En este caso, la ‘culpa’ habría sido de las productoras de electricidad, es decir, de las empresas, a las que ‘apuntó’ directamente días después la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, y a la red de distribución de electricidad de la que son propietarias, al descartar fallos en la parte de la que es responsable su compañía. «No tuvimos problemas de control de tensión en la red de transporte», aseguró la semana pasada en un foro de Expansión. «Tenemos que plantearnos qué pasaba con las tensiones en el resto del sistema», añadió en alusión a los centros de generación de electricidad y la treintena de centros de control propiedad de las compañías.
«Las tensiones [en la red] las tenemos que controlar todos lo que participamos en el sistema eléctrico, los primeros nosotros», añadió Corredor, que en un mes ha pasado de estar en la cuerda floja a apuntar directamente a los eventuales responsables, fuera de Red Eléctrica. Hace un mes, todos los ojos se fijasen en Corredor y en su designación para presidir Red Eléctrica por su proximidad al presidente, Pedro Sánchez. Tuvo que responder -negativamente- a preguntas de si pensaba dimitir y también tuvo que ver cómo el Gobierno se limitaba a respaldarla sólo por el rápido proceso de reposición del suministro eléctrico. Sin embargo, las tornas parecen haber cambiado y en la última semana ha participado en varios eventos para apuntar a culpas fuera de Red Eléctrica.
No son ya solo eléctricas porque la vicepresidenta ha extendido a todas las compañías energéticas con centros de generación eléctrica que sumen al menos 1.000 megatavios, sea cual sea la tecnología, lo que también da cabida a gasistas como Repsol, Moeve o Eni, propietarias de ciclos combinados.
Las eléctricas rechazan la influencia de Red Eléctrica
Frente a los derroteros por los que va el Ministerio, las compañías eléctricas se muestran cada día más disconformes con una investigación que ya empezó en un ambiente enrarecido, debido a la insistencia por parte de Aagesen de que trasladaran todos los datos de operación del 28 de abril. Tanto es así que, después hacerlo en Red Eléctrica, la vicepresidenta tuvo el gesto de acudir a las sedes de Iberdrola y Endesa para celebrar allí sendas reuniones del grupo de trabajo que investiga sobre los aspectos eléctricos del apagón. Un mes después, la patronal del sector, la AELEC, reclamó este lunes «mayor claridad, coherencia y transparencia·» en torno a lo sucedido el 28 de abril y, ante las hipótesis del Gobierno y Red Eléctrica, aseguran que sus empresas asociadas «no han identificado ningún fallo en sus instalaciones» y que, frente a una de las hipótesis que bajara Aagesen, sus cortafuegos funcionaron «como debían hacerlo», desconectando las centrales eléctricas de la red ante una perturbación que pudiera dañarlas.
Lo que desde el sector eléctrico se indica es que todos los datos -los 750 millones que estudian Aagesen y su equipo- están en poder de Red Eléctrica de manera habitual. No solo el 28 de abril, cada día la actividad de producir y distribuir electricidad está controlada al milímetro, aducen desde una de las compañías, donde se vio con sorpresa que el Ministerio hiciera un ‘caso ‘ público de la reclamación de los datos y llegara a suscitar sospechas de que no se estaban suministrando todos, cuando insisten en que ya antes los tenía el operador que preside Corredor.
Si la cuestión de los datos fue el primer roce, la AELEC levantó la voz la semana pasada en contra de la manera en la que la organización de operadores eléctricos de la UE, ENTSO-e está conduciendo su propia investigación, con la participación también de la propia Red Eléctrica -y del operador eléctrico portugués-. A ojos de las eléctricas estos trabajos, acumulan desde el principio deficiencias como que su análisis preliminar no tenga en cuenta que estuvo precedido, ese mismo 28 de abril y días antes «por importantes oscilaciones de tensión en toda la red ibérica, durante la mañana del evento y durante la semana previa«.
En lugar de dirigir los ojos a sus centrales eléctricas o su red de distribución, las compañías reclaman que se tengan en cuenta eventos como el fallo eléctrico que una semana antes provocó paros en la red ferroviaria o que obligó a parar una refinería de Repsol en Cartagena. Aun a riesgo de ahondar en la desconfianza de las eléctricas por la eventual parcialidad de la investigación europea, Red Eléctrica se apresuró a contestar que «los valores de tensión» de estos y otros eventos «antes del incidente» del 28 de abril «no excedieron los valores admitidos por la normativa aplicable».
Las compañías critican que la investigación europea solo está teniendo en cuenta «los 20 segundos anteriores al colapso» el 28 de abril, a los que también se circunscribe de momento la investigación del Ministerio para la Transición Ecológica, aunque Aagesen sí está dispuesta a analizar «posibles indicios previos al día 28 [de abril] que pudieran tener alguna relación con lo ocurrido».
De momento, su investigación se centra en la caída eléctrica en tres provincias –Granada, Badajoz y Sevilla-, donde se detectaron dos perturbaciones en la red, que se sintieron más allá de los Pirineos, llegando hasta Alemania y Letonia, antes de que cayera el sistema eléctrico a las 12 horas y 32 minutos. Según explicó Aagesen la semana pasada en el Senado, la primera fue a las 12.03 horas de la mañana pero estuvo dentro de los rangos de normalidad y pudo ser «amortiguada». Más grave fue la siguiente, a las 12.09 horas, con una frecuencia calificada de «anómala» por los técnicos, que tardó «cinco minutos en amortiguarse» y provocó «fuertes oscilaciones de tensión». A partir de ahí, se produjo una «pérdida de generación» eléctrica, entre las 12.32 y las 12.33 por motivos que Aagesen afirmaba la semana pasada que «todavía se analizan» pero que podrían tener como «principal causa la sobretensión del sistema eléctrico».
Pasado un mes, estos son los hechos sobre el apagón de los que tiene constancia el Ministerio para la Transición Ecológica, que se fijó un plazo máximo de hasta dos meses más para presentar un informe a la Comisión Europea, que incluirá las conclusiones de su investigación y las aportaciones que lleguen de Portugal, que también presentará a Bruselas su propio documento. Por su parte, la investigación europea que ya cuestionan las compañías eléctricas no presentará si informe hasta seis meses después del apagón.
