“Actuó para alterar el orden constitucional”
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa sobre el proceso soberanista catalan, ha remitido este viernes a las autoridades britanicas un documento con informacion complementaria en el que precisa la intervencion que le atribuye a la exconsejera catalana Clara Ponsati, profuga en Escocia, en el delito de sedicion por el que el Tribunal Supremo ya ha condenado a otros exconsejeros de Carles Puigdemont.
La ampliacion de la informacion se produce 48 horas despues de que las autoridades policiales britanicas solicitaran “urgentemente” mas detalles sobre la peticion de entrega de Ponsati, que inicialmente fue calificada de “desproporcionada” en un formulario de Sirene-Reino Unido. A las pocas horas rectificaron,atribuyendo a un “error” esa calificacion.
En la informacion adicional remitida ahora, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el magistrado del Tribunal Supremo enmarcha la conducta de Ponsati en el plan seguido por el Gobierno de Puigdemont de “forzar y obtener la independencia de la comunidad autonoma de Cataluña”, imponiendo su separacion del resto de España.
En ese contexto de “actuacion concertada”, Ponsati firmo el decreto de convocatoria del referendum de autodeterminacion del 1-O “pese a conocer las resoluciones del Tribunal Constitucional que habian declarado nulo el proceso”. Los miembros del Gobierno autonomico fueron advertidos de forma expresa y notificados de la suspension del referendum y de las consecuencias penales en caso de continuar el proceso de independencia.
El documento enumera las resoluciones del TC que desobedecioPonsati, que, lejos de acatar los pronunciamientos del tribunal, el 29 de septiembre de 2017 dio instrucciones como maxima responsable de la Consejeria de Enseñanza para ceder el uso de los centros de enseñanza, de ella dependientes, para ser utilizados en la votacion ilegal.
Lo hizo, añade Llarena, “con pleno conocimiento” de que tanto la ley de referendum como la llamada ley fundacional de la republica catalanahabian sido suspendidas por el Tribunal Constitucional el dia 7 de septiembre anterior.
“Su decision contrariaba ademas el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de septiembre de 2017, en el que se ordenaba a los agentes policiales que procedieran al cierre de los centros de votacion e impidieran la celebracion del referendum”, agrega el juez del Tribunal Supremo.
“Escalada de violencia”
Tomado de los hechos probados de la sentencia el pasado 14 de octubre por la Sala Penal contra el exvicepresidente Junqueras y varios exconsejeros colegas de Ponsati, Llarena destaca que el 28 de septiembre de 2017 los maximos responsables de los Mossos d’Esquadra advirtieron al Gobierno de Puigdemontde que, “de celebrarse el referendum, se preveia y era probable una escalada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el dia 1 de octubre, como efectivamente ocurrio“.
En definitiva, el instructor informa a las autoridades britanicas de que Ponsati “desobedecio las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional, asi como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en el ejercicio de su cargo publico, realizo las acciones anteriormente descritas tendentes a celebrar el referendum de independencia, pese a conocer la ilegalidad y la nulidad del proceso, que finalmente desemboco, tal y como se preveia, en actos violentos”.
Todo ello lo hizo “con el objetivo de conseguir la alteracion del orden legal y constitucional vigente”, concluye.
