Los flecos que quedaban por concretar de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada este martes por el Gobierno han quedado perfectamente claros, pero la oposición sigue empeñada en cuestionarlos utilizando bulos. El Partido Popular y Vox insisten en argumentos como que otorgar la ciudadanía a extranjeros que llevan meses viviendo en España altera el censo electoral, o que se van a conceder papeles a personas con antecedentes penales, a pesar de que ninguna de las dos cosas son ciertas.
Ante ellos, el Ejecutivo sigue teniendo que aclarar cuestiones que ya están resueltas en la norma, que se publica este miércoles en el BOE (Boletín Oficial del Estado). Así lo ha hecho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La portavoz del Ejecutivo ha tenido que volver a abordar la cuestión ante las preguntas del PP, cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que van a obtener el permiso de residencia «inmigrantes que han abusado de una mujer».
El popular confirma así el endurecimiento de su discurso sobre la migración, en pleno idilio autonómico con Vox, que justo un día antes había recuperado varios de los mantras que quedaron desmentidos en enero, cuando el Consejo de Ministros aceleró la regularización. La portavoz de los de Abascal, Pepa Millán, hizo repóquer de bulos en el Congreso: habló de «invasión», de delincuencia, de colapso de los servicios públicos, del censo electoral, y de una imposición «a golpe de decreto».
Feijóo alimenta el bulo de los antecedentes penales
Una de las cuestiones con las que la derecha ha insistido más es en su empeño en vincular inmigración con delincuencia, sosteniendo que los trámites para garantizar que ninguna persona con antecedentes se pueda beneficiar de la regularización no eran suficientes. En ello ha insistido este miércoles Feijóo: «No tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales pueda seguir conviviendo en nuestro país», ha dicho en los pasillos del Congreso. «El Gobierno ha dicho muy claramente que con antecedentes policiales se va a regularizar a ese inmigrante», ha insistido.
Feijóo alimenta así uno de los bulos más recurrentes sobre la regularización, que tal y como está planteada en el texto aprobado este martes exige que la persona solicitanteacredite que no tiene antecedentes penales, ni en España ni en su país de origen. Además, la norma añade como requisito imprescindible que el extranjero no debe representar una amenaza para el orden, la seguridad ni la salud públicas, algo que la Administración valorará a partir del informe policial correspondiente.
Feijóo ha criticado también que Elma Saiz no haya respondido a su pregunta sobre «cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y, por lo tanto, los derechos en España». La encargada de formularla -porque Feijóo no ha intervenido en la sesión de control– ha sido la diputada Sofía Acedo, que ha reprochado a la ministra que «ni la seguridad ni el bienestar de los españoles es una prioridad para su Gobierno».
Saiz ha respondido recordando que la seguridad se consigue con avances sociales a los que el Partido Popular no ha hecho más que «votar en contra». La titular de Migraciones ha lamentado que «lo que no tiene España es una oposición a la altura«. Acedo ha vuelto a insistir en su segundo turno en que «la ministra del ramo no sabe decir a esta Cámara cuántos inmigrantes van a regularizar», a pesar de que el Gobierno ha reiterado varias veces su cálculo –en torno al medio millón-, y ha dicho que «esta operación de regularización es contraria al derecho europeo», cuando la Unión Europea reconoce que cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio.
Vox insiste en que la regularización altera el censo electoral
Y luego está Vox, que ya anunció que seguirá a Isabel Díaz Ayuso a los tribunales para combatir «en todos los frentes» contra la regularización, en palabras del diputado Carlos Hernández Quero. Los de Abascal anunciaron que van a recurrir la ley ante el Supremo, aunque está por ver si el Alto Tribunal acepta una ofensiva contra una ley basada en unos bulos en los que insistieron este mismo martes. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, utilizó hasta cinco argumentos falsos para criticar al Gobierno en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
El más recurrente, el de que el PSOE quiere alterar el censo electoral dando papeles a los inmigrantes. Millán dijo que la regularización busca «sustituir al pueblo español», que al Gobierno «ya no le sirve» porque «está votando mal y no le gusta». Pero la realidad es que los migrantes que se obtengan ahora el permiso de residencia no van a poder votar en las próximas elecciones generales, ya que deben esperar cinco años para solicitar el derecho a sufragio, que además solo podrían ejercer en las elecciones municipales del municipio en el que estén empadronados.
Además de vincular una vez más inmigración y delincuencia, la portavoz de Abascal volvió a hablar también de «invasión inmigratoria«, avivando la idea de que regularizar fomenta el ‘efecto llamada’, cuando la norma se dirige a personas que se encontraban en nuestro país antes del 1 de enero de 2026, y puedan acreditar un mínimo de cinco meses de estancia, no para nuevas llegadas.
Millán dijo también que la regularización va a empeorar el «colapso» de los servicios públicos, cuando es imposible que influya en eso de alguna manera porque los extranjeros que se van a regularizar se encuentran ya en España, y ya utilizan, por ejemplo, la sanidad pública. Además, según los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, la población extranjera hace un uso menor de los servicios sanitarios.
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Ferrovial Servicios comenzó en 2020 a encargarse de hacer las reparaciones en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Ese año se le adjudicaron 40 contratos menores por un importe que rozó los 60.000 euros. Cuando en 2022, la gestora de fondos de capital riesgo española Portobello Capital adquirió el 75% de Ferrovial Servicios, ésta se convirtió en Serveo, y siguió al cargo las reparaciones del hospital madrileño, también con contratos menores, aquellos que, siendo de servicios o suministros, tienen un importe inferior a 15.000 euros sin IVA, no necesitan licitación –se adjudican a dedo– y sus requisitos de publicidad son menores que los de un procedimiento ordinario abierto. De forma que, entre 2020 y 2025, el centro sanitario público le adjudicó a la empresa ahora presidida por Ignacio Mataix 201 contratos de este tipo, por un importe total de 522.117 euros, según el análisis que ha realizado Público a partir de la información obtenida en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid y extraída por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ferrovial mantuvo un 25% del capital de Serveo hasta junio de 2024, cuando vendió esa participación a Portobello Capital, que desde entonces es su único accionista.
Este reportaje es el tercero de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público. Los dos anteriores puedes consultarlos aquí y aquí.
En esos seis años sólo aparecen catalogados como contratos de obra 20 expedientes, uno en 2021–en el que no se especifica qué obra se realizó– por importe de 30.232 euros,y otro en 2022–unos trabajos en los despachos de farmacia– adjudicado en 30.365 euros, además de 18 en 2025. Los contratos menores de obra tienen un umbral mayor que los de suministros y servicios, 40.000 euros sin IVA.La mayoría de los contratos menoresde «reparación, conservación y otras»conseguidos porServeo-Ferrovial están etiquetados como de servicios, pese a que, al menos en un caso, el objeto declarado es una «obra de adaptación del aseo en el hall para pacientes» en 2023, por importe de 4.151 euros.
Por contra, dos de los contratos de obra de 2025 son para recargar extintores, mientras que de los 11 de suministros adjudicados a Serveo ese año otros dos tienen por objeto la «ejecución de obra para reforma de centro de salud mental». Su catalogación es dudosa.
AServeotambién le encargó el hospital los trabajos de remodelación del centro sanitario Sandoval Suren 2024. En ese año Serveofacturó a Alcorcón 101.060 euros, aunque con el menor número de contratos desde 2020, sólo 18, cuandoen 2025 llegó a 55. En 2024, además, tres de los menoresfueron adjudicados por 14.999 euros cada uno, una manera poco sutil de eludir el procedimiento abierto recortando en un euro el importeestablecido como tope legal para el contrato menor. Dos de esos contratos al límitefueron para trabajos en laconsulta de enfermería y en la «consulta de técnicas», sin más precisión, del centro Sandoval Sur. En este tipo de contratos, el adjudicador no está obligado a publicar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, y a menudo la identificación del objeto es tan genérica que apenas informa de la naturaleza del servicio prestado.
El presidente ejecutivo de Serveo, Ignacio Mataix.
La fecha de los cinco contratos de Sandoval Sur
Para acondicionar el centro Sandoval Sur,de 155 metros cuadrados yubicado dentro del recinto del Hospital de Alcorcón, pero en un edificio independiente,le fueron adjudicados cinco contratos menores aServeo. Además de los dos mencionados, otros tres por importes menores, uno para trabajos de «adecuación», otro paratrabajos en la consulta médica y uno más etiquetado como «pavimento». En total, 24.963 euros que, añadidos a los dos contratos anteriores, suman54.961 euros. Según las instruccionesde la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratación pública, y los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos, hay fraccionamiento de contratos si se separa en varios expedientes una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Si los contratos, como es el caso de los referidos al centro Sandoval Sur, son «del mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación, de prestaciones dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una misma necesidad pública«, no pueden ser troceados. Es un fraude de ley que vulnera los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
Además, los cinco contratos de Sandoval Sur tienen la misma fecha, el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, el centro sanitario, especializado en la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, comenzó a funcionar en octubre de 2024, según consta en la memoria del hospital de ese año, y fue inaugurado por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, el 26 de noviembre de 2024. Es decir, los contratos fueron suscritos casi dos meses después de abrir sus puertas el centro y dos semanas después de haber sido inaugurado oficialmente. En su momento la Consejería de Sanidad publicitó que la puesta en marcha de Sandoval Sur había supuesto una inversión de 600.000 euros.
Público ha preguntado tanto a la gerencia del Hospital de Alcorcón como aServeoy Ferrovial por estos contratos, pero ninguno de los interpelados ha respondido.Serveose ha limitado a contestar que la empresa «actúa en todo momento conforme a la normativa vigente aplicable en materia de contratación pública, según la tramitación efectuada por el órgano de contratación competente». Ferrovial, por su parte,asegura que no tiene nada que ver con la gestión deServeodesde que vendió el 75% de su filial. Y el hospital repite que su actividad «se desarrolla cumpliendo la normativa vigente».
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Mala planificación, fraccionamiento de contratos
Laley configurael contrato menorcomo una figura excepcional, por cuanto carece de licitación, es una adjudicación directa, quedebe reducirse a situaciones extraordinarias, según explica laOIReScon. De ahí que no puedan utilizarse contratos menores sucesivos para cubrirnecesidades recurrentes y periódicas. Sin embargo, es lo que ocurre, por ejemplo,con las reparacionesque necesita el Hospital de Alcorcón: una necesidad recurrente que lleva años cubriendo un mismo contratista, Ferrovial-Serveo, sin haberse presentado a un concurso público. Muchos de esos contratos son por importes muy pequeños,27, 77, 167 euros… muchos otros tienen la misma fecha. Público ha preguntado a la empresa por la naturaleza de esas reparaciones, sin obtener respuesta. También le ha preguntado, sin éxito, cómo fue elegida para prestar esos servicios si en los contratos menores no hay concurso previo.
En 2020, Ferrovial Servicios se hizo con 37 contratos de reparación y conservación y tres más de «repuestos», por un total de 59.121 euros.En 2021, fueron menos, 32 contratos menores, pero por un importe mayor, 76.268 euros; la mayoría era para reparaciones, pero también obtuvotres para suministros electrónicos e «inmovilizados». En 2022, los contratos menores obtenidos por la nueva marca,Serveo,se elevan a 50, por valor de 77.924 euros, que a veces se firman en tandas –cinco o seis el mismo día–. En 2023, Serveo sólo se lleva 24 contratos menores, a cambio de 25.883 euros. En 2024, con apenas 18 contratos, factura al hospital 101.060 euros. Y en 2025 alcanza su récord, 55 contratos menores por valor de 206.457 euros.
Pero en ese último año se produce un cambio sustancial. Los contratos ya no tienen como objeto el genérico «reparaciones, conservación y otras», sino que especifican qué se repara: desde desperfectos en el autoservicio del personal y en las habitaciones de los médicos de guardia hasta todo tipo de instrumental médico. Todos ellos son etiquetados como contratos menores de servicios, aunque se trate de obras. Pero los de mayor importe son los de 11 contratos de suministros, de los que cinco tienen exactamente el mismo precio de adjudicación, 14.999 euros, apenas un euro por debajo del límite legal: uno es para suministrar bombines, otro para instalar el sistema de climatización en el área de hospitalización, uno más para instalar sistemas técnicos de soporte vital en la UCI y dos más para un sistema de «refrigeración CECAD».
Además, hay dos contratos troceados: tienen el mismo objeto, suministrar «tuberíasconválvulasdealivio enfriadoras»; el mismo importe, 9.329,6 euros cada uno, y la misma fecha, 24 de noviembre de 2025. Sumados, los importes superan los 15.000 euros.
Lo mismo ocurre con los dos contratos para ejecutar las obras dereforma del centro de salud mental. Cada uno corresponde a una fase delmismoproyecto. La primera se firmó por 14.000 euros y la segunda, por 8.895,95 euros. El total, una vez más, supera el umbral del contrato menor de suministro, que es como se catalogaron ambos expedientes pese a tratarse de obras de reforma.Tienen la misma fecha, el 25 de noviembre de 2025.
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Y otro tanto puede decirse de los tres contratos de «refrigeración CECAD» que también llevan la misma fecha: dos fueron adjudicados por 14.999 euros, para eludir el tope legal, y un tercero por2.826 euros, por lo que sumados exceden el tope del contrato menor.
Como mínimo, una gestión contractual de este tipo es síntoma de una mala planificación de una necesidad permanente. La OIReScon y las juntas consultivas de contratación, tanto la estatal como las autonómicas, recuerdan constantemente a las administraciones en sus informes que existe todo un abanico de modalidades para sustituir los contratos a dedo: el procedimiento abierto simplificado, la compra centralizada, los acuerdos marco o la división de los contratos en lotes. Cualquiera de ellas gana en transparencia, publicidad y concurrencia al contrato menor.
En transición hacia un nuevo modelo de gestión
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que elSermasle paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado su transformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios delSermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales delSermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es ModoaldoGarrido Martín.
El Gobierno ha dado un paso definitivo en la aplicación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE). La medida, que afecta a unos 250.000 empleados públicos, ha quedado oficializada este miércoles tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución aprobada por el Ministerio de Función Pública, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.
El texto recoge el compromiso sellado el pasado 27 de marzo y supone una reducción de dos horas y media en la jornada semanal respecto al esquema vigente hasta ahora. La nueva normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación, aunque establece un plazo de un mes para que los distintos organismos y entidades públicas adapten sus calendarios laborales a la nueva realidad.
La implantación de las 35 horas en la AGE corrige una situación que los sindicatos venían denunciando desde hace años como un agravio comparativo. Mientras la mayoría de administraciones autonómicas y buena parte de las locales ya habían recuperado esta jornada, los empleados de la Administración central seguían sujetos a un régimen más amplio. El compromiso de revertir esta situación ya estaba recogido en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado en 2022, aunque su desarrollo quedó bloqueado durante meses hasta reactivarse en noviembre dentro de un nuevo pacto salarial.
La resolución establece que la jornada general será de 35 horas semanales de trabajo efectivo en cómputo anual, lo que equivale a 1.533 horas al año. Este nuevo marco se aplicará a todo el personal dependiente de la Administración central, incluyendo finalmente a colectivos que en un primer momento habían quedado fuera, como los trabajadores de instituciones penitenciarias o los empleados de sanidad y educación en Ceuta y Melilla. No obstante, en estos ámbitos la aplicación concreta deberá negociarse de manera específica.
El acuerdo también pone el acento en la necesidad de garantizar la calidad de los servicios públicos pese a la reducción de la jornada. Para ello, los distintos departamentos deberán adoptar las medidas organizativas necesarias, especialmente en aquellos servicios con atención directa a la ciudadanía o con sistemas de turnos. En este sentido, el Gobierno se compromete a orientar la planificación de recursos humanos y las ofertas de empleo público para reforzar la capacidad de respuesta de la Administración.
En cuanto a los detalles concretos del horario, la resolución introduce cambios respecto a la normativa anterior, vigente desde 2019. El horario fijo de mañana pasa a ser de 9:00 a 14:00 horas, en lugar de las 14:30 anteriores, sumando así 25 horas semanales. El resto del tiempo hasta completar la jornada se realizará en horario flexible, que podrá distribuirse entre las 7:00 y las 9:00 y entre las 14:00 y las 18:00 de lunes a jueves, así como los viernes en una franja más reducida.
Asimismo, el horario fijo de mañana y tarde se acorta hasta las 16:30 horas, frente a las 18:00 que regían anteriormente, y el turno de tarde se amplía hasta las 20:00. Por su parte, la jornada intensiva de verano se mantiene sin cambios, con seis horas y media diarias entre el 16 de junio y el 15 de septiembre.
Otro de los aspectos destacados es la ampliación de la flexibilidad horaria para facilitar la conciliación. Los empleados públicos con responsabilidades familiares —como el cuidado de menores de 12 años, personas dependientes o familiares con enfermedades graves— podrán adaptar su jornada con hasta una hora diaria de flexibilidad. Esta posibilidad se extiende también al cuidado de personas dependientes convivientes, incluso sin vínculo familiar.
En paralelo, el personal con régimen de especial dedicación verá reducida su jornada de 40 a 37 horas y media semanales, alineándose así con el nuevo esquema general.
La recuperación de las 35 horas supone también el cierre de un ciclo iniciado en los años noventa, cuando esta jornada comenzó a implantarse en las administraciones públicas. Su desarrollo se vio interrumpido en 2012, en plena crisis económica, cuando el Gobierno de entonces estableció con carácter general las 37 horas y media. La restricción se eliminó en 2018, permitiendo a distintas administraciones recuperar progresivamente la jornada reducida.
Actualmente, la mayoría de comunidades autónomas ya han implantado las 35 horas, aunque todavía existen excepciones. En el ámbito municipal, la situación es más desigual: cerca de cuatro de cada diez grandes ayuntamientos aún no han adoptado esta medida.
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El escenario de tensiones en Oriente Próximo está encauzándose en este punto por la vía de las negociaciones entre las distintas partes implicadas. En lo que concierne a las hostilidades de Israel sobre Líbano en los últimos días, donde las víctimas mortales ya se cuentan por más de 2.000 y los heridos por cerca de 7.000, este martes, desde Washington, los representantes diplomáticos se han sentado en la mesa de diálogo con la intermediación de Estados Unidos.
Desde Washington, en la tarde de este martes ha dado comienzo la reunión entre el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, frente a su homóloga de Líbano, Nada Hamadeh Moawad, desde la sede del Departamento de Estado, a la que ha acudido en representación de la Casa Blanca el jefe de la diplomacia del Gobierno de Donald Trump, Marco Rubio, quien ha calificado la reunión de “oportunidad histórica”.
Rubio, a su vez, al comienzo de las conversaciones, ha precisado que este nuevo escenario de diálogo no será de una sola reunión, debido a su “complejidad”, sino que ha confiado en que se prolongue de aquí a medio y largo plazo para “poner fin a 20 o 30 años de influencia de Hezbolá”.
Después de que la semana pasada el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció “negociaciones directas” con Beirut “lo antes posible”, en las que reclamó el desarme de Hezbolá, ha sido este martes cuando se han retomado después de más de 30 años desde el plano diplomático, teniendo en cuenta que, mientras esta se ha producido, los bombardeos israelíes sobre suelo libanés no han cesado. Históricamente hablando, Israel y Líbano no cuentan con relaciones diplomáticas directas, y permanecen en guerra desde 1948, aunque en los últimos tiempos, con el ejemplo presente del conflicto que acontece ahora en Oriente Próximo, sí se han dado contactos indirectos con intermediarios.
Posteriormente a la reunión, Leiter, en declaraciones a los medios de comunicación, ha precisado que Israel ha dejado en claro la protección y seguridad de su población civil, la cual «no se puede negociar». Un punto que, según ha expresado, la parte libanesa «ha entendido»: «Ha sido una victoria para la responsabilidad, sentido común, paz y cordura. El líder de Hezbola pidió al gobierno de Líbano que no participase, pero el gobierno les dijo que no. Este es el inicio de una lucha coherente y fuerte contra Hezbolá. Están más débiles que nunca, conjuntamente podremos eliminar la amenaza de este grupo tan maligno«, ha ahondado.
«Hezbolá está haciendo lo que dice Irán. Es la oportunidad de poder hacer que retrocedan, más de lo que hemos conseguido nunca. Por eso el imperativo de esta manera para separarles. La gente de Líbano trabaja con nosotros para conseguir conjuntamente un acuerdo de paz pleno, podremos conseguir una relación de armonía«, ha agregado el embajador israelí desde Washington.
Bajo el telón de fondo de los ataques que Washington y Tel Aviv comenzaron en Irán el pasado 28 de febrero, Israel tomó un frente de ataque más situando su objetivo sobre Líbano apenas unos días más tarde bajo la premisa de erradicar a la cúpula de Hezbolá, pese a que la mayoría de las víctimas mortales que se han derivado de esta incursión militar son civiles.
Cabe recordar que, en el pacto de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, uno de los puntos de fricción en la Comunidad Internacional fue la exclusión de Líbano de este pacto, país que siguió sufriendo las hostilidades de la ofensiva israelí. Posteriormente, incluso Trump aconsejó a Netanyahu rebajar los ataques sobre Beirut en aras de encauzar la vía por la diplomacia.
Trump apunta a nuevas conversaciones con Irán en Pakistán
En paralelo, aunque bajo el mismo marco de la guerra, el principal mandatario de la Casa Blanca ha ahondado este martes en que sus representantes diplomáticos podrían reanudar las conversaciones con las autoridades iraníes dentro de dos días en Pakistán, teniendo en cuenta que el pasado fin de semana se dio el primer encuentro entre las partes en Islamabad, la capital del país colindante. De esta reunión no emanaron grandes avances, llegando Trump a bloquear el tráfico de buques iraníes en el estrecho de Ormuz.
En declaraciones a The New York Post, Trump ha invitado a los periodistas a permanecer en Islamabad “porque algo podría pasar en los próximos dos días”, inclinándose a acudir más a este punto de encuentro. “¿Por qué ir a un país que no tiene nada que ver con esto?”, se ha preguntado, además de que ha tildado de “excelente” el trabajo del jefe del Estado Mayor del Ejército paquistaní, Asim Munir, uno de los mediadores junto al ministro de Exteriores del país asiático, Ishaq Dar, durante las conversaciones.
Pese a estas palabras, poco antes, el mandatario del Despacho Oval ha asegurado que tiene “otro lugar en mente” para continuar las conversaciones con Teherán, considerando incluso ir a Europa: “Algo más céntrico… Europa, tal vez”, ha deslizado en conversaciones con el prestigioso periódico estadounidense. Al tiempo, también ha deslizado que “las cosas están pasando, pero un poco lento”, en relación con la evolución del conflicto.
Sumado a estas palabras, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha afirmado en la víspera que la responsabilidad de dar el próximo paso en las negociaciones de paz con Irán recae sobre Teherán, alegando que la delegación estadounidense abandonó las negociaciones de Islamabad sin acuerdo porque su contraparte iraní “tuvo que regresar” para “obtener la aprobación” de los términos estadounidenses.
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Árbitra: Tels Olofsson (Suecia). Mostró tarjeta amarilla a Bronze (m.85) y a Hampton (m.94) por parte de Inglaterra y a Paredes (m.58) por parte de España.
Estadio de Wembley. 62.306 espectadores.
–este medio / Efe–
La selección española femenina de fútbol ha perdido 1-0 ante Inglaterra en un partido clave para la clasificación del Mundial. El combinado de Sonia Bermúdez fue de menos a más, pero ha sido incapaz de marcar en Wembley y ahora se complica la lucha por el primer puesto del grupo A3 que da acceso directo a la cita de Brasil 2027.
El encuentro de este martes se le puso de cara pronto a las locales al aprovechar su primera ocasión a balón parado, un córner lanzado al segundo palo donde la genial Alessia Russo pudo sacar el balón desde el suelo entre un bosque de piernas para asistir a Lauren Hemp. Y su compañera se sacó una volea a la media vuelta preciosa para poner el 1-0 a los tres minutos.
El gol de Lauren Hemp en el minuto 3 que condenó a España ante Inglaterra
Alexia Putellas, tras la línea de gol, intentó sacarlo, pero entró completamentepor milímetros según confirmó la tecnología de asistencia arbitral.
A La Roja le costó reaccionar e Inglaterra siguió generando ocasiones, en particular otra en los pies de Hemp, que mandó el balón al palo tras una triangulación con Lucy Bronze, que le devolvió el esférico con un taconazo.
Vicky López lidera el ataque
España no creó peligro hasta casi la media hora de juego, cuando Vicky López y Mariona Caldentey imprimieron una marcha más a los pases.
Con ese plus de intensidad, España empezó a jugarle de tú a tú al combinado de Sarina Wiegman y antes del descanso tuvo un par de ocasiones más con la aparición en el ataque de jugadores de segunda línea, como Ona Batlle y Patri Guijarro.
Después del descanso, el encuentro se aceleró mucho y se convirtió en un toma y daca. España estuvo cerca de marcar con la voluntariosa Vicky, pero también tuvo varios sustos por despistes de las defensas.
Con el paso de los minutos y el cansancio acumulado el encuentro decayó un poco, pero la entrada de las futbolistas de refresco volvió a animar el final. En el último minuto del tiempo reglamentario, Edna Imade conectó un gran cabezazo a saque de córner, pero Hannah Hampton respondió con un paradón.
El paradón de Inglaterra que evitó que España empatara en Wembley
Y aún tuvo otra más Vicky en el tiempo de prolongación, pero de nuevo España sigue sin ganar en su casa a Inglaterra, que ahora lidera en solitario el grupo A3 con nueve puntos.
España, que se queda con seis, se medirá el próximo sábado a Ucrania en el Nuevo Arcángel de Córdoba en la cuarta jornada de esta fase. En el otro encuentro de la jornada en este grupo, Islandia ha ganado 1-0 a Ucrania. Solo la primera del cuarteto logrará el billete directo a la próxima Copa Mundial femenina de Brasil. El resto pasarán a la repesca.
Desde que comenzó la escalada bélica en Oriente Próximo el pasado mes de febrero fruto de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, el Gobierno de España se ha mantenido firme en su postura de condena a la guerra orquestada por Washington, posición que de la misma manera que le ha valido las amenazas y presiones de Donald Trumo también ha supuesto el reconocimiento internacional, especialmente por parte de Irán.
Bajo este marco, este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha compartido un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) con el que vuelve a elogiar a España por su postura antibelicista, así como a otros países, frente a los «crímenes del régimen sionista», en medio de las críticas de Israel y cuando se cumple ya la mitad de la tregua de quince días pactada por Teherán y Washington para lograr un acuerdo. «La esencia de las civilizaciones se revela en momentos históricos cruciales«, ha señalado Pezeshkian en su mensaje en redes. Al hilo de ello, el presidente iraní ha detallado que la postura contra la guerra mantenida por España, China, Rusia, Turquía, Italia y Egipto tienen su origen en «profundas raíces culturales e históricas».
The essence of civilizations reveals itself at critical historical junctures. The positions taken by Spain, China, Russia, Türkiye, Italy, and Egypt against the warmongering and crimes of the Zionist regime stem from their deep cultural and historical roots.
Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que autoridades iraníes lanzan un mensaje de reconocimiento a la postura adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez en este conflicto. Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, trasladó a su homólogo español, José Manuel Albares, que «nunca olvidarán» el papel que están desempeñando.
Algo parecido se pudo ver el pasado mes de marzo, después de que el Ejecutivo de Sánchez vetara a Estados Unidos el uso de las bases de Morón y Rota para sus ataques a Irán. A pesar de las amenazas que lanzó Trump a España, la Embajada iraní en España defendió que Irán “reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el Derecho Internacional”. Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía que este tipo de «actuaciones» requieren «amparo internacional», pero que la ofensiva de Estados Unidos e Israel carece de «ese marco de legalidad internacional» porque Washington y Tel Aviv «están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional».
En el mismo orden de cosas, el mes pasado la Embajada de Irán en Españapublicaba otro mensaje en su cuenta de X en el que aseguraba que el país persa se muestra «receptivo» ante «cualquier solicitud» que proceda de España, un país que ve «comprometido con el Derecho Internacional». El mensaje lo acompañó de un mapa donde se indicaba con una línea roja el estrecho de Ormuz.
Otro ejemplo se vio a finales de marzo, cuando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, volvía a felicitar a España en medio de la guerra de Irán como ya hizo hace unos meses, cuando Trump amenazó a nuestro país con cortar relaciones con el comercio. Según expresó Rutte, España “está realmente cumpliendo lo que debe hacer”. En detalle, Rutte indicó que “a comienzos del año pasado el gasto estaba en torno al 1,4%”, pero que en abril recibió “una llamada de Pedro Sánchez”, en la que el responsable español dijo “Vamos a llegar al 2%”: “Y así lo hizo. Esto significa miles de millones de euros adicionales, invertidos de manera estructural en defensa por España”.
Irán responde al bloqueo de Ormuz
Al margen de todo ello, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, ha afirmado este martes que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, un acto de «terrorismo económico», busca «guardar las apariencias» y lograr una «salida digna» al «círculo vicioso de palabras redundantes y actos imprudentes» en el que se ha introducido el país. «El acto ilegal, provocador y no constructivo de establecer un bloqueo naval es un paso en falso imprudente y destinado, posiblemente, a guardar las apaciencias», ha indicado el embajador en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
En este sentido, ha acusado a Washington de intentar «ganar credibilidad» mediante la creación de la idea de que «las cosas se imponen por la fuerza y que, por lo tanto, está justificado el despliegue de munición» en la zona. Con estas acciones, ha dicho, Estados Unidos «justifica su retórica y la pérdida de vidas humanas», además del «coste que todo esto supone para los contribuyentes estadounidenses».
«Aun así, este error de cálculo se suma al inventario de fallos con consecuencias graves para toda la región, y que va más allá de la misma», ha lamentado, antes de advertir que se trata de un acto de «terrorismo económico que pone en peligro los medios de vida y la paz mundiales». «Estos actos, que hacen peligrar la seguridad y la estabilidad, están alineados con el objetivo de alcanzar las ambiciones de una Feria de las Vanidades», ha zanjado.
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España ha dado este martes 14 de abril un paso adelante en los derechos de las personas migrantes que residen y trabajan en este país, después de que el Consejo de Ministros haya dado luz verde a la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería en la que se incluye la regularización de en torno medio millón de personas extranjeras que viven en España.
Con esta medida, introducida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, aquellos migrantes que residen en nuestro país podrán adquirir derechos base como el acceso a los servicios públicos, contratos laborales regulado o también el pago de impuestos directos. Un avance que según ha reflejado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una carta a la ciudadanía, sirve para “reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”. Sin embargo, pese al aval del Consejo de Estado, son múltiples las preguntas que ahora se abren sobre la mesa, y también ingente la cantidad de bulos que tanto derecha como extrema derecha vienen arrojando sobre la medida.
A razón de ello, conviene subrayar que la regularización se aplica únicamente a aquellos extranjeros que ya se encontraban en España antes del anuncio de la reforma de la norma, y no a las nuevas llegadas. Por ello, uno de los requisitos para poder solicitar la regularización es la acreditación de la estancia previa en España antes del 1 de enero de 2026. Asimismo, se exige una permanencia continuada mínima de 5 meses en el momento de la presentación de la solicitud.
En esta línea de requisitos, también se incluye que se acredite la ausencia de antecedentes penales; lo que viene a tumbar otro de los bulos más sonados, que apuntaba a que esto no se exigía. Además, en lo que respecta a los solicitantes de protección internacional, será suficiente con haber presentado la solicitud antes del 1 de enero de 2026 y poder acreditarlo debidamente.
Calendario y vías de presentación de la solicitud
Con el objetivo de que las solicitudes puedan desarrollarse siguiendo un orden que no ponga en riesgo la buena prestación de servicios en los centros donde se tramitan, se han establecido las siguientes fechas y vías para poder presentar la solicitud.
15 de abril: Publicación del procedimiento en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
16 de abril: Inicio de la tramitación telemática de solicitudes; se habilita también la solicitud de cita previa para atención presencial
20 de abril: Comienzo de la atención presencial, siempre con cita previa
30 de junio: Finaliza el plazo para la presentación de solicitudes
En este punto, conviene matizar que se ha diseñado un operativo especial para dar cobertura a todas las solicitudes, de manera que hasta 450 oficinas trabajarán en la atención presencial. Por su parte, el servicio telemático estará disponible desde este jueves 16 de abril, las 24 horas del día durante los siete días de la semana. Además, se incorpora un plan de refuerzo de personal extraordinario con más de 600 personas.
Con todo ello, se tumba otro de los bulos que hace referencia a que esta regularización y su solicitud va a colapsar tanto las oficinas de Correos como la Seguridad Social. Lejos de ello, lo cierto es que se han habilitado estos horarios específicos para no interceder con otros trámites. Además, la atención presencial solamente se hará mediante cita previa.
Por lo que hace a las vías para presentar las solicitudes, estas son presencial o telemática.
Vía telemática
Podrán presentar la solicitud directamente los interesados que dispongan de certificado electrónico y NIE
También se podrá realizar a través de personas inscritas en el Registro Electrónico de Apoderamientos
Se podrá contar con representantes profesionales como abogados, graduados sociales o gestores administrativos
Las entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería podrán prestar asistencia gratuita en la presentación de solicitudes
Vía presencial (únicamente disponible con cita previa)
El plazo para solicitarla se abre el 16 de abril, aunque la atención en oficinas comenzará el día 20 de abril
Podrá solicitarse a través de un formulario en la web del Ministerio, utilizando el sistema de identificación Cl@ve
También estará disponible la opción de solicitarla llamando al teléfono 060, disponible de lunes a viernes de 9:30 horas a 14:00 horas y de 16:30 horas a 19:30 horas
Oficinas de la Seguridad Social: al menos una por provincia, con atención de lunes a viernes en horario de 16:00 a 19:00 horas
Sucursales de Correos: ubicadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes, con horario ininterrumpido de 08:30 a 17:30 horas
Oficinas de Extranjería: disponibles en determinadas provincias (Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia), exclusivamente en horario de tarde de 16:00 a 19:00 horas
Asimismo, se habilitará un portal específico dentro de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con toda la información actualizada sobre el proceso.
De la legitimidad de la medida al contexto económico
Con todo ello, este 14 de abril el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha firmado un momento histórico en la legislatura de Pedro Sánchez al proporcionar al casi medio millón de migrantes en España derechos base.
Por ello, según subrayan fuentes de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la modificación del reglamento de Extranjería cuenta con legitimidad política, porque la toma en consideración de esta iniciativa contó con 310 votos a favor en el Congreso de los Diputados (todos los grupos parlamentos, excepto Vox); social, porque toma el testigo de una Iniciativa Legislativa Popular que fue respaldada con más de 700.000 firmas y que apoyan más de 900 asociaciones de distinta índole, además de contar con el respaldo de la Iglesia católica; y económica, por el respaldo manifiesto de los agentes sociales y sectores productivos vitales como la construcción, la agricultura y la ganadería, y el transporte, que llevan tiempo pidiendo públicamente esta medida.
Entre otras cosas, estas mismas fuentes ponen también de relieve la seguridad jurídica que ampara la modificación de la norma, al tratarse de un procedimiento reglado dentro del marco de la Ley de Extranjería, que cuenta con todas las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Al hilo de ello, subrayan que el dictamen del Consejo de Estado avala que este procedimiento se realice por la vía reglamentaria, y considera que en dicho desarrollo reglamentario se han respetado todas las garantías para concluir un procedimiento de esta índole. Además, añaden que su dictamen valora positivamente los objetivos generales de la regularización, como son la integración social, la seguridad jurídica y la reducción de la irregularidad administrativa.
En este orden de cosas, la medida que ha visto la luz este martes en el Consejo de Ministros tiene también un profundo calado en el plano económico del país. Tal y como detallan fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la prosperidad de la economía actual va de la mano con la gestión de la migración y el aporte de los trabajadores extranjeros. De este modo, el 43% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, mientras que los trabajadores extranjeros representan más del 14% del total y hay sectores donde su peso es aún más relevante.
En este sentido, en el sector de la hostelería, uno de cada tres afiliados son extranjeros; en agricultura y construcción, uno de cada cuatro: en transporte, casi uno de cada cinco; y, además, uno de cada tres autónomos dedicado a telecomunicaciones, programación e informática es de otro país.
Entre otras cosas, instituciones de referencia como el Consejo Económico y Social (CES), la Comisión Europea, el FMI o la Airef coinciden en que España necesita que lleguen entre 200.000 y 250.000 migrantes al año hasta 2050 para mantener el Estado del Bienestar. Así, tal y como señala el CES, su contribución no se limita al ámbito económico, sino que también suponen el rejuvenecimiento demográfico, ya que la inmigración en España es eminentemente laboral y con un perfil de edad joven.
Con todo ello, desde la cartera que dirige Elma Saiz apuntan a que en ausencia de inmigración, España experimentaría una reducción significativa de la población y perdería peso en el contexto de la Unión Europea. Además, según un estudio de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, se reduciría el PIB y disminuiría nuestra renta disponible. Se debilitaría el mercado laboral y se deteriorarían los servicios públicos.
Por su parte, la sostenibilidad fiscal se vería comprometida porque subirían los gastos, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población, y se reduciría la recaudación fiscal.
Desmontando los bulos, uno a uno
Con todos estos datos sobre la mesa, es necesario tumbar los principales bulos que desde la derecha y la extrema derecha han contribuido a esparcir sobre la regularización de migrantes:
“Efecto llamada”: Se dirige a personas que se encontraban en nuestro país antes de que se anunciara la regularización, no para nuevas llegadas.
“No se exigen antecedentes”: La ausencia de antecedentes penales y su debida acreditación ha sido siempre un requisito obligatorio, como lo es en otros trámites de extranjería.
“Van a colapsar las oficinas como Correos o la Seguridad Social”: Se han habilitado horarios específicos y ampliados para no interceder con otros trámites. Además, la atención presencial solamente se hará mediante cita previa.
“Van a hacer un abuso de los servicios públicos”: Según los indicadores del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia, la población extranjera hace un uso menor de los servicios sanitarios.
“Han expulsado a los ucranianos del proceso”: En primer lugar, no son personas en situación irregular. Por otro lado, contarán con un procedimiento separado de la regularización para sus autorizaciones, por diferentes vías de presentación y sin plazo límite para sus solicitudes.
“Europa está en contra de este proceso”: La Unión Europea reconoce que cada Estado decide sobre las personas que ya están en su territorio. No está prohibido y se ha hecho en otros países. Es un proceso individual, como exige Europa.
“Encarecen el mercado de la vivienda”: No encarecen el mercado, son quienes más sufren el acceso a un mercado de la vivienda muy tensionado. El informe de seguimiento del Marco Estratégico señala que el 23% de las personas extranjeras no comunitarias vive en hogares sobreocupados, frente al 6% de los españoles.
“Es un coladero para que se vayan a otros países de la UE”: El permiso es exclusivamente para residir y trabajar en España. Son personas que viven en nuestro país y que apuestan por tener un proyecto de vida aquí.
“Esta regularización se tiene que hacer vía legislativa con su aprobación por parte del Congreso de los Diputados”: El Consejo de Estado ha avalado que la regularización se realice por la vía reglamentaria, por ser un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional.
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Benjamin Netanyahu no acepta que un solo país de Occidente no calle y asienta ante sus constantes violaciones del derecho internacional. Este es el caso de España, que planta cara al primer ministro de Israel en la condena al genocidio en Gaza, o el recrudecimiento en las últimas semanas de su ofensiva sobre Líbano a raíz de la operación ilegal contra Irán iniciada junto a Donald Trump en febrero.
Todo comenzó en abril con la quema de un muñeco de Netanyahu en El Burgo, en Málaga, que el Gobierno israelí vinculó directamente con el «incitamiento sistémico» del Ejecutivo español. El berrinche del sionismo llegó a un punto álgido este viernes, cuando Netanyahu amenazó a España con «pagar un precio inmediato» por plantarle cara al genocida, según él, difamando al «ejército más moral del mundo», responsable del asesinato de cientos de miles de civiles en Palestina, Líbano y otros países en las últimos décadas.
El primer ministro de Israel ordenó explusar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar, órgano que supervisa el mal llamado ‘alto el fuego’ en la Franja de Gaza situado en la ciudad de Kiryat Gat. Una primera consecuencia de esas amenazas, que reflejan el nerviosismo de Netanyahu ante la posibilidad de que más países europeos se sumen a la condena de España. De momento, el mismo viernes, Pedro Sánchez volvió a pedir a la Unión Europea que rompa el acuerdo de asociación con Israel, que el Gobierno hebreo está «atropellando y violando».
El padre de Netanyahu defiende que el antisemitismo nació en España
Sin embargo, la aversión de Netanyahu a España no es nueva, ni empezó con las acciones del Gobierno como el reconocimiento de Palestina en mayo de 2024. El ahora primer ministro es desde hace décadas un ideólogo del sionismo, cuyas ideas beben directamente de lo que defendía su padre, Benzion Netanyahu. Este historiador, nacido en Polonia, fue uno de los que teorizó sobre el derecho de los judíos a conquistar a los árabes, a los que calificaba como «salvajes».
De él -y otros ideólogos- nacieron las tesis del sionismo revisionista, que justifica los abusos cometidos en nombre del pueblo judío por los ataques que han sufrido a lo largo de los siglos, en los que incluyen a España. De hecho, Netanyahu padre defiende que el racismo contra los judíos nació en España en el siglo XV, con la persecución a los conversos que propugnó la Iglesia Católica. Así lo refleja Los orígenes de la Inquisición en la España del siglo XV, uno de sus libros en los que reinterpreta la historia y afirma que los judíos fueron perseguidos en nuestro país por «odio racial antisemita».
Su tesis, según apunta el politólogo del Real Instituto Elcano Ignacio Molina. defiende que la persecución se mantuvo aunque los judíos se hubieran convertido al cristianismo por «impureza de sangre». Lo más significativo es que, aunque los judíos eran perseguidos en toda Europa, y en España la intolerancia provenía de la Iglesia Católica, Netanyahu culpa al pueblo español y al Estado. De este discurso nace el victimismo característico del discurso sionista, que emplean los más radicales para justificar genocidios, y que ha influido al actual primer ministro israelí. La idea de que «el judío nunca está seguro«, que explican con episodios como el Holocausto, pero cuyo origen sitúan en la España del siglo XV.
Los Netanyahu heredan el rechazo a España
Que las ideas de Benzion las abraza Benjamin queda claro desde que el ahora primer ministro inició su carrera política en los años 90. Él mismo ha dicho que la obra de su padre definió su postura sobre Israel. Pero en lo que respecta a España, Netanyahu reforzó las tesis de su padre en 2013, cuando el ya entonces mandatario israelí le regaló al papa Francisco un ejemplar del libro sobre la Inquisición durante una visita al Vaticano. El mensaje que lanzó con este gesto es tremendamente simbólico, ya que Netanyahu padre exculpa a la Iglesia del antisemitismo y culpa de él a la sociedad española.
En 2015, el primer ministro dio un paso más en su discurso. En un encuentro con líderes judíos en París, Netanyahu utilizó la España del siglo XV como ejemplo histórico del antisemitismo. El líder sionista insistió en las tesis de su padre, olvidando en el camino otros episodios en el que el odio contra los judíos se ha traducido en persecución y asesinato como el Holocausto.
Y la aversión a España sigue pasando entre generaciones del linaje del primer ministro israelí. El último en sumarse ha sido, su hijo, Yair Netanyahu, que se dedica al activismo político y a promover las ideas sionistas y de ultraderecha de su padre y su abuelo a través de su podcast. En 2019, cuatro años antes de los atentados de Hamás y de que su padre recrudeciera su genocidio en la Franja de Gaza, Netanyahu publicó en redes sociales que si los árabes y musulmanes querían «liberar tierras ocupadas» podían empezar con Ceuta y Melilla.
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Junts exportará este martes al Pleno del Congreso su ley para prohibir el burka y transferir a Cataluña las competencias en inmigración, en un intento de estatalizar su batalla con Aliança Catalana por el votante ultraconservador en el espectro del independentismo catalán. Así lo desprende el orden del día parlamentario, que recoge un texto de los neoconvergentes protagonizado por un único artículo: la petición para que quede prohibida la utilización en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público de prendas que cubran «total o sustancialmente» el rostro e impidan la identificación de la persona. La norma menciona expresamente el niqab y el burka, aunque se formula de manera general para cualquier elemento que oculte la cara y también señala que, en todo caso, cuando resulte necesario para fines de identificación o seguridad, la persona deberá descubrir el rostro de forma momentánea ante la autoridad o personal habilitado, «en condiciones que respeten la dignidad y la no discriminación«.
Aunque la iniciativa no recoge sanciones, contempla excepciones para casos de salud «debidamente acreditados«, exigencias laborales o de prevención de riesgos, actividades culturales o festivas o tradicionales, «cuando no concurra riesgo para la seguridad pública». En la exposición de motivos, Junts argumenta, además, que determinadas prendas que cubren íntegramente el rostro pueden actuar como un «instrumento de invisibilización de la mujer» en el espacio público y proyectar un mensaje «incompatible» con la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, sostiene que la identificación personal es un «elemento básico para el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y para la garantía de la seguridad ciudadana». Los posconvergentes también subraya que la ley no se dirige contra ninguna confesión religiosa concreta y que parte del reconocimiento de la libertad de culto, aunque recuerdan que «ningún derecho es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros bienes protegidos como la igualdad, la dignidad humana y la seguridad».
«Éticamente incoherente» y las competencias en inmigración
El partido catalanista considera que «resulta éticamente incoherente que sociedades democráticas expresen solidaridad con mujeres que, en otros países, se juegan la vida para ‘desvelarse’ y reclamar su derecho a existir como ciudadanas plenas, y que simultáneamente legitimen, en el propio espacio público, símbolos de ocultación integral presentándolos como mera ‘diversidad'».
Aparte de la prohibición de los velos, la proposición de Junts incluye una disposición adicional para que el Gobierno central formalice la delegación a la Generalitat de Cataluña de competencias ejecutivas en materia de seguridad e identificación de personas. En concreto, la ley insta al Ejecutivo a transferir facultades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana en puertos y aeropuertos, ejercer funciones de control fronterizo, entre las que se incluyen la ejecución de la normativa sobre devolución de personas extranjeras, y emitir documentos oficiales de identificación como el DNI, el pasaporte o el NIE desde la administración catalana. Los de Puigdemont fundamentan esta delegación en el artículo 150.2 de la Constitución y la vincula a la necesidad de dotar a Cataluña de un marco competencial en materia de seguridad.
El fantasma de la moción de censura
También en clave parlamentaria, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a pactar con Junts y con el Partido Nacionalista Vasco (PNV) si las formaciones le aseguran su apoyo en una moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente ‘popular’ ha intentado reactivar, de esta forma, esta herramienta parlamentaria para sacar al socialista de la Moncloa, con la que ya ha amenazado en varias ocasiones, pero que nunca ha llegado a materializarse.
A pesar de que el gallego acostumbra a distanciarse mucho del partido de Carles Puigdemont, ahora, a vista de la oportunidad, ha vuelto a ofrecerse a él y a los nacionalistas vascos para sumar sus votos y que puedan precipitar la salida del presidente electo de La Moncloa antes de las elecciones del año que viene, para las que el PP sigue partiendo como favorito, aunque cada vez con un margen menos holgado, según los sondeos recientes. El responsable del principal partido de la oposición sabe que una derrota de este calibre le debilitaría mucho y, si bien todo apunta a que el Jefe del Ejecutivo aguantará al menos hasta 2027 en el cargo, Feijóo vuelve a poner sobre la mesa esta opción, de la que reniega si no cuenta con los apoyos suficientes.
El principal contrincante de Sánchez ha intentado justificar el nuevo acercamiento a los nacionalismos señalando que el propósito no sería el de gobernar con ninguna de las formaciones, sino que la moción sirviera de puente para la convocatoria electoral. Así lo dijo en una entrevista con Servimedia en la que el presidente del PP puntualizó que la moción “la plantearía para convocar elecciones” y “no haría como Sánchez”, sino que «las convocaría». «Yo no tengo ningún inconveniente en pactar una fecha porque estamos ante un supuesto clarísimo de convocatoria electoral», señalaba, haciendo lo que para él es una distinción con la forma de actuar del secretario general de los socialistas. Así las cosas, Feijóo se apoya en que el Gobierno no ha aprobado ni presentado presupuestos para defender su acercamiento a posturas que históricamente ha despreciado, criticando cualquier acuerdo que el Ejecutivo de coalición haya planteado o llevado a cabo.
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El Hospital Universitario Fundación Alcorcón adjudicó en 2022 y 2023 un volumen de contratos menores que rozó los 13.000 expedientes cada ejercicio. Pero en 2024 su número se redujo a casi una cuarta parte: 3.798, según el análisis que ha llevado a cabo Público de los contratos menores suscritos por el centro sanitario y extraídos del Portal de Transparencia por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, esa brusca caída no se tradujo en un recorte similar del dinero pagado a sus suministradores mediante este tipo de contratos. El hospital desembolsó 10,34 millones de euros, apenas un millón de euros menos que los dos años anteriores.
El motivo de esa merma en el número de expedientes fue el cambio que experimentó la gestión contractual del hospital a partir del 1 de julio de 2024.Durante los tres primeros meses de ese año el centro siguió suscribiendo contratos menores como en los ejercicios precedentes, fraccionándolos en algunos casos del mismo modo que ya le habíaafeadoen 2023 la Intervención General de la Comunidad de Madrid,y que Público ha desvelado aquí.
Este reportaje es el segundo de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público.
Porejemplo,entre enero y marzoadjudicó cuatro contratos deun mediode cultivo utilizado para congelar ovocitos y embriones,KitazatoVitrificationSolution,aBiomedicalSupply SL por un importe total de 15.720 euros.Es decir, superaban los 15.000 euros sin IVA, el umbral marcado por la ley para considerar que un contrato es menor y, por tanto, se puede adjudicar sin concurso –a dedo– y tiene menores requisitos de publicidad que uno licitado en un procedimiento abierto normal. Con Garric Médica SL suscribió ocho contratos de equipos estériles universales por valor de 22.512 euros en sólo tres meses. La factura con Nacatur 2 España SL ascendió a 18.360 euros por nueve contratos para comprar guantes de cirugía de poliisopreno estériles de diferentes tallas.
Pero,de abril a junio,el hospital no adjudicó ni un solo contrato menor. Oal menosdejó de publicarlos en la Plataforma de la Contratación. Público ha preguntado a su gerenciael motivo de este vacío trimestral, pero no ha conseguido una respuesta.
En cualquier caso, el 1 de julio de 2024, el Hospital de Alcorcón volvió a firmar contratos menores –o empezó a publicarlos de nuevo enla plataforma–. Con un cambio sustancial. Desde entonces y hasta final de año, adjudicó 79 contratos de 14.999,99 euros cada uno, y 330 de 14.999.Evitandoasí, de forma muy poco sutil, el umbral de 15.000 euros que marca la ley. Antes de esa fecha, sólo había adjudicadoun contrato de 14.990 euros y otro de 14.900 en 2023; en 2022 fueron cinco los que concedió con importes de 14.984 a 14.900 euros. En 2021 tan sólo suscribió uno de 14.990 euros.
En total, el hospital de Alcorcón adjudicó contratospor un céntimo menos del umbralquesumaban1,18 millones, y otros 4,95 millones en contratos por un euro menos del límite. Una factura de 6,13 millones en seis meses.
Este periódico también ha preguntado a la gerencia del hospital de Alcorcón por el motivo de este cambio en la gestión de los contratos menores.Sin éxito.Sólo señala que«la actividad del hospital se desarrolla cumpliendo la normativa vigente y con los objetivos de asistencia, formación e investigación que le han sido encomendados«.Perolosapretadísimosimportes de adjudicación dejan pocas dudas sobre la intención de los responsables del centro sanitario de ajustar los precios al céntimo para eludir los requisitosmás exigentesde un procedimiento abierto.
El director gerente del Hospital de Alcorcón, Modoaldo Garrido Martín.
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Nueve para Pfizer por 14.999,99 euros
A partir del 1 de julio, la mayoría de estos contratos al borde del umbral de precio pasan a tener etiquetas genéricas: «medicamentos varios», «material sanitario», «material quirúrgico», sustituyendo a las que en el primer trimestre del año designaban objetos específicos. Como las pruebas de mutación de EGFR, en cajas de seis unidades, que el hospital compró en marzo a Biocartis NV, la misma empresa con la que firmó en octubre un contrato de 14.999 euros de «material de anatomía patológica», que es para lo que se utilizan esos tests. A Dispomedis SL le adjudicó tres contratos de empapadores de celulosa y bragas pañal en febrero y marzo; en noviembre suscribió otro genérico de «material sanitario» por importe de 14.999 euros. Con Disinfor SL MCB Informática fueron siete los contratos de ratones, discos duros y cables firmados en febrero y marzo; el 1 de octubre se le dio otro de «material informático» por 14.999 euros.
Según puede verse en la plataforma, todos los contratos de 14.999,99 euros son con farmacéuticas para el suministro de medicamentos. ConPfizerel hospital firmónueve por ese importe. Y dos de 14.999 euros, que compartenobjeto: el suministro deanticuerposbiespecíficos–se utilizan para tratar cánceres de la sangre–.Y tienen la misma fecha, el 13 de septiembre.Por tanto, están troceados.Octapharmafirmó tres contratos ensólomes y medio,cada uno de ellos por 14.999,99 euros,a cambio de suministrar inmunoglobulinas al hospital. Y Sandoz consiguió otros tres con la misma etiqueta, «inmunomediadas» –un grupo de enfermedades inflamatorias, desde la artritis y la soriasis hasta el lupus–, pero en agosto y en octubre los fármacos le salieron al hospital 99 céntimos más caros que los que le vendieron en noviembre. Algo parecido le ocurrió con Santhera Pharmaceuticals, a la que Alcorcón adjudicó cinco contratos entre el 12 de julio y el 26 de agosto. Cuatro de ellos eran para que le proveyera de Vamorolone, un fármaco para la distrofia muscular de Duchenne, y uno con la etiqueta «Huérfano». El Vamorolone es un medicamento huérfano; es decir, está destinado a tratar enfermedades raras, como lo es la distrofia muscula de Duchenne. Pero, mientras los tres últimos suministros que firmó le costaron al hospital 11.000 euros, los dos primeros le salieron por 14.999 y 14.999,99 euros. Un indicio de que los precios se fijan en función del umbral que define el contrato menor.
A tenor de la intensidad con que utilizan el truco, los responsables de contratación del Hospital de Alcorcón no parecen muy preocupados por disimular que están burlando la ley.Los expertos consultados advierten de que un importe de 14.999,99 eurosdebería ser una «bandera roja» para cualquier interventor o para la Cámara de Cuentas de Madrid a la hora de fiscalizar la gestión contractual del hospital.Sostienen que alosresponsables del hospitalles resultará complicado justificar que ése es el precio de mercado de los suministros o servicios que han adjudicado por tal importe.
Diez contratos con el mismo objeto el mismo día
Además, las adjudicaciones que rozan el umbral se hicieron en serie, de forma que la suma total de los contratos menores para un mismo proveedor superaba con creces, en sólo seis meses, los 15.000 euros del límite anual. Por ejemplo, con Biospine SL suscribieron los gestores de Alcorcón, en un solo mes, un total de 14 contratos, todos de 14.999 euros, todos de implantes de columna. Y los numeraron. Diez de ellos llevan la misma fecha: 24 de octubre. Uno más el 12 de noviembre, otro el 13 de ese mes y el último, el 29 de noviembre. Con Cardiva 2 SL fueron seis los contratos de implantes de columna por importe de 14.999 euros que llevan idéntica fecha, el 24 de octubre de 2024. Otros cinco, también con ese mismo precio, se repartieron en dos de material de crioablación, dos de material sanitario y uno de prótesis vasculares.
Más ejemplos. A Zimmer Biomet Spain SLU se le adjudicaron 14 contratos de 14.999 euros entre julio y septiembre de 2024: cinco de prótesis de cadera, otros cinco de prótesis de rodilla, dos de «osteosíntesis» –técnica quirúrgica que utiliza implantes para estabilizar fracturas–, uno de implantes de traumatología y otro de material fungible. Junto con los contratos menores, por importes mucho más pequeños, concedidos de enero a marzo, la factura asciende a 242.689 euros. Seis llevan fecha de 31 de agosto –los cinco de prótesis de rodilla y el de implantes de traumatología– y otros tres –los de prótesis de cadera– fueron suscritos el 1 de octubre. Todos estos contratos suministran material ortoprotésico. Y tanto las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratatación pública, como los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos establecen que hay fraccionamiento si se separa en varios contratos una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Es decir, cuando el objeto de los contratos es «similar o complementario» y éstos dan cobertura a una única necesidad.
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Mención aparte merecen los contratosde 14.999 euros enlos que se omitió el objeto cuando sepublicósu ficha en la Plataforma de la Comunidad de Madrid. En su lugar, sólo figurarepetidoel nombre del adjudicatario. Es el caso de tres contratos de Medtronic, KCI Clinic Spain y Sebia Hispania. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las administraciones a publicar cada trimestre los contratos menores que adjudiquen. En concreto, deben hacer constar el objeto, la duración, el importe de adjudicación –incluido el IVA– y el adjudicatario. Sólo están eximidos de publicidad los anticipos de caja fija –pagos periódicos y repetitivos de escaso importe, como dietas o gastos de transporte– inferiores a 5.000 euros. Preguntado por Público, el Hospital de Alcorcón tampoco ha querido explicar si se ha omitido la información de esos tres contratos por error u otros motivos.
Un hospital en pleno cambio de modelo
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona conun convenio singular por el que elSermas le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado su transformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios del Sermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales del Sermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es Modoaldo Garrido Martín.
Las preguntas que no contesta el Hospital de Alcorcón
Público envió a la gerencia del Hospital Fundación Alcorcón una serie de preguntas sobre el cambio que sufrió en 2024 la gestión de los contratos menores. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. Hemos visto que en 2024 se produce un cambio en la forma de ofertar los contratos menores. Entre enero y marzo la contratación se desarrolla más o menos como en años anteriores, con algunos casos de posible fraccionamiento por superar en esos tres meses ya los 15.000 euros varios contratos con el mismo objeto. Pero entre abril y junio el hospital deja de adjudicar contratos menores, o al menos en la Plataforma de la Contratación no aparece ni un solo contrato menor en ese trimestre. Hasta el 1 de julio, en que empiezan a figurar contratos menores de nuevo. Y muchos de ellos, 409, son por importes de 14.999,99 euros (79) y de 14.999 euros (330), en lo que puede interpretarse como un intento de eludir el límite legal en el que un contrato deja de ser menor y, por tanto, está sujeto a licitación pública y mayores requisitos de publicidad.
Muchos de ellos incluso tienen la misma fecha. Es decir, tienen el mismo objeto, el mismo adjudicatario, la misma fecha y el mismo importe, por lo que, sumados, superan ampliamente los 15.000 euros del límite legal. Por ejemplo: a Biospine SL se le adjudicaron 14 contratos de 14.999 euros cada uno, todos ellos de implantes de columna, de los cuales 10 tienen fecha de 24 de octubre de 2024. Uno más es del 12 de noviembre, otro del 13 de noviembre y dos más del 29 de noviembre. Sumados, el importe total es de 209.986 euros.
A Pfizer se le adjudicaron nueve contratos de 14.999,99 euros entre julio y diciembre de 2024.
¿Por qué se produce este cambio? ¿No es una burla descarada de la ley adjudicar como menores contratos de 14.999,99 euros?
Según nuestros cálculos, con esta nueva «política» el hospital redujo a una tercera parte el número de contratos en 2024 respecto del año anterior, pero apenas se notó en el volumen adjudicado, que pasó de 11,48 millones de euros a 10,34 millones. ¿Fue un intento fallido de reducir el volumen de la contratación menor?
2. También hay otros contratos en la Plataforma que carecen de objeto. En su lugar, sólo aparece el nombre del adjudicatario repetido. Ocurre al menos con cuatro contratos de Medtronic, uno de KCI Clinic Spain SL y otro de Sebia Hispania. Todos ellos tienen como importe 14.999 euros. ¿Es un error o una vulneración de los requisitos de publicidad de los contratos menores?
El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Migue Ángel Rodríguez, ha traspasado nuevamente todos los límites en las últimas horas. Esta vez, el telón de fondo ha sido la petición del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, para que anule la sentencia mediante la que fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos en relación con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Rodríguez ha puesto en la diana directamente a los votantes del Partido Socialista. Lo ha hecho a golpe de tuit, señalando que quienes eligieron a la formación de Pedro Sánchez en las urnas está “podrido”.
“El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan con Begoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido”, escribió.
El asalto a la Democracia cuando el Constitucional anule la condena al ex fiscal General del Estado es para que nos vayamos acostumbrando a cuando lo hagan conBegoña, el hermano, Zapatero… Banda de criminales a los que vota un tercio de españoles. Un tercio de españoles podrido
La persona que ejerce como mano derecha de Ayuso y que ha resultado mediática en varias ocasiones, siendo una de ellas, precisamente, el caso que concierne a la revelación de secretos que terminaba en la condena de García Ortiz, no se quedaba en ese mensaje del pasado lunes, sino que escribió otro en esa dirección.
En el segundo, mezcló todo tipo de cuestiones que se están analizando en los tribunales e incluso otras como la “manipulación” de la televisión pública -pero no la situación de Telemadrid- o la “compra de activistas”.
Así, mantenía que “un tercio de España está podrida” porque “apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…”. “Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida”.
Un tercio de España está podrida. Apoya a Sánchez, Begoña, Ábalos, hermano de Sánchez, Cerdán, putas, corrupción, macarras, muertos porque se lo llevan…. Manipulación en RTVE, compra de medios de comunicación, compra de activistas… Un tercio de España está podrida
Ayuso: «España está gobernada por una banda mafiosa»
La responsable autonómica se pronunció en términos similares. No arremetió contra la ciudadanía, pero sí adoptó su tono habitual para esgrimir que España “está gobernada por una banda mafiosa”. También en X, antiguo Twitter, Ayuso apuntaba que “el Fiscal General del Estado, condenado por el Supremo, fue puesto políticamente por el presidente del Gobiernopara delinquir”. Y apuntalaba que “ahora, el presidente del Constitucional, puesto ahí a dedo como su hijo en Telefónica, podría indultarle”.
En el mismo mensaje en el que cuestiona la independencia del Constitucional, en referencia al hijo menos de Conde-Pumpido, la baronesa extiende sus reproches a otros casos judiciales que afectan al presidente del Gobierno, concretamente a su anterior equipo y a su mujer; es decir, al proceso que sigue contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la decisión del juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, de cerrar la instrucción imputando formalmente a la esposa del líder del Ejecutivo por cuatro delitos en relación a la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El texto continuaba indicando que “a la vez, el 2 de Sánchez en el partido y en el Gobierno, pinta que acabará en prisión. Mientras el presidente se esconde en la dictadura china con su mujer, que será juzgada por 4 delitos mientras se burla de la Justicia y ni da la cara ni presenta su pasaporte requerido”. “España está gobernada por una banda mafiosa, lo pagaremos mucho”, remachaba.
El pasado lunes, García Ortiz recurrió su sentencia ante el Constitucional al considerar que con ella se vulneraron sus derechos. De manera más detallada, el recurso de amparo considera que la forma en que se ha desarrollado el proceso penal implica una valoración irracional y arbitraria de los indicios, y que la imputación de la autoría del delito de revelación de secretos se sustenta en meras inferencias abiertas, omitiendo pruebas de descargo.
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Se archiva la investigación contra Begoña Gómez por un presunto delito de intrusismo laboral. De esta manera, deja a un lado esta parte del proceso judicial abierto hace dos años contra la mujer del presidente del Gobierno, si bien, acuerda procesarla por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
La decisión de apartar el posible delito de intrusismo laboral se produce después de la vista celebrada el pasado 1 de abril, en el que las partes se lo solicitaron al magistrado tras ser informadas por Peinado de que solicitara la presencia de un jurado popular si el caso pasa la fase de Instrucción, la cual ha decidido no prorrogar.
Ahora, Juan Carlos Peinado da cinco días a la defensa de Begoña Gómez y a las acusaciones populares para pronunciarse en relación a esta decisión que ha tomado y que, tal y como señala en el auto según ha apuntado El País, indiquen “lo que consideren oportuno respecto a la apertura de juicio oral”. Es decir, aún no se dado este paso y la fase de Instrucción todavía no concluye aunque sí que está próximo su final, previsto el 16 de abril.
En este sentido, este caso no giraría entorno únicamente a Begoña Gómez, sino que en este proceso judicial Peinado prevé elevar también hacia una instancia superior tanto a la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, como al empresario Juan Carlos Barrabés, a los que ha acordado procesar igualmente.
La causa judicial que el juez Juan Carlos Peinado abrió contra la mujer del presidente del Gobierno de España sigue extendiéndose desde el año 2024. Sin haber sobrepasado todavía la fase de Instrucción, en la que el magistrado ha visto de manera continuada como sus decisiones era anuladas por organismos judiciales superiores que reprochaban la falta de pruebas recabadas y la escasa argumentación para abrir un juicio, el proceso se alarga ya dos años desde que Peinado admitiera a trámite una denuncia presentada por Manos Limpias. A partir de ese momento, la causa se fue ampliando con querellas impulsadas por Hazte Oír y Vox.
A lo largo de este tiempo esta fase de instrucción ha estado marcada por las polémicas propiciadas por el juez Peinado, quien ha experimentado numerosos reveses en sus intentos por elevar la causa judicial y que, además, ha sido muy criticado ya que sus actuaciones se están entendiendo cargadas de motivaciones políticas. Además de ello, el magistrado pisa ahora el acelerador, ya que se acerca su jubilación.
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Instantes después de que haya entrado en vigor el bloqueo anunciado por Estados Unidos a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz después de que las negociaciones entre Washington y Teherán no fructiferaran, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha amenazado con «eliminar inmediatamente» a los buques iraníes que se acerquen a “nuestro bloqueo”.
Según ha anunciado el presidente estadounidense en un mensaje publicado en su red Truth Social, estos ataques a los buques que desafíen el bloqueo seguirían el mismo modus operandi que los que han hundido una veintena de narcolanchas en las aguas costeras de Venezuela.
Estas nuevas amenazas llegan después de que a las 16:00 horas (hora peninsular) de este lunes haya entrado en vigor el bloqueo anunciado por Washington. Así, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO) ha confirmado la aplicación de «restricciones» a puertos iraníes en la zona del estrecho de Ormuz, después del bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, tras las conversaciones infructuosas en Pakistán para el cese de las hostilidades con Teherán.
Según ha avanzado UKMTO, a partir de las 16.00 horas de este lunes «se están aplicando restricciones de acceso marítimo que afectan a los puertos iraníes y a las zonas costeras, incluidas las ubicaciones a lo largo del golfo Arábigo (Pérsico), el golfo de Omán y el mar Arábigo al este del estrecho de Ormuz».
Asimismo, la oficina británica ha indicado que las medidas se aplican «sin distinción» a buques de cualquier bandera que operen con puertos iraníes, terminales petroleras o instalaciones costeras. «No se ha informado de que el tránsito por el estrecho de Ormuz hacia o desde destinos no iraníes se vea impedido por estas medidas», ha indicado UKMTO, aunque advierte de que estos navíos «pueden encontrar presencia militar, comunicaciones dirigidas o procedimientos de derecho de visita durante el paso».
Al hilo de todo ello, conviene subrayar que para los buques neutrales que se encuentran en puertos iraníes se les ha concedido un «período limitado de gracia» del que señala que se ofrecerán más información en notas a navegantes. Asimismo, por lo que respecta a los marineros en la zona, las autoridades británicas piden extremar las precauciones y consultar el aviso a navegantes para obtener detalles oficiales, «incluidos los límites geográficos, las condiciones de tránsito y los requisitos de inspección o autorización». Igualmente ha desvelado que trabaja en unas directrices adicionales para los marineros sobre cómo se aplicarán estas medidas de bloqueo en la práctica.
Irán tilda de «ilegal» el bloqueo
Por su parte, las Fuerzas Armadas de Irán han calificado el bloqueo de Trump como “piratería” y advierten de que la seguridad en los puertos de la región «es para todos, o para nadie». Así se ha expresado el portavoz del mando Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, quien ha puesto de relieve que «la imposición por parte del criminal Estados Unidos de restricciones al movimiento de buques en aguas internacionales es un acto ilegal que equivale a piratería«.
«Las Fuerzas Armadas de Irán declaran de forma clara y firme que la seguridad de los puertos en el golfo Pérsico y el golfo de Omán es para todos, o para nadie«, ha sostenido, a la vez que ha advertido de que «si la seguridad de los puertos de Irán (…) es amenazada, ningún puerto en el golfo Pérsico y el golfo de Omán estará a salvo».
Entre otras cosas, Zolfaqari ha insistido en que «las Fuerzas Armadas de Irán consideran como un deber natural y legal el defender los derechos legales del país» y ha añadido que «ejercer la soberanía de Irán sobre las aguas territoriales del país es un derecho natural de la nación iraní». Así, ha proseguido señalando que «los buques vinculados con el enemigo no tienen y no tendrán derecho a pasar por el estrecho de Ormuz», mientras que «el resto seguirán recibiendo permiso para hacerlo, algo siempre sometido a las regulaciones de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán». «Dadas las continuadas amenazas por parte del enemigo contra la nación iraní y la seguridad nacional del país, incluso tras el fin de la guerra, la República Islámica de Irán aplicará de forma decidida un mecanismo permanente para controlar el estrecho de Ormuz», ha reiterado.
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En las últimas horas y en mitad de la escalada bélica en Oriente Próximo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado el tono en diferentes direcciones. Mientras que este domingo anunciaba que procedía a bloquear los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz ante el fracaso de las negociaciones entre Washington y Teherán, se dirigía también al Papa León XIV, a quien acusaba de ser “débil con el crimen”. Unas palabras que generaban un aluvión de reacciones en forma de reproches a Trump, por parte también del propio Pontífice, y que han llevado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a pronunciarse.
Aunque no ha mencionado expresamente al magnate estadounidense, el jefe del Ejecutivo español ha compartido un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) con el que cierra filas con León XIV, cuando restan, además, dos meses para su visita a España. «Quien siembra vientos, recoge tempestades», ha comenzado Sánchez, en alusión a uno de los refranes populares bíblicos. Tras ello, el presidente del Gobierno ha proseguido: «Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje. Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas”, ha sostenido.
«Quien siembra vientos, recoge tempestades».
Mientras algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje.
Será un honor recibirle en España dentro de unas semanas.
A razón de sus palabras sobre el Pontífice, León XIV contestaba a Trump este lunes. Así, en rueda de prensa, el Papa ha expresado que él “no es político”, sino que “habla del Evangelio”. “A los líderes del mundo les digo basta de guerras”, ha sostenido, a la vez que ha añadido que “el mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz».
En líneas similares, el Pontífice ha asegurado que no tiene “miedo” a la Administración Trump ni a «declarar fuertemente el mensaje del Evangelio». Asimismo, León XIV ha asegurado que seguirá “hablando en voz alta del mensaje del Evangelio, aquello por lo que la Iglesia trabaja”. «Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz», ha señalado.
«Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos terminar con las guerras y promover la paz y la reconciliación», ha esgrimido. Al hilo de ello, el Pontífice ha proseguido insistiendo en que continuará «alzando la voz contra la guerra, intentando promover la paz, promoviendo el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas». «Demasiada gente está sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor», ha espetado.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) ha emitido un comunicado para “lamentar las palabras de Trump contra el Pontífice. «En un tiempo marcado por conflictos y tensiones internacionales, su voz representa un llamamiento exigente a respetar la dignidad de las personas, el diálogo y la responsabilidad«, ha señalado la CEI en el escrito.
Tanto es así que incluso la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni se ha pronunciado al respecto, con un mensaje en redes en el que insta al Papa a que “fomente la resolución de conflictos”. Por su parte, el vicepresidente y líder de la Liga Norte, Matteo Salvini, ha emitido una defensa a León XIV asegurando que atacar a «un símbolo de paz y guía espiritual de miles de millones de católicos» no es «ni útil ni inteligente».
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El partido conservador de oposición Tisza ha ganado de manera incontestable las elecciones en Hungría y acaba con 16 años de Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán. Peter Magyar, líder del partido, logra 138 diputados por los 55 de Fidesz. Magyar no solo gana las elecciones sino que consigue la mayoría de dos tercios en el Parlamento (situada en 133 escaños) que le permite revertir gran parte de las políticas de Orbán.
Orbán ha reconocido su derrota: «Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos han otorgado la responsabilidad de gobernar».
El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, supera por la mínima el umbral del 5%, que le da 6 escaños. La participación ha alcanzado cifras récord: a las 18.30 de la tarde del domingo había votado el 78,8% de los electores, cuando la cifra más alta de participación, registrada en 2002, fue del 73,5%.
La derrota de Orbán priva a Rusia de su aliado más cercano en la UE, mientras que para Ucrania podría significar la liberación de un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares), vital para su esfuerzo bélico, que el líder húngaro ha estado bloqueando.
También podría allanar el camino para unas reformas que, según Tisza, tendrían como objetivo frenar la corrupción y poner fin al retroceso democrático del que la UE lleva tiempo acusando al primer ministro.
Peter Magyar, este domingo 12 de abril en Budapest.
Orbán, nacionalista euroescéptico, ha creado un modelo que el movimiento MAGA de Donald Trump y sus admiradores en Europa consideran un modelo a seguir. Pero muchos húngaros estaban cada vez más cansados de Orbán, de 62 años, tras tres años de estancamiento económico y un aumento vertiginoso del costo de la vida, así como por los informes que indican que los oligarcas cercanos al Gobierno están amasando cada vez más riqueza.
Péter Magyar es un insider que creció a la sombra del Partido-Estado en que se ha convertido el Fidesz. Nacido en Budapest en 1981, Magyar se afilió al partido de Orbán en 2002, a los veintiún años. No era un militante cualquiera: su tío abuelo, Ferenc Mádl, fue presidente de la República. Magyar hizo carrera dentro del aparato: Ministerio de Asuntos Exteriores, Representación Permanente ante la UE, Oficina del Primer Ministro y, entre 2019 y 2022, dirección del Centro de Préstamos Estudiantiles. Su exmujer, Judit Varga, fue ministra de Justicia de Orbán. A Magyar no le son ajenos ni los círculos del poder ni los entresijos del Fidesz.
La posición europeísta de Magyar
Tras confirmarse su victoria en las elecciones, Magyar lanzó un mensaje europeísta. «El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE», dijo ante decenas de miles de sus seguidores, concentrados a orillas del río Danubio, enfrente del Parlamento de Hungría.
«Arreglaremos todas nuestras disputas con los países vecinos», agregó Magyar, sin nombrar explícitamente a Ucrania, con la que Orbán estuvo enfrentado en los últimos meses por la interrupción del tránsito de petróleo ruso hasta Hungría.
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El líder de Tisza, de 45 años, anunció además que sus primeros viajes al exterior los llevará a Bruselas y Polonia, cuyo primer ministro, el liberal conservador Donald Tusk, era uno de los principales críticos de Orbán dentro de la UE.
Decenas de votantes de Magyar celebran su victoria en Budapest este domingo 12 de abril.
Celebración en la UE
Varios líderes europeos felicitaron este domingo a Magyar por su victoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome «su camino hacia Europa». «Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece», afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que «el lugar de Hungría está en el corazón de Europa».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el triunfo de Magyar y ha manifestado que «hoy ganan Europa y los valores europeos».
Sánchez en su cuenta de X ha felicitado «a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas». «Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos», ha referido en su perfil de esa red social.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo: «¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa».
«Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida», escribió canciller alemán, Friedrich Merz, por su parte.
El viaje oficial de Pedro Sánchez a China ha comenzado como se esperaba, con el presidente del Gobierno aprovechando el agitado contexto internacional para reivindicar los lazos entre la Unión Europea y el gigante asiático. No es casual, pues Sánchez es desde hace tiempo el principal adalid de que, ante el rumbo incierto del barco de Donald Trump, España y el resto de Europa se aseguren unas buenas relaciones comerciales y diplomáticas con China y otros centros de poder alternativos a Estados Unidos.
Durante su visita, el líder del Ejecutivo va a a conocer a empresarios, científicos y diplomáticos chinos, y a visitar algunas de compañías e instituciones más importantes del país. Todo ello hasta el miércoles, aunque el plato fuerte tendrá lugar este martes, con el encuentro entre Pedro Sánchez y el presidente chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo de la capital.
La agenda de este viaje es un fiel reflejo de los objetivos, que se resumen en tres: mayor cooperación, mejores relaciones diplomáticas y acuerdos comerciales. Todo ello con el objetivo de que España represente la ruptura con los prejuicios de Washington, que desde hace años acepta sin cuestionar Europa. Un objetivo que no solo tiene implicaciones diplomáticas e históricas, sino que podría abrir la puerta a una oportunidad comercial.
Con el tablero del orden mundial recibiendo constantes sacudidas, el mercado de las materias primas podría ser uno de los principales quebraderos de cabeza del futuro inmediato. Y este es un contexto en el que las necesidades de los países occidentales podrían relegar a la propaganda estadounidense a un segundo plano.
Sánchez da el primer paso: «Construir una relación basada en el respeto mutuo»
Sánchez ya ha dejado entrever que esta será la tónica de su viaje en su primer discurso, que ha dado este lunes en la Universidad Tsinghua de Pekín justo antes de participar en un encuentro con expertos en relaciones internacionales. El presidente, ante los estudiantes pekineses, ha defendido las relaciones con China y reivindicado el papel diplomático de España en el contexto actual. Como es habitual en él, lo ha hecho desde la defensa del multilateralismo, cada vez más cuestionado: «Por primera vez en la historia contemporánea, el progreso germina de forma simultánea en varios lugares del planeta», ha dicho.
El socialista no ha eludido las diferencias entre China y Occidente, pero va más allá de la confrontación de bloques que promueve Estados Unidos y pide tender puentes: «La propuesta de España es clara: construir una relación basada en el respeto mutuo«, defiende. Y la clave está en normalizar esas relaciones, que Sánchez describe de la misma manera que las que España y el resto de Europa mantienen con otras potencias: «Un respeto que nos permita cooperar en todo lo posible, competir en lo que sea necesario, y gestionar nuestras diferencias cuando estas resulten inevitables».
Para ello, Sánchez propone que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el único organismo de la ONU que dicta resoluciones vinculantes para los países, sea más representativo, y tengan más peso en él regiones como el llamado ‘sur global’. Además, el presidente ha abordado la guerra comercial que propugna Estados Unidos, y ha animado a China a abrirse al mundo para paliar sus consecuencias. Sánchez ha recordado que la Unión Europea ha firmado acuerdos con 25 países e incrementado un 80% sus importaciones de nuevos mercados en el sur: «Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra, para que Europa no tenga que cerrarse», defiende Sánchez.
Las siguientes paradas de Sánchez en China
Al terminar su discurso, el presidente ha pedido a China que se implique más en el contexto internacional y exija el fin de la guerra en Ucrania, Líbano e Irán. Tras esto, Sánchezha recibido la Cátedra honoraria de la Universidad de la Academia China de las Ciencias, una ocasión para reflejar el objetivo de reivindicar la cooperación con el país también en el ámbito científico y universitario.
Y también el económico, pues la agenda del día terminará con la visita del presidente a la sede de Xiaomi, el gigante chino de la telefonía movil, en la que estará junto a su fundador y CEO, Lei Jun. Sánchez trata deatraer inversiones a España, además de abrir el mercado chino a las empresas de nuestro país. Esto lo hará también los próximos días, cuando participe en encuentros con inversores -el martes- y con empresas innovadoras chinas -el miércoles-, tras lo que se reunirá con el presidente de la Cámara de Comercio UE-China, Jens Eskelund.
Pero sin duda el día de más significado político y diplomático del viaje será el martes. A partir de las 11:15 horas de la mañana -las 5:15 en horario peninsular-, Sánchez mantiene un encuentro con Xi Jinping. Ambos líderes se saludarán en el Gran Salón del Pueblo, la sede de la Asamblea Popular Nacional -el parlamento chino- y el lugar que destina a actividades ceremoniales el Gobierno de la República Popular, ubicado en la Plaza de Tiananmén.
Tras esto, el presidente chino ofrece un banquete oficial a Sánchez, tras lo que el mandatario español comparecerá ante los medios de comunicación en torno a las 7:30, hora peninsular. Tras esto, seguirán las actividades de la parte política del viaje, en las que Sánchez asistirá a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo, oficiada por el primer ministro Li Qiang. El socialista se reunirá con él y con el presidente del Comité Permanente del parlamento nacional del país, Zhao Leji, tras lo que se producirá una firma de acuerdos sucedida de otro banquete, este presidido por Qiang.
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El Hospital Fundación Alcorcón adjudicó 46 contratos menores a la empresa Garric Médica SL en 2023 para que le suministrara «equipos estériles universales». Son sólo una parte de los 117 que consiguió aquel año esta empresa española para proveer al centro sanitario público del sur de Madrid con material fungible estéril, clínico y quirúrgico, su especialidad: agujas, jeringas, guantes, apósitos… Algunos de los contratos ascienden apenas a 300 o 500 euros entre los etiquetados genéricamente como «equipos estériles universales», pero también los hay de hojas de bisturí por importe de sólo 27 euros. Garric Médica es un suministrador habitual, al que en 2022 el Hospital de Alcorcón adjudicó 80 contratos –20 de ellos para que le vendiera «equipos estériles universales»– y en 2024 otros 46 –ocho de «equipos estériles universales»–.
Semejante frenesí contractual delata un doble vicio habitual del sistema sanitario español: el abuso de una figura que debería ser excepcional y el fraccionamiento de los contratos, que la ley considera fraudulento, además de reflejo de falta de planificación y de mala praxis.
Público ha analizado los 29.492 contratos menores que el Hospital de Alcorcón adjudicó entre los años 2022 y 2024, extraídos del Portal de Transparencia por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El importe total de dichos contratos ascendió a 33,27 millones de euros, repartidos entre 786 empresas.
Este reportaje es el primero de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público.
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Una de las vías que facilita la corrupción
Los contratos menores son aquellos con un importe inferior a 15.000 euros (sin IVA) si son de suministro o de servicios, o inferior a 40.000 euros (sin IVA) si son de obra. Por debajo de esos umbrales, los contratos no necesitan salir a licitación; es decir, se adjudican a dedo. Y se reducen significativamente los requisitos de publicidad que la ley les exige. Aunque la Administración pierde en transparencia, concurrencia y control del gasto, gana en agilidad.
El de Alcorcón es un hospital de tamaño medio –400 camas–, si se compara con los gigantes madrileños, como La Paz –1.187 camas–, el Gregorio Marañón –1.239– o el Doce de Octubre –1.161–, que multiplican la asiduidad con que acuden a los contratos menores. Pero la política de contratación del centro sanitario de Alcorcón es un buen ejemplo de cómo los hospitales públicos se saltan la ley año tras año sin que los responsables de la gestión sanitaria actúen para corregir esta mala práctica. Que, además, genera sobrecostes –difícilmente cuantificables– desde el momento en que no existe concurrencia que rebaje el precio de adjudicación, y éste puede fijarse de forma arbitraria para eludir el tope legal –hay contratos de 14.999,99 euros– e incluso puede superar el precio de mercado.
De ahíquelos contratos menoresse conviertan enuna tentación irresistible para quien quiererecortar trámites yacelerarlos procedimientos.Los hospitales los utilizan de forma especialmente intensa, apoyándose en las particulares características de los servicios que prestan y en la inmediatez que éstos requieren. A su vez, son reprendidos por ello puntualmente cada año por los interventores que fiscalizan sus cuentas. Siempre que firmen varios contratos cuyo objeto sea una prestación o suministro únicos o cuando utilizan sucesivos contratos menores para cubrir necesidades recurrentes y periódicas, a fin de evitar las normas de publicidad y los procedimientos legales de adjudicación, incurren en fraccionamiento, les recuerdan.
Se trata de mucho más que una mera cuestión administrativa.El Tribunal de Justicia de la UE advierte de que la «celebración ilegal de contratos de adjudicación directa» es la «más grave» infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos. En concreto,ya ha señaladoqueel «elevado umbral» existente enEspaña para contratos de obras y servicios de menor cuantíaesuna de las vías que facilitan la corrupción. Por lo que recomiendaque se reduzca «significativamente» este tipo de contratación directa.
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La Intervención reprocha el fraccionamiento
También es ése el consejo que da la Intervención General de la Comunidad de Madrid a los gestores del Hospital de Alcorcón en su más reciente informe de cumplimiento, referido al ejercicio de 2023 y al que ha tenido acceso Público a través del Portal de Transparencia.
Público envió una serie de preguntas a la gerencia del hospital sobre su gestión de los contratos menores y sobre las advertencias que al respecto les hacen los interventores de la Comunidad de Madrid, pero no ha respondido a ninguna. Se ha limitado a contestar que «la actividad del hospital se desarrolla cumpliendo la normativa vigente y con los objetivos de asistencia, formación e investigación que le han sido encomendados«.
De izda. a dcha., el gerente del Hospital de Alcorcón, Modoaldo Garrido Martín, con el exalcalde de Alcorcón David Pérez y el director médico de Hospital Quirónsalud Sur, Alfredo Entrala.
El año en que másdinero gastó el Hospital de Alcorcón en contratos menores fue 2023, un total de 11,49millones de euros repartidos en 12.776expedientes. Más o menos la misma cantidad de contratos suscritos ydedinero desembolsado que en 2022 –12.918 expedientes, 11,43 millones de euros –. También ha sido 2023 el último ejercicio que ha supervisado la Intervención General para elaborar su informe de cumplimiento. El fraccionamiento de contratos es precisamente una de las «limitaciones al alcance» señaladas por los interventores en la gestión contractual del centro sanitario. No sólo se quejan de que no se les han facilitado todos los contratos adjudicados. También advierten de que el hospital fraccionó 421 por importe de 1,16 millones de euros. Y eso que sólo consideran los contratos que tienen exactamente el mismo objeto.
Por ejemplo, además de los 46 deGarricMédica antes mencionados, el hospital adjudicó 49 a Biomerieux España SA, para comprarcon cada uno20 placas deun medio de cultivo biológico llamadoSaboraudcongentamicina ycloranfenicol. Sumaron 29.055euros ese año, por lo que superaron los 15.000 euros del límite legal.También suscribió36 contratos más para otros tantos lotes de 20 placas de otro medio de cultivo, denominado Schaedler, por 27.205 euros.
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Hasta aquí el examen estricto de la Intervención. Pero las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratación pública, y los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos establecen que hay fraccionamiento si se separa en varios contratos una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Es decir, cuando el objeto de los contratos es «similar o complementario» y éstos dan cobertura a una única necesidad. Es lo que ocurre con Biomerieux España, a la que el hospital de Alcorcón adjudicó en 2023 un total de 126 contratos de todo tipo de medios de cultivo, no sólo los dos mencionados por la Intervención, que ascendían a 81.481 euros.
Trucos para trocear contratos
Además, tampoco se pueden cubrir con contratos menores sucesivas necesidades recurrentes o continuadas que se repitan año tras año. Sin embargo, en 2022 el hospital de Alcorcón ya había adjudicado a Biomerieux España otros 112 contratos sólo para medios de cultivo de todas clases, por importe de 60.136 euros. Y en 2024 le pagó 17.658 euros repartidos en 28 contratos con el mismo objeto. Por tanto, la necesidad recurrente, año tras año, de determinados medios de cultivo, el hospital de Alcorcón la cubre con contratos menores, cuya suma anual supera siempre el límite legal de 15.000 euros. Lo mismo puede decirse de los suministros de Garric Médica. O de las suturas adquiridas a Johnson & Johnson: la Intervención considera fraccionados los siete contratos de un tipo de sutura quirúrgica –Ethilon 4/0TC19 G667G–, pero hay otros ocho más de la misma sutura cuya única diferencia es el calibre –40.267 euros en total–, y 55 de la sutura Vicryl, 22 de la sutura Prolene y 13 de la sutura Monocryl. En 2022 los contratos para comprar suturas Vicryl ascendieron a 57, a 17 los de Prolene y a 14 los de Monocryl.
Más evidentes son los 18 contratos firmados en 2023 con Bastos Medical SL para suministrar al hospital bandas elásticas Thera, que se utilizan en ejercicios de rehabilitación, por valor de 15.175 euros: hay distintos contratos según los colores, amarillo, rojo, azul, verde y gris. O los guantes de examen estériles de nitrilo sin polvo adquiridos ese mismo año a Izasa Hospital SLU por 20.550 euros, que el hospital dividió en 14 contratos según su talla: pequeña, mediana y grande.
Por no mencionar los miles de contratos que tienen como objeto el genérico «medicamentos diversos», un cajón de sastre en el que obviamente cabe cualquier fármaco: 52 suscribió el hospital con Boehringer Ingelheim –50.272 euros– en 2023, 60 en 2022 –39.302 euros– y 19 en 2024 –30.231 euros–. Son muchos los contratos con etiquetas genéricas similares, del tipo «material de laboratorio», «material sanitario», «material fungible», «material quirúrgico» o «material RX [rayos X]», lo que menoscaba la transparencia de los expedientes. En otros casos, se disimula el troceamiento etiquetando algunos contratos con el producto –implantes de columna– y otros con el procedimiento quirúrgico en el que se emplea –osteosíntesis–.
En 2023 el hospitalsólofirmó un contrato menor de obrasy lo adjudicó al borde del tope legal permitido: 39.099 euros. La beneficiaria fue Riggersa Construcciones SL, a cambio deunos trabajos en el área de Urgencias y deTriajePediátrico.En 2022 adjudicó dos contratos de obras, uno de ellos también al límite de la cantidad en que dejan de ser considerados menores: 38.896 euros.Burcons SL realizó unas obras de adecuación dela sala destinada a Tomografías Axiales Computarizadas (TAC).
Fresenius y Medtronic, los reyes del contrato menor
La regulación del contrato menor no ha dejado de ser controvertida desde que se perfiló en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017. Hizo falta una instrucción de la OIReScon en 2019 para concretar aún más sus requisitos. Y un año después se modificó el artículo 118 de la citada ley. En estos años las juntas consultivas de contratación, tanto la estatal como las autonómicas, han publicado sus propios dictámenes. Reclaman a los adjudicadores no sólo que planifiquen la contratación, sino que además reconduzcan los menores a otras modalidades con licitación abierta: acuerdos marco, centrales de contratación, sistemas dinámicos de adquisición, procedimientos simplificados y supersimplificados…
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Por su parte, laOIReSconinsta alos adjudicadoresa pedir tres ofertas a los posibles proveedores, a fin de garantizar la concurrencia. Peroes una exigencia que rige sólo en la Administración General del Estado y en algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-Mancha y Aragón.
El Hospital de Alcorcón tiene 400 camas y una plantilla de 2.548 trabajadores.
También los tribunales han contribuido a modelar el contrato menor. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de sentenciar que el contrato menor no es «un mecanismo flexible para gestionar actuaciones sobrevenidas o situaciones urgentes», sino que está «estrictamente vinculado a un criterio cuantitativo»: que no supere los 15.000 o 40.000 euros sin IVA. Es precisamente la urgencia uno de los argumentos esgrimidos por los hospitales para justificar su adicción a los contratos menores.
Las juntas consultivas recomiendan además a los adjudicadores que fomenten la rotación de los proveedores, para no acudir sistemáticamente a los mismos. Sin embargo, a la luz de los contratos menores analizados, no es en absoluto una cautela que practiquen los hospitales. En el caso del de Alcorcón, entre 2022 y 2024, los adjudicatarios preferidos fueron Fresenius Kabi España SA, perteneciente al grupo alemán del mismo nombre dueño de Quirónsalud y que consiguió 606 contratos menores de medicamentos, la también alemana B. Braun Medical –567 contratos–, Palex Medical, asimismo filial de una compañía germana, y las estadounidenses Medtronic y Johnson & Johnson. Todos rozan los 500 contratos en el trienio. Pero por volumen de adjudicación es Medtronic la que más dinero ha recibido del hospital de Alcorcón, 1,23 millones de euros, seguida de Johnson & Johnson, con 786.073 euros, no lejos de Palex Medical, con 758.992 euros.
Un modelo de gestión hospitalaria a extinguir
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado sutransformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Sermas; hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará al Sermas el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores. A diferencia del resto de los centros sanitarios delSermas, se rige porsus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta conun patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales delSermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente esModoaldoGarrido Martín.
Las preguntas que no contesta el Hospital de Alcorcón
Público envió a la gerencia del Hospital Fundación Alcorcón una serie de preguntas sobre su gestión con los contratos menores y el informe de la Intervención de la Comunidad de Madrid que le advertía sobre el fraccionamiento de cientos de ellos. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. El informe de cumplimiento de la normativa elaborado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid referido al ejercicio de 2023 ha hallado 421 contratos, por importe de 1.166.509,54 euros, en los que existe fraccionamiento.
El hospital no presentó alegaciones a este punto del informe. ¿Por qué? ¿Ha tomado alguna medida para solventar esta irregularidad?
2. La Intervención ha hecho el cálculo ateniéndose a los contratos que tienen exactamente el mismo título y se adjudicaron al mismo proveedor en el plazo de un año. Pero si se observan con detenimiento, hay muchos expedientes más que tienen el mismo objeto (con diferencias mínimas en el título) aunque dividido en distintos contratos, como los 13 de medias de compresión pantorril de diferentes medidas (43-58-71 cm) adquiridas a Arjo Iberia SL en 13 contratos distintos, por importe total de 19.520 euros sin IVA (supera por tanto los 15.900 euros que marca la ley) o las bandas elásticas Thera que se reparten en contratos distintos según los colores: amarillo, azul, rojo, verde, gris (18 contratos por importe total de 15.175 euros). Hay muchos más, fraccionados según el calibre, la talla, la longitud, etcétera del objeto.
En cambio, el informe no ha incluido como fraccionados los cientos de contratos que se han etiquetado como «medicamentos diversos». Un título tan genérico, ¿no supone una vulneración de los requisitos de publicidad de los contratos menores, una manera de ocultar el objeto concreto real del contrato?
3. ¿Podrían explicar por qué recurre el hospital de forma tan intensa a esta forma irregular de contratación, pese a las reconvenciones de la Intervención y de las juntas consultivas de contratación?
¿No utilizan acuerdos marco, licitaciones simplificadas y supersimplificadas, centrales de contratación, etcétera, toda la gama de procedimientos abiertos disponibles? ¿No hacen una «planificación» adecuada, tal y como recomiendan la Intervención y las juntas consultivas de contratación, para conseguir que el contrato menor sea «excepcional»? Según la doctrina, «el fraccionamiento fraudulento del objeto de un contrato se puede producir tanto mediante la suscripción de diversos contratos menores destinados a la obtención de un resultado único […] como también llevando a cabo contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes».
7. En 2024 hemos encontrado algunos contratos con importes ínfimos. Por ejemplo, dos con PTC Therapeutics International de 0,17 euros y 0,06 euros. El objeto de ambos es «medicamentos diversos» y tienen la misma fecha: 5 de marzo. ¿Es un error de la Plataforma de la Contratación? En caso contrario, ¿pueden explicar qué tipo de contrato es éste?
La Administración Trump no solo sorprende por las políticas que lleva a cabo a nivel internacional, en materias como la inmigración y la economía o en el ámbito social, sino que la manera de gestionar la comunicación y las redes sociales del presidente estadounidense resulta especialmente llamativa, además de preocupante para muchos.
Campando a sus anchas en Truth Social, la imitación de Twitter que creó para evitar que el contenido de sus publicaciones fuera limitado por las normas de la comunidad, Donald Trump ha dejado en las últimas horas distintas imágenes que muestran cómo aborda la comunicación en esta red social, en la que deja desde mensajes relativos al mandato de su gobierno hasta ataques a quienes se postulan en contra de sus política, pasando también por enigmas que pueden tener que ver con acciones que tendrán lugar en el futuro cercano.
Así, durante este fin de semana el mandatario estadounidense ha cargado en su perfil de Truth Social contra el cantante Bruce Springteen, quien se ha mostrado en distintas ocasiones en contra del político republicano, al igual que, por ejemplo, ha dejado un montaje fotográfico en el que se puede ver una imagen de la Trump Tower en la Luna.
No obstante, uno de los momentos del fin de semana lo ha protagonizado el POTUS al compararse con Jesucristo. Sí, Donald Trump publicaba en esta red social otro montaje fotográfico; sin embargo, en este se le veía caracterizado como el mesías del cristianismo y se le presentaba curando a un enfermo mientras aparecía rodeado de soldados del Ejército.
La publicación de esta imagen ha resultado sorpresiva para muchos usuarios de las redes sociales, que han dejado mensajes en los que expresaban preocupación, por ejemplo, al entender que «la humanidad no sufra otra guerra mundial depende de este psicópata inestable».
No obstante, este montaje fotográfico no ha resultado especialmente llamativo por lo que representa en sí mismo, sino que ha llegado momentos después de que el propio Trump arremetiera contra el Papa León XIV. Así lo hacía a los pies de la escalera del Air Force One, donde aseguraba que no cree que esté haciendo un buen trabajo. Es más, subrayaba que al máximo representante del catolicismo «le gusta el crimen» y criticaba que esté «preocupado por el miedo».
El Papa se posiciona contra la guerra de Irán
En los últimos días, León XIV ha criticado con firmeza la postura de Estados Unidos en la guerra contra Irán. En sus intervenciones más recientes, calificó como “inaceptables” las amenazas contra el pueblo iraní y advirtió que ese tipo de retórica solo alimenta el odio y la escalada del conflicto.
El pontífice ha denunciado además lo que llamó una “ilusión de omnipotencia” por parte de las potencias implicadas, señalando que esa mentalidad está agravando la guerra y alejando cualquier solución pacífica.
En el plano moral y religioso, insistió en que “Dios no bendice ningún conflicto” y que ninguna causa justifica la muerte de civiles inocentes, rechazando implícitamente el uso de argumentos religiosos por parte de la Casa Blanca.
León XIV, ha hecho repetidos llamamientos al diálogo, a la negociación y al alto el fuego, lo que ha generado tensiones con el presidente Donald Trump, quien ha respondido criticando duramente al Papa.
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En la semana judicial frenética que acontece estos días, uno de los focos principales se cierne sobre esta primera fase del juicio sobre la Operación Kitcheny, por ende, también sobre Génova. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se desmarcó este lunes, ante el inicio del juicio de la mayor trama de corrupción de España, de lo acontecido allá por 2013 en adelante, cuando se gestó la presunta trama de corrupción en la cúpula del Ministerio del Interior durante el mandato gubernamental de Mariano Rajoy que espió al extesorero del partido, Luis Bárcenas.
“El PP del 2026 no es ni Kitchen ni Gürtel”. En estos términos, la cúpula actual de Feijóo se desmarcó de las operaciones que antaño tuvieron lugar en Génova 13 y que ahora son objetivo de ardua investigación en la Audiencia Nacional, con más de 100 testigos, acusados de renombre del que fue el Gobierno de Rajoy y un proceso que, previsiblemente, se extenderá hasta finales de junio.
En clave de reacción al comienzo del juicio este lunes, desde Génova condenaron cualquier caso de corrupción, dejando en manos de la justicia las decisiones pertinentes y defendiendo que “los culpables paguen los actos que hayan realizado”, sin entrar en detalles quiénes son los sentados en el banquillo: el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos y secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, además de cargos policiales y el excomisario José Manuel Villarejo.
Esta postura vino defendida por el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, quien además señaló que Feijóo “no tiene a nadie de su equipo implicado en causas de corrupción”, tampoco mientras fue presidente de la Xunta de Galicia –época en la que se sitúan los hechos presuntamente corruptos-. Al tiempo, contrapuso la postura de su partido con el PSOE, al que acusó de “insultar, señalar a jueces y hablar de lawfare”, realizando al tiempo alusiones sobre el caso de Koldo y Ábalos.
“Yo no soy el juez ni el responsable para decir quién es inocente y quién es culpable. Lo que tenemos que hacer es dejar trabajar a la Justicia, no insultarles, no llamarles rojos con toga o no hablar de lawfare, sino respetar su trabajo y a partir de ahí cada uno deberá asumir sus responsabilidades”, defendió Bravo al ser preguntado por si confía en la inocencia tanto de Rajoy como la antigua secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien estuvo imputada en la Kitchen junto a su exmarido durante un mes.
“El PP tapando al PP”
La posición actual de la dirección de Génova contrasta con que fue, precisamente, en Génova 13 donde se fraguó el germen de la trama de corrupción que no solo se ciñe a Kitchen, sino en especial al caso Gürtel.
Según sentenciaron fuentes de Ferraz con motivo del inicio del juicio, definieron la trama Kitchen como “el PP utilizando el Ministerio del Interior, jueces, fiscales y policías para destruir las pruebas de su propia corrupción. No es un caso aislado, es un exceso puntual”, reprocharon, reiterando al paso que esta fue “una operación organizada desde el poder para tapar la Gürtel, el PP tapando al PP con los aparatos del Estado”.
Las fuentes socialistas apuntaron el foco así a la propia sede de Génova 13. “En el primer piso, los sobres de la Gürtel”, comenzaron enumerando, recordando que el PP ha sido “el primer partido condenado por corrupción” en la historia democrática de España. Por consiguiente, “en el segundo piso, el Ministerio del Interior destruyendo las pruebas de esa corrupción”, mientras que en la planta superior, “el Ministerio de Hacienda investigado por vender el Boletín Oficial del Estado (BOE)”, en clara alusión al exministro Cristóbal Montoro y otra de las piezas bajo investigación por su despacho Equipo Económico. Por esta retahíla de razones, desde Ferraz definieron en “tres plantas, un mismo edificio y un mismo método” el escenario “pasado y presente” que rodea al PP.
En el plano actual, al mando de Feijóo, las fuentes socialistas criticaron que la formación conservadora continúa “intentando hacer lo de siempre: tapar, generar ruido y señalar a otros, porque los de Feijóo no afrontan casos aislados, sino su propio sistema”. En este punto, enumeraron la lista de las últimas décadas: “Corrupción económica con la Gürtel. Corrupción policial con la Kitchen para tapar la Gürtel. Corrupción legislativa con Montoro vendiendo el BOE”.
Mientras acontece este escenario, reprocharon, Feijóo cumple cuatro años en el liderazgo del PP “sin condenar ni uno solo de los casos de corrupción de su partido, sin pedir responsabilidades, sin dar explicaciones”. En estos términos, reiteraron que, bajo su punto de vista, el silencio de Génova “no es neutralidad, es complicidad” porque “el que calla, otorga”.
Continúa el juicio sobre Kitchen sin imputar a Cospedal
Cuando se cumplen dos días desde que comenzó este juicio de pleno calado político, tanto la Fiscalía como la Audiencia Nacional han descartado suspender el juicio oral, tal y como pedían las defensas de los acusados por supuestos defectos en el proceso de instrucción de la causa; así como la imputación de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro –ambos citados como testigos próximamente-, como pidió la acusación popular del PSOE.
En la primera sesión, las defensas de los acusados solicitaron la anulación del juicio por supuestos defectos en el periodo de instrucción, esgrimiendo motivos como la falta de competencia del tribunal para juzgar los hechos, la prórroga “injustificada” del secreto de sumario o la falta de conexión, a su juicio, entre la pieza Kitchen y el caso Tándem, el nombre de la macrocausa relacionada con Villarejo. También reclamaron la anulación de pruebas clave como archivos de audio supuestamente grabados por Villarejo que habrían dado lugar a la investigación judicial, aduciendo que fueron obtenidas de forma ilícita y no se ha podido concluir su veracidad.
Los socialistas, por su parte, reclamaron la suspensión del juicio y la retroacción de las actuaciones para imputar a Cospedal y su exmarido -que llegaron a estar imputados en 2021, aunque tan sólo un mes, y para quienes finalmente se archivó la causa- y, de ese modo, indagar en la “conexión política” de la supuesta trama, y también el llamamiento del PP como partícipe a título lucrativo.
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El español es mayoritariamente obediente, acomodaticio, elástico, transigente… Peor. Es maleable. Así nos llevan adiestrando desde hace dos siglos para que traguemos carros y carretas con los borbones. ¿Este? Nos vale. No, mejor este otro… y también nos vale. Le tocaba a ese, pero vamos a poner a esta… y nos vale también.
Ese español medio de mente sencilla, como alumno aventajado que es de un país con una educación secuestrada desde 1851 por una secta religiosa, acepta comerse los mocos mientras aplaude el desfile de plutócratas sin recibir explicaciones y, como quien va a misa, sin hacerse preguntas ni buscar respuestas.
Carlismo malo. Carlistas casposos. Carlos María Isidro traidor. Guerras carlistas… carlismo, carlismo, carlismo… los tenemos interiorizado como los malos de la película, pero son los mismos perros que habitan en La Zarzuela, solo que con distinto collar. Son borbones con sus mismos vicios, iguales corrupciones y la misma inmoralidad. Son el mismo tronco familiar, pero nos han aleccionado para que aceptemos la diferencia y demos por legítimos a los de Felipe. Y no, los legítimos son los otros borbones. Felipe VI procede de la rama corrupta y usurpadora, que pasa ahora por ser la liberal porque, piénsenlo, se ha tenido que adaptar para mantener el negocio del trono. De haber llegado hasta aquí la rama legítima de los borbones, sus miembros se habrían adaptado igualmente y los carlistas serían los liberales y los felipistas los rancios.
Felipe VI procede de la rama corrupta y usurpadora, que pasa ahora por ser la liberal porque se ha tenido que adaptar para mantener el negocio del trono
Poco se habla de Carlos María Isidro, el hermano del mastuerzo Fernando VII. Y aunque hemos oído hablar mucho en el cole de carlismo, de sus orígenes y de las guerras que provocó su lucha por el poder, no tanto de los personajes en cuestión; así que, hagamos primero un breve recordatorio por si alguien no tiene situados a los llamados carlistas.
Fernando VII se murió, pero se saltó la legislación vigente e hizo un apaño para que lo sucediera su hija Isabelita. La ley dinástica de los borbones decía que al rey no le puede suceder una mujer, por muy hija que sea, mientras haya un hermano, un tío, un primo o un sobrino. Como el mastuerzo no quería que el trono de España pasara a su hermano Carlos María Isidro, que era el legítimo Príncipe de Asturias, y por tanto heredero al trono, cambió la ley para que el Principado pasara a su hija. Desde entonces, los descendientes del tal Carlosmari se consideran los herederos legítimos al trono de España y entienden que Felipe VI es un usurpador. Y tienen razón. A los republicanos nos traen al pairo las disputas intestinas borbonas, pero hay que reconocer que lo que es, es.
Fernando VII, firmando la derogación de la Constitución de 1812.
Dejando al margen la endémica bronca de esta familia, a estas alturas ya es difícil deducir cuál de las dos ramas habría sido la menos perjudicial para España, aunque, objetiva y matemáticamente, sin duda, la carlista. De entrada, nos habríamos ahorrado tres guerras civiles que desangraron el país, varias insurrecciones, golpes militares y miles de muertos. Por lo demás, la misma repulsa se merecen tanto unos como otros puesto que en lo único que estuvieron de acuerdo los borbones legítimos y usurpadores ha sido en el apoyo a la dictadura franquista.
En lo único que estuvieron de acuerdo los borbones legítimos y usurpadores ha sido en el apoyo a la dictadura franquista
Los carlistas pasan por ser unos pirados tradicionalistas, ultraconservadores, católicos patológicos, rabiosos antiliberales… menos una escisión carlista que ahora dice ser chupi-progre. No pierdan nunca de vista que los borbones son borbones y su naturaleza los lleva a fragmentarse como amebas. Todos. Echen una ojeada a la desestructurada familia de Felipe y la ciudadana Ortiz, pues en el mismo plan están sus primos de la rama legítima carlista. Desestructurados.
El principio de todo esto estuvo en el desencuentro entre hermanos en 1833, cuando Fernando le dijo a Carlosmari que tenía que jurar a su hija Isabel como Princesa de Asturias, y Carlos María respondió cariñosa y formalmente con una carta encabezada por «Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando de mi vida…», para decir a continuación que ni de coña juraba a la mocosa; que ni su conciencia ni su honor le permitían jurar otros derechos que no fueran los que marcaban la ley, y esa ley decía que el heredero de la corona tenía que seguir llevando pantalones. Y tenía razón. La ley es la ley.
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Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y origen de la escisión carlista.
El mastuerzo, a vuelta de correo, derramó el mismo cariño en la carta que encabezó diciendo: «Mi muy querido hermano mío de mi vida, Carlos de mi corazón…», para continuar diciéndole que se largara del país y no volviera. Y por cierto, te he confiscado todos tus bienes, hermano de mi vida.
A la vista está que los hermanos, más que quererse, se adoraban, pero las consecuencias de tanto corazón mío y tanto cariño de mis entretelas fueron las tres guerras carlistas que dejaron en el campo de batalla a miles de españoles.
Tras la expulsión del país del legítimo Príncipe de Asturias aún faltaba por llegar lo peor, porque cuando por fin se produjo el óbito del mastuerzo, Carlos María Isidro fue proclamado en Bilbao como el rey Carlos V. Ahí empezó la guerra, y ahí empezaron las distintas cuentas de los borbones con sus respectivos reyes.
Pero son sus cuentas; no se dejen contaminar por los trileros borbones ni permitan que les intoxiquen con insostenibles argumentos feministas en favor de la niña isabelita; forman parte de la misma dinastía, con idéntica ausencia de valores e iguales intereses, y tan machistas unos como otros, pero los usurpadores que fueron ganando las guerras y aplastando las insurrecciones familiares necesitaron el apoyo de los liberales y no les quedó otra que ir adaptándose en el siglo XIX a las exigencias políticas del momento si querían seguir reinando. De haber cambiado las tornas, los carlistas legítimos se habrían adaptado igualmente para retener el trono.
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Carlos María Isidro se hubiera adaptado como se adaptó Isabel II y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II
A estas alturas de curso, con todas las pruebas en la mano, se puede afirmar con total seguridad que la regencia de María Cristina fue nefasta y el reinado de Isabel II un desastre, pero los españoles no tenían opción de elegir y, de haber podido hacerlo, sería como decidir si era menos pernicioso saltar desde la Torre Eiffel o desde el Empire State. Te tires de donde te tires el resultado sería igual de trágico. La regencia de los cristinos y el reinado de los isabelinos fueron dos absolutas calamidades. Corrupción, mal gobierno, involución… No sabemos qué habría pasado de haberse proclamado el legítimo; probablemente lo mismo, y Carlosmari se habría adaptado igualmente a las políticas del siglo XIX porque los reyes se acomodan a quienes les protegen el trono. Carlos María Isidro se hubiera adaptado como se adaptó Isabel II y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II.
Como los partidarios de Carlosmari han seguido siendo borbones sin tapujos, sin necesidad de disfrazarse de supuesta progresía y sin tener que adaptarse a nada, continúan instalados en su tradicional ranciedad borbona. Tanto los actuales borbones usurpadores como sus denostados parientes legítimos han dado en los últimos ciento y pico años muchos bandazos ideológicos con tal de mantener o intentar conseguir el trono. Cristinos, isabelinos, carlistas, alfonsinos, juancarlistas y felipistas se sitúan donde más les conviene según vengan dadas porque cuentan con la ventaja del citado español acomodaticio y la protección del gobierno de turno.
Tan extravagante es asistir a las hostias entre Felipe, la ciudadana Ortiz, el delincuente Juan Carlos, Elena, Cristina, Sofía y el resto de fauna y flora contemporánea, como comprobar la bronca de la rama legitimista, donde también se produjo una escisión muy simpática que ha llevado a que parte de sus miembros se declarasen socialistas autogestionarios y que firmaron pactos con los comunistas al final del franquismo. Madre del amor hermoso.
A partir de la expulsión de Isabel II en 1868, cuando se reactivó la ilusión de los legítimos herederos de Carlosmari por retomar el paso del trono, los borbones volvieron a confraternizar sin pudor pese a que los españoles tenían que seguir respondiendo a alzamientos y guerras cada vez que a los carlistas les salía de la boina roja. Se dieron una tregua entre ellos durante el paréntesis que se impuso con la llegada del Saboya porque ahora tenían un enemigo común al que batir: Amadeo I y su consorte la reina María Victoria. Ahora ya no eran carlistas contra alfonsinos (doña Isabelona había abdicado en el chavalín en 1870), sino borbones, todos, contra amadeístas. Ya llegaría el momento de dividir fuerzas y reanudar la disputa, pero, mientras, no había razón para desaprovechar los privilegios de la villa y corte, las fiestas, los banquetes…
Alegoría de ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 que obligó al exilio a Isabel II
Hasta los boicots contra los nuevos monarcas los organizaban a pachas (recuérdenme que les cuente la estrafalaria “Rebelión de las Mantillas” de la primavera de 1871, con las partidarias alfonsinas luciendo un broche con la flor de lis y las adeptas carlistas prendidos los suyos con una margarita como reivindicación de la reina titular en aquellos momentos, Margarita de Borbón y Parma, esposa del autoproclamado Carlos VII).
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Los carlistas se han ido poniendo desde hace 193 años nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad, para poder mantener la bufonada
Si ya resulta complicado a algunos ordenar la lista de los reyes usurpadores borbones oficiales, ni les cuento la de los borbones legitimistas. Ni yo me la sé, que vivo en un estado de fascinación permanente con esta loca familia. Los carlistas se han ido poniendo desde hace 193 años nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad, para poder mantener la bufonada. Repasen conmigo: Carlos María Isidro se proclamó Carlos V, luego llegó su hijo Carlos VI, Juan III, Carlos VII, Jaime III, Alfonso Carlos I, Javier I, Carlos Hugo I, Carlos VIII, Enrique V y Carlos Javier I. Está claro que a los carlistas les gusta llamarse Carlos. Y hago notar que se inventaron un Juan III igual que los juancarlistas y los felipistas se han inventado su propio Juan III, el padre de Juan Carlos, y ese es el nombre que han grabado en el sarcófago de la cripta real de El Escorial. Así que se da la bonita paradoja de que hay dos borbones con el nombre de Juan III, uno carlista y el otro franquista. Y los dos, como reyes, dos farsantes.
Actualmente, mientras la niña Leonor se pasea por los cuarteles para aprender a toda hostia a conducir tanques, pilotar cazas y manejar portaaviones, hay otros borbones legítimos que también tienen herederos aspirantes al trono de España. Los homólogos de Felipe son uno que se hace llamar su alteza real Enrique V, que vive en París, que es súper-mega-ultra-todo siempre al servicio de la cristiandad, la hispanidad y la ranciedad y que anda el hombre senil perdido… y luego está otro, sobrino del senil y de la rama de los pretendidos progres, que es neerlandés y actual reclamante del trono que usurpa Felipe, Carlos Javier I. Este hombre se ha nacionalizado español, y en 2016, con ocasión del nacimiento de su primer hijo machote y legítimo (también tiene uno de extranjis porque, no lo olvidemos, es un borbón), el príncipe Carlos Enrique de Borbón y contrincante actual de la del moño, organizaron una misa y un tedeum en la catedral de Barcelona y convocaron a los carlistas para presentar al nuevo heredero al trono de “Las Españas”. No me digan que no son graciosos…
También tenemos otra alteza real borbona en París, encima senil, y otra real alteza en Países Bajos.
Ya… ya sé que no, porque no tenemos bastante con la turra de un rey borbón cabreado en La Zarzuela que quiere hacer más de lo que hace porque se cree que sabe más de lo que sabe, y con otro rey borbón delincuente entre Abu Dabi, Suiza y Sanxenso, que también tenemos otra alteza real borbona en París, encima senil, y otra real alteza en Países Bajos. España no da para tanto rey, señoras y señores. No queremos ni uno y andamos con cuatro al retortero.
Y esto no acaba aquí, porque este disparate de familia borbónica ha seguido provocando disturbios y muertes en este país ya metidos en el siglo XX. Aquí dejamos pendiente hablar de la escandalosa boda real entre dos borbones de las ramas usurpadora y legítima, y de los sucesos de Montejurra.
La tensión en el ambiente se puede cortar con un cuchillo en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Mientras el fantasma del impeachment sobrevuela la residencia presidencial, a su inquilino y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se le acumulan las controversias tanto en clave internacional como en clave interna, sin que ninguna termine de resolverse y mientras su popularidad desciende incluso entre sus acólitos. Venezuela, Groenlandia, Irán, la OTAN, el movimiento MAGA, Epstein… los frentes abiertos son cada vez más numerosos para el líder republicano, que está teniendo, en este 2026, el año más polémico desde que asumió la presidencia estadounidense por primera vez en 2016.
Donald Trump comenzaba el año con la detención y encarcelamento del expresidente venezolano, Nicolás Maduro, con el fin de hacerse con el control del petróleo del país e instaurar una figura más afín a sus intereses en la dirección nacional, como la de Delcy Rodríguez. No supuso estrictamente un cambio de régimen, pero sí un cambio que hizo que los intereses del imperio estadounidense se impusieran en suelo venezolano. A ello, le siguieron las amenazas de anexionarse Groenlandia, territorio perteneciente a Dinamarca, país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, que tuvieron que desescalarse desde el raciocinio ante un líder que se creía con derecho a todo. De fondo, continuaba el genocidio palestino, respaldado desde Washington. ¿La cuarta línea de batalla? La guerra de Irán, un conflicto que muchos estadounidenses rechazan, en un país que jamás supuso una amenaza directa para Estados Unidos, y que solamente obedece a los intereses regionales de Israel,al ver en Teherán el único contrapeso posible a sus ansias expansionistas regionales y a sus planes de ocupación, ya sea a través del propio poder iraní o por la actividad de Hezbolá.
Pero esto, por si fuera poco, no es todo. A las pulsiones imperialistas y la clave internacional se suman los problemas internos: la desunificación del movimiento MAGA, que hasta ahora acostumbraba al seguidismo ciego a las acciones del presidente estadounidense, pero que ahora ha encontrado puntos de desacuerdo, especialmente tras el conflicto en Irán, y los archivos de Epstein, que sitúan a Trump como presunto partícipe de la trama de abusos de menores, prostitución infantil y otros abusos muy graves dirigidos por el depredador sexual que les da nombre. Todas estas controversias convergen, a su vez, en el año en el que se celebrarán las elecciones mid-term, es decir, las elecciones generales que se efectúan el martes siguiente al primer lunes de noviembre en el punto medio de la legislatura. En esos comicios se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y 33 o 34 de los 100 del Senado de Estados Unidos. Las previsiones vaticinan un importante batacazo de los republicanos a vista de las recientes acciones de Donald Trump y de los problemas acumulados durante los últimos meses.
Irán, los vaivenes de paz y el choque con la OTAN
Las conversaciones para la paz entre Estados Unidos e Irán se han ido sucediendo durante las últimas semanas, pero sin un horizonte claro. Los bandazos han sido constantes, sin que esté claro si la situación va a desescalar finalmente o si la reapertura del conflicto va a estar sujeta a los designios del republicano. El punto más acuciante de estas conversaciones ha sido, indudablemente, la reapertura del estrecho de Ormuz, por ser un punto clave para el comercio mundial de petróleo. Recientemente, el líder supremo Mojtaba Jamenei, ha asegurado que el tránsito en este enclave geográfico entrará ahora «en una nueva fase», coincidiendo, además, con la presión de Donald Trump sobre los aliados de la OTAN, a quienes reclama movilizarse en su favor y que han decidido no hacer seguidismo automático a este conflicto.
Por un lado, el hijo del antiguo líder de los ayatolás, asesinado en uno de los primeros ataques de Washington y Tel Aviv en la guerra, exponía este jueves en que su país «buscará reparaciones completas e implementará una nueva fase de gestión en el estrecho de Ormuz», Prueba de esta nueva fase en Ormuz son los datos extraíbles de Marine Traffic, la plataforma de seguimiento del tráfico por esta vía, además de The Times of Israel, señalando que, por primera vez desde el bloqueo, ha circulado un petrolero que no es de procedencia iraní por estas aguas, sino que se ha tratado de un buque de Gabón rumbo a India. No obstante, Jamenei advertía que no permitirá su utilización «a los criminales que atacaron a Irán» y, por ende, «no renunciará a sus derechos», aunque recordó que su país «no busca la guerra». En estos mismos términos, Jamenei advertía con la venganza ante el asesinato de su padre: «Exigiremos una indemnización por todos y cada uno de los daños infligidos, así como el precio de sangre pagado por los mártires y la compensación por los heridos de esta guerra», defendía.
En lo que concierne al papel de la Comunidad Internacional en este conflicto, Trump se reunía este miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que dio un ultimátum a los aliados para desplegar medios militares sobre el estrecho de Ormuz. Trump sigue esperando «compromisos y acciones concretas» para garantizar la navegación y tránsito seguro sobre este enclave del Golfo Pérsico, a pesar de que muchos Estados miembro se han desmarcado del conflicto. Washington amenazó, a su vez, con abandonar la OTAN ante su «decepción» con los aliados al no haberse sumado estos países a sus designios militares sobre Irán.
El alto el fuego, a su vez, se diluye entre las nuevas amenazas que va pronunciando el republicano: advertía esta semana que la parte iraní «pagará por el cierre del estrecho de Ormuz». En una reciente comparecencia, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, matizaba en múltiples ocasiones que el alto el fuego «está supeditado a la apertura del estrecho de Ormuz». «Esperamos que lo hagan de forma rápida y segura, sin ningún tipo de dilación. La prioridad del presidente y del equipo de negociación es la apertura del estrecho de Ormuz. Vamos a esperar que el estrecho se abra y que las negociaciones de Islamabad (capital de Pakistán) lleguen a buen puerto para alcanzar la paz», un encuentro que se producirá entre las partes diplomáticas este fin de semana. Del mismo modo, las conversaciones pacíficas quedan bajo cuestión al escuchar a Leavitt decir que fue la parte estadounidense la que rechazó la contrapropuesta diseñada por Teherán: «Los iraníes presentaron un plan de diez propuestas que no eran aceptables y hemos descartamos, la tiramos literalmente a la basura. Habéis mentido los periodistas sobre estas propuestas. Nosotros hemos obligado a Irán a sentarse a la mesa de negociación y que presenten un plan mucho más razonable, que era una base de negociación viable, 15 propuestas, entre ellas, que se ponga fin al programa de enriquecimiento de uranio, no aceptaremos que tengan un plan nuclear». Todo está en el aire y nada está claro en este sentido.
Críticas desde el movimiento MAGA
El ideario del universo Make America Great Again (MAGA) solía regirse por el seguidismo ciego a todo lo que diga y haga el actual inquilino de la Casa Blana. No obstante, con la ofensiva de Estados Unidos sobre Irán han cambiado las tornas, y se ha generado un cisma difícil de apaciguar: voces de renombre dentro del movimiento político se han posicionado en contra de esta incursión militar. El motivo no es otro que la razón de ser de la ‘Operación Furia Épica’ choca frontalmente con la esencia del gran eslogan de MAGA: «America First». Las voces críticas afean que el América primero queda en agua de borrajas si las ambiciones se centran en la política exterior, y más aún, arrastradas por los intereses de otro país.
Bajo este telón de fondo, distintas voces de peso dentro del movimiento han rechazado abiertamente sumarse a la postura belicista. La que fuera congresista por Georgia y que ocupó un cargo de confianza de Trump en el Capitolio, Marjorie Taylor Greene (MTG), se preguntó en redes sociales «cuántas muertes están los votantes del Gobierno estadounidense dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán». «¿Qué tal cero, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y cero guerras», reprochó. «(Lo que está pasando) no es liberar al pueblo iraní, es asesinar a sus hijos. Estados Unidos no apoya esto», añadía la congresista citando las imágenes de la escuela femenina bombardeada al sur del país en las primeras semanas de hostilidades y augurando el fin del movimiento MAGA si todo seguía igual. Hasta Charlie Kirk, el comunicador de extrema derecha y afín a Trump asesinado el pasado septiembre durante una charla universitaria, definió la idea de un cambio de régimen en Irán como «una locura», previniendo que podría convertirse en una guerra civil en la que morirían cientos de miles de personas» y que provocaría «una nueva gigantesca crisis de refugiados musulmanes». Una postura secundada por Candace Owens y Cassandra MacDonald.
Otra de las voces reacias a la ambición de Trump fue esgrimida por el locutor y expresentador de la CNN, Tucker Carlson, una de las figuras que, de hecho, más auparon a Trup durante la campaña. Carlson describió la operación en Irán de «absolutamente repugnante y malvada» en declaraciones a ABC News, deslizando al tiempo que podría alterar de forma permanente la identidad del universo MAGA. En la misma dirección, el locutor de podcast Tim Pool calificó la incursión de «traición» a la nación norteamericana; misma postura que adoptaron los hermanos influencers Keith y Kevin Hodge: «El presidente Trump ha mentido completamente a sus votantes, ha traicionado al país y mancillado su legado de forma irreparable», condenaron en redes sociales. Incluso, desde el plano político, congresistas y senadores republicanos como Thomas Massie y Rand Paul, de Kentucky, o Warren Davidson, de Ohio, se postularon en contra: «Esto no es ‘America First’«.
Los abusos de Epstein, a la palestra de nuevo
Otro de los frentes que siguen abiertos para el presidente estadounidense son los archivos de Epstein. Hace unos meses, se publicaba buena parte de los mismos para cumplir con la sentencia de la justicia estaounidense que imponía su revelación, aunque buena parte de su contenido fue censurada. El asunto quedó latente y sin mayores repercusiones que una fuerte indignación social que se fue apaciguando con el paso de las semanas, pero este jueves, la esposa de Donald Trump, Melania Trump, volvía a hablar del tema, negando cualquier vínculo con el pederasta y depredador sexual Jeffrey Epstein, asegurando que «no conocía sus abusos». «Las mentiras que me vinculan con el vergonzoso Jeffrey Epsteindeben acabar hoy mismo«, argumentaba la primera dama, en unas declaraciones que dan a entender que algo podría pasar próximamente con este asunto.
En una declaración sin preguntas, la primera dama mencionó su libro homónimo para explicar cómo conoció a Trump y las primeras veces que coincidió con el depredador ante los rumores de que el tycoon y ella se conocieron en una de las fiestas del depredador sexual. «Donald y yo fuimos invitados a las mismas fiestas que Epstein de vez en cuando», reconocía. «Solaparse en los círculos sociales es habitual en Nueva York y Palm Beach. Para que quede claro, nunca mantuve ninguna relación con Epstein ni con su cómplice, Ghislaine Maxwell. Mi respuesta por correo electrónico a Maxwell no puede calificarse de nada más que de correspondencia informal. Mi respuesta cortés a su correo electrónico no es más que una nota de cortesía. No soy víctima de Epstein. Epstein no me presentó a Donald Trump», matizaba Melania.
En la misma línea, la esposa del presidente estadounidense detallaba la primera vez que vio al pederasta. «La primera vez que me crucé con Epstein fue en el año 2000 en un evento al que Donald y yo asistimos juntos en aquel momento. Nunca había conocido a Epstein y no tenía conocimiento de sus actividades delictivas. Desde hace años circulan por las redes sociales numerosas imágenes y declaraciones falsas sobre Epstein y sobre mí. Tengan cuidado con lo que creen. Estas imágenes e historias son completamente falsas. No soy testigo en relación con ninguno de los delitos de Epstein. Mi nombre nunca ha aparecido en documentos judiciales, declaraciones juradas, declaraciones de víctimas o entrevistas del FBI relacionadas con el asunto de Epstein. Nunca he tenido conocimiento alguno del abuso de Epstein hacia sus víctimas», aseguraba, y sentenciaba: «Nunca participé en ningún sentido. No fui partícipe, nunca estuve en el avión de Epstein y nunca visité su isla privada. Nunca he sido acusado legalmente ni condenado por ningún delito relacionado con el tráfico sexual, el abuso de menores y otros comportamientos repulsivos de Epstein. Deben cesar las calumnias falsas sobre mí por parte de personas y entidades malintencionadas y con motivaciones políticas que buscan dañar mi buen nombre para obtener beneficios económicos y ascender políticamente». Muchas líneas abiertas para un Donald Trump que tiene que hacer frente a la posibilidad de recibir un impeachment, de las mid-terms de dentro de unos meses, a la caída significativa de su popularidad y a las más que crecientes dudas sobre su capacidad de liderazgo.
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En un contexto internacional marcado por la situación en Oriente Próximo, el Gobierno español quiere afianzarse como adalid del ‘No a la guerra’ que enarbola desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero. En ese sentido, el presidente Pedro Sánchez va a reforzar su perfil de contrapunto de Donald Trump en Europa, para lo que ha llenado su agenda de las próximas semanas decitas internacionales que subrayarán el nombre de España en el mapa.
El líder del Ejecutivo va a participar en cumbres, viajes oficiales y reuniones con el objetivo claro de seguir reforzando su perfil internacional, que ha convertido en el estandarte de su estrategia política. Y el momento no es casual, a poco más de un mes de que se abran de nuevo las urnas en Andalucía, y en un momento en que el mundo contiene la respiración ante las negociaciones de Estados Unidos, Israel e Irán que sacuden el tablero de la guerra en Oriente Próximo.
Los últimos movimientos de Trump, que ha reculado en sus contradictorias amenazas sobre el país persa, han dejado desorientada a la oposición, con PP y Vox sin saber muy bien cómo posicionarse ante la actualidad internacional. Los de Alberto Núñez Feijóo siguen sin condenar sin matices la matanza de civiles en Oriente Próximo, y comparan con un control de tráfico la detención de un casco azul español por parte de Israel. A esto se suma una ultraderecha servil y afín a Donald Trump, frente a lo que Sánchez se prepara para dos semanas de viajes y cumbres internacionales para reivindicar la paz, el multilateralismo y el órden basado en reglas, con el progresismo como vía para todo ello.
La gira de Sánchez ha comenzado este mismo viernes en Barcelona, donde ha cerrado con un papel protagónico el European Pulse Forum, un evento organizado por el medio Político en el que se abordan «los temas más acuciantes que están dando forma al futuro de Europa». El presidente ha compartido escena con el president de la Generalitat Salvador Illa, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, y nombres relevantes de la política europea como la vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, o los comisionados de Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, y Defensa, Andrius Kubilius; así como representantes de Alemania, Ucrania, Estonia o Montenegro, entre otros países.
La cuarta visita de Sánchez a China
Tras este foro, el presidente pone rumbo a la que será una de las visitas de Estado más relevantes de su mandato. Sánchez visitará China desde este sábado, y hasta el próximo miércoles (del 11 al 15 de abril), en su cuarto viaje al gigante asiático. El mandatario español protagonizará allí un encuentro con Xi Jinping, con vistas a consolidar a España como el principal interlocutor de Europa con el presidente chino. Según la diplomacia del país asiático, el objetivo es realizar un «intercambio profundo» sobre el tablero geopolítico actual y las relaciones bilaterales entre ambos países, que su portavoz de Exteriores ha calificado como «de hierro».
La estancia de Sánchez en Pekín se produce en un momento crítico, con la agenda exterior copada por la guerra en Oriente Medio y los vaivenes de Donald Trump. A esto se suman de las crecientes tensiones comerciales entre China y Occidente, en las que el líder español busca posicionarse como mediador capaz de rebajar la tensión que se genera desde Estados Unidos.
No es la primera vez que Sánchez busca ser el puente entre Pekín y Occidente, alejándose de los prejuicios sobre ese país que enarbola la propaganda estadounidense. En su última visita oficial a China, el español fue recibido con todos los honores en el Gran Palacio del Pueblo. En ese escenario, defendió la necesidad de una relación «basada en la reciprocidad y el equilibrio» entre la Unión Europea y China. “No queremos una nueva guerra fría”, insistió, en alusión a la creciente rivalidad entre Estados Unidos y el gigante asiático. La reciente visita de Estado de los reyes a China, la primera de un monarca europeo en siete años, confirmó un viraje diplomático que no pasó desapercibido ni en Bruselas ni en Washington.
Sánchez reivindica la vía del socialismo junto a Lula en Barcelona
Pero a su vuelta de Pekín, no termina la agenda internacional de Sánchez, aunque las siguientes citas serán en casa. Ese mismo viernes -17 de abril- se celebrará la primera cumbre bilateral España-Brasil de la historia, en la que el presidente recibirá a su homólogo en el país sudamericano, Lula da Silva, en el Palacio Real de Pedralbes, en Barcelona. La reunión tiene un gran significado político, no solo porque sea la primera de este formato con un país de América Latina, sino porque Sánchez y Lula son dos líderes socialistas que ejercen una oposición a la deriva belicista de Donald Trump y el resto de Europa.
Con su sintonía en el ‘No a la guerra’ y la reivindicación del socialismo como vía muy presentes, ambos participarán al día siguiente en el Global Progressive Mobilisation, que acoge la Ciudad Condal. Sánchez y Lula protagonizarán junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y otros líderes progresistas de todo el mundo, una imagen de unidad y fortaleza frente a Trump y la ultraderecha mundial. Allí estarán también los mandatarios de Uruguay, Yamandú Orsi, Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, del Consejo Europeo, Antonio Costa y del Partido de los Socialistas Europeos, Stefan Löfven.
En la representación española participarán también nombres con peso a nivel internacional como Teresa Ribera, o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Por parte del Ejecutivo arroparán a Sánchez el nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, Transformación Digital, Óscar López, y la titular de Inclusión y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Les recibirá a todos el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. El presidente dirigirá también la cuarta edición de la reunión ‘En Defensa de la Democracia’, foro que creó junto a Lula en 2024, y que tendrá lugar en la Fira de Barcelona.
Y la agenda no se termina ahí, porque una semana después está prevista una reunión informal de líderes europeos que tendrá lugar en Nicosia los días 23 y 24 de abril. Sánchez debatirá junto a otros jefes de Estado y de Gobierno del continente sobre la actualidad internacional, en un lugar con mucho significado: la capital de Chipre, el único país de la Unión Europea involucrado directamente en la guerra en Oriente Próximo. La isla mediterránea, que ocupa la presidencia de turno del Consejo de la UE, fue alcanzada por misiles en los primeros días de conflicto, tras lo que se han producido constantes violaciones de su espacio aéreo que han obligado a cancelar varias reuniones que tenía previsto acoger el país este mes por seguridad.
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Las cartas están sobre la mesa. Ya no es una sugerencia ni una idea lanzada al vacío. Irene Montero y Gabriel Rufián han diferido en algunas posiciones en el acto celebrado la tarde de este jueves, 9 de abril, en Barcelona, pero no en la esencial. El evento llevaba por título ¿Qué hay que hacer? Y lo que hay que hacer, de acuerdo con lo defendido por ambas figuras políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es «inventar algo electoral» para frenar el avance del fascismo. «Cuando digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo». Así lo ha repetido hasta la saciedad Montero tanto en el acto como en las entrevistas ofrecidas durante el día.
Antes de que diera comienzo el intercambio, el ambiente estaba cargado. Tanto es así que la dirigente morada ha apuntado, en su primera intervención, que reinaba una cierta «contención» entre el patio de butacas. Era la expectación por si se lanzaba una propuesta en firme. Sin embargo, se ha hablado más de intenciones y necesidades que de una idea concreta y cristalina. Ya avisaba Xavier Domènech, exdiputado en el Congreso y en el Parlament de Catalunya, en conversación con Público, de que el debate no tenía por qué ser «concluyente», sino algo así como una base sobre la que empezar a construir.
Los primeros compases han sido los esperados. Rufián ha defendido la potestad —y la oportunidad— que tiene ERC de «inspirar» a las izquierdas españolas y ha sido muy claro en una convicción: «Me niego a avergonzarme por decir que quiero que a las izquierdas españolas les vaya bien«. Y ha abrochado: «Yo quiero un gobierno del PSOE sometido a EH Bildu, ERC, Compromís o Adelante Andalucía».
Montero, recuperando una arenga tantas veces reproducida en las filas de Podemos, ha llamado al cambio. «No todo es ganar votos, sino la convicción profunda de que las cosas pueden cambiar«. La eurodiputada, en ese punto, ha interpelado a todos aquellos que «están hartos de agachar la cabeza» porque «ahora lo que mola es decir que la violencia no tiene género o que los migrantes son delincuentes». A esa gente es a la que las izquierdas tienen que dar esperanza. Sacarla de sus casas y permitirle mirar, de nuevo, al frente. Y para ello hace falta, en palabras de la política morada, «hacer equipo» con tal de evitar que las derechas —con todos sus resortes mediáticos, políticos o judiciales— «nos arrasen«.
La premisa se ha ido esclareciendo a medida que han pasado los minutos. No hay que hablar solo de lo electoral, pero también hay que hablar de lo electoral. Se respiraba entre la pareja la sintonía necesaria para probar algo nuevo. Domènech, que ha moderado la conversación, ha condensado en una cita su tesis sobre la reconfiguración del espacio: «La única forma de parar al fascismo es la alianza de las izquierdas«. Ni Rufián ni Montero han ahondado en el cómo, pero el republicano sí que ha dicho sin tapujos que hay que «inventar algo». Y ha apostillado: «Sí, electoral«. Tras el acto que compartió Rufián con Emilio Delgado en febrero, el político independentista ya habló de una fórmula para concurrir a unas elecciones: que por cada provincia se presentara solo la izquierda con más capacidad aglutinadora.
Al encuentro, han asistido figuras como Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso o Gerardo Pisarello, diputado de Comuns.
En Barcelona, Rufián consolida la idea de generar una alianza electoral y, además, suma a Podemos a la causa. Eso sí, el catalán ha deslizado, en un dardo —no demasiado venenoso— a las fuerzas políticas que, cuanto más se entre en el «cómo«, más fácil lo tienen para poner pegas. Por lo tanto, la conclusión es clara: generar ilusión y fomentar la idea del frente amplio, pero dejar tiempo «a las cúpulas de los partidos» para que dialoguen.
Ensanchar el marco de la izquierda
Si algo ha conseguido el acto es despejar varias dudas, amplificadas en los últimos días por el altavoz de los medios de comunicación. Primera: ¿Aspira Rufián a postularse como candidato a las próximas generales?. «Yo no quiero gobernar España, yo quiero que se gobierne bien España», ha atajado, a modo de respuesta, el portavoz republicano. Segunda: ¿Están dibujando Rufián y Montero una suerte de tándem electoral? «Hacer equipo para movilizar a la izquierda merece la pena», planteaba, en un primer momento, Montero. Una mano tendida que, a lo largo del acto, se ha ido diluyendo.
«No hay una única vía», razonaba, cerca del final, Rufián, animando, eso sí, a la construcción de un «bloque de las izquierdas«. «¿Por qué no formamos un grupo interparlamentario en el Congreso?», exhortaba a los partidos que integran la cámara. Bildu, BNG, IU o Sumar. Un grupo que defienda, ha seguido explicando, una causa común. «Cada uno en su casa y el antifascismo, el derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida —pasando por la vivienda—, en casa de todos», terminaba de dar forma a la idea.
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Tercera: ¿Es la unidad la llave para cerrarle a las derechas las puertas de La Moncloa? Domènech ha hablado de «la alianza de las izquierdas» como única vía, un guante que han recogido los dos ponentes, aunque con matices. «No hay una fórmula mágica«, reconocía, por su lado, Rufián, que no ha dejado, por ello, de lanzar algunas pistas. «Evitemos faltarle al votante de Vox y de Aliança Catalana. No todos son unos fachas», criticaba, para empezar, el diputado de ERC, recordando que el problema no son solo los fascistas, «también los neutrales«. Una clave más: la izquierda tiene que disputar la batalla por el poder digital. «Yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas«, aseguraba, consciente de que hay que hablarle a la gente «de tú a tú».
En cualquier caso, para Rufián, la principal tarea de la izquierda sigue siendo material: «Llenar la nevera«. «¿Por qué un currela de Mercadona —puteado, precario y que está pagando por una habitación lo que sus padres por una casa decente— vota lo mismo que Juan Roig?», ha sembrado el debate el dirigente de ERC, proponiendo un nuevo lema para el espacio de la izquierda: Una familia, una casa. La vivienda es precisamente, para Rufián, el ejemplo claro de que la izquierda «ha decepcionado». Dentro y fuera del gobierno, en Catalunya y en España y cediendo, para colmo, demasiados marcos a la derecha. «No podemos regalar discursos y temas. Tenemos que hablar de orden, de seguridad, de inmigración… De los temas que, tradicionalmente, incomodan a la izquierda«, se ha posicionado, sin ambages, el político independentista.
Un extremo en el que ha chocado con la oposición de Montero. «¿En qué momento la izquierda no ha hablado de seguridad«, se ha preguntado en voz alta la eurodiputada de Podemos. Seguridad es, para Montero, no ir a trabajar cuando se tiene un dolor, poder llevar a los hijos a escuelas públicas de calidad o que una víctima de violencia de género pueda tener una vivienda de emergencia pagada con dinero público. «En lugar de comprar los marcos de la derecha, ¿por qué no les contestamos desde nuestros propios valores? ¿por qué no les decimos que son unos hipócritas?», ha dado la vuelta a la conversación la dirigente morada. Desmontando, a la vez, el desgastado mantra del patriotismo: «Luchar para que las mujeres estemos vivas y no nos asesinen, luchar para que tengamos tiempo libre, luchar por no currar hasta la extenuación y por tener salarios y alquileres dignos, eso es decir Viva España«.
Que la izquierda soberanista lidere a la estatal
Tanto Domènech como Rufián han puesto el acento en algo que sería un cambio de dinámica histórico en el tablero izquierdo de la política española: que sean las izquierdas soberanistas las que lideren la reformulación e impulsen algo parecido a un frente común.
Domènech considera que es una «inmensa oportunidad» que en ningún caso supone «perder las siglas». «Por primera vez, podemos poner nuestros programas en el centro y construir para el conjunto de las izquierdas«, reivindica el exdirigente de Comuns. Rufián ha apuntalado el argumento y ha hablado de una aventura a la izquierda del PSOE que «no ponga en duda la autodeterminación». Para culminar el acto, y desde esa concepción más territorializada de las izquierdas, Rufián ha puesto en valor el trabajo y el futuro de figuras como Mónica Oltra (Compromís), Ana Pontón (BNG) o Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).
La entrada de Estados Unidos en la guerra contra Irán no se decidió en una larga deliberación estratégica ni en una discusión cerrada sobre objetivos, costes y salida. Según un reportaje de ‘The New York Times’, firmado por Jonathan Swan y Maggie Haberman, el paso definitivo llegó después de una presentación de Benjamin Netanyahu en la Sala de Situación de la Casa Blanca y de una respuesta de Donald Trump tan breve como decisiva: “Me parece bien”. El diario reconstruye así el momento en que Washington terminó comprando el plan israelí pese a las dudas de la CIA, del vicepresidente JD Vance, del secretario de Estado Marco Rubio y de mandos militares sobre la viabilidad real de la operación.
La escena que describe The New York Times arranca el 11 de febrero. Netanyahu acudió a la Casa Blanca y, en un formato poco habitual para un líder extranjero, fue llevado a la Sala de Situación para exponer su propuesta. El plan, según esa reconstrucción, se articulaba en cuatro movimientos: eliminar al líder supremo iraní, destruir la capacidad militar de Teherán, provocar una revuelta popular y facilitar un cambio de régimen. La presentación incluía incluso un vídeo con supuestos futuros dirigentes de Irán. Trump, siempre según el relato del diario, salió convencido de aquella exposición y dejó dicho que la idea le parecía bien.
Ese respaldo no llegó porque hubiera consenso en torno a la operación. Llegó pese a que, al día siguiente, parte del aparato de seguridad estadounidense puso en duda varios pilares del plan israelí. La CIA consideró poco creíble la parte referida a una insurrección interna y a un cambio de régimen rápido. Rubio lo resumió con una crudeza que el reportaje atribuye de forma textual a las conversaciones internas. El general Dan Caine, por su parte, advirtió de algo más simple y más concreto: Israel tendía a prometer más de lo que podía garantizar y sus planes no siempre llegaban bien armados.
Un plan vendido como rápido y limpio
El corazón del relato no está solo en lo que Netanyahu prometió, sino en cómo lo vendió y en quién aceptó ese guion. Según la reconstrucción periodística, Israel aseguró que podía degradar en pocas semanas el programa de misiles iraní, contener una respuesta regional y abrir el camino a una caída del régimen desde dentro. El problema es que dentro de la propia Administración estadounidense había quien no se tragaba ese escenario. Vance advirtió del impacto político que una guerra podía tener sobre la propia coalición de Trump. También puso el foco en el estrecho de Ormuz, el punto más sensible del tablero, y en la imposibilidad de calcular con precisión cómo respondería Irán si lo que percibía estaba en juego era la supervivencia misma del régimen.
Las objeciones no se quedaron ahí. Caine alertó sobre los límites del arsenal estadounidense si el conflicto se alargaba. También sobre la ausencia de una vía clara hacia la victoria. Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, tenía reservas, pero el reportaje señala que optó por no fijar posición en una reunión de ese calibre. La fotografía que deja The New York Times es la de una Casa Blanca donde casi nadie avalaba sin matices el plan israelí, pero donde tampoco cuajó una oposición capaz de frenarlo. Trump oyó las alertas. No cambió de rumbo.
El cierre de esa secuencia llegó después. Ya en el Air Force One, Trump aprobó formalmente la operación poco antes del plazo fijado por los mandos militares. La orden, según el relato del diario, fue directa y sin espacio para marcha atrás. El dato tiene peso por sí mismo. También por lo que revela del método: una guerra abierta contra Irán quedó atada a una cadena de decisiones en la que pesó más la intuición política del presidente y la presión israelí que un acuerdo sólido dentro de su propio equipo de seguridad nacional.
El reportaje de The New York Times aparece, además, en un momento delicado para Trump. La guerra con Irán ha tensionado al bloque MAGA, donde crecieron las críticas por haber roto la promesa de no meter a Estados Unidos en nuevos conflictos de gran escala. También ha abierto preguntas sobre qué obtuvo realmente Washington de una operación que, según otras crónicas publicadas estos días, no logró ninguno de los grandes objetivos maximalistas que Israel había puesto sobre la mesa al principio de la ofensiva. La continuidad del régimen iraní, la fragilidad del alto el fuego y la crisis en Ormuz han dejado esa discusión abierta.
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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado este jueves a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Ester Muñoz,después de haber restado importancia a la detención del casco azul español en Líbano a manos de Israel. En este sentido, la ministra ha instado a la popular a que «no frivolice» con la detención de un casco azul tras afirmar la portavoz parlamentaria que ella ha estado «en controles de tráfico» que le han tenido «bastante más tiempo retenida». «Por respeto, uno debería callarse», ha remarcado la titular de Defensa.
El «incidente», en palabras de la ministra de Defensa, tuvo lugar este martes, cuando Israel detuvo a un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano (FINUL) que llevaba alimentos y otros recursos al contingente indonesio y derivó en la retención de un militar de nacionalidad española que duró «menos de una hora». Fue liberado tras trasladar España su «protesta más enérgica», tanto a Naciones Unidas como a Tel Aviv, según desveló Robles.
Ester Muñoz, preguntada al respecto, ha precisado que no tiene información sobre el motivo de la detención del casco azul, pero sobre la duración de la misma ha apostillado que ella ha estado «en controles de tráfico» que le han tenido «bastante más tiempo retenida». Palabras que han provocado la repulsa de Margarita Robles.
Una detención en la que medió «violencia»
Robles ha indicado que «cuando uno está en política no puede caer en frivolidades» y ha proporcionado algunos detalles sobre el suceso, recalcando que, en este caso, conviene expresarse con «prudencia». Así, ha explicado que el soldado retenido y el resto de cascos azules que viajaban en el convoy fueron objeto de «conductas agresivas» y «violencia evidente» por parte de un miembro del Ejército israelí «exaltado».
«Por respeto a los militares, a la ONU y al soldado que sufrió una situación bastante complicada, uno debería callarse«, ha afirmado la ministra en declaraciones a laSexta al ser preguntada por las palabras de la portavoz popular, afeando «la tentación» de «hacer política» con estos temas.
«No creo que Ester Muñoz en ningún control de la Guardia Civil haya recibido el trato que recibió nuestro militar», ha añadido, antes de zanjar: «No hay que opinar de lo que no se sabe«.
Robles ha aprovechado para recordar que España protestó contra el hecho ante Israel y ante Naciones Unidas, organismo que debe «reclamar» a Tel Aviv ante estos actos. Sin embargo, ha alabado el papel de la misión, cuyo mandato termina en diciembre de este año, y ha recalcado el compromiso de España con Líbano y Naciones Unidas «hasta el final».
Asimismo, y ante las voces que dudan de la utilidad de la misión, la ministra ha señalado que tiene una razón de ser «simbólica». «Demuestra voluntad de paz y que la ONU, pese a las críticas, debe tener un protagonismo esencial», ha añadido. «Si no estuviera la FINUL, la situación sería mucho más grave», ha rematado.
En el mismo sentido, fuentes de Ferraz han señalado que “España no se merece una oposición así” y se han preguntado para qué sirve un partido que “no condena la guerra sin matices, que mira hacia otro lado cuando se violan los derechos humanos y que hace chistes cuando Israel retiene a un militar español”.
“La respuesta la conocemos todos: para bloquear, para obstaculizar y para no estar nunca del lado de España cuando España más lo necesita. Ni de España ni de sus Fuerzas Armadas”, responden las mismas fuentes.
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