. Hemos perdido el mensaje institucional. Yo creo que como lo dice una red social lo reproducimos, pero lo reproducimos con esa ampliación que tienen los medios de comunicación masivos, que tienen los actuales medios de comunicación, que es completamente diferente. Y parece que así hay menos responsabilidad. Parece que se diluye si se cifra en una fuente que ha escuchado en cualquier otro sitio, que no tiene por qué ser tan fiable como la que él tendría como periodista.
Creo que las redes, internet, los nuevos sistemas de comunicación, la inteligencia artificial… cambian absolutamente el panorama en un Estado democrático. No solo en la información, también en la transmisión de la información, en cómo y de qué manera se comunica y cómo nos relacionamos y ejercemos nuestra acción política. Y no sólo digo votar, digo ejercemos nuestra acción política en todos los sentidos.
¿Técnica y jurídicamente, por qué se imputa al señor Rodríguez Zapatero? Está siendo mencionado por terceros, pero su voz o sus escritos no aparecen por ningún lado y, sin embargo, presuntamente está cometiendo delitos. Sin embargo, al señor Mariano Rajoy, que también aparece mencionado por terceros en innumerables ocasiones, como es el caso Kitchen, no se le imputa.
Yo sería imprudente absolutamente si entrara solamente en cualquiera de esos comentarios. No puedo entrar porque no me considero un opinador público y hay una responsabilidad como ex fiscal general del Estado que yo tengo que mantener, una prudencia institucional.
¿Está de acuerdo en que hay una doble vara de medir en los tribunales?
…
Le puedo preguntar por esto, porque usted no es periodista. ¿Qué opina de la situación de acoso a la que estamos sometidos los periodistas, la prensa progresista y políticos de izquierdas por algunos que se dicen periodistas, pero que son terminales de la ultraderecha?
«Limitar el libre ejercicio del derecho a la información debe ser censurado»
Yo creo que cualquier situación de acoso es indeseable, absolutamente indeseable. Si además tiene un sesgo, una finalidad concreta, si además no es periodismo, sino que es casi un arribismo, creo que más todavía merecen una condena, por supuesto. Todo lo que sea limitar el libre ejercicio del derecho a la información debe ser censurado y es censurable. Naturalmente, no puedo verlo de otra manera.
¿Hay jueces haciendo política?
García Ortiz durante la entrevista con ‘Público’.
Creo que los jueces y los fiscales, de alguna manera, y lo voy a decir en el sentido noble del término, hacemos política todos los días, porque todos los días intentamos buscar soluciones a problemas. A mí me gusta hablar de los jueces y de los fiscales, pues todos somos la Justicia, en términos mucho más amplios. Hay mucha gente en este país, muchos altísimos profesionales trabajando denodadamente a pie de calle y me atrevería a decir con las víctimas, con los problemas reales de la gente, con las demandas de los ciudadanos. Hacen una labor excepcional y, en ese sentido, hacen política porque tratan de resolver de la manera que la ley les indica los derechos de los ciudadanos.
Otro tipo de políticas… A mí no me cabe en la cabeza, pero de la misma manera que hay periodistas que no son periodistas, habrá profesionales de la Justicia que no lo sean, y habrá malos profesionales como los hay en todas partes. Lo que tiene que conseguir un sistema democrático en algo tan sensible como es la Justicia es ser capaz de detectar lo que no está funcionando bien, saber definirlo o establecer un sistema de contrapesos para que eso no sea de esa manera. Que en la aplicación de la ley se aplique el principio de igualdad. Tener el sistema de contrapesos para que eso sea así.
Hay una judicialización de la vida política en este país. Cada vez tiene más protagonismo lo que dicen los tribunales en el día a día de la política en este país. ¿Qué importancia tuvo para esto el juicio del procés?
«Todo llega al juez de instrucción, y yo creo que profesionalmente no están para eso»
Creo que no viene del procés. Creo que viene del propio sistema procesal español, que, por supuesto, tiene una traducción también en los hechos que derivan de la sentencia del procés. Pero viene quizá de antes. En nuestro sistema hemos puesto al juez de instrucción como el primer valedor de lo que se hace bien o lo que se hace mal en un país. No hay ningún veto, ningún filtro para que se acuda directamente a un juez a que diga si una cosa es delito o no es delito y lo equiparamos a estar bien o está mal hecho. Eso coloca al juez de instrucción en una situación muy delicada. Es muy difícil ser juez de instrucción, muy difícil, muy complicado. No hay ninguna barrera, no hay ningún paso previo para llegar al juez de instrucción. El ciudadano, una acción popular, un querellante se puede dirigir directamente al juez instructor.
Yo creo que el sistema está mal diseñado. Estaba mejor diseñado antes. Ahora está mal diseñado porque todo llega al juez de instrucción y yo creo que profesionalmente no están para eso. Los jueces de instrucción están para que el proceso se inicie cuando hay indicios suficientes de que puede haber un delito. Entonces, antes de una labor judicial ha de haber una labor policial y, si me apura, una labor del Ministerio Fiscal. Y después llegar a un juez de instrucción. Pero aquí ese recorrido anterior lo hemos recorrido de un salto y por eso tenemos esa cantidad ingente de denuncias, de querellas y actuaciones procesales que lo que tratan es de llevar a los tribunales toda la vida pública y política de un país. Eso no es sano, evidentemente.
En este sentido, ¿cree que es acertada la propuesta del Gobierno de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que traslada la dirección de las investigaciones penales de los jueces de instrucción a los fiscales?
No es sólo del Gobierno. Hay un pacto de Estado desde 2002 en el que los dos partidos mayoritarios entendieron que el camino es el que ha seguido toda Europa y que ha seguido la mayor parte de Iberoamérica. Este es que el Ministerio Fiscal es el que realiza las investigaciones y somete su investigación y su pretensión acusatoria a un juez de garantías como árbitro del proceso, no como elemento investigador y decisor del proceso. Es el sistema más lógico, está dentro de la lógica más absoluta y, como es lógico, lo tienen en el resto de los países. Somos una isla dentro de Europa. A mí me costaba mucho, como fiscal general, cuando viajaba a otros países, explicar qué hace un fiscal en España… Me costaba mucho. Y si usted le pregunta a los espectadores o a los lectores de Público qué es lo que hace exactamente un fiscal, se encontraría con que mucha gente no sabe exactamente lo que hacemos, porque es muy complicado un sistema en el que el juez de instrucción lo puede hacer todo y el fiscal solamente acompaña a ese juez de instrucción y a la vezlas acusaciones populares y las acciones populares tienen el mismo poder que la Fiscalía, que no tiene el monopolio de la acusación, porque es un sistema que se ha tornado mucho más complejo de lo que era.
Decía que el procés no es el inicio del problema de la judicialización de la política, pero sí que fue un hito importante en la historia reciente de la política en este país. ¿Qué errores cree que se cometieron en la respuesta del Estado al procés?
No me atrevo a hacer un juicio de valor sobre eso. Yo creo que fue una etapa muy complicada, muy difícil, en la que se puso a muchas instituciones al borde del abismo. Fueron unos hechos suficientemente graves como para comprometer a muchas instituciones y la respuesta institucional fue desigual, en algunos casos mejor, en unos peor, pero yo no me atrevo a hacer un juicio.
No se atreverá a decirme si cree que ha habido presos políticos en España en el actual período democrático.
No, yo creo que el concepto de preso político… Políticos presos sí, sabe que se jugó mucho con esta expresión. Presos políticos no me atrevería a decirlo, pero yo creo que no debo entrar en esas circunstancias. Ni viví como fiscal general el procés -sí la amnistía desde luego- ni tengo elementos suficientes como para decirlo o dejar de decirlo. Es más, prefiero también institucionalmente reservar la figura del fiscal general para que no critique de una manera acerada o alabe tampoco de una manera excesiva lo que hayan hecho sus predecesores.
Como habla de la amnistía, ¿qué le parece que jueces y fiscales se hayan manifestado contra la ley de amnistía a los dirigentes independentistas?
La Fiscalía, cuando yo era fiscal general, dio su opinión sobre la amnistía, que no es una opinión de si me gusta más o me gusta menos la amnistía, no estamos para eso. Cada uno tiene los gustos que quiere, hay a quien le gusta una bebida, un licor, un dulce… Lo que debemos saber es si podemos comer o podemos beber, es decir, si la amnistía es una opción legítima en el Estado de derecho español, si nuestra Constitución le da al Legislativo la opción de tomar el camino de la amnistía, o no. Eso es lo que debería decir la Fiscalía, eso es lo que dijimos.
La opinión sobre los hechos de la amnistía le corresponde, cómo no, a los representantes públicos, a los representantes políticos, para eso los elegimos. Lo que a nosotros nos preguntan es: ¿cree usted que cabe en el Estado de derecho español la amnistía? Nuestra respuesta era que sí, pero no opinamos, no tenemos por qué opinar.
Hablaba de si debemos criticar las instituciones para mejorar la democracia, la crítica como un elemento de mejora de nuestro sistema democrático. ¿Qué reformas considera que deben hacerse para democratizar la justicia y evitar las interferencias mutuas entre poderes, o sea, la judicialización de la política o la politización de la justicia?
Hay que hacer la gran reforma procesal que no se ha hecho en España. Todas las leyes, la civil, la social, la contenciosa, las leyes de procedimiento se han modificado excepto la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tenemos una ley del siglo XIX y merece la pena, incluso le diría, aprovechar la oportunidad de los nuevos instrumentos digitales y de inteligencia artificial para ponernos a la vanguardia del mundo y hacer una ley procesal en la que el reparto de roles, por un lado, cambie, no sea el que tenemos ahora mismo, y, por otro lado, pues tengamos algunos conceptos que vamos teniendo quizá olvidados y que a mí sí me gusta hablar de ellos.
Por ejemplo, la soberanía digital. Por ejemplo, tener sistemas cerrados de comunicación dentro de los tribunales y no depender de las administraciones públicas, porque dependemos de las administraciones públicas, no sólo del Ministerio de Justicia, también de las administraciones públicas de las comunidades autónomas que lo tienen transferido. Necesitamos soberanía digital y necesitamos autonomía presupuestaria. Me refiero a la Fiscalía y a la Justicia, y necesitamos cambiar el sistema. Es evidente que el futuro, los ciudadanos, la ciudadanía de este país, merece otra respuesta por parte de las instituciones en la Justicia.
La primera entrega de premios de la asociación de ultraderecha Luz de Trento tendrá lugar en un edificio del Ministerio de Defensa. La organización franquista celebrará el próximo día 27 de junio un acto en la Residencia Militar Alcázar de Madrid, perteneciente a la cartera que dirige Margarita Robles. En el acto se premiará a varias figuras reconocidas en el ámbito de la ultraderecha.
La Residencia Militar Alcázar, situada en la calle Diego de León de Madrid, está bajo la órbita de la Subsecretaría de Defensa. Público contactó este jueves con el ministerio que dirige Margarita Robles para conocer si estaba al corriente del carácter del encuentro que tendrá lugar en dichas dependencias. De momento, no ha habido respuesta.
El acto contará con la participación del sacerdote Gabriel Calvo, quien también será premiado por los organizadores del encuentro. Este religioso participó en abril de 2024 en unas jornadas de Luz de Trento en las que reivindicó la figura del dictador Francisco Franco. Según consta en un vídeo de esas charlas, Calvo habló a sus seguidores con un pequeño busto del dictador sobre la mesa.
Relacionado con este tema
Cartel del acto Luz de Trento en la residencia militar Alcázar de Madrid.
En esa conferencia, el sacerdote afirmó que «el general Franco no solamente vence militarmente, sino que vence moralmente». Recordó además que el Vaticano concedió en 1953 a Franco la «máxima distinción» otorgada por la Santa Sede, el Gran Collar de la Suprema Orden de Cristo. Esa distinción nunca fue retirada.
Luz de Trento también premiará al presentador José Javier Esparza y al historiador Alberto Bárcena. Ambos figuran además como oradores durante el encuentro organizado por esta asociación de extrema derecha. También se prevé una charla a cargo de Calvo en torno a la figura de Isabel la Católica.
En la primera versión de la convocatoria del evento también figuraba entre los premiados Jaime Alonso, un veterano militante de extrema derecha que ha ejercido como vicepresidente y portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).
Relacionado con este tema
En una entrevista ofrecida al medio de ultraderecha El Toro TV en mayo de 2025, Alonso subrayó que el dictador creó «un Estado sin partidos políticos, y eso es algo que no pueden entender los demócratas de hoy».
Agradecidos con Franco
La asociación a cargo del evento cuenta con registro en el fichero de asociaciones de la Comunidad de Madrid y también actúa como empresa editora de libros. En febrero de 2025 organizó un acto de exaltación de la dictadura que se celebró en un salón de eventos situado en Casa de Campo (Madrid).
El 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, publicó un mensaje en su canal oficial en Telegram -donde cuenta con más de 2.400 seguidores- en el que agradecía a Franco por «hacer a España grande otra vez», «edificar una nación cristiana» o establecer «la concordia entre españoles» y «hermanar los pueblos y tierras de España».
«Gracias por librarnos de la corrupción liberal y del crimen,el terror y la miseria socialista«, subrayaba Luz de Trento en esa misma publicación, en la que incluyó una foto del dictador golpista.
Fusilar a 26 millones
No es la primera vez que la Residencia Militar Alcázar se ve envuelta en un episodio de estas características. El 20 de noviembre de 2024 –coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco– miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire intentaron organizar un encuentro en esas dependencias. Según informó entonces Público, entre los invitados estaban los miembros del chat de antiguos oficiales que en 2020 plantearon fusilar a 26 millones de personas y dar un golpe de Estado contra Pedro Sánchez.
El teniente coronel de aviación (retirado) José Ignacio Domínguez, un integrante de esa promoción que abandonó aquel chat y denunció lo ocurrido, se dirigió entonces por escrito al director de la residencia para pedirle que impidiese la celebración del evento.
“He solicitado al Coronel Director de la Residencia Militar Alcázar que desconvoque la reunión, pero me ha contestado que se trata de una reserva particular, no de promoción, que cumple con toda la normativa vigente para reunirse», señaló Domínguez en una carta remitida a la ministra de Defensa. Finalmente, Robles intervino en este caso e impidió que se celebrase el encuentro.
Actos en la catedral
Otro lugar propiedad del Ministerio de Densa que ha acogido homenajes religiosos a figuras vinculadas a la ultraderecha es la Catedral de las Fuerzas Armadas. En abril de 2023, se celebró en ese templo el funeral de Carmen Alemán Artiles, ex candidata del partido Alternativa Española en 2008 y de reconocida militancia en organizaciones de extrema derecha.
«Colaboró intensamente con el movimiento liderado por Blas Piñar, siempre activamente, aunque desde un segundo plano, pero haciendo fotos, atendiendo puestos, colocando cosas, atendiendo a la logística y preparación de todo», afirmó el Movimiento Católico Español tras su fallecimiento.
En diciembre de 2022, la Catedral de las Fuerzas Armadas fue escenario del funeral de Carmen Diez Pereira, esposa del golpista Antonio Tejero. Tras conocer ese acto a raíz de un artículo de Público, el entonces senador de Compromís Carles Mulet formuló una pregunta escrita al Gobierno.
«La Catedral Castrense, sita en la calle Sacramento número 11 de Madrid, es un lugar de culto en el que se celebran actos de carácter religioso, no siendo considerada como lugar de exaltación golpista«, señaló entonces el Ejecutivo en una escueta respuesta.
Charla sobre exorcismo
El último episodio polémico en centros militares se registró el pasado 10 de abril en la Base Militar Jaime I de Bétera (València), donde se celebró una conferencia sobre exorcismos a cargo del sacerdote Javier Luzón.
Compromís remitió una serie de preguntas al Gobierno para que explicase si al Ministerio de Defensa «le parece adecuado» que, en un Estado aconfesional, se realice un acto sin «base científica» en «una instalación pública que opera por y para el Ejército español». En su respuesta, Defensa consideró «absolutamente inadecuada la celebración del acto».
El exjuez Baltasar Garzón publica La democracia amenazada (Planeta), cuyo subtítulo es elocuente: Cuando el fascismo ataca la convivencia. Sale a la venta justo después de que el Tribunal Supremo rechazase su pretensión de ser readmitido en la carrera judicial. De eso habla en esta entrevista, en la que se retrotrae a algunos casos mediáticos del pasado, de los GAL a la Operación Nécora. Aunque, como ha venido a hablar de su libro, profundiza en la amenaza ultra, en la crisis de la izquierda, en los crímenes del franquismo, en los casos de corrupción, en el lawfare o en la herencia franquista de la derecha española.
Empecemos por el final del libro, que es el principio de todo: la juventud. En los jóvenes, escribe en La democracia amenazada, está la solución a los problemas, aunque le preocupa el creciente desprecio al feminismo y la deriva hacia planteamientos autoritarios o posfascistas.
Sí, yo veo un problema en la juventud y estamos en riesgo quizá porque no hemos sabido atajar a tiempo lo que otros, y especialmente la extrema derecha, sí interpretaron clarísimamente: la utilización de las redes sociales, las dinámicas de los influencers y de los algoritmos, dónde estaba el futuro… Hace cuatro años, en Los disfraces del fascismo, anunciaba, advertía de que podía producirse esta deriva, pero realmente no creía que se produciría esta involución. En paralelo, otro sector de la juventud está muy comprometido. Debemos ejercer nuestra responsabilidad porque tenemos esa obligación de pedagogía. ¿Cómo hacerlo? No queda otra que adaptarse y hacer ver a ese 20 o 25% de jóvenes con dinámicas regresivas que están equivocados.
¿Cómo?
Ese es el reto. Yo no tengo la solución, está en ellos y en esa labor de pedagogía y en ese ejercicio de transmisión de memoria y de lecciones aprendidas. La izquierda está perdiendo y los progresistas han perdido el norte, porque se distraen en luchas internas y en la anulación de unas iniciativas con otras. Es muy frustrante, aunque algo tenemos que hacer: ¿no nos damos cuenta de que nos están comiendo el terreno? Hemos perdido la calle.
Relacionado con este tema
¿Quiere decir que la izquierda ha perdido la calle?
Sí. Cuando digo «la hemos perdido» es porque hablo como progresista. O sea, hemos dejado espacios vacantes y la derecha, pero sobre todo la extrema derecha, sabía que los tenía que ocupar y lo ha hecho. Históricamente ocurrió lo mismo a inicios de los años noventa: se produjo un declive porque dejamos espacio. No podemos aceptar que sea normal que se pasen no sé cuántos meses frente a las sedes de un partido político diciendo barbaridades, o que hagan manifestaciones en defensa de la patria, como si no fuera nuestra patria también. Es decir, en la izquierda ha habido mucha decepción. Quizá por cansancio, quizá por aburrimiento, quizá porque creíamos que todo estaba conseguido, y ahora vemos que no es así. Sin embargo, a la vez hay un segmento de la juventud muy comprometido, y tenemos que acercarnos y descubrirlo.
«El poder en España es conservador y para la derecha los demás son usurpadores»
En tiempos de poderes autoritarios, «nos han robado la utopía», escribe en el libro.
Quizá sería mejor decir el camino hacia la esperanza y hacia esas luchas que en un momento eran utópicas, pero en las que tal vez teníamos que haber seguido insistiendo, porque ahí es donde está la solución. Si consentimos lo que está ocurriendo, al final no quedará ni esa esperanza ni esa lucha por mejorar, solo sobrevivir.
¿Cuál es la amenaza más urgente para la democracia de España?
La pérdida de confianza en el sistema político de partidos y en la Administración de Justicia.
Lo que, de alguna manera, termina favoreciendo al populismo, a la extrema derecha y, si lo quiere personificar, a Vox.
Efectivamente, esa es la dinámica. Como dice Enzo Traverso, se apropian de los espacios, consentimos esa apropiación y entonces se queda la democracia vacía. Esos discursos de insulto y de descalificación no son una casualidad, sino el mecanismo y el sistema para vaciar la democracia y para que no podamos analizar. Cuando se le pregunta al Partido Popular o a la extrema derecha: «¿cuál es su programa o su alternativa?», no hay respuesta nunca. No es que no la tengan, sino que no la quieren exponer.
Baltasar Garzón, autor del libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
¿Dónde quedó el Feijóo gestor y estadista?
En Galicia.
¿Por qué la derecha no tolera un Gobierno progresista?
Porque considera que el poder es suyo. En España tenemos un grave problema: la derecha no ha aprendido y sigue con códigos de la dictadura. La apropiación del poder durante el franquismo se transmite sin solución de continuidad, a través de la Transición, a los planteamientos de Alianza Popular y del Partido Popular. El poder en España es conservador, o sea, de la derecha. Los demás son usurpadores. Aceptando que la moción de censura es un mecanismo constitucional, eso sería suficiente para no decir que el Gobierno es ilegítimo. Sin embargo, desde 2018 mantienen ese discurso.
«El que pueda hacer que haga», clamaba Aznar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un mensaje que ha vuelto a repetir tras la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Se la esperaba?
Siempre habla el que más tiene que callar. Nadie se ocupa de las actividades de Aznar como expresidente ni se establece una comparativa entre Zapatero y sus antecesores. Tampoco con los mandatarios extranjeros, que también hacen lo mismo. No justifico ninguna de ellas ni tampoco las auspicio, solo digo que hay que regular la actividad de los ex altos cargos para definir lo que es estrictamente privado y lo que es consecuencia del cargo que has ocupado. En el libro trato el fenómeno de los lobbies. En España hay proyectos de ley que se están tramitando y que no avanzan. Este sería un momento idóneo para regular esa materia. Por otra parte, respetemos los tiempos penales, porque el investigado no ha comparecido ante el juez y ya está sentenciado y aniquilado.
¿Pero usted se esperaba la investigación a Zapatero?
Claro que me sorprendió. Ahora bien, la presunción de culpabilidad contra una persona es grave. Evidentemente, si se imputa un tráfico de influencias, habrá que demostrar que ha existido. Mientras tanto, deberíamos ser prudentes a la hora de calificar. No por tener relación con Venezuela ya es malo, mientras que tenerla con el señor Donald Trump es palabra de Dios.
«La izquierda ha perdido la calle y la extrema derecha ha ocupado los espacios que dejamos vacantes»
El Tribunal Supremo acaba de rechazar su pretensión de ser readmitido en la carrera judicial. ¿La echa de menos?
Con este sistema judicial no me apetece en absoluto formar parte del ejercicio de la profesión de juez. Lo único que yo he procurado es que se cumpla un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ratificado por España y vinculante para España, que señala que hubo una sentencia arbitraria, parcial y sin previsibilidad penal. Yo no cuestiono la sentencia. Ya recurrí al Tribunal Constitucional y no se me hizo caso, pero el Comité ha dicho que los efectos se tienen que reparar. Si no lo entiende así el Tribunal Supremo, volvemos a un problema grave: la interpretación en materia de derechos humanos de la Justicia española es más que cuestionable. Rechazamos cualquier dictamen de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas porque creemos que somos los poseedores de la verdad, y no es así.
En todo caso, una resolución positiva habría llegado, a su edad, demasiado tarde, porque la pena fue severa: once años de inhabilitación.
No podría, porque ya tengo la edad de jubilación. Es una cuestión de principios. O sea, ya no estoy peleando por mí, sino para que un país democrático cumpla los convenios internacionales de derechos humanos que ha ratificado. Yo pedía una reparación integral, como decía el Comité. Si no se entiende así, seguiré peleando.
¿Se equivocó al ordenar las escuchas entre los responsables de la trama Gürtel y sus abogados?
No. Había indicios de que seguían blanqueando y que podían utilizar las estructuras de los abogados. Mi resolución judicial estaba motivada y tenía amparo legal. Se podía discrepar de esa interpretación, pero una discrepancia en la interpretación de la ley no puede dar lugar a un delito de prevaricación. Eso es lo que sostiene el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité consideró que la condena fue «arbitraria e imprevisible» y duda que tuviese «acceso a un tribunal independiente e imparcial». También se refería a la causa contra los crímenes del franquismo, por la que fue acusado de prevaricación por el pseudosindicato ultra Manos Limpias, aunque luego fue absuelto. ¿Cree que sufrió una persecución por atreverse a investigar las tropelías de la dictadura?
Yo creo que sí. No tiene otra explicación. La Ley de Amnistía no puede amparar los hechos atroces y los crímenes contra la humanidad. Catorce años después, la Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce los argumentos del auto. Y respecto a las escuchas, la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce como posible lo que yo hice.
Baltasar Garzón, autor del libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
¿Se considera más héroe o víctima?
Me da reparo considerarme víctima, porque víctimas son aquellos que han sufrido y siguen sufriendo la impunidad y el desconocimiento. En mi caso, héroe tampoco, porque hice lo que tenía que hacer, era mi obligación. No concibo el derecho si no es interpretándolo en defensa de la legalidad y de las víctimas. Digamos que soy un afectado por una interpretación muy particular de la Justicia española.
¿Hay modo humano de despolitizar la Justicia? ¿Y de evitar el lawfare? ¿Cómo se puede denunciar la instrumentalización judicial sin caer en una defensa ciega?
La cuestión no es si se despolitiza o no, porque los jueces somos personas normales y estamos contaminados de sociedad, y así debe ser. Tenemos cada uno nuestra ideología y, en la interpretación del Derecho, aplicas esas enseñanzas sin quebrantar los principios fundamentales, de forma más progresista o conservadora. En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, siempre tienes que ser progresista. Pero sí, se puede evitar el lawfare y la instrumentalización de la Justicia.
«Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la ley»
Coinciden varios casos judiciales que afectan al PSOE con el juicio de Kitchen. ¿Casualidad?
Los tiempos judiciales son diferentes. Un señalamiento del juicio de Kitchen no se hace de hoy para mañana. Y no veo al Tribunal Supremo poniéndose de acuerdo con la Audiencia Nacional. Han coincidido.
No duda en afirmar que hubo una «conspiración» para «aniquilar» a los fiscales generales del Estado. En el caso de Álvaro García Ortiz chapotean Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de presunto fraude fiscal, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. ¿El mundo al revés?
La actuación de Álvaro García Ortiz fue legítima. Emitió una nota desmintiendo una falacia. No se ha investigado la calumnia y se demostró que era un bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Y, mirando solo hacia un lado, se ha condenado a un inocente, porque solo se tomó en cuenta una versión.
¿El comisario Villarejo es un personaje de película?
No, es un personaje que está sometido a juicio, que tiene un discurso de sí mismo y sobre el que judicialmente tendrá que decidirse si lo que hizo en cada una de las fases fue correcto. Y ya se ha decidido que hubo materia delictiva. Evidentemente, se podría hacer una película sobre él, claro.
¿Qué dice de la democracia española la existencia de Villarejo?
Hubo un deterioro del Estado de derecho bajo el Gobierno del Partido Popular en el que se confundió la defensa de la democracia con el ataque absoluto a la misma. Y lo que debería haber sido una búsqueda de la verdad y de elementos que acreditaran la comisión de un delito se convirtió en la comisión de un delito para generar una impunidad y la protección del PP. Pero bueno, saltemos hacia atrás, porque eso ocurrió también con los GAL. Entonces, cualquier fenómeno que lleve a ocultar la realidad o que ponga a su servicio estructuras del Estado —en contra de la sociedad— es repudiable, es perseguible y debe ser erradicado.
Baltasar Garzón, autor del libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
Usted investigó terrorismo, narcotráfico, corrupción y crímenes de Estado. ¿Qué poder opuso más resistencia?
Probablemente la investigación más compleja y difícil fue la de los GAL, porque las propias estructuras de las personas afectadas y del Ministerio del Interior se pusieron al servicio no de la investigación, sino para bloquear la misma. La única ayuda que tenía para investigar era un funcionario de Policía con un Seat 124. Cuando Francisco Paesa se dio cuenta de que lo estaba siguiendo, pegó un acelerón con su Jaguar y lo dejó plantado en un semáforo.
Usted fue el juez instructor de la Operación Nécora. ¿Qué falló para que no hubiese más condenas?
No es que fallara, sino que fuimos exactamente por lo que teníamos que ir. Con lo que teníamos, era necesario intervenir. Las estructuras dirigentes de la Policía no eran partidarias de hacerla, pero fue necesario porque se corría el riesgo de que Galicia se convirtiera en un escenario muy difícil de gobernar en el área de la investigación criminal contra el narcotráfico. Más allá del éxito final, que tampoco fue tan malo —hubo un 75% de condenas—, si no se actuaba se podía correr el riesgo de que aquello fuera insoportable. Teníamos que recuperar la calle para las víctimas, y eso se consiguió, aunque evidentemente el narcotráfico no se terminó.
Todavía no hemos hablado de Donald Trump. Después de la invasión de Venezuela, ¿puede ser el turno de Cuba?
Vivimos en una inseguridad jurídica total. Desde el momento en que la llamada primera democracia del mundo pone sus esfuerzos al servicio de aniquilar la arquitectura internacional, de prescindir del derecho internacional, de eliminar organismos internacionales o retirarse de los mismos, pues no queda más que el poder de su voluntad y la arbitrariedad. Como tiene poder y lo ejerce, corremos un serio riesgo, como estamos viendo: ejecuciones extrajudiciales en alta mar, invasión de un país para detener a su presidente, apoyar las masacres de Gaza, bombardear Irán o causar la muerte de decenas de niños y sus profesores en una escuela. Evidentemente, es un riesgo para la democracia y para toda la humanidad.
«Gaza es un resort, Venezuela un campo de petróleo», escribe en el libro. ¿Qué es España después de que Sánchez le plantase cara a Trump?
Es una cuestión de dignidad. A mí, como ciudadano español, me enorgullece que el presidente del Gobierno, esté o no esté de acuerdo con él, plante cara, como en su momento lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero ante una guerra ilegal. O tienes el valor de denunciarlo o estamos perdidos.
¿Cree que Netanyahu será condenado algún día?
Va a ser condenado en su país seguro, porque en gran parte todo lo que está desarrollando es para evitar los tres procesos por corrupción. Ahora bien, a nivel de la Corte Penal Internacional, no sé si alguna vez alguien decidirá detenerlo para juzgarlo.
«Me enorgullece que Pedro Sánchez plante cara a Trump, es una cuestión de dignidad»
¿Concibe un nuevo Gobierno de Sánchez tras las elecciones? Si no fuese así, ¿qué futuro le augura al país y a la memoria histórica?
Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la Ley de Memoria Democrática, porque lo estamos viendo en los gobiernos autonómicos. En cuanto a la posibilidad de que haya un Gobierno conservador, no tengo ningún miedo, porque ya lo ha habido. Sí que tengo miedo de que sea un Gobierno como en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón o en Andalucía, y que se introduzcan elementos como el de la prioridad nacional. De eso trata este libro: de denunciar las amenazas contra la democracia. Y esa es una amenaza clarísima, porque incide en la discriminación, en la xenofobia, en el racismo, en la desigualdad… Y eso, hoy en día, es inaceptable.
¿Cree que el PSOE y el PP podrían haber evitado la llegada de la ultraderecha si en su día hubiesen pactado una gran coalición a la alemana?
Bueno, es que para pactar esa gran coalición tendríamos que ser alemanes y somos españoles.
La Xunta de Galicia pagó casi dos millones de euros en cinco años a empresas vinculadas a personas del entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo mediante 35 expedientes registrados en su plataforma de contratación como contratos menores, que fueron asignados por varios departamentos de la Administración autonómica y cuya cuantía excede el máximo legal de esa modalidad de contratación.
Se trata de 32 adjudicaciones a la cabecera y las filiales del Grupo Eulen, la compañía de seguridad, limpieza y servicios cuya directora para el noroeste de España es la hermana del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo; y otros tres con Universal Support, la firma coruñesa de telemárketing vinculada a la multinacional Konecta, de la que es director comercial Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas. A ellos se suman otras dos licitaciones consecutivas en favor de otra filial de la primera de esas sociedades que se valoraron sólo un céntimo por debajo del límite máximo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.
Esa norma considera contratos menores los que tienen un valor estimado inferior a 40.000 euros más el impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuando se trata de la ejecución de obras –es decir 48.400 euros aplicando el tipo ordinario de ese impuesto–, o a 15.000 euros más IVA –18.150 euros incluyéndolo– en el caso del suministro de bienes o la prestación de servicios. Esos contratos se pueden adjudicar directamente y sin concurso a cualquier empresa o persona física obviando las normas generales de publicidad, concurrencia y transparencia de la contratación pública convencional.
Relacionado con este tema
Si se acoge a ellos, la Administración tampoco está obligada a hacer pública la documentación completa de los expedientes, incluidas memorias justificativas; pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas; empresas que acuden al concurso o las valoraciones y resoluciones fundamentadas de las mesas de contratación, sino que puede facilitar sólo el objeto genérico del contrato, su duración e importe y la identidad del adjudicatario.
Según la documentación a la que ha podido acceder Público, hay 24 adjudicaciones a empresas vinculadas con la familia consanguínea o política de Feijóo que se otorgaron cuando este era presidente de la Xunta, por una suma global de 703.151 euros. Otras diez, por 1.232.822 euros, se concedieron bajo el mandato de su sucesor, Alfonso Rueda. En total, estos 34 contratos suman 1.935.973 euros.
La Xunta alega que los expedientes se registraron «por error» o «por incidentes en la codificación» como contratos menores, pero que en realidad no lo son
La Xunta alega que no se trata realmente de contratos menores, sino de pagos mensuales por convenios previos que sí se licitaron mediante procedimientos abiertos a otras empresas; de prórrogas de otros concursos públicos ganados por las citadas compañías; o de facturas de contratos menores por un valor inferior al límite legal, pero que fueron agrupadas en un mismo pago que sí lo supera. Los portavoces de los departamentos de la Administración autonómica que adjudicaron esos contratos, a preguntas de Público, indicaron que se habían registrado como licitaciones menores «por error» o por «incidentes en la codificación».
Los contratos con Universal Support
El 27 de abril de 2022, sólo tres días antes de que el Diario Oficial de Galicia anunciara la dimisión de Feijóo tras el anuncio de su marcha a Madrid para presidir el PP, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) publicó la adjudicación directa a Universal Support SA de dos contratos archivados como menores pero con valores superiores al tope legal: 170.757 y 33.317 euros, respectivamente. Las referencias que hizo públicas la Consellería de Sanidade contemplan un objeto muy similar: «Diciembre 2021 Call Center NA-SER-21-062» y «Diciembre 2021 Call Center NA-SER1-21-063».
Dos años antes, en 2021, la Xunta había contratado a Universal Support, una firma de telemárketing sin experiencia en el sector sanitario, para poner en marcha los centros de atención telefónica contra la covid y de seguimiento de los casos de la enfermedad. Aquel encargo fue por el procedimiento de emergencia, distinto al de la contratación menor pero que también permitía a la Xunta adjudicar sin concurso alegando el estado de alarma derivado de la pandemia.
El Sergas aseguró en una primera comunicación con Público que esos expedientes «figuran erróneamente como contratos menores» en su perfil de contratación «por un error en el código empleado en el documento contable». «En realidad se trata de pagos de facturas de dos contratos basados en el acuerdo marco de los servicios de contact-center de la línea de atención telefónica de la covid», indicó el organismo. Esa adjudicación se tramitó, con un valor estimado de dos céntimos de euro, por el procedimiento de la asociación para la innovación, que tampoco contempla el concurso público convencional y que, según la ley de contratos, permite a la Administración «invitar» a un empresario a «participar» en proyectos de investigación e innovación, tras una preselección entre las empresas candidatas que se presenten libremente si la oferta les interesa o la consideran rentable.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado enero en un acto en A Coruña.
Público preguntó en segunda instancia al Sergas por el reducido valor del convenio que dio lugar a los dos pagos a Universal Support registrados como contratos menores, así como por la elección de lamodalidad de la asociación para la innovación para adjudicárselo, cuando los anteriores acuerdos para los call center de la covid que había conveniado previamente con la misma empresa habían sido asignados por el procedimiento de emergencia.
Sobre lo primero, el Sergas explica que «el programa informático desde el que se sube la información a la plataforma [de contratación pública] exige cumplimentar necesariamente el campo ‘Presupuesto de licitación’, y en los acuerdos marco no existe dicho presupuesto». «El motivo por el que figura con 0,02 euros es porque un acuerdo marco no tiene, por definición, un presupuesto de licitación, sólo un valor estimado de los contratos que se basarán en él», añaden los portavoces del organismo.
En el caso de los que se sustanciaron en el convenio marco adjudicado a la empresa en la que trabajaba Cárdenas, por el que este diario volvió a pregunta al Sergas, el valor estimado que no aparece en la plataforma era en realidad de 3.812.850 euros, según admitió la Xunta a Público. El Gobierno gallego no ha aclarado si llegó a pagar a Universal Support todo ese importe en su integridad, ni por qué no lo incluyó en el apartado «Presupuesto de licitación» en vez de los 0,02 euros.
Sobre la elección de la modalidad de la asociación para la innovación, el Sergas explica que si bien «en un primer momento la situación del Estado de Alarma obligó a una respuesta urgente y solo procedía acudir a la [tramitación de] emergencia«, después, «en cierta medida estabilizada la situación pero existiendo brotes y continuando la necesidad de mantener el servicio, ya se procedió a contratarlos por los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, considerándose el más adecuado el acuerdo marco».
Además de esos dos contratos con Universal Support que fueron registrados «por error» como contratos menores, según la Xunta, este diario ha tenido conocimiento de otro expediente que, con idéntica referencia que el segundo, se publicó en enero de 2022 con el objeto «Contrato basado en el acuerdo marco de los servicios de contact center de la línea de atención telefónica del covid-19. Contrato complementario mes diciembre». Su valor era de otros 58.307 con IVA y su plazo de ejecución, cuatro días.
Sin respuesta
El Sergas se lo adjudicó a la empresa filial de Konecta mediante otro instrumento diferente a las anteriores: el procedimiento negociado sin publicidad, quela ley de contratos reserva a los casos en los que las administraciones no han recibido «ninguna oferta adecuada» en un procedimiento abierto previo; cuandose trata de un contrato declarado secreto o reservado, o cuando así lo exige «la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado», entre otras circunstancias excepcionales que incluyen la adquisición de obras de arte, bienes u objetos únicos, o la contratación de servicios que sólo presta una sola empresa sin competencia conocida.
Público ha preguntado a la Xunta por las circunstancias en las que se tramitó ese expediente y por qué bajo una misma referencia figuran dos contratos con presupuestos de licitación base diferentes. El Sergas asegura que no son contratos distintos sino el mismo: «El contrato NA-SER1-21-063 tenía un presupuesto de 58.307,48 euros, que no se ejecutaron totalmente, siendo facturados y pagados los 33.318,56 euros correspondientes a dicha factura de diciembre».
Lo cierto es que en su plataforma ésta última cifra no aparece como precio finalmente facturado sino como precio de licitación. El Sergas añade que ese pago «figura erróneamente en el portal como contrato menor por un error en el código empleado en el documento contable mediante el que se abonó la factura. Se tramitó un ADOK [un sistema de contabilidad que permite agrupar en un único documento todas las fases de la adjudicación] y se comunicó como contrato menor cuando no era tal, ya que se trataba del pago del contrato».
Este diario ha intentado sin éxito contactar con Ignacio Cárdenas. La empresa para la que trabaja, Konecta, especializada en la externalización de procesos de negocio y propiedad del empresario sevillano José María Pacheco, que adquirió Universal Support en 2012 al extinto Banco Popular, sí ha respondido a través de su agencia de prensa para asegurar que los tres contratos con la Xunta, que suman 262.383 euros «se llevaron a cabo conforme a los procedimientos internos y al marco normativo aplicable, tal y como es habitual en la organización».
Konecta, la multinacional para la que trabaja el cuñado de Feijóo, sostiene que las contrataciones «se llevaron a cabo conforme al marco normativo aplicable»
Los contratos con Eulen
En cuanto a la empresa de la que Micaela Núñez Feijóo es directora para el noroeste de España, el Sergas adjudicó a Eulen Seguridad SA entre abril y septiembre de 2024, es decir con Rueda ya en la presidencia de la Xunta, ocho contratos que también se registraron como menores y con un mismo objeto: «Seguridad». Todos superaban el tope legal de la contratación menor y suman un total de 1.187.094 euros.
Cinco de ellos fueron suscritos consecutivamente con la citada filial de Eulen en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024, por una cantidad idéntica: 222.254 euros con IVA, lo que multiplica por más de doce el tope establecido por la ley. La suma de esos cinco expedientes supera los 1,11 millones. Los otros tres, de 22.242, 25.211 y 28.367, están un 22%, un 39% y un 56%, respectivamente, por encima del máximo legal.
Sobre las cinco adjudicaciones con el mismo importe, el Sergas alega de nuevo que, como en el caso de Universal Support, no son en realidad contratos menores, y si aparecen como tales en sus registros es por «un error en la codificación del tipo de procedimiento». «Hay que tener en cuenta que, debido al enorme volumen de procedimientos que tramita la Administración autonómica, a veces se producen este tipo de incidentes en la codificación», relatan los portavoces de la Xunta.
Esas fuentes matizan que esos pagos que aparecen en sus registros como adjudicaciones de contratos menores sin concurso responden en realidad «a las prórrogas de un procedimiento abierto que se hicieron para garantizar la continuidad de un servicio público esencial, en este caso, de vigilancia y seguridad en el área sanitaria de A Coruña».
Público ha reclamado al Sergas en dos ocasiones la justificación documental de esas prórrogas dado que, si responden a un procedimiento de tramitación ordinaria abierta y no son por tanto contratos menores, la Administración está obligada por ley a hacerla pública. El organismo no ha facilitado esa documentación y se ha limitado a informar por correo electrónico que consideraba contestadas todas las preguntas que le planteó este diario.
En cuanto a las otras tres adjudicaciones a Eulen, se trata, según la versión de la Xunta, «de pagos de servicios de vigilancia de centros de salud», cuyas facturas «fueron agrupadas en el mismo pago pero individualmente y por objeto no exceden del importe del contrato menor«. El Sergas tampoco ha facilitado a Público la justificación documental que sustenta esa explicación, tal y como este diario le reclamó expresamente, ni a qué centros sanitarios concretos se refieren.
Contratos con la Consellería de Política Social
Además de los ocho contratos del Sergas con Eulen Seguridad SA, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, dependiente de la Consellería de Política Social y que financia los servicios a dependientes prestados por ayuntamientos y mancomunidades, también adjudicó a Eulen Servicios Sociosanitarios SA entre marzo de 2019 y marzo de 2024 otros 24 contratos registrados como menores, cuyos precios también exceden el tope legal y suman 544.803 euros. Es decir una media de 22.700 euros cada uno, un 25% sobre el máximo permitido.
La Consellería de Política Social de la Xunta, que dirige Fabiola García –esposa del exdirector de comunicación de Feijóo en la Xunta, Lucas Martinón– explica que esos pagos responden a facturas de cuatro conciertos previos, licitados en concurso público abierto y ganados por Eulen, para la gestión de cuatro de los 200 centros de la red del Consorcio. «Por la forma de tramitar su pago mensual aparecen reflejados en la plataforma como contratos menores» pero, según la Xunta, tampoco lo son. «La facturación se realiza por centro y por mes para facilitar la contabilidad y la liquidación del servicio», mantienen fuentes del departamento de Fabiola García.
La conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta, Fabiola García, en una imagen de 2022.
Por otro lado, la Consellería de Cultura, Educación e Universidades otorgó sin concurso a Eulen SA, la matriz del grupo, otros dos contratos menores consecutivos publicados en la misma fecha –el 3 de septiembre de 2021, cuando el responsable de ese departamento era Román Rodríguez– por 18.149,99 euros cada uno. Es decir solo un céntimo por debajo del tope máximo de 18.150 euros que habría obligado a convocar un concurso abierto a su competencia. El objeto de esas adjudicaciones era «Control de aspectos estadísticos asociados a los visitantes y otros aspectos de carácter general en relación a la exposición», en el primero de ellos; y «Servicio de vigilancia e información al público visitante de la exposición», en el segundo.
Público ha preguntado en dos ocasiones a la Consellería de Cultura, que hoy dirige José López Campos, de qué exposición o exposiciones se trataba, y si, en el caso de que fuera una sola, existían razones para dividir en dos la contratación de una misma empresa para prestar servicios en la misma. También le ha pedido conocer las circunstancias que motivaron que el importe de ambas adjudicaciones fuera idéntico y al límite de la legalidad de la contratación menor. Aunque la Consellería de López Campos se comprometió hace más de dos semanas a dar una respuesta, todavía no la ha ofrecido.
Sin respuesta de Eulen ni de Micaela Núñez Feijóo
Este diario también se ha dirigido al Grupo Eulen para pedir la valoración de la compañía sobre las cuestiones relatadas en este artículo, pero la empresa, fundada por el empresario leonés David Álvarez Díez y que hoy preside una de sus hijas, María José Álvarez Mezquíriz, ha declinado pronunciarse. Tampoco ha sido posible contactar con Micaela Núñez Feijóo para obtener su versión.
Investigaciones previas de Público desvelaron que desde que Feijóo recuperó el poder en Galicia en abril de 2009 y hasta 2024, sus gobiernos y los de Rueda adjudicaron a Eulen más de 52 millones de euros en contratos públicos de todo tipo, multiplicando las cantidades que las empresas del grupo recibían hasta entonces. En algunos casos, con indicios de que disponía de información privilegiada, de trato de favor o incluso coincidiendo con nombramientos y ceses discrecionales en los organismos responsables de esas licitaciones. Dos de esos contratos se tramitaron en 2023 cuando la prima carnal de Feijóo y de su hermana Micaela, Eloína Núñez Masid, era la gerente del Sergas en el área sanitaria de Santiago, que entregó a Eulen dos adjudicaciones por más de 3,9 millones.
Desde que Feijóo accedió a la Xunta en 2009 hasta 2024, Eulen ha recibido contratos de la Administración autonómica por más de 52 millones de euros
En abril de 2024, el Consello de Contas de Galicia desveló que Universal Support, la compañía para la que trabaja el cuñado de Feijóo, sin experiencia alguna en el sector sanitario y cuyo modelo de negocio se basaba en el telemárketing comercial, había recibido contratos de emergencia de la Xunta para gestionar los centros de atención, asesoramiento y rastreo telefónico de casos de covid por más de 15,2 millones de euros, convirtiéndola en la más beneficiada por el fondo de contingencia para financiar la lucha contra la enfermedad que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en manos de la Xunta.
El año pasado, el Parlamento de Galicia celebró una comisión de investigación, instada por el BNG mediante una norma interna de la Cámara que le permitió sortear la oposición del PP, para analizar las adjudicaciones de la Xunta a empresas vinculadas a la familia de Feijóo. Esa comisión reclamó a la Administración de Rueda todos los expedientes de esos encargos de los que tuviera constancia. La Xunta de Galicia remitió información sobre más de 825 contratos suscritos con el Grupo Eulen y con Universal Support entre 2005 y octubre de 2024, pero ocultó otros 1.133 que sí aparecían en su plataforma de contratación en años posteriores.
La crisis climática es una realidad científica contrastada e indiscutible –excepto por quienes hablan de espaldas a la verdad–. Sus últimas consecuencias son, simple y llanamente, la destrucción del ecosistema. Así, salvar el planeta se convierte en la gesta heroica definitiva, a la cual está llamada toda la humanidad. El año 2019 fue testigo de una primavera de ecologismos que salieron a las calles para defender la vida, repensar nuestros modelos de sociedad y exigir políticas ambientales ambiciosas para garantizar la supervivencia y el bienestar en la Tierra. Inspiradas por la historia de los movimientos sociales, algunas protestas se basaron en la acción directa no violenta. En algunos de estos grupos participó el filósofo, poeta y profesor Jorge Riechmann. Y pese al carácter pacífico de las movilizaciones, el académico se enfrenta ahora a dos juicios penales por los que podría enfrentarse a condenas de cárcel.
Riechmann, que en la actualidad milita en Anticapitalistas y Ecologistas en Acción, está acusado junto a Marina Martínez –de Extinction Rebellion–, y Francisco del Pozo –de Greenpeace– de resistencia grave a la autoridad. Los hechos se remontan a 2019, cuando 2020 Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion Spain convocaron una acción de desobediencia no violenta. Se trataba de una convocatoria internacional, que tuvo lugar en Londres, Dublín, Nueva York y Melbourne.
Según los organizadores madrileños, alrededor de 300 personas participaron en esta movilización, en la que se sentaron o tumbaron en el puente de Nuevos Ministerios para bloquear el tráfico. La Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP) desalojó la calle, identificó a 30 activistas y detuvo a otros tres. Según la versión de la Fiscalía, se negaron a abandonar la vía cuando la UIP intentó desalojar el puente. Así, hoy se enfrentan a una posible condena de tres meses a un año de prisión –la Fiscalía pide diez– o multas de seis a 18 meses.
Acción climática en el puente de Nuevos Ministerios de Madrid, a 7 de octubre de 2019.
Tengo la conciencia muy tranquila y duermo sin problemas, igual que siempre
«Tengo la conciencia muy tranquila y duermo sin problemas, igual que siempre», declara a Público Jorge Riechmann. «Recuerdo en más de una ocasión una cita de Batman, que mi amigo el poeta Antonio Orihuela ponía como epígrafe al frente de su libro La ciudad de las croquetas congeladas. Esa cita de Batman dice: ‘Este no es un mundo normal’. Y esa es la cuestión. No es normal un mundo en el cual lo que tendría que entenderse como parte del proceso democrático –es decir, la protesta no violenta cuando parece que están en juego valores fundamentales–, al final acaba siendo reprimido de esta forma».
La ‘hipernormalidad’ del anormal auge reaccionario
Para Riechmann no fue especialmente sorprendente la sucesión de los hechos. «Mi abuelo materno estuvo años en la prisión después de la de la Guerra Civil española y estuvo de hecho a punto de ser fusilado hasta que ya salió de prisión en los años cuarenta», recuerda. «Mi amigo y maestro Francisco Fernández Buey estuvo involucrado en la resistencia antifranquista, y también le costó cárcel». Aunque aquellas fueron «condiciones históricas mucho más difíciles», el académico señala que «en los últimos años la represión antiecologista en Europa se ha incrementado«. Así, «se puede uno esperar que si se involucra en acciones de disidencia civil no violenta de este tipo, al final pueden pasar estas cosas. Digamos que tiene algo de normalidad en lo anormal».
Cada vez que Vox tiene que negociar con el PP algún gobierno regional, las exigencias antiecologistas están en primer lugar
Esta anormalidad en la que es esperable un incremento de la judicialización ecologista sucede bajo la sombra de la recesión y el auge reaccionario. «Entre las marcas de la casa de la ultraderecha –que está en ascenso en un montón de lugares– están el racismo o el antifeminismo, entre otras. Y también el antiecologismo de forma muy destacada», advierte. «Cada vez que Vox tiene que negociar con el PP algún gobierno regional, las exigencias antiecologistas están en primer lugar«. Riechmann ilustra este fenómeno con un caso práctico: después de las elecciones en Andalucía, existen «exigencias de que se privilegie al sector fresero de Huelva, frente a la protección de un parque de Doñana que está agonizando».
¿Cómo podemos estar esperando llegar a los 40 grados de temperatura antes de finales de mayo y fingir que vivimos en un mundo normal?
El pensador diagnostica un segundo elemento: «una especie de fatalismo, de apocalipsis. Es decir, una convicción de que vamos hacia un mundo completamente distópico». Este fenómeno puede encajar dentro del concepto de «hipernormalidad«. Esta hipernomalidad puede entenderse como «un orden social disfuncional, en el cual muchas señales indican que no tiene futuro. Y donde, sin embargo, todo el mundo hace como si fuera normal y fuera durar para siempre«, explica Riechmann. El término fue acuñado para investigar la política de Leonid Brézhnev en la URSS, pero «lo encontramos todavía más marcado en el tipo de capitalismo en el que vivimos ahora«. «¿Cómo podemos estar esperando llegar a los 40 grados de temperatura antes de finales de mayo y fingir que vivimos en un mundo normal?».
Antiintelectualismo contra el patrimonio histórico
Mientras tanto, los movimientos ecologistas continúan con sus movilizaciones para revelar la necesidad de medidas urgentes y denunciar la inacción climática. En este contexto tuvieron lugar los hechos por los que Riechmann se enfrenta a un segundo juicio penal. El 6 de abril de 2022, el grupo Rebelión Científica –nacido a partir de Extinction Rebellion– lanzó agua teñida con remolacha sobre la puerta del Congreso de los Diputados. La acción pretendía simular la sangre y representar así la condena de muerte que supone el cambio climático. Otra condena es la que pide la Fiscalía de Madrid para Riechmann por este hecho: 21 meses de prisión.
Relacionado con este tema
Acción de Rebelión Científica ante el Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2022.
«Es un caso más de matar al mensajero, en lugar de hacernos cargo de un problema existencial. Está en juego la habitabilidad en la Tierra de seres como nosotros. Pero se recrudece esta represión antiecologista», expresa el filósofo. «En un principio se nos acusó de haber paralizado la actividad parlamentaria, lo que abría la puerta a una causa de carácter ‘antiterrorista’ ante la Audiencia Nacional», relata él mismo en una tribuna que publicó en este medio el pasado mes de enero. Todas las acusaciones decayeron, excepto una: a pesar de que el líquido que los activistas vertieron era biodegradable y fácil de limpiar, Riechmann se sentará al banquillo por un presunto delito de daños contra el patrimonio histórico.
Está en juego la habitabilidad en la Tierra de seres como nosotros. Pero se recrudece esta represión antiecologista
La tendencia que señala Riechmann a poner el foco en penalizar al mensajero mientras se ignora el mensaje puede reflejar cierto negacionismo científico y, por extensión, el carácter antiintelectualista del presente auge reaccionario. El profesor recuerda que el vicepresindente de EEUU, J.D. Vance, pronunció en 2021 un discurso titulado Las universidades son el enemigo. El político ultraderechista expuso un plan para la educación superior estadounidense. «Debemos atacar de forma honesta y agresiva a las universidades de este país», afirmó.
Nuestras sociedades no están por cambiar, sino más bien por seguir en esa hipernormalidad, engañándonos de forma colectiva
Con este panorama, el ecologista recuerda la obra de Naomi Klein, Esto lo cambia todo, que trata las contradicciones del capitalismo y el clima. Riechmann considera que el título es «optimista». En su lugar, «debería ser más bien Esto debería cambiarlo todo«, valora. Ya que en realidad, «nuestras sociedades no están por cambiar, sino más bien por seguir en esa hipernormalidad, engañándonos de forma colectiva».
Los límites del crecimiento y el error de las izquierdas
Las razones por las que el auge ultraderechista viene a su vez acompañado por el negacionismo científico y la ofensiva antiintelectual tiene que ver con una «cuestión esencial», evalúa Riechmann: los límites del crecimiento. «Llegamos a esta situación de mundo lleno –por decirlo con el término de Herman Daly–. Un mundo saturado ecológicamente, en el cual estamos chocando con violencia contra los límites biofísicos de la Tierra«, analiza el académico. En este punto de la historia, se vislumbran dos posibilidades: «O bien decir que necesitamos cooperar mucho más y realizar un cambio sistémico, o bien decir: ‘que gane el más fuerte’, que es el camino de estas ultraderechas».
La respuesta ultraderechista resulta «distópica», en la medida en la que busca «incrementar esta lucha competitiva durante el tiempo que se pueda», diserta el académico. Pero aquí las izquierdas desempeñan un papel clave, en tanto en cuanto se espera de ellas frenar el auge reaccionario y conquistar los espacios decisivos para garantizar el bienestar ecosocial. Sin embargo, «la situación real en la que nos encontramos no es solo un asunto de derechas y ultraderechas. Buena parte de la sociedad, incluyendo sectores de la izquierda, también ve así la cuestión del crecimiento«. Recuerda que los socialismos del siglo XIX y del XX defendían la necesidad de «un enorme desarrollo de las fuerzas productivas para llegar a una sociedad emancipada». Pero si el desarrollo «topa con los límites del crecimiento, le obliga a repensar también su noción de libertad, emancipación, consumo, de una sociedad justa… y eso se ha hecho en muy limitada medida, por desgracia».
La fina línea que separa el tráfico de influencias de lo que hacen los lobbies ha vuelto a ser cuestionada tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El debate está servido. Y la normativa vigente, llena de vacíos. El Real Decreto 405/1992 es el único que regula explícitamente los «derechos», la «consideración» y la «atención» de quienes han ocupado la presidencia del Gobierno. Lo firmó durante su penúltimo mandato Felipe González. El texto no dice nada de lo que pueden -o no- hacer en el ámbito profesional tras su salida de la vida pública. Y solo contempla una serie de dotaciones para cubrir la «pensión» y los gastos de oficina, seguridad o automóvil de los expresidentes que así lo soliciten. Las partidas vienen recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La otra norma que afecta -mínimamente- a quienes han desempeñado esta función es la Ley 3/2015 de Altos Cargos, también con «unas limitaciones muy cortas«, señalan los expertos consultados por Público.
Sumar movió la semana pasada la primera ficha. El socio minoritario del Gobierno anunció que impulsará una iniciativa para regular las actividades de los expresidentes. El objetivo es prohibir que puedan utilizar sus oficinas para realizar «actividades lucrativas» en la esfera privada. La preocupación va más allá de la coalición que lidera Yolanda Díaz. «¿Dónde acaba el lobbismo y empieza el tráfico de influencias?«, preguntó el pasado miércoles 20 de mayo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Y esta es precisamente una de las grandes incógnitas. ¿Qué diferencia la primera práctica de la segunda y por qué solo una es ilegal? ¿Los mandatarios pueden prestar servicios de asesoría o consultoría a terceros una vez abandonan La Moncloa? ¿Cómo regulan la actividad de los lobbies otros países europeos? ¿Y qué camino debería seguir España?
«La principal diferencia es que -teóricamente- los lobbies asesoran y favorecen la aprobación de medidas no por las relaciones personales de sus miembros, sino por sus conocimientos técnicos y su expertis. La utilización de esa influencia personal es lo que marcaría el salto al tráfico de influencias. El planteamiento es una majadería. España tendría que asumir que hacer lobby es la definición perfecta de traficar con influencias y regularlo con unos límites concretos de actuación», señala Andrés Boix, profesor de Derecho Público en la Universitat de València. José Luis Calama sitúa en su auto a José Luis Rodríguez Zapatero como el «vértice» de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para obtener «beneficios económicos mediante la intermediación» ante instancias públicas «en favor de terceros, principalmente [la aerolínea hispanovenezolana] Plus Ultra«. El expresidente socialista ha negado a través de un vídeo todas las acusaciones y ha confirmado que ejercerá su «derecho a la defensa con toda convicción».
Los vacíos en torno a la actividad de los expresidentes
Las voces consultadas por este diario coinciden al señalar que el Real Decreto 405/1992 no solo queda «obsoleto», sino que responde a «una cultura institucional» previa a las actuales exigencias en materia de transparencia, rendición de cuentas y conflictos de intereses. «La regulación vigente consiste en atribuir derechos a quienes han ocupado la presidencia del Gobierno: una pensión indemnizatoria, automóvil, seguridad o una dotación para gastos de oficina. La eventual reforma legislativa tendría que definir no solo los derechos, sino también las condiciones para ejercerlos y las incompatibilidades y limitaciones que deberían aplicarse a la actividad de los expresidentes», desliza Encarnación Carmona Cuenca, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Alcalá de Henares. Los Presupuestos Generales del Estado de 2023 -los últimos aprobados- mantuvieron congelada en 298.320 euros la partida destinada a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. La cuantía se divide entre los cuatro. El resultado coincide con lo que percibe anualmente cada uno de los exmandatarios para los gastos de su despacho.
Felipe González y Aznar prestaron servicios de consultoría y ocuparon sillones en Gas Natural o Endesa
«Los pagos correspondientes a costear las oficinas, los cargos a su disposición y los gastos de seguridad se siguen entregando a los distintos expresidentes aunque tengan otros ingresos. La indemnización en cambio se congela si empiezan a trabajar en una empresa privada, toda vez que el puesto debe ser autorizado por la Oficina de Conflictos de Intereses», añade la constitucionalista. «El Real Decreto 405/1992 es absolutamente parcial: garantiza una serie de medios materiales y humanos para los expresidentes, pero no prevé nada sobre los posibles conflictos de intereses«, continúa Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Cádiz.
La Ley 3/2015 de Altos Cargos es la otra norma que aborda -de manera superficial- las actividades que pueden desempeñar los expresidentes, exministros o ex directores generales una vez son relegados de sus respectivos puestos. El texto establece un período de dos años para que no puedan realizar determinadas actividades en «entidades privadas que hayan resultado afectadas» por sus decisiones como cargos públicos. «Los hechos que hemos conocido esta semana pueden escapar de estas limitaciones legales», insiste el profesor. Zapatero no es el único expresidente que ha terminado aterrizando en el sector empresarial. Felipe González prestó servicios de consultoría al mexicano Carlos Slim, pasó por el consejo de administración de Gas Natural Fenosa -ahora, Naturgy- y continúa como consejero en la marítima Boluda Towage. José María Aznar lleva dos décadas como asesor de News Corp, el grupo de medios de Rupert Murdoch, donde ha obtenido -en total- casi cuatro millones de euros. El popular tuvo también un sillón en el consejo de administración de Endesa y trabajó como asesor para el presidente de la consultora KPMG.
José María Aznar y, detrás, Felipe González, durante un coloquio sobre Adolfo Suárez en Ávila.
«La legislación vigente prevé una serie de mecanismos que son más una carga formal que una fórmula eficaz para evitar que los intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de las funciones y responsabilidades [de los expresidentes]. Estos mecanismos no evitan que las personas que han ocupado un cargo público se dediquen a actividades de influencia que formalmente pueden no afectar a las decisiones que hayan tomado, pero para las que aprovechan el conocimiento y sobre todo los contactos de su tiempo en la Administración Pública«, precisa Agustí Cerrillo Martínez, catedrático de Derecho Administrativo en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). «Los delitos de tráfico de influencias están tipificados de tal manera que pueden incluir casos de lobby admitidos en la práctica. Lo ideal sería impulsar una regulación totalmente nueva para prohibir las actividades en el sector privado de quienes han ocupado cargos públicos o limitar esa prohibición a determinados sectores en los que los expresidentes no deberían intervenir», propone Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal.
La vía para la legalización de los ‘lobbies’
Los juristas consultados por Público coinciden al decantarse por una nueva regulación más que por actualizar el Real Decreto que existe desde 1992. Las barreras serían de este modo más difíciles de esquivar. «La nueva norma tendría que ser de rango legislativo y resolver cuestiones como la falta de transparencia, los controles de gasto y las incompatibilidades con respecto a actividades privadas posteriores al cargo», matiza Encarnación Carmona Cuenca. «Lo ideal sería efectivamente una norma con rango de ley, puesto que introduce límites y obligaciones«, reafirma Severiano Fernández Ramos. Agustí Cerrillo Martínez propone además una segunda alternativa: «unificar la regulación en un único texto», tanto los gastos asociados a los expresidentes como los mecanismos para controlar su actividad. «Y valorar hasta qué punto tiene sentido reconocer unos derechos específicos a las personas que han ocupado la presidencia más allá de aquellos que sean estrictamente necesarios para garantizar su seguridad o la realización de actividades institucionales y protocolarias», sostiene el profesor.
Relacionado con este tema
La otra equis de la ecuación tiene que ver con la regulación de los lobbies, neutralizando así lo que hasta ahora se concibe como tráfico de influencias, uno de los delitos que le imputa el juez Calama a José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente está citado a declarar como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada» desde la que pudo cobrar comisiones por sus labores de intermediación en el marco del rescate de Plus Ultra. ¿Cuál sería exactamente la actuación ilegal? Zapatero habría puesto a disposición de terceros sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración Pública. ¿Y cuál es la diferencia entre lo que hizo el socialista y lo que entendemos por lobbismo? Andrés Boix pone el foco en la «anomalía» española y reivindica: «Lo que hacen casi todos los países occidentales es regular el lobby para intentar que sea lo más transparente posible. La regulación permite sancionar la malversación y la prevaricación asociadas a este tipo de prácticas, desarrollar un registro de lobbies y exigir la trazabilidad de sus actividades, sin sancionar el lobby como tal».
«El objetivo no es otro que evitar que los expresidentes [o quienes desempeñaron cargos públicos] presionen o intervengan en actividades que les beneficien económicamente a partir de los contactos conseguidos durante sus mandatos», recalca la penalista Mercedes García Arán. El Congreso tiene dos iniciativas en marcha que buscan regular la actividad de los lobbies de forma que la ciudadanía conozca todas las reuniones de estos grupos con los representantes públicos, un camino en el que también han dado pasos Reino Unido, Francia o Alemania. «La tendencia europea reciente se dirige hacia un equilibrio entre la dignidad institucional de los antiguos mandatarios y los principios de transparencia, control del gasto y prevención de conflictos de interés. España tiene en este sentido una regulación bastante mejorable», insiste Encarnación Carmona Cuenca. Andrés Boix coincide con esta tesis y termina con una reveladora comparación: «La idea es que no se cometan ilegalidades sin considerar el lobby una ilegalidad. Zapatero en cualquier país europeo estaría siendo investigado por posibles delitos de malversación, prevaricación o falsificación fiscal en el marco de ese asesoramiento, pero nunca por el simple asesoramiento».
En la cooperativa Ecosol son los propios clientes quienes pesan sus productos y apuntan el costo del pedido. Algunos voluntarios colaboran limpiando, llevando las finanzas o recogiendo los encargos. Este local del barrio madrileño de Tetuán vende vegetales y productos de proximidad sin intermediarios desde el año 1999. El proyecto, explican, surge con la idea de «fomentar la implicación y el empoderamiento» de los ciudadanos y como una alternativa a las grandes superficies.
Sin embargo, en pocas semanas podría ponerse punto y final a este proyecto con más de 27 años de arraigo. El fondo de inversión Elix Rental Housing compró en 2024 el edificio en el que se encuentra y está empezando a «vaciarlo», según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid. El juzgado ha notificado a los más de sesenta socios que componen la cooperativa que el próximo 29 de mayo, antes de las 12:00 horas, tendrán que haber sacado sus pertenencias.
Ellos están dispuestos a resistir. Reconocen que, en caso de bajar la persiana, sería muy complicado encontrar una alternativa en el barrio. «Donde antes había un bar o un negocio de un vecino, ahora hay pisos turísticos», señala Celia, trabajadora de la cooperativa. Su empleo pende de un hilo, aunque no pierde la esperanza de que se encuentre una solución.
«Al alcalde de Madrid se le llena la boca con discursos a favor de los autónomos y los negocios, pero sólo está favoreciendo la especulación que destruye lo que dice proteger», denuncia. No es la única que ve peligrar su economía. Los productos de Ecosol provienen de pequeños agricultores de proximidad. La familia de Cristina, con plantaciones en la Vera de Cáceres, lleva más de quince años vendiéndoles arándanos, higos secos o mermelada. Aproximadamente un 15% de su producción de kiwi acaba en las casas de los vecinos de Tetuán.
Imagen de Ecosol
La historia de esta cooperativa es un buen ejemplo de la especulación inmobiliaria que sufren las grandes ciudades. El antiguo propietario cedió el espacio en 2020 a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, como parte de una herencia. Esta orden religiosa, acto seguido, lo vendió a Apolo Real State S.L. De esta empresa pasó a manos de la promotora Intedista y, finalmente, Elix se hizo con todo el edificio. Este fondo es una de los grandes inversores de la capital y entre sus activos se encuentra, por ejemplo, Tribulete 7, un bloque en lucha que ha denunciado a la entidad por «acoso inmobiliario».
Según cuentan desde Ecosol, ya no queda un solo vecino en el bloque. Ellos llevan año y medio luchando por la vía judicial, pero ya han agotado todas las posibilidades. «Si no encuentran otra renta más o menos decente, esto desaparece. Y no solo son los precios, es las opciones escasean porque los están reconvirtiendo», insiste Celia.
Goteo de cierres
Que el pequeño comercio está desapareciendo de los cascos antiguos y áreas más turísticas ha dejado de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Ferreterías, pescaderías y hasta mercados con décadas de historia están dejando paso a tiendas de souvenirs.
El Sindicato de Inquilinas denuncia que es un paso más de los fondos buitre en un proceso de gentrificación de los barrios obreros. «Se quieren adueñar de la ciudad, pero nos pertenece a quienes la habitamos y trabajamos», dejan claro. Es algo que se lleva viendo ya años en otras zonas de Madrid, como Lavapiés, Malasaña o, incluso cruzando el río, en Puerta del Ángel, el «Brooking madrileño». En su histórico mercado resisten algunas tiendas de alimentación frente al avance de los bares y las cafeterías de especialidad.
Relacionado con este tema
Violeta, residente de Arganzuela, lo define como «un no parar» de cierres. «Cualquiera que dé un paseíto por aquí se da cuenta de que ya no es una zona de barrio, que no hay de nada, y se ha encarecido todo como si fuera, vamos, el centro de París en temporada alta», comenta. «Lo único que se ve son candados, candados y candados. Las calles son hoteles».
«En Atocha, el herbolario donde íbamos se ha convertido en una inmobiliaria. Está todo infestado de inmobiliarias, una al lado de la otra, y ahí antes había droguerías, ferreterías… Todo esto ya no se ve, es sobrecogedor»; denuncia. Explica que el proceso de gentrificación se ha ido extendiendo hacia las afueras. En el Barrio de las Letras, «las tiendas de siempre desaparecieron hace muchísimo tiempo». Uno de los cierres más recientes en esta zona es el de Café Central, un pub de jazz que se ha tenido que trasladar de área por las subidas del alquiler. La misma suerte corrieron la librería La Central, en Callao; o Tipos Infames, en Malasaña.
Decenas de personas durante un pasacalles por el cierre del antiguo Café Central y su traslado al Ateneo de Madrid, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España).
«Aquí, en mi barrio, teníamos El Buen Gusto, un restaurante chino muy famoso, que venía hasta el emérito a comer porque eran muy buenos. Pues nada, nos lo quitaron», concluye. También recuerda el centro de ensayo Rompeolas, que tuvo que cambiarse de zona por los precios. Más allá de la pérdida de identidad, lamenta que, poco a poco, están perdiendo el tejido asociativo, los lugares donde se paraban a tomar algo o las fruterías donde podían permitirse comprar a unos precios razonables. «Nos han quitado las panaderías. Quedan dos y encima son de las nuevas».
Más allá de Madrid
Aunque algunos de los casos más sonados se concentran en la capital, esta es una realidad que denuncian las asociaciones vecinales y de pequeños propietarios de buena parte del país. En el Albayzín de Granada conocen de sobra lo que es dejar de escuchar el ruido de la carga y descarga de las furgonetas para dar paso a las ruedas de maletas. El próximo sábado 30 de mayo han organizado una visita guiada por el Realejo para «redescubrir los mil y un rincones sobreexplotados por el rentismo y la turistificación sin control».
«Van a cerrar el centro de salud de Fortuny Velutti. Casa de Porras se va del Palacio del Almirante. El convento de Santa Inés, que era el centro del Albayzín, lo han vendido para hacer un hotel. Casa y Angua va a ser el primer hotel cinco estrellas del barrio», clamaba un representante de la plataforma en defensa del barrio durante un concierto de La Plazuela el pasado sábado. «Cada vez que vuelvo ha cerrado una pescadería, una zapatería… negocios de barrio», apostilló Nitro, uno de los integrantes de la banda, minutos antes de cederle el micrófono.
En el Raval, los integrantes de Metzineres han anunciado que podrían perder su local en el céntrico barrio de El Raval el próximo 30 de junio. La entidad ha sido reconocida internacionalmente por su modelo de atención a mujeres en riesgo de exclusión. Lleva nueve años utilizando este espacio como «un recurso comunitario», que garantiza cada día «derechos básicos y cobijo» a decenas de personas.
«La presión inmobiliaria nos expulsa. No es un problema de gestión ni de recursos, es la gentrificación, haciendo lo que hace, expulsando al tejido comunitario que sostiene la vida en el barrio. Nos resistimos a irnos sin luchar», han dejado claro.
Por fin es viernes. Un final de semana que es, además, el cierre de la campaña electoral en tierras andaluzas. Bajo el cielo encapotado de Sevilla, un padre y una hija quedan a comer en la terraza del bar Karpanta, a un paso del corazón histórico de la ciudad. «Este domingo, a votar, ¿eh?». «Sí, sí». «Por Andalucía o Adelante Andalucía, me da igual. Pero votar hay que votar». Debates, carteles, spots electorales y alguna que otra actuación musical. La carrera hacia el 17M se ha colado en las vidas de más de seis millones de andaluces que, este fin de semana, deciden el futuro de su comunidad. Cinco candidaturas se disputan las llaves del Palacio de San Telmo. Entre ellas, dos listas de la conocida como izquierda alternativa. Por Andalucía y Adelante Andalucía. La izquierda federalista y la izquierda soberanista andaluza. Los de Antonio Maíllo y los de José Ignacio García. Una coalición y un partido.
Más de 200 actos públicos por toda Andalucía. Cerca de 150 reuniones con colectivos, asociaciones y sindicatos. Hasta 50.000 llamadas, muchas a través de la voz de las hermanas García Caparrós. Más de 80 entrevistas y debates en medios de comunicación. Nacionales, autonómicos y locales. 155.000 panfletos repartidos, 38.000 kilómetros recorridos con el Maíllobus y más de 200.000 casas visitadas a través del puerta a puerta de sus voluntarios, los chalecos verdes. Es la factura que deja tras de sí Por Andalucía. En medio de un cierre de campaña que afrontan con «ganas de recoger lo sembrado». A mediodía, Maíllo abría la jornada con una atención a los medios desde Dos Hermanas (Sevilla). Ahí, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU) recorría las calles de la ciudad, charlando con los vecinos y los comerciantes del Mercado de Abastos. «Vamos a por ello», le animaba una pareja. «Muchísima suerte», le deseaba otro viandante. «Un mensaje a los jóvenes», le paraba otro hombre en las inmediaciones del mercado: «Yo pasé mucha hambre con Franco y no lo vamos a volver a consentir».
«¿Para qué vamos a votar?», ha lanzado al aire, ya frente a los micrófonos, el político cordobés. «¿Para seguir con el destrozo y la privatización de la sanidad? ¿Para tener un presidente que no dice la verdad sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama? ¿Para sostener a un gobierno que cree que la educación se la tiene que pagar la gente?», ha seguido planteando el candidato. Por Andalucía, se ha respondido a sí mismo, es la izquierda útil. «Porque, si nos dan los números, vamos a gobernar y no nos va a temblar el pulso ante los sectores poderosos». Con un objetivo al final del camino: «Trabajar para la mayoría social».
García, por su parte, ha elegido la ciudad de Granada para pasar la mañana del cierre de campaña. «Adelante Andalucía», ha explicado el candidato, «es un proyecto para toda Andalucía». Las ocho provincias, las 62 comarcas y los 780 pueblos. 87.268 km² a los que «el andalucismo ha llegado para quedarse». El lugar elegido para la rueda de prensa, ha explicado el político gaditano, no es baladí. Frente a las puertas del Centro de Salud Fortuny Velutt. Un ambulatorio que la alcaldesa de Granada, la popular Marifrán Carazo, tiene previsto cerrar, dejando a 8.000 vecinos y vecinas de la zona sin atención primaria. «Y es que somos la mejor herramienta para parar al PP, a la derecha y a la extrema derecha», ha exhortado García, reivindicándose como el voto útil dentro del abanico de la izquierda. «El único partido que le puede quitar la mayoría absoluta en seis de las ocho provincias al PP se llama Adelante Andalucía. Todas las encuestas lo están diciendo», ha puesto sobre la mesa el candidato, comprometido con «robarle la sonrisa» a Moreno Bonilla.
El candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, este viernes en Granada.
Así arrancaban el día los dos cabezas de lista de la izquierda alternativa. El broche de una campaña que los analistas tachan de «descafeinada» y que augura cambios poco sustanciales en la aritmética parlamentaria. Al meollo. Aunque se llamen parecido, Adelante Andalucía y Por Andalucía no son lo mismo. «Tienen sus matices», defiende el consultor político y de innovación social Manu Rodríguez. Por un lado, una izquierda que se dice «nítidamente andalucista». Por otro, la delegación andaluza de partidos de vocación estatal. «Un contraste con el que han jugado, durante toda la campaña, los de García, acusando a Por Andalucía de no tener las manos libres y de estar a las órdenes de Madrid», desarrolla el director de Cámara Cívica. La única sorpresa de estas elecciones, sigue contando Rodríguez, la protagonizan precisamente las izquierdas: «Ver cuánto consiguen crecer». Sobre todo la propuesta de Adelante, que, de superar los cinco asientos, conseguiría por primera vez grupo parlamentario propio. «Más capacidad de acción, más recursos, más visibilidad», enumera el politólogo.
Una campaña «fresca, muy millennial y con su punto canallita». Así define la presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP), Ana Salazar, la campaña desplegada por García. Poniendo en valor su semiótica. Desde los memes de Adelante ‘gafa’, hasta la vestimenta del candidato —tan pronto con los nombres de las víctimas de los cribados como con referencias al legado de Lorca— o el spot electoral con la banda sonora de La Plazuela y la narración de Adrián Pino. «Desprende autenticidad«, valora la politóloga. «Y no lo tenía nada fácil», añade Rodríguez. Después de tomar el testigo a «pesos pesados» como Teresa Rodríguez o Kichi. Sentido del humor, dominio del lenguaje digital y la capacidad de quitarse el sambenito del moralismo de la izquierda. Son algunas de las virtudes que el consultor encuentra en la propuesta del político gaditano. Una izquierda «simpática».
Por Andalucía tiene también sus virtudes. La primera, el «activo» de la unidad. Hasta siete partidos se han unido bajo las riendas del coordinador de Izquierda Unida. La segunda, la implantación territorial, precisamente por el liderazgo de los de Maíllo. «Con una gran base militante tanto en capitales de provincia como Córdoba, como en el campo andaluz o en municipios como Marinaleda o El Coronil», amplía Rodríguez. El voto de la coalición es, además, «más transversal», frente a un Adelante Andalucía con un nicho fundamental: los jóvenes. «Han sabido colocar bien sus mensajes», reconoce, por su lado, Salazar, poniendo en valor la experiencia, la «templanza» y el prestigio del dirigente de IU. Así como de otras caras de la coalición, como la portavoz parlamentaria, Inma Nieto.
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante el acto de cierre de campaña.
Relacionado con este tema
Toda la izquierda —incluso el PSOE-A— se ha movido, para Salazar, dentro del mismo «marco mental»: el deterioro de los servicios públicos. De nuevo, con matices. Empezando por la política de pactos. Y es que Adelante Andalucía es contraria a las fórmulas de cogobierno con el Partido Socialista que Por Andalucía busca, por el contrario, consolidar. Tampoco en las políticas que emanan del Gobierno central se ponen de acuerdo. Por ejemplo, el último proyecto de financiación autonómica. Un «punto de partida», en palabras de Maíllo; una muestra más de la discriminación hacia Andalucía, como lo define García. Otro ejemplo: las críticas a la herencia de las casi cuatro décadas de administración socialista. Un punto en el que insisten, con mayor tesón, desde las filas de Adelante en ámbitos como la sanidad o la «deficitaria» infraestructura ferroviaria.
El pulso de las encuestas
Las encuestas, a grandes rasgos, perfilan un escenario en el que Por Andalucía rondaría los cinco escaños que tiene actualmente, con Adelante Andalucía empatando su resultado. Un crecimiento de más del doble de escaños (de dos a cinco) de la opción que representa José Ignacio García. Depende, eso sí, de qué encuesta se mire. El sondeo preelectoral del CIS le da a la candidatura de Maíllo entre cuatro y siete escaños y a la de García cuatro o cinco. La de 40db para El País otorga seis a Maíllo y cuatro a García. La de Sigma Dos para El Mundo, cinco o seis a Por Andalucía y cuatro o cinco a Adelante. Por último, Gad3 para ABC invierte las tornas: seis a los de García y cinco a los de Maíllo. Con todo, parece claro que, sin tratarse de un éxito, el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE recuperaría algo de terreno.
Sería, en cualquier caso, un resultado que quedaría muy lejos de las épocas doradas de la izquierda alternativa. En la actual etapa democrática, hasta en dos ocasiones la izquierda alternativa se ha encaramado a los 20 escaños. IU logró esa marca, en solitario, en las elecciones de 1994, durante la etapa en la que Julio Anguita lideraba el partido. 689.815 electores andaluces se decantaron por esa papeleta, casi un 20% del electorado. Ocho años antes, en 1986, ya se había puesto en los 19 y había rozado los 600.000 votos.
No fue hasta 2015, en pleno apogeo de Podemos, cuando el espacio volvió a alcanzar esas cotas. En aquellos comicios, los morados obtuvieron 15 escaños, mientras que IU se hizo con cinco. 866.889 votos; un 21,66% del total. Tres años antes, en 2012, IU —todavía sin Podemos en la carrera— logró 12 asientos, mientras que en las tres elecciones anteriores (2008, 2004 y 2000) se quedó en seis. Hay que tener en cuenta que, desde 1982, cuando se celebraron las primeras autonómicas, hasta 2004, IU siempre compitió en cierta medida con el Partido Andalucista (PA), aunque no se ubicara exactamente en las mismas coordenadas ideológicas. Los andalucistas cosecharon su mejor resultado en 1990, diez escaños. Casi a la par de los 11 de Izquierda Unida.
Con el panorama político que emanó del 15M, tras aquellas elecciones de 2015 en las que Podemos e IU sumaron 20 escaños, la tendencia ha sido a la baja. En 2018, la coalición Adelante Andalucía, de la que tomó el nombre la candidatura que lidera ahora José Ignacio García y que reunió a todas las formaciones a la izquierda del PSOE, se quedó en los 17 diputados autonómicos. El gran fracaso llegó, sin embargo, en 2022. Con un dibujo calcado al actual, la coalición electoral Por Andalucía se quedó en los cinco diputados (284.027 votos) y Adelante Andalucía, por su lado, obtuvo solo dos (168.960 votos). Entre ambas candidaturas, la izquierda alternativa sumó el 12,28% de los sufragios.
Relacionado con este tema
Dos tonos de blanco y verde para cerrar la campaña
Caída la tarde, las dos candidaturas de la izquierda alternativa han convocado a sus fieles —y a posibles despistados— a la misma hora, las siete y media de la tarde, y en la misma ciudad, Sevilla. Por Andalucía ha llenado la plaza del Alcalde Horacio Hermoso, en el obrero —y emblemático— barrio de Tiro de Línea, al sur de la capital. Adelante, por su parte, ha teñido de verde y blanco el extremo de la Alameda de Hércules, uno de los puntos de más ebullición cultural del municipio, sembrado de balcones con banderas palestinas, cubanas y LGTBIQ+.
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, en su cierre de Campaña en el barrio de Tiro de Línea (Sevilla).
En Tiro de Línea han acompañado a Maíllo figuras importantes del espacio como la parlamentaria autonómica Inma Nieto o el diputado en el Congreso y coordinador federal de IU en Andalucía, Toni Valero. El candidato de Por Andalucía ha vuelto a insistir en su obsesión de toda la campaña, tal y como reconoce en privado: hacer propuestas. Y las columnas estructurales de su programa son conocidas: sanidad, educación y vivienda. En sanidad, ha recordado, Por Andalucía defiende, por ejemplo, que la atención primaria no se demore por encima de las 48 horas. En educación, eliminar la deuda de las universidades. En vivienda, la intervención del alquiler para que no supere el 30% del bolsillo familiar.
«¿Vamos a aguantar, en su lugar, cuatro años más con Moreno Bonilla?», ha preguntado a los asistentes Maíllo, pidiéndoles «multiplicar los votos» y poniendo en valor el esfuerzo de coser siete culturas políticas en una misma papeleta. Un extremo que demuestra «sus ganas de gobernar». Porque, ha completado el político cordobés, solo desde dentro de San Telmo pueden cambiarse las cosas. «Por el hilo rojo de la historia de los trabajadores y trabajadoras, porque su lucha nos ha hecho mejores», ha comenzado enumerando el candidato. Por la lucha de la paz, la lucha verde y la lucha feminista, ha seguido citando las banderas de la coalición. «Por esa esperanza, por ese futuro, ¡viva Andalucía libre!», ha cerrado su intervención. Con una última petición: «El domingo, a echar del gobierno al Partido Popular«.
El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, cierra la campaña en la Alameda de Hércules (Sevilla).
«Señorito andaluz malparido, miserable rapaz embustero, ilustre fanfarrón mantenido, un próspero y patético ratero». Así, recitando los primeros versos de la comparsa Jesús Bienvenido —que el PP ha intentado censurar en el carnaval Cádiz—, se ha lanzado a hablar el candidato de Adelante Andalucía, después de subir al escenario entre gritos de «Gafas, presidente». «Al pueblo andaluz no se le calla«, ha espetado a Moreno Bonilla el político gaditano. «No estamos en la Sevilla de las cadenas hoteleras», ha seguido exhortando García. Ni en la Sevilla de los Airbnb, de la patronal o de las multinacionales. «Estamos en Sevilla la roja, la verde y blanca«, ha subido los decibelios el candidato de Adelante.
Relacionado con este tema
García no ha perdido la oportunidad de poner en valor la campaña de su partido, que, en palabras del gaditano, «le ha quitado la careta» a los «fascistas» de Vox y a las políticas «neoliberales» de Moreno Bonilla. Y lo ha hecho sin perder la alegría: «Porque se puede hacer una campaña antifascista, crítica con el Partido Popular y planteando un proyecto político de transformación y hacerlo con humor». «¿O es que la izquierda tiene que estar siempre enfadada?», se ha preguntado el candidato: «Con la gente trabajadora, nuestra gente: alegría». García ha reivindicado, para terminar, la esencia andalucista de Adelante: «No vamos a volver a pedir perdón por tener un partido andaluz. No vamos a pedir perdón por querer transformar Andalucía de abajo arriba«. «Porque», ha cerrado su discurso, «la historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Andalucía libre!».
La campaña de las andaluzas ha llegado a su fin y ya la suerte está echada. Jornada de reflexión y a las urnas el domingo. Cada partido ha tratado de colocar los marcos de la campaña en el alero que mejor le venía. Los socialistas y las izquierdas, con el objetivo de movilizar al electorado, han tratado de aportar ideas, medidas y soluciones y han machacado el terreno con el deterioro sanitario y la crisis habitacional en vivienda, los dos mayores problemas de la comunidad, según las encuestas, también con el camino de privatización emprendido en el campo educativo, en la Universidad y la Formación Profesional, con la creación de centros particulares. Mientras tanto, el PP se ha refugiado detrás del eslógan Juanma, presidente, en una campaña en la que no ha habido grandes sobresaltos y en la que el partido ha pretendido evitar riesgos innecesarios, en una estrategia de desideologización, sin aportar soluciones concretas, en el que solo los dos debates a cinco en las televisiones públicas, RTVE y Canal Sur, han sacado a Moreno Bonilla de su burbuja, del carril del buen rollo y de la «estabilidad» que vende por tierra, mar y aire. Vox, a quien el PP necesita sujetar, si quiere repetir la absoluta que no descarta ningún sondeo, lo mismo que impedir que crezca el PSOE, ha puesto por delante sus prioridades y obsesiones, presuntamente nacionales.
«Ha habido una apelación emocional evidente [en la campaña del PP] —analiza la politóloga Anna López, autora de La extrema derecha en Europa (Tirana)—: tranquilidad, estabilidad, moderación y normalidad entre comillas frente al ruido político nacional. O, como él mismo ha resumido durante la campaña: lío o mayoría absoluta. Es una campaña basada más en percepciones y clima político que en propuestas concretas. Probablemente lo que menos ha aparecido es el proyecto de futuro. Ha habido poca concreción programática porque el PP entiende que cuanto menos se hable de medidas polémicas y más de gestión tranquila, más cómodo se siente ese electorado transversal que puede darle la mayoría absoluta, especialmente el voto de centro y moderado», añade López.
«La campaña de Moreno —agrega López— ha sido plenamente coherente con la lógica política que el PP andaluz viene construyendo desde 2018: desideologización, perfil institucional y presidencialización absoluta del candidato. Moreno ha intentado convertir estas elecciones en un plebiscito sobre su figura más que sobre las siglas, hasta el punto de que el cierre de campaña lo protagoniza prácticamente en solitario, mientras Feijóo participa en otro acto distinto. La idea es muy clara: Juanma por encima del PP».
Para Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada, en parecida línea, «el PP ha buscado la contención y la desideologización». «Ha tratado de evitar el choque frontal y polemizar en exceso. Los debates los ha afrontado con cierto disgusto. Muy diferente de los de 2018 y 2022″, considera en conversación con Público. «Se han enredado en los debates y parece que se han perdido. Las encuestas son muy buenas para el PP, no obstante», señala el sociólogo Jaime Aja, profesor en la Universidad de Córdoba.
«Ha sido una campaña un poco más fría de lo que les interesaba a todos«, analiza Aja. «Al PP no le viene bien una participación al nivel de las generales, pero tampoco una baja. Su intención de voto directa le pone al borde de la absoluta. La valoración del candidato es altísima. Se votaría no por el PP, sino por Juanma». «La participación va a ser clave», coincide Juan Montabes, catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Granada. «A partir del 45-46% de voto, la mayoría absoluta es casi segura, por debajo del 43-44% es difícil, aunque podría darse», añade.
Moreno, en la última semana, ya sin encuestas publicables —los partidos grandes sí llevan sus seguimientos demoscópicos, trackings en la jerga—, llevó en algunos momentos, breves, eso sí, la campaña a otros campos. Por ejemplo, por un lado, trató de sembrar dudas sobre la gestión del PSOE con el accidente de Adamuz, aunque luego tanto el alcalde de la localidad, como el presidente de la asociación de víctimas le reprochó que lo hiciera. «Esas cosas rompen esa visión fraternal de Moreno Bonilla. Me sorprendió. Se le veía incluso forzado», reflexiona Montabes. Este mismo viernes, en esa línea dura también con el PSOE, recordó, en una atención a medios, que una de las obras señaladas por los investigadores del caso Koldo es el puente del quinto centenario en Sevilla.
«El candidato tiene que ser coherente con su imagen. Esto se explica con los personajes de las series de televisión. Se comportan siempre igual. Al espectador le divierte saber lo que van a decir. Eso gusta. Nos gusta que tenga una imagen coherente. [Moreno] la última semana ha hecho cosas que no cuadran mucho con su imagen», expone Aja.
En el PP, según aseguran a Público fuentes del partido, no quieren dar por segura la absoluta «para que la gente no se confíe», pero la impresión que hay, «sobre todo en los últimos días», es que «se puede conseguir». «La campaña ha sido bastante plana, pero lo importante es que no se ha metido la pata y los debates a cinco, como siempre, sirven para poco», añaden estas fuentes. Moreno, en el mitin de cierre este viernes, dejó claro su mensaje: «Votad a la única opción de estabilidad, de seguridad, de convivencia y de confianza; no juguemos con las cosas de comer, no juguemos con la estabilidad».
El PSOE lleva a debate el deterioro de la sanidad
La campaña del PSOE y de su candidata, María Jesús Montero, en la que los socialistas han tratado de darle la vuelta a las encuestas, ha estado centrada en generar una fuerte movilización a partir de los malestares sociales y el deterioro sanitario, sobre todo. «El principal reto que teníamos en estas elecciones era que se hablara de lo que queríamos y de lo que entendíamos de lo que movilizara a nuestro electorado», afirman fuentes de la dirección del partido en Andalucía.
Relacionado con este tema
María Jesús Montero, este viernes en Sevilla.
La dirección socialista se muestra «satisfecha» de lo hecho en la campaña. «Todo dependerá evidentemente de la participación. Cuanto más se acerque el 65% y hacia arriba podemos hablar de cambio de Gobierno. Hay un 15% de indecisos. Y esperamos conseguir activar al electorado y que la sanidad sirva como elemento de movilización», agregan.
«Hemos conseguido que se hablara de los servicios públicos, de todos, pero especialmente de la sanidad. Creemos que eso lo hemos conseguido, desde nuestra imagen de campaña y el relato de campaña. Hemos buzoneado Andalucía con el plan Montero para los servicios públicos. Y hemos intentado no engancharnos a ninguno de los elementos que nos ha puesto [el PP] para que cayéramos en trampas, desde la canción [Kilómetro Sur], la foto [de la vaca]. Todo eso es para despistar y que no se hable de lo importante: de la sanidad. No hemos caído. Mientras Moreno se hacía fotos, hemos ido con una propuesta electoral firme y un proyecto de cambio para Andalucía», añaden en la dirección del PSOE.
Para la politóloga López, empero, «el PSOE llega con dificultades porque no ha conseguido convertir la campaña en un debate central sobre los servicios públicos, pese a que ahí es donde tiene su principal oportunidad electoral. Los socialistas no han logrado que ese malestar estructure completamente la campaña. Además, María Jesús Montero [la candidata] tiene mucha notoriedad nacional pero menos implantación territorial efectiva en Andalucía, lo que ha provocado una campaña excesivamente dependiente de la polarización estatal. Y cuando el PSOE no consigue territorializar unas elecciones andaluzas suele sufrir electoralmente».
El sociólogo Aja cree que hay cosas que los socialistas han hecho bien, pero las han hecho «tarde». «Las campañas duran seis meses. Y si estás en la oposición con más razón. En el Gobierno ya estás en campaña. El PSOE está haciendo cosas de microcampaña, llamadas, buzoneos, repartos… ese tipo de cosas, pero el PSOE ha llegado tarde a muchas cosas. Ese tipo de campaña micro, habría que hacerlo antes. En ciertas secciones, eso suele funcionar más antes», afirma. La convocatoria electoral cogió a Montero en la vicepresidencia del Gobierno.
Relacionado con este tema
Montabes hace un análisis similar: «Todo son dudas. Las encuestas exponen un panorama difícil para el PSOE en autonómicas. Quizás se haya trabajado algo tarde«, analiza. El catedrático expone que los datos muestran que el PSOE necesita conectar con las generaciones jóvenes. Entre mujeres y a partir de los 55 años, las expectativas electorales mejoran para los socialistas.
«Era muy importante para el PSOE también recorrerse las agrupaciones, unir al partido, hacer unas listas con gran pulcritud, para que todos los sectores estén contentos. Para el PSOE —añade Aja— era muy importante también que resolviera los problemas internos. Incorporar a Susana Díaz [y a Manuel Chaves] a la campaña, debería ser un acierto. Hacerlo los últimos días es una señal de debilidad, pero para ellos es algo positivo. No es ni mucho menos un error. Pero sí hay una pregunta: ¿Por qué no lo han hecho antes?».
Al respecto de este asunto, en el PSOE consideran: «Entendemos que hemos conseguido una enorme movilización del partido. Ha habido una presencia enorme: ministros, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente Pedro Sánchez, con una gran cantidad de actos públicos. El segundo de los retos era activar a nuestras agrupaciones y los actos se nos han desbordado. También los datos en redes son positivos en términos de que se hable de los servicios públicos». En el cierre de campaña, este viernes, estuvo el presidente Sánchez y también los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de la exdiputada Carmen Romero: «Será un honor recibirte en Moncloa [como presidenta]», le dijo a Montero.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez protagoniza el cierre de campaña electoral que los socialistas en Sevilla.
«En campañas tan presidencializadas, el reto no es tanto convencer nuevos votantes como garantizar la movilización de los propios. Ahí el PSOE necesita dramatizar más la elección y activar el voto útil progresista. Especialmente porque existe una enorme bolsa potencial de movilización: en las autonómicas de 2022 el PSOE obtuvo 887.000 votos y apenas un año después, en las generales, Pedro Sánchez alcanzó 1,46 millones de votos en Andalucía», considera la politóloga López.
La campaña, además de los debates, en que las izquierdas trataron de enredar a Moreno y enfrentarlo a sus contradicciones, ha tenido, en su recta final, un punto de inflexión con la muerte de dos guardias civiles en acto de servicio contra el narcotráfico, que el PP trató de gestionar en su beneficio, y también ha tenido sus cosas, como diversas denuncias muy discutibles y la aparición a última hora una campaña sucia, destinada a desincentivar el voto al PSOE, con alusiones a Susana Díaz, Isabel Ambrosio y otros dirigentes, de origen e impacto desconocido, que los socialistas han llevado a la Fiscalía para saber quién está detrás.
Relacionado con este tema
La campaña de Vox
Es a Vox, que irrumpió en Andalucía tras las elecciones de 2018, al que necesita —tanto como impedir el crecimiento del PSOE— sujetar Moreno, si quiere una mayoría. La ultraderecha, por su parte, expone López, «ha hecho una campaña de consolidación identitaria». «Más orientada a fidelizar su suelo electoral —los 493.932 votos obtenidos en 2022— que a una gran expansión. El discurso antiinmigración, reforzado tras los pactos autonómicos y amplificado en clave nacional, ha sido el eje central de campaña», añade.
Sin embargo, considera la politóloga, «Vox llega en un contexto complicado: crisis interna por las purgas de dirigentes históricos, desgaste por su alineamiento con Trump y, sobre todo, con un adversario como Moreno Bonilla que ha optado por una estrategia completamente distinta a la de otros líderes autonómicos del PP. Frente a modelos más confrontativos, como María Guardiola, o más próximos a la lógica de la derecha mediática y cultural, como Azcón cerrando campaña junto a Vito Quiles, Moreno ha insistido en [lo que llama] la vía andaluza: moderación, perfil institucional y baja confrontación. Y eso puede neutralizar parte del voto conservador moderado que antes utilizaba a Vox como voto de protesta».
Aja analiza en parecida línea: «El candidato de Vox [Manuel Gavira] da una imagen no tan violenta, por así decirlo, como otros candidatos de Vox. Tienen claro que su eje es la migración, pues continuamente relacionan cualquier problema con eso. Pero la migración no aparece entre los tres primeros problemas los que más afectan a la gente. Eso da cierta idea de que pueden desinflarse un poco».
Maíllo: «Votar con cabeza»
Por Andalucía, por su parte, ha tratado de rentabilizar, por un lado, la unidad —la incorporación de Podemos fue un revulsivo, según ha venido manifestando su candidato Antonio Maíllo—, y por otro, la solidez y experiencia de su cabeza de cartel. La campaña, además, ha estado muy elaborada desde el punto de vista micro, según las fuentes consultadas, con un trabajo muy localizado, también de los candidatos provinciales. La de Cádiz, Esperanza Gómez, cunera, por ejemplo, aseguró a Público que se ha recorrido 5.300 kilómetros en 15 días en la provincia.
Maíllo, de espaldas, este viernes.
«Es interesante para ver si le funciona a Por Andalucía la campaña micro en ciertos sectores que está haciendo», analiza Aja. El sociólogo añade: «Si Por Andalucía tiene un buen resultado el mérito principal va a ser de Maíllo. Ha ejercido de catalizador. Es una campaña de mérito suyo. Hubiera sido interesante si hubieran empezado a trabajar antes como coalición. Las redes de Por Andalucia han estado paradas hasta antes de las elecciones. Cada uno ha apostado antes por su marca«. El candidato lanzó su último mensaje de campaña este viernes en el Tiro de Línea, en Sevilla y pidió «votar con cabeza» para «reventar la hipocresía» del PP: «Nos está costando la vida».
En Huelva y en Jaén hay dos escaños, uno en cada provincia, que bailan entre PP y Por Andalucía, según el sondeo preelectoral del Centro de Estudios Andaluces, conocido como el CIS andaluz, y que, por tanto, pueden ser decisivos. Jaén es una plaza que Podemos ha trabajado mucho en esta campaña. Es donde ha concentrado sus esfuerzos. La candidata de Por Andalucía en esa provincia, Loli Montávez, jornalera, de un municipio con tradición, como Jódar, es la líder morada en la provincia. Tanto Irene Montero como Ione Belarra, como Irene de Miguel, la líder en Extremadura, han ido a Jaén a arropar a Montávez. «Se van a cansar de mí. Voy a ser la mosca cojonera de Jaén quieran o no quieran. Tenemos opciones y vamos a por todas. Hay que ir a votar el domingo. Quieren que pensemos que no tenemos nada que hacer», asegura la candidata.
Adelante Andalucía alude a «quitar escaños» a PP y Vox
La campaña de Adelante Andalucía, hoy el partido más pequeño de la Cámara, con dos diputados y al que todas las encuestas pronostican una fuerte subida, para Aja, «puede ser una sorpresa». «Han hecho buena campaña. No ha tenido ruido y Adelante tiene voto muy concentrado en Cádiz Sevilla y Málaga». El candidato, José Ignacio García, llamó este viernes a ser «voto útil» que pueda «quitar escaños» tanto al PP como a Vox «para borrar la sonrisa al impostor de Moreno».
«Señor Moreno, le pido que ponga el oído y escuche bien: ‘Señorito andaluz, malparido miserable, rapaz embustero, ilustre fanfarrón, mantenido, un próspero y patético ratero (…), hijo bastardo de Andalucía, que le ha robado la salud al pobre cambiando el oro por el cobre'», recitó el líder de Adelante, según recoge Europa Press. Así empieza la comparsa DSAS3, de Jesús Bienvenido «que quería censurar. Pues ahora la va a tener que escuchar porque al pueblo andaluz no se le calla, y al Carnaval, que es del pueblo, no se le pone una mordaza en la boca».
José Ignacio García, este viernes.
«La última semana sí puede ser decisiva porque en Andalucía todavía existe un porcentaje muy importante de electores que decide el voto al final de campaña, en torno al 30%», añade la politóloga López. «Se sabe que la mayoría absoluta va a depender de dos, tres o cuatro escaños que cierran en algunas provincias», aseguran en el PP en la línea del presidente, que ha venido afirmando que la absoluta dependía de 20.000 votos. «Probablemente Moreno exagera cuando afirma que la mayoría absoluta puede decidirse por 20.000 votos, pero el argumento tiene lógica demoscópica. El sistema electoral andaluz y el reparto provincial hacen que pequeñas variaciones en provincias puedan mover escaños decisivos por restos», analiza López.
País Valencià y Catalunya han amanecido esta semana teñidas de dos colores. En la capital valenciana, la Marea Verde —símbolo de la defensa de la educación pública— ha vuelto a llenar calles y centros educativos. En Barcelona, el amarillo de la Marea Groga ha recuperado el emblema de la escuela pública y de la oposición a los recortes y a la pérdida de recursos en el sistema educativo.
Más allá del color, ambas comunidades tienen un diagnóstico común: blindar la escuela pública y corregir problemas estructurales que arrastran desde hace años. Sus reivindicaciones se concentran en tres ejes: la reducción de ratios para aliviar la sobrecarga en las aulas, el refuerzo y la estabilización de plantillas ante la elevada temporalidad del profesorado, y la reducción de la burocracia, que los docentes denuncian como «una carga que resta tiempo a la tarea pedagógica».
En el País Valencià, la protesta ha ido un paso más allá y se ha convertido en una huelga indefinida para forzar a la Conselleria a sentarse a negociar cuanto antes. En Catalunya, en cambio, el movimiento llega después de un acuerdo parcial con algunos sindicatos y sigue más dividido, con acciones de protesta que buscan mantener la presión y reorganizar el pulso.
En cuanto al seguimiento, las cifras reflejan la intensidad —y también la disputa interpretativa— de la movilización en València. Los sindicatos (STEPV, CCOO, UGT y CSIF) sitúan la participación en torno al 75% en los primeros días de huelga, mientras que la Generalitat la rebaja hasta aproximadamente el 32% en la segunda jornada, con variaciones territoriales que en provincias como Alacant se mueven en torno al 31–35%. En Barcelona, las convocatorias recientes han registrado un seguimiento estimado cercano al 80%, según datos facilitados a Público por el sindicato USTEC-STEs (IAC). Con todo, ¿cuál es el estado actual de las movilizaciones en ambas comunidades y qué valoración puede hacerse del desarrollo de las protestas?
La huelga docente se mantiene en Catalunya
En Barcelona y en el conjunto de Catalunya, el conflicto educativo continúa abierto en forma de una sucesión de huelgas encadenadas —hasta 17 jornadas convocadas— y con unas negociaciones que, por el momento, siguen sin desbloquearse. El Govern ha alcanzado acuerdos con CCOO y UGT, pero los sindicatos mayoritarios en la convocatoria de huelga consideran que ese pacto es «insuficiente y no responde a las demandas del colectivo». La Conselleria de Educación ha activado mesas sectoriales con el objetivo de reabrir el diálogo, aunque las posiciones entre las partes se mantienen enfrentadas.
Desde USTEC-STEs (IAC), su portavoz, Iolanda Segura, sostiene en declaraciones a Público que la respuesta del Departament es «absolutamente inaceptable» y evidencia, a su juicio, una falta de voluntad real para abordar un conflicto que tacha de «sin precedentes». En su opinión, el acuerdo firmado con parte de los sindicatos «que no representan ni un 25% de la representatividad del colectivo docente» ha tenido el efecto contrario al esperado: «ha echado gasolina a un fuego que ya estaba encendido«, afirma, señalando un incremento de la indignación entre el profesorado.
Concentración convocada por Ustec·Stes, Aspepc·Sps, CGT Ensenyament y La Intersindical para reclamar mejoras laborales, a 12 de mayo de 2026, en Barcelona.
Segura confía, sin embargo, en que la mesa de negociación prevista este jueves permita reabrir un espacio de acuerdo. «Esperamos encontrar una propuesta que permita reiniciar la negociación y avanzar hacia un acuerdo aceptado por el conjunto del colectivo», dice. Entre las principales reivindicaciones, el sindicato coloca en el centro de la diana tanto las mejoras salariales como las condiciones estructurales de la enseñanza. En este sentido, la portavoz denuncia que las aulas catalanas presentan ratios demasiado elevadas y muchísima complejidad, «con más del 40% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo». «La dotación de recursos no ha acompañado este aumento de complejidad», corrobora.
Iolanda Segura, USTEC-STEs (IAC): «Reclamamos que el gasto en educación alcance el 6% del PIB, con una planificación progresiva»
Por ello, reclaman un refuerzo de los equipos educativos y de apoyo —psicopedagogía, servicios educativos y trabajo social— que permita un abordaje multidisciplinar de las necesidades del alumnado. En el plano retributivo, el sindicato insiste en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, que atribuyen a la «congelación salarial autonómica» y a «incrementos estatales insuficientes frente a la inflación». Además, plantean la necesidad de una cláusula de actualización automática vinculada al IPC «para evitar futuros desfases».
Relacionado con este tema
Otra de sus reivindicaciones pasa por reconocer y compensar actividades docentes que actualmente no están remuneradas ni contabilizadas en la jornada laboral, como salidas, excursiones o colonias escolares, que «en Catalunya forman parte habitual del trabajo educativo». Finalmente, Segura sitúa el debate en términos de inversión estructural, reclamando que el gasto en educación alcance el 6% del PIB, «con una planificación progresiva que permita sostener ese incremento en el tiempo».
El pulso educativo valenciano entra en una fase decisiva
En el País Valencià, la Conselleria de Educación ha sido señalada por los sindicatos por no haber presentado, hasta ahora, propuestas que consideren suficientes y por «intentar condicionar el avance de la negociación a la desconvocatoria de la huelga». Sin embargo, tras varios días de paros, el Ejecutivo autonómico ha reactivado las mesas de diálogo. Los sindicatos docentes acudirán este jueves a la mesa de negociación convocada por la consellera de Educación, Carmen Ortí. Las organizaciones han subrayado que esta convocatoria «no paraliza nada» y han asegurado que se presentarán a la reunión «con la gente en la calle».
«Veremos la propuesta que traen», señala Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO País Valencià. Valls ha participado en todas las movilizaciones del profesorado. Piensa que el conflicto entra en una fase decisiva: «Creo que es un punto de inflexión. Hay que sostener las movilizaciones si los objetivos no se están cumpliendo de forma razonable. Las movilizaciones pueden adoptar muchas formas», explica en declaraciones a Público.
Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO País Valencià, en la concentración de los profesores, a 13 de mayo de 2026.
Relacionado con este tema
La dirigente sindical remite a este diario la hoja de ruta unitaria consensuada por sindicatos y asambleas docentes, que sirve de base para la negociación con la Conselleria. El documento articula las principales demandas del colectivo —mejoras salariales, reducción de ratios, refuerzo de plantillas, condiciones laborales e inversiones en infraestructuras— y plantea un calendario de aplicación progresiva entre 2026 y 2028.
Alba Sánchez, profesora de Matemáticas en Educación Secundaria en Alacant, también ha acudido a todas las movilizaciones del profesorado y describe en conversación con este diarioun clima de creciente malestar en los centros. Bajo su mirada, la Generalitat «sigue sin querer negociar de forma real» y estaría optando por «dilatar el conflicto para desgastar a los docentes«. Según denuncia, hasta ahora no se han puesto sobre la mesa propuestas concretas en materia de infraestructuras, reducción de ratios ni recuperación del poder adquisitivo.
Alba Sánchez, docente en Alacant: «La sensación es que no hay voluntad de mejora y que lo único que se hace es recortar en la educación pública»
«La sensación es que no hay voluntad de mejora y que lo único que se está haciendo es recortar en la educación pública mientras se incrementan los recursos destinados a la concertada y la privada», afirma. Sánchez afea que en el último año se han producido decisiones que, en su opinión, han supuesto un deterioro del sistema: supresión de ciclos de Formación Profesional (FP) con lista de espera, reducción de plantillas, denuncia del acuerdo de interinos firmado con los sindicatos y aprobación de órdenes «sin consenso» con la comunidad educativa.
Manifestación de docentes en Alacant, a 13 de mayo de 2026.
La docente luce escéptica ante la reunión prevista para este jueves. Recuerda que en el último encuentro la Conselleria planteó una subida salarial de 75 euros en tres años, una propuesta que, según relata, «no se expuso siquiera de forma clara en la mesa de negociación». Sánchez describe la situación diaria de su centro, el IES 12 de Octubre, como «límite»: un único conserje cuando corresponderían dos, ausencia de personal administrativo, goteras recurrentes y problemas estructurales en el edificio. Afirma que el ascensor no puede utilizarse por ese mismo motivo y que las ratios alcanzan los 33 y 34 alumnos por aula, hasta el punto de que «literalmente no caben«. También denuncia la falta de espacios: el laboratorio ha sido reconvertido en aula y los departamentos docentes han desaparecido para dar cabida a más grupos.
Público ha trasladado preguntas a las consejerías de Educación de ambas comunidades para conocer su posición. En el caso del País Valencià, se ha preguntado al Ejecutivo autonómico si está dispuesto a asumir cambios de calado en la escuela pública, si reconoce la existencia de un problema estructural en el sistema educativo valenciano y cuál es el margen político real de la Conselleria para abordar la negociación. En Catalunya, este medio ha solicitado al Departament de Educació una valoración sobre el estado actual del conflicto —si lo considera encauzado o todavía abierto a un posible repunte—, así como su análisis sobre la continuidad de las movilizaciones pese al acuerdo alcanzado con parte de la representación sindical. También se ha preguntado si el Govern prevé reabrir la negociación sobre el modelo de escuela pública o si considera cerrado el actual marco de diálogo.
Relacionado con este tema
La administración catalana, por su parte, ha recalcado que este jueves está prevista una mesa sectorial en el marco de la negociación con el profesorado. En sus últimas intervenciones públicas, la consellera de Educación, Esther Niubó, ha defendido la posición del Govern ante el conflicto docente, al que ha calificado de «desproporcionado» por la convocatoria de 17 jornadas de huelga, al tiempo que ha animado a «desescalar la tensión» en la mesa de diálogo. Niubó ha subrayado también las limitaciones presupuestarias del Ejecutivo catalán y ha advertido de que «todo de golpe no se puede recuperar», en referencia a las demandas sindicales, que el Govern considera inasumibles en su formulación actual, como la subida lineal de 400 euros mensuales, que ha tachado de «maximalista».
En la misma línea, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, sostiene que el Departament sí ve margen para incorporar parte de las reivindicaciones dentro del acuerdo ya firmado, y plantea que la propuesta del Govern debe actuar como «punto de inflexión» en la relación con los docentes. Hasta la fecha de publicación de este artículo, la Conselleria del País Valencià no ha respondido a las preguntas planteadas por este medio.
Otro frente educativo abierto con la rebelión del 0-3
A las movilizaciones de docentes en País Valencià y Catalunya se suma otro frente educativo que crece en paralelo: el de las profesionales de Educación Infantil de 0 a 3 años. La protesta, que arrancó el pasado 7 de abril en la Comunidad de Madrid, continúa activa y ya se ha extendido a varias comunidades autónomas tras la huelga estatal del 7 de mayo. Las educadoras denuncian precariedad estructural: salarios bajos, ratios elevadas y una falta de reconocimiento del primer ciclo de Infantil como etapa plenamente educativa. Los sindicatos cifran en más de 60.000 las trabajadoras convocadas al paro estatal y aseguran que el seguimiento fue especialmente elevado en centros privados y servicios externalizados.
Decenas de personas durante una concentración de profesores del ciclo de Educación Infantil (0-3), a 7 de mayo de 2026 en Madrid (España).
Relacionado con este tema
En este contexto, el portavoz del PSOE en Madrid, Esteban Álvarez, avanza en declaraciones a Público que este jueves los socialistas presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para impulsar una transformación integral del modelo actual hacia una red pública unificada y de gestión directa. El texto, al que ha tenido acceso este diario, dibuja un diagnóstico tajante: un sistema «fragmentado, desordenado, desigual entre municipios y centros y crecientemente privatizado». La propuesta también pone el foco en las diferencias de ratios, la desigualdad salarial entre profesionales, el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de calidad educativa. Proponen situar sus salarios alrededor de 2.000 euros brutos mensuales. Por su parte, el Ministerio de Educación ha abierto la puerta a revisar antes del verano el decreto de ratios, algo que los sindicatos consideran un primer avance, aunque «insuficiente» por ahora.
Ya lo anticipó el mes pasado el portavoz del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela: sin una reacción y una negociación «real», en mayo el curso escolar se acabaría. Y así ha sido. Desde este lunes, la educación pública valenciana vive su primera huelga indefinida en décadas —no se registraba una desde 1988— con unos 78.000 docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional llamados a secundarla. La convocatoria está impulsada por STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE. Los sindicatos situaron el seguimiento de la primera jornada de huelga entre el 80% y el 90%, mientras que la Generalitat redujo la cifra en torno al 47%-50%.
Durante el inicio de semana, València, Alacant, Castelló y Elx fueron escenario de numerosas movilizaciones. De acuerdo con los sindicatos, solo en Elx se concentraron alrededor de 3.000 personas en la calle, mientras que el conjunto de protestas habría reunido a más de 40.000 participantes en todo el País Valencià. La incidencia del paro también se notó en los centros: aulas prácticamente vacías y una parte importante de los colegios funcionando únicamente con servicios mínimos, especialmente en zonas como Benidorm y la Marina Baixa.
Uno de los principales puntos de fricción de la primera jornada fue precisamente la fijación de esos servicios mínimos, con debate en torno a 2º de Bachillerato, ante la proximidad de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazó suspenderlos de forma cautelar. La Conselleria asegura estar abierta al diálogo, aunque los sindicatos sostienen que, por el momento, no existe sobre la mesa una propuesta concreta que consideren suficiente para desencallar el conflicto.
¿Qué hay detrás de la huelga del profesorado?
El paro se articula en torno a un paquete de reivindicaciones que los sindicatos han sintetizado en un acuerdo unitario de negociación con 40 medidas dirigidas a la Conselleria de Educación. En el centro de la mesa se sitúa la reducción de las ratios en las aulas: pasar de los actuales 25 alumnos en Infantil y Primaria a 15, y de los 30 y 25 en ESO y Bachillerato a un máximo de 20 estudiantes por clase. A ello se suma la recuperación y ampliación de plantillas, con la creación de 2.000 nuevas plazas, y el refuerzo de los profesionales de atención a la diversidad.
Los sindicatos también reclaman un plan de adaptación climática de los centros educativos ante los episodios de frío y calor extremos, la mejora de infraestructuras y la culminación de proyectos como el programa Edificant, además de acelerar la reconstrucción de los centros afectados por la DANA. En el plano laboral, denuncian la pérdida de poder adquisitivo, situado —según suscriben— «a la cola de las retribuciones del Estado». Critican que la parte autonómica del salario «no se actualiza desde hace 19 años» y exigen una recuperación progresiva del 20%, la actualización anual conforme al IPC, la recuperación de la paga extra y el reconocimiento del verano para interinos que hayan trabajado al menos 150 días.
Sindicatos de enseñanza en el País Valencià: «El fin es revertir un proceso de desmantelamiento y degradación de la educación pública»
El texto incluye medidas para reducir la temporalidad, compensar económicamente la participación en tribunales de oposiciones y aliviar la carga lectiva del profesorado mayor de 55 años. También demandan la reducción de la burocracia diaria, con la simplificación de trámites y la eliminación de informes duplicados que, denuncian, restan tiempo a la labor docente. Los docentes reivindican una mayor protección del valenciano mediante «un modelo lingüístico que garantice la competencia plurilingüe», junto con la retirada de lo que tachan de «medidas de censura» por parte del actual Ejecutivo popular.
El pulso incorpora igualmente la sustitución inmediata del personal de baja, la equiparación de los días de libre disposición con otras comunidades, la reducción de horas lectivas y la homogeneización de la jornada laboral con el resto de empleados públicos del Estado. El fin, enfatizan los docentes, es «revertir un proceso de desmantelamiento y degradación de la educación pública impropio de una sociedad que debe apostar de forma decidida por su futuro».
Xelo Valls, CCOO: «Se repite una estrategia ya vista en anteriores gobiernos del PP: debilitar los servicios públicos y favorecer la privatización»
Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO País Valencià, admite en conversación con Público que el profesorado valenciano «está agotado». «Siente que no tiene el reconocimiento que merece y que su trabajo va mucho más allá de las horas frente a la pizarra», explica. Valls insiste en que la creciente diversidad en las aulas requiere más personal y un refuerzo de las plantillas de atención educativa. «Las ratios deben bajar para que el alumnado —la auténtica joya del sistema educativo— pueda recibir una atención de mayor calidad por parte de docentes menos saturados y mejor remunerados», incide. También reclama una modernización urgente de las infraestructuras escolares para adaptarlas a la emergencia climática.
La dirigente sindical acusa además al actual Consell de haber desmantelado herramientas que, asegura, estaban permitiendo agilizar la construcción de centros educativos «por puro tacticismo político». «La educación es la principal garantía de equidad social y hay que protegerla», defiende. Valls advierte asimismo de que se avecinan nuevos recortes en la enseñanza pública «mientras se rebajan impuestos a las rentas más altas, que representan una minoría de la sociedad valenciana». En su opinión, se repite una estrategia ya vista en anteriores gobiernos del PP: «Debilitar los servicios públicos y favorecer modelos de privatización que terminan perjudicando a la mayoría social y a la clase trabajadora».
Relacionado con este tema
Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).
Apoyo unánime a los docentes
La primera jornada de huelga ha destacado por el respaldo de alumnado y asociaciones de familias, un apoyo que los sindicatos consideran clave para sostener la presión sobre la Conselleria. Elisabet García, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado (FAMPA) de València, sostiene que la huelga docente «será histórica» y que «todo el mundo la recordará» porque, a su juicio, visibiliza el deterioro acumulado de la escuela pública valenciana. En declaraciones a Público, García asegura que muchos de los avances logrados durante los gobiernos del Botànic «han quedado desmantelados con la llegada de la derecha al Consell». «La ideología marca claramente la política educativa del actual Gobierno valenciano», afirma tajante.
Elisabet García, FAMPA: «Se argumenta que no hay presupuesto para la pública mientras se sigue beneficiando a la concertada y a la privada»
La presidenta de FAMPA contrapone el modelo de enseñanza pública que defienden familias y docentes frente a, dice, «la apuesta constante» del Ejecutivo popular por la educación concertada y privada. «Resulta llamativo que se argumente que no hay presupuesto para la pública mientras se sigue beneficiando a la concertada y a la privada», critica. García insiste en que las reivindicaciones del profesorado coinciden plenamente con las de las familias.
«Todo lo que perjudica a los docentes termina repercutiendo también en nuestros hijos e hijas«, señala, en referencia a las ratios elevadas, las condiciones salariales o el estado de las infraestructuras educativas. «Si el profesorado dispone de mejores salarios, más recursos, infraestructuras dignas y menos carga burocrática, también podrá ofrecer una mejor atención y desarrollar su trabajo con mayor motivación», zanja.
Yolanda López, Mirada Blava: «La huelga de los profesores está totalmente justificada y la apoyamos al 100%»
Por su parte, Yolanda López, presidenta de la Asociación Mirada Blava —centrada en el ocio inclusivo para familias con miembros con diversidad funcional—, asegura en conversación con este medio que el respaldo al profesorado es «total». En su opinión, las reivindicaciones docentes se centran en «un salario justo y en medidas imprescindibles para una inclusión y una educación reales». «Sabíamos que esto iba a estallar. Vivimos situaciones de precariedad, con aumento de ratios y con los más vulnerables siendo siempre los que más pierden«, señala. López considera que la huelga «está totalmente justificada» y concluye que la apoyan «al 100%».
Relacionado con este tema
Un pulso encallado
La huelga indefinida se produce tras un nuevo punto muerto en las negociaciones entre los sindicatos del ámbito educativo y la Generalitat. No es el primer episodio de tensión: ya se registraron paros en mayo de 2024, a los que siguieron nuevas convocatorias en diciembre de 2025 y en marzo de este año, sin que ninguna lograra desbloquear el conflicto. Las reivindicaciones arrastran un historial de desencuentros que se remonta a la etapa del anterior equipo al frente de la Conselleria de Educación, dirigida por José Antonio Rovira, mano derecha de Carlos Mazón. Rovira fue sustituido por María del Carmen Ortí.
Profesores de la educación pública no universitaria durante una manifestación, a 11 de mayo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España).
Beatriu Cardona, Intersindical Valenciana: «Desde 2007, el profesorado valenciano ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%»
Beatriu Cardona, portavoz de Intersindical Valenciana —estructura en la que se integra el STEPV— explicó hace un mes que el origen de la huelga está en la negativa de la Conselleria, el pasado 25 de septiembre, a abrir una negociación. Cardona recordó además que, desde 2007, el profesorado valenciano ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo cercana al 20%. Desde el sindicato se apunta también a la decisión del actual Consell de denunciar el acuerdo de plantillas de 2023, una medida que habría provocado, según denuncian, una «bajada drástica de docentes» y, como consecuencia, un inicio de curso con falta de profesorado y retrasos en la cobertura de vacantes. En algunos centros, advierte el sindicato, aún se mantienen ratios de alumnado propias de los recortes de la crisis de 2010, lo que, argumentan, evidencia el deterioro estructural de las condiciones educativas.
En los mismos términos se pronunció la responsable de Enseñanza Pública de UGT en el País Valencià, Maica Martínez. Recalcó que las organizaciones sindicales llevan «más de seis meses» reclamando estas mejoras. En ese tiempo, criticó, la Conselleria habría respondido con «excusas» en lugar de abrir una negociación efectiva para abordar las demandas del profesorado.
Público se ha puesto en contacto con la Conselleria de Educación para conocer qué margen real de negociación existe en estos momentos y en qué aspectos concretos el departamento contempla posibles avances. Este diario también ha solicitado una valoración sobre el diagnóstico que realiza la administración acerca de las principales carencias estructurales del sistema educativo valenciano y las prioridades fijadas para afrontarlas en los próximos meses. Asimismo, se ha preguntado por las medidas previstas para garantizar el normal desarrollo del curso escolar. Hasta la fecha de publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.
