En un acto de hace un par de meses, Belarra aseguró que apoyar la ley supondría dar su beneplácito tácito a «los CIE, las redadas por perfil étnico o la burorrepresión que supone no poder acceder a una cita en extranjería». Y, por si fuera poco claro su rechazo al pacto, la líder del partido aseguró que «por ahí no, con los votos de Podemos no», porque «el catalán no está amenazado por las personas migrantes que van a vivir a Cataluña, sino por una política pública que, desde hace décadas, considera que las lenguas que no son el castellano son menos que el castellano».
El texto, no obstante, no solo genera rechazo en Podemos, lo cual, por sí solo, ya impediría su aprobación. A algunos sectores de Sumar tampoco les hace ninguna gracia el acuerdo entre PSOE y Junts, aunque quien se ha expresado con mayor claridad en ese sentido ha sido IU y, especialmente, Compromís. Los dos diputados valencianistas aseguraron en su día que no pensaban dar sus votos para aprobar una norma que, consideran, supone «comprar los marcos de la ultraderecha», mientras la formación liderada por Antonio Maíllo ha dejado muy claro que no se siente «interpelada» por un acuerdo que ha suscrito Junts con el PSOE, y no con el Gobierno en su conjunto.
De ello son conscientes tanto desde el Gobierno como desde el grupo socialista. «El tema está quejoso con Podemos», reconocen fuentes parlamentarias. Tanto es así que este asunto no se está negociando desde el grupo del PSOE, sino desde el Ejecutivo, que ve también bastantes dificultades para que los de Ione Belarra permitan sacar adelante esta medida.
Las dudas de Interior
Lo cierto es que esta cuestión ha sido engorrosa desde que los socialistas se comprometieron con Junts a impulsarla. En un principio, el acuerdo se enquistó porque el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska alegaba que el artículo 149 de la Constitución establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las materias de nacionalidad, inmigración, extranjería y derecho de asilo. Además, la ley de Extranjería apuntala que corresponde al Gobierno, conforme al citado artículo de la Constitución, la «definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las comunidades autónomas».
No obstante, el artículo 150.2 de la Constitución es lo suficientemente laxo como para permitir esta «delegación» de competencias a la Generalitat a través de una ley orgánica, que es lo que finalmente se ha determinado en este acuerdo. A esta «delegación» de competencias es a lo que se agarra el Ejecutivo para justificar el pacto, dando también a entender que todo es reversible y el Estado podría recuperarlas.
Con ello, el Ministerio del Interior tuvo que tragarse el sapo y asumir el pacto con Junts, pese a que tanto los sindicatos de la Policía como las asociaciones de la Guardia Civil ya se posicionaron en contra de lo que consideran que es una «cesión ilegal». Y es que este acuerdo incluye que los Mossos controlen la seguridad de los puertos, aeropuertos y «zonas críticas» en cooperación con la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Y, además, establece que la Generalitat de Cataluña pase a gestionar «integralmente» los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), tenga el control de las autorizaciones de larga duración, residencia temporal y residencia de larga duración y también expedirá el documento de identidad para los extranjeros, por lo que podrá expulsar a los migrantes cuando tengan prohibición de entrada.
Junts ya ha pedido muchas veces al Gobierno que acelere la puesta en marcha de los acuerdos firmados, por lo que el Ejecutivo tratará de llevar la votación antes del verano. La negociación parece complicada aunque, ya en su momento, Junts se mostró abierto a «mejorar» la ley siempre que no haya recortes en la soberanía de Cataluña.
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