Moncloa descarta más reformas penales tras el revés del Supremo y deja en manos de los jueces el futuro de los imputados del ‘procés’
Llarena comunicó su decisión el pasado jueves 12 de enero, el mismo día en el que entraba en vigor la supresión de la sedición -delito por el que fueron condenados nueve líderes independentistas que después fueron indultados por el Ejecutivo-, su cambio por el tipo penal de desórdenes públicos agravados y la reforma de la malversación, que se dividió en subtipos. El magistrado, con un auto muy crítico contra la modificación penal del Gobierno, contrarió las expectativas del Ejecutivo al no aplicar el nuevo delito y al mantener la malversación agravada, que podría desembocar en una pena de hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación.
Eso sí, el Gobierno cree que ha cumplido con su palabra y no se plantea dar más pasos en este sentido. Así lo confirman fuentes de Moncloa. El Ejecutivo, por tanto, cree que es hora de dejar trabajar a los jueces, que en los próximos meses deberán aterrizar cómo afecta finalmente la reforma de la malversación y si se cumplen las pretensiones de ERC, en una situación delicada, ya que tendrá que demostrar que su apuesta por el diálogo -contraria al enfrentamiento constante que propone Junts- da frutos.
El Ejecutivo aprovecha la decisión de Llarena
Este argumento fue repetido por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el pasado martes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señaló que “se puede concluir que los hechos son constitutivos de delito y no se han despenalizado”. “Hoy parece más viable que antes que se puedan producir ese regreso a nuestro país para comparecer ante la Justicia”, concluyó.
