El incendio que se ha declarado en la localidad de Los Gallardos (Almería) mantiene en vilo a su población y a la de los municipios aledaños y ha obligado a desplegar todos los medios para tratar de contener unas llamas que han provocado la muerte de 12 personas, mientras que, por el momento, hay otras 23 desaparecidas. Pese a la magnitud de la tragedia, el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, no ha dudado en politizar la situación para cargar contra el Gobierno central.
En la mañana de este viernes, Tellado ha afirmado que España «necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias» como la que han «sufrido hoy precisamente en Almería». «Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles«, ha apuntado.
En la misma línea, el número 2 de los populares ha señalado que “es crucial apostar por la colaboración entre Administraciones y eso tiene que verse ante hechos tan graves como los que estamos sufriendo». A su juicio, España «necesita urgentemente un Gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión«, algo que «se ha abandonado en la política española a lo largo de los últimos años» con el Gobierno de Sánchez. «España necesita un Gobierno central, centrado en la gestión. Porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos«, ha recriminado.
Unas palabras que salen del secretario general del PP pese a que el jefe del Ejecutivo central ha estado en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, a quien ha trasladado el respaldo del Gobierno, a la vez que ha asegurado que «todos los medios materiales y humanos del Gobierno» ya están desplegados para lograr extinguirlo y atender a las personas afectadas. Asimismo, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Sánchez ha apuntado: “Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia”.
Entre otras cosas, Sánchez ha reiterado el pésame a las familias de los fallecidos y ha expresado su solidaridad con todos los vecinos de la zona. Conviene subrayar en este punto que, además de los muertos, el incendio ha dejado al menos 23 personas sin localizar. En este sentido, el presidente del Gobierno ha pedido “mucha precaución” y seguir las recomendaciones de las autoridades y los servicios de emergencia.
Acabo de conversar con el presidente de la Junta de Andalucía, @JuanMa_Moreno. Trabajamos desde el primer momento con la máxima colaboración entre las instituciones para hacer frente a esta tragedia.
Todos los medios materiales y humanos del Gobierno de España están ya…
En línea con todo ello, por el momento, el Gobierno central ha desplegado más de 400 efectivos, 124 vehículos, aviones anfibios, helicópteros y drones para ayudar en las labores de extinción del incendio que se ha propagado con mucha velocidad y se localiza en una zona forestal escarpada con muchas viviendas.
Según indican fuentes de Moncloa, del total de medios, la Guardia Civil ha aportado 160 efectivos, 52 vehículos, dos helicópteros y dos drones. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 220 efectivos y 70 vehículos, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sumado cuatro aviones anfibios y un helicóptero. También hay 34 efectivos y dos vehículos de Protección Civil.
Medios desplegados por el Gobierno en el #IFLosGallardos, Almería:
El pasado mes de octubre, diputados del Parlamento Europeo, académicos y expertos jurídicos instaron a la Comisión Europea a excluir a la empresa estatal israelí Rafael Advanced Defence Systems y al Ministerio de Defensa del país hebreo de Horizon Europe que, con un presupuesto de 95.500 millones de euros en siete años, es el mayor programa transnacional de investigación del mundo. Su objetivo declarado no es precisamente modesto: «Resolver los principales problemas globales, desde el cambio climático a las enfermedades, contribuyendo, al mismo tiempo, al crecimiento de la economía europea».
Los diputados y expertos alegaban que el artículo 19 del reglamento del programa exige el respeto a los principios éticos y los derechos humanos como condición para participar en él, y mostraban su recelo ante la fuerte implicación en los proyectos de Horizon de entidades israelíes relacionadas con el ámbito militar. En octubre de 2025, Israel había matado ya a 68.000 palestinos tras dos años de ataques en Gaza.
La comisaria europea de Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, respondióentoncesque se llevaría a cabo una evaluación ética interna «para evitar que los fondos de la UE se utilicen para actividades que puedan ser contrariasalDerecho internacionaloalDerecho de la Unión».
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Sin embargo,en casi un año,losinteresadosno han recibido ninguna informaciónalrespecto. «Es evidente que las tecnologías desarrolladas en el marco de los proyectos Horizon de la UE en los que participan socios israelíes, tanto privados como estatales, no pueden considerarse de naturaleza exclusivamente civil, ni conformes con las normas de derechos humanos y el derecho internacional», critica Nicola Perugini, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Edimburgo y uno de los primeros firmantes de la carta. «Teniendo en cuenta la forma en que ha evolucionado el régimen israelí de colonización de los territorios palestinos y las violaciones del derecho internacionalcometidas»,argumenta, «no existe, por su propia naturaleza, una separación realentre las esferas civil y militar. La Comisión Europea es consciente de esta realidad, pero ha optado por negarla, continuando así con una actuación que incumple sus propias obligaciones éticas y jurídicas».
Uno de esos proyectos es Underwater Security (UnderSec) y ha sido analizado por periodistas españoles, italianos y griegos de Público, Altreconomia (Italia) y MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting, Grecia) en una investigación conjunta. Con una financiación de seis millones de euros, UnderSec se puso en marcha en octubre de 2023 y no concluirá hasta el otoño de este año. Un total de 22 empresas e instituciones de 11 países diferentes, entre los que se encuentran España e Israel, llevan tres años investigando y probando tecnologías de vigilancia submarina en los puertos de Valencia, Lavrio (Grecia) y Rávena (Italia). En concreto, están desarrollando sistemas robóticos submarinos y drones, sónares, redes de sensores electromagnéticos y tecnologías de detección, incluso mediante el uso de generadores de neutrones –que son radiactivos–, para la vigilancia ininterrumpida frente a buceadores intrusos, vehículos submarinos hostiles o contenedores ilegales o peligrosos transportados en barco.
Pese a la llamada de atención de diputados y académicos, y a la investigación anunciada porZarahieva,no sólo se han mantenido en el proyecto los tres socios israelíes iniciales –Rafael,el Ministerio de Defensa y la Universidad de Tel Aviv– sino que también se les ha añadido uno más, la Universidad deHaifa.
Los sistemas de acústica submarina de SAES se probaron el pasado mes de junio en el puerto de Valencia.
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La Comisión apunta, pero no dispara
Pero la participación israelí en proyectos tecnológicos europeosyahabía sido antes motivo de protesta,yalmáximo nivel.El 28 de julio de 2025, la Comisión Europea propuso la suspensión parcialde Israel de Horizon Europe, que se enmarca en el Acuerdo de Asociación bilateralcon el Estado hebreo. Fue un intento, posteriormente frustrado, de presionaralGobierno deBenjaminNetanyahu por la invasión de Gaza. En aquel momento, Israel participaba en 909 proyectos de Horizon y había recibido más de 700 subvenciones. Uno de ellos era UnderSec. No obstante, la suspensión no afectaba a las universidades e investigadores israelíes que participaran en esos proyectos, sólo al EIC Accelerator, el instrumento interno de Horizon Europa que financia a startups innovadoras.
Dos días más tarde, la propuesta no obtuvo la mayoría cualificada necesaria en la reunión de embajadores en Bruselas.Alemania e Italia dijeron que necesitaban más tiempo para examinar la iniciativa, mientras que Hungría, Bulgaria y República Checa se opusieron a la suspensión. España, Francia, Portugal, Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo, Eslovenia y Malta pidieron medidas más severas.
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Casi un año después, el pasado mes de febrero, Italia yAlemania pusieron de nuevo el freno en una acción contra Israel. Rechazaron la propuesta española, irlandesa y eslovena de suspender el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel.De modo que la cooperación tecnológica e industrialeuropea con Israel continúa sin mayor quebranto.
La participación española
EnUnderSecla participación española es doble: la empresa pública SAES (Sociedad Anónima de Electrónica Submarina) y la Fundación Valenciaport, impulsada por la Autoridad Portuaria de Valencia e integrada por las principales instituciones valencianas, del Ayuntamiento a la Generalitat, y grandes navieras, de Boluda a la china Cosco.
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De los seis millones de euros de presupuesto con que cuenta el proyecto europeo, SAES ha recibido 361.585 euros, según aparece en las últimas cuentas que ha depositado en el Registro Mercantil y ha consultado Público. A cambio, la empresa, especializada en el diseño de sónares, sonoboyas y minas navales, ha puesto a disposición deUnderSectres de sus sistemas de vigilancia submarina: una red de sensores electromagnéticos portátiles, un sistema de disuasión acústica denominado DES y un sónar de detección de buceadores bautizado como DDS-03. Todos, precisa SAES a preguntas de Público, son sistemas de protección de infraestructuras marítimas críticas, como los puertos. AunqueUnderSecse presenta como un proyecto de «naturaleza civil» integrado en el Clúster 3 de Seguridad Civil para la Sociedad, la empresa española destaca en su web el carácter «dual» de su tecnología: aplica la acústica y electrónica submarinas de uso militar al sector civil y medioambiental.
Esos sistemas fueron probados en junio en el puerto de Valencia, el mayor de contenedores de España. En concreto, en una dársena conocida como El Bracet, que actualmente carece de actividad operativa, asegura una portavoz de Fundación Valenciaport. Según explica, para realizar esos ensayos no era necesario ningún estudio de impacto ambiental previo, porque la prueba duró sólo dos horas, se hizo en una única jornada y para llevarla a cabo no se instaló ningún equipo de forma permanente en la zona. En todo caso, la fundación asegura que cuenta con un asesor de ética y con «mecanismos internos de supervisión ética y medioambiental». Lo mismo dice SAES, e incluye en esos «mecanismos» el asesoramiento de un experto «independiente» cuya identidad no desvela.
Sobre la colaboración con instituciones y empresas israelíes, la compañía estatal española explica que UnderSec está sujeto a revisiones periódicas del avance técnico, financiero y ético del proyecto por parte de la Comisión Europea, mientras que SAES aplica sus procedimientos internos de compliance para garantizar que su participación se ajuste a sus «principios legales, éticos y de buen gobierno corporativo». La Fundación Valenciaport no ha contestado cuando Público le ha preguntado si existía algún conflicto entre su código ético y la implicación en un proyecto conjunto con entidades israelíes.
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SAES es la única empresa, de los 22 socios que integran UnderSec, que ha respondido a las preguntas de los periodistas de Público, Altreconomía y MIIR (Mediterranean Institute for Investigative Reporting). Por su parte, la Fundación Valenciaport esgrime las «obligaciones de confidencialidad» derivadas del acuerdo suscrito con la Comisión Europea para no dar detalles técnicos sobre las pruebas que se hicieron en la dársena valenciana.
El sónar de detección de buceadores de SAES fue probado en el puerto de Valencia como parte del proyecto Undersec.
La opacidad de UnderSec y de Fraunhofer
Son los tres pecados deUnderSec: la fuerte implicación israelí en una tecnología con evidente uso militar, lafalta de transparenciay el impacto medioambientaltanto de las pruebas realizadas como de su aplicación real.
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Los 22 socios de UnderSec –excepto SAES y Valenciaport– han rechazado facilitar ningún tipo de información sobre el proyecto a los periodistas de esta investigación. La respuesta fue idéntica en todos los casos: «Pónganse en contacto con Sabine Trupp». Se refieren a la coordinadora del proyecto en la alemana Fraunhofer Gesellschaft, a su vez encargada de coordinar UnderSec. Integrada por 70 institutos especializados, Fraunhofer se dedica a la investigación aplicada y su financiación procede tanto del Estado alemán como de fondos privados.
PeroSabine Trupp norespondió alas preguntasque le enviaron los periodistas.Aunque síquiso saberquién había encargado esta investigación periodística.
UnderSec surgió de la estrecha colaboración en tecnologías de sensores entre Fraunhofer y la Universidad de Tel Aviv. Continúa una colaboración que se inició a finales de junio de 2022 con la creación de la Plataforma Innovadora Fraunhofer para Sensores y Sistemas Aplicados en la Universidad de Tel Aviv. El 26 de marzo de 2025, la Autoridad de Innovación de Israel y la sociedad alemana acordaron reforzar sus lazos mediante una alianza para «facilitar la cooperación entre empresas israelíes y alemanas, tanto de forma directa como en el marco de diversos programas de investigación y Desarrollo, como Horizon Europe».
Broadlink, un módem de uso militar
Asíque,en elmismonúcleodeUnderSec,se encuentrael sistemaBroadlinkdesarrollado porRafaelyque ha recibido de Horizon442.750euros.La empresa estatal de defensa Rafael recibió fuertes críticas el año pasado porque hizo publicidad de uno de sus drones con un vídeo en el que mataba a un palestino desarmado en el norte de Gaza.
Broadlink es un sistema de comunicación submarina –un módem– mediante ondas acústicas de banda ancha, lo que permite a submarinos, vehículos submarinos no tripulados, equipos de buzos y embarcaciones de operaciones especiales intercambiar datos –sonido, imagen, vídeo– bajo la superficie del mar, donde las ondas de radio convencionales no pueden utilizarse de forma eficaz.
Según figura en uno de los folletos informativos de UnderSec, Broadlink ha sido «probado en condiciones reales de combate» por las fuerzas especiales de la Armada de Israel –Shayetet 13–, además de en submarinos y torpedos. En mayo de 2026, se utilizaron lanchas patrulleras de las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel frente a las costas griegas para interceptar y atacar a la Flotilla, y no se descarta que Broadlink desempeñara un papel clave en esa operación. «Broadlink cuenta con características útiles en contextos militares», explica el profesor Gaetano Salina, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Roma Tor Vergata. «La función de baja probabilidad de interceptación, característica de este módem», añade, «hace que sea casi imposible que el enemigo intercepte o localice la señal. Se utiliza principalmente en el ámbito militar». Este módem se «personalizará» según las necesidades de los usuarios finales del proyecto UnderSec: autoridades portuarias, guardacostas y policía de fronteras, pero también la agencia europea Frontex y la OTAN.
Hay otro factor más que pone de manifiesto el aprovechamiento militar de UnderSec: la participación del profesor de la Universidad de Haifa Oren Gal. Director del Laboratorio de Enjambres de Drones e Inteligencia Artificial en esa universidad del norte de Israel, ha colaborado con el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en proyectos financiados por el Ministerio de Defensa israelí y, según el informe MIT Science for Genocide, publicado por la red MIT for Palestine, dicha investigación contribuyó al genocidio en Gaza.
El puerto de Lavrio (Grecia) sirvió de campo de pruebas para los sistemas de vigilancia portuaria de UnderSec.
«El ejército israelí ha utilizado enjambres de drones armados para dar caza a objetivos que huían en Gaza y para atraer a la gente fuera de sus hogares reproduciendo sonidos de mujeres y niños en apuros, para luego dispararles», denuncia el informe. Aunque los autores dicen carecer de pruebas de que los algoritmos de coordinación de los drones creados por investigadores del MIT se hayan utilizado en Gaza, ya que el Ejército israelí «no revela los algoritmos exactos que emplea», sí está probado que el proyecto de investigación del MIT Coreset compression algorithms se presentó a la empresa israelí Elbit Systems, que suministra el 85% de los drones de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Además, hay motivos para poner bajo sospecha el impacto medioambientalde los sistemas probados enUnderSec.
«Las frecuencias deBroadlinkpuedenenmascarar los sonidosqueutilizan para comunicarsemuchas especies de mamíferos marinos dentados, como los delfines», explica Marta Picciulin, bióloga marina y especialista enecoacústica. «Si el módem transmite de forma continua durante un periodo prolongado, genera un intenso ruido de fondo, capaz de provocar una desorientación temporaly de reducir la capacidad de los animales para percibir su entorno, localizaralimento y detectar posibles peligros, así como para mantener el contacto con otros individuos de su misma especie»,detalla.
Pruebas en la red Natura 2000 sin evaluación ambiental
En Grecia, las pruebas se llevaron a cabo en las costas septentrionales de Creta y en el puerto de Lavrio, zonas incluidas en espacios protegidos de la red Natura 2000. A diferencia de Valencia, los ensayos en la costa griega son claramente problemáticos.
El puerto de Lavrio se encuentra dentro de la zona de protección especial (ZPE) Estrecho de Makronisos, amparada en la Directiva de Aves de la UE. También está cerca del Lugar de Importancia Comunitaria Zona Costera y Marina de Makronisos, un área protegida que incluye hábitats de la foca monje del Mediterráneo. La región también alberga poblaciones de cetáceos, principalmente delfines. Muchas de las tecnologías utilizadas en el proyecto UnderSec incluyen sónares de baja, media y alta frecuencia, módems acústicos, altavoces, drones, sensores que generan ondas electromagnéticas…
«El impacto potencial de los sónares, los altavoces y las luces de alta intensidad, en caso de que hubiera un mamífero marino presente, es significativo», advierte la bióloga Marta Picciulin, «especialmente si el sistema se activara de forma repentina y a alta intensidad«. Además, según Sofía Kopela, profesora de Derecho Internacional Medioambiental y Marítimo en la Facultad de Derecho de la Universidad Demócrito de Tracia, «la ejecución de UnderSec dentro de un espacio Natura 2000 requiere una Evaluación Ecológica Especial, con el fin de medir los impactos del proyecto, tanto en la zona donde se lleva a cabo como en los espacios Natura 2000 colindantes. Si el proyecto no está sujeto a autorización medioambiental, la autoridad competente está obligada, no obstante, a notificarlo por escrito y a solicitar un dictamen sobre los posibles impactos, como autoridad responsable de las zonas protegidas».
Sin embargo, la autoridad griega responsable de Natura 2000, la Agencia de Medio Ambiente Natural y Cambio Climático, asegura que no se le ha presentado ninguna evaluación ecológica relacionada con UnderSec. «Tampoco se ha solicitado a la agencia que emita un dictamen sobre las implicaciones del proyecto, tal y como exige la ley. La agencia no ha recibido ninguna información de ninguna parte en relación con dicho proyecto», responde. Por su parte, la Agencia Ejecutiva de Investigación (REA), un organismo oficial de la Unión Europea cuya tarea principal es gestionar y financiar proyectos de investigación aprobados por la Comisión, indica que no existen documentos sobre evaluaciones de impacto ambiental relativos a UnderSec.
«Los cetáceos dependen casi exclusivamente del sonido para percibir y orientarse en el entorno; utilizan señales acústicas para comunicarse, navegar, mantener interacciones sociales y localizar presas. Los animales marinos perciben el sónar como una amenaza significativa, lo queloslleva a cambiar bruscamente su comportamiento habitualde inmersión; esto puede causar un estrés fisiológico grave, desorientación y, enalgunos casos, síntomas similares a la enfermedad por descompresión», adviertepor su parteAlexandros Tsalapatis, oceanógrafo del Instituto de Investigación de CetáceosPelagos.
Panagiotis Dendrinos, biólogo marino y presidente de la ONG griega MOm (Sociedad para el Estudio y la Protección de la Foca Monje), también expresa su preocupación por el uso de estas tecnologías en una zonaconuna importante población de focas monje del Mediterráneo. Según las especificaciones técnicas, estos módems pueden operar en el rango de frecuencias bajas-medias, entre 4 y 10 kHz, y en el rango de frecuencias medias-altas, entre 15 y 35 kHz, frecuencias que pueden interferir con las utilizadas por muchas especies de delfines.
Sónares que afectan a los cetáceos
Los sistemas desarrollados por la española SAES y probados en Valencia también pueden tener impacto en el entorno marino, aunque la empresa lo minimiza. Del primero, la red de sensores electromagnéticos submarinos, SAES aseguraque su presencia en el fondo marino es «temporaly reversible». El segundo, el sistema de disuasión acústica DES, genera unaalerta de voz pregrabada para ahuyentar a buceadores que se consideren una amenaza. Sólo se activa cuando se detecta a los submarinistas y consiste en mensajes de corta duración –30 segundos– que se repiten a intervalos.SAESprecisa que su rango de frecuencias es el del oído humano, con un volumen máximo de 190 decibelios y unalcance de 250 metros.
Sin embargo, los expertos consultados en esta investigación replican que la contaminación acústica comienza a generar efectos negativos en la fauna submarina a partir de 120 decibelios, daños temporales a partir de 160 decibelios y daños permanentes desde 180 decibelios. Las especies más sensibles son los cetáceos, que pueden sufrir traumatismos acústicos. SAES contrapone que el sistema DES sólo se instalará en entornos portuarios, en aguas poco profundas y en ausencia de grandes mamíferos. La probabilidad de la presencia de un animal a 3,2 metros –como el sonido pierde fuerza a medida que viaja, a esa distancia llega con un volumen de 180 decibelios–, a 32 metros –llega con un volumen de 160 decibelios– o a 3,2 kilómetros –llega con 120 decibelios– es «muy baja, por no decir improbable», resume.
El puerto de Rá vena (Italia) es uno de los socios del proyecto UnderSec.
Los expertos también ponen bajo sospecha el «despreciable» impacto «global» que SAES atribuyealtercer sistema probado en UnderSec, el DDS-03. Se trata de un sónar de detección de buceadores, omnidireccionaly basado en la «emisión de pulsos de muy corta duración en modo ráfaga» para tareas de vigilancia. Se emiten a un volumen de 146 decibelios a 500 metros de distancia y con una frecuencia por encima de 20 kilohercios, «muy superior», resalta la empresa, a la máxima que se considera dañina para las especies marinas.
«Los sónares de alta frecuencia», advierten los biólogos, sin embargo, «pueden provocar un enmascaramiento acústico, un ruido de fondo tan fuerte que enmascara señales biológicas vitales, interrumpiendo la búsqueda de alimento, por ejemplo». Los expertos hablan de traumatismos acústicos, hemorragias en el oído interno y cambios en el comportamiento de inmersión, sobre todo en especies sensibles como la marsopa común. Por el contrario, SAES expone que sus sistemas se despliegan en zonas con actividad industrial y tráfico marítimo, con un ruido de fondo elevado y baja presencia continuada de fauna sensible, incluidos peces, invertebrados y plancton.
Una empresa estatal participada por Indra y Thales
SAES es una empresa de la Sociedad Estatalde Participaciones Industriales (SEPI). Su principalaccionista –51%– es SAES CapitalSA, integrada por los astilleros públicos Navantia y la semipública Indra. El 49% restante pertenece a la multinacionalfrancesa Thales, que entró en el capitalde SAES en 1992, a los tres años de crearse la española. Tiene una plantilla de 130 trabajadores, repartidos en sus factorías de Cartagena (Murcia) y San Fernando (Cádiz). En 2024, facturó 14,3 millones de euros y sus beneficios rozaron el millón. Sus principales clientes han sido históricamente las fragatas y submarinos construidos por Navantia, pero ahora presume de una cartera de pedidos –de 60 millones de euros– que en un 41% procede de Corea del Sur, Singapur y Chile.
SAES también participa en un segundo proyecto europeo de vigilancia submarina, Swat-Shoal, financiado por el Fondo Europeo de Defensa y del que ha recibido 973.800 euros, casi el triple de la subvención concedida por UnderSec. Se trata de un proyecto 100% militar cuyo fin es desarrollar «tecnologías de enjambre» para vehículos submarinos no tripulados. Otras dos empresas españolas, los astilleros públicos Navantia y la vasca Sener se añaden a SAES en la veintena de socios adheridos a Swat-Shoal. A preguntas de los periodistas, la empresa de sónares niega que pueda producirse algún tipo de «solapamiento industrial» entre ambos proyectos. Y que sea una ocasión que pueda utilizar la israelí Rafael Systems para introducirse por la puerta de atrás en la Unión Europea. «Son socios diferentes y responden a líneas de desarrollo separadas», alega SAES.
La cesión griega a Israel
En Grecia, la perspectiva es diferente. En los documentos de UnderSec, Rafael se presenta como responsable del «procesamiento y análisis de datos mediante algoritmos de inteligencia artificial», así como de la «detección, identificación y clasificación de objetos» mediante la aplicación de estas tecnologías. Por tanto, todo este enorme volumen de datos se pone a disposición de la empresa israelí, que los procesa, analiza y clasifica en colaboración con la Universidad de Tel Aviv, la Universidad del Oeste de Ática (Grecia) y la empresa griega European Dynamics.
Además, la Universidad de Tel Avivse encarga de los experimentospara medirla intensidad del eco de un objetivo bajo el agua cuandoéste esalcanzado por una onda de sónar, así como de las simulaciones correspondientes.Finalmente, el Ministerio de Defensa de Israel ocupa un lugar destacado en el Consejo de Seguridad delproyecto, junto con la Guardia Costera griega, la Autoridad Portuaria deLavrio, el puerto de Rávena y el Ministerio de Defensa portugués. La función del Consejo es gestionar la información sensible relacionada con la seguridad de los puertos, así como hacer frente a situaciones de emergencia durante las pruebas piloto.
Aún no se sabe en cuántos puertos griegos está previsto instalar las tecnologías de vigilancia deUnderSec. Pero Valsamos Syrigos, miembro del Consejo del Centro LaboraldeLavrioy consejero regionalde Ática,teme que Grecia esté cediendo la seguridad de sus puertos a Israel. «La participación de actores militares israelíes enUnderSecencaja en una estrategia más amplia de cooperación perseguida por sucesivos gobiernos griegos. Nos preocupa profundamente la creciente implicación de nuestro país en guerras y el fortalecimiento de sus lazos con lo que consideramos un Estado responsable de genocidio contra el pueblo palestino», se queja.
El pequeño puerto de Lavrio pertenece al Estado griego de momento, pero lleva casi un año en proceso de privatización. Uno de los licitadores es Israel Shipyards, una empresa israelí profundamente arraigada en el ecosistema militar-industrial de Israel. El pasado mes de junio presentó una oferta para adquirir el 51% del puerto de Lavrio, aunque la adquisición se ha retrasado debido a objeciones legales y recursos presentados por los licitadores.
El exministro griego Yanis Varufakis.
También apunta en la misma dirección el economista y exministro griego Yanis Varufakis,que considera el proyecto de vigilancia portuaria como el penúltimo capítulo de una historia antigua. En 2020,tras la privatización impuesta por Europa para resolver la crisis griega, la empresaElvofue vendidaalSK Group, un holding privado propiedad del empresario Samy Katsav, que también controla IsraelShipyards. En los últimos años,Elvoha establecido diversas colaboraciones con Elbit y Rafael. «El proyectoUnderSeccede, en la práctica, la vigilancia de los fondos marinos griegos a empresas vinculadasalsector militar-industrialisraelí. Grecia acabará cediendo todo, incluidos los puertos y el mar, a la jurisdicción israelí, sin recibir nada a cambio,salvo una creciente dependencia de lo que considero un Estado genocida y de apartheid», zanjaVarufakis.
En el puerto de Rávena, en el noreste de Italia, UnderSec se ha limitado a crear un gemelo digital, una representación digital del puerto, sobre la que simular y planificar actividades. Pero el año pasado fueron múltiples las manifestaciones de protesta en la ciudad para pedir que se suspendiera la participación italiana en UnderSec, y en contra de que el puerto se utilice para transportar material militar a Israel.
Esta investigación internacional se ha llevado a cabo con el apoyo de Journalismfund Europe. Contó con la colaboración de Jessica Buxbaum.
Al menos 12 personas han muerto en el grave incendio forestal que azota al municipio de Los Gallardos en Almería, según confirmaron a Público fuentes de la subdelegación del Gobierno en Almería. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ya había afirmado, tras acudir a la zona, que el número de fallecidos podría ascender a 12, a la espera de confirmar el hallazgo de un nuevo cuerpo. «Hay al menos 23 personas que no están localizadas«, lo que no significa que estén muertas, pueden estar en otras zonas, según Moreno. Su consejero de emergencias, Antonio Sanz, ya había advertido a primera hora de que la cifra de once que se había dado por la mañana podía aumentar, dada la complejidad de la gestión de la emergencia sobre el terreno. Hay ocho heridos también, cuatro de ellos graves. El consejero Sanz afirmó que el fuego era muy «complejo, rápido, veloz en una comarca con muchísimos diseminados, de viviendas incrustadas en zona forestal«. La última actualización del perímetro se estima en unas 3.150 hectáreas calcinadas.
Sanz manifestó que se trataba de una «tragedia sin precedentes» y «del incendio de mayores consecuencias hasta la fecha» en la comunidad autónoma. El origen del siniestro, que motivó más de 150 llamadas de alerta al centro coordinador 112, se sitúa en el kilómetro 511 de la N-340A, según recoge EFE. «Los primeros avisos de los testigos presenciales detallaron que la caída de un cable de tendido eléctrico prendió la vegetación y que el fuerte viento propagó las llamas con extrema rapidez hacia la masa forestal colindante», agregaba EFE. La Guardia Civil confirmó que era una de las «hipótesis», pero que la causa del fuego, en este momento, no estaba clara. Fuentes de Endesa indicaron a Público que la línea era «externa» a la red de Endesa en ese punto y que era una línea «sin tensión», que ya no transportaba electricidad porque era una línea privada que abastecía a un restaurante, que había cerrado. El contrato, según Endesa, estaba dada de baja desde hacía tiempo, al menos desde el año 2009.
Las pesquisas iniciales apuntan a que el desvío por rutas improvisadas en medio de la densa humareda agravó las consecuencias del desalojo en las primeras horas del suceso. Sanz concretó dos «escenarios»: uno con cuatro personas de origen británico muertas en un vehículo con el volante en el lado derecho, como en las islas, según el consejero, y otro con siete muertos que al parecer habían dejado los coches «estaban caminando» y «buscando una salida» que «no era la prevista», la que se «había indicado». La decisión de buscar una salida propia, por una rambla, fue una «trampa» para los fallecidos, concretó el consejero.
Sanz hizo un llamamiento explícito a la calma y a evitar decisiones unilaterales de evacuación e insistió a los vecinos en la absoluta necesidad de no tomar caminos ni vías de escape que no hayan sido coordinados y autorizados de manera expresa por los servicios de emergencia.
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Continúan las labores de extinción.
La Guardia Civil ha habilitado una oficina de denuncias para familiares de desaparecidos en el puesto de Garrucha (Almería), a raíz del trágico incendio forestal originado en la tarde del jueves en el municipio de Los Gallardos. Según dijeron fuentes del instituto armado a la agencia EFE, el objetivo prioritario de este dispositivo es la localización de las personas en paradero desconocido y proceder a la toma de las muestras de ADN necesarias entre sus allegados. Con esta medida, buscan lograr la identificación oficial de las víctimas mortales en el plazo más breve posible. La Guardia Civil ha iniciado también una batida para tratar de encontrar desaparecidos en zonas donde ya ha pasado el fuego, en la que se buscará en el interior de las viviendas.
Según el Gobierno andaluz, unas 600 personas siguen desalojadas de sus casas, los últimos fueron unos 120 vecinos evacuados durante la madrugada, que se suman a los que fueron desalojados ayer tarde de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar. De todos ellos, 74 personas se han albergado en el teatro de Lubrín y otras 74 en el teatro de Garrucha. Poco después de las 13.30, las autoridades informaron de que unas 400 personas habían comenzado a ser desalojadas de forma preventiva en la pedanía de Alfaix. Estas 400 personas que están siendo desalojadas, conforme a las estimaciones municipales, se suman a las 600 que ya han sido desplazadas con anterioridad, por lo que la cifra se acercaría ya al millar.
Situación compleja
«La situación del incendio es compleja. Es un incendio con muchísimo barranco en el que no ha podido entrar maquinaria, en el que no hay zonas de acceso. La topografía es malísima«, explicó Sanz, quien ha concretado que el «flanco derecho es el más preocupante». Allí el fuego puede acabar en zonas de cultivo. El consejero detalló que a primera hora de este viernes el flanco izquierdo el fuego estaba «muy activo» y que allí aún no se ha podido entrar a trabajar por las dificultades de un terreno «imposible». En este flanco, el fuego acaba en autovía, lo que puede ser «favorable» en ese sentido, a la hora de controlarlo, según Sanz. Luego, a las 12 el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, afirmó que se iba a producir el corte de la A-7 por la evolución del incendio.
«Durante la gestión de este incendio hemos tenido muchísimos efectivos, 464 efectivos con 124 vehículos. El Infoca dispone de 21 retenes de bomberos, que son 150 bomberos, nueve camiones, con 18 técnicos de operaciones, agentes de Medio Ambiente», señaló. Sanz aseguró que desde primera hora de la mañana se contará con «11 medios aéreos y a partir de ahí se irán incorporando un número mayor» de estas aeronaves.
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado 200 efectivos con 70 vehículos de todo tipo para colaborar con las labores de extinción del incendio de Los Gallardos (Almería), según dijo la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Estoy en contacto con el jefe de la UME y en una primera aproximación me decía que la evolución es desfavorable y por eso es tan importante que las personas sigan las instrucciones que se den para la evacuación y desde luego tanto por Andalucía, la Comunidad, como hace siempre, como por la Unidad Militar la solidaridad va a ser total en circunstancias tan dramáticas como estas», añadió.
Teléfono de atención a familiares: 677 904 624
El teléfono de atención a familiares es el 677 904 624. Este servicio ha sido habilitado por el GIPED (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres) para ofrecer atención e información a familiares de las personas afectadas por el incendio, según informó el 112.
Alberto Núñez Feijóo vuelve a enfrentarse a una crisis política provocada por sus propias palabras. La comparación del absentismo laboral con «el cáncer» ha abierto un nuevo frente interno en el Partido Popular que trasciende el mero debate sobre las bajas médicas y vuelve a poner de manifiesto la pugna entre las dos almas que conviven en la formación: la que intenta preservar una imagen de centralidad y moderación y la que, desde hace años, marca el paso ideológico desde Madrid bajo la influencia del aznarismo político que encarnaron Esperanza Aguirre y que hoy tiene en Isabel Díaz Ayuso a su principal exponente.
Lo sucedido en las últimas horas no responde únicamente a una polémica terminológica. Es el síntoma de una dinámica que se ha repetido durante toda la etapa de Feijóo al frente del PP. El líder popular aterrizó en Génova prometiendo recuperar la moderación perdida durante la dirección de Pablo Casado, pero con el paso de los meses ha ido dejando que la estrategia política del partido quedara cada vez más condicionada por el ala dura.
Ha ocurrido en debates de enorme sensibilidad social. Primero fue el lenguaje empleado en torno al aborto y el ya célebre concepto del «concebido no nacido», una terminología propia de los sectores más conservadores que Feijóo terminó incorporando a su discurso. Más tarde llegaron los continuos cambios de posición respecto a Junts per Catalunya y la posibilidad de dialogar con el partido de Carles Puigdemont, oscilando entre la apertura y la descalificación en función de la presión interna. Ahora, el foco se sitúa sobre las bajas laborales después de que el presidente del PP comparara su incremento con «un cáncer».
Para ser más precisos, Feijóo defendió este martes frente al Círculo de Empresarios Vascos reducir salarios y prestaciones vinculadas al absentismo laboral y aseguró que adoptaría medidas «con o sin acuerdo» con los agentes sociales, argumentando que España soporta un elevado coste económico derivado de las ausencias al trabajo.
Durante aquella intervención, el dirigente gallego cifró en decenas de miles de millones de euros el impacto económico anual del absentismo y calificó esta situación como «un cáncer» para el mercado laboral: “Un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y siga teniendo el mismo sueldo y mismas prestaciones, pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene. Es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros y el déficit de la Seguridad Social son 70.000 millones de euros. Por tanto, esto es una cuestión para discutir”.
La expresión generó una cascada de críticas políticas y sociales. Desde Génova trataron rápidamente de rebajar el alcance de la polémica, conscientes del enorme coste reputacional que supone banalizar una enfermedad que afecta a cientos de miles de personas. Sin embargo, el intento de apagar el incendio terminó revelando que dentro del propio Partido Popular existen dos diagnósticos muy diferentes sobre cómo debe responder la formación.
Sémper intenta devolver al PP al terreno de la moderación
La voz que mejor simbolizó ese intento de rectificación fue la del portavoz nacional, Borja Sémper. Además de ser uno de los perfiles más moderados del actual equipo de Feijóo, su intervención estuvo inevitablemente marcada por su propia experiencia personal como paciente oncológico.
Sémper pidió expresamente “cautela” a la hora de abordar un debate tan sensible y rechazó las comparaciones que puedan resultar hirientes para quienes padecen o han padecido cáncer. “»Convendría tener cierta cautela a la hora de establecer algunas comparaciones», afirmó durante una entrevista en Rac1.
El portavoz popular defendió que el absentismo laboral merece un debate serio, sosegado y basado en datos, pero alejado de expresiones que puedan interpretarse como una estigmatización de quienes atraviesan procesos médicos especialmente duros. Además, también recordó una realidad especialmente injusta: muchos trabajadores diagnosticados con esta enfermedad ven reducido su salario al tener que acogerse a una baja médica
«La palabra se utiliza con frecuencia para describir situaciones muy graves y existe un paralelismo evidente», explicó Sémper, antes de añadir que, aunque a él no le molestó esa comparación, entiende que otras personas puedan percibirla de forma distinta.
Su intervención, sin embargo, fue mucho más que una matización comunicativa. Representó el intento del sector más pragmático del PP de recuperar un espacio de moderación que considera imprescindible para ampliar la base electoral de Feijóo. Una posición que, una vez más, chocó frontalmente con la respuesta procedente de la Puerta del Sol.
Ayuso vuelve a marcar el paso del liderazgo de Feijóo
Mientras Génova intentaba enfriar la polémica y Sémper apelaba a la prudencia, Isabel Díaz Ayuso decidió entrar de lleno en el debate y cerrar filas con Feijóo. La presidenta madrileña defendió que el líder del PP no se refería a las personas enfermas ni a quienes atraviesan situaciones médicas graves, sino al problema del absentismo laboral que, a su juicio, sufren empresas y autónomos.
En un acto organizado por 20 minutos, Ayuso sostuvo que quienes están “pegados a la realidad” y hablan con empresas y trabajadores por cuenta propia conocen “lo que está pasando con el problema de las bajas”. La dirigente madrileña trató así de blindar a Feijóo frente a las críticas, subrayando que no hablaba de una mujer embarazada con complicaciones, ni de una persona con cáncer, ni de quienes sufren una enfermedad sobrevenida.
Lejos de rebajar el choque, Ayuso aprovechó para endurecer el marco del debate. Aseguró que cada día 1,6 millones de personas no pueden trabajar y vinculó la menor incidencia de bajas entre los autónomos con la existencia de situaciones que, según defendió, podrían evitarse. Con ello, la presidenta madrileña desplazó el foco desde la rectificación semántica hacia una crítica más amplia al sistema de bajas laborales.
La intervención terminó además con una derivada política contra Pedro Sánchez. Ayuso utilizó el asunto para cargar contra el presidente del Gobierno por su viaje a Londres para asistir a la graduación de su hija, acusándole de legislar contra las universidades privadas mientras, según dijo, utilizaba un avión del Ejército para visitar a su hija en una universidad privada. De nuevo, la presidenta madrileña convirtió una polémica incómoda para Feijóo en una ofensiva contra el Ejecutivo, reforzando el papel del ala dura del PP como ariete ideológico del partido.
La escena vuelve a reproducir un patrón ya conocido dentro del Partido Popular. Cada vez que Feijóo protagoniza una controversia o se ve obligado a modular alguna posición, Ayuso interviene para reforzar el discurso más duro y desplazar el eje del debate hacia posiciones mucho más contundentes. Lo hizo durante la negociación frustrada con Junts, lo ha hecho en los debates migratorios y vuelve a hacerlo ahora con el absentismo laboral.
El problema para Feijóo es que esa dinámica alimenta la percepción de que su liderazgo continúa condicionado por el sector ideológico que históricamente ha ejercido mayor influencia desde Madrid. El aznarismo político nunca desapareció del todo del PP y encontró en Ayuso una heredera capaz de convertir ese discurso en una referencia para una parte muy significativa del electorado conservador.
Lejos de consolidar un perfil autónomo, Feijóo ha ido incorporando buena parte de ese marco ideológico a medida que avanzaba su liderazgo. La consecuencia es una sucesión de bandazos que terminan desconcertando tanto a los votantes moderados como a parte de la propia dirección nacional.
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Las empresas de pagos del Reino Unido han facilitado transferencias de efectivo por valor de millones para una amplia red de casinos sin licencia que operan en toda Europa. A lo largo de cuatro años, dos empresas reguladas en el Reino Unido, My EU Pay y Unlimit, procesaron 600 millones de euros en transferencias entre empresas de casinos incluidas en listas negras de varios países y entidades propiedad del grupo internacional de apuestas Soft2bet y sus socios.
Una investigación deInvestigateEuropeen la que han participado 15 medios, entre ellos Público como único medio español, ha reveladocómo Soft2bet, una empresa multipremiada con sede en Malta y Chipre, está vinculada a145 sitios web de apuestas incluidos en las listas negras de los reguladores europeos por dirigirse ilegalmente aclientes de países europeos.
La filtración de miles de páginas de registros de pago, obtenidas durante la investigación, también parecen mostrar cómo las empresas de pagos electrónicos facilitaron el funcionamiento de la red de casinos sin licencia.
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El político británico Don Foster, Lord Foster de Bath, presidente de Peers for Gambling Reform, asegura a Investigate Europe que estas revelaciones deberían ser «motivo de grave preocupación» para el Gobierno británico y las autoridades.
«Me preocupan profundamente estas conclusiones, que sugieren que el mercado del juego sin licencia opera a través de redes sofisticadas y extensas que podrían estar utilizando una infraestructura financiera legítima para llegar a los consumidores«, recalcó.
MyEU Pay afirma que su plataforma puede recibir pagos de 30 países y enviar pagos a 180 países de todo el mundo. La empresa, con sede en Londres, cuenta con la autorización de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido desde 2018.Sin embargo, los documentos filtrados indican queMyEU Pay se utilizó para procesar millonesentre dos sociedades pantalla chipriotasdirectamente vinculadas a los casinos sin licencia y a empresas relacionadas con Soft2bet.
Los documentos revelan que las sociedades pantalla chipriotas, Tranello y Tilaros, se utilizaron para gestionar los pagos de docenas de casinos sin licencia. Investigate Europe descubrió que las entidades eran propiedad de Soft2bet o de sus socios comerciales. De hecho, entre 2020 y 2024, Tranello y Tilaros transfirieron 543 millones de euros desde sus cuentas de My EU Pay a otras cuentas de My EU Pay propiedad de Soft2bet o de sus socios.
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Cuando se abrió la cuenta deTranello, Soft2bet presentó documentos anteMyEU Pay en los que se indicaba que la sociedad chipriota «pertenece al grupo Soft2bet».Los documentos, facilitados aInvestigateEurope, indican que los depósitos en la cuenta procedían de sitios web como Malina Casino y Buran Casino. Ambas marcas habían sido incluidas en la lista negra por las autoridades europeas ya en 2017.
Tras años gestionando los depósitos de los jugadores en casinos sin licencia vinculados a Soft2bet, las sociedades pantalla chipriotasse declararon en quiebra en 2024después de quela Justicia austriaca dictaminara que ambas entidades operaban sitios web sin las licencias necesarias.
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Públicamente,MyEU Pay y Soft2bet parecen estar estrechamente vinculadas.Cuando Soft2bet lanzó una marca de casino en Grecia el año pasado, el director ejecutivo deMyEU Pay fue uno de los primeros en comentar un anuncio en LinkedIn: «Enhorabuena, Uri Poliavich y a todo el equipo de Soft2Bet».
Soft2bet fue fundada por el empresario ucranio-israelí Poliavich en 2016. La empresa suministra software al sector y opera oficialmente 11 marcas de juego con licencia, pero Investigate Europe ha descubierto 145 sitios web de juego incluidos en listas negras que están vinculados a Soft2bet. El grupo declaró unos beneficios de 152 millones de euros en 2024 y ha conseguido prestigiosos patrocinios deportivos en España, Suecia y Canadá.
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La otra empresa de pagos regulada por la FCA,Unlimit, procesó 65 millones de euros entre mayo de 2020 y diciembre de 2021 para Soft2Bet y sus socios. La FCA declinóhacer ningún comentario sobre actividades relacionadas con empresas concretas cuandoInvestigateEurope se puso en contacto con ella.Tampoco la Comisión del Juego del Reino Unido quiso comentar casos concretos, pero afirmó que estaba trabajando en formas de proteger mejor a los clientes.
«La lucha contra el juego sin licencia requiere un enfoque coordinado–entre la Comisión, otros reguladores nacionales e internacionales, los operadores con licencia, las plataformas tecnológicas, los sectores financieros y los organismos encargados de hacer cumplir la ley– y seguiremos reforzando esa colaboración»,respondió un portavoz de la Comisión.
«El papel que parecen desempeñar los proveedores de servicios de pago a la hora de facilitar las apuestas sin licencia resulta especialmente alarmante. Si las empresas de pago reguladas por la FCA están prestando servicios que permiten a los operadores de apuestas sin licencia dirigirse a los consumidores del Reino Unido, debería investigarse con carácter de urgencia«. Si se sospecha que una empresa británica está operando de forma ilegal, puede enfrentarse a multas o a medidas coercitivas por parte de la FCA.
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El experto en delitos financieros Chris Kosnow Rasmussen explica que los acuerdos entre las sociedades pantalla chipriotas y Soft2bet presentan todas las características de los métodos utilizados para encubrir flujos de efectivo ilícitos. «Es probable que el objetivo sea doble: distanciar los ingresos del juego –gran parte de los cuales procede de marcas incluidas en listas negras en toda Europa– de su origen, y ocultar quién es, en última instancia, el propietario y quien controla el dinero”, señala Rasmussen, profesor adjunto de Investigaciones en la Universidad de New Haven.
En respuesta a la solicitud de comentarios que le enviaron Investigate Europe y sus socios, Soft2bet niega cualquier irregularidad, al tiempo que asegura que se toma muy en serio las prácticas empresariales responsables. En un comunicado, la empresa replica que la información incluida en la solicitud de comentarios de Investigate Europe «refleja una interpretación incorrecta y engañosa» de su «estructura empresarial y corporativa». «Nuestro objetivo es operar de forma responsable y de acuerdo con los requisitos legales y normativos aplicables. Mantenemos sólidos procesos de cumplimiento normativo y de gobernanza, y colaboramos de forma constructiva con las autoridades pertinentes cuando procede».
Transferencias de Tilaros Ltd, una de las sociedades de Soft2bet, a través del medio de pago My EU Pay.
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Por su parte, My EU Pay se ha negado a dar una respuesta oficial a las preguntas de Investigate Europe. Unlimit tampoco ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios remitidas por el consorcio.
Un sector en connivencia con el juego ‘online’
Las entidades de dinero electrónico (EMIpor sus siglas en inglés) pueden mantener y transferir fondos, perono disponen delicencia bancaria. Se benefician de una normativa menos estricta que la de los bancos en Europa y son ampliamente utilizadas por la industria del juego.
«A medida que los grandes bancos reducen su exposición al riesgo del juego, este negocio de alto riesgo migrahacia las EMI, que lo cortejan, lo incorporan más rápidamente y, con demasiada frecuencia, aplican controles contra la delincuencia financieramenos estrictos y maduros», explicaRasmussen.
Los documentos filtradosaInvestigateEuropeparecen mostrar que hay otras empresas que facilitan transferencias significativas a Soft2bet y a entidades vinculadas a la red.La empresa danesaInpayafirma tener numerosos clientes del sector del juego para sus servicios de pago «transfronterizos». Segúnse desprende delos documentos,TilarosyTranelloenviaron 102 millones de euros a cuentas deInpayentre 2020 y 2024. Las transacciones suelen figurar como «recarga de Inpay Tilaros o Tranello», lo que indica que las cuentas eran propiedad de las sociedades pantalla chipriotas.
Inpayseha negadoa comentarestos hechos, alegando requisitos de privacidad. «Como entidad financiera regulada, estamos sujetos a obligaciones de confidencialidad para con nuestros clientes y a las restricciones del marco contra el blanqueo de capitales»,indicala empresa.
La Autoridad de Servicios Financieros de Dinamarca también rechaza hacer comentarios sobre empresas concretas, pero añade que supervisa a las entidades de pago «para garantizar que cumplan con la legislación financiera pertinente, incluida la ley danesa contra el blanqueo de capitales».
Por su parte, Paysafe, que cotiza en la Bolsa de Nueva York y dice prestar servicio a más de 200.000 empresas en todo el mundo, transfirió 12,7 millones de euros a las dos entidades citadas durante el mismo periodo y recibió cuatro millones de euros de ellas, según aparece en los documentos mencionados.
Investigate Europe ha descubierto que la plataforma de pago de Paysafe está ampliamente disponible en casinos sin licencia vinculados a Soft2bet. Cuando los periodistas de Investigate Europe depositaron 15 euros utilizando Paysafe en Onlyspins, un casino sexual vinculado a Soft2bet, ni Paysafe ni el sitio web verificaron la edad o la identidad de los supuestos jugadores. Onlyspins recibió más de un millón de visitas procedentes de países de la UE entre febrero y abril de 2026, según los datos de tráfico del sitio web.
En su informe anual de 2025,Paysafeseñalaque una «parte significativa»de sus ingresos procedede clientesque operan en mercados de juego no regulados. «Es posible que se determine que estamos actuando de forma ilegal al procesar pagos relacionados con el juego»,advirtió entonces a sus accionistas. La empresa no ha respondido a las preguntas que le ha hecho Investigate Europe al respecto.
Pgway obtuvo la autorización de Visa y Mastercard para procesar pagos pese a que acordaron en 2014 bloquear las transferencias vinculadas a operadores sin licencia en el Reino Unido.
Un antiguo empleado de la división de pagos de Soft2bet, que habló bajo condición de anonimato,creeque las empresas de pagos «saben lo que está pasando». «Si tienes un cliente con millones de transacciones, debes hacer preguntas para averiguar de dónde procede el dinero»,sostiene.
En cualquier caso, no hay pruebas que sugieran que ninguna de las empresas de pagos fuera consciente de que sus productos se habían utilizado en relación con los sitios web incluidos en la lista negra vinculados a Soft2bet.
Mastercard y Visa autorizan los pagos
Al pagar con tarjeta en los casinos sin licencia, los depósitos de los clientes son procesados habitualmente porPgway, una empresa propiedad de un socio del director general de Soft2bet, Uri Poliavich.Los archivos internos filtrados y compartidos con Investigate Europe indican que Pgway opera dentro del grupo. «La mayoría de los jugadores ingresan dinero utilizando su tarjeta bancaria», explica el antiguo empleado de Soft2bet. «Cuando quieren realizar un pago, los casinos les redirigen a direcciones URL como ‘payment-gateway’ y ‘pgway’, que creamos internamente en Soft2bet», desvela.
Pgway afirma en su propia página web que cuenta con la «certificación DSS», lo que garantiza a los clientes que utilizan su servicio que sus datos se procesarán de forma segura.
En un periodo de seis meses, las páginas dePgwayrecibieron 30 millones de visitas procedentes de casinos sin licencia vinculados a Soft2bet, según los datos de tráfico web analizados porInvestigateEurope.En comparación, las 11 marcas con licencia que Soft2bet opera en países como Suecia, Dinamarca y Grecia recibieron 1,5 millones de visitas durante el mismo periodo.
A pesar de que los reguladores europeos han prohibido docenas de casinos vinculados a Soft2bet, Pgway obtuvo la autorización de Visa y Mastercard para procesar pagos. Mastercard y Visa acordaron en 2014 bloquear los pagos vinculados a operadores sin licencia en unacuerdo voluntariocon la Comisión del Juego del Reino Unido. «Cumplimos la ley en todos los lugares donde operamos», declara un portavoz de Visa a Investigate Europe. «Prohibimos las actividades ilegales en nuestra red», añade. Mastercard no ha respondido a las preguntas de Investigate Europe.
La eurodiputada alemana Sabine Verheyen, una crítica acérrima del sector del juego, sostiene que la aparente falta de diligencia debida por parte de las entidades financieras que colaboran con la industria resulta alarmante: «Si Visa, Mastercard y Paysafe proporcionan canales de pago a operadores de juego que figuran en una lista negra, sus propios marcos de cumplimiento han fallado«, denuncia la vicepresidenta del Parlamento Europeo.
«La Comisión Europea debería exigir a las redes de tarjetas y a los proveedores de pagos que comprueben la incorporación de nuevos clientes cotejándola con las listas negras consolidadas de la UE para los operadores de juegos de azar e impongan las sanciones adecuadas en caso de incumplimiento».
La diputada alemana en el Parlamento Europeo Sabine Verheyen.
Rachel* gastó 145 000 libras en dos casinos sin licencia vinculados a Soft2bet utilizando una tarjeta de débito Visa. «La cantidad que gasté es obscena», confiesa ahora a Investigate Europe. «Odio haberlo hecho, pero odio aún más haber podido hacerlo», se enoja. También relata que, al principio, el hecho de utilizar su tarjeta de débito Visa le daba tranquilidad. «Me pedían que verificara las transacciones mediante SMS o a través de mi cuenta bancaria, así que, en mi opinión, todo estaba en orden», recuerda Rachel, que vive en Inglaterra y trabaja para el servicio penitenciario: «Pensaba que los casinos eran legales».
AunquePgwayparece estar procesando depósitos en sitios web de apuestas sin licencia vinculados a Soft2bet, los extractos bancarios de Rachel muestran más de 100 empresas que figuran como destinatarias de sus pagos. Entre ellas se encontraban una empresa de decoración de tartas en Nigeria, una tienda de fotografía en Zambia y una agencia de creación de contenidos en Chipre.
«Es muy habitual que los casinos de Soft2bet desvíen a los jugadores a través de clientes aleatorios y de dudosa reputación cuando realizan un depósito»,revela elantiguoempleadode Soft2bet. «Es una buena forma de separar al casino de los pagos de riesgo«, destaca.
Ninguno de los más de 1.000 depósitos que Rachel realizó a lo largo de casi un año en los casinos sin licencia vinculados a Soft2bet fue jamás señalado como sospechoso por su banco.«Que un banco considere que estas transacciones son correctas es una negligencia»,critica.
Evolution: los vínculos del principal fabricante de juegos de casino con la red
Otra empresa que colaboró estrechamente con Soft2bet esEvolution, una de las mayores empresas de juego del mundo dedicada a la producción de juegos para casinos en línea.Evolution, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo, recibió 8,8 millones de euros deTilarosyTranelloentre 2020 y 2024.
En una conferencia sobre el juego celebrada en 2022, un ejecutivo deEvolutiondeclaró a Soft2bet en una entrevista grabada: «Tenemos una colaboración increíble; tenéis todo lo que ofrecemos, tenéis todos nuestros juegos de mesa, todas nuestras tragaperras, disponéis de toda la gama deEvolution(…) estamos trabajandomucho para vosotros».
Hoy en día, los productos deEvolutionsiguen apareciendo en sitios web sin licencia vinculados a Soft2bet y que, según se ha constatado, se dirigen a usuarios de toda Europa ydel resto del mundo. Esto incluye al Reino Unido, donde se puede acceder a los juegos de la empresa sueca en sitios web comoFatpirate, donde Rachel perdió sus ahorros.
El diputado conservador británico Iain Duncan Smith.
«Esos casinos se parecen a cualquier otro casino normal, tienen los mismos juegos y los mismos proveedores», asegura un antiguo empleado del equipo de marketing de Soft2bet. «Por eso», continúa, «al principio, los jugadores no ven la diferencia entre un sitio web sin licencia y uno regulado«.
Evolutioncuenta con una licencia de juego del Reino Unido, que sólo permite que sus juegos sean ofrecidos por operadores de casino con licencia en el Reino Unido.Fatpiratecarece delicencia de la Comisión del Juegobritánica.
«Estos hallazgos revelan la complejidad y el alcance del mercadoilegal, así como la necesidad de que el regulador adopte medidas mucho más enérgicas en este ámbito»,sostieneel diputado británico Iain Duncan Smith.A juicio del exlíder del Partido Conservador, que copreside un grupo interparlamentario sobre la reforma del juego, «si hay empresas con licencia del Reino Unido implicadas en estas prácticas, entonces la Comisión del Juego y las autoridades financieras deben tomar medidas».
En diciembre de 2024, la Comisión del Juego del Reino Unido inició una revisión de la licencia deEvolutiontras descubrir que algunos de sus juegos estaban disponibles en casinos ilegales accesibles desde el Reino Unido. Las conclusiones de dicha revisión aún no se han hecho públicas.
En respuesta a las investigaciones de Investigate Europe, Evolution asegura que sus acuerdos «prohíben a los clientes, incluidos los clientes indirectos, poner a disposición los juegos de Evolution en mercados regulados sin la autorización local necesaria». «Cuando se nos facilita información fiable que indica que nuestros juegos pueden estar disponibles donde no deberían, investigamos y tomamos las medidas oportunas«, resalta.
* Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.
Editores:Chris Matthews, Mei-Ling McNamara
Este reportaje forma parte de Soft2bet Files, la segunda parte de una serie lanzada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego. Entre los medios asociados a este proyecto se encuentran Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Profil, Publico.es, Publico.pt, Folha de S. Paulo, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
Estados Unidos ha vuelto a atacar Irán. La Administración de Donald Trump ha dado por enterrado el frágil alto el fuego pactado a finales de junio y ha ordenado una nueva oleada de bombardeos contra objetivos iraníes, en una escalada que vuelve a situar al Golfo Pérsico al borde de una guerra abierta. El Mando Central estadounidense asegura que la operación ha golpeado más de 80 objetivos vinculados a capacidades militares iraníes y a infraestructuras que, según Washington, podían amenazar la navegación en el Estrecho de Ormuz.
La ofensiva llega después de varios ataques contra buques comerciales en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. Estados Unidos atribuye esos incidentes a Irán y los presenta como una “violación” del acuerdo provisional que había frenado temporalmente los enfrentamientos entre ambos países. Teherán, por su parte, acusa a Washington de utilizar los episodios en Ormuz como excusa para imponer por la fuerza su control militar sobre la región.
Ormuz, el polvorín que Trump ha decidido incendiar
El Estrecho de Ormuz vuelve a ser el epicentro de la crisis. Por esa vía marítima circula una parte decisiva del comercio mundial de petróleo, lo que convierte cualquier choque militar en una amenaza inmediata para la economía internacional. Tras los ataques contra tres buques, la Casa Blanca no solo autorizó los bombardeos, sino que también revocó una licencia que permitía a Irán vender petróleo en el marco del acuerdo de distensión alcanzado semanas atrás.
La respuesta iraní no tardó en llegar. Según las informaciones disponibles, Irán lanzó ataques contra instalaciones estadounidenses en Bahréin y Kuwait, países que albergan bases militares de EEUU. La reacción ha elevado el temor a una cadena de represalias de difícil control, con Qatar y otros aliados regionales en situación de alerta.
Trump, lejos de rebajar el tono, ha optado por la amenaza directa. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente estadounidense declaró que el acuerdo con Irán estaba “terminado” y llegó a advertir de que EEUU “probablemente” volvería a atacar. Sus palabras, pronunciadas en pleno foro aliado, evidencian que Washington no se limita ya a una represalia puntual, sino que contempla una campaña militar sostenida si Teherán mantiene su desafío.
Una escalada con factura política, militar y económica
La nueva ofensiva estadounidense abre un escenario de enorme incertidumbre. En el plano militar, porque los ataques se han extendido por zonas estratégicas del sur de Irán, con impactos en áreas próximas a puertos e infraestructuras sensibles. En el plano económico, porque el petróleo reaccionó al alza ante el riesgo de interrupciones en Ormuz. Y en el plano diplomático, porque el margen para retomar conversaciones queda seriamente debilitado tras la ruptura pública del alto el fuego.
El discurso de Trump también ha tensado a sus propios aliados. Aunque la OTAN ha respaldado en términos generales la defensa de la libertad de navegación, varias capitales europeas temen que la Casa Blanca esté empujando la crisis hacia una guerra regional de consecuencias imprevisibles. La cumbre de Ankara, que debía centrarse en la unidad aliada, quedó eclipsada por los ataques a Irán y por el tono incendiario del presidente estadounidense.
Irán atraviesa, además, un momento interno especialmente delicado. Las movilizaciones masivas por la muerte del líder supremo, Ali Jamenei, han reforzado el clima de confrontación nacional frente a Estados Unidos. En ese contexto, cada ataque norteamericano alimenta el discurso de resistencia de Teherán y reduce el espacio político para una salida negociada.
La ofensiva de julio confirma que la tregua era mucho más frágil de lo que Trump había proclamado. El presidente estadounidense vuelve a apostar por la presión militar como herramienta central de su política exterior, pero el riesgo es evidente: cada bomba lanzada sobre Irán acerca un poco más a la región a un conflicto total. Lo que Washington presenta como defensa de la navegación internacional puede convertirse, si no se impone la diplomacia, en el inicio de una nueva guerra de largo alcance en Oriente Medio.
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Este martes el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvía a situarse en el foco de la crítica al proponer un recorte de sueldos y “prestaciones” a aquellos trabajadores que no acudan al trabajo por motivos de baja médica u otras razones y al referirse al absentismo laboral como “un cáncer que no podemos pagar”. Unas palabras que han generado un aluvión de reacciones por parte del Gobierno y de sindicatos y por las que este miércoles el PP ha dado marcha atrás.
En una entrevista concedida a La Sexta, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha matizado que cuando Feijóo cuestionó que los trabajadores cobren lo mismo cuando no van a trabajar, el líder de los populares se refería “solo a los casos de fraude, no a cuando se está enfermo”. “A lo mejor no hemos sido capaces de explicarlo muy bien. ¿Usted cree que Feijóo quiere que el que está enfermo de cáncer cobre menos?”, ha añadido Bravo. Asimismo, en esta marcha atrás, el vicesecretario de Hacienda de los populares ha reprochado que se piense que “no tienen corazón”. “¿Se piensa que no tenemos corazón, que no somos humanos, que no nos ponemos enfermos o tenemos familiares que también sufran?”, ha sostenido.
En otro orden de cosas, sobre las palabras expresadas por Feijóo con las que plasmó que, en caso de llegar al Gobierno, reformarán la normativa de bajas laborales “con o sin acuerdo” con los agentes sociales, ahora Bravo corrige esto último también y señala que no se aplicará ninguna solución sin un acuerdo del diálogo social. “El presidente Feijóo ha señalado el problema diciendo que hay que buscar una solución desde el acuerdo social. Si no hay acuerdo, te vuelves a sentar hasta que llegues a un acuerdo”, ha expresado este miércoles Bravo.
CCOO y UGT cargan contra el «relato tendencioso» del PP
Un día después de que el líder de los populares expresa esta propuesta, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han cargado contra las declaraciones del líder del PP asegurando que «no es verdad que en España nadie se pueda coger la baja sin justificar».
En esta línea, Sordo ha reprochado las “falsedades” del discurso de Feijóo. «No es verdad que el 40% de las bajas en nuestro país se ven en fraude de ley«, ha remarcado en declaraciones difundidas a los medios. Así, el secretario general de CCOO ha desmentido que los médicos den la baja sin que exista una enfermedad, ni que en España se cobre lo mismo trabajando que estando de baja. «La causa de que haya más bajas y estén durando el tiempo que duran tiene mucho que ver con la situación de la atención sanitaria que existe en nuestro país«, ha apuntado el líder sindical.
A razón de ello, el secretario general de CCOO apuesta por establecer un debate serio sobre las condiciones de trabajo, sobre el sistema de cuidados y hablar de la calidad de prevención que existe en muchas empresas. «Lo que no es de recibo es que ni la patronal ni el responsable del Partido Popular demonicen a las personas que se ven obligadas a coger la baja y haga un relato absolutamente tendencioso. No vamos a transigir. No se puede considerar que sean los trabajadores que sufren las enfermedades los causantes y los culpables de esas enfermedades», ha añadido.
Por su parte, Álvarez ha señalado que el absentismo conlleva sanciones, porque no tiene justificación y considera que meter en el mismo saco las bajas laborales, permisos y licencias «es un disparate». «Yo en parte agradezco la sinceridad del señor Feijóo, porque sin decir exactamente qué quiere el Partido Popular, lo que sí que es evidente es que ya se ha situado en una banda de la mesa de negociación que según él debería tratar este tema. Es decir, ya no mira a los trabajadores, ya mira a los empresarios», ha señalado el secretario general de UGT.
Según ha explicado, en los convenios colectivos en los que se recoge algún tipo de soporte para las personas que tienen una baja médica, justamente en esos sectores, entre ese colectivo de trabajadores, es donde hay menos bajas médicas.
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«España ha venido con los deberes hechos». El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al término de la Cumbre de la OTAN celebrada en esta ocasión en Ankara, capital de Turquía, se ha congratulado de haber cumplido los objetivos marcados en la anterior cita de La Haya, «y con nota», sobre las capacidades y objetivos marcados para los 32 países miembro.
En este sentido, el principal mandatario de Moncloa ha reiterado que «España ha cumplido con creces» pese a que el debate hace un año atrás era el incremento del gasto en Defensa al 5%, mientras que nuestro país se quedó en el 2,1%. Sin embargo, Sánchez ha venido defendiendo que el punto de mayor relevancia se suscribe en las capacidades, no tanto en las cifras de gasto. «El mes pasado, el Comité de Política y Planes de Defensa concluyó que nuestro país ha alcanzado los objetivos de capacidades para 2026, con un grado de cumplimiento superior a la media. España ha sido el séptimo en cumplir de 32 estados miembro. Este buen desempeño se muestra en que a principios del mes de junio, España era el tercer país aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN, de 3.000 militares»,ha explicado.
Respaldándose en hechos, Sánchez ha continuado precisando que nuestro país se ha alzando como el segundo miembro de la OTAN que «más capacidades navales despliega fuera de territorio y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas», liderando misiones en Irak y el Atlántico Norte, avanzando que España se sumará próximamente a las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlandia. «Esto es nuestro firme compromiso de un país mediterráneo con la OTAN y la seguridad de 360 grados que es total y absoluta», ha ahondado.
Sánchez ha precisado que se ha consolidad la inversión del 2% del PIB, recordando que en 2018, en su primera legislatura, el presupuesto que heredó del mandato de Mariano Rajoy estaba en el 0,9% del PIB. «Esto demuestra que somos un país fiable y que cumplimos con los compromisos internacionales», precisando que, en estos últimos tiempos, España ha «gastado mejor apostando por la industria nacional y europea», tarea que ha compaginado con «los servicios públicos y la ayuda humanitaria de compromisos internacionales».
Entre otras cuestiones, ha destacado el compromiso de España con el impulso de la industria, con el que se busca «requilibrar las responsabilidades entre aliados y que Europa debe ser más autónoma en la seguridad, capaz de defenderse a sí misma y proteger los intereses más allá de sus fronteras», destacando que España ha contribuido con creces con el plan dotado de 10.400 millones de euros que se aprobó en las Cortes Generales.
Como tercer punto que ha marcado la Cumbre de Ankara es el compromiso de la Alianza con Ucrania y contra la guerra de Vladimir Putin: «En esta guerra no solo está en juego el futuro de un país, sino el proyecto europeo que pretende atacar la Rusia de Putin. En 2025, nuestro país envió más de 1.000 millones de euros en asistencia a Ucrania, contribuyó al apoyo y mecanismos de la OTAN y la UE. Establecimos nuevos acuerdos de cooperación industrial con sus empresas y, desde 2022, hemos formado a más de 9000 militares ucranianos, uno de cada diez en toda Europa. Nuestro país es el octavo aliado de 32, y el quinto de la UE de 27, que más apoyo a Ucrania ha prestado en 2025. Alcanzando una cifra total desde que empezó el conflicto de 3.800 millones de euros, en términos bilaterales», ha precisado.
«La reflexión es que puede que España esté geográficamente lejos de Ucrania y el frente oriental, también de Oriente Medio, pero estamos muy cerca de los aliados y de los valores y objetivos que inspiraron la creación de la UE y la OTAN. Somos un país pacífico y pacifista, también un aliado fiable. Cumplimos con nuestras capacidades, en despliegues, con Ucrania y el flanco este y Mediterráneo. Cumplimos con lo que quieren y sienten los españoles, con una forma de entender el mundo en el que la seguridad debe nacer del acuerdo, no de la imposición. El objetivo último de nuestras acciones debe ser acabar con las guerras que asoman Oriente Medio y el frente oriental europeo», ha precisado.
Sánchez, sobre las relaciones con la Administración Trump
Una de las preguntas, de interés político y mediático, que ha marcado la comparecencia de Sánchez y su completa presencia en la Cumbre de la OTAN ha venido secundada por las duras críticas esgrimidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro país y sus contribuciones a la organización internacional. A modo de réplica, el dirigente español ha rebajado las tensiones y ha ensalzado que las relaciones entre ambos países son «positivas».
Preguntado por si ha entablado conversación con su homólogo de Washington, Sánchez ha precisado que, durante la foto de familia de todos los miembros, mantuvo una charla «coloquilal» con Trump acerca del fútbol: «Hemos hablado del Mundial, una charla coloquial en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez. Todo ha sido buenas palabras y amabilidad, ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos», ha ahondado.
Con respecto a las declaraciones de ataque del inquilino de la Casa Blanca, Sánchez ha asegurado que su Gobierno se las toma «con calma y paciencia, con una cierta normalidad también» porque «cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones ve que las relaciones entre España y Estados Unidos son positivas en lo social, económico y cultural«. Asimismo, en lo que respecto a lo comercial, ha recordado que España «sufre un déficit» con Washington, que no se puede comparar con el superávit de otros países aliados. Al tiempo, ha recordado que sobre esta cuestión la última palabra la tiene la Comisión Europea porque la política comercial es «común».
«Soy socialdemócrata, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos. Más allá de esto, las relaciones son positivas. España quiere y trabaja por las mejores relaciones con países aliados, con lazos muy consolidados que han trascendido la orientación ideológica de España y Estados Unidos a lo largo de las décadas», ha subrayado para zanjar la cuestión.
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El epicentro de la discusión política se ha focalizado en las últimas horas en las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo apostó este lunes por recortes de sueldo y prestaciones a trabajadores que se acojan a este derecho por incapacidad temporal, una promesa que enmarcó en caso de ganar las próximas elecciones generales y que impulsará “con o sin acuerdo” de sindicatos y agentes sociales. Dejando a un lado los consiguientes reproches que emanaron del Gobierno central, cabe destacar un actor que se mostró de acuerdo con el líder del Partido Popular: Antonio Garamendi.
Es conocida la percepción negativa del presidente de la CEOE sobre el aumento de la incapacidad temporal en los últimos años, coincidiendo este martes con los reproches que vertió sobre los sindicatos, organizaciones a las que culpó de “no estar siendo responsables” con esta cuestión. “Los menores de 35 años se han perdido nueve millones de días. Se siguen pidiendo bajas los lunes y los viernes”, reprochó.
“Todos los días faltan 1,4 millones de personas a trabajar en España. No culpamos a nadie, pero es la realidad. Es un impuesto encubierto a las empresas. Por eso hemos pedido que del día cuarto al 15º nos excluyan de ese pago o que a partir del 365º, si no se sabe nada, lo mismo. No queremos ‘sobrepagar’”, agregó Garamendi.
En la parte contraria, desde UGT y CCOO, viene advirtiendo de que, si el paradigma empresarial no cambia de parecer, podrían producirse movilizaciones sectoriales si no se desbloquean los convenios del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
En términos políticos, no es la primera vez que el principal mandatario de la patronal se postula en contra de las bajas laborales. El pasado mes de febrero, además de postularse en negativo hacia la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), voces de la CEOE reprocharon al Gobierno central que “no esté poniendo medios” para solventar la “sangría” de incapacidades laborales temporales, que oscilan a un coste mencionado este martes por Feijóo de 30.000 millones de euros.
Garamendi y Feijóo caminan por la misma senda
Una postura que coincidió prácticamente en tiempo y forma con las palabras de Núñez Feijóo acerca del absentismo. Desde el Círculo de Empresarios Vascos, el líder de Génova abogó por reducir sueldos y “prestaciones” a aquellos trabajadores que no acudan a sus respectivos puestos de trabajo por baja, permisos o ausencias de indiferente calado.
De esta manera, el líder conservador avanzó que, de ganar las elecciones generales en 2027 y alcanzar el mando de La Moncloa, tomará “una decisión con el absentismo”, incluso dejó caer que podría hacerlo “con o sin acuerdo” de los agentes sociales. “Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir”, reprochó desde el acto de empresarios vascos, reiterando que ésta “no es una cuestión para discutir”.
“Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, continuó preguntándose, sin importar que la incapacidad temporal se trate de una cuestión familiar, de salud o terceros motivos. “Es un cáncer que no podemos pagar”, reiteró subrayando su posición al respecto.
Asimismo, culpó a la Administración pública de estar permitiendo –y cuyo argumentario sigue las bases del esgrimido en los últimos tiempos por Garamendi- de que “un ciudadano pueda darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y siga teniendo el mismo sueldo y las mismas prestaciones, pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene”.
Como ejemplos prácticos, Feijóo situó los casos de Insalud –donde ha dicho que era “una fábrica de bajas” al repartírselas entre médicos y enfermeras- y en Correos –“donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”-. Ambas entidades fueron presididas por el actual líder de Génova, entre 1996 y 2000 y hasta 2004, respectivamente.
En esencia, Feijóo abogó por retomar este debate de la mano de “las comunidades autónomas, el Gobierno central, la patronal y los sindicatos”, con la intención de llegar a un pacto, porque “todo aquello que supere un 4% o 5% de absentismo, tiene un enorme porcentaje de fraude”. “Y, si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, incidió.
Reproches por parte del Gobierno central
Ante tales posturas sobre los derechos laborales de los trabajadores, las reacciones desde Moncloa no se hicieron de esperar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que se encuentra en Turquía por la Cumbre de la OTAN, replicó en redes sociales que “los derechos no se recortan, se defienden”.
“Quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla”, reprochó al líder de Génova.
Misma senda la que siguió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien recordó que “estar enfermo no es una elección” y que “elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es”, en claro rechazo a la postura de Feijóo.
También la ministra de Sanidad, Mónica García, quien condenó que Feijóo hablase de “cáncer” y al que acusó de “estar mintiendo y ya de paso estigmatizando” sobre esta cuestión. “Las bajas son un acto médico y detrás de cada baja hay un profesional que la prescribe. Lo que hay que preguntarse es qué está enfermando a nuestra sociedad y ahí ahora mismo la vivienda es el mayor determinante social de la salud”, defendió en declaraciones al programa ‘Más vale tarde’ (laSexta).
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José Luis es adicto al juego. Dice que ya lleva un tiempo de abstinencia. «Pero la rabia aún la tengo», se revuelve. Confiesa que perdió más de 20.000 euros jugando en MyEmpire, Casinia,SpiNight, Malina… todos ellos casinos online sin licencia en España y pertenecientes a NovaforgeLtd, una de las empresas pantalla conectadas con el grupo Soft2Bet y a la que José Luis no duda en calificar de «organización criminal».
Gracias a miles de extractos de pago cuya filtración ha conseguido Investigate Europe, el consorcio ha descubierto cómo Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal. Los documentos muestran cómo el dinero fluye desde los casinos a través de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet.
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Fundada por el empresario israelí de origen ucranio Uri Poliavich en 2016, se consolidó como uno de los principales proveedores de tecnología de back-end –área del administrador de un sitio web– del sector: asegura que su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo. En la actualidad, la empresa también es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta México y Canadá. Tuvo unos beneficios de 152 millones de euros en 2024. Pero el grupo y sus socios también gestionan 145 sitios web incluidos en listas negras internacionales desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.
Licenciado en Derecho, a punto de cumplir los 50, José Luis se inscribió en el «registro de prohibidos», elregistro oficial para personas con problemas de adicciónde la Dirección General de Ordenación del Juego, lo que les impide acceder a casinos tanto físicos como online. Pero esa inscripción no es indefinida, el interesado puede darse de baja al cabo de seis meses. Y es lo que hacía José Luis: tuvo varias recaídas. Se enoja cuando recuerdaque no dejaban de llegarle mensajes de esos casinos al móvil. «Y los sigo recibiendo. A diario. Por correo y por SMS: ‘Te regalamos siete euros en un bono».
«Me han permitido jugar, cuando yo no debería. Y me han dejado tiritando», confiesa. Su mujer trabaja y él cobra una pensión porque le han dado la incapacidad permanente absoluta y padece depresión. Pero esa rabia que le ha quedado, y el sentirse «desamparado por los poderes públicos», le hicieron reaccionar. Empezó a hacer averiguaciones —»dentro de mis límites», precisa— sobre los casinos que han sido su perdición y a denunciarlos. Ante la Dirección de Ordenación de Juego. Ante el Banco Sabadell y Mastercard, con cuyastarjetaspagaba sus apuestas. Ante Revolut, el banco lituano por internet desde el que hacía transferencias a los casinos. Luegocontactó con proveedores de juegos para casinos como PragmaticPlay oNetent. Y finalmente con Casino Guru, que se presenta como «el mayor sitio de información sobre casinos online«ypresume de ser «independiente» de los operadores de juego. Hace reseñas sobre los sitios de apuestas, ofrece una base de datos de bonos e inclusofunciona como centro de quejas.
El resultado no fue muy aleccionador. La Dirección General de Ordenación del Juego, que depende del Ministerio de Consumo, no le contestó, pese a que le remitió toda la documentación que acreditaba su pesadilla con los casinos ilegales, incluidos los pagos con tarjeta y las transferencias bancarias. El Banco Sabadell abrió un procedimiento de disputa. De forma que Mastercard le devolvió poco más de 4.000 euros, una quinta parte de lo que había perdido. Pero Revolut no le respondió. Ni los proveedores de juegos. Casino Guru, eso sí, le dio la razón.
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Multas de 15 millones de euros
José Luis se sorprende de que casinos sin licencia operen en España con total impunidad. Y que sean tantos. Descubrió que, aunque con diferentes nombres, todos pertenecían al mismo grupo.Son decenas. La misma interfaz de usuario, la misma licencia en la isla de Anjouan, una isla autónoma del archipiélago de Comores, en el océano Índico. Detrás, cuentas bancarias en Malta y Chipre, considerados dos paraísos fiscales dentro de la UE. Su comportamiento ante el jugador también era idéntico. Cuando denunció ante Mastercard y Revolut, le cerraron la cuenta y le confiscaron su dinero «en represalia». Lo que no les impidió seguir enviándole mensajes para incitarle a jugar. Operan ilegalmente en España, pero los bancos no tienen problema para permitir sus transacciones, protesta airado José Luis, pese a que por ley deben conocer el origen de los fondos que manejan y la identidad de sus clientes, además de comunicar a las autoridades cualquier movimiento inusual.
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, en un anuncio publicitario de los casinos Betinia y Campobet.
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Tampoco las multas corrigen la operativa de los casinos online. La Dirección General de Ordenación del Juego ha impuesto sanciones millonarias a muchos de ellos. Sólo a los vinculados con Soft2Bet les ha multado con 15 millones de euros desde 2023. La sociedad Andonio NV, con licencia en Curazao, tenía activos 42 casinos online en los que se permitía jugar a ciudadanos españoles cuando fue multada en junio de 2024. Radibi NV, también con licencia en la isla caribeña, operaba otros 25 sitios de apuestas abiertos a jugadores españoles a fecha de mayo de 2023. Y Novaforge Ltd, con domicilio social en Malta, era la dueña de 61 casinos online activos en España cuando se le impuso una multa de cinco millones de euros en abril de 2025. En las listas de los casinos propiedad de estas empresas, tal y como figuran en los expedientes de la Dirección General, constan algunos de los sitios donde se jugaba el dinero José Luis, como My Empire, Spinight y Casinia. Otro de ellos, Boomerang, tenía en enero de este año —dos años después de ser multada— 1,22 millones de visitas mensuales, de las cuales el 98,66% procedían de España, según los análisis de Similarweb.
Compra de empresas y una sucursal en Valencia
Tan buenas perspectivas le ofrece el mercado del juego online español que el grupo de empresas dirigido por Uri Poliavich ha comprado dos empresasconlicencia nacional. La primera esEspanixEAD,una firma búlgara, por la que una filial maltesa del grupo, GlobalixHoldingLimited,pagó 612.500 euros en febrero de 2024.EspanixEAD tenía una licencia de juego en España que expiró en julio de 2024, sólo cinco meses después de ser adquirida por GlobalixHolding.
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La segunda es IberixGamingSA, con sede en Ceuta y un capital social de 311.000 euros. No es de extrañar: Ceuta presume de ser la gran «capital del juego online» en España, donde se sitúanmás del 55% de las licencias nacionalesgracias a unrégimen fiscal que incluyebonificaciones en el Impuesto sobre Sociedadesy un IPSI –el equivalente al IVA en las ciudades autónomas–reducido.
Por Iberix Gaming Soft2bet pagó dos millones de euros en diciembre de 2024, de acuerdo con la información que figura en los estados financieros del grupo consultados por Investigate Europe. Su administrador es Oleksii Zhytnik, director ejecutivo de Soft2bet. Desde marzo de 2025, el 100% de su capital es propiedad de Globalix Holding. Y este mismo mes de junio ha obtenido de la Dirección General de Ordenación del Juego licencia provisional para cinco tipos distintos de juegos, que incluyen blackjack, ruleta, máquinas de azar y apuestas deportivas.
Es más, Soft2bet ha comprado dos empresas en Valencia. Una es Construcciones Originales Personalizadas Shirokuro SL, se dedica al negocio inmobiliario y es 100% propiedad de Croel Ltd, una sociedad chipriota creada por Uri Poliavich, desde septiembre de 2025. La otra, Publicidad Shirokuro SL, cambió su nombre a Restaurant Amami VLC SL el pasado diciembre. Su dueña al 100% es otra sociedad chipriota del grupo, Partena Ltd y como apoderada figura una alta ejecutiva de Soft2bet, Anastasia Droga, según la información registral consultada en esta investigación. ¿Por qué Valencia? A finales de 2025, Brainrocket Ltd, empresa del grupo dedicada al desarrollo de software para el juego, abrió una oficina en la ciudad del Turia, adonde trasladó personal y donde empezó a contratar trabajadores, según puede comprobarse en Linkedin y otras webs de búsqueda de empleo.
El Cholo Simeone, embajador oficial
El interés del mercado español para Soft2bet se refleja también en su último fichaje publicitario. Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid,es el «embajador oficial»de dos de sus casinos,BetiniayCampobet,desde el pasado mes de enero. Ninguno de ellos tiene aún licencia en España, pero ya está preparada la web de la primera marca, donde se anuncia su próxima llegada: «¡La espera casi ha terminado! Betinia aterriza en el mercado español para transformar tu forma de jugar y apostar». Sobre una imagen fija,la webinformade queel casinoestá «ultimando los detalles» para ofrecer «una plataforma totalmente regulada y segura bajo licencia de la DOJ».Campobet, en cambio,no es accesible desde España.
Preguntado El Cholo por su contrato con Soft2bet, su portavoz responde destacando el «compromiso» del entrenador argentino con el «respeto a la ley»: «[Simeone] Sólo ha autorizado el uso de su imagen en los países en los que la compañía tiene la pertinente licencia». «Las páginas web de juego que emplean su imagen», añade, «están restringidas geográficamente y sólo permiten el acceso y la participación de ciudadanos de esos países donde la compañía sí posee la licencia legalmente necesaria». Según proclamó Betinia al anunciar el fichaje, el entrenador argentino «encarna los pilares» de su marca: «intensidad y la creencia de que el éxito debe ganarse». Simeone no contestó a Investigate Europe cuando quiso saber qué sabe de Soft2bet y le preguntó por la relación de los casinos online con la adicción al juego.
Donald Trump ha vuelto a situar a España en el centro de sus ataques contra los aliados europeos. En plena cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente de Estados Unidos ha calificado a España como un “aliado terrible” y ha amenazado con cortar las relaciones comerciales con Madrid, elevando un choque diplomático que llevaba meses creciendo por el papel español ante la guerra de Irán, el uso de las bases militares de Rota y Morón y el debate sobre el gasto en defensa.
La frase no llega en el vacío. Trump ya había cargado contra España después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a permitir que Estados Unidos utilizara las bases de Rota y Morón para operaciones vinculadas a los ataques contra Irán. En marzo, desde la Casa Blanca y junto al canciller alemán Friedrich Merz, el republicano aseguró que España había sido “terrible” y afirmó: “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con ellos”.
El nuevo ataque se produce ahora con la OTAN reunida en Turquía y con Washington presionando a los aliados para aumentar de forma drástica su gasto militar. Trump ha convertido esa exigencia en una de sus principales líneas de presión sobre Europa y ha señalado especialmente a España por su resistencia a asumir el objetivo del 5% del PIB en defensa. Según las informaciones publicadas durante la cumbre, el presidente estadounidense ha insistido en que Madrid no está cumpliendo con lo que considera una contribución justa a la seguridad colectiva.
España, diana de Trump por Irán y la OTAN
El origen inmediato del choque está en la posición del Gobierno español ante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sánchez condenó los ataques y defendió que España no participaría en una operación que considera contraria al derecho internacional. Esa negativa incluyó el uso de las bases de Rota y Morón para misiones ofensivas, una decisión que irritó profundamente a la Casa Blanca.
Trump ha mezclado desde entonces dos reproches: la negativa española a colaborar militarmente en Irán y el gasto en defensa. En junio ya había descrito a España como “un horror” y “terrible”, acusando a varios aliados europeos de buscar “viajar gratis” bajo el paraguas militar estadounidense. “No quieren pagar nada”, dijo entonces, en una crítica dirigida también a Italia, Reino Unido, Alemania y Francia.
El Gobierno español ha respondido hasta ahora con prudencia, pero también con firmeza jurídica. Ante las amenazas comerciales de Washington, el Ejecutivo recordó que cualquier revisión de las relaciones económicas debe respetar el derecho internacional, la autonomía de las empresas privadas y los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos.
Una amenaza de difícil encaje comercial
La amenaza de “cortar todo el comercio” con España tiene un fuerte impacto político, aunque su aplicación real no sería sencilla. Las relaciones comerciales entre ambos países están enmarcadas dentro de los acuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea, por lo que una ruptura bilateral directa abriría un conflicto jurídico y diplomático con Bruselas. Además, España exporta a Estados Unidos productos como aceite de oliva, componentes de automoción, acero, productos químicos y bienes industriales, sectores que podrían verse afectados por cualquier represalia arancelaria.
La presión de Trump encaja en una estrategia más amplia de confrontación con los aliados europeos. Durante la cumbre de Ankara también ha amenazado con revisar la presencia militar estadounidense en Europa y ha vuelto a cuestionar el compromiso de varios socios de la OTAN.
Para España, el pulso llega en un momento especialmente delicado. El Ejecutivo de Sánchez intenta sostener una posición propia en política exterior, marcada por la defensa del derecho internacional en Gaza, Ucrania e Irán, mientras evita aparecer como un socio débil dentro de la Alianza Atlántica. Trump, por su parte, ha encontrado en Madrid un objetivo útil para reforzar su mensaje ante los aliados: quien no pague más y no se alinee con Washington puede pagar un precio.
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Una importante empresa de apuestas, famosa por sus buenas prácticas, ha obtenido, sin embargo, beneficios de cientos de millones gracias a casinos online sin licencia que ofrecen sus apuestas a jugadores vulnerables de toda Europa. Miles de extractos de pago filtrados y compartidos con el consorcio de investigación Investigate Europe revelan cómo Soft2bet y sus socios han recibido 600 millones de euros de entidades que operan casinos offshore incluidos por los reguladores nacionales en las listas negras de juego ilegal.Los documentos, que suman miles de páginas, muestran cómo el dinero fluye desde los casinos a través de una red de sociedades ficticias y agentes de pago hasta Soft2bet.
InvestigateEurope también ha obtenido capturas de pantalla de conversaciones internas y archivos que parecen indicar que el grupo y sus socios gestionan 145 sitios web incluidos en la lista negra desde sus amplias oficinas en Malta y Chipre.
Entre estos sitios web se encuentraOnlyspins, un casino sexual dirigido a clientes europeos que no verifica si los usuarios son mayores de 18 años.
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Esta operativadista mucho de lapulcraimagen que Soft2bet y su carismático director general, Uri Poliavich, se han labradoa base depremiosconcedidos por elsectordel juegoydeprestigiosos patrocinios deportivos,así como de un negocio que, oficialmente, consiste en 11 marcas de apuestas y la venta de software.
La investigación, que ha durado un año y se ha llevado a cabo en colaboración con medios de comunicación de 15 países,entre ellos Público,revela que los casinos reciben millones de visitas en toda Europa, pese a haber sido prohibidos por los reguladores al carecer de licencias locales.
InvestigateEurope tambiénhahabladocon media docena de personas que han trabajado para Soft2bet. Afirman que los agentes de atención al cliente retrasan habitualmente los intentos de los usuarios vulnerables de cerrar sus cuentas y las reactivantras habersido cerradas. Un antiguo empleadocalifica de «depredadoras»algunas de las prácticas de los casinos.
El fundador de Soft2bet, Uri Poliavich, en una foto de su página web personal.
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Rachel* gastó 145.000 libras –170.000 euros– después de que los agentes de atención al cliente ignoraran sus peticiones de autoexclusión de los casinos sin licencia vinculados a Soft2bet,a los que accedía desde el Reino Unido. «¡Estaba tan desesperada y me sentía tan presa del pánico!», confiesa a Investigate Europe: «Es un abuso hacia las personas vulnerables».
Antiguos trabajadores de la empresatambiéndescribieron aInvestigateEurope una cultura depresión. Los mensajes filtrados de las plataformas de chat internas de la empresa sugieren que la dirección pedía a los empleados que se sometieran a pruebas con el detector de mentiras.
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Se trata de un entorno que parece estar en contradicción con la imagen pública de Soft2bet y su fundador, quien también dirige la Fundación Yael, una organización benéfica multimillonaria que financia colegios religiosos en todo el mundo.
«UriPoliaviches un hombre de contradicciones porque, por un lado, sepresenta como el Steve Jobs de los juegos de azar en línea y como un filántropo religioso, pero, por otro, está lanzando marcas que mezclan el juego y la pornografía», advierte un antiguo empleado a Investigate Europe.
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En respuesta a la solicitud de comentarios que le enviaron Investigate Europe y sus socios, Soft2bet niega cualquier irregularidad y destaca que se toma muy en serio las prácticas empresariales responsables. «La información incluida en su solicitud [de comentarios] refleja una interpretación incorrecta y engañosa de nuestro negocio y nuestra estructura corporativa», asegura en un comunicado. «Nuestro objetivo», añade, «es operar de forma responsable y de acuerdo con los requisitos legales y normativos aplicables. Mantenemos sólidos procesos de cumplimiento normativo y de gobernanza, y colaboramos de forma constructiva con las autoridades pertinentes cuando procede».
Los vínculos entre Soft2bet y Brainrocket, tal y como prueba la filtración de documentos analizados por Investigate Europe.
Enormes beneficios procedentes de casinos sin licencia
El empresario israelíUriPoliavich fundó Soft2bet en 2016, aprovechando la creciente popularidad de los juegos de azar en línea. A lo largo de la década siguiente, Soft2bet se consolidó como uno de los principales proveedores de tecnología deback-end–área del administrador de un sitio web– del sector: aseguraque su software es utilizado por 10 millones de usuarios en todo el mundo.
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En la actualidad, la empresa también es propietaria de 11 sitios web de casinos y apuestas deportivas, desde Grecia y Suecia hasta México y Canadá.Dos de sus marcas cuentan con Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, uno de los grandes del fútbol español, como embajadoroficial, mientras que otra está asociada con la Liga Canadiense de Fútbol.
En conjunto, estas líneas de negocio han impulsado a Soft2bet a lo más alto del mundo de los juegos de azar en línea, con unos beneficios de 152 millones de euros en 2024 y docenas depremios de granprestigio a lo largo de su trayectoria. En 2024la empresafue reconocida por su contribución al sector yelegidaLugar deTrabajo delAño en los SigmaAwards, un importante evento del sector.
Sin embargo, durante años, Soft2bet y sus socios gestionaron discretamente otros sitios web a través de dos sociedades ficticias:Araxio Development y Rabidi, según ha descubierto Investigate Europe. Registradas en Curazao, un paraíso fiscal caribeño que concede licencias de juego a bajo coste, estas entidades offshore sentaron las bases de un negocio sumamente lucrativo.
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Meses después del lanzamiento de Soft2bet en 2016, Poliavich fundóAraxio. Unos años más tarde se creóRabidi, esta vez a través de un antiguo empleado de Soft2bet, según muestran los registros mercantiles.
El stand de Soft2bet en ICE Barcelona, la feria más importante de la industria del juego, que se celebró en Barcelona el pasado enero.
Estas sociedadesoffshoreproporcionaron licencias de Curazao a docenas de sitios web, al margen de la mirada inquisitiva de los reguladores occidentales. Por lo general, estas licencias no se reconocen en Europa, donde existen medidas de protección de los jugadores más estrictas.Muchas de estas páginas web tardaron muy poco en serincluidas enlaslistas negras por las autoridades nacionales,porque teníanilegalmenteclientes europeos.Al mismo tiempo, se crearon dos filiales en Chiprepara gestionar los pagos de los casinos. El nombre Soft2bet no aparecía por ninguna parte.
InvestigateEurope ha obtenido ahora miles de páginas de extractos bancarios de las dos entidades chipriotas,que muestran los vínculos directos entre Soft2bet y la red de casinos sin licencia.Esos documentos revelan que, entre mayo de 2020 y mayo de 2024, las empresas chipriotas –Tranello y Tilaros– canalizaron 600 millones de euros a Soft2bet y sus socios.
Las transferencias que figuraban en los extractos de pago solían figurar como «servicios de marketing»o «acuerdo de licencia», y más de 330 millones de euros se destinaron a empresas propiedad dePoliavich. Entre ellas se encontraban Outono, la principal sociedad de cartera de Soft2bet en aquel momento, yBrainrocket, la división del grupo dedicada al desarrollo de casinos.
Las capturas de pantalla de las conversaciones internas que pruebas los vínculos entre las sociedades pantalla de Soft2bet.
Tilaros, aunque no era propiedad formal de Soft2bet, se utilizó para pagar al entonces director comercial y responsable de cumplimiento normativo del grupo, así como a su actual asesor jurídico jefe.También se desviaron millonesde eurosmás hacia empresas de marketing y atención al cliente propiedad de socios dePoliavich.
Los archivos internos filtrados, las entrevistas con antiguos empleados y el análisis de los registros corporativos sugieren que estas empresas de marketing y atención al cliente pueden operar como parte del grupo.«Soft2bet tiene todas estas entidades en el grupo, pero somos el mismo equipo», explica a Investigate Europe un exempleado de la empresa de marketing. «Todo el mundo forma parte del mismo canal de Slack [un chat en línea] para las comunicaciones internas».
La separación corporativa «parece ser meramente decorativa«,analiza Chris Kronow Rasmussen, profesor adjunto de Investigaciones en la Universidad de New Haven. «La característica definitoria de estas estructuras es el entramadode actividades legales e ilegales«, asegura.
Dirigidos a jugadores vulnerables
Según desvelan varias personas que trabajaron anteriormente con Soft2bet, muchos de los casinos incluidos en las listas negras operaban junto a las 11 marcas con licencia de la empresa, pero sus agentes de atención al cliente utilizaban tácticas de marketing más agresivas.
«Era una práctica habitual reabrir las cuentas de los jugadores que las habían cerrado por adicción y empezar a enviarles SMS, correos electrónicos y bonificaciones para que volvieran a apostar«,critica un antiguo empleado de marketing.
Una de las marcas de Soft2bet, Tooniebet Ontario se ha asociado con la Liga Canadiense de Fútbol Americano (CFL).
InvestigateEurope ha tenido acceso a conversaciones internas en las que los directivos confirmaban estas prácticas y afirmaban que reabrir las cuentas era una «decisión empresarial».
Del mismo modo, se retrasaban los pagos de las ganancias de los jugadores para que apostaran más,denunciaun antiguo agente de atención al cliente, que llamaba a más de 200 nuevos jugadores al día desde la oficina de Soft2bet en Chipre.
«He visto casos en los que los jugadores decían: ‘Llevo dos semanas intentando retirar dinero, tengo que pagar el alquiler, no puedo dar de comer a mi hijo«,confiesan algunos exempleados.Cuando se le pidió una declaraciónal respecto, Soft2bet no abordó acusaciones concretas, pero negó haber cometido ninguna irregularidad.
El juegoonline ilegal generó más de 80.000 millones de euros en ingresos en 2024, lo que representa el 71% del mercadode la UE, según la empresa de inteligencia de mercadoYieldSec.
Para jugadores como Stefan*, de 48 años, la falta de protección de los jugadores le cambió la vida. Esteciudadano austriaco, que regenta unafirmade aire acondicionado,confiesaque robó a su propia empresa para financiar su adicción al juego. «Nadie mepreguntó si podía permitírmelo o de dónde procedía el dinero, a pesar de que utilizaba las cuentas bancarias de mi empresa»,relataStefan, quien acabó en quiebra,tanto él como su negocio,tras perder 70.000eurosen dos casinos sin licencia vinculados a Soft2bet.
«Me pasaba ocho horas o más jugando hasta la madrugada; no pensaba en el trabajo del día siguiente, lo único que me importaba era hacer girar las tragaperras»,recuerda. «La adicción al juego», continúa, «te afecta toda la vida, te conviertes en un mentiroso patológico».
Jugadores desesperados como Stefan llevaron a Araxio y Rabidi a los tribunales, sin saber que Soft2bet estaba, de hecho, relacionada con ellas. Las dos filiales chipriotas también fueron demandadas por las víctimas, según revelan los documentos judiciales obtenidos por Investigate Europe. Los jueces de Austria y Alemania dieron la razón a los demandantes y concluyeron que los casinos no podían dirigirse a clientes de sus países. Las cuatro sociedades ficticias vinculadas a Soft2bet se declararon en quiebra en 2023 y 2024.
Casinos en la lista negra en toda Europa
Transferencias entre las sociedades fantasma de Soft2bet.
A pesar de las quiebras,InvestigateEurope puede revelar que Soft2bet y sus socios operan ahora alrededor de 160 casinos a través de nuevas sociedades ficticias en jurisdicciones como Costa Rica yAnjouan, una isla situada frente a la costa este de África, segúnlascapturas de pantalla filtradas de archivos internosde estas empresas.
Un análisis exclusivo de bases de datos nacionales reveló que 145de estos casinos figuran en la lista negra de al menos un país europeo. Lo quesignifica que no tienen permiso para dirigirse ajugadoresdeesos mercados. Operar ilegalmente sin licencia puede acarrear una multa o una pena de prisión en algunos paísesde Europa.
InvestigateEurope y sus socios han podidoverificar la lista filtrada de marcas:la mayoría de ellas ya habían sido identificadas por el consorcio el año pasado como vinculadas a Soft2bet.
Las capturas de pantalla muestran los 11 casinos que, según Soft2bet, posee actualmente, como Betina yCampobet, que cuentan con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, como embajador.Lalista también incluye otros casinos cuya gestión Soft2bet había reconocido anteriormente, comoWazamba, Rabona y Malina.
Muchas de estas marcas parecen seguir siendo propiedad de Soft2bet, ya que aparecen etiquetadas como«internas»en las capturas de pantalla filtradas. Es probable que otros sean gestionados en nombre de clientes que utilizan el software de la empresa.
«Cada dos semanas crean un nuevo casino», apuntael antiguo empleado de marketing. «Incluso si un jugador cree que ha sido estafado y abandona un casino de Soft2bet»,advierte, «lo más probable es que acabe en otra página web de Soft2bet sin darse cuenta».
Tácticas de marketing agresivas
Rachel*, una madre soltera que trabaja para el servicio penitenciario enInglaterra,ha jugado en varios casinos vinculados a Soft2bet. Tras un periodo de depresión y abuso de alcohol, se autoexcluyó de todos los sitios web de apuestas legales del Reino Unido en 2020 a través del programa nacional de autoexclusiónGamstop.
En octubre de 2024, mientras estaba de baja por maternidad, volvió a tener problemas de salud mental y empezó a buscar casinos en línea. Se topó conFatpirate, una página web anunciada como una opción «ajena aGamstop»y que figuraba como marca «interna»en la lista filtrada de casinos vinculados a Soft2bet.
Rachel contó aInvestigateEurope que ingresó 11.000 libras en un solo día y alcanzó rápidamente el nivel VIP más alto, un programa de fidelidad en el que los grandes apostadores cuentan con un gestor personal de juego. «Los gestores VIP me enviaban correos electrónicos constantemente con recompensas y bonificaciones», relata. «Si me quedaba sin dinero, podía pedírselo y me daban más fondos».
Finalmente, tras sufrir enormes pérdidas económicas, dejó de usarFatpiratedurante las Navidades de ese año, pero pronto empezó a apostar en otro sitio vinculado a Soft2bet, sin saber que estaban relacionados. En nueve meses, Rachel perdió 145.000 libras en los dos casinos, agotando sus ahorros, un préstamo y la herencia de su abuela.
Intentó cerrar su cuenta de Fatpirate cuatro veces, sin éxito: «Una vez se pusieron en contacto conmigo y me preguntaron cuál era el problema; se lo expliqué y lo ignoraron. Otra vez ni siquiera respondieron», protesta. Minutos después de hablar con los periodistas, Rachel recibió otro correo electrónico promocional de Fatpirate en el que se le ofrecían 110 tiradas gratis y que mostró a Investigate Europe.
Segúnindicanantiguos empleados de Soft2bet, estas técnicas de marketing agresivas están muy extendidas en la empresa. «Si un jugador se dirigíaa mí para decirme que teníaun problema con el juego, simplemente le decíaque enviara un correo electrónico para explicar su situación», explicael antiguo agente de atención al cliente. «Si,aunasí,queríacerrar su cuenta, le ofrecía un bono. El objetivo es intentar que se queden en la plataforma y no cierren su cuenta. Y eso es realmente abusivo»,denuncia.
La Comisión del Juego del Reino Unidose ha negado a comentarcasos concretosconInvestigateEurope, pero señalaque «la lucha contra el juego sin licencia requiere un enfoque coordinado entre la Comisión, otros reguladores nacionales e internacionales, los operadores con licencia, las plataformas tecnológicas, el sector financiero y los organismos encargados de hacer cumplir la ley».
De Kiev a Nueva York
Con una red tan amplia de sitios web en la órbita de Soft2bet,Uri Poliavich,el fundador de la empresa,quetiene45 años, se ha hecho increíblemente rico. Entre 2019 y 2024, Soft2bet entregó aquientambiénes sudirector ejecutivo,casi 200 millones de euros en dividendos.Los registros corporativos muestran que se mudó a una mansión de 18 habitaciones cerca de Nueva York y que invirtió parte de su fortuna en varios fideicomisos en las Islas Bahamas.
A medida que su fortuna crecía, Poliavich se dedicó a la filantropía. En 2020, creó la Fundación Yael, una organización que financia escuelas religiosas en todo el mundo. «Es la Fundación Yael la que impulsa el negocio, no el negocio el que impulsa la Fundación Yael», afirmó el año pasado en un documental de producción propia sobre su vida.
Poliavichcreció entre Ucrania e Israel. Abogado de formación, trabajó para varias empresas de juego antes de fundar Soft2bet en 2016, de vuelta en Kiev. «Poliavichrecuerda con cariño su regreso a Ucrania», segúncontó enuna entrevista que concedió a una revista especializada en juegos de azar. Pero la realidad puede haber sido menos idílica. En 2020, la policía ucraniana irrumpió en la sede de Soft2bet, en el marco de una prohibición nacional de los juegos de azar. Durante la redada, los agentes descubrieron que la empresa gestionaba 20 casinos con 500.000 jugadores.
Sin embargo, el caso parece haberse estancado desde entonces. Debido aun defecto formalen la orden judicial, los jueces ordenaron la devolución de los ordenadores incautados y Soft2bet se trasladó de Kiev a Chipre.
Poliavichrara vez hace apariciones públicas, normalmente en cumbres sobre el juego y siemprecon una gorra adornada con un trébol de la suerte, el logotipo de Soft2bet. Antiguos empleados lo describen como un jefe discreto que solo confía en su círculo más cercano. «Se rodea de gente que sólo le dice cosas buenas, gente que nunca se pasa de la raya»,sostiene un desarrollador web que trabajó en la empresa.
Antiguos empleadosaseguran incluso que, en algunos casos, los directivos pedían al personal que se sometiera a una prueba depolígrafo.Una práctica que también se mencionaen una de las páginas de contratación de Soft2bet. «La dirección era muy paranoica», alega el antiguo desarrollador. «La gente decía que era, literalmente, un interrogatorio al estilo policial, conectado a una máquina, conpreguntas sobre hábitos personales como el consumo de alcohol o drogas».
Contenido sexualizado
Las conversaciones internas filtradas de mayo de 2025 muestran a los directivos deBrainrocket–la división de desarrollo de casinos de Soft2bet– hablando de las pruebas delpolígrafo,perotambién del lanzamiento de un nuevo casino en línea llamadoOnlyspins.
La página web deOnlyspinsestá repleta de avatares sexualizados de mujeres y permite a los usuarios desbloquear vídeos explícitos en los que aparece una mezcla de modelos generados por IA y modelos reales.«Son dos adicciones a la vez y es la forma más fácil de llegar a los jóvenes»,explicael exagente de atención al clienteantes mencionado. Los periodistas deInvestigateEuropehan descubiertoque la página web no exigeninguna verificación de edad ni de identidad.
El antiguo empleado de marketingtambién revelaque, cuando trabajaba con Soft2bettampoco se realizaban verificaciones de edad para asegurarse de que los jugadores no fueran menores. «Planteé este tema a la dirección en varias ocasiones, pero simplemente no les importa», concluye.
Onlyspinsparece no disponer de ninguna licencia de juego en Europa. Sin embargo, el casinosexual recibió más de un millón de visitas procedentes de países de la UE entre febrero y abril de 2026, según los datos de tráfico de la página web.
Al intentar ingresar fondos enOnlyspinsmediante transferencia bancaria desde Alemania,InvestigateEurope fue redirigida a una cuenta enTrumia, una empresa de pagos electrónicos propiedad del propioPoliavich. Regulada por las autoridades financieras de Malta,Trumiaestá registrada en la oficina de Soft2bet en Malta y su director es el director financiero del grupo.
En cambio, al pagar con tarjetaen Bélgica,se pidió a los periodistas que enviaran dinero aZentoria, una empresa registrada en Irlanda.Zentoriacuenta con una licencia de juego irlandesa, pero no paraOnlyspins. Su licencia cubre otro casino, que estáinactivo,pero comparte la misma dirección IP que docenas de sitios web vinculados a Soft2bet.
Preguntada al respecto, la Autoridad Reguladora del Juego de Irlandarespondeque no puede pronunciarse sobre operadores concretos, pero que es «consciente del riesgo que suponen los operadores del mercado negro y se compromete a abordarlo de manera firme y proporcionada».
El regulador financiero de Malta también seha negadoa comentar casos concretos yrepite que está «comprometido con la salvaguarda de la integridad de los servicios financieros del país».
Los reguladores van a la zaga
Hasta ahora, los reguladores europeos no han logrado tomar medidas drásticas contra los casinos incluidos en listas negras vinculados a Soft2bet. La UE carece de una legislación común en materia de juegos de azar, lo que deja a los Estados miembros la tarea de regular el sector de forma independiente.
En Italia y Grecia, la empresa obtuvo una licencia para operar legalmente una marca, a pesar de que más de 100 sitios web relacionados con Soft2bet figuran en las listas negras de sus respectivos reguladores nacionales.
Brainrockettrasladó a parte de su plantilla de Chiprea Valencia y el grupo se estápreparando para lanzar su marcaBetiniaen España con una licencia de juego local.Y ello a pesar de queel Ministerio de Consumo ha multado con 15 millones de euros aotros casinos vinculados a Soft2bet por operar sin licencia.
Mientras las autoridades intentan ponerse al día, el ascenso público de Soft2bet no da señales de ralentizarse. En 2024, el grupo inauguró nuevas oficinas en Malta y organizó fiestas de aniversario en Dubái y Budapest. «Estamos ante una empresa capaz de cerrar y reabrir entidades por todo el mundo a tal ritmo que, para cuando los reguladores inicien una investigación, Soft2bet ya les llevará tres pasos de ventaja»,avisael antiguo desarrollador web.
* Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de las personas.
Editores: Chris Matthews, Mei-Ling McNamara
Este reportaje forma parte deSoft2bet Files,la segunda parte de una serie lanzada por Investigate Europe en marzo de 2025 sobre el sector del juego. Entre los medios asociados a este proyecto se encuentran Bayerischer Rundfunk, France 2, Franceinfo.fr, The Irish Times, Il Fatto Quotidiano, Svenska Dagbladet, Shomrim, The Toronto Star, Le Soir, Partizán, Profil, Público.es, Publico.pt, Reporters United, Ciren y The Times of Malta.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha adentrado en una nueva polémica en materia laboral. Desde el Círculo de Empresarios Vascos, ha abogado este martes por reducir sueldos y “prestaciones” a aquellos trabajadores que no acudan a su puesto por una baja, permiso o ausencia de cualquier calado. Una propuesta que afecta de lleno a los derechos laborales de los empleados pero que, a ojos del líder de la oposición al Gobierno, es una situación que debería revertirse.
Feijóo ha cifrado en 30.000 millones de euros anuales los que se gastan en España con motivo del absentismo laboral que ha cifrado que practican 1,16 millones de personas. Bajo este marco, ha prometido que, de ganar las próximas elecciones generales y alcanzar el mando de La Moncloa, tomará “una decisión con el absentismo” de la mano de un diálogo entre agentes sociales, es decir, patronal y sindicatos. “Que casi 1.200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir”, ha reprochado.
No obstante, ha advertido de que su intención será, “con o sin acuerdo”, materializar un cambio sustancial al considerar que “no es una cuestión para discutir”: “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, ha argumentado, aunque la causa sea médica, o de cuidados de un familiar o por diversas causas que puedan acontecer e imposibiliten el desempeño laboral.
En estos términos, ha culpado a la Administración pública por permitir que “un ciudadano puede darse de baja y no ir a trabajar sin justificación, y siga teniendo el mismo sueldo y mismas prestaciones, pasa lo que ocurre, pero este absentismo no se sostiene”: “Es un cáncer que no podemos pagar”, ha condenado.
Como ejemplos prácticos, Feijóo ha situado los casos de Insalud –donde ha dicho que era “una fábrica de bajas” al repartírselas entre médicos y enfermeras- y en Correos –“donde faltaban a trabajar 5.000 personas todos los días”-. Ambas entidades fueron presididas por el actual líder de Génova, entre 1996 y 2000 y hasta 2004, respectivamente.
Por ello, ha abogado por retomar este debate de la mano de “las comunidades autónomas, el Gobierno central, la patronal y los sindicatos”, con la intención de llegar a un pacto, porque “todo aquello que supere un 4% o 5% de absentismo, tiene un enorme porcentaje de fraude”. “Y, si no llegamos a un acuerdo, pues qué le vamos a hacer”, ha resuelto.
Ha agregado al respecto que, como otro pilar fundamental de su estrategia, sería un Estado “que incentive y facilite el cambio de paradigma”: “Necesitamos un proyecto nacional que aproveche las capacidades del país”, ha apostado.
El Gobierno condena las palabras de Feijóo: «Los derechos no se recortan, se defienden»
Como primera reacción desde el Gobierno central, se ha pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha reiterado en sus redes sociales que “estar enfermo no es una elección” y “elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es”.
Estar enfermo no es una elección. Elegir desproteger a las personas trabajadoras cuando más vulnerables están, sí lo es. Feijóo deja claro qué hará si llega a ser presidente del Gobierno. No lo vamos a permitir.
Posteriormente, se ha pronunciado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le ha recordado al líder conservador que «los derechos no se recortan, se defienden»: «Quien llama ‘cáncer’ a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está. Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla«, ha dejado en claro.
Quien llama “cáncer” a las bajas laborales y propone que los trabajadores enfermos cobren menos deja claro de qué lado está.
Nosotros estamos del lado de quienes madrugan, trabajan y merecen protección cuando la salud les falla.
Esta postura ante las bajas laborales no es desconocida en las filas del PP. El pasado mes de abril, desde la Xunta de Galicia, su actual mandatario, Alfonso Rueda, trazó un plan para dificultar el acceso a las bajas médicas secundado por la duración y el volumen de solicitudes de estas incapacidades temporales.
El plan de Rueda vino vertebrado de “un programa integral de abordaje” que traería consigo la creación de un organismo de control de estas bajas temporales, además de reforzar las mutuas privadas.
El planteamiento de la Xunta se encontró de bruces con el rechazo del Ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz y organizaciones sindicales. El departamento gubernamental tachó de “absolutamente ilegales” los planes de Rueda al considerar que suscribía a una invasión de competencias estatales, por lo que avanzó que podría recurrir al Tribunal Constitucional.
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Alberto Núñez Feijóo ha emulado los pasos de la ley de Isabel Díaz Ayuso dando cabida a los “concebidos no nacidos”. El presidente del Partido Popular avanzó este lunes que, de ganar las próximas elecciones generales y ascender al mando de La Moncloa, impulsaría una normativa estatal de este calado, que imita a la ya aprobada en la Comunidad de Madrid.
Una norma que considera al feto como un miembro más de la familia para percibir ayudas públicas y por la que el Gobierno central ha clamado en contra, debido a que Génova olvida un punto clave: “¿Qué pasa con los derechos de los sí nacidos?”. Esta es la pregunta que ha marcado el paso de la línea de discurso del Ejecutivo de Pedro Sánchez en las últimas horas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pidió al PP que apoye, en caso de lanzar esta ley para los no nacidos, a su vez “los derechos de los sí nacidos” como viene siendo la prestación universal por crianza, la reforma de la Ley de discapacidad y dependencia –la cual se vota este jueves en el Congreso de los Diputados- o la gratuidad de los comedores escolares en la educación pública.
En este sentido, el titular de Derechos Sociales percibió este lunes como “curioso” el “planteamiento ideológico” del señor Feijóo y de Ayuso sobre esta materia: “Yo le pregunto: ¿Qué pasa con los derechos de los concebidos sí nacidos? Y le pido abiertamente que apoye la prestación universal por crianza que vamos a llevar a los próximos presupuestos generales del Estado”, señaló en declaraciones a los medios de comunicación previamente a la reunión de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia.
En estos términos, Bustinduy reprochó al líder de Génova la situación de “la gente que sí vive aquí y que muchas veces tiene que afrontar unas condiciones durísimas mientras las administraciones del PP miran para otro lado”, precisando que, para defender la vida, “hay que hacerlo con coherencia”.
No fue la única de las voces de Moncloa que se pronunció al respecto. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también criticó las posturas de los dirigentes populares, considerando que se encuentran en “la carrera desesperada por ser el más facha” del país, considerando que Feijóo lo tiene “complicado” por tener al frente a Ayuso o al líder de Vox, Santiago Abascal.
Feijóo busca extender la iniciativa de Ayuso al conjunto nacional
Los pasos políticos de Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid vuelven a servir de ejemplo para Génova. La Asamblea de Madrid aprobó el pasado jueves, con los votos a favor de PP y Vox y con el resto de la Cámara en contra, la ley que reconoce a los concebidos no nacidos como miembros más de la unidad familiar para poder percibir ayudas públicas.
“Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá”, defendió entonces el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, reprochando que ésta es una “política útil frente a una política en blanco y negro de una izquierda anclada en viejas consignas”, espetó sobre Más Madrid y PSOE.
Con esta iniciativa, la ley de Ayuso ya se ha constituido como la primera en España que recoge el reconocimiento legal del concebido no nacido, aunque existe otra vigente en Galicia de similares características, aunque únicamente se circunscribe en familias numerosas. Las mujeres que acrediten su embarazo ya podrán verse respaldadas por esta normativa regional, optando a beneficios y derechos en concesión de ayudas públicas y fiscales.
Tan solo una semana después de este anuncio, ha llegado la sorpresa política de la mano de Feijóo, quien defendió este lunes que, con esta ley, pretende dar “repercusión económica y social” a este miembro de la unidad familiar y que será una normativa que apoyará “la maternidad y favorecerá la conciliación”.
En estos términos, sacó pecho de haber lanzado una normativa gallega similar en su etapa en la Xunta, allá por 2011: “Haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, garantizó en una entrevista concedida a Susanna Griso en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3).
Me comprometo a una ley nacional que reconozca las ayudas a las familias por el concebido no nacido. pic.twitter.com/8kY3KYUzOd
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 6, 2026
Posteriormente, desde Génova, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, añadió que en España la cuestión de la natalidad se ha convertido en “un problema extraordinariamente grave” por los problemas de precariedad, vivienda o falta de conciliación de las generaciones jóvenes actuales. “Queremos que España sea un gran país para nacer, para vivir, para trabajar y que España sea un gran país también para tener hijos”, ensalzó.
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A razón de las medidas cautelares que impuso el pasado 20 de junio el juez Juan Carlos Peinado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, junto con la apertura de juicio oral, entre las que incluye la retirada del pasaporte, la pasada semana la defensa de Gómez pedía al magistrado que autorice la participación de la esposa de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN en Ankara, así como su asistencia a la graduación de su hija, que se celebrará en Londres.
Una solicitud en la que el abogado de Gómez, Antonio Camacho, ponía de relieve que en lo que concierne a la cumbre de la Alianza Atlántica, la esposa de Sánchez estaría acompañada en todo momento por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que subrayó que está «plenamente garantizada su localización». Una petición que era denegada parcialmente en la tarde de este lunes. Mientras que el juez Antonio Viejo, porque Peinado está de vacaciones, autoriza que Gómez vaya a Londres a la graduación de su hija, rechazó que esta asista a la Cumbre de la OTAN, porque «Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional».
Al margen de ello, la doble petición de Camacho ha servido para que desde la presidencia del Partido Popular (PP) y desde las filas de la extrema derecha hayan elevado el tono nuevamente en sus ataques hacia el jefe del Ejecutivo.
En una entrevista concedida este lunes a ‘Espejo Público’, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, calificaba de «impropio» que Gómez se «pasee por los foros internacionales» cuando está «imputada», pese a que dejaba que sea el juez quien tome la última palabra al respecto. En esta línea, Feijóo sostenía que no sabe si «es necesario que las mujeres de los primeros ministros o de los presidentes del Gobierno acudan a la cumbre de la OTAN». «Lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del Gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales», lanzaba este lunes el presidente del PP.
Unas palabras que compartía también el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, añadiendo que «parece razonable que si la mujer del presidente del Gobierno está imputada, no sea la mejor representación que tiene España en una cita internacional”.
Sin embargo, las críticas de los populares escalaban un paso más, situando en el foco de estas también a la hija del presidente del Gobierno, que próximamente se gradúa de sus estudios en Londres. A razón de ello, Feijóo delizaba un comentario sobre la educación privada y la defensa de lo público por parte del Ejecutivo central, obviando con todo ello, que la hija de Gómez y Sánchez se marchó con 14 años de España, fruto de una campaña de acoso por parte de la derecha mediática y judicial.
«Está muy bien saber que el señor Sánchez manda a sus hijas a universidades privadas extranjeras. Yo no tengo nada contra eso. […] Aquí hay un gran debate sobre lo público y lo privado, pues hombre, no está mal esa información«, sostenía. En términos similares se pronunciaba también el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster. «Nosotros confiamos en la justicia. Confiamos en los procedimientos que tengan y no nos vamos a posicionar. Hará el juez lo que considere más oportuno. Entendemos que a la cumbre de la OTAN debe ir el presidente del Gobierno en todo caso, pero bueno, a la graduación de su hija en… Londres me ha dicho que es, ¿no? ¿Qué es? ¿La escuela pública, no? Defendiendo la escuela pública. Somos socialistas porque defendemos la escuela pública. Bueno…», lanzaba con evidente sorna.
Del espionaje de Villarejo a Alvise… la campaña de acoso a la hija de Sánchez
Sin embargo, con estas acusaciones, tanto desde el PP como desde la extrema derecha olvidan mencionar por qué la hija del presidente del Gobierno tuvo que marchar cuando era menor de edad a Londres. En el informe ‘Riesgos PS’, conocido en julio del año pasado, se plasma el espionaje que llevó a cabo el excomisario José Manuel Villarejo a Sánchez y a los miembros de su familia. Concretamente, sobre las hijas del jefe del Ejecutivo, en este informe se hace mención a las dos en varias ocasiones, dando detalles incluso de la vida privada de ambas y de sus actividades de ocio. «Siendo habitual que tanto ella como sus hijas se les vea frecuentar los establecimientos públicos de la zona y, en especial, el cine Kinepolis, donde son asiduas a las primeras sesiones de tarde, de cualquier día laborable de la semana»,rezaba ese informe.
En esta misma línea, conviene recordar que las dos hijas también sufrieron una campaña de acoso con la hiper sexualización de sus cuerpos por parte de voces de ultraderecha que aprovechaban imágenes de ambas para sexualizar sus cuerpos.
Al hilo de todo ello, en julio del año pasado, la hija del presidente del Gobierno acudía a declarar como «testigo-perjudicada» por la publicación de una imagen suya, por lo que fue investigado el agitador ultra Alvise Pérez, a quien la Fiscalía acusó de publicar una fotografía privada de la hija de Sánchez en su canal de Telegram con la intención de atacar al jefe del Ejecutivo.
La imagen en cuestión mostraba el rostro de la hija del presidente. Poco después, esta fue sustituida por otra imagen con un «emoticono» que tapaba la cara de la joven, incluyendo un comentario que apuntaba que era la «hija de Pedro Sánchez”. «Estudia en un centro privado en Inglaterra y la traen un par de veces al mes en vuelo privado. Socialistas pero van a centros extranjeros de 40.000 euros al año, viajes de avión incluidos. La hija no tiene culpa de la hipocresía de su padre el tirano, pero es prueba de ello y España lo debe saber«, añadía.
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Alberto Núñez Feijóo parece haber perdido el control del discurso político del Partido Popular. Si el líder de la oposición plantea un mínimo acercamiento al nacionalismo, ahí está José María Aznar para llamarle la atención. Y si la mejor discípula del expresidente, Isabel Díaz Ayuso, hace bandera de un debate que ya ha incendiado la política madrileña, Feijóo va detrás y lo eleva a lo nacional. La izquierda plantea un muro frente a la polémica ley del concebido no nacido, el “cuento de la criada” que la baronesa ya ha implantado en Madrid, y que ahora hace suyo el líder popular.
Este lunes, Feijóo ha anunciado que, si llega a ser presidente, impulsará una ley nacional similar a la que el PP regional aprobó en la Asamblea de Madrid el pasado jueves. Se trata de la norma que otorga los mismos derechos de cara a las ayudas públicas a las familias antes de que su hijo haya nacido, contándolo como miembro de la unidad familiar desde el embarazo.
“Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público«, ha dicho Feijóo en Espejo Público. El líder del PP, que ya impulsó algo similar en 2011 cuando era presidente de la Xunta de Galicia, se mete así de lleno en un debate que ya está absorto en la polémica en, arrastrado una vez más por la competición con Vox que mantiene la corriente aznarista que encarna Ayuso.
Me comprometo a una ley nacional que reconozca las ayudas a las familias por el concebido no nacido. pic.twitter.com/8kY3KYUzOd
— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 6, 2026
La izquierda, tanto madrileña como nacional, ya ha lanzado una contraofensiva a esta ley, que critican desde que el Ejecutivo regional la impulsó hace meses, que va desde las propias instituciones, con propuestas de mociones en contra en la Asamblea, hasta los tribunales.
Feijóo entra de lleno en el “cuento de la criada” de Ayuso
Las primeras reacciones al anuncio de Feijóo este lunes no se han hecho esperar, la mayoría más por el hecho de que el líder nacional del PP vaya a rebufo de Ayuso. “La nueva temporada de Lost promete”, respondía al vídeo el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. A la izquierda del PSOE, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha criticado a Feijóo por hacer “seguidismo” de Ayuso.
Pero antes de que el líder de la oposición se subiera al carro, ya se había iniciado la reacción de Moncloa contra la aprobación de la ley en la Asamblea. Más concretamente, y por afinar qué tipo de personajes le están marcando la agenda a Feijóo, a tenor de las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, nada más aprobarse la norma gracias a la mayoría absoluta del PP: “Esto significa que, según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Derechos también para su familia. Esto es la revolución frente a la cultura woke e izquierdista”, escribió en X el jefe de gabinete de Ayuso.
Los derechos del feto son mucho más importantes para este señor y el gobierno de Ayuso que los derechos de las mujeres. El cuento de la criada empieza a contarse en Madrid. Vamos a defender la vida y la libertad de las mujeres. https://t.co/VvNcbYEJYe
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lidera la contraofensiva del Gobierno por su cartera. “Los derechos del feto son mucho más importantes para este señor y el gobierno de Ayuso que los derechos de las mujeres”, respondió a Rodríguez. La socialista lanzó la píldora que ampliaría un día después en un acto en Valladolid: “El cuento de la criada se empieza a contar en Madrid, donde parece que las mujeres solo son recipientes para parir”.
La oposición a Ayuso anuncia batalla en los tribunales
Ahora, Feijóo se mete hasta el fondo en una disputa que ya ha enfangado el terreno en Madrid. Ayuso avanza en su fomento de la natalidad, mientras la izquierda pone el foco en que, para mejorar la situación de las familias, hace falta facilitar los cuidados y la conciliación. Más allá de criticar el sentido de la norma aprobada en la Cámara de Vallecas, la oposición pone el foco también en su forma.
“Es una batalla cultural que tiene el PP contra Vox. Porque la señora Ayuso y Vox son exactamente lo mismo, son negacionistas y machistas. No se trata de ayudar a las madres a que sean madres. Para eso lo que harían son leyes que proporcionaran acompañamiento durante la maternidad”, señaló la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.
Los socialistas recuerdan que Madrid es la única comunidad de España sin ley de Igualdad, además de que la región lidera en brecha salarial entre hombres y mujeres, pero van más allá: “Esta ley no es solo una chapuza en la forma, sino también en el contenido. Por eso los socialistas vamos a acudir allá donde sea necesario, también al Tribunal Constitucional”, anuncia.
También desde Más Madrid anunciaron medidas contra la propuesta del PP antes de que se aprobara. El grupo registró un escrito dirigido a la Mesa de la Asamblea en el que advertía de la posible inconstitucionalidad de una de las enmiendas de los populares, al considerar que permitía al Consejo de Gobierno modificar por vía reglamentaria un elemento esencial de la ley, como el umbral de las 14 semanas para acceder a las ayudas y al reconocimiento previsto en la norma. Por ello, solicitó que la enmienda fuera inadmitida o, de forma subsidiaria, que se recabara un informe urgente de los servicios jurídicos antes de someterla a votación, algo que no se hizo.
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La capital turca, Ankara, acogerá este martes y miércoles 7 y 8 de julio una cumbre de la OTAN un tanto especial. Por un lado, habrá incertidumbre en España en torno a que las relaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no son las mejores, en tanto que el de Washington ha pronunciado sendas críticas contra el jefe del Ejecutivo que han tenido el beneplácito y la no censura del secretario general de la alianza, Mark Rutte. Por otro lado, precisamente, los países miembros mirarán de cerca las posiciones del máximo responsable del Tratado Atlántico, que se han acostumbrado a ser especialmente serviles a los intereses de Donald Trump y de unos Estados Unidos que celebraban este sábado sus 250 años de vida.
Mark Rutte trasladaba este sábado sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos y gran aliado por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, y lo hacía elogiando al fallecido y polémico expresidente Ronald Reagan y a la OTAN por haber sido «un bastión frente al fascismo y al comunismo a lo largo de casi 70 años de historia». Para Rutte, Estados Unidos es «una nación que durante mucho tiempo ha sido fuente de inspiración y aspiración» y que «uno de sus grandes líderes, el presidente Ronald Reagan, llamó la ‘ciudad resplandeciente sobre la colina'». «Soy holandés. Pero para mí y para muchísimos otros, eso es lo que Estados Unidos representa y siempre ha representado: un faro, una guía», agregaba.
«Nos unimos en la OTAN en torno a ese ideal en 1949, cuando el mundo se recuperaba de una lucha fundamental contra el fascismo, y mientras se avecinaba otra lucha fundamental contra el comunismo. sabíamos que la libertad era frágil. Estuvimos de acuerdo en que valía la pena luchar por ello. Y comprendimos que unirnos nos daría ventaja en esa lucha. Ese es el ideal sobre el que se fundó la OTAN. Vale la pena luchar por la libertad. Juntos, como amigos y aliados, continuamos con esa causa común. Todo gracias a la idea materializada que es Estados Unidos«, continuaba sus halagos el secretario general, antes de desear un «muy feliz cumpleaños» a esa «resplandeciente ciudad sobre la colina», en un discurso fuertemente plegado a Washington.
El 5%, bajo debate en medio de las tensiones
La cumbre de la alianza, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países que forman parte de la OTAN, servirá para medir el progreso de los aliados con el compromiso adquirido el pasado verano en La Haya, donde acordaron una hoja de ruta con la idea de que en 2035 todos destinen el 5% de sus respectivos PIB a la defensa. El encuentro, además, tendrá lugar en un momento en el que el presidente de Estados Unidos está siendo muy crítico con los aliados europeos y Canadá al considerar que tienen un bajo gasto militar, por lo que se espera que utilice la cumbre para someter a sus socios a un examen de cuánto han aumentado su inversión en defensa en comparación con el año pasado.
«En la cumbre del año pasado conseguimos el compromiso de defensa de La Haya. Ahora estamos llevando a cabo el primer boletín de calificaciones sobre ese 5% para ver dónde están nuestros aliados«, auguraba el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, en declaraciones a la prensa en vísperas de la cumbre. Cabe recordar que el compromiso alcanzado por los aliados en la cumbre de La Haya establece que los países deberán destinar el 5% de PIB a defensa antes de 2035, un objetivo que se desglosa en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad. Dicho esto, Whitaker sostuvo que la cita se centrará «en medir ese progreso», pero también en la necesidad de repartir mejor la carga de la defensa convencional de la Alianza Atlántica en Europa, dados los planes de Washington de reajustar sus capacidades en el Viejo Continente y la necesidad de los aliados europeos de suplir cualquier tipo de vacío.
Hechos y críticas
Pero pese a las constantes críticas de Trump, los aliados europeos quieren demostrar durante esta cumbre los «hechos», y es que en el último año Europa ha cumplido con lo acordado, invirtiendo más en capacidades militares y asumiendo una mayor responsabilidad de su propia defensa convencional, evitando así confrontaciones o reprimendas del presidente de Estados Unidos, según han indicado fuentes diplomáticas. Algunos países, como Alemania, han anunciado recientemente inversiones militares para elevar en solo cuatro años su gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Reino Unido prevé alcanzar un 4,2% de gasto en defensa y derivados para 2035. Todo ello, en un año en el que todos los miembros de la Alianza Atlántica han superado el umbral del 2% de inversión del PIB fijado en la cumbre de Gales de 2014.
Algo parecido ocurre con el reajuste militar de Estados Unidos en Europa al reducir su participación en el ‘Modelo de Fuerzas de la OTAN‘, el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto. El comandante supremo de la OTAN, Alexus Grynkewich, ha trasladado que los aliados han cubierto gran parte los vacíos dejados por Washington, según han confirmado fuentes aliadas.
Por eso mismo, la parte europea espera que las críticas no protagonicen la cumbre de Ankara, como sí lo hicieron el año pasado en La Haya, y que prevalezca un mensaje de unidad de los 32 Estados miembro en la consecución del aumento del gasto en defensa o del apoyo a Ucrania en el quinto año de guerra.
Los europeos esperan que Rutte se posicione
Mark Rutte, por su parte, se ha acostumbrado a alinearse en exceso con Donald Trump y con sus designios imperialistas. No obstante, los países europeos tienen fe de que saque la cara por ellos tras las críticas del inquilino de la Casa Blanca. En una reciente visita a la Casa Blanca, Rutte dijo que entendía perfectamente la decepción de Trump, aunque estimó que, «cuando se observan las cifras de las inversiones que los países de la OTAN están realizando en su propia defensa, son asombrosas». Sobre España, concretamente, Trump dijo que «eran un auténtico desastre» y que estaba «muy decepcionado«, ante lo que el secretario general solo se atrevió a contestar que Madrid es «un caso aislado».
Además del gasto en defensa, otro de los puntos que protagonizarán la cumbre de Ankara será cómo convertir el compromiso de mayor gasto en defensa en resultados concretos. Por ejemplo, cómo hacer coincidir el aumento de la demanda de capacidades militares con la oferta que puede producir la industria militar. Los líderes quieren que empresas del sector aprovechen el impulso para desarrollar una capacidad industrial de defensa suficiente y sostenible, ya que a medida que los aliados han aumentado sus pedidos, los plazos de entrega de ciertos tipos de munición se han alargado. En este sentido, el martes se celebrará el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26), el principal evento de alto nivel de la Alianza sobre producción, inversión e innovación en defensa transatlántica, donde altos funcionarios de la OTAN, aliados y socios, debatirán con líderes de la industria y las comunidades responsables de impulsar en la industria sus temas más apremiantes.
El apoyo a Ucrania será otro de los grandes pilares de la cumbre. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estará presente en Ankara, donde los aliados prevén formalizar un nuevo compromiso financiero de apoyo militar para este año y el próximo que podría llegar hasta los 70.000 millones de euros. Según han indicado varias fuentes diplomáticas, en esos 70.000 millones se incluyen los 30.000 millones de euros dispuestos por la Unión Europea a Kiev en su préstamo para gasto en defensa. Los otros 40.000 está previsto que se alcance con apoyo bilateral adicional a Ucrania. Eso sí, no se prevé que Estados Unidos participe en esta financiación.
La vía principal de suministro militar de Estados Unidos a Kiev tras la retirada de la financiación con la llegada de Trump seguirá siendo el mecanismo PURL (Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania), a través del cual los aliados europeos y Canadá compran armamento estadounidense para donárselo a Ucrania. Según ha informado Whitaker, hasta el momento se han reunido más de 6.000 millones de dólares (5.200 millones de euros) para la compra en sistemas estadounidenses, entre ellos misiles Patriot para hacer frente a los ataques aéreos de Rusia.
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Vivienda se ha convertido en la palabra maldita de la legislatura. El clamor ciudadano ante la durísima situación del mercado inmobiliario ha activado las palancas en el Ejecutivo para hacer algo al respecto, pero hasta la fecha, ha llegado mal, tarde o ni siquiera ha llegado. Desde hace meses se viene anticipando un puñetazo en la mesa que ayude a los españoles con el principal problema que tienen en su día a día, pero no terminan de materializarse cambios sustanciales, ya sea por falta de voluntad o de entendimiento entre los responsables de que salga adelante. Con todo este telón de fondo, el Gobierno ha intentado un último movimiento para sacar adelante un amplio paquete de medidas frente a la situación inmobiliaria antes de que acabe la legislatura. Que caiga en saco roto o no dependerá del diálogo entre las partes.
En primera instancia, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo dentro de la coalición para impulsar un decreto de gran alcance en el Consejo de Ministros antes de que concluya julio. Sumar, con el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como principal impulsor, ha logrado fijar este calendario y ha situado en el centro de la negociación la prórroga extraordinaria de los alquileres. Esta iniciativa decayó el pasado 28 de abril tras ser rechazada por Junts con el respaldo de PP y Vox. No obstante, el Ejecutivo considera que una nueva formulación del texto, acompañada de otras concesiones, podría facilitar el apoyo de la formación conservadora catalana, poco susceptible de apoyar reformas progresistas en el mercado de la vivienda. El futuro decreto incluirá un conjunto amplio de medidas diseñado para atraer a distintos grupos parlamentarios y aumentar las opciones de convalidación. A diferencia del texto anterior, rechazado por el Congreso y compuesto únicamente por dos artículos, la nueva propuesta abordará cuestiones que van desde la fiscalidad de los pisos turísticos hasta mecanismos para reforzar la empresa pública de vivienda Casa 47.
Paralelamente, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, encargada de coordinar las conversaciones, se encontraría trabajando junto a Sumar en la elaboración de un paquete maleable para negociar con casi todas las formaciones del arco parlamentario, en una fórmula en la que caerían también el propio Junts y el PNV, además de los socios más cercanos ideológicamente al PSOE, como ERC, Bildu y Podemos. La larga tramitación de la ley de Vivienda, que se prolongó durante casi tres años, ya demostró lo complicado que es, en un Parlamento tan fragmentado y polarizado, sacar adelante iniciativas sensibles. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo consideran que existen posibilidades reales de entendimiento, ya que creen que es posible incorporar demandas de todos los actores implicados y, además, existe una fuerte presión social para actuar, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda constituye, según sondeos, la preocupación más acuciante de millones de ciudadanos españoles.
Mecanismos por desbloquear: amnistía y otras negociaciones
Mientras continúan las conversaciones, con el Consejo de Ministros en la lontananza, cabe todavía esperar un acontecimiento que será clave para el desarrollo de la política española: el próximo 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer su resolución sobre la ley de amnistía, una decisión que podría facilitar el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña en caso de fallo favorable. Alrededor de este asunto, cada formación política ha trasladado reivindicaciones diferentes que se han ido limando conforme le ha ido interesando a cada agente: el Partido Popular, otrora muy crítico con esta ley y con Junts per Catalunya, ha intentado, en los últimos meses, traer al redil a los neoconvergentes para reconducir las relaciones.
Volviendo a la vivienda, el Gobierno considera que existe margen para dar respuesta a la mayoría de las demandas de los partidos del Hemiciclo. Junts, por ejemplo, reclama deducciones vinculadas al pago de hipotecas y alquileres, así como incentivos fiscales destinados a fomentar la construcción y la rehabilitación de viviendas, cuestiones que el Ejecutivo considera susceptibles de negociación. En relación con los alquileres temporales, el Gobierno se está acercando a la posición defendida por el PNV. Para ello, tomará como referencia una ponencia parlamentaria que permanece en tramitación desde diciembre y que cuenta con el respaldo de los nacionalistas vascos. Entre las modificaciones planteadas figura la equiparación de los alquileres por habitaciones con los contratos de vivienda habitual, lo que implicaría una duración mínima de cinco o siete años, según el tipo de arrendador, además de la aplicación de límites de precio en zonas declaradas tensionadas.
A pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la proposición de ley sobre arrendamientos temporales y de las diferencias surgidas posteriormente entre los grupos parlamentarios en materia de vivienda, fuentes del departamento que dirige Rodríguez señalan que el texto mantiene su configuración inicial y que, adicionalmente, incorpora nuevas aportaciones del PNV, Bildu y Sumar y no está siendo objeto de revisión porque ya dispone del respaldo de una parte significativa del Parlamento. Así, el Ejecutivo pretende trasladar ese mismo nivel de consenso a otros aspectos más conflictivos que todavía no cuentan con un apoyo suficiente.
En concreto, uno de los puntos más delicados es la recuperación de la moratoria de los alquileres, que regresará al Congreso integrada en la nueva norma, aunque con una formulación distinta. El Gobierno confía en que los cambios introducidos permitan superar las reticencias de los neoconvergentes, y para posibilitar ese acercamiento, se estudia incorporar beneficios fiscales en el IRPF para aquellos propietarios que mantengan congeladas o reduzcan las rentas de alquiler, una demanda reiterada por la formación catalana.
Las medidas previstas, sin embargo, irán mucho más allá: cuando se anunció la elaboración del decreto, el Ejecutivo adelantó ya la intención de aplicar un IVA del 21% a las viviendas destinadas al alquiler turístico, y según fuentes gubernamentales, se están evaluando fórmulas que permitan agilizar los procedimientos administrativos y establecer incentivos fiscales orientados a incrementar la construcción de vivienda asequible. También se estudian instrumentos para facilitar la ampliación del parque residencial gestionado por Casa 47. Del mismo modo, se prevé reforzar uno de los principios que el Ministerio de Vivienda viene defendiendo de forma recurrente: garantizar de manera permanente la protección de la vivienda de protección oficial (VPO).
Dividido en dos bloques
Este futuro decreto, descrito por la ministra portavoz, Elma Saiz, como una iniciativa «amplia y transversal», constará de dos bloques principales. Por una parte, la regulación de los alquileres temporales y de las habitaciones constituirá uno de los ejes principales y es, además, uno de los aspectos más avanzados de la negociación. El propósito es evitar que estas modalidades se utilicen para eludir determinadas garantías recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos: tal y como señala la ponencia parlamentaria, numerosos propietarios recurren a estas fórmulas para sortear la regulación vigente de los alquileres. Mientras que la LAU obliga a mantener contratos de cinco años y limita las actualizaciones de renta a la evolución de la inflación, los contratos temporales permiten finalizar la relación contractual con mayor facilidad y aplicar incrementos periódicos en el precio, incluso de forma mensual.
Con el objetivo de frenar estas prácticas, el Gobierno plantea introducir algunas modificaciones, como la extensión a los alquileres por habitaciones de las mismas condiciones de protección aplicables a los contratos de vivienda completa. Este tipo de alojamiento ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, especialmente en aquellas zonas donde la oferta residencial se ha reducido de manera considerable, convirtiéndose para muchas personas en la única alternativa disponible para acceder a una vivienda. Por todo ello, el Ejecutivo considera que reforzar la protección de estos arrendamientos tendría un impacto directo sobre una parte importante del mercado del alquiler. Además de equiparar la duración de los contratos, la propuesta legislativa establece nuevos límites temporales para los alquileres de temporada, tanto de viviendas completas como de habitaciones individuales. Aunque las partes seguirán pudiendo acordar libremente la duración del contrato, esta no podrá ser inferior a 31 días ni superior a 12 meses.
Asimismo, si se formalizan sucesivos contratos entre las mismas partes y por idéntico periodo, la vivienda pasará a considerarse residencia habitual y quedará sometida a todas las garantías previstas por la LAU. Con el fin de restringir aún más el uso indebido de los alquileres no permanentes, la norma prevé que, en las viviendas arrendadas por habitaciones, la suma de todas las rentas abonadas no pueda superar el importe que correspondería al alquiler íntegro del inmueble. Cuando no exista una renta previa que sirva de referencia, se recurrirá al índice elaborado por el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler en aquellos casos en que la vivienda esté situada en una zona tensionada.
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El grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y sustituir las penas impuestas a delincuentes extranjeros por, directamente, su expulsión del territorio nacional y la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen si son condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito de cualquier gravedad. La iniciativa del partido de extrema derecha plantea modificar el artículo 89 del Código Penal para que la pena, sea leve, menos grave o grave, impuesta a un ciudadano extranjero condenado por sentencia firme, sea sustituida por completo por la expulsión directa del territorio español y la revocación de la nacionalidad.
Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo de la pena en el país de origen, el juez podrá acordar la ejecución de una parte de la pena, que no podrá ser superior a dos tercios, y sustituir el resto por su expulsión de España. En los casos en los que se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo en el país de origen del condenado, el partido de Santiago Abascal propone que el juez acuerde la ejecución de todo o parte de la pena «en la medida necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito».
Expulsión y revocación de la nacionalidad
La proposición establece que el extranjero expulsado no podrá regresar a España en un plazo de diez a veinte años y que la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo para residir o trabajar en España, así como la extinción del derecho a percibir ayudas, prestaciones o subvenciones públicas de cualquier naturaleza. El partido ultraderechista también plantea añadir al Código Penal la pena de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen, hayan adquirido la nacionalidad española y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito previsto en el Código o en leyes penales especiales, sin perjuicio de las demás penas previstas para el delito correspondiente.
La iniciativa incluye, además, una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno suscriba acuerdos multilaterales y bilaterales con otros estados y promueva normas en el ámbito de la Unión Europea para que la expulsión de delincuentes del territorio español lleve consigo el cumplimiento íntegro en sus países de las penas impuestas por los tribunales españoles, con mecanismos de verificación periódica. En su argumentación de motivos, Vox sostiene que la reciente reforma en materia de multirreincidencia resulta «insuficiente» porque, a su juicio, no afronta «el principal y más grave factor asociado al incremento de la delincuencia en España», que identifica con «el fenómeno de la inmigración masiva».
El grupo parlamentario afirma que la reforma busca «dar una respuesta eficaz» a situaciones en las que individuos de origen extranjero incurren en la delincuencia y pretende reforzar la reacción del Estado con un régimen «más severo y efectivo» de expulsión para quienes, «con independencia de la gravedad individual del delito o delitos cometidos», acrediten mediante su conducta la voluntad de quebrantar la legalidad penal española. Del mismo modo, Vox propone suprimir la previsión actual que permite excluir la expulsión cuando pueda considerarse desproporcionada por las circunstancias personales del autor y su arraigo en España, al considerar que la invocación de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos «ha permitido neutralizar la expulsión incluso en casos de reiteración delictiva».
La formación dirigida por Santiago Abascal defiende también que la nacionalidad constituye el vínculo que une a la persona con el Estado y sostiene que no puede seguir permitiéndose que quien haya adquirido la nacionalidad española utilice esa posición para «volverse contra sus propios compatriotas«, por lo que plantea introducir estas modificaciones en el Código Penal y el Código Civil para hacer posible su pérdida por sentencia firme.
Consideran «insuficiente» la multirreincidencia por la que votaron
Cabe recordar que el Congreso aprobó, hace unos meses y con los votos favorables del propio Vox entre otras formaciones, una reforma penal impulsada por Junts para endurecer las penas a la multirreincidencia. Aquella votación sirvió de extraño precedente en el que ultraderechistas e independentistas votaron en el mismo sentido, muy disidentes discursivamente en el Parlamento a pesar de sus múltiples similitudes ideológicas.
Durante el debate de la norma en el pleno de la Cámara, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió que la ley «nace del territorio, no de los despachos», a la vez que valoraba que la reforma llegaba «muy tarde» tras «bloqueos y dilaciones». Pese a ello, la diputada de la formación de Carles Puigdemont afirmó que con la ley «se ataca la impunidad» y que es «una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil» para jueces, fiscales, policías.
El diputado de Vox Juan José Aizcorbe calificó la reforma de «necesaria, pero no suficiente», y celebró que «la realidad acaba imponiéndose». «No estamos ante una abstracción jurídica. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso«, argumentó entonces. En la misma línea se pronuncian ahora los ultraderechistas, insistiendo en la insuficiencia de la medida e impulsando un argumentario atravesado por la xenofobia para expulsar y revocar nacionalidades por encima de los procedimientos jurídicos habituales.
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Entre la vía Rufián y la obtusa situación que impera en el interior de Sumar hay un océano. Diálogos y seducciones han existido durante los últimos meses de cara a las elecciones generales de 2027, con un plan: unificar todo el voto a la izquierda del PSOE en una sola candidatura para que no se pierda una sola papeleta en el vacío de la división partidista. Tanto los que abogan por esta alianza como los que presentan mayores reticencias, asociadas habitualmente a la nomenclatura y al peso de cada sigla en lo que quiera que fuese el resultado final, son conscientes de que existe la necesidad de hacer algo, pero, como siempre, no se termina de concretar nada. Mientras que Gabriel Rufián se encuentra vigilado por la cúpula de su propio partido, Podemos ve con buenos ojos un acercamiento al portavoz republicano y en el aparato de Sumar rechazan la propuesta que desliza desde hace meses el catalán, aunque reconocen que que es urgente nombrar un candidato para los próximos comicios. Tiranteces, roces y conflictos mientras el tiempo se agota.
Elegir el candidato y comenzar a diseñar una marca clara para las generales son las tareas que destaca el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Según publica El País, Maíllo aboga por «una profundización democrática, la consolidación de los derechos sociales, y una apuesta firme por frentes amplios de izquierdas», y rechaza abiertamente la propuesta de Rufián pese a este último punto. «Urge levantar una alternativa estatal de izquierda transformadora con capacidad de evitar un cierre autoritario. Las bases para hacerla posible están en la alianza de fuerzas políticas que están dando Un paso al frente«, señala Maíllo en referencia al proceso de coalición en el que participan IU de la mano con Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, presentado en febrero para reeditar el pacto magenta de cara a los comicios de 2027. «También se cuenta con una base electoral de voto de izquierda transformadora nada desdeñable y, si el deterioro del PSOE continúa como resultado de los últimos escándalos, una posible recuperación de votantes que tuvo la coalición Sumar el 23J», agrega también el andaluz sobre los recientes casos judiciales que afectan a las filas socialistas. Pese a reconocer la necesidad de unión, la vía con los partidos regionalistas queda completamente descartada para el coordinador federal.
«Sin embargo, estas bases son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales», reconoce también Maíllo en el texto, urgiendo a concretar un candidato para pasar de lo abstracto a lo concreto y empezar a diseñar una marca alrededor de la figura elegida. «Del mismo modo, urge dotar de una nueva denominación al espacio político, así como integrar, bajo las fórmulas diversas que lo hagan viable, a las fuerzas políticas que concurrieron juntas el 23-J«, incide el andaluz.
«Frentes amplios sin alianzas coyunturales»
Uno de los puntos clave para entender el rechazo del portavoz de IU a la vía Rufián es la coyunturalidad. Maíllo concibe la idea del catalán como un proyecto con caducidad y limitado únicamente a recoger y maximizar voto de cara a las elecciones de 2027, pero sin futuro en el largo plazo. Por ello, llama a construir «frentes amplios y programas transformadores, pero no como alianzas políticas coyunturales con las que maximizar los votos». «Se trata de seguir trabajando en pro de la construcción de un bloque histórico democrático y transformador que frene a la extrema derecha a través de la transformación social: con ambición, entusiasmo y optimismo«, señala.
«La clave para llegar en las mejores condiciones a las próximas elecciones generales de 2027, garantizar que seguimos ampliando derechos y evitar un Gobierno de la derecha extrema, reside en la capacidad que tengamos para articular un frente amplio capaz de mejorar las experiencias anteriores. […] No se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta marcada por el declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas. Por todo ello, hay que tener altura de miras, sabiendo que la construcción de alianzas se hace desde los territorios, desde el reconocimiento de la existencia de las diferentes organizaciones que forman parte o quieren formar parte de la coalición estatal», señala el coordinador de Izquierda Unida.
Rufián insiste en la necesidad de un espacio «liderado por las izquierdas soberanistas»
Barriendo para casa y defendiendo la idea que lleva meses sobre la mesa, Gabriel Rufián ha defendido en las redes sociales la urgencia de actuar para que la izquierda «no se vaya al carajo durante años».
«Se opine lo que se opine de Sumar, y de la innegable operación mediática que hubo detrás, solo hay una cosa clara. O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años«, ha opinado el portavoz republicano en su cuenta de X. A continuación, el catalán exponía los que para él son los tres puntos que han de vertebrar el espacio: «Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas con un programa común basado en tres ejes, que son la vivienda, las condiciones de vida y el derecho a la autodeterminación«. Este tercer punto puede ser, precisamente, el que aleje a otras formaciones de carácter no nacionalista de esta vía.
«Quien crea que su bandera (y su buen resultado electoral particular) le va a proteger o es un inconsciente o es un negligente«, sentenciaba el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados.
Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara.
O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años.
Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas…
La guerra en la derecha mediática es el cuento del nunca acabar. Hace unos días, el locutor de esRadio Federico Jiménez Losantos cargaba duramente contra Julio Ariza y El Toro TV, vinculándolos con el caso Plus Ultra. El locutor acusó al canal de haber servido como «lavadero de imagen» y arremetió contra el que también fuera fundador de Libertad Digital. Ariza, por su parte, contestaba a Losantos y reconocía que, efectivamente, había cobrado publicidad de la aerolínea, pero que no era el único que lo había hecho, señalando a otros medios.
«Yo voy a dar la relación de los medios que han cobrado publicidad de Plus Ultra«, se defendía Ariza desde el mencionado canal tras los ataques de Losantos. Era en ese momento cuando el ultraderechista reconocía abiertamente haber cobrado por publicidad de la compañía aérea. «Nosotros hemos sido uno de esos medios. Si en ese momento alguien sabía todo lo que se sabe hoy de Plus Ultra, había hecho el curso de profeta con mucho éxito. Nosotros no lo sabíamos. Tuvimos aquí a los Plus Ultra y les preguntamos lo que teníamos que preguntarles», se justificaba el empresario, alegando que era imposible conocer todas las polémicas posteriores en el momento de la contratación publicitaria.
Acto seguido a reconocer el cobro publicitario, Ariza señalaba a otros medios que, según su testimonio, también cobraron dinero de la aerolínea en concepto de publicidad: «Cobramos publicidad de Plus Ultra como lo cobró El Mundo, Cope, Onda Cero, ABC, etc. Tengo la lista entera y os haré la lista de cantidades que cobró cada medio». El empresario cargaba también de nuevo contra Losantos y lo terminaba de despachar de la siguiente forma: «No tengo más que decirte Federico, déjame en paz. Te ayudé a montar Libertad Digital, al 50%, no sabiaís qué hacer, y lo hicimos. Cuando recibiste 300.000 y pico euros de Bárcenas, del PP, yo me fui, porque no estaba de acuerdo. Fede, así de sencillo. Me pareces muy osado diciendo esas cosas. Tendré que contarte quién fue el consejero que te metieron el señor Espinosa de los Monteros y su mujer en el Consejo de Radio Libertad Digital y para que lo metieron. ¿Quieres que te lo cuente también?».
Los estrechos contactos con Vox
Otro punto relevante de esta historia es que Julio Ariza era, a su vez, uno de los puentes que Plus Ultra tenía con Vox. Las redes de la compañía siguen destapándose, especialmente después de haber salido a la luz que el exmagistrado Manuel García Castellón intermedió en favor de la aerolínea cuando el caso por su rescate durante la pandemia ya estaba abierto. Por aquel entonces, mantuvo una cena con Santiago Abascal en lo que se puede interpretar como la expansión de las redes de la compañía para influir en la ultraderecha. Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, se refería al exjuez de la Audiencia Nacional como su amigo «Manolo».
Este jueves se ha conocido que Ariza se puso en contacto con Vox, a petición del jefe de la aerolínea, para que no recurriese la decisión del Juzgado de Instrucción 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, a cargo de Esperanza Collazos, de archivar el caso, después de que la jueza lo sobreseyese en enero de 2023. «Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre«, trasladó Martínez Sola en uno de los chats recogidos en el sumario, adelantado por infoLibre y que ha podido comprobar este medio. «Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza«, añadió unos días más tarde el secretario del consejo de administración de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena. El mandato de Ariza y García Castellón pasaba por que el partido ultraderechista no recurriese el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid.
«Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir los de Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información», le trasladó Ariza a Fernández Lena unos meses antes de aquello, en un mensaje muy similar al que replicaría casi en su totalidad el 12 de enero de 2023, con la causa ya archivada. El partido de Abascal no recurrió, pero sí buscó la nulidad del auto de la jueza ante la Audiencia de Madrid, lo que hizo remover las aguas en las altas esferas de la aerolínea: «Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde… no se van a quedar quietos…», reaccionó Fernández Lena. «De un primer vistazo no tiene mucho recorrido… pero nos mantiene enfangados», matizó. A lo que Roberto Roselli, CEO de la aerolínea, contestó con un «a ver si Ariza habla con estos hdp«. El escrito de nulidad no fue aceptado y, en julio de 2023, Vox solicitó que se le devolviese la fianza facilitada como acusación. Ariza era, en esencia, el hombre de contacto de la aerolínea para suavizar las relaciones con el partido de extrema derecha y llevarlos a su propio terreno.
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7.200 millones de euros es la cifra que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales de junio en materia de dependencia para 2027. Una cifra “histórica” con la que dar respuesta a la salud y bienestar de nuestra ciudadanía. En términos reales, ¿en qué se traduce esta cuantía? Cabe así situar el foco en las listas de espera, las cuales se verán notablemente reducidas con la nueva dotación económica al sistema.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy han ahondado en estimaciones: A finales del próximo año, las listas de espera en dependencia podrán caer en más de 70.000 personas -71.338, para ser más exactos-, lo que se traduce en un 47%, en tan solo un año y medio. “Un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que cada año sube el número de personas que solicitan una prestación por dependencia”, aplauden.
En consecuencia, con vistas a finales de 2027, se calcula que habrá 416.774 personas más que podrán recibir esta prestación del Estado, lo que supone un incremento del 25% con respecto a 2025. En cifras totales, se tratará de cerca de 2,1 millones de personas atendidas por el sistema.
Según precisan estas fuentes, las estimaciones mencionadas se han elaborado en base a las nuevas cuantías aprobadas por el Ejecutivo central, en las cuales se ha duplicado la aportación del Estado que se reparte entre todas las Comunidades Autónomas para su consiguiente gestión. Dichas cuantías se han comenzado a abonar este mismo mes de julio y, en términos de inversión adicional, será de 6.200 millones de euros a repartir desde estas fechas a finales del próximo año.
Cabe sumar, además de la considerable reducción de las listas de espera y el aumento de personas atendidas, que el incremento de financiación se verá mejorado a su vez en la calidad de las prestaciones entregadas, así como en las condiciones laborales del personal hacia los pacientes dependientes.
El Ministerio de Bustinduy precisa, sin terminar en este punto, que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo las personas con prestaciones en esta materia “más allá de 2027” debido a que la aportación a los gobiernos autonómicos “es estructural” debido a que las dotaciones “quedan fijadas y blindadas por ley”.
La inversión de récord del Gobierno en dependencia
Fue el pasado 23 de junio cuando el Ejecutivo de Sánchez aprobó en Consejo de Ministros la mayor inversión en ayudas de dependencia de la historia y, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se inyectarán hasta 6.200 millones de euros más en esta materia. “A quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino, yo les digo que la respuesta está aquí”, defendió el mandatario de La Moncloa.
Desde que comenzó el mandato del Gobierno de coalición en 2018, la inversión total se ha “multiplicado por cinco” en la financiación del Estado. Sin ir más lejos, en datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la aportación estatal en 2019 estaba en torno a los 1.500 millones de euros. Con esta subida por delante de hasta los 7.200 millones, se culmina, en palabras del jefe del Ejecutivo con “la mayor inversión en dependencia”, con la que se busca dar “un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, más justo, más humano” para no dejar “a nadie atrás”.
Las ayudas, que se comenzaron a transferir este miércoles, se darán a personas en grado III de máxima independencia, quienes recibirán de 290 a 660 euros al mes, lo que supone un 128% más. En el caso del grado II de dependencia severa, se pasará de 130 a 260 euros mensuales. Por último, en el grado I, serán 90 euros mensuales, en comparación con los vigentes 76 euros.
Asimismo, otros de los objetivos marcados bajo esta hoja de ruta es la obligación a las Comunidades Autónomas de dibujar nuevos modelos de convivencia colaborativa de cuidados y apoyos en viviendas compartidas, así como dar productos de apoyo como sillas de ruedas, camas especiales o asistentes de voz para personas dependientes. Entre otros puntos clave que contempla el Ministerio de Derechos Sociales, también se incluye aumentar el empleo en este sector, invertir más en tecnología y transformar los centros residenciales.
Echando la vista atrás, a la hemeroteca política de las últimas décadas, cabe recordar que, en la época del popular Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, la inversión en dependencia se recortó en 5.400 millones de euros.
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Los últimos datos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE), confirman que los precios de la vivienda en Europa y en España siguen en plena efervescencia. España es uno de los países europeos donde la subida es más pronunciada: aquí el coste de los pisos creció un 12,8% entre el primer trimestre del año 2025 y el primer trimestre de 2026. En ese mismo período de tiempo los precios aumentaron una media del 5,1% en la UE y del 4,7% en los países de la eurozona.
La cifra de España representa más del doble que la de la UE y casi el triple si tomamos como referencia a los países de la Eurozona. En cualquier caso, los datos de Eurostat demuestran que España tiene uno de los mercados inmobiliarios más tensionados de toda Europa. Solo Portugal (17,8%), Bulgaria (14,8%), Eslovaquia (14,4%) y Croacia (14,3%) registraron mayores subidas en el arranque del año.
La tendencia no es en absoluto nueva: desde el año 2024, los precios de la vivienda en España crecen bastante por encima de la media europea, y lo más probable es que ese diferencial se ensanche aún más. De hecho, desde hace ya un año ese aumento de los precios en España se ha estabilizado en el entorno del 13% —en 2025, crecieron un 12,9%— frente a una media del 5,5% de la UE.
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En 2026 esa subida puede ser mayor, porque los precios en España han pisado el acelerador más que en Europa, según se desprende de los datos de Eurostat. Ahí está, para atestiguarlo, la comparación de los datos del primer trimestre de 2026 con los del último de 2025: la subida del precio de la vivienda se ha acentuado en España tras situarse en el 3,5% en el arranque del año. Este porcentaje es también uno de los más altos de la Unión Europea —en concreto, el tercero—, cuya media (1,2%) triplica.
Julio Rodríguez, miembro de Economistas Frente a la Crisis y experto en vivienda y banca, resume la evolución de los precios de los pisos en España y en Europa desde la pandemia hasta ahora: «En los años 2020 y 2021, España todavía estaba por debajo de la UE y de la Eurozona, pero a partir del año 2022, mientras que en Europa los precios de la vivienda empezaban a bajar, España comenzó a acelerar moderadamente, y ya se equiparon en la subida. En 2023 los precios ya subieron más en España que en la UE, pero ha sido en este trienio de 2024, 2025 y 2026 cuando España ha entrado en las subidas de dos dígitos«.
Mapa con precios de la vivienda en la Unión Europea, según Eurostat.
«Es decir, España ha tenido etapas más o menos equivalentes a Europa, pero en estos tres últimos años los precios aquí están creciendo bastante más que en la mayoría de los países europeos», abunda Julio Rodríguez a guisa de resumen.
Para resaltar más aún esas diferencias, este experto en vivienda apunta que en Francia el incremento del precio en los últimos 12 meses ha sido «modestísimo». De hecho, España es la única gran economía europea donde el coste de las casas se ha disparado en el último año por encima del 10%. La comparación con los otros tres grandes países de la UE no aguanta ni un asalto: el aumento de los precios del 12,8% que tiene España está muy lejos del incremento del 0,1% de Francia; del 1,4% de Alemania y del 5,2% de Italia.
Julio Rodríguez tiene una explicación para este desigual comportamiento de España respecto a otros países europeos, sobre todo de aquellos más grandes como son los mencionados en el párrafo anterior. «¿Qué es lo que ha pasado en los tres últimos años? Hay varios factores: en primer lugar, el aumento de la población ha sido muy intenso después del año 2021, pero también ha aumentado mucho el rentismo. La compra de viviendas para segunda residencia y la compra de viviendas por parte de inversores extranjeros son factores que también influyen. Ahora mismo el mercado español es el más dinámico para comprar viviendas y después alquilarlas y venderlas a precios más elevados», analiza Julio Rodríguez.
Lo curioso es que esta evolución al alza de los precios se produce en un momento en el que el mercado de la vivienda en España muestra un descenso del volumen de compraventas. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) acreditan que las operaciones han bajado un 1,8% tras encadenar cuatro meses consecutivos de descensos. Pero ni tan siquiera ese ligero descenso de la actividad ha servido para enfriar los precios.
En este sentido, Julio Rodríguez cree que la tendencia es fuerte y que, como se ha apuntado más arriba, los aumentos de precio en España se mantendrán por encima de la media europea durante bastante tiempo. «España está pasando por una etapa de intensos elevaciones de los precios de la vivienda. Es verdad que estas elevaciones están emparejadas con intensos incrementos de la población y del número de hogares. En Europa también hay crecimientos de la población, pero no tienen la intensidad que tienen en España», apostilla Julio Rodríguez.
El Gobierno de España ha decidido esta semana redoblar su apuesta por una política migratoria «humanista». Esta es la expresión que cuidadosamente elige la portavoz del Ejecutivo para marcar distancias respecto a la deriva política europea, cada vez más restrictiva e insolidaria. Elma Saiz lidera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y defiende un oasis en el desierto europeo. O «un faro en el mundo».
Probablemente la dirigente navarra esté viviendo una de las semanas más intensas desde que asumió la cartera. El martes finalizó el plazo para las solicitudes de un proceso histórico en términos sociológicos y políticos: un proceso extraordinario de regularización en el que han participado más de un millón de personas migrantes. Ese mismo día, tres jueces conservadores del Tribunal Supremo propusieron llevar a la Justicia europea el proceso por si colisionaba con la normativa de la UE. Tanto el PP como Vox habían recurrido el plan con anterioridad.
Este miércoles la ministra recibe a Público para desgranar todos los detalles de un proyecto político que germinó desde las entrañas de los colectivos sociales y que ha terminado de desplegar el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a «todas las piedras» en el camino: «Podemos decir con total rotundidad que hoy en España hay más de un millón de personas que viven con esperanza, más derechos y con más ilusión para seguir desarrollando sus proyectos de vida», destaca Saiz.
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Este martes ha finalizado el plazo de solicitud para el proceso de regularización. Un hito histórico, fruto de una reivindicación popular e impulsado por el Gobierno. ¿Qué balance hacen del proceso?
El balance es muy positivo. Estamos hablando de un procedimiento muy exigente, pero que ha estado muy a la altura. Desde el punto de vista del fondo, ha sido un éxito de país. Podemos decir con total rotundidad que hoy en España hay más de un millón de personas que viven con esperanza, más derechos y con más ilusión a seguir desarrollando sus proyectos de vida.
El Supremo tiene el derecho a preguntar al TJUE pero el proceso de regularización es sólido jurídicamente
Las derechas han recurrido y el Supremo ha entrado al quite. ¿Qué lectura hacen de este movimiento?
En primer lugar, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Hace unas semanas, el propio Tribunal Supremo rechazó la adopción de medidas cautelares. Indudablemente, el Supremo tiene todo el derecho a preguntar al TJUE, pero es un procedimiento que está muy vestido jurídicamente y que ha seguido todos los trámites. De hecho, incorporamos las recomendaciones esenciales que hacía el Consejo de Estado en su informe. Hablamos de personas que van a tener un permiso para residir y trabajar en España, en nuestro ámbito. Son personas que ya están aquí y que se circunscriben a la normativa de nuestro país.
No hace mucho, también hicimos un proceso de regularización en València, por la DANA. 30.000 solicitudes, de las que aproximadamente 27.500 fueron estimatorias. Hoy vemos que una de las comunidades que ha recurrido es la Comunidad Valenciana, cuando en su propio territorio dimos esa esperanza a los ciudadanos que sufrieron por la DANA. Además, durante el proceso, algunas entidades locales y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han intentado poner piedras en el camino. Pero el mensaje es muy claro, esas piedras no se las ponen al Gobierno, sino a los más de un millón de ciudadanos que por fin van a salir de la invisibilidad. El día 3 de julio tendremos la ocasión de hacer las alegaciones ante el Supremo, con un texto sólido y vestido jurídicamente.
¿Está el Supremo ahora mismo haciendo política?
Siempre defiendo que este procedimiento pone en el centro los derechos humanos y se hace con todos los requisitos perceptivos que manda la norma. Además, forma parte de una política integral migratoria que es un faro en el mundo. El Gobierno hace una política que pone en el centro a las personas, y además con el rigor y con la fortaleza de un texto muy armado. Ya sabíamos que había muchas personas que querían poner piedras en el camino en este procedimiento y, de hecho, así ha sido. Ha habido recursos, pero quiero recordar que quien ha cambiado de posición, en este caso, es el Partido Popular. Este texto coge la mano de esa ILP que fue votada a favor del PP, el único partido que votó en contra fue Vox. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Ese giro que demuestra una vez más que siguen a pies juntillas los dictados de Vox, también en esto. Pero las piedras en el camino, insisto, son a las personas que quieren salir de la invisibilidad y desarrollar un proyecto de vida en igualdad de condiciones.
El proceso extraordinario de regularización ha recibido un volumen de solicitudes muy superior a lo previsto. ¿A qué atribuyen esto?
Las cifras que se barajaban son cifras que nunca han sido oficiales y que tomaban ese testigo de la ILP, donde se estimaban esas cifras. Yo reivindico que no hablemos de cifras, hablamos de cada una de las historias de vida que están detrás de estas solicitudes. Hemos hecho un procedimiento que está a la altura y que da respuesta a todos los que cumplan los requisitos y, efectivamente, ha superado el millón de solicitudes. En apenas dos meses y medio he recorrido España, y son muchísimas las experiencias y los casos que conoces que te aproximan a esta realidad. Es un procedimiento en el que ya estamos hablando de más del 50% de emisiones a trámite, que demuestra no solamente la colaboración de las entidades en materia de extranjería, que han estado ahí, sino también esa vocación de servicio público y de ser una administración que pone en el centro a las personas.
¿Cómo le explicaría a un ciudadano, de manera sencilla, por qué es necesaria esta regularización?
La política migratoria y las herramientas legislativas se van modernizando. Por eso destaco que esto es un procedimiento extraordinario, pero que convive con una política migratoria coherente y mucho más amplia. Se están reduciendo las llegadas irregulares de una manera muy notable, en torno al 70% en la ruta canaria. Es algo fundamental, porque la migración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas y tenemos que ser muy contundentes con las mafias. Lo que hace el Gobierno es reorientar esos flujos migratorios, siempre bajo los parámetros de la seguridad y el orden de una migración regular, ordenada y segura. Ahí se encuadra la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que ha dado resultados tan importantes como los más de 800.000 arraigos desde que se puso en marcha dicha figura. Y quiero recordar que se amplió a más supuestos con la reforma. Aún así, hay personas que están en nuestro país, pero en los márgenes, y un Gobierno que pone en el centro a las personas no puede permitir que eso se produzca. Y, como ha pasado en otras ocasiones, se pone en marcha el procedimiento de regularización porque se escucha a la sociedad civil. Cuando se dan la mano a la sociedad civil, las entidades y la política, el resultado es esto: un procedimiento extraordinario que reconoce derechos y saca de los márgenes a quienes ya viven junto a nosotros.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz, durante la entrevista.
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Durante el proceso ha habido críticas por parte de los colectivos sociales. Sobre los plazos, el certificado de vulnerabilidad o las deportaciones. ¿Hacen alguna autocrítica?
El texto iba absolutamente armado jurídicamente y, precisamente, se incorporaron las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado. Una de ellas fue pedir ese informe de vulnerabilidad. Pero, lógicamente, cuando un procedimiento de esta envergadura arranca, se producen disfunciones que, por cierto, también se ven agravadas cuando ha habido quien de manera clara e intencionada ha cerrado puertas que no tenían que estar cerradas. Además, lo he comprobado. He visitado todos los territorios y he visto quién ha puesto incluso en marcha programas de ayuda para sufragar gastos a las entidades colaboradoras y quién ha cerrado servicios municipales para producir colas y poner palos en la rueda en este procedimiento. Pero, insisto, ahí están las cifras. Más allá de las disfunciones que puede haber habido al comienzo, el elevado porcentaje de admisiones a trámite demuestra el éxito del proceso.
Destaca el giro radical del PP en esta materia. No solo porque antes históricamente se hubieran impulsado regularizaciones en gobiernos del PP sino también porque apoyó en un principio la tramitación de la ILP. ¿A qué atribuyen este cambio radical de posición?
Permítame que le recuerde que ha hecho más cosas. No solamente ha hecho ese giro y ha puesto palos en la rueda en este proceso, sino que también, por ejemplo, ha votado en el Congreso de los Diputados para eliminar el arraigo o el FISI (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes). El PP ha dejado de ser un partido de Estado y lo vemos en cómo sigue abonando la desinformación y los bulos, ya sea cuestionando el procedimiento electoral o la Ley de Memoria Democrática. Yo he tenido que desmentir, con datos, en más de una ocasión al señor Feijóo. Llegó a decir que estábamos propiciando el acceso al Ingreso Mínimo Vital. Esa falta de rigor y esa falta de responsabilidad no obedece más que a alguien que no tiene un proyecto de país, que está atando su presente y su futuro a la ultraderecha.
PP y Vox no se diferencian en nada
¿El sistema de pensiones sería sostenible sin la aportación de las personas migrantes?
Ahí están los datos. Hemos celebrado el éxito colectivo de haber superado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y ya les adelanto que anticipamos un mes de junio espectacular. Pronto conoceremos los datos de afiliación. No podemos obviar que el 14,6% de los afiliados son extranjeros, con presencia en todos los sectores, y que también generan empleo. Ayer, en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, contamos con la participación de sindicatos y patronal, que aplaudieron el procedimiento de regularización. Es más, el propio presidente de la patronal reivindicó que muchos de esos afiliados extranjeros son, a su vez, empresarios, emprendedores y autónomos. Por eso digo que el Partido Popular ha dejado de escuchar a la sociedad civil. Ha dejado de ser un partido que resuelve y que hace política para la España real, para abrazar los postulados más ultras, antisistema y absolutamente desnortados.
¿En este sentido, en qué se diferencian ahora mismo PP y Vox?
En nada. Hemos visto cómo la señora Ayuso y el señor Feijoó aplauden el discurso del papa León XIV, que ha sido un respaldo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España. Pero, en declaraciones del papa: «Uno no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano». La señora Ayuso se refiere a la regularización como un «procedimiento de importar pobreza masiva». Me gustaría saber cuál es la diferencia cuando se dirige al hermano latinoamericano y, al mismo tiempo, se refiere así al procedimiento de regularización, teniendo en cuenta que un porcentaje muy importante de las personas que van a regularizar su situación son personas que vienen de Latinoamérica. El Partido Popular y Vox son lo mismo.
La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entendería sin la población migrante
Lo del cordón democrático a Vox parece hoy una quimera. ¿Hemos retrocedido en este sentido?
Absolutamente. No hay más que ver que tenemos acuerdos de gobiernos autonómicos en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, y lo vamos a ver de manera inminente en Andalucía. Lo que está claro es que el Gobierno de España va a proteger a los ciudadanos frente a las políticas que les hacen daño y que llevan a cabo el PP y Vox en sus territorios. Lo hará a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de escudo social, de la política migratoria o de la empleabilidad, con este importantísimo Plan de Integración que mira a la España que somos y que queremos ser en 2030.
Los delitos e incidentes de odio alcanzaron en 2025 su cifra más alta desde que existen registros oficiales, con el racismo y la xenofobia como principal motivación. ¿Considera que el aumento del discurso político contra la migración está contribuyendo a ese repunte? ¿Qué papel debe asumir el Gobierno para frenarlo?
Sin duda. Hay que exigir a los responsables públicos ser exquisitos con sus declaraciones. Ya vivimos el verano pasado lo ocurrido en Torre Pacheco. Lo que pasa en redes sociales no es inocuo. Por eso tenemos el Oberaxe (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) y ese compromiso con las plataformas para hacer mucho más en la retirada de los discursos de odio en las redes sociales, porque se trasladan a nuestras calles. Hay quien hace del insulto su único proyecto político y, luego, algunos la replican. Lo hemos visto recientemente con el ascenso del Sabadell a Segunda División.
España no es un país racista pero hay que dar un paso más y ser claramente antirracista
Hace unos días dimos en Público una información sobre Lamine Yamal, a raíz de los mensajes de odio contra el futbolista por una de sus celebraciones. ¿Es España un país racista en el que hasta sus propios ídolos sufren ataques?
España no es un país racista, pero ya no basta con eso. Ahora hay que ser claramente antirracista. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y los primeros que tenemos que encabezar esa corresponsabilidad somos los representantes políticos. Primero, por una cuestión de valores y de memoria. Segundo, porque ahí están los datos. La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entenderían sin la población inmigrante. Hay un estudio de políticas públicas que visualiza una España en 2070 sin flujos migratorios y el país se paralizaría. Hace poco estuve en Huelva presentando, junto con el ministro marroquí, el programa Wafira de migración circular. Los propios empresarios ponían en valor el importantísimo trabajo y la necesidad de estos programas porque, sin ellos, no se podrían recoger los frutos rojos y no tendrían prosperidad ni ellos ni sus territorios. Pero yo sé que ahí había gente que vota a Vox. ¿Cómo podemos explicar esto, cuando es un partido que quiere expulsar a miles de ciudadanos? Ocurre porque una cosa son las preocupaciones reales de la ciudadanía y otra las creadas por algunos de manera interesada.
Así que, desde la responsabilidad, desde los datos y poniendo todas las herramientas del Estado de derecho, tenemos que combatir el racismo y la xenofobia de manera mucho más contundente.
La regularización abre la puerta a la residencia y al empleo, pero la integración real va mucho más allá de obtener unos papeles. ¿Qué medidas del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía considera más importantes para garantizar esa inclusión?
Este Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 marca una hoja de ruta clara, con aspectos tan importantes como la estrategia de movilidad laboral, la Agencia de Movilidad Humana y esa cogobernanza en la que las comunidades autónomas, las entidades locales y también el tercer sector van a tener mucho que decir. Pero, además, marca hitos y objetivos, porque las políticas tienen que evaluarse para saber si funcionan o no. Esos hitos van claramente dirigidos a reducir brechas y desigualdades que ya estamos poniendo de manifiesto. Si hablamos del acceso a la vivienda, vemos que la población migrante tiene muchas más dificultades. Si hablamos de la discriminación educativa o de la discriminación laboral, ocurre lo mismo. El proceso de regularización terminó el 30 de junio, pero no es un punto y final, sino un punto y seguido hacia el modelo de país que somos. Una sociedad próspera y abierta, donde la diversidad es algo muy positivo. Y esa es una elección política, porque no da igual quién esté al frente de las instituciones para llevar a cabo esta política migratoria.
España ha sido el único país que se ha mostrado en contra de algunos puntos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo como la creación de centros de detención en terceros países. ¿Cuáles son exactamente las líneas rojas del Gobierno en este Pacto y hasta qué punto existe margen real de resistencia frente a un consenso europeo que parece desplazarse hacia posiciones más restrictivas?
La aplicación del Pacto por parte del Gobierno de España se va a dar siempre bajo una perspectiva humanista y de defensa de los derechos humanos. No compartimos ni las llamadas soluciones innovadoras ni los centros en terceros países. Esta postura se la hemos trasladado también a la Unión Europea mediante una carta, en la que explicamos que algunas de esas cuestiones plantean muchas dudas jurídicas. Ya estamos implementando las directivas y adecuando nuestra normativa a todo lo recogido en el Pacto, pero siempre siguiendo una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos.
España está entre los países de la UE que más solicitudes de asilo recibe pero menos protección internacional concede. ¿A qué se debe esta brecha?
La protección internacional tiene que ser una vía absolutamente clara y despejada, porque no es lo mismo un proceso migratorio por distintos motivos que el de quien huye porque sufre persecución por cualquier causa de discriminación. Por eso tenemos un sistema de protección internacional absolutamente sólido y a la altura. Pero creo que también es importante que las regulaciones queden muy claras, porque no son lo mismo unos procesos migratorios que otros. España es el segundo país, si no me equivoco, en solicitudes de protección internacional. Pero, insisto, eso convive con la normativa de extranjería y con procesos tan importantes como el que estamos viendo ahora, donde uno de los requisitos o posibilidades era haber sido solicitante de protección internacional a 31 de diciembre de 2025.
Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos de corrupción. Lo importante es cómo se reacciona
¿Cómo valoran el daño generado por los casos de corrupción en el entorno de su partido? ¿Cree que la imagen y la legitimidad del Gobierno queda en entredicho?
Bueno, yo pertenezco a un Gobierno limpio que tiene unos hitos que ahí están y están claros. Hemos alcanzado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, hemos realizado el mayor despliegue de fondos de la Unión Europea, hemos aprobado un paquete de protección para paliar los efectos de la guerra de Irán y tenemos una política migratoria que es un ejemplo y un faro mundial, que protege y da derechos a las personas.
Esa es la España que está siendo gobernada por un Gobierno de coalición progresista, en minoría parlamentaria, pero que busca todos los días el acuerdo. El Congreso de los Diputados no lo ha elegido este Gobierno, lo ha elegido la ciudadanía. Y lo que hacemos es poner esos acuerdos al servicio del bien común. Esa es la España real.
Por supuesto, somos un Gobierno limpio y contundente contra la corrupción, porque la corrupción nos hace daño. Yo lo vivo constantemente porque acudo a actos en los que se pone en valor la política social, la política migratoria o la política económica, pero siempre hay una pregunta sobre la corrupción, y mi respuesta es siempre la misma: tolerancia cero contra la corrupción. Encima de la mesa hay un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con medidas muy concretas que buscan dar resultados y prevenir también la corrupción. Esa es la posición del Gobierno de España. Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos, lo importante es cómo se reacciona y este Gobierno lo ha hecho. Me gustaría que quien se erige como líder moral contra la corrupción contase sus propuestas. ¿Por qué no se pone al lado del Gobierno para sacar adelante todas las iniciativas que forman parte de ese Plan de Lucha contra la Corrupción?
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz.
Hablando de la legitimidad, Feijóo está lanzando estos días acusaciones que ponen en cuestionamiento la limpieza de los procesos electorales ¿Cómo lo valora?
Es Feijóo contra Feijóo. En el programa electoral del Partido Popular de 2023 figuraba una medida similar a lo que ahora está cuestionando. Es más, creo que en las últimas horas ha dicho que todo se debe a que se flexibilizaron requisitos. Quiero recordar que se trata de una ley que salió de las Cortes Generales y que cuando hablamos de esa flexibilización, lo que se hizo en 2022 fue incorporar a las personas que habían tenido que huir de la dictadura por su condición sexual. Este es el Orgullo del Partido Popular en la semana del Orgullo. Por eso le decía que, más allá de intentar erosionar al Gobierno, están atentando contra los principios básicos del Estado de derecho y de nuestra propia democracia, siguiendo esa carrera sin sentido con Vox para ver quién dice la barbaridad más grande. Ahora Vox también está cuestionando el voto de los españoles en el exterior, pidiendo a la Junta Electoral que no les permita el voto. Es el más puro estilo ultra que ya hemos visto en otras latitudes. Eso es fruto de la desesperación y de que no tienen un proyecto sólido que ofrecer al país. ¿Qué España propone Feijóo? ¿Qué modelo de política migratoria? ¿Las deportaciones? ¿Qué modelo de política social? ¿La privatización? ¿Por qué debilita el sistema público de pensiones? Yo no tengo ningún interés en cuestionar la sostenibilidad de las pensiones, quienes sí lo tienen son quienes apuntan constantemente a ponerla en duda porque quieren redirigir el sistema hacia modelos privados. Esa es la frustración que arrastra el señor Feijóo y la desesperación de quien no tiene un proyecto de país. Y parece, por cierto, que se pone la venda antes de la herida, como si ya anticipara una derrota electoral y estuviera intentando explicarla antes de que se produzca.
¿Qué motivos ven para seguir dando vida a la legislatura y qué cuestiones concretas marcan el horizonte de los próximos meses?
Más de 6.200 millones de inversión en la dependencia, 22 millones y medio de afiliados y un nuevo paquete para paliar los efectos de una guerra injusta e ilegal que desde el primer momento hemos condenado.
Para terminar, una inquietud que invade a la mayoría de la población ahora mismo. No estamos pasando por nuestro mejor momento. Me refiero a la selección española. ¿Hay opciones de ganar el Mundial?
¿Cómo que no estamos en nuestro mejor momento? La ministra de Educación y Deportes ha dicho que España va a ganar el Mundial. La selección está en un buen momento y desde luego me atrevo a decir que vamos a llegar muy lejos en este campeonato.
La vivienda de la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, disfruta en El Viso, una de las zonas más exclusivas de Madrid, volvió a estar de estricta actualidad después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refiriera a ella en el Congreso de los Diputados al preguntar al político gallego quién subsana los gastos.
Tras ello, el responsable del principal partido de la oposición adoptó un tono victimista acusando al responsable del Ejecutivo de haber puesto sobre la mesa un asunto de su vida privada a pesar de que el inmueble apareció en diferentes medios de comunicación en vísperas de las últimas elecciones.
El que fuera presidente de la Xunta de Galicia sigue sin aclarar quién paga el alquiler del hogar ni si el Partido Popular asume algún gasto. La formación conservadora tampoco es muy clara al respecto, y es que confirma que el político recibe “gastos de representación” de las sigas de Génova, pero no explica si, a menos parte de este dinero, va destinado a este fin.
El PP se limita a señalar, según emite en las últimas horas el diario Público, que Feijóo “tributa cada euro que recibe” y que el alquiler de El Viso “lo pagan él y su pareja”, Eva Cárdenas.
Atendiendo a su declaración de bienes del Congreso de los Diputados, cuya última fecha de actualización es agosto de 2023, el presidente del PP percibía entones más de 52.000 euros cada año en concepto de “gastos de representación”. En una entrevista, él mismo declaraba entonces que el montante lo destinaba a costear la renta de la vivienda. Sin embargo, la semana pasada, Feijóo explicaba en los pasillos de la Cámara Baja que la vivienda la pagaban su pareja y él.
Por el momento, la formación no aclara quién paga la renta, si es el partido o Feijóo y su mujer. Tampoco dice qué cantidad abonó al gallego en 2025 como “gastos de representación” ni cuánto dinero tiene pensado ingresarle en 2026 en este sentido.
Otro piso en propiedad
El responsable ‘popular’ decidió vivir en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, el de mayor renta por cápita de toda España, pese a ser propietario de un ático de 136 metros cuadrados en Chamberí, uno de los sitios más caros de Madrid y donde reside la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con su novio, Alberto González Amador.
El inmueble de El Viso, de 244,57 metros cuadrados, pertenece a un directivo bancario. Mientras tanto, según la última información que se conoció, en la vivienda de Chamberí reside un antiguo cargo del PP y amigo de Mariano Rajoy.
El alquiler de El Viso fue motivo de choque en la última sesión en el Congreso de los Diputados. Primero fue Feijóo quien deslizó que igual Sánchez tenía algo sin reflejar en su Declaración de la renta y le preguntó si la había presentado. El presidente del Gobierno respondía de la siguiente manera: “Si quiere, hoy mismo, la presento con usted y la hacemos pública. Así nos enteramos cuánto paga usted y su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso”.
El presidente del PP se mostró ofendido tanto desde su escaño como, posteriormente, en los medios de comunicación, donde criticó que el responsable del Ejecutivo hablara de este tema cuando él “tiene un hijo de nueve años”. La realidad es que el inmueble de El Viso que tiene en alquiler es de sobra conocido porque su existencia ha aparecido en diferentes medios de comunicación.
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