España se juega 17.000 millones de euros de los fondos europeos en 2023 con las reformas fiscal y de pensiones
La primera dificultad a la que se enfrenta el Ejecutivo este año es la segunda parte de la reforma de las pensiones. Este compromiso se recoge en cuatro de los 58 hitos que la Comisión Europea evaluará en el primer desembolso del año. De que estos lleguen a buen puerto dependen 10.000 millones de euros.
El plazo para tener lista la segunda pata de la reforma de las pensiones expiraba en diciembre del año pasado. Ante la falta de acuerdo, Gobierno y sindicatos han prolongado la negociación a este año, aunque todavía no hay fecha para la próxima reunión. En todo caso, fuentes sindicales trasladan que está habiendo contactos informales, aunque no hay nuevas propuestas oficiales sobre la mesa.
Reforma fiscal: la guerra trastocó los planes del Gobierno
Sin embargo, el veredicto de los expertos nació ya como papel mojado. Pocos días antes de que los sabios publicaran sus conclusiones, Rusia invadía Ucrania trastocando por completo la política fiscal europea. En julio, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descartó la posibilidad de una reforma fiscal completa para priorizar otras medidas de apoyo a la economía. Pero en octubre, el Ejecutivo presentó los presupuestos junto a un paquete fiscal que incluía tres nuevos impuestos especiales (banca, energéticas y grandes fortunas) y Montero dio por cumplido así el pacto con Bruselas. “Creemos que la Comisión no nos va a poner problema”, zanjó entonces el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón.
Está por ver si la propuesta de Hacienda es suficiente como para contentar a Bruselas. La Comisión Europea señala a 20minutos que España ya ha cumplido algunos hitos comprometidos en materia fiscal por los que ya recibió los correspondientes desembolsos, como el caso de la modificación de impuestos directos e indirectos en 2021 o la introducción de impuestos a los plásticos de un solo uso. Sin embargo, recuerdan que Bruselas no hace comentarios oficiales sobre las evaluaciones actualmente en curso.
Consecuencias inciertas para los incumplidores
Respecto a las consecuencias que tendría para un país un incumplimiento de las reformas pactadas, la Comisión se remite al artículo 24 del reglamento de los fondos europeos. Este precepto establece que si Bruselas considera que no todos los hitos y objetivos se han cumplido satisfactoriamente, se puede optar por un desembolso parcial y suspender el resto del pago de un desembolso. El Estado incumplidor tendría seis meses de plazo para satisfacer las demandas de la Comisión y, si no lo lograse, se enfrentaría a una pérdida definitiva de esa parte de los fondos.
Sin embargo, el reglamento no deja claro qué porcentaje de los fondos se podría congelar por el incumplimiento de una reforma concreta, algo que hasta ahora no ha ocurrido en ningún país. El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), organismo encargado de fiscalizar la política presupuestaria de la UE, ya reprochó a la Comisión la ausencia de un método de cálculo claro del importe de la suspensión o reducción del pago que correspondería al incumplimiento de un hito o reforma específica.
